EL TARIFAZO ELECTRICO SIGNIFICARA UN RECORTE DE HASTA EL TRECE POR CIENTO EN LA CAPACIDAD DE COMPRA DE SECTORES DE BAJOS INGRESOS
Ajuste, pérdida de ingresos y empleos en riesgo
Los expertos lo señalan como una de las medidas más regresivas por el impacto en el poder de compra de la población de menores recursos. El arrastre recesivo y los temores de industriales y comerciantes. El ajuste que sigue.
Por Raúl Dellatorre
El impacto del doble ajuste en la tarifa eléctrica (eliminación de subsidio al precio de la energía y aumento de la rentabilidad para las distribuidoras) representará, para el 10 por ciento más pobre de la población del área metropolitana, un recorte en su poder adquisitivo del 10 a 13 por ciento, lo que obligará a doscientas mil familias a pensar en qué rubros recortarán gastos para compensar. Para cerca de cien mil comerciantes, con locales a la calle, le significará un aumento en la factura, que pasará a ser entre cuatro y siete veces lo que hasta ahora pagaban. Industriales de diversas ramas esperan con angustia conocer en los próximos días los números finales para conocer la incidencia en sus costos del brutal aumento, en especial en ramas de uso intensivo de maquinaria eléctrica, como ocurre en algunas ramas químicas o metalmecánicas. El golpe de escena se completa con la previsible caída en la demanda global que provocará el recorte en los ingresos disponibles de la población el tarifazo eléctrico. El primero de una serie ya anunciada, en la que el transporte, el gas, el agua y nuevamente la electricidad (segundo recorte de subsidios, del que con el primero “apenas” se ejecutó el 40 por ciento del objetivo), serán los capítulos siguientes.
Arnaldo Bocco, economista, ex director del Banco Central, analizó el impacto que tendrá el ajuste tarifario sobre distintos estratos poblacionales o “deciles” (segmentos de la población, ordenados desde el 10 por ciento de mayores ingresos al 10 por ciento de menores, según la modalidad de los estudios estadísticos), calculando qué proporción de su capacidad adquisitiva se verá afectada. En el área metropolitana (Ciudad Autónoma y conurbano bonaerense), donde el efecto del tarifazo es mayor (500 por ciento promedio en los consumos residenciales de hasta 400 kw/hora mensuales, según el Ministerio de Energía), la pérdida de poder adquisitivo para el decil más alto, según Bocco, es del 2,5 por ciento. Para un sector medio bajo (deciles 6 y 7), el recorte en la capacidad de consumo se eleva a 4 por ciento. Cuando se llega al último decil (el de menores ingresos), la proyección es de una pérdida de poder adquisitivo, como mínimo, del 10 por ciento, que podría llegar al 13 por ciento.
Tal cual destacó el propio autor de la proyección a Página/12, “lo alarmante es la combinación de la magnitud del daño al poder adquisitivo, con lo regresivo de la medida, porque recae en forma más violenta sobre los sectores más desprotegidos. Por la forma en que le pega al poder de compra, tiene un impacto quizás mayor a que resultaría de un aumento en el impuesto al valor agregado”, el principal impuesto sobre el consumo. Tomando los tres últimos deciles (el 30 por ciento de familias de menor ingreso), la estimación arroja un recorte del 5 al 7,5 por ciento de la capacidad de compra por el sólo impacto del tarifazo eléctrico. Se trata de una población de tres millones de habitantes.
En el rubro industrial, todavía se mantiene cierta incertidumbre sobre cuál será el efecto. Las industrias más grandes están al margen del impacto, ya que forman parte del bloque de 400 a 500 empresas que contratan directamente el suministro eléctrico con los generadores, sin relación comercial en consecuencia con las distribuidoras, cualquiera sea el punto de país donde están radicadas. El precio que contratan es pactado entre las partes y, por lo tanto, ahí no hay subsidio ni retribución al distribuido. Hasta ahora pagaban la energía más cara, pero este mes se encontrará con una ventaja relativa inesperada: no recibirán ni un rasguño del ajuste tarifario que, para la competencia, puede resultar un mazazo. Una fábrica mediana, del rubro textil o marroquinero, con máquinas de coser y la iluminación necesaria para un taller de veinte a treinta empleados, puede tener hoy un costo mensual de electricidad menor a 5000 pesos. Si sufriera un incremento del 500 por ciento estimado como media para los residenciales, llevaría el costo energético a 30 mil. No sería un problema imposible de afrontar si no fuera que el ajuste coincide con un momento de baja en las ventas –de lo que ya dan cuenta diversos integrantes del sector– y que empiezan a sentir la presión de las grandes tiendas, que amenazan con reemplazar esta temporada los productos nacionales por otros importados, para los cuales ya se ofrecen facilidades de ingreso al país que no existían en los años previos. El panorama no es agradable, ni para los dueños de negocios ni para sus empleados. El tarifazo eléctrico no es determinante, quizás, en sí mismo, pero discrimina en contra de la producción nacional, restándole competitividad. En los comercios de barrio o en los del centro se vive con similar angustia este cambio de escenario. Los negocios de mayor exposición, iluminados permanentemente como argumento de venta, van revisando su estrategia comercial. Las situaciones más complicadas se dan con locales con presupuesto ya ajustado por retracción en las ventas, en los que la factura de la luz no era un factor significativo, y ahora su valor multiplicado por seis puede que lleve a la decisión de no renovar el alquiler próximo a vencer.
Lo que aún no está en la cuenta de muchos es que el de febrero no será el último aumento del año, sino apenas el comienzo de una revisión tarifaria que el gobierno nacional se propone completar antes de fin de año. Posiblemente, con otros tres aumentos trimestrales (mayo, agosto y noviembre). La intención es cerrar una brecha de subsidios por 90 mil millones de dólares. Ayer, a través de un comunicado, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido explicó que ese monto, “destinado a subsidiar el precio mayorista que pagan por igual todas las distribuidoras del país”, en algunos casos benefició directamente a los consumidores, pero en otros fue apropiado por las distribuidoras provinciales, “que en su mayoría son los mismos gobiernos provinciales”. Con la decisión del gobierno nacional de clausurar esa transferencia de fondos, se abren otras batallas. Sin un ganador claro, pero sí con perdedores que ya ven cercenar su capacidad de consumo y peligrar sus trabajos.
