ARGENTINA
Ni las temperaturas tropicales ni la embestida del gobernador radical Gerardo Morales contra Milagro Sala –ahora encarcelada en una prisión por encabezar un reclamo– dan respiro a los cooperativistas de la Red de Organizaciones Sociales que nuclea la Tupac Amaru y que desde hace 38 días acampan en la Plaza Belgrano, frente a la gobernación jujeña, en reclamo del mantenimiento de las miles de fuentes de trabajo que el gobernador aspira a arrebatarles por decreto
Ayer, los acampantes anunciaron una jornada nacional de protesta por “la liberación de Milagro” y en defensa “de 66.000 empleos” que las cooperativas tienen en todo el país, y a la que adhirieron organizaciones sociales, gremiales y políticas que hoy llevarán adelante cortes de rutas y movilizaciones que todavía se coordinaban en la mayoría de las provincias. “Hacemos responsable al gobernador por la seguridad e integridad física de Milagro Sala”, señalaron y extendieron la advertencia por los dirigentes y militantes de la Tupac que comenzaron a recibir “amenazas anónimas” telefónicas y a través de las redes sociales, al tiempo que acusaron a Morales de “armar provocaciones” y “azuzar el enfrentamiento entre jujeños”.Debajo del más amplio gazebo de la “carpeada”, para intentar mitigar el abrazador sol del mediodía, una docena de dirigentes de la red de Organizaciones Sociales, la Tupac, el Movimiento Evita, ATE y la CTA anunciaron la jornada de lucha que se extenderá hoy a todo el país para “reclamar la liberación de Sala y la defensa de las fuentes laborales de los 66 mil cooperativistas que construyen miles de viviendas populares en todas las provincias”. “Recibimos centenares de adhesiones de organizaciones sociales, gremiales y políticas que se sumarán a la jornada”, resumieron los acampantes para luego aclarar que las medidas incluirán cortes de ruta y movilizaciones.
Los convocantes prefirieron no detallar las organizaciones –salvo las que lo han hecho público–, las medidas de acción ni los lugares donde se realizarán para “evitar represalias” a los manifestantes. “La medida es por la detención ilegal de Milagro y para alcanzar el diálogo que le reclamamos al gobierno provincial para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo”, dijo Nando Acosta de ATE-Jujuy.
Uno a uno los convocantes vertieron sus opiniones. Desde la Red remarcaron que la “Milagro es una presa política del Poder Ejecutivo (provincial) por defender los intereses de los trabajadores” y sumaron que el gobierno quiere “apoderarse del trabajo que las organizaciones sociales comenzaron a realizar en un Jujuy devastado por las políticas neoliberales de los 90 y que desarrollamos en estos 16 años de lucha”. Negaron que en la provincia exista un “Estado paralelo como denuncia Morales”: “no sólo hemos construido casas, hemos construido escuelas, centro de salud, para niños discapacitados, polideportivos y piletas en toda la provincia, hemos hechos donaciones importantes a escuelas y hospitales con el dinero de nuestro trabajo sin pedir nada a cambio”, sentenció una de las tupaqueras. “Esta ha sido la movilización más pacífica de Jujuy y de la Tupac, yo diría hasta ghandiana, y es la que más duramente se quiere reprimir”, agregó Raúl Noro, el esposo de Sala, que definió a la provincia como “militarizada”.
El otro acampe
Detrás de la Casa de Gobierno, en sus jardines, existe un acampe paralelo, donde decenas de integrantes de la guardia de infantería de la policía provincial están en una tensa vigilia permanente y hasta disponen de una larga tira de baños químicos, mientras los caballos de la policía montada se encargan del pasto del enorme parque que completa la manzana donde está emplazada la gobernación.
Los cooperativistas hicieron responsable a Morales por la seguridad y la integridad física de Sala, además de los militantes sociales que –denunciaron– “comenzaron a recibir todo tipo de amenazas anónimas”. Acusaron al gobernador de montar “provocaciones” y “buscar el enfrentamiento entre jujeños”.
Los convocantes prefirieron no detallar las organizaciones –salvo las que lo han hecho público–, las medidas de acción ni los lugares donde se realizarán para “evitar represalias” a los manifestantes. “La medida es por la detención ilegal de Milagro y para alcanzar el diálogo que le reclamamos al gobierno provincial para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo”, dijo Nando Acosta de ATE-Jujuy.
Uno a uno los convocantes vertieron sus opiniones. Desde la Red remarcaron que la “Milagro es una presa política del Poder Ejecutivo (provincial) por defender los intereses de los trabajadores” y sumaron que el gobierno quiere “apoderarse del trabajo que las organizaciones sociales comenzaron a realizar en un Jujuy devastado por las políticas neoliberales de los 90 y que desarrollamos en estos 16 años de lucha”. Negaron que en la provincia exista un “Estado paralelo como denuncia Morales”: “no sólo hemos construido casas, hemos construido escuelas, centro de salud, para niños discapacitados, polideportivos y piletas en toda la provincia, hemos hechos donaciones importantes a escuelas y hospitales con el dinero de nuestro trabajo sin pedir nada a cambio”, sentenció una de las tupaqueras. “Esta ha sido la movilización más pacífica de Jujuy y de la Tupac, yo diría hasta ghandiana, y es la que más duramente se quiere reprimir”, agregó Raúl Noro, el esposo de Sala, que definió a la provincia como “militarizada”.
El otro acampe
Detrás de la Casa de Gobierno, en sus jardines, existe un acampe paralelo, donde decenas de integrantes de la guardia de infantería de la policía provincial están en una tensa vigilia permanente y hasta disponen de una larga tira de baños químicos, mientras los caballos de la policía montada se encargan del pasto del enorme parque que completa la manzana donde está emplazada la gobernación.
Los cooperativistas hicieron responsable a Morales por la seguridad y la integridad física de Sala, además de los militantes sociales que –denunciaron– “comenzaron a recibir todo tipo de amenazas anónimas”. Acusaron al gobernador de montar “provocaciones” y “buscar el enfrentamiento entre jujeños”.
Moralistas
A la misma hora que el miércoles por la noche la Justicia provincial trasladaba a Sala desde la Comisaría de la Mujer al penal de Alto Comedero, menos de un centenar de cooperativas que responden a Morales se manifestó junto a sus hijos alrededor del acampe y fuertemente custodiados por la militarizada policía jujeña que armó un cordón para cercar a los acampantes. “Queremos la plaza”, cantaban los manifestantes que llegaron coordinadamente con el operativo policial. Entre los manifestantes se lo pudo ver al secretario de Seguridad de la gobernación, el coronel Guillermo Siri. El ex militar está acusado de haber sido parte de un consejo de guerra que juzgaba a los detenidos políticos durante la dictadura en la subzona mendocina que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército que comandaba Luciano Benjamín Menéndez.
“Queremos trabajo”, contestaron esa noche los acampantes. Ayer, explayaron su indignación. “La Justicia de menores nos obligó a nosotros a retirar a los chicos que venían y estaban en el acampe con sus padres. Ahora, ellos que estaban tan preocupados, traen a su gente con los chicos para intentar provocarnos. Pero no se preocupan por los hijos de los cooperativistas que ya no tienen sueldos ni saben si podrán llevar a su hijos al colegio en marzo”, denunciaron en la rueda de prensa.
Bloqueo y fuga
El juez de la causa que tiene encarcelada a Sala, Germán Mercau, dio otra muestra de su parcialidad jurídica. El magistrado que dio curso a denuncia de Morales y ordenó la detención de la dirigente de la Tupac por el supuesto de “instigación a ilícitos y tumulto” –en un operativo que encabezó Siri sin la presencia de ningún funcionario judicial– ayer se negó a recibir a los diputados nacionales del Frente para la Victoria que se acercaron a su juzgado. Ordenó desplegar a la Guardia de Infantería que lo custodia desde que está al frente de esta causa. Los uniformados le cerraron la puerta en la cara al tucumano Marcelo Santillán, pero no pudieron evitar que Carolina Gaillard; el diputado del Parlasur Diego Mansilla y el diputado jujeño Miguel Funes, junto a la ex diputada y legisladora porteña María José Lubertino, ingresaran al hall del juzgado.
A la misma hora que el miércoles por la noche la Justicia provincial trasladaba a Sala desde la Comisaría de la Mujer al penal de Alto Comedero, menos de un centenar de cooperativas que responden a Morales se manifestó junto a sus hijos alrededor del acampe y fuertemente custodiados por la militarizada policía jujeña que armó un cordón para cercar a los acampantes. “Queremos la plaza”, cantaban los manifestantes que llegaron coordinadamente con el operativo policial. Entre los manifestantes se lo pudo ver al secretario de Seguridad de la gobernación, el coronel Guillermo Siri. El ex militar está acusado de haber sido parte de un consejo de guerra que juzgaba a los detenidos políticos durante la dictadura en la subzona mendocina que dependía del Tercer Cuerpo de Ejército que comandaba Luciano Benjamín Menéndez.
“Queremos trabajo”, contestaron esa noche los acampantes. Ayer, explayaron su indignación. “La Justicia de menores nos obligó a nosotros a retirar a los chicos que venían y estaban en el acampe con sus padres. Ahora, ellos que estaban tan preocupados, traen a su gente con los chicos para intentar provocarnos. Pero no se preocupan por los hijos de los cooperativistas que ya no tienen sueldos ni saben si podrán llevar a su hijos al colegio en marzo”, denunciaron en la rueda de prensa.
Bloqueo y fuga
El juez de la causa que tiene encarcelada a Sala, Germán Mercau, dio otra muestra de su parcialidad jurídica. El magistrado que dio curso a denuncia de Morales y ordenó la detención de la dirigente de la Tupac por el supuesto de “instigación a ilícitos y tumulto” –en un operativo que encabezó Siri sin la presencia de ningún funcionario judicial– ayer se negó a recibir a los diputados nacionales del Frente para la Victoria que se acercaron a su juzgado. Ordenó desplegar a la Guardia de Infantería que lo custodia desde que está al frente de esta causa. Los uniformados le cerraron la puerta en la cara al tucumano Marcelo Santillán, pero no pudieron evitar que Carolina Gaillard; el diputado del Parlasur Diego Mansilla y el diputado jujeño Miguel Funes, junto a la ex diputada y legisladora porteña María José Lubertino, ingresaran al hall del juzgado.
Mercau aprovechó la discusión entre la negativa judicial y la insistencia de los legisladores, para abandonar el edificio por la puerta trasera. Con Mercau fuera del juzgado, uno de sus asistentes les comunicó a los diputados que el juez sugirió que se contactaran “con prensa” de la Justicia jujeña. En tanto, el fiscal federal jujeño Federico Zurueta recibió por la mañana a los legisladores nacionales que presentaron una denuncia contra la fiscal provincial Liliana Fernández Montiel (la misma que había solicitado perpetua para Romina Tejerina) “por obstrucción al ingreso a un edificio público, restringir el derecho de peticionar a las autoridades y discriminación porque no le gusta recibir mujeres”. El miércoles, la fiscal también había negado el ingresó a su fiscalía a los diputados nacionales.
Página 12
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