LA AFI INCORPORO A DECENAS DE MILITARES Y COMISARIOS RETIRADOS EN ARGENTINA
Cada día hay más uniformes en el área de inteligencia
Los funcionarios macristas argumentan que es para sumarlos a la lucha contra el narcotráfico. Pero la experiencia indica que ex militares y ex policías luego se autonomizan, incluso operando al margen de la Justicia.
Por Raúl Kollmann
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) incorporó en las últimas semanas a decenas y decenas de militares, comisarios y subcomisarios retirados. En el discurso, los jefes macristas de la AFI argumentan que es para reforzar el perfil más anti-drogas de la inteligencia, pero todas las experiencias indican que militares, policías y agentes de inteligencia terminan autonomizándose, haciendo alianzas con los narcos y participando del negocio ilegal. Los retirados de las Fuerzas Armadas y de las policías vienen además con una tradición de espionaje político, operando al margen de la justicia. La AFI aparece ahora con una cabeza tripartita en la que la jefatura operativa está en manos de Silvia Majdalani, ex diputada del PRO especializada en inteligencia, pero dos áreas claves parecen estar fuera de sus manos.
De manera asombrosa, la administración económica la ejerce el mismo equipo que estaba en el momento del estallido de 2001, con “El Gordo” Juan José Galea, entonces integrante del grupo Sushi, como titular del área. Otra jefatura clave, Judiciales, es manejada por “El Petiso” Juan Sebastián De Stéfano, vinculado con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. Por encima de todos está, como titular de la AFI, Gustavo Arribas, representante e intermediario de fútbol, recién llegado de Brasil, quien describió así sus méritos para el cargo: “lo conozco a Mauricio desde que tiene 17 años”. Con una estructura tan dispar, nadie sabe cuánta efectividad puede tener la AFI en lo que sería su principal objetivo, hacer inteligencia para la defensa nacional, la prevención de algún ataque terrorista y reunir información sobre los delitos contra el orden constitucional. Se dice que en la primera prueba de fuego, la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, la AFI no aportó nada. En el horizonte, además, aparece el regreso a la Argentina, en febrero, de Horacio “Jaime” Stiuso, quien fuera durante décadas el hombre fuerte de la ex SIDE.Uniformes
Contra lo que se decía, no hubo despidos masivos entre los 1.600 agentes y empleados de la AFI. Las nuevas autoridades anularon las efectivizaciones de los últimos tiempos y todos los que ingresaron en 2015 o antes pasaron a ser contratados. A partir de ese status, Majdalani, que ejerce la conducción diaria, resolverá caso por caso.
Pero a diferencia de lo que sucede en otros organismos, en la AFI aparecieron decenas y decenas de nuevas incorporaciones. Todas tienen una característica: vistieron uniforme. Son militares, comisarios o ex comisarios retirados, prácticamente todos de la Policía Federal y unos pocos, muy pocos, de la Bonaerense. Se dice que la mayoría que viene de la Federal provienen del grupo vinculado a Jorge “El Fino” Palacios, hoy sentado en el banquillo de los acusados por encubrimiento en el caso AMIA.
El sentido de estas incorporaciones es volcar la AFI al combate contra el narcotráfico más que a acumular información para la defensa y contra el terrorismo. Lo notorio del esquema, de clara influencia norteamericana, es que no se trata de un reclutamiento en función de capacidades y conocimientos, sino de amistades y relaciones dentro de las fuerzas armadas y policiales. Está entrando a la AFI el comisario o el subcomisario amigo del otro comisario que ya entró.
Las estructuras de esta naturaleza ya fracasaron rotundamente en otros países: los hombres de inteligencia terminan pactando con las organizaciones narcos y actúan como informantes a cambio de enormes sumas de dinero.
En el caso argentino, para colmo, esos hombres que provienen del Ejército y la Federal, cuentan con antecedentes en inteligencia más bien política. Es decir, en espiar las posibles marchas, cortes de rutas o acciones de las organizaciones sociales.
Todo indica que la nueva estructura tendrá enormes peligros de automización en los dos aspectos: se cortará sola en el vínculo con los narcos y armará esquemas de espionaje en el terreno político.
Liderazgo
Uno de los puntos claves para evitar la automización sería una conducción civil, política, poderosa en la AFI. No parece ser el caso. Quien manejará la Agencia es, como siempre ha sido, la número dos del organismo. La que ocupa ese cargo es la ex diputada del PRO, Silvia Majdalani, flamante Señora 8, como se designa al subdirector o subdirectora. Sus antecedentes en la materia son que integró la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia y, sobre todo, que hizo un curso en la Escuela Nacional de Inteligencia.
Dos áreas de importancia parecen haber quedado fuera del control directo de Majdalani. Un dato llamativo es que vuelve al cargo del manejo del dinero quien estuviera en esa función cuando el estallido de 2001, Juan José Galea, vinculado en aquel entonces a Darío Richarte, Enrique “Coti” Nosiglia y Antonito De la Rúa. Galea y Richarte se fueron envueltos en graves acusaciones de irregularidades, pero finalmente, según ellos afirman, fueron absueltos en la causa judicial.
Otra área que parece haber quedado fuera de la órbita directa de Majdalani es Judiciales. Allí desembarcó De Stéfano, un hombre de Angelici. El presidente de Boca tiene una enorme influencia en el aparato judicial porque se lo considera el operador del PRO. Fiscales y jueces revistaron en la Comisión de Seguridad del club de la ribera, pero la influencia de Angelici va mucho más allá de los que tuvieron vínculo con Boca.
Por encima de todos ellos queda Gustavo Arribas, el señor 5, titular de la AFI. Arribas no tiene ninguna experiencia ni en inteligencia ni combate al narcotráfico o al delito complejo. Tampoco viene de la política y, tras vivir en Brasil, desembarcó en la Argentina para asumir el cargo. Llegó a ser el señor 5 porque tiene la confianza de Macri.
Desde el punto de vista operativo, el kirchnerismo sacó de la cancha a todos los ex hombres fuertes de lo que fuera la SIDE, incluyendo a Stiuso –prácticamente el jefe durante 30 años–, a su mano derecha, Alberto Mazzino, y luego renunció Fernando Pocino, otro funcionario clave. Todos ellos manejaban una estructura de informantes que ahora, supuestamente, quedó en la nada.
Hay otro dato que impacta de lleno en la situación. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se dictó la ley de creación de la AFI y se transfirieron las escuchas telefónicas que antes operaba la SIDE a la Procuración. El Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) estuvo a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, sin que hubiera ni un solo cuestionamiento a su labor. En su ofensiva contra Alejandra Gils Carbó, Macri dictó un decreto de necesidad y urgencia transfiriendo las escuchas a la Corte Suprema. El titular del máximo tribunal emitió una acordada señalando que no se podían hacer cargo hasta el 15 de febrero. Según se sabe hoy en día, la Corte no tiene quien opere el sistema por lo que recurrirá a los antiguos operadores que respondían a Stiuso y que son los que conocen los softwares y los mecanismos que se usan.
De esta manera, la realidad es que la AFI quedó con una cúpula relativamente débil y dividida, con un vaciamiento en términos operativos, con la sombra del Fino Palacios en los uniformados nuevos que llegaron y la de Stiuso en el aparato de escuchas telefónicas. Se dice que detrás de bambalinas la impronta provendrá de Washington.
Graves
Pese a que se pretendió ocultar las pifiadas en el terreno mediático, lo cierto es que la AFI macrista arrancó con dos pifiadas de gravedad.
La de mayor envergadura fueron los informes sobre la situación social en Jujuy. Motorizada por el gobernador Gerardo Morales, la AFI avaló que en la provincia norteña podría haber explosiones que pondrían en riesgo el estado de derecho. Todo estuvo referido al acampe de la Tupac Amaru frente a la gobernación y la realidad es que no se produjo ni un incidente hasta hoy.
Sin embargo, los reclamos de Morales y el aval de la AFI llevaron a mover a gendarmes desde Santiago del Estero hacia Jujuy, en vehículos en malas condiciones, lo que produjo el desbarranco y la muerte de 43 gendarmes. Hasta ahora nadie se hizo cargo de esos decesos que deberían haber decantado en un expediente por homicidio culposo contra el Ministerio de Seguridad y quienes impulsaron el traslado.
El segundo fracaso tuvo que ver con la triple fuga desde el penal de General Alvear. Hubo un intento mediático de adjudicarle a la AFI el dato de que los Lanatta y Víctor Schillaci estaban en Santa Fe y no en Quilmes, donde se los buscaba. El juez Sergio Torres, a cargo de esa causa, deslizó que la información le fue suministrada por la Gendarmería y provino de testigos de identidad reservada. Es más, el magistrado considera que a esas personas –aparentemente vecinos del galpón en el que se escondieron los prófugos– les corresponde gran parte de la recompensa. Desde el lado de la AFI, la ausencia de la enorme estructura de informantes fue notoria: en su momento, Stiuso utilizaba cerca de un millón de dólares y dos millones de pesos por mes para aceitar esa estructura.
El regreso
Dentro de la AFI se da por confirmado el regreso a la Argentina de Stiuso en febrero. Vendrá a declarar en las numerosas causas y sumarios que se le abrieron. Todos coinciden en que Majdalani considera a Stiuso una etapa superada y no quiere su vuelta ni su influencia dentro de la Agencia.
Jaime, como se lo conoce, estuvo recluido en Portofino Island, en el norte de La Florida, aunque viajó a conversar con sus amigos en la CIA y el FBI, tanto a Miami como a Nueva York. Oficialmente, no sintoniza con la conducción de la inteligencia norteamericana, hoy en manos de sectores demócratas en línea con Barak Obama. Los amigos de Stiuso son republicanos y de la derecha israelí, pero las conducciones de la CIA y el FBI tampoco están dispuestas a librar por Stiuso una interna dentro de sus agencias. Si hay una orden judicial fuerte y concreta, tal vez intervendrían. Mientras tanto dejarán a Stiuso moverse sin problemas dentro de su país.
Por supuesto que el gran interrogante es si Stiuso vuelve en febrero para declarar en la causa por la muerte de Nisman y hacerlo en contra del gobierno del FPV, en venganza porque fue desplazado. Las opiniones están divididas. La mayoría cree que no quiere guerra y que ante la jueza Fabiana Palmaghini mantendrá lo que le dijo a la fiscal Viviana Fein: que no tuvo nada que ver con la denuncia de Nisman contra CFK y que incluso se opuso a ella. En la AFI hay quienes opinan lo contrario: que convenció a Nisman de que lo iban a echar de la fiscalía y que tenía que presentar la denuncia. Una vez que la presentó, no le atendió el teléfono. Más allá de estos aspectos, hay una mayoría que piensa que seguirá con sus negocios –tiene muchos– y no quiere conflictos. Otros, en cambio, piensan que vuelve con sed de revancha e intentará enturbiar la causa Nisman.
Trasfondo
La irrupción de comisarios y ex militares en la AFI va en sintonía con el esquema impulsado por Washington: la prioridad es la lucha contra el narcotráfico. Se importa de esa manera una estrategia norteamericana que, con la excusa de la lucha contra los narcos, busca la militarización y la presencia policial en las sociedades. De paso, Estados Unidos será proveedor –vendedor– de los instrumentos y materiales de seguridad supuestamente necesarios.
La ley del kirchnerismo prohíbe la participación de los agentes de inteligencia en operaciones policiales y exige como requisito para las investigaciones que estén judicializadas. El rumor es que el macrismo reformará esta norma que rige la AFI.
En paralelo está la versión de que todo los movimientos actuales son provisorios. La idea es que Mauricio Macri adoptará a corto plazo el esquema de Estados Unidos. La CIA, en este caso la AFI, sólo dedicada a la inteligencia exterior. El FBI, en la Argentina la Policía Federal, a cargo total de la inteligencia interior. La llegada de los comisarios es un escalón previo a ese cada vez mayor poder a los de uniforme en el espionaje dentro del país.
