Denigración a largo plazo
Por Hugo Muleiro* (para La Tecl@ Eñe)
Los discursos que denostaron la militancia y el compromiso político durante la campaña electoral de 2015, reduciéndolos a un recurso para obtener ventajas del Estado, forman parte del intento por imponer una cultura que repudie la participación. Tras el triunfo derechista en la votación la estrategia fue redoblada, y la sostienen por partes iguales funcionarios del gobierno y los medios que lo sostienen.
Tiene amplia aceptación la idea de que destruir es un trabajo que se hace con más facilidad que construir, y que se consuma en mucho menos tiempo. Los 30 días de acción del gobierno de Mauricio Macri parecen confirmarlo ampliamente y una lista, aunque sea imperfecta, lo refuerza: basta mencionar la devaluación y la quita de impuestos al agronegocio como alteración brusca de una dificultosa y relativa distribución de los ingresos, la escalada de endeudamiento a favor del casino financiero internacional, el tarifazo en servicios públicos, que es inminente.
Se inscribe también la grosera inconstitucionalidad de la modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pensada y elaborada en las cuevas de abogados del grupo Clarín para ampliar sus negocios y tomar una posición aún más dominante en el mercado, lo cual conlleva aniquilar a otros actores y alejar al país del proyecto de una circulación libre de informaciones y opiniones, que equivale a privarlo de una democracia que no sea meramente procedimental.
La enumeración puede continuar con otras resoluciones que parecen menos trascedentes en el aspecto estructural pero son de muy poderosa carga simbólica: el cierre de un plumazo del Centro Cultural Néstor Kirchner en un período del año en que sería imprescindible para quienes en el conglomerado de Ciudad de Buenos Aires y conurbano no pueden salir de vacaciones, con los despidos incluidos; el abatimiento de programas de asistencia a la mujer víctima de trata y de violencia en el gobierno nacional, en La Plata, en Neuquén; el ataque feroz emprendido por Hernán Lombardi contra los medios públicos y realizadores y artistas, mediante una persecución netamente ideológica, para la cual se valió del mecanismo mafioso de montar campañas de descrédito a través de los medios oficialistas, con Clarín y La Nación como naves insignia.
La campaña que permitió a la derecha llegar al poder formal fue estructurada de manera que sus exponentes eludieran el debate político, con un discurso desprovisto aparentemente de enunciados concretos. Pero, en tanto, el sistema mediático que ungió a Macri primero candidato y después presidente, martilló incansablemente contra los valores de una cultura de militancia que es indispensable para cualquier proyecto que pretenda enfrentar, aunque sea parcialmente, al poder oligárquico que somete al país.
Capas amplias de la población fueron bombardeadas sin descanso con un discurso según el cual miles de jóvenes y no tan jóvenes que se volcaron a organizaciones políticas y sociales lo hicieron por mera ventaja personal, estigmatización adosada a la postal permanente del Estado parasitario, protector de inútiles y vagos, la vieja receta que los sectores ultraconservadores aplican en cada uno de sus planes de restauración.
El objetivo fue alcanzado por márgenes ajustados, según evidencia el resultado electoral, pero el dispositivo propagandístico no se toma descanso, se propone seguir en el trabajo de denigración de miles de trabajadores, unos 15 mil hasta la segunda semana de enero, aunque nada dice que el número no vaya a crecer de manera ostensible.
Las autoridades del gobierno y los medios que lo sostienen, una mayoría abrumadora y sin precedentes en la historia democrática del país, asocian automáticamente al empleado estatal despedido con la “militancia K”.
No se trata de la simple cobertura para estas medidas, adoptadas por pura malicia y revanchismo político, visto que los montos involucrados de ninguna manera pueden considerarse decisivos para una supuesta búsqueda de equilibrio fiscal. El objetivo es una denigración que quede para la historia, un formateo que garantice que las épocas de participación y efervescencia política, de compromiso y de incidencia en el escenario social, sean sepultados por varias generaciones.
Un gobierno que ya comenzó a trabajar en la concentración de la riqueza para que se divida entre unos pocos grupos locales y corporaciones multinacionales –las financieras en primer lugar-, que quiere aplastar un modelo de estímulo a la producción nacional con valor agregado para regresar al esquema agroexportador del primer centenario, precisa la despolitización y la desideologización. El compromiso político y social es, para este sistema de expoliación, un hecho maldito.
Buenos Aires, 10 de enero de 2016
*Escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina (COMUNA).
Los discursos que denostaron la militancia y el compromiso político durante la campaña electoral de 2015, reduciéndolos a un recurso para obtener ventajas del Estado, forman parte del intento por imponer una cultura que repudie la participación. Tras el triunfo derechista en la votación la estrategia fue redoblada, y la sostienen por partes iguales funcionarios del gobierno y los medios que lo sostienen.
Tiene amplia aceptación la idea de que destruir es un trabajo que se hace con más facilidad que construir, y que se consuma en mucho menos tiempo. Los 30 días de acción del gobierno de Mauricio Macri parecen confirmarlo ampliamente y una lista, aunque sea imperfecta, lo refuerza: basta mencionar la devaluación y la quita de impuestos al agronegocio como alteración brusca de una dificultosa y relativa distribución de los ingresos, la escalada de endeudamiento a favor del casino financiero internacional, el tarifazo en servicios públicos, que es inminente.
Se inscribe también la grosera inconstitucionalidad de la modificación por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pensada y elaborada en las cuevas de abogados del grupo Clarín para ampliar sus negocios y tomar una posición aún más dominante en el mercado, lo cual conlleva aniquilar a otros actores y alejar al país del proyecto de una circulación libre de informaciones y opiniones, que equivale a privarlo de una democracia que no sea meramente procedimental.
La enumeración puede continuar con otras resoluciones que parecen menos trascedentes en el aspecto estructural pero son de muy poderosa carga simbólica: el cierre de un plumazo del Centro Cultural Néstor Kirchner en un período del año en que sería imprescindible para quienes en el conglomerado de Ciudad de Buenos Aires y conurbano no pueden salir de vacaciones, con los despidos incluidos; el abatimiento de programas de asistencia a la mujer víctima de trata y de violencia en el gobierno nacional, en La Plata, en Neuquén; el ataque feroz emprendido por Hernán Lombardi contra los medios públicos y realizadores y artistas, mediante una persecución netamente ideológica, para la cual se valió del mecanismo mafioso de montar campañas de descrédito a través de los medios oficialistas, con Clarín y La Nación como naves insignia.
La campaña que permitió a la derecha llegar al poder formal fue estructurada de manera que sus exponentes eludieran el debate político, con un discurso desprovisto aparentemente de enunciados concretos. Pero, en tanto, el sistema mediático que ungió a Macri primero candidato y después presidente, martilló incansablemente contra los valores de una cultura de militancia que es indispensable para cualquier proyecto que pretenda enfrentar, aunque sea parcialmente, al poder oligárquico que somete al país.
Capas amplias de la población fueron bombardeadas sin descanso con un discurso según el cual miles de jóvenes y no tan jóvenes que se volcaron a organizaciones políticas y sociales lo hicieron por mera ventaja personal, estigmatización adosada a la postal permanente del Estado parasitario, protector de inútiles y vagos, la vieja receta que los sectores ultraconservadores aplican en cada uno de sus planes de restauración.
El objetivo fue alcanzado por márgenes ajustados, según evidencia el resultado electoral, pero el dispositivo propagandístico no se toma descanso, se propone seguir en el trabajo de denigración de miles de trabajadores, unos 15 mil hasta la segunda semana de enero, aunque nada dice que el número no vaya a crecer de manera ostensible.
Las autoridades del gobierno y los medios que lo sostienen, una mayoría abrumadora y sin precedentes en la historia democrática del país, asocian automáticamente al empleado estatal despedido con la “militancia K”.
No se trata de la simple cobertura para estas medidas, adoptadas por pura malicia y revanchismo político, visto que los montos involucrados de ninguna manera pueden considerarse decisivos para una supuesta búsqueda de equilibrio fiscal. El objetivo es una denigración que quede para la historia, un formateo que garantice que las épocas de participación y efervescencia política, de compromiso y de incidencia en el escenario social, sean sepultados por varias generaciones.
Un gobierno que ya comenzó a trabajar en la concentración de la riqueza para que se divida entre unos pocos grupos locales y corporaciones multinacionales –las financieras en primer lugar-, que quiere aplastar un modelo de estímulo a la producción nacional con valor agregado para regresar al esquema agroexportador del primer centenario, precisa la despolitización y la desideologización. El compromiso político y social es, para este sistema de expoliación, un hecho maldito.
Buenos Aires, 10 de enero de 2016
*Escritor y periodista, presidente de Comunicadores de la Argentina (COMUNA).
