Presidencia dirigirá la lucha contra el lavado y financiamiento del terrorismo
18 enero de 2016
Con la aprobación del nuevo Presupuesto se reforzaron los controles al lavado de activos y también al financiamiento del terrorismo. A esos efectos, se dispuso la creación de una nueva “Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” como un órgano desconcentrado dependiente de la Presidencia de la República.
Dicha oficina actuará con autonomía técnica y dispondrá de las “más amplias facultades de investigación y fiscalización”. Además, sustituirá “en todo” a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada por Decreto en 2009.
Como novedad, sumará a los cometidos ya establecidos, el control del sector no financiero, lo que implica que unas 14 mil personas físicas o jurídicas, quedarán bajo la lupa como nuevos sujetos obligados. Así lo confirmó a LA REPÚBLICA Carlos Díaz, jefe de la Oficina Nacional Antilavado quien seguirá al frente del nuevo órgano como secretario Nacional.
“Estamos hablando de que se incorporan inmobiliarias, explotadores y usuarios de zonas francas, rematadores, vendedores de arte, de metales preciosos, Casinos, administradores de sociedad, etc.”, agregó (ver nota aparte). En el caso de las zonas francas, los controles comenzaron a aplicarse con la promulgación de la ley de Presupuesto.
En el caso de organizaciones sin fines de lucro, como pueden ser instituciones religiosas, los controles comenzarán a partir del mes de febrero. Consultado respecto a la relación que se ha dado en otras partes del mundo entre instituciones sin fines de lucro y terrorismo, Díaz señaló que “no es un fenómeno nuestro ni lo estamos viendo como algo inminente pero no debemos descuidarnos en el tema.
Todo el mundo pone normas, y nosotros debemos hacerlo también”. “Es cierto que se ha visto en el mundo que, vestidas de carácter religioso, a veces algunas han recolectado fondos para el terrorismo”, agregó. Consultado sobre si esos controles tendrían alguna particularidad, aseguró que “simplemente” se las incluirá como sujetos obligados y se harán los controles: “No más que eso”.
Díaz informó que la oficina podrá contar con mayor número de personal en su plantilla. A partir de un mecanismo novedoso, se habilitaron los pases en comisión de funcionarios de otras reparticiones hacia la Secretaría, principalmente de la Dirección General Impositiva (DGI). Además, establece a texto expreso que dichos funcionarios trabajarán en un régimen de dedicación total lo que implica mejoras en las retribuciones. En una primera etapa, la nueva Oficina contará con unas 30 personas (antes eran 12). “Con criterio sumaremos más si se necesitan. Lo más importante es que sea buena gente”, afirmó Díaz.
“Para nosotros -que además venimos de la DGI- y sin que esto implique una descalificación hacia otros funcionarios, para la tarea y el conocimiento que tienen algunos funcionarios, es más rico para nosotros contar con esos funcionarios de DGI, que si se crearan cargos para llamar a concurso”, afirmó.
Indicó que en términos de retribución se logró un nivel “interesante”. La remuneración está contemplada y que a futuro podrá mejorar. “Se verá en el futuro”, reflexionó. En ese sentido, está convencido que eventuales mejoras en las retribuciones habrá que “ganárselas” y que eso implica “demostrarle a la clase política, a la ciudadanía y a todo el mundo la capacidad de la Secretaría para contribuir en un tema tan importante”. “Tengo mucha fe en la gente que tenemos, que trabaja con sueldos relativamente reducidos a muerte en una tarea no agradable”, afirmó el funcionario.
“Desafío”
Díaz expresó que no ha habido controles en el país tan importantes como hasta ahora y que el diseño en el que se ha trabajado desde mediados del año pasado implica un “desafío muy grande” al abarcar al sector no financiero, por su complejidad. De todos modos, “somos totalmente optimistas; se trata de funcionarios que conocemos desde hace muchos años, y gente que tiene mucha experiencia en inteligencia fiscal”. Respecto a los nuevos sujetos obligados, Díaz manifestó que no se trata de “demonizar a nadie”.
“Se hace un enfoque de riesgo, de los sectores que se entienden pueden ser más riesgosos. Se utilizará un modelo que implementó el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), analítico, que baja la selección de aquellos a controlar en un software y en un banco de datos muy poderosos”. “Ningún organismo puede oponer a la Secretaría reserva ni secretos ni traba por el estilo. Ya se está conformando ese banco de datos que, en principio será el que selecciona las verificaciones a hacerse.
Semanalmente se irán cambiando los criterios en función de aspectos estratégicos. El objetivo es que la gente cumpla voluntariamente, la idea no es sancionar por sancionar. Habrá control fuerte porque esa es nuestra obligación y función. Tenemos que tener determinadas metas y ya lo estamos haciendo”, afirmó Díaz. Respecto a los nuevos sujetos obligados, el jerarca precisó que “habrá muchos más el año que viene cuando se adecue la normativa a las exigencias del GAFI”.
Nuevas facultades
En cuanto a las nuevas facultades, la Secretaría Antilavado podrá exigir a los sujetos obligados “la exhibición de todo tipo de documentos, propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar informaciones”. Se establece que la “no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas aparejará la aplicación de una multa”. Asimismo, podrá practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados.
En el caso de los domicilios particulares, éstos solo podrán inspeccionarse con previa orden judicial de allanamiento. Se entenderá como domicilio válido del sujeto obligado el constituido por el mismo ante la DGI y, en caso de sujetos obligados no inscriptos ante DGI,se estará al domicilio que se proporcione por la Jefatura de Policía”.
Diseño de una estrategia antiterrorista
Uruguay ya puso en marcha el estudio de una readecuación de su legislación vigente y el diseño de una estrategia antiterrorista, explicó Díaz. “No es que pensemos que tenemos organizaciones en el país. La preocupación es mundial y uno se pone en guardia. Por eso son importantes, porque están estrechamente vinculadas con el terrorismo, los controles sobre las organizaciones sin fines de lucro, y eso es una estrategia genérica de todo el país, y no solo en materia de financiamiento sino en otros aspectos. El mundo está muy preocupado por el financiamiento del terrorismo.
Y nosotros no queremos quedar rezagados en poner barreras a la posibilidad de que alguien pase algún dinero por Uruguay”. El Poder Ejecutivo dispuso la conformación de una comisión amplia desde el punto de vista técnico que estudie la readecuación de la normativa del país a las nuevas exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. De dicha comisión surgiría, por ejemplo, el proyecto de ley para incluir al delito fiscal como delito precedente del lavado de activos que, el Poder Ejecutivo, remitirá luego al Parlamento para su aprobación.
18 enero de 2016
Con la aprobación del nuevo Presupuesto se reforzaron los controles al lavado de activos y también al financiamiento del terrorismo. A esos efectos, se dispuso la creación de una nueva “Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” como un órgano desconcentrado dependiente de la Presidencia de la República.
Dicha oficina actuará con autonomía técnica y dispondrá de las “más amplias facultades de investigación y fiscalización”. Además, sustituirá “en todo” a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada por Decreto en 2009.
Como novedad, sumará a los cometidos ya establecidos, el control del sector no financiero, lo que implica que unas 14 mil personas físicas o jurídicas, quedarán bajo la lupa como nuevos sujetos obligados. Así lo confirmó a LA REPÚBLICA Carlos Díaz, jefe de la Oficina Nacional Antilavado quien seguirá al frente del nuevo órgano como secretario Nacional.
“Estamos hablando de que se incorporan inmobiliarias, explotadores y usuarios de zonas francas, rematadores, vendedores de arte, de metales preciosos, Casinos, administradores de sociedad, etc.”, agregó (ver nota aparte). En el caso de las zonas francas, los controles comenzaron a aplicarse con la promulgación de la ley de Presupuesto.
En el caso de organizaciones sin fines de lucro, como pueden ser instituciones religiosas, los controles comenzarán a partir del mes de febrero. Consultado respecto a la relación que se ha dado en otras partes del mundo entre instituciones sin fines de lucro y terrorismo, Díaz señaló que “no es un fenómeno nuestro ni lo estamos viendo como algo inminente pero no debemos descuidarnos en el tema.
Todo el mundo pone normas, y nosotros debemos hacerlo también”. “Es cierto que se ha visto en el mundo que, vestidas de carácter religioso, a veces algunas han recolectado fondos para el terrorismo”, agregó. Consultado sobre si esos controles tendrían alguna particularidad, aseguró que “simplemente” se las incluirá como sujetos obligados y se harán los controles: “No más que eso”.
Díaz informó que la oficina podrá contar con mayor número de personal en su plantilla. A partir de un mecanismo novedoso, se habilitaron los pases en comisión de funcionarios de otras reparticiones hacia la Secretaría, principalmente de la Dirección General Impositiva (DGI). Además, establece a texto expreso que dichos funcionarios trabajarán en un régimen de dedicación total lo que implica mejoras en las retribuciones. En una primera etapa, la nueva Oficina contará con unas 30 personas (antes eran 12). “Con criterio sumaremos más si se necesitan. Lo más importante es que sea buena gente”, afirmó Díaz.
“Para nosotros -que además venimos de la DGI- y sin que esto implique una descalificación hacia otros funcionarios, para la tarea y el conocimiento que tienen algunos funcionarios, es más rico para nosotros contar con esos funcionarios de DGI, que si se crearan cargos para llamar a concurso”, afirmó.
Indicó que en términos de retribución se logró un nivel “interesante”. La remuneración está contemplada y que a futuro podrá mejorar. “Se verá en el futuro”, reflexionó. En ese sentido, está convencido que eventuales mejoras en las retribuciones habrá que “ganárselas” y que eso implica “demostrarle a la clase política, a la ciudadanía y a todo el mundo la capacidad de la Secretaría para contribuir en un tema tan importante”. “Tengo mucha fe en la gente que tenemos, que trabaja con sueldos relativamente reducidos a muerte en una tarea no agradable”, afirmó el funcionario.
“Desafío”
Díaz expresó que no ha habido controles en el país tan importantes como hasta ahora y que el diseño en el que se ha trabajado desde mediados del año pasado implica un “desafío muy grande” al abarcar al sector no financiero, por su complejidad. De todos modos, “somos totalmente optimistas; se trata de funcionarios que conocemos desde hace muchos años, y gente que tiene mucha experiencia en inteligencia fiscal”. Respecto a los nuevos sujetos obligados, Díaz manifestó que no se trata de “demonizar a nadie”.
“Se hace un enfoque de riesgo, de los sectores que se entienden pueden ser más riesgosos. Se utilizará un modelo que implementó el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), analítico, que baja la selección de aquellos a controlar en un software y en un banco de datos muy poderosos”. “Ningún organismo puede oponer a la Secretaría reserva ni secretos ni traba por el estilo. Ya se está conformando ese banco de datos que, en principio será el que selecciona las verificaciones a hacerse.
Semanalmente se irán cambiando los criterios en función de aspectos estratégicos. El objetivo es que la gente cumpla voluntariamente, la idea no es sancionar por sancionar. Habrá control fuerte porque esa es nuestra obligación y función. Tenemos que tener determinadas metas y ya lo estamos haciendo”, afirmó Díaz. Respecto a los nuevos sujetos obligados, el jerarca precisó que “habrá muchos más el año que viene cuando se adecue la normativa a las exigencias del GAFI”.
Nuevas facultades
En cuanto a las nuevas facultades, la Secretaría Antilavado podrá exigir a los sujetos obligados “la exhibición de todo tipo de documentos, propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar informaciones”. Se establece que la “no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas aparejará la aplicación de una multa”. Asimismo, podrá practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados.
En el caso de los domicilios particulares, éstos solo podrán inspeccionarse con previa orden judicial de allanamiento. Se entenderá como domicilio válido del sujeto obligado el constituido por el mismo ante la DGI y, en caso de sujetos obligados no inscriptos ante DGI,se estará al domicilio que se proporcione por la Jefatura de Policía”.
Diseño de una estrategia antiterrorista
Uruguay ya puso en marcha el estudio de una readecuación de su legislación vigente y el diseño de una estrategia antiterrorista, explicó Díaz. “No es que pensemos que tenemos organizaciones en el país. La preocupación es mundial y uno se pone en guardia. Por eso son importantes, porque están estrechamente vinculadas con el terrorismo, los controles sobre las organizaciones sin fines de lucro, y eso es una estrategia genérica de todo el país, y no solo en materia de financiamiento sino en otros aspectos. El mundo está muy preocupado por el financiamiento del terrorismo.
Y nosotros no queremos quedar rezagados en poner barreras a la posibilidad de que alguien pase algún dinero por Uruguay”. El Poder Ejecutivo dispuso la conformación de una comisión amplia desde el punto de vista técnico que estudie la readecuación de la normativa del país a las nuevas exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. De dicha comisión surgiría, por ejemplo, el proyecto de ley para incluir al delito fiscal como delito precedente del lavado de activos que, el Poder Ejecutivo, remitirá luego al Parlamento para su aprobación.
