INCIDENTES EN LA CORTE
Piden procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas
18.09.2013
MONTEVIDEO (Uypress) - El fiscal Gustavo Zubía pidió este martes el procesamiento de Jorge Zabalza, Irma Leites y otras cinco personas que participaron de la concentración en la Suprema Corte de Justicia el 15 de febrero cuando decidieron acompañar a la jueza Mariana Mota que firmaba su traslado de la justicia penal a la civil.
Además del exmilitante tupamaro Zabalza y de la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, Leites, se pidió el procesamiento con prision por el delito de 'atentado con agravantes', para el exfutbolista Diego Jaume y la militante Patricia Borda.
También se pidió el procesamiento sin prisión del dirigente de Adeom, Aníbal Varela, y el padre y hermano de Jaume, Álvaro y Eduardo, detalló este miércoles El Observador.
Hagamos memoria; lo que se hereda no se roba
Veronika Engler
El fiscal en lo Penal Gustavo Zubía es hijo del General Eduardo Zubia y sobrino del General Rodolfo Zubia, jefes de la regiones militares 2 y 3 en la época de la dictadura.
Según la página de zona militar, los generales Esteban Cristi, Eduardo y Rodolfo Zubía, y Julio C. Vadora, de peso decisivo en el golpe de 1973, integraban una organización militar secreta, ultranacionalista, denominada "Tenientes de Artigas", cuyo objetivo era la defensa de la "civilización occidental y cristiana" y la "aniquilación del comunismo internacional".
Tengo guardadas cartas de mi abuela suplicándole a estos personajes que cesara la tortura a la que era sometido mi padre y que mejoraran las condiciones de reclusión, ya sabemos la piedad que tuvieron…
Estos siniestros personajes no han sido juzgados por los crímenes que cometieron, pero varias décadas después nos encontramos con este fiscal intentando tomar revancha con quienes piden Verdad y Justicia.
Este gobierno de ”izquierda” que reprime y castiga tiene hombres como este y como los ministros de la SCJ impartiendo, valga la redundancia, ”justicia”.
Recordemos también que Gustavo Zubía comenzó gestiones en la Intendencia, Policía y Poder Judicial para fiscalizar y penar a quienes tiran basura fuera de los contenedores, también se mostró de acuerdo con la medida de realizar un operativo para retirar a limpiavidrios, malabaristas y repartidores de volantes de las principales esquinas de la capital por considerar que "el ejercicio de la libertad no se puede realizar si no existen controles".
"Si no reprimimos determinadas conductas no podemos gozar de otras"
No se puede negar que le gusta la línea dura, siempre y cuando no se trate de juzgar y encarcelar a los suyos. Cuando era fiscal de adolescentes, reclamó recambios “urgentes” en el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) para aumentar las penas, alegando que el actual Código de Penas para los adolescentes es benévolo y piadoso.
En una entrevista realizada por el Semanario Voces publicado el 15/09/2012 dijo: ”Cuando a mi hijo le encajé alguna vez de chiquito algún soplamocos, no era por la calentura del momento… es que el chiquilín no te puede hacer determinadas cosas. Tiene que aprender y el más chiquito también tiene que mirar también. Papá es loco, pero dentro de determinados parámetros está largando mensajes”.
Se ve que Zubía no estaba enterado de que ciento noventa y dos gobiernos, incluyendo los de esta región, aceptaron la obligación de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales adecuadas
para proteger a los niños y niñas de toda forma de violencia (artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño).
El Comité de los Derechos del Niño, que vigila la implementación de esta Convención, ha recomendado a los gobiernos de toda la región y del mundo que deben, sistemáticamente: Prohibir toda forma de violencia, incluyendo todo castigo corporal por ligero que fuese, en la crianza de los niños en su hogar, la escuela, las instituciones de cuidado, el sistema penal y en todo en otros ámbitos.
También declaró: ”Por algo será, porque en este momento yo abogo por el palo, en la medida en que lo otro, se está abogando solo. Hay una política de gobierno que aboga por lo otro. Si mañana cambia el gobierno y se aboga solo por el palo, me vas a ver a mí equilibrando por el otro lado. Hay que equilibrar, si la pelota se te va para un lado… tiráte para el otro”.
Se ve que no se cruzó con Bonomi, que está dando palos a lo loco desde la supuesta ”izquierda”. Seguramente aprendió de su tío y de su padre que palo es picana y submarino, otra cosa no le sirve.
Ahora pide el procesamiento de siete de las tantas personas que estaban ese día apoyando a la Jueza Mariana Mota, como las cachetadas que le dio al hijo para escarmentarlo tienen seguramente la finalidad de que los demás miren y se asusten.
Que a nadie se le ocurra reclamar por los atroces crímenes cometidos por su progenitor y tío, crímenes por los que aún no han sido juzgados, crímenes por los que no han pagado
Habrá que hacer denuncias a nivel internacional, que se sepa cómo están vapuleando los DDHH en el país, pero nunca agachar la cabeza frente a este tipo de escarmientos.
Por Verdad y Justicia
Veronika Engler
17/09/2013
19 sept 2013
18 sept 2013
Uruguay : Ley de medios, debate ideológico
Ley de medios, debate ideológico
Oscar A. Bottinelli
El Observador -
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica [...]sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. [...] la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos [...] Y avanza en algunos aspectos regulatorios [...] Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica, ni sobre la eficacia o ineficacia de los medios de comunicación, sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. La ley regula una parte de los medios de comunicación, los servicios de comunicación audiovisual (con la excepción de la emisión por internet); en buen romance, regula la radio, la televisión abierta y las señales de origen nacional de la televisión codificada. A diferencia del decreto que reguló la adjudicación de servicios de televisión codificada, que fue emitido antes de las adjudicaciones, esta ley se debate cuando hay claros intereses empresarios operantes de larga data en la televisión abierta, la televisión codificada y la radio, en este último caso con una fenomenal dispersión de empresas que superan el centenar, y cuando por otro lado hay aspirantes a ingresar a ese mercado cerrado de comunicación audiovisual (especialmente cerrado en televisión abierta y codificada, cerrado pero con gran oferta en materia de radio).
Conviene señalar que la discusión sobre la comunicación social se realiza en el último medio siglo en la superposición de dos ejes o la contraposición entre dos derechos: el del emisor y el del receptor. Por un lado la visión de la comunicación como un juego de libertad de empresa o libertad de emisión, donde el eje central, el bien jurídico tutelado, es el emisor de la comunicación. Y por otro lado la visión de la comunicación como un derecho de los receptores, en que el bien jurídico tutelado es el consumidor de la información. Sin duda es un debate político e ideológico el si poner el énfasis en el derecho a la libertad de emisión (visto desde el ángulo de las ideas) o la libertad de empresa (visto desde el ángulo económico), o en cambio poner el énfasis en el derecho de cada individuo a la información; o cuanto de cada cosa debe haber en la combinación de derechos.
Donde no hay discusión es en la regulación de las frecuencias abiertas: no hay prácticamente ningún país en que sea libre el uso de las frecuencias (es decir, que a gusto y paladar una empresa o institución tome una frecuencia y la utilice, con la misma libertad empresarial con que se puede instalar un quiosco o una tienda), sino que lo que rige en forma casi absoluta es la regulación en la adjudicación.
Otra discusión, interrelacionada con las dos anteriores, tiene que ver con el modelo de adjudicación de frecuencias. En principio es posible clasificar los diferentes sistemas existentes en el mundo occidental en tres grandes modelos. Un primer modelo, privatista, es el norteamericano (y el uruguayo) en que la radio y la televisión están esencialmente en manos de empresas privadas, con la complementación (no necesariamente) de frecuencias estatales (oficiales o, en la terminología norteamericana, “públicas”) que en general son de baja audiencia y están dirigidas a élites culturales. Un segundo modelo, en el otro extremo, estatista, es el anteriormente dominante en la Europa Occidental en que las frecuencias son todas estatales (especialmente en materia de TV, no necesariamente de radio). Y un tercer modelo, mixto, el dominante actualmente en Europa Occidental, que combina una proporción importante de señales es estatal (la intención es que cubra la alrededor de la mitad del mercado) y otra importante proporción es privada. A su vez, hay diversos modelos de financiamiento de la televisión estatal, a veces combinados y otros de manera exclusiva: recursos centrales del Estado (“rentas generales” en la terminología uruguaya), impuestos específicos a los tenedores de receptores de televisión o radio (llamados generalmente “canon”), publicidad comercial; y en el caso de las señales codificadas, pago por uso.
Si se utiliza la clasificación dominante en las ciencias sociales europeas sobre el eje derecha-izquierda desde el punto de vista económico (en que derecha es libertad económica e izquierda regulación o control estatal), cabe clasificar como de derecha el modelo privatista o norteamericano, de izquierda el modelo estatista o europeo antiguo, y como de centro (por equidistancia de los dos modelos extremos) el mixto o europeo actual. En este sentido, en cuanto a los modelos de emisores, el modelo uruguayo actual cabe clasificarlo como de derecha y -he aquí la sorpresa- el modelo en discusión como de centro derecha, pues no avanza lo suficiente en potenciar una televisión estatal para clasificarlo de mixto y por ende de centro. La ley de medios abre el camino a emisores “comunitarios”, es decir, entidades sin fines de lucro (para lo cual se ha presentado de un lado el movimiento sindical y del otro las grandes cámaras empresariales).
Hay varios elementos que denotan que la intención del oficialismo (tanto en la ley como en el decreto de regulación de frecuencias) es quedarse en un modelo esencialmente privatista, del tipo norteamericano: no existencia de fuerte financiamiento estatal ni para las señales estatales ni para las comunitarias, no proposición de la implantación de ningún canon a los consumidores con destino a las señales oficiales o comunitarias, no proyección de masivas inversiones para las señales estatales, tímido aumento de las señales estatales. En esencia, el modelo tiende a que el grueso de la emisión siga el modelo privado empresarial.
Más bien la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos, como lo es la adjudicación de frecuencias. Y avanza en algunos aspectos regulatorios como los topes de publicidad (ya existentes) y los horarios de protección al menor (también existente). Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial, en cuanto afecta los intereses de los actuales emisores. Aunque llama la atención la dureza de la polémica instalada en torno a una ley que dista mucho de ir a los estándares europeos actuales. En materia electoral (tema para otro análisis), la ley nada dice de aspectos regulados en Europa como la igualdad de oportunidades de los actores políticos (la par conditio), la difusión de encuestas político-electorales o la publicidad electoral paga; en cambio, sí avanza en el otorgamiento de publicidad electoral gratuita.
Oscar A. Bottinelli
El Observador -
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica [...]sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. [...] la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos [...] Y avanza en algunos aspectos regulatorios [...] Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial
La discusión de la ley de medios no es una discusión técnica, ni sobre la eficacia o ineficacia de los medios de comunicación, sino que en esencia es un debate ideológico, al que se añade un juego de intereses políticos y económicos. La ley regula una parte de los medios de comunicación, los servicios de comunicación audiovisual (con la excepción de la emisión por internet); en buen romance, regula la radio, la televisión abierta y las señales de origen nacional de la televisión codificada. A diferencia del decreto que reguló la adjudicación de servicios de televisión codificada, que fue emitido antes de las adjudicaciones, esta ley se debate cuando hay claros intereses empresarios operantes de larga data en la televisión abierta, la televisión codificada y la radio, en este último caso con una fenomenal dispersión de empresas que superan el centenar, y cuando por otro lado hay aspirantes a ingresar a ese mercado cerrado de comunicación audiovisual (especialmente cerrado en televisión abierta y codificada, cerrado pero con gran oferta en materia de radio).
Conviene señalar que la discusión sobre la comunicación social se realiza en el último medio siglo en la superposición de dos ejes o la contraposición entre dos derechos: el del emisor y el del receptor. Por un lado la visión de la comunicación como un juego de libertad de empresa o libertad de emisión, donde el eje central, el bien jurídico tutelado, es el emisor de la comunicación. Y por otro lado la visión de la comunicación como un derecho de los receptores, en que el bien jurídico tutelado es el consumidor de la información. Sin duda es un debate político e ideológico el si poner el énfasis en el derecho a la libertad de emisión (visto desde el ángulo de las ideas) o la libertad de empresa (visto desde el ángulo económico), o en cambio poner el énfasis en el derecho de cada individuo a la información; o cuanto de cada cosa debe haber en la combinación de derechos.
Donde no hay discusión es en la regulación de las frecuencias abiertas: no hay prácticamente ningún país en que sea libre el uso de las frecuencias (es decir, que a gusto y paladar una empresa o institución tome una frecuencia y la utilice, con la misma libertad empresarial con que se puede instalar un quiosco o una tienda), sino que lo que rige en forma casi absoluta es la regulación en la adjudicación.
Otra discusión, interrelacionada con las dos anteriores, tiene que ver con el modelo de adjudicación de frecuencias. En principio es posible clasificar los diferentes sistemas existentes en el mundo occidental en tres grandes modelos. Un primer modelo, privatista, es el norteamericano (y el uruguayo) en que la radio y la televisión están esencialmente en manos de empresas privadas, con la complementación (no necesariamente) de frecuencias estatales (oficiales o, en la terminología norteamericana, “públicas”) que en general son de baja audiencia y están dirigidas a élites culturales. Un segundo modelo, en el otro extremo, estatista, es el anteriormente dominante en la Europa Occidental en que las frecuencias son todas estatales (especialmente en materia de TV, no necesariamente de radio). Y un tercer modelo, mixto, el dominante actualmente en Europa Occidental, que combina una proporción importante de señales es estatal (la intención es que cubra la alrededor de la mitad del mercado) y otra importante proporción es privada. A su vez, hay diversos modelos de financiamiento de la televisión estatal, a veces combinados y otros de manera exclusiva: recursos centrales del Estado (“rentas generales” en la terminología uruguaya), impuestos específicos a los tenedores de receptores de televisión o radio (llamados generalmente “canon”), publicidad comercial; y en el caso de las señales codificadas, pago por uso.
Si se utiliza la clasificación dominante en las ciencias sociales europeas sobre el eje derecha-izquierda desde el punto de vista económico (en que derecha es libertad económica e izquierda regulación o control estatal), cabe clasificar como de derecha el modelo privatista o norteamericano, de izquierda el modelo estatista o europeo antiguo, y como de centro (por equidistancia de los dos modelos extremos) el mixto o europeo actual. En este sentido, en cuanto a los modelos de emisores, el modelo uruguayo actual cabe clasificarlo como de derecha y -he aquí la sorpresa- el modelo en discusión como de centro derecha, pues no avanza lo suficiente en potenciar una televisión estatal para clasificarlo de mixto y por ende de centro. La ley de medios abre el camino a emisores “comunitarios”, es decir, entidades sin fines de lucro (para lo cual se ha presentado de un lado el movimiento sindical y del otro las grandes cámaras empresariales).
Hay varios elementos que denotan que la intención del oficialismo (tanto en la ley como en el decreto de regulación de frecuencias) es quedarse en un modelo esencialmente privatista, del tipo norteamericano: no existencia de fuerte financiamiento estatal ni para las señales estatales ni para las comunitarias, no proposición de la implantación de ningún canon a los consumidores con destino a las señales oficiales o comunitarias, no proyección de masivas inversiones para las señales estatales, tímido aumento de las señales estatales. En esencia, el modelo tiende a que el grueso de la emisión siga el modelo privado empresarial.
Más bien la ley de medios regula aspectos hasta ahora poco regulados por ley y más bien regulados por decreto y por actos administrativos, como lo es la adjudicación de frecuencias. Y avanza en algunos aspectos regulatorios como los topes de publicidad (ya existentes) y los horarios de protección al menor (también existente). Sin duda el aspecto más polémico está en el campo económico y empresarial, en cuanto afecta los intereses de los actuales emisores. Aunque llama la atención la dureza de la polémica instalada en torno a una ley que dista mucho de ir a los estándares europeos actuales. En materia electoral (tema para otro análisis), la ley nada dice de aspectos regulados en Europa como la igualdad de oportunidades de los actores políticos (la par conditio), la difusión de encuestas político-electorales o la publicidad electoral paga; en cambio, sí avanza en el otorgamiento de publicidad electoral gratuita.
17 sept 2013
Comisión congresal de Perú aprueba convenio que otorga a Bolivia salida al mar
Comisión congresal de Perú aprueba convenio que otorga a Bolivia salida al mar
11 septiembre, 2013 Perú
Después de dormir por tres años, la norma que da salida al mar a Bolivia al fin fue aprobada ayer, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, mediante un Convenio Marítimo con Bolivia, llamado “Boliviamar”, que propone una salida al Océano Pacífico a través del puerto de Ilo.
Aunque es criticable el sentido de oportunidad1 en que el Parlamento da luz verde a esta norma, esta aprobación se da luego de casi tres años de idas y venidas.
El titular de este grupo de trabajo, Martín Belaunde Moreyra, aseguró que no existe “ni un centímetro, ni un ápice, ni una pulgada” de cesión de territorio2 a Bolivia, línea en la que apuntaban los críticos a este acuerdo.
“Lo que se ha acordado es que no se construirá ninguna Escuela Naval en Ilo sino una Escuela de Marina Mercante Peruana, bajo jurisdicción peruana, con profesores e instructores peruanos, y bajo la supervisión y fiscalización de la Marina de Guerra del Perú”, dijo.
La norma debe obtener el visto bueno del Pleno, señala además que en todo momento el tratamiento de los buques de guerra de la Armada Boliviana o de los buques o barcos mercantes de Bolivia, en cuanto se acoderen en el puerto de Ilo, estarán totalmente sometidos a la legislación y jurisdicción peruana3.
Belaunde indicó que, a cambio, Bolivia nos permitirá acceder al Puerto Suárez de la Cuenca Pilcomayo y Paraná, que está en la Cuenca del Río de la Plata, lo que nos permitiría una salida al Océano Atlántico.
La propuesta fue aprobada en sesión reservada, con la asistencia de la canciller, Eda Rivas, quien expuso las implicancias políticas y económicas de este convenio.
Mediante el Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, el Perú cedió en 1992 una franja costera de 160 kilómetros sin soberanía a Bolivia para que pueda tener un acceso al Pacífico y realizar actividades industriales, comerciales y turísticas.
Saluda aprobación
El excanciller José Antonio García Belaunde, bajo cuya gestión fue planteado “Boliviamar”, saludó la aprobación del referido acuerdo por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que con ello da luz verde para su debate en el Pleno.
“Creo que es muy importante [la decisión de la comisión]. Me alegro mucho de que finalmente esta iniciativa que dimos para retomar la buena relación con Bolivia tome curso legal”, dijo a Expreso sobre este avance en la materialización del convenio suscrito en el año 2010.
García Belaunde, quien afirmó que el acuerdo será muy importante para las relaciones de Perú y Bolivia, descartó que el paso dado en el Congreso resulte inconveniente estando ad portas de la emisión, por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del fallo para el diferendo marítimo con Chile.
Boliviamar permite a Bolivia:
—Acceso permanente al Océano Pacífico y un punto de atraque en el Puerto de Ilo.
—La ampliación de la zona franca industrial a una zona económica especial, denominada ZOFIE, por 99 años.
—La Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE) que gozará de excepciones, un régimen especial en materia aduanera, tributaria y el régimen laboral y de seguridad social.
—Una Zona Franca Turística (ZFT) por 99 años donde las operaciones que se realicen en dicha zona estarán exoneradas del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo y del impuesto de promoción municipal.
—El derecho de propiedad de las personas naturales y/o jurídicas inversionistas bolivianas que operen en la ZFT
Cronología
1964
El presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro cortó relaciones diplomáticas con Chile, ante su negativa de negociar una salida boliviana al mar.
1973-1975
Los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer restablecieron las relaciones diplomáticas e intentaron zanjar disputas territoriales. Las negociaciones secretas se iniciaron en 1973 y en 1975 las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia fueron establecidas. Ese año, Pinochet y Banzer se reunieron en el pueblo fronterizo boliviano de Charaña. Pinochet acordó dar a Bolivia una pequeña franja de tierra entre la ciudad chilena de Arica y la frontera con Perú. Sin embargo, el Tratado de Lima entre Perú y Chile especificaba que Chile debía consultar a Perú antes de conceder cualquier tierra a un tercero en el área de Tarapacá.
1977
El presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, no estuvo de acuerdo con la oferta de Charaña y en cambio redactó su propia oferta, en la cual las tres naciones compartirían la administración del puerto de Arica y el mar inmediatamente delante de él4.
1978
Pinochet rechazó este acuerdo, y Banzer rompió lazos con Chile otra vez. El fracaso de los acuerdos de Charaña fue uno de los motivos de la caída de Banzer ese mismo año.
24-01-1992
Los expresidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, estrechan lazos de amistad en Ilo con la firma del convenio Boliviamar. Paz Zamora y Fujimori, quienes acudieron a Ilo, se mojaron los pies en el mar como señal de compromiso conjunto en torno al pacto.
Con el convenio, Perú cede a Bolivia una franja costera de 5 km en una playa ubicada a 17 km de Ilo, entre los departamentos sureños de Tacna y Moquegua. El mismo tenía una vigencia de 99 años renovables.
Ambos gobiernos acordaron que en el lugar serían construidos centros hoteleros y de recreación, lo que hasta el momento no ha sido concretado. Además, Perú concedió una extensión territorial de 163,5 hectáreas dentro de la Zona Franca Industrial de Ilo. Ello inicialmente por un plazo de 50 años renovables.
2006
Evo Morales y Michelle Bachelet establecen una agenda de 13 puntos en donde se aborda el tema marítimo. Significaría un avance significativo y que consolidaría los esfuerzos diplomáticos de ambos países por mantener un diálogo.
19-10-2010
Bolivia y Perú pusieron fin a años de roces políticos entre sus presidentes Evo Morales y Alan García, con la firma de un acuerdo que permitirá al país altiplánico tener acceso a Pacífico para sus vitales exportaciones, un acercamiento calificado de histórico.
Morales y García sellaron el pacto en el puerto de Ilo, que amplía un convenio suscrito en 1992 y por el cual Perú cedió a la mediterránea Bolivia una zona franca para un proyecto llamado “Boliviamar”.
Con el relanzamiento del pacto se renueva y amplía por 99 años la zona franca industrial concedida en 1992.
El nuevo pacto prevé la posibilidad de ampliación de la capacidad operativa del puerto para el atraque de buques de gran calado.
El nuevo convenio también contempla una cooperación entre las Marinas de Guerra de Perú y Bolivia, bajo la cual será establecida en Perú un anexo de la escuela naval de Bolivia y se autoriza a que buques de la Armada boliviana naveguen en Ilo con fines de cooperación e instrucción.
En el dictamen aprobado ayer por el Congreso este último punto fue descartado.
Con información de Expreso, Lima 10-09-2013
_______________
1 Esta norma fue postergada por intereses prochilenos en tono con “¡No se vayan a enojar los chilenos!” Ocurre cuando falta poco para la emisión del fallo de La Haya, por lo cual es destacable la decisión de la comisión cuando Bolivia ha presentado una demanda contra Chile porque este país le robó su litoral. ¡Qué barbaridad! [Nota de Con nuestro Perú.]
2 Pero a Chile sí se ha cedido las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar, sin efectuar siquiera una protesta formal ante organismos internacionales; y así Chile usurpa nuestro territorio con consentimiento de la fuerza armada peruana, del Poder Ejecutivo y del Congreso peruano. [Nota de Con nuestro Perú.]
3 El Congreso y el poder ejecutivo peruanos acatan la jurisdicción chilena en las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar que Chile usurpa. Por eso ningún militar o civil peruano transita por esa zona peruana bajo consentida ocupación militar chilena. [Nota de Con nuestro Perú.]
4 Chile no aceptó porque ya planeaba el robo de las cuatro hectáreas de Tacna y su mar. Leer Burla: Chile vuelve a ofrecer salida al mar a Bolivia por zona en litigio con el Perú. [Nota de Con nuestro Perú.]
http://www.connuestroperu.com/actualidad/19-actualidad/38793-al-fin-congreso-da-salida-al-mar-a-bolivia
11 septiembre, 2013 Perú
Después de dormir por tres años, la norma que da salida al mar a Bolivia al fin fue aprobada ayer, por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, mediante un Convenio Marítimo con Bolivia, llamado “Boliviamar”, que propone una salida al Océano Pacífico a través del puerto de Ilo.
Aunque es criticable el sentido de oportunidad1 en que el Parlamento da luz verde a esta norma, esta aprobación se da luego de casi tres años de idas y venidas.
El titular de este grupo de trabajo, Martín Belaunde Moreyra, aseguró que no existe “ni un centímetro, ni un ápice, ni una pulgada” de cesión de territorio2 a Bolivia, línea en la que apuntaban los críticos a este acuerdo.
“Lo que se ha acordado es que no se construirá ninguna Escuela Naval en Ilo sino una Escuela de Marina Mercante Peruana, bajo jurisdicción peruana, con profesores e instructores peruanos, y bajo la supervisión y fiscalización de la Marina de Guerra del Perú”, dijo.
La norma debe obtener el visto bueno del Pleno, señala además que en todo momento el tratamiento de los buques de guerra de la Armada Boliviana o de los buques o barcos mercantes de Bolivia, en cuanto se acoderen en el puerto de Ilo, estarán totalmente sometidos a la legislación y jurisdicción peruana3.
Belaunde indicó que, a cambio, Bolivia nos permitirá acceder al Puerto Suárez de la Cuenca Pilcomayo y Paraná, que está en la Cuenca del Río de la Plata, lo que nos permitiría una salida al Océano Atlántico.
La propuesta fue aprobada en sesión reservada, con la asistencia de la canciller, Eda Rivas, quien expuso las implicancias políticas y económicas de este convenio.
Mediante el Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, el Perú cedió en 1992 una franja costera de 160 kilómetros sin soberanía a Bolivia para que pueda tener un acceso al Pacífico y realizar actividades industriales, comerciales y turísticas.
Saluda aprobación
El excanciller José Antonio García Belaunde, bajo cuya gestión fue planteado “Boliviamar”, saludó la aprobación del referido acuerdo por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que con ello da luz verde para su debate en el Pleno.
“Creo que es muy importante [la decisión de la comisión]. Me alegro mucho de que finalmente esta iniciativa que dimos para retomar la buena relación con Bolivia tome curso legal”, dijo a Expreso sobre este avance en la materialización del convenio suscrito en el año 2010.
García Belaunde, quien afirmó que el acuerdo será muy importante para las relaciones de Perú y Bolivia, descartó que el paso dado en el Congreso resulte inconveniente estando ad portas de la emisión, por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del fallo para el diferendo marítimo con Chile.
Boliviamar permite a Bolivia:
—Acceso permanente al Océano Pacífico y un punto de atraque en el Puerto de Ilo.
—La ampliación de la zona franca industrial a una zona económica especial, denominada ZOFIE, por 99 años.
—La Zona Franca Industrial y Económica Especial (ZOFIE) que gozará de excepciones, un régimen especial en materia aduanera, tributaria y el régimen laboral y de seguridad social.
—Una Zona Franca Turística (ZFT) por 99 años donde las operaciones que se realicen en dicha zona estarán exoneradas del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo y del impuesto de promoción municipal.
—El derecho de propiedad de las personas naturales y/o jurídicas inversionistas bolivianas que operen en la ZFT
Cronología
1964
El presidente boliviano Víctor Paz Estenssoro cortó relaciones diplomáticas con Chile, ante su negativa de negociar una salida boliviana al mar.
1973-1975
Los generales Augusto Pinochet y Hugo Banzer restablecieron las relaciones diplomáticas e intentaron zanjar disputas territoriales. Las negociaciones secretas se iniciaron en 1973 y en 1975 las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia fueron establecidas. Ese año, Pinochet y Banzer se reunieron en el pueblo fronterizo boliviano de Charaña. Pinochet acordó dar a Bolivia una pequeña franja de tierra entre la ciudad chilena de Arica y la frontera con Perú. Sin embargo, el Tratado de Lima entre Perú y Chile especificaba que Chile debía consultar a Perú antes de conceder cualquier tierra a un tercero en el área de Tarapacá.
1977
El presidente peruano, general Francisco Morales Bermúdez, no estuvo de acuerdo con la oferta de Charaña y en cambio redactó su propia oferta, en la cual las tres naciones compartirían la administración del puerto de Arica y el mar inmediatamente delante de él4.
1978
Pinochet rechazó este acuerdo, y Banzer rompió lazos con Chile otra vez. El fracaso de los acuerdos de Charaña fue uno de los motivos de la caída de Banzer ese mismo año.
24-01-1992
Los expresidentes de Perú, Alberto Fujimori, y de Bolivia, Jaime Paz Zamora, estrechan lazos de amistad en Ilo con la firma del convenio Boliviamar. Paz Zamora y Fujimori, quienes acudieron a Ilo, se mojaron los pies en el mar como señal de compromiso conjunto en torno al pacto.
Con el convenio, Perú cede a Bolivia una franja costera de 5 km en una playa ubicada a 17 km de Ilo, entre los departamentos sureños de Tacna y Moquegua. El mismo tenía una vigencia de 99 años renovables.
Ambos gobiernos acordaron que en el lugar serían construidos centros hoteleros y de recreación, lo que hasta el momento no ha sido concretado. Además, Perú concedió una extensión territorial de 163,5 hectáreas dentro de la Zona Franca Industrial de Ilo. Ello inicialmente por un plazo de 50 años renovables.
2006
Evo Morales y Michelle Bachelet establecen una agenda de 13 puntos en donde se aborda el tema marítimo. Significaría un avance significativo y que consolidaría los esfuerzos diplomáticos de ambos países por mantener un diálogo.
19-10-2010
Bolivia y Perú pusieron fin a años de roces políticos entre sus presidentes Evo Morales y Alan García, con la firma de un acuerdo que permitirá al país altiplánico tener acceso a Pacífico para sus vitales exportaciones, un acercamiento calificado de histórico.
Morales y García sellaron el pacto en el puerto de Ilo, que amplía un convenio suscrito en 1992 y por el cual Perú cedió a la mediterránea Bolivia una zona franca para un proyecto llamado “Boliviamar”.
Con el relanzamiento del pacto se renueva y amplía por 99 años la zona franca industrial concedida en 1992.
El nuevo pacto prevé la posibilidad de ampliación de la capacidad operativa del puerto para el atraque de buques de gran calado.
El nuevo convenio también contempla una cooperación entre las Marinas de Guerra de Perú y Bolivia, bajo la cual será establecida en Perú un anexo de la escuela naval de Bolivia y se autoriza a que buques de la Armada boliviana naveguen en Ilo con fines de cooperación e instrucción.
En el dictamen aprobado ayer por el Congreso este último punto fue descartado.
Con información de Expreso, Lima 10-09-2013
_______________
1 Esta norma fue postergada por intereses prochilenos en tono con “¡No se vayan a enojar los chilenos!” Ocurre cuando falta poco para la emisión del fallo de La Haya, por lo cual es destacable la decisión de la comisión cuando Bolivia ha presentado una demanda contra Chile porque este país le robó su litoral. ¡Qué barbaridad! [Nota de Con nuestro Perú.]
2 Pero a Chile sí se ha cedido las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar, sin efectuar siquiera una protesta formal ante organismos internacionales; y así Chile usurpa nuestro territorio con consentimiento de la fuerza armada peruana, del Poder Ejecutivo y del Congreso peruano. [Nota de Con nuestro Perú.]
3 El Congreso y el poder ejecutivo peruanos acatan la jurisdicción chilena en las cuatro hectáreas de Tacna y los 36 000 km2 de mar que Chile usurpa. Por eso ningún militar o civil peruano transita por esa zona peruana bajo consentida ocupación militar chilena. [Nota de Con nuestro Perú.]
4 Chile no aceptó porque ya planeaba el robo de las cuatro hectáreas de Tacna y su mar. Leer Burla: Chile vuelve a ofrecer salida al mar a Bolivia por zona en litigio con el Perú. [Nota de Con nuestro Perú.]
http://www.connuestroperu.com/actualidad/19-actualidad/38793-al-fin-congreso-da-salida-al-mar-a-bolivia
16 sept 2013
Panama:patio trasero de los desechos de guerra norteamericanos.
BETTY BRANNAN JAEN – PARÍS, Francia. –El diario francés Le Monde publicó el martes, a doble página, un mapa mostrando los países que tienen armas químicas o que las han utilizado. Me sorprendió ver que Panamá figura prominentemente en ese mapa.
Tuve que leer la letra menuda para encontrar la explicación: Panamá tiene armas químicas en su territorio, pero no por voluntad propia, sino porque “fueron abandonadas por un tercer país”. Le Monde no dio el nombre de ese tercer país, pero los panameños sabemos cuál es. Por ello insistimos en que ese país tiene el deber absoluto de retirar de nuestro territorio esas armas químicas que hoy encuentra tan repugnantes. Su credibilidad moral y diplomática lo requiere.
Estamos hablando de miles de bombas venenosas que Estados Unidos dejó en nuestra tierras y mares. El Ejército estadounidense ha admitido que 64 millones de libras de gases venenosos –junto a 400 mil bombas químicas y 500 toneladas de basura radiactiva– fueron secretamente tirados a los océanos de su propio territorio y de varios países extranjeros, incluyendo Panamá, al concluir la Segunda Guerra Mundial.
En isla San José, se estima que Estados Unidos dejó unas tres mil bombas de gas mostaza y fosgeno, sea botadas al mar o enterradas en la jungla, donde incluso hay bombas a plena vista en la superficie. También hizo 31 mil experimentos con gas mostaza y fosgeno en la isla, usando a soldados puertorriqueños como conejillos de Indias, lo que fue una tortura para ellos, aunque no fueron obligados a respirar los gases porque eso hubiera sido mortal. (Explico: gas mostaza crea ampollas en la piel y, si se ha respirado el gas, en los pulmones. Fosgeno es un “gas asfixiante” que destruye los tejidos de los pulmones; la víctima muere ahogada en su propia sangre).
No se sabe la medida en que estas sustancias pueden haberse disipado con el pasar de los años o estén todavía activas; hay razones para sospechar que las que están enterradas se encuentran intactas y las que están en el mar podrían encontrarse en contenedores corroídos por el contacto prolongado con agua salada. En 2005, cuando el diario estadounidense Daily Press publicó una investigación, un experto opinó que el peligro aumenta con el pasar del tiempo en vez de disminuir.
En 2003, Washington hizo una oferta que la embajadora estadounidense a la época, Linda Watt, calificó de “muy generosa”. Washington ofreció apoyo financiero y adiestramiento para que Panamá hiciera su propio saneamiento de la isla San José, pero exigiendo que Panamá eximiera a Estados Unidos de toda responsabilidad. Se exigía que Panamá reconociera que “Estados Unidos no tiene obligación, responsabilidad o deuda alguna con respecto a las municiones que han sido descubiertas en isla San José o que puedan ser descubiertas en el futuro”.
Desde el momento de firmarse el acuerdo, según lo propuesto por Estados Unidos, “proceder contra el Gobierno de Panamá será el remedio exclusivo por cualquier acto u omisión” con respecto a la remoción de municiones de la isla. Además, la propuesta estipulaba que “el Gobierno de Panamá asume responsabilidad y defenderá, indemnizará y librará de responsabilidad a Estados Unidos de América… por todo y cualquier reclamo, proceso o fallo que pueda resultar de manera alguna, de manera integral o parcial, de cualquier acto u omisión de Estados Unidos de América… [que] de alguna manera se relacione con la presencia, retirada, destrucción, traslado o remoción de cualquier arma, municiones o explosivos en isla San José, o con cualquier sustancia relacionada a tales armas, municiones o explosivos, incluyendo pero no limitando a desechos tóxicos o peligrosos”.
El gobierno de Moscoso rechazó la oferta, acto que Watt tildó de “grave error”. De nada sirvió que Colin Powell, entonces secretario de Estado, había asegurado que Washington trataría de “hacer lo correcto” con respecto a las armas químicas en isla San José. Todavía lo estamos esperando.
www.prensa.com
Tuve que leer la letra menuda para encontrar la explicación: Panamá tiene armas químicas en su territorio, pero no por voluntad propia, sino porque “fueron abandonadas por un tercer país”. Le Monde no dio el nombre de ese tercer país, pero los panameños sabemos cuál es. Por ello insistimos en que ese país tiene el deber absoluto de retirar de nuestro territorio esas armas químicas que hoy encuentra tan repugnantes. Su credibilidad moral y diplomática lo requiere.
Estamos hablando de miles de bombas venenosas que Estados Unidos dejó en nuestra tierras y mares. El Ejército estadounidense ha admitido que 64 millones de libras de gases venenosos –junto a 400 mil bombas químicas y 500 toneladas de basura radiactiva– fueron secretamente tirados a los océanos de su propio territorio y de varios países extranjeros, incluyendo Panamá, al concluir la Segunda Guerra Mundial.
En isla San José, se estima que Estados Unidos dejó unas tres mil bombas de gas mostaza y fosgeno, sea botadas al mar o enterradas en la jungla, donde incluso hay bombas a plena vista en la superficie. También hizo 31 mil experimentos con gas mostaza y fosgeno en la isla, usando a soldados puertorriqueños como conejillos de Indias, lo que fue una tortura para ellos, aunque no fueron obligados a respirar los gases porque eso hubiera sido mortal. (Explico: gas mostaza crea ampollas en la piel y, si se ha respirado el gas, en los pulmones. Fosgeno es un “gas asfixiante” que destruye los tejidos de los pulmones; la víctima muere ahogada en su propia sangre).
No se sabe la medida en que estas sustancias pueden haberse disipado con el pasar de los años o estén todavía activas; hay razones para sospechar que las que están enterradas se encuentran intactas y las que están en el mar podrían encontrarse en contenedores corroídos por el contacto prolongado con agua salada. En 2005, cuando el diario estadounidense Daily Press publicó una investigación, un experto opinó que el peligro aumenta con el pasar del tiempo en vez de disminuir.
En 2003, Washington hizo una oferta que la embajadora estadounidense a la época, Linda Watt, calificó de “muy generosa”. Washington ofreció apoyo financiero y adiestramiento para que Panamá hiciera su propio saneamiento de la isla San José, pero exigiendo que Panamá eximiera a Estados Unidos de toda responsabilidad. Se exigía que Panamá reconociera que “Estados Unidos no tiene obligación, responsabilidad o deuda alguna con respecto a las municiones que han sido descubiertas en isla San José o que puedan ser descubiertas en el futuro”.
Desde el momento de firmarse el acuerdo, según lo propuesto por Estados Unidos, “proceder contra el Gobierno de Panamá será el remedio exclusivo por cualquier acto u omisión” con respecto a la remoción de municiones de la isla. Además, la propuesta estipulaba que “el Gobierno de Panamá asume responsabilidad y defenderá, indemnizará y librará de responsabilidad a Estados Unidos de América… por todo y cualquier reclamo, proceso o fallo que pueda resultar de manera alguna, de manera integral o parcial, de cualquier acto u omisión de Estados Unidos de América… [que] de alguna manera se relacione con la presencia, retirada, destrucción, traslado o remoción de cualquier arma, municiones o explosivos en isla San José, o con cualquier sustancia relacionada a tales armas, municiones o explosivos, incluyendo pero no limitando a desechos tóxicos o peligrosos”.
El gobierno de Moscoso rechazó la oferta, acto que Watt tildó de “grave error”. De nada sirvió que Colin Powell, entonces secretario de Estado, había asegurado que Washington trataría de “hacer lo correcto” con respecto a las armas químicas en isla San José. Todavía lo estamos esperando.
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15 sept 2013
Los grandes bancos que provocaron la crisis siguen en la impunidad
Los grandes bancos que provocaron la crisis siguen en la impunidad
14 septiembre 2013
Hace cinco años de la bancarrota del gigante financiero Lehman Brothers, y aún persiste el debate sobre cuánto deben costarles las decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos. La posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana.
Incluso aunque las leyes han evolucionado – en Reino Unido, el gobierno quiere penalizar la imprudencia bancaria – una repetición de la crisis financiera y el caso colapso mundial de 2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según algunos abogados.
El problema radica en la dificultad de culpar a una persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mano de una entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso.
“Se trata de las confusas líneas que separan la responsabilidad y el asumir las consecuencias”, dijo Judith Seddon, directora del departamento de regulación y delitos bancarios en el bufete de abogados Clifford Chance’s de Londres.
“Cuando se persigue a una sola persona, si ha delegado responsabilidades (…) Es mucho más difícil hacerlo en una gran organización”, añadió.
Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.
En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008.
En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluida la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión.
En Alemania y Países Bajos también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.
Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno.
Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.
¿BANQUEROS IMPRUDENTES?
El hecho de que se produzcan tan pocas condenas se origina en parte en que, en algunos países, las leyes que podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen.
El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osbore, dijo en julio que adoptaría las recomendaciones realizadas por un influyente grupo de parlamentarios de que los banqueros deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de “conducta imprudente en la gestión de un banco”.
“El regulador debería considerar responsable a la gente de manera personal por sus decisiones. Tienen que tener miedo al regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado”, dijo Mark Garnier, un diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias.
En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de defraudar en banca minorista.
La tentativa de Reino Unido de crear una ley “anti-imprudencias” permitiría, en teoría, castigar a grandes banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas decisiones fueron imprudentes entonces podría ser difícil.
“Las reuniones de los consejos (de administración) se registran cuidadosamente y por tanto podría haber pruebas detalladas, pero por muy imprudente que parezca alguien a toro pasado, ¿puede esto mantenerse en un juzgado?”, dijo Gregg Beechey, socio londinense del bufete SJ Berwin. “No llevarías a todo el consejo a votar una adquisición si esta no fuera razonablemente convincente en ese momento”.
El enfoque de los reguladores estadounidenses desde la crisis ha reflejado parte de estos desafíos. Aunque el supervisor bursátil Securities and Exchange Commission (SEC) ha acusado a más de 150 firmas e individuos en relación con la crisis financiera, los detractores señalan que no ha perseguido los suficiente a los ejecutivos bancarios de mayor rango.
“Vamos hacia donde nos llevan las pruebas”, dijo en el pasado el exdirector del departamento que vela por el cumplimiento de la ley en la SEC, Robert Khuzami, explicando que no se puede presentar cargos contra alguien simplemente por un “mal juicio”.
Lo que se percibe como una falta de voluntad política en algunos países para ir tras empresas y banqueros también podría empañar casos futuros.
A pesar del alto coste de los rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos, como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante una fuerte presión pública con motivo de la crisis.
“(En España) es más la ausencia de voluntad de llevar estos casos que la falta de instrumentos, ya que algunos casos podría probarse sin gran dificultad”, dijo Juan Torres, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, quien agregó que algunos estaban relacionados con claros ejemplos de fraude.
En su defecto, las demandas de clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa.
La frustración por el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque admiten que conseguirlo sería muy difícil.
En los últimos cinco años, el foco de las persecuciones legales a grandes banqueros aún no ha aumentado. Sin embargo, algunos discuten que la vida de los altos cargos es mucho más difícil de lo que era, en parte, porque ciertos países persiguen otras líneas de acción.
“Los instrumentos regulatorios pueden ser más poderosos que las leyes penales, aunque otro asunto es si esto es lo que la gente quiere”, dijo Beechey de SJ Berwin.
“Existe la sensación de que los reguladores pueden hacer algo sin determinar la carga de la prueba y desde luego están esforzándose cada vez más en perseguir a altos gestores”.
(Con información de Reuters)
14 septiembre 2013
Hace cinco años de la bancarrota del gigante financiero Lehman Brothers, y aún persiste el debate sobre cuánto deben costarles las decisiones fallidas a los presidentes de los grandes bancos. La posibilidad de sanciones legales para altos cargos del sector se mantiene como una amenaza lejana.
Incluso aunque las leyes han evolucionado – en Reino Unido, el gobierno quiere penalizar la imprudencia bancaria – una repetición de la crisis financiera y el caso colapso mundial de 2008 no llevaría aún hoy necesariamente a demasiadas imputaciones, según algunos abogados.
El problema radica en la dificultad de culpar a una persona por la toma de riesgos y decisiones en toda la cadena de mano de una entidad, lo que se convierte en uno de los mayores obstáculos para iniciar un proceso.
“Se trata de las confusas líneas que separan la responsabilidad y el asumir las consecuencias”, dijo Judith Seddon, directora del departamento de regulación y delitos bancarios en el bufete de abogados Clifford Chance’s de Londres.
“Cuando se persigue a una sola persona, si ha delegado responsabilidades (…) Es mucho más difícil hacerlo en una gran organización”, añadió.
Los reguladores en todo el mundo aumentaron su escrutinio a los bancos y actuaron contra los delitos financieros ante la ira de sus ciudadanos por los costosos rescates públicos y sus consecuente escándalos. Pero todo ello apenas ha resultado en unos pocos intentos de presentar cargos contra aquellos que se encuentran en lo más alto del escalafón bancario.
En Estados Unidos, sede de Lehman Brothers, ningún alto cargo en todo Wall Street o la banca comercial ha sido condenado en relación a la crisis bancaria de 2008.
En territorio europeo, la implosión del sector financiero de Islandia hace cinco años ha finalizado con algunas de las sentencias más importantes, incluida la del expresidente de la entidad bancaria Glitnir, que fue condenado a prisión.
En Alemania y Países Bajos también se han producido, de manera aislada, condenas de directivos, y algunos casos relevantes pudieron materializarse. La cúpula ejecutiva al completo del banco alemán HSH Nordbank está siendo juzgada por las decisiones tomadas en el transcurso de la crisis.
Pero en Reino Unido, donde Royal Bank of Scotland y Lloyds fueron rescatados con un coste de 66.000 millones de libras (78.500 euros), ningún alto cargo bancario ha sido acusado de delito alguno.
Tres ejecutivos de la entidad irlandesa Anglo Irish Bank serán juzgados en 2014, cinco años después de que la investigación al banco comenzara, mientras que en España, unas 100 personas están siendo investigadas por los tribunales por dejar las entidades arruinadas tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, aunque ninguna ha sido procesado aún.
¿BANQUEROS IMPRUDENTES?
El hecho de que se produzcan tan pocas condenas se origina en parte en que, en algunos países, las leyes que podrían haberse aplicado contra tales delitos simplemente no existen.
El ministro de Finanzas de Reino Unido, George Osbore, dijo en julio que adoptaría las recomendaciones realizadas por un influyente grupo de parlamentarios de que los banqueros deberían afrontar la pena de cárcel por un nuevo delito de “conducta imprudente en la gestión de un banco”.
“El regulador debería considerar responsable a la gente de manera personal por sus decisiones. Tienen que tener miedo al regulador, lo que desde luego no ocurrió en el pasado”, dijo Mark Garnier, un diputado conservador de la Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias.
En Estados Unidos, los fiscales siguen buscando nuevas estrategias para incriminar a banqueros de Wall Street que concedieron las hipotecas basura que iniciaron la crisis financiera, incluyendo el uso de una vieja ley que pretende castigar a aquellas personas de defraudar en banca minorista.
La tentativa de Reino Unido de crear una ley “anti-imprudencias” permitiría, en teoría, castigar a grandes banqueros por tomar decisiones fallidas. Pero demostrar que esas decisiones fueron imprudentes entonces podría ser difícil.
“Las reuniones de los consejos (de administración) se registran cuidadosamente y por tanto podría haber pruebas detalladas, pero por muy imprudente que parezca alguien a toro pasado, ¿puede esto mantenerse en un juzgado?”, dijo Gregg Beechey, socio londinense del bufete SJ Berwin. “No llevarías a todo el consejo a votar una adquisición si esta no fuera razonablemente convincente en ese momento”.
El enfoque de los reguladores estadounidenses desde la crisis ha reflejado parte de estos desafíos. Aunque el supervisor bursátil Securities and Exchange Commission (SEC) ha acusado a más de 150 firmas e individuos en relación con la crisis financiera, los detractores señalan que no ha perseguido los suficiente a los ejecutivos bancarios de mayor rango.
“Vamos hacia donde nos llevan las pruebas”, dijo en el pasado el exdirector del departamento que vela por el cumplimiento de la ley en la SEC, Robert Khuzami, explicando que no se puede presentar cargos contra alguien simplemente por un “mal juicio”.
Lo que se percibe como una falta de voluntad política en algunos países para ir tras empresas y banqueros también podría empañar casos futuros.
A pesar del alto coste de los rescates, en España, por ejemplo, los políticos de los principales partidos han evitado pedir investigaciones sobre distintos bancos fallidos, como ocurrió en Reino Unido después de que el Gobierno británico se viese ante una fuerte presión pública con motivo de la crisis.
“(En España) es más la ausencia de voluntad de llevar estos casos que la falta de instrumentos, ya que algunos casos podría probarse sin gran dificultad”, dijo Juan Torres, profesor de Economía en la Universidad de Sevilla, quien agregó que algunos estaban relacionados con claros ejemplos de fraude.
En su defecto, las demandas de clientes y grupos de activistas han llevado a la Audiencia Nacional a investigar varios colapsos bancarios como el de Bankia, que fue rescatada en 2012 menos de un año después de salir a bolsa.
La frustración por el lento avance de los procesos probatorios en España está llevando a algunos grupos activistas a considerar hacer lobby en Naciones Unidas para conseguir que incluyan los delitos económicos como crímenes contra la humanidad, aunque admiten que conseguirlo sería muy difícil.
En los últimos cinco años, el foco de las persecuciones legales a grandes banqueros aún no ha aumentado. Sin embargo, algunos discuten que la vida de los altos cargos es mucho más difícil de lo que era, en parte, porque ciertos países persiguen otras líneas de acción.
“Los instrumentos regulatorios pueden ser más poderosos que las leyes penales, aunque otro asunto es si esto es lo que la gente quiere”, dijo Beechey de SJ Berwin.
“Existe la sensación de que los reguladores pueden hacer algo sin determinar la carga de la prueba y desde luego están esforzándose cada vez más en perseguir a altos gestores”.
(Con información de Reuters)
Uruguay: Orwell, Badiou y los monstruos que engendra el progresismo
Uruguay: Orwell, Badiou y los monstruos que engendra el progresismo
Agustín Cano
SURda 12/9/13
En estos días se ha podido constatar que los servicios de inteligencia del Uruguaycontinúan teniendo entresus objetivos a las organizaciones sociales, recurren todavía a los mismos métodos de la pre-dictadura y la dictadura (infiltración, golpizas, amedrentamiento, tortura), lo hacen con una soltura de cuerpo (y palos) propia de la impunidad que saben tener y gozar (porque gozan, a juzgar por los testimonios), gracias al respaldo político evidente de las autoridades del Ministerio del Interior, así como del Poder Judicial (notorio en la actuación de la juez Julia Elena Staricco) y de los principales medios de prensa de la derecha (1)
La difusión de la infiltración de inteligencia policial a la marcha de los Mártires Estudiantiles y la represión allí desatada, las detenciones ilegales realizadas diez días después en torno a la marcha conmemorativa de la “masacre del Filtro”, y luego los abusos policiales en Santa Catalina, ha causado una indignación apenas mayor que el asombro (2)
Las expresiones de repudio y denuncia de estos abusos provocadas por estos sentimientos de indignación y asombro, son lo principal. Pero además, hay algunas preguntas cuyas respuestas no están claras.
¿Por qué los servicios de inteligencia, las “fuentes policiales”, y los medios por los cuales esas fuentes se expresan insisten permanentemente en la omnipresencia de la organización Plenaria Memoria y Justicia (y sus aliados, los más esquivos “anarquistas”) en cuanto acto más o menos desmadrado ocurre, habría ocurrido o podría ocurrir?
¿Por qué tanta atención a una organización cuyas dimensiones son más pequeñas que cualquier sindicato pequeño? Partiendo de la base de que el abuso policial perpetrado a los detenidos es deleznable e injustificable bajo cualquier circunstancia, ¿es efectivamente la Plenaria (y sus aliados los anarquistas) un enemigo tan poderoso como para convocar la atención (y el presupuesto) de los servicios de inteligencia, la policía, los jueces, el Ministro y la prensa?
La atención dispensada a la Plenaria es a todas luces desmesurada en relación a la significación política y la fuerza concreta de dicha organización.
Entonces: ¿a qué se debe todo esto? Hay dos explicaciones posibles a partir de diálogos ficticios con George Orwell y Alain Badiou.
La explicación de Orwell
Especialista en los engranajes de la máquina estatal totalitaria (cuya implacabilidad conoció directamente), George Orwell describió en profundidad el mecanismo de creación-amplificación, por parte del Estado, de UN ENEMIGO INTERNO constitutivo de una amenaza a la seguridad (3)
La necesidad de combatir dicho enemigo se transforma entonces en el eje de justificación de una gama creciente e interminable de acciones represivas, al tiempo que sirve, simultáneamente, como fuente de estigmatización-deslegitimación de toda voz disidente.
Tener un enemigo interno omnipresente y amenazador resulta altamente rentable en la economía represiva disecada por Orwell.
La dictadura de Uruguay hizo un uso “de manual” de dicho recurso, descubriendo y persiguiendo a la “amenaza marxista”omnipresente en gremios, escuelas, fábricas, facultades, y hasta en el parlamento, y barriendo con la fuerza del impulso represivo a todas las organizaciones populares o fuerzas de oposición existentes.
Hasta el final de sus días, los militares descubrieron y desmontaron inminentes atentados que recordaban a la población la peligrosidad de esa amenaza siempre latente, y como pensaban quedarse por los tiempos de los tiempos, lo documentaron todo con lujo de detalles en su “Testimonio de una nación agredida”.
A la luz de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, cabría preguntarse, por más incómodo y extraño que parezca, si no estamos asistiendo a un proceso similar. La Plenaria Memoria y Justicia (y sus aliados los anarquistas) parecen venir a ocupar el lugar del enemigo interno omnipresente.
Y para eso son de algún modo allí puestos por parte de “las fuentes policiales” y los medios que las citan: en todos los últimos acontecimientos, la Plenaria fue noticia por haber sido mencionada por parte de las fuentes policiales y la prensa, y no por haber realizado tal o cual acción.
El mecanismo de nombrar todo el tiempo a la Plenaria, aún para decir que no se los vio en el lugar de los hechos, es el mismo utilizado por el informativista que al presentar la noticia de una rapiña informa que “entre los asaltantes no había menores”,i nstalando el significante “menor” en la escena de cualquier crimen, sea o no perpetrado por adolescentes nacidos luego de 1995.
Es decir, pareciera evidente una operación que va volviendo a la Plenaria omnipresente, junto a grupos de identificación más difusa (condición necesaria de un enemigo interno omnipresente) como “los anarquistas” (4)
¿Y por qué elegir a la Plenaria? Por lo pronto, se trata de una organización que cumple con algunas características que la llevan a ocupar con relativa facilidad el lugar de la “víctima propiciatoria” (como le llamaría Thomas Szász).
En particular: ser una organización contraria al gobierno, fuertemente deslegitimada y aislada, irreversiblemente enemistada con todo el entorno de la izquierda sindical y política, y cuya posibilidades (y capacidades) de comunicación política con el conjunto de la sociedad son prácticamente nulas.
En definitiva, se trata por un lado de un cuco fácil de agitar, y por otro de una víctima potencial por la que casi nadie está dispuesto a dar un pelo por salvar.
Ysi bien parece difícil que la sociedad uruguaya esté dispuesta a creerse tan fácilmente la idea de la peligrosidad disolvente de la Plenaria y sus aliados los anarquistas, parece claro que se trata de un tiro por elevación dirigido al conjunto de expresiones disidentes, reales o potenciales, presentes o futuras.
El poder es paranoico
Lo cierto es que si la explicación orwelliana es pertinente en este caso, de la mano de la construcción del enemigo interno, pronto veremos consolidarse las condiciones para criminalizar, reprimir, y judicializar al conjunto de expresiones disidentes de la izquierda gobernante.
Toda voz crítica, para ser escuchada, deberá antes defenderse por anticipado de las acusaciones siempre latentes de “ultra”, “radical”, “plenaria” o “anarquista”, firmando una suerte de credencial tácita de fe democrática que le permita seguir perteneciendo al mundo de los vivos.
De qué ladrillos están hechos los gulag del progresismo.
La explicación de Badiou
La explicación del filósofo franco-marroquí Alain Badiou es tan alarmante como la de Orwell. Badiou analizó el mecanismo operativo del miedo en relación a las elecciones francesas de 2007 en las que resultó electo presidente Nicolás Sarkozy.
Sostiene Badiou que dichas elecciones fueron paradigmáticas de la ficción electoral como sustitutiva de la política, dada la vacuidad de las opciones electorales existentes en relación a proposiciones efectivamente transformadoras de la sociedad.
Afirma: “Supongamos que la política es (...) 'la acción colectiva organizada, conforme a ciertos principios, que intenta desarrollar en lo real las consecuencias de una nueva posibilidad que se encuentra rechazada por el estado de cosas dominante'.
Por consiguiente, es necesario concluir que el voto al que se nos invita es una práctica esencialmente apolítica. Está sometido, pues, al sin-principio del afecto” (5)
Ante esta anulación de la política y su sustitución por el terreno del puro afecto (por lo demás, potencial caldo de cultivo de los fascismos y fanatismos de todos los tiempos), sostiene Badiou que la contienda electoral se limita a la articulación de dos tipos de miedos en contradicción.
Por una parte un miedo que llama “esencial” o “primitivo”, el cual proviene de la situación subjetiva de quien teme perder privilegios o caer en la decadencia, que “se centra en los chivos expiatorios tradicionales: los extranjeros, los pobres, los países lejanos a los que no nos queremos parecer” (6)
“Este miedo, conservador y crepuscular, crea el deseo de tener un amo que proteja, aunque sea oprimiéndonos y empobreciéndoos aún más” (7)
Y por otra parte, el otro polo de la contradicción que articula la elección, es un miedo derivado de este miedo “primitivo” y “esencial”, que Badiou define como el miedo a las consecuencias de ese miedo primario.
Se trata del miedo “que el primer miedo provoca en la medida que invoca un tipo de amo, el poli nervioso, que el pequeño burgués socialista ni conoce ni aprecia.
Se trata de un miedo derivado cuyo contenido, más allá del afecto, es realmente indiscernible” (8)
Este segundo miedo es además impotente, no logra articular un discurso alternativo a la trampa de la amenaza inmigrante y la respuesta policial, y quienes en la coyuntura electoral hacen uso de él (la oposición electoral a la derecha, en Francia el Partido Socialista) se limitan a agitarlo, proclamando los peligros de la escalada represiva que traería el primer miedo si ganara la derecha, casi que como único argumento diferencial de esa derecha.
¿Es posible aplicar algunos elementos del análisis de Badiou a la reflexión sobre la coyuntura uruguaya?
En Uruguay, en lo que hace a temas como el de la “seguridad”, el escenario político se presenta diagramado por la derecha, la cual ha logrado, ya no sólo instituir el problema de la inseguridad como el problema central de la agenda política, sino también fijar la racionalidad y los marcos de análisis con que dicha problemática se piensa, esto es, a través de la criminalización de los jóvenes y la pobreza (9), la invisibilización de las condiciones de injusticia social de fondo en el problema, y ahora -además- la construcción de un enemigo interno peligroso.
Así parece pensarlo también Constanza Moreira, cuando, al analizar el estado del debate social en torno a la inseguridad y la “minoridad infractora”, sostiene que “aunque hubo una suerte de consenso académico sobre el tema en el que primó una visión completamente contraria a la "mano dura", lo que triunfó como mensaje, fue que el asunto de los jóvenes que rapiñan y matan se había vuelto casi inmanejable para la sociedad uruguaya.
A ello colaboramos también desde el Frente Amplio, no sólo en la campaña electoral -cuando definimos el tema de la seguridad pública como central, arrinconados por el juego que ya habían definido los partidos de la oposición- sino cuando transformamos la 'seguridad pública' en la prioridad presupuestal, y acabamos, tratando de darle una solución al problema, multiplicándolo con derivaciones impredecibles” (10)
De este modo, el miedo, a través de la institución de la amenaza de la delincuencia juvenil, o de “grupos disolventes”, se configura como un ELEMENTO ESTRATÉGICO de primer orden de cara a la próxima contienda electoral, en modo similar a lo analizado por Badiou.
Y si se observan las características concretas del escenario político uruguayo, no es algo a descartar que en dichas elecciones los partidos de la derecha sigan marcando la agenda de la seguridad y proponiendo además un programa muy pragmático al respecto (como la baja de la edad de imputabilidad); y vaya si cuentan con un candidato ideal para ello.
Y si tal fuera el contexto, del otro lado, no parece irracional imaginar al progresismo en la trampa, sin encontrar a esa altura mucho más margen de maniobra que la agitación impotente del miedo al miedo (y vaya si para eso, encontrará del lado de enfrente un candidato que mete miedo).
Parafraseando a Badiou, cabría preguntarse:
¿Qué representa el nombre de Bordaberry?
Ahora bien, lo peculiar en este caso es que, contrariamente a lo que cabría esperar en primera instancia, el progresismo gobernante no se limitará a agitar el “miedo al miedo”.
Lo que parece claro es que el gobierno está dispuesto a disputarle a la derecha el patrimonio de la mano dura y su pragmatismo operativo, lo cual en el cálculo inmediato podría permitirle sortear el costo electoral que le reportaría quedar ubicado en el lugar de la impotencia de respuestas al problema de la seguridad, aún a costa de mimetizarse con (transformarse en) las posiciones más reaccionarias.
Pareciera que, de cara a las próximas elecciones, el gobierno intentará una presentación bi-polar: agitar a la vez el miedo y el miedo al miedo; ser la alternativa al candidato que mete miedo; y ser también la mano dura que reclama el miedo primario.
En cualquier caso, lo más importante es observar que, si estos procesos se consolidan, se debe tener en cuenta que el miedo, según analiza Badiou, no tiene solamente una dimensión operativa articulatoria de los límites de una elección.
Mucho más que esto, el miedo ha pasado a formar parte constitutiva del propio Estado contemporáneo, en sustitución de la política: “... a falta de toda política en sentido propio, el miedo se incorpora al Estado como sustrato de su propia independencia.
El miedo valida el Estado. La operación electoral incorpora al Estado el miedo y el miedo al miedo, de manera que un elemento subjetivo de masas consigue validar el Estado. Digamos que tras estas elecciones el elegido (...) estará legitimado en la cima del Estado por haberle sabido sacar tajada al miedo
Tendrá entonces las manos libres, puesto que, desde el momento en que el Estado ha quedado investido por el miedo, puede dar miedo con toda libertad. La dialéctica última es la delmiedo y el terror. Virtualmente, un Estado legitimado por el miedo está habilitado para convertirse en un estado terrorista” (11)
No han sido tan numerosas como deberían las voces de rechazo a las infiltraciones, persecuciones políticas, acosos y detenciones ilegales perpetradas por la policía. Como consigna Samuel Blixen (12), el tema reviste una gravedad tal que, aunque sea hoy algo inesperable, ameritaría una impostergable censura y pedido de renuncia del Ministro Bonomi
El origen de esta situación se remonta a algunos años atrás, desde que con la salida de José Díaz del Ministerio del Interior se terminaron las perspectivas de una política de izquierda en materia de seguridad interior.
Defenestrado un día sí y otro también por la derecha y su prensa, Díaz llevó adelante la ley de humanización del sistema carcelario, econoció el derecho de ocupación como extensión del derecho de huelga, y -es sabido- dio la orden de que los servicios de inteligencia dejaran de vigilar a las organizaciones sociales y sindicales (como hacían ininterrumpidamente desde la pre-dictadura) ydirigieran sus operaciones a investigar el narcotráfico y el crimen de cuello blanco.
Luego de la salida de José Díaz, el gobierno fue asumiendo como propio el discurso de la derecha en materia de seguridad (y no faltaron los gobernantes progresistas que por lo bajo asumieron también como propias las críticas de la derecha al ex ministro).
En los últimos años, este viraje se fue traduciendo en el plano político en una restauración conservadora en el Ministerio del Interior.
Hoy se hace evidente que tal restauración alcanzó también a los servicios de inteligencia, que han retornado a lo que, con mayor o menor intensidad, han hecho desde los años 60, y saben realmente hacer: vigilar y amedrentar a las organizaciones populares
Lamentablemente no es una exageración evocar las explicaciones de Orwell y Badiou para comprender lo que está sucediendo en nuestro país. La gravedad de los hechos y lo que estos evidencian impone encender la luz de alarma.
El psicoanalista argentino Marcelo Percia, al analizar los mecanismos psicológicos por los cuales se internaliza como conducta espontánea la “rutinización de la obediencia” (de la que habla Rico), destaca el papel del mecanismo de defensa de la desmentida, por la cual una evidencia a la vez se admite y se anula.
Advierte Percia: “Una forma de la desmentida es la incredulidad: el incrédulo se resiste a creer en lo que sabe, se conduce como si la realidad exagerara ante sus ojos. La incredulidad dice: 'No puedo creer que, en un país que produce alimentos, haya gente que se muere de hambre'. Increíble es algo declarado imposible o indeseable antes de que ocurra, mientras que increído es algo ya ocurrido que, siendo admitido, sigue sin ser aceptado. La desmentida tiene en común con la abolición de la experiencia y la negación, su complicidad con la disociación” ( 13)
La detención ilegal de personas por su modo de pensar, el acoso, la tortura, son realidades pertenecientes al pasado, a la dictadura, al fascismo. La posibilidad de su re-edición en la actualidad es un dato imposible de ser asumido por parte de las buenas conciencias progresistas, y resulta negado o desmentido.
Percia, citando Sartre, recuerda hasta qué punto “las conciencias progresistas niegan la presencia potencial del mal y el horror en sus espíritus puros”.
A diferencia de la razón en sueños de Goya, en plena vigilia, engendra monstruos el progresismo.
Notas:
1 Con particular protagonismo de El Observador, que llegó a incluir en sus cobertura menciones a vínculos entre la Plenaria Memoria y Justicia y grupos neonazis, en un “operativo enchastre” sumamente grotesco.
2 Aún cuando el abuso policial a los jóvenes en los barrios no es una novedad. Ver por ejemplo el reportaje publicado por “La Diaria” en febrero de 2011 a propósito de los abusos policiales en Casavalle ( http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/2/la-ley-es-otra/ ).
3 Ver de George Orwell: “Rebelión en la granja” y “1984”.
4 A su vez, la represión policial en la marcha estudiantil del 14 de agosto, lejos de ser una respuesta ocasional a una agresión, tiene todas las características de un operativo planificado.
La existencia de un grupo pequeño de militantes encapuchados que utilizan dicha marcha para desarrollar pintadas y otras acciones que no han sido acordadas por los organizadores de la marcha sucede desde hace muchos años.
Hasta ahora, el fenómeno (previsible por lo habitual) había sido abordado y resuelto de un modo u otro por los propios organizadores de la marcha.
La acción policial en esta ocasión pareciera responder a objetivos de amplificar más que reducir las consecuencias de esas expresiones, reprimiendo al barrer al conjunto de los miles de manifestantes, y generando una situación de “desorden”, sobre la que se construirá luego el discurso de la amenaza.
5 Badiou, Alain (2008): “¿Qué representa el nombre de Sarkozy?”. Pontevedra: Ellago Ediciones (p.12).
6 Ídem (p. 24).
7 Ídem (p. 10).
8 Ídem (p. 11).
9 Álvaro Rico observa la existencia de continuidades entre el proceso de criminalización de la pobreza y la juventud a través del lugar otorgado al problema de la inseguridad ciudadana por parte de las democracias pos-dictadura, y su antecedente en la militarización de la sociedad de los años '60 y '70: “Si el delito político, considerado por el Estado como 'subversión' constituyó en los años sesenta-setenta gran parte de la justificación discursiva de un proceso creciente de policialización y militarización de la sociedad que, finalmente, desembocó en el golpe de Estado y la dictadura, el delito social parece también constituir, desde los años ochenta-noventa del siglo pasado, un eje central de la argumentación del orden público y de la definición de la situación como 'excepcional'” . Rico denomina a este fenómeno como “lacriminalización de la sociedad desde el Estado” y destaca el hecho de que dicha operación se sostiene gracias a “la integración voluntaria de la ciudadanía en el orden legal-policial del Estado tras la demanda de seguridad” en lo que define como un “mecanismo de rutinización de la obediencia”
Esto es lo fundamental: la sociedad no padece el control, lo sostiene. (Rico, Álvaro [2005]:
“Cómo nos domina la clase gobernante: orden político y obediencia social en la democracia posdictadura Uruguay (1985-2005)”, Montevideo: Trilce. [p. 145]).
10 Constanza Moreira en: Diario “La República” (11/04/2011).
11 Op. cit. (p. 14)
12 Samuel Blixen, “El túnel del tiempo”, en “Brecha” (07/09/2013)
13 Percia, Marcelo (2008): “Política de la desmentida: crítica de las conciencias buenas”. Revista “Pensamiento de los confines”, Nº 22, julio de 2008. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Agustín Cano es Licenciado en Psicología y docente e investigador del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, Uruguay. Forma parte del equipo periodístico del programa radial “Arquero Peligro”
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173800#sdfootnote12sym
(los destaques y subrayados son de PIRINCHO)
Agustín Cano
SURda 12/9/13
En estos días se ha podido constatar que los servicios de inteligencia del Uruguaycontinúan teniendo entresus objetivos a las organizaciones sociales, recurren todavía a los mismos métodos de la pre-dictadura y la dictadura (infiltración, golpizas, amedrentamiento, tortura), lo hacen con una soltura de cuerpo (y palos) propia de la impunidad que saben tener y gozar (porque gozan, a juzgar por los testimonios), gracias al respaldo político evidente de las autoridades del Ministerio del Interior, así como del Poder Judicial (notorio en la actuación de la juez Julia Elena Staricco) y de los principales medios de prensa de la derecha (1)
La difusión de la infiltración de inteligencia policial a la marcha de los Mártires Estudiantiles y la represión allí desatada, las detenciones ilegales realizadas diez días después en torno a la marcha conmemorativa de la “masacre del Filtro”, y luego los abusos policiales en Santa Catalina, ha causado una indignación apenas mayor que el asombro (2)
Las expresiones de repudio y denuncia de estos abusos provocadas por estos sentimientos de indignación y asombro, son lo principal. Pero además, hay algunas preguntas cuyas respuestas no están claras.
¿Por qué los servicios de inteligencia, las “fuentes policiales”, y los medios por los cuales esas fuentes se expresan insisten permanentemente en la omnipresencia de la organización Plenaria Memoria y Justicia (y sus aliados, los más esquivos “anarquistas”) en cuanto acto más o menos desmadrado ocurre, habría ocurrido o podría ocurrir?
¿Por qué tanta atención a una organización cuyas dimensiones son más pequeñas que cualquier sindicato pequeño? Partiendo de la base de que el abuso policial perpetrado a los detenidos es deleznable e injustificable bajo cualquier circunstancia, ¿es efectivamente la Plenaria (y sus aliados los anarquistas) un enemigo tan poderoso como para convocar la atención (y el presupuesto) de los servicios de inteligencia, la policía, los jueces, el Ministro y la prensa?
La atención dispensada a la Plenaria es a todas luces desmesurada en relación a la significación política y la fuerza concreta de dicha organización.
Entonces: ¿a qué se debe todo esto? Hay dos explicaciones posibles a partir de diálogos ficticios con George Orwell y Alain Badiou.
La explicación de Orwell
Especialista en los engranajes de la máquina estatal totalitaria (cuya implacabilidad conoció directamente), George Orwell describió en profundidad el mecanismo de creación-amplificación, por parte del Estado, de UN ENEMIGO INTERNO constitutivo de una amenaza a la seguridad (3)
La necesidad de combatir dicho enemigo se transforma entonces en el eje de justificación de una gama creciente e interminable de acciones represivas, al tiempo que sirve, simultáneamente, como fuente de estigmatización-deslegitimación de toda voz disidente.
Tener un enemigo interno omnipresente y amenazador resulta altamente rentable en la economía represiva disecada por Orwell.
La dictadura de Uruguay hizo un uso “de manual” de dicho recurso, descubriendo y persiguiendo a la “amenaza marxista”omnipresente en gremios, escuelas, fábricas, facultades, y hasta en el parlamento, y barriendo con la fuerza del impulso represivo a todas las organizaciones populares o fuerzas de oposición existentes.
Hasta el final de sus días, los militares descubrieron y desmontaron inminentes atentados que recordaban a la población la peligrosidad de esa amenaza siempre latente, y como pensaban quedarse por los tiempos de los tiempos, lo documentaron todo con lujo de detalles en su “Testimonio de una nación agredida”.
A la luz de los hechos que están ocurriendo en la actualidad, cabría preguntarse, por más incómodo y extraño que parezca, si no estamos asistiendo a un proceso similar. La Plenaria Memoria y Justicia (y sus aliados los anarquistas) parecen venir a ocupar el lugar del enemigo interno omnipresente.
Y para eso son de algún modo allí puestos por parte de “las fuentes policiales” y los medios que las citan: en todos los últimos acontecimientos, la Plenaria fue noticia por haber sido mencionada por parte de las fuentes policiales y la prensa, y no por haber realizado tal o cual acción.
El mecanismo de nombrar todo el tiempo a la Plenaria, aún para decir que no se los vio en el lugar de los hechos, es el mismo utilizado por el informativista que al presentar la noticia de una rapiña informa que “entre los asaltantes no había menores”,i nstalando el significante “menor” en la escena de cualquier crimen, sea o no perpetrado por adolescentes nacidos luego de 1995.
Es decir, pareciera evidente una operación que va volviendo a la Plenaria omnipresente, junto a grupos de identificación más difusa (condición necesaria de un enemigo interno omnipresente) como “los anarquistas” (4)
¿Y por qué elegir a la Plenaria? Por lo pronto, se trata de una organización que cumple con algunas características que la llevan a ocupar con relativa facilidad el lugar de la “víctima propiciatoria” (como le llamaría Thomas Szász).
En particular: ser una organización contraria al gobierno, fuertemente deslegitimada y aislada, irreversiblemente enemistada con todo el entorno de la izquierda sindical y política, y cuya posibilidades (y capacidades) de comunicación política con el conjunto de la sociedad son prácticamente nulas.
En definitiva, se trata por un lado de un cuco fácil de agitar, y por otro de una víctima potencial por la que casi nadie está dispuesto a dar un pelo por salvar.
Ysi bien parece difícil que la sociedad uruguaya esté dispuesta a creerse tan fácilmente la idea de la peligrosidad disolvente de la Plenaria y sus aliados los anarquistas, parece claro que se trata de un tiro por elevación dirigido al conjunto de expresiones disidentes, reales o potenciales, presentes o futuras.
El poder es paranoico
Lo cierto es que si la explicación orwelliana es pertinente en este caso, de la mano de la construcción del enemigo interno, pronto veremos consolidarse las condiciones para criminalizar, reprimir, y judicializar al conjunto de expresiones disidentes de la izquierda gobernante.
Toda voz crítica, para ser escuchada, deberá antes defenderse por anticipado de las acusaciones siempre latentes de “ultra”, “radical”, “plenaria” o “anarquista”, firmando una suerte de credencial tácita de fe democrática que le permita seguir perteneciendo al mundo de los vivos.
De qué ladrillos están hechos los gulag del progresismo.
La explicación de Badiou
La explicación del filósofo franco-marroquí Alain Badiou es tan alarmante como la de Orwell. Badiou analizó el mecanismo operativo del miedo en relación a las elecciones francesas de 2007 en las que resultó electo presidente Nicolás Sarkozy.
Sostiene Badiou que dichas elecciones fueron paradigmáticas de la ficción electoral como sustitutiva de la política, dada la vacuidad de las opciones electorales existentes en relación a proposiciones efectivamente transformadoras de la sociedad.
Afirma: “Supongamos que la política es (...) 'la acción colectiva organizada, conforme a ciertos principios, que intenta desarrollar en lo real las consecuencias de una nueva posibilidad que se encuentra rechazada por el estado de cosas dominante'.
Por consiguiente, es necesario concluir que el voto al que se nos invita es una práctica esencialmente apolítica. Está sometido, pues, al sin-principio del afecto” (5)
Ante esta anulación de la política y su sustitución por el terreno del puro afecto (por lo demás, potencial caldo de cultivo de los fascismos y fanatismos de todos los tiempos), sostiene Badiou que la contienda electoral se limita a la articulación de dos tipos de miedos en contradicción.
Por una parte un miedo que llama “esencial” o “primitivo”, el cual proviene de la situación subjetiva de quien teme perder privilegios o caer en la decadencia, que “se centra en los chivos expiatorios tradicionales: los extranjeros, los pobres, los países lejanos a los que no nos queremos parecer” (6)
“Este miedo, conservador y crepuscular, crea el deseo de tener un amo que proteja, aunque sea oprimiéndonos y empobreciéndoos aún más” (7)
Y por otra parte, el otro polo de la contradicción que articula la elección, es un miedo derivado de este miedo “primitivo” y “esencial”, que Badiou define como el miedo a las consecuencias de ese miedo primario.
Se trata del miedo “que el primer miedo provoca en la medida que invoca un tipo de amo, el poli nervioso, que el pequeño burgués socialista ni conoce ni aprecia.
Se trata de un miedo derivado cuyo contenido, más allá del afecto, es realmente indiscernible” (8)
Este segundo miedo es además impotente, no logra articular un discurso alternativo a la trampa de la amenaza inmigrante y la respuesta policial, y quienes en la coyuntura electoral hacen uso de él (la oposición electoral a la derecha, en Francia el Partido Socialista) se limitan a agitarlo, proclamando los peligros de la escalada represiva que traería el primer miedo si ganara la derecha, casi que como único argumento diferencial de esa derecha.
¿Es posible aplicar algunos elementos del análisis de Badiou a la reflexión sobre la coyuntura uruguaya?
En Uruguay, en lo que hace a temas como el de la “seguridad”, el escenario político se presenta diagramado por la derecha, la cual ha logrado, ya no sólo instituir el problema de la inseguridad como el problema central de la agenda política, sino también fijar la racionalidad y los marcos de análisis con que dicha problemática se piensa, esto es, a través de la criminalización de los jóvenes y la pobreza (9), la invisibilización de las condiciones de injusticia social de fondo en el problema, y ahora -además- la construcción de un enemigo interno peligroso.
Así parece pensarlo también Constanza Moreira, cuando, al analizar el estado del debate social en torno a la inseguridad y la “minoridad infractora”, sostiene que “aunque hubo una suerte de consenso académico sobre el tema en el que primó una visión completamente contraria a la "mano dura", lo que triunfó como mensaje, fue que el asunto de los jóvenes que rapiñan y matan se había vuelto casi inmanejable para la sociedad uruguaya.
A ello colaboramos también desde el Frente Amplio, no sólo en la campaña electoral -cuando definimos el tema de la seguridad pública como central, arrinconados por el juego que ya habían definido los partidos de la oposición- sino cuando transformamos la 'seguridad pública' en la prioridad presupuestal, y acabamos, tratando de darle una solución al problema, multiplicándolo con derivaciones impredecibles” (10)
De este modo, el miedo, a través de la institución de la amenaza de la delincuencia juvenil, o de “grupos disolventes”, se configura como un ELEMENTO ESTRATÉGICO de primer orden de cara a la próxima contienda electoral, en modo similar a lo analizado por Badiou.
Y si se observan las características concretas del escenario político uruguayo, no es algo a descartar que en dichas elecciones los partidos de la derecha sigan marcando la agenda de la seguridad y proponiendo además un programa muy pragmático al respecto (como la baja de la edad de imputabilidad); y vaya si cuentan con un candidato ideal para ello.
Y si tal fuera el contexto, del otro lado, no parece irracional imaginar al progresismo en la trampa, sin encontrar a esa altura mucho más margen de maniobra que la agitación impotente del miedo al miedo (y vaya si para eso, encontrará del lado de enfrente un candidato que mete miedo).
Parafraseando a Badiou, cabría preguntarse:
¿Qué representa el nombre de Bordaberry?
Ahora bien, lo peculiar en este caso es que, contrariamente a lo que cabría esperar en primera instancia, el progresismo gobernante no se limitará a agitar el “miedo al miedo”.
Lo que parece claro es que el gobierno está dispuesto a disputarle a la derecha el patrimonio de la mano dura y su pragmatismo operativo, lo cual en el cálculo inmediato podría permitirle sortear el costo electoral que le reportaría quedar ubicado en el lugar de la impotencia de respuestas al problema de la seguridad, aún a costa de mimetizarse con (transformarse en) las posiciones más reaccionarias.
Pareciera que, de cara a las próximas elecciones, el gobierno intentará una presentación bi-polar: agitar a la vez el miedo y el miedo al miedo; ser la alternativa al candidato que mete miedo; y ser también la mano dura que reclama el miedo primario.
En cualquier caso, lo más importante es observar que, si estos procesos se consolidan, se debe tener en cuenta que el miedo, según analiza Badiou, no tiene solamente una dimensión operativa articulatoria de los límites de una elección.
Mucho más que esto, el miedo ha pasado a formar parte constitutiva del propio Estado contemporáneo, en sustitución de la política: “... a falta de toda política en sentido propio, el miedo se incorpora al Estado como sustrato de su propia independencia.
El miedo valida el Estado. La operación electoral incorpora al Estado el miedo y el miedo al miedo, de manera que un elemento subjetivo de masas consigue validar el Estado. Digamos que tras estas elecciones el elegido (...) estará legitimado en la cima del Estado por haberle sabido sacar tajada al miedo
Tendrá entonces las manos libres, puesto que, desde el momento en que el Estado ha quedado investido por el miedo, puede dar miedo con toda libertad. La dialéctica última es la delmiedo y el terror. Virtualmente, un Estado legitimado por el miedo está habilitado para convertirse en un estado terrorista” (11)
No han sido tan numerosas como deberían las voces de rechazo a las infiltraciones, persecuciones políticas, acosos y detenciones ilegales perpetradas por la policía. Como consigna Samuel Blixen (12), el tema reviste una gravedad tal que, aunque sea hoy algo inesperable, ameritaría una impostergable censura y pedido de renuncia del Ministro Bonomi
El origen de esta situación se remonta a algunos años atrás, desde que con la salida de José Díaz del Ministerio del Interior se terminaron las perspectivas de una política de izquierda en materia de seguridad interior.
Defenestrado un día sí y otro también por la derecha y su prensa, Díaz llevó adelante la ley de humanización del sistema carcelario, econoció el derecho de ocupación como extensión del derecho de huelga, y -es sabido- dio la orden de que los servicios de inteligencia dejaran de vigilar a las organizaciones sociales y sindicales (como hacían ininterrumpidamente desde la pre-dictadura) ydirigieran sus operaciones a investigar el narcotráfico y el crimen de cuello blanco.
Luego de la salida de José Díaz, el gobierno fue asumiendo como propio el discurso de la derecha en materia de seguridad (y no faltaron los gobernantes progresistas que por lo bajo asumieron también como propias las críticas de la derecha al ex ministro).
En los últimos años, este viraje se fue traduciendo en el plano político en una restauración conservadora en el Ministerio del Interior.
Hoy se hace evidente que tal restauración alcanzó también a los servicios de inteligencia, que han retornado a lo que, con mayor o menor intensidad, han hecho desde los años 60, y saben realmente hacer: vigilar y amedrentar a las organizaciones populares
Lamentablemente no es una exageración evocar las explicaciones de Orwell y Badiou para comprender lo que está sucediendo en nuestro país. La gravedad de los hechos y lo que estos evidencian impone encender la luz de alarma.
El psicoanalista argentino Marcelo Percia, al analizar los mecanismos psicológicos por los cuales se internaliza como conducta espontánea la “rutinización de la obediencia” (de la que habla Rico), destaca el papel del mecanismo de defensa de la desmentida, por la cual una evidencia a la vez se admite y se anula.
Advierte Percia: “Una forma de la desmentida es la incredulidad: el incrédulo se resiste a creer en lo que sabe, se conduce como si la realidad exagerara ante sus ojos. La incredulidad dice: 'No puedo creer que, en un país que produce alimentos, haya gente que se muere de hambre'. Increíble es algo declarado imposible o indeseable antes de que ocurra, mientras que increído es algo ya ocurrido que, siendo admitido, sigue sin ser aceptado. La desmentida tiene en común con la abolición de la experiencia y la negación, su complicidad con la disociación” ( 13)
La detención ilegal de personas por su modo de pensar, el acoso, la tortura, son realidades pertenecientes al pasado, a la dictadura, al fascismo. La posibilidad de su re-edición en la actualidad es un dato imposible de ser asumido por parte de las buenas conciencias progresistas, y resulta negado o desmentido.
Percia, citando Sartre, recuerda hasta qué punto “las conciencias progresistas niegan la presencia potencial del mal y el horror en sus espíritus puros”.
A diferencia de la razón en sueños de Goya, en plena vigilia, engendra monstruos el progresismo.
Notas:
1 Con particular protagonismo de El Observador, que llegó a incluir en sus cobertura menciones a vínculos entre la Plenaria Memoria y Justicia y grupos neonazis, en un “operativo enchastre” sumamente grotesco.
2 Aún cuando el abuso policial a los jóvenes en los barrios no es una novedad. Ver por ejemplo el reportaje publicado por “La Diaria” en febrero de 2011 a propósito de los abusos policiales en Casavalle ( http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/2/la-ley-es-otra/ ).
3 Ver de George Orwell: “Rebelión en la granja” y “1984”.
4 A su vez, la represión policial en la marcha estudiantil del 14 de agosto, lejos de ser una respuesta ocasional a una agresión, tiene todas las características de un operativo planificado.
La existencia de un grupo pequeño de militantes encapuchados que utilizan dicha marcha para desarrollar pintadas y otras acciones que no han sido acordadas por los organizadores de la marcha sucede desde hace muchos años.
Hasta ahora, el fenómeno (previsible por lo habitual) había sido abordado y resuelto de un modo u otro por los propios organizadores de la marcha.
La acción policial en esta ocasión pareciera responder a objetivos de amplificar más que reducir las consecuencias de esas expresiones, reprimiendo al barrer al conjunto de los miles de manifestantes, y generando una situación de “desorden”, sobre la que se construirá luego el discurso de la amenaza.
5 Badiou, Alain (2008): “¿Qué representa el nombre de Sarkozy?”. Pontevedra: Ellago Ediciones (p.12).
6 Ídem (p. 24).
7 Ídem (p. 10).
8 Ídem (p. 11).
9 Álvaro Rico observa la existencia de continuidades entre el proceso de criminalización de la pobreza y la juventud a través del lugar otorgado al problema de la inseguridad ciudadana por parte de las democracias pos-dictadura, y su antecedente en la militarización de la sociedad de los años '60 y '70: “Si el delito político, considerado por el Estado como 'subversión' constituyó en los años sesenta-setenta gran parte de la justificación discursiva de un proceso creciente de policialización y militarización de la sociedad que, finalmente, desembocó en el golpe de Estado y la dictadura, el delito social parece también constituir, desde los años ochenta-noventa del siglo pasado, un eje central de la argumentación del orden público y de la definición de la situación como 'excepcional'” . Rico denomina a este fenómeno como “lacriminalización de la sociedad desde el Estado” y destaca el hecho de que dicha operación se sostiene gracias a “la integración voluntaria de la ciudadanía en el orden legal-policial del Estado tras la demanda de seguridad” en lo que define como un “mecanismo de rutinización de la obediencia”
Esto es lo fundamental: la sociedad no padece el control, lo sostiene. (Rico, Álvaro [2005]:
“Cómo nos domina la clase gobernante: orden político y obediencia social en la democracia posdictadura Uruguay (1985-2005)”, Montevideo: Trilce. [p. 145]).
10 Constanza Moreira en: Diario “La República” (11/04/2011).
11 Op. cit. (p. 14)
12 Samuel Blixen, “El túnel del tiempo”, en “Brecha” (07/09/2013)
13 Percia, Marcelo (2008): “Política de la desmentida: crítica de las conciencias buenas”. Revista “Pensamiento de los confines”, Nº 22, julio de 2008. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Agustín Cano es Licenciado en Psicología y docente e investigador del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República, Uruguay. Forma parte del equipo periodístico del programa radial “Arquero Peligro”
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173800#sdfootnote12sym
(los destaques y subrayados son de PIRINCHO)
13 sept 2013
Brasil: Petrobrás confía su información sigilosa
Brasil: Después de las revelaciones sobre
el espionaje a la presidente...
Dilma Rousseff y sus funcionarios por parte de USA, en la noche del domingo 08 de setiembre el programa "Fantástico" de la TV Globo lanzó una primicia:
Petrobras fue espiada por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense que habría invadido la red privada de computadoras de la petrolera estatal.
La información la aportó el inefable Snowden a su periodista preferido Glenn Greenwald.
USA enseguida respondió que lo hizo para prever la posibilidad de una crisis que afectara el mercado de combustibles fósiles y no para obtener beneficios económicos.
En dicha información de Snowden no se identifica el motivo del espionaje (la reserva gigante de gas denominada Campo de Júpiter a 37 kilómetros del megacampo de petróleo de Tupí)
Ni el mecanismo usado que no fue en principio la invasión de la red privada de computadores de Petrobras (sino el robo de laptops de los investigadores de la cuenca petrolera).
Tampoco se identifica quién realizó este robo (que fueron los piratas de Halliburton) ni como se realizó la sustracción.
Un verdadero mamarracho al estilo CIA porque siempre cuentan con que pueden hacer cualquier tropelía en el mundo.
Así como tampoco se informa que hubo colaboración del alto escalón de dirección de Petrobras, porque la contratación de Halliburton como transportadora de la información sigilosa, no la hizo un portero o un auxiliar administrativo de la petrolera estatal...
Hace 5 años escribí una denuncia sobre este espionaje de USA a Petrobras, que no tuvo gran difusión. Se publicó en portugués por Desacato.info y Resistir.info y en español por enlacesocialista.org.mx
y su título era:
Brasil: Petrobrás confía su información sigilosa
a los piratas de Halliburton
Juan Luis Berterretche
Febrero de 2008
"Cerca de 70 a 75 por ciento de nuestro negocio está relacionado a energía. Servimos a clientes como UnocaL, Exxon, Shell, Chevron y muchas otras entre las principales compañías petrolíferas de todo el mundo. Como resultado, frecuentemente nos encontramos operando en lugares muy difíciles. Nuestro Señor no halló adecuado colocar petróleo y gas apenas donde hay gobiernos electos democráticamente y amistosos en relación con EE.UU. A veces tenemos que operar en lugares donde, considerándose todas las señales, a nadie le gustaría trabajar. Pero nosotros vamos a donde el negocio está." (1)
Dick Cheney (CEO de Halliburton, 1998)
El 21 de enero de 2008 Petrobrás anunció el hallazgo de una reserva gigante de gas denominada Campo de Júpiter a 37 kilómetros del megacampo de petróleo de Tupí.
El megacampo de Tupi dispone de capacidad para 90 billones (millones de millones) de barriles de óleo equivalente (boe), medida que incluye petróleo y gas natural. Este descubrimiento elevaría a Brasil a la condición de tercero o cuarto mayor productor mundial de hidrocarburos.
La prospección fue realizada por el navío-sonda NS-21, conocido como Ocean Clipper que pertenece a la empresa Diamond, en la Cuenca de Santos (San Pablo).
Las notebooks que habían acumulado la información del descubrimiento fueron trasladadas a tierra.
Los computadores fueron enviados en un contenedor que llegó al Puerto de Río el 25 de enero, traído desde la cuenca de Santos, y allí quedó hasta el 29 de enero cuando un camión de la empresa Transmagno lo cargó para transportarlo a Macaé.
La distancia de Río a Macaé es de tres horas por carretera pero "debido a fuertes lluvias" el conductor del camión hizo uma parada en Itaboraí, donde pasó la noche en un puesto a la vera de la autopista. Después de ese accidentado viaje, en Macaé se comprobó que los lacres del contenedor habían sido retirados y el candado sustituido.
A partir de ese momento los informes de lo sustraído fueron contradictorios.
Primero se dijo que había desaparecido una notebook, luego dos, días después que también faltaban dos discos duros.
Hoy se sabe por el registro policial, que cuando el técnico de mantenimiento Guilherme da Silva Vieira fue a confirmar la carga comprobó que faltaban cuatro laptops, dos discos duros, cuatro peines, de memoria con informaciones, otro computador, una impresora y un grabador de DVD.
En las memorias de los aparatos robados estaba toda la información sobre la reserva de Campo de Júpiter.
El robo de los datos estratégicos de la estatal brasileña con informaciones sobre las reservas de hidrocarburos en la cuenca de Santos no es el primero, según el director de la Asociación de Ingenieros de Petrobrás (AEPET) y ex ingeniero del área de explotación y producción de la estatal, Fernando Siqueira.
"El robo es reincidente, porque sabemos que hace un año y medio que vienen siendo robados notebooks en casa de los técnicos envueltos con la Cuenca de Santos.
Hubo asalto en la casa de dos ingenieros y un geólogo de donde sólo se llevaron las notebooks", informó.
Siqueira lamentó que el robo tire 30 años de investigación hecha por la compañía en un yacimiento con un valor estimado en dos trillones de dólares, en manos desconocidas.
Halliburton
Lo de "manos desconocidas" sería cierto sin no supiéramos que la empresa encargada de trasladar el contenedor era Halliburton. Y que la transportadora Transmagno era una compañía sub contratada por la misma Halliburton
Veamos algunos datos esclarecedores sobre la empresa a quién Petrobrás confía su información sigilosa. (2)
Los principales contratos gubernamentales de Halliburton en EE.UU. se realizan con el Pentágono, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (ACE, por sus siglas en inglés) o de la Marina, bajo una modalidad conocida como Logistics Civilian Augmentation Program (LOGCAP), un esquema de privatización -y "mercenarización"- de las funciones de "logística" del Pentágono iniciado en 1985, que permite a cientos de firmas suplir servicios y suministros como transporte, habitación, construcción de cárceles, preparación y distribución de alimentos y combustible, interrogatorio de prisioneros, limpieza, lavandería, etcétera, "liberando" a miles de tropas que son usadas en el frente de batalla.
El LOGCAP no logró gran aliento sino hasta que Dick Cheney actual vicepresidente de EE.UU. y gran embustero (3), como secretario de Defensa de Bush padre, lo impulsó y generalizó en 1992 por medio de un estudio que contrató precisamente con la subsidiaria de Halliburton, Kellog, Brown and Root (KBR) para determinar si los contratistas podían hacerle frente a las necesidades logísticas "básicas" del Pentágono.
El estudio, clasificado, concluye que un LOGCAP generalizado beneficiaría al gobierno con "la ventaja" de que las empresas no están sometidas al código militar, por ejemplo en materia de atrocidades -caso de los contratistas del Pentágono en Colombia-.
En agosto de 1992 Cheney otorgó el primer contrato "ampliado" de LOGCAP a favor de KBR y poco después, en 1995, fue nombrado presidente de Halliburton. Este tráfico de influencia y manejo presupuestal, Estado-empresa y de personal es parte del modus operandi del capital monopolista.
En 1997 la Auditoría General detectó irregularidades y Halliburton fue reemplazada por DynCorp, pero mantuvo un contrato sin licitación por cinco años para reconstruir los campos petroleros de Irak.
En 2001, con Cheney en la Casa Blanca, KBR logró un contrato LOGCAP por 10 años y hoy domina el 90 por ciento de todo el LOGCAP en Irak, pasando de 320 millones de dólares en junio de 2003 a 2 mil millones en septiembre de ese año.
Según Lolita Baldor de AP, entre 2003 y 2004 Halliburton realizó contratos en Irak valorados en 10.7 mil millones, sin incluir otros LOGCAP de KBR en decenas de países como la construcción de las cárceles en Guantánamo y Afganistán. Halliburton está sometida a "auditorías" y se detectan copiosas anomalías ("sobornos" al por mayor, cobro de 10 mil comidas diarias que no sirvió, sobreprecio en la gasolina para el Ejercito, uso de alimentos con un año de caducidad, etcétera).
Aún así, la prensa informa que en julio del 2005 el Ejército le asignó 5 mil millones a Halliburton para el apoyo logístico de las tropas en Irak hasta julio de 2006, un aumento de mil millones por los mismos servicios. (3)
Hasta enero de 2006 Halliburton ha obtenido la cantidad de 16 mil Millones de Dólares en contratos para "reconstruir" Irak.
En marzo del 2007, la empresa Halliburton con su sede central en Houston, Texas, anunció que se mudaba para los Emiratos Árabes Unidos, concretamente a la ciudad de Dubái, donde imperan relajadas y muy liberales tasas impositivas y cómodas leyes de residencia.
De esta forma pretende evitar los juicios en EE.UU. contra los incumplimientos de contrato y los fraudes.
En el 2007 se acumularon múltiples casos de fraude cometidos por empleados de las empresas privadas en la adjudicación de contratos en la erróneamente llamada reconstrucción de Irak.
Los más notorios de Halliburton.
Pero hay indicios de que la corrupción endémica implica a cada vez más oficiales de las fuerzas armadas de EE.UU.
En julio de 2007, deflagró el escándalo del comandante John Cockerham, encargado de contratación y compras de la base del ejército de Fort Sam en Houston (Texas).
Cockerham y su esposa Melissa fueron detenidos y acusados de recibir sobornos por valor de más de 15 millones de dólares en la adjudicación de contratos varios, desde el suministro de agua embotellada hasta los servicios de lavandería para las tropas de EE.UU. en Irak y Kuwait.
Uno de estos contratos por el suministro de agua se adjudicó a la empresa kuwaití de transporte Green Valley a cambio de 175.000 dólares.
Tras ser empaquetado en fajos de billetes dentro de maletines, el dinero fue depositado en un banco de Oriente Medio y de allí al paraíso fiscal en las Barbados.
En la misma semana el ex comandante del ejército John Allen Rivard, otro oriundo de Texas, se declaró culpable de soborno, blanqueo y conspiración mientras ejercía de máximo responsable de la contratación de servicios y suministros para la base militar estadounidense de Camp Anaconda, en Irak.
Una empresa con sede en Dubái pagó sobornos a Rivard por contratos valorados en 20 millones de dólares relacionados con el suministro de tractores, equipos eléctricos y viviendas prefabricadas para las tropas estadounidenses.
Anthony Martin, de Houston, confesó que había adjudicado dos contratos a una empresa de transporte kuwaití a cambio de 50.000 y 150.00 dólares. Martin se incorpora a una larga lista de empleados de Halliburton seducidos por el soborno.
Alex Mazan, director de Halliburton de Atlanta, responsable de la adjudicación de contratos para el transporte de combustible, infló el coste de un contrato asignado a una empresa kuwaití y se embolsó un millón de dólares.
La principal empresa de trasporte kuwaití que se ha beneficiado de contratos con el ejército estadounidense es PWC.
Asimismo, Stephen Seamans, otro director de contratación de Halliburton, recibió sobornos de una firma pakistaní.
Estos sobornos son monedas comparados a los fraudes de la transnacional.
Según auditores gubernamentales, hubo gastos de 1.000 millones de dólares sin justificar en el mega contrato LOGCAP adjudicado sin concurso a Halliburton en el 2003.
Esta es la eficiente empresa a la cual Petrobrás confía la información confidencial de una riqueza que pertenece a más de 180 millones de brasileños.
El interrogatorio a los posibles implicados en el robo no es más que una puesta en escena.
La información que realmente interesa es quién es el responsable en Petrobras de la contratación de la empresa pirata Halliburton y cuanto recibió por ello.
Todo lo demás es resultado de esa traición al país.
¿Usted le confiaría su hija de 15 años al proxeneta del barrio?
Febrero 2008, Isla de Santa Catarina, Brasil
Notas
1) Tyler Marshall, High stakes in the Caspian Los Ángeles Times 23 de febrero de 1998. Richard B. Cheney, Defending liberty in a global economy, discurso pronunciado en la Conferencia sobre Daños Colaterales en el Cato Institute, 1998. Cato Institute es una institución liberal.
2) Juan L.Berterretche y Tali Feld Gleiser Réquiem para el sueño americano Libro en preparación.
3) Ocho funcionarios clave del gobierno de Estados Unidos, incluido el presidente George W. Bush, realizaron al menos 953 declaraciones falsas en las vísperas y tras la invasión de Irak en marzo de 2003. Así lo indica una investigación que acaba de publicar en la capital estadounidense el Centro para la Integridad Pública y que dirigió Check Lewis, fundador de esta organización.
Entre los investigados figuran Bush, el vicepresidente Dick Cheney y quienes entonces encabezaban el Departamento de Estado (cancillería), Colin Powell, y el de Defensa, Donald Rumsfeld, así como la ex consejera de Seguridad Nacional y actual secretaria de Estado (canciller), Condoleezza Rice, y el ex subsecretario de Estado Paul Wolfowitz. La lista se completa con los hoy ex portavoces de la Casa Blanca Ari Fleischer y Scott McClellan.
4) John Saxe-Fernández Halliburton Irak y Katrina La Jornada, Ciudad de México, 15 de septiembre del 2005 http://www.jornada.unam.mx/
JL.BERTERRECHE - postaporteñ@ 1024 - 2013-09-10
el espionaje a la presidente...
Dilma Rousseff y sus funcionarios por parte de USA, en la noche del domingo 08 de setiembre el programa "Fantástico" de la TV Globo lanzó una primicia:
Petrobras fue espiada por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense que habría invadido la red privada de computadoras de la petrolera estatal.
La información la aportó el inefable Snowden a su periodista preferido Glenn Greenwald.
USA enseguida respondió que lo hizo para prever la posibilidad de una crisis que afectara el mercado de combustibles fósiles y no para obtener beneficios económicos.
En dicha información de Snowden no se identifica el motivo del espionaje (la reserva gigante de gas denominada Campo de Júpiter a 37 kilómetros del megacampo de petróleo de Tupí)
Ni el mecanismo usado que no fue en principio la invasión de la red privada de computadores de Petrobras (sino el robo de laptops de los investigadores de la cuenca petrolera).
Tampoco se identifica quién realizó este robo (que fueron los piratas de Halliburton) ni como se realizó la sustracción.
Un verdadero mamarracho al estilo CIA porque siempre cuentan con que pueden hacer cualquier tropelía en el mundo.
Así como tampoco se informa que hubo colaboración del alto escalón de dirección de Petrobras, porque la contratación de Halliburton como transportadora de la información sigilosa, no la hizo un portero o un auxiliar administrativo de la petrolera estatal...
Hace 5 años escribí una denuncia sobre este espionaje de USA a Petrobras, que no tuvo gran difusión. Se publicó en portugués por Desacato.info y Resistir.info y en español por enlacesocialista.org.mx
y su título era:
Brasil: Petrobrás confía su información sigilosa
a los piratas de Halliburton
Juan Luis Berterretche
Febrero de 2008
"Cerca de 70 a 75 por ciento de nuestro negocio está relacionado a energía. Servimos a clientes como UnocaL, Exxon, Shell, Chevron y muchas otras entre las principales compañías petrolíferas de todo el mundo. Como resultado, frecuentemente nos encontramos operando en lugares muy difíciles. Nuestro Señor no halló adecuado colocar petróleo y gas apenas donde hay gobiernos electos democráticamente y amistosos en relación con EE.UU. A veces tenemos que operar en lugares donde, considerándose todas las señales, a nadie le gustaría trabajar. Pero nosotros vamos a donde el negocio está." (1)
Dick Cheney (CEO de Halliburton, 1998)
El 21 de enero de 2008 Petrobrás anunció el hallazgo de una reserva gigante de gas denominada Campo de Júpiter a 37 kilómetros del megacampo de petróleo de Tupí.
El megacampo de Tupi dispone de capacidad para 90 billones (millones de millones) de barriles de óleo equivalente (boe), medida que incluye petróleo y gas natural. Este descubrimiento elevaría a Brasil a la condición de tercero o cuarto mayor productor mundial de hidrocarburos.
La prospección fue realizada por el navío-sonda NS-21, conocido como Ocean Clipper que pertenece a la empresa Diamond, en la Cuenca de Santos (San Pablo).
Las notebooks que habían acumulado la información del descubrimiento fueron trasladadas a tierra.
Los computadores fueron enviados en un contenedor que llegó al Puerto de Río el 25 de enero, traído desde la cuenca de Santos, y allí quedó hasta el 29 de enero cuando un camión de la empresa Transmagno lo cargó para transportarlo a Macaé.
La distancia de Río a Macaé es de tres horas por carretera pero "debido a fuertes lluvias" el conductor del camión hizo uma parada en Itaboraí, donde pasó la noche en un puesto a la vera de la autopista. Después de ese accidentado viaje, en Macaé se comprobó que los lacres del contenedor habían sido retirados y el candado sustituido.
A partir de ese momento los informes de lo sustraído fueron contradictorios.
Primero se dijo que había desaparecido una notebook, luego dos, días después que también faltaban dos discos duros.
Hoy se sabe por el registro policial, que cuando el técnico de mantenimiento Guilherme da Silva Vieira fue a confirmar la carga comprobó que faltaban cuatro laptops, dos discos duros, cuatro peines, de memoria con informaciones, otro computador, una impresora y un grabador de DVD.
En las memorias de los aparatos robados estaba toda la información sobre la reserva de Campo de Júpiter.
El robo de los datos estratégicos de la estatal brasileña con informaciones sobre las reservas de hidrocarburos en la cuenca de Santos no es el primero, según el director de la Asociación de Ingenieros de Petrobrás (AEPET) y ex ingeniero del área de explotación y producción de la estatal, Fernando Siqueira.
"El robo es reincidente, porque sabemos que hace un año y medio que vienen siendo robados notebooks en casa de los técnicos envueltos con la Cuenca de Santos.
Hubo asalto en la casa de dos ingenieros y un geólogo de donde sólo se llevaron las notebooks", informó.
Siqueira lamentó que el robo tire 30 años de investigación hecha por la compañía en un yacimiento con un valor estimado en dos trillones de dólares, en manos desconocidas.
Halliburton
Lo de "manos desconocidas" sería cierto sin no supiéramos que la empresa encargada de trasladar el contenedor era Halliburton. Y que la transportadora Transmagno era una compañía sub contratada por la misma Halliburton
Veamos algunos datos esclarecedores sobre la empresa a quién Petrobrás confía su información sigilosa. (2)
Los principales contratos gubernamentales de Halliburton en EE.UU. se realizan con el Pentágono, por medio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (ACE, por sus siglas en inglés) o de la Marina, bajo una modalidad conocida como Logistics Civilian Augmentation Program (LOGCAP), un esquema de privatización -y "mercenarización"- de las funciones de "logística" del Pentágono iniciado en 1985, que permite a cientos de firmas suplir servicios y suministros como transporte, habitación, construcción de cárceles, preparación y distribución de alimentos y combustible, interrogatorio de prisioneros, limpieza, lavandería, etcétera, "liberando" a miles de tropas que son usadas en el frente de batalla.
El LOGCAP no logró gran aliento sino hasta que Dick Cheney actual vicepresidente de EE.UU. y gran embustero (3), como secretario de Defensa de Bush padre, lo impulsó y generalizó en 1992 por medio de un estudio que contrató precisamente con la subsidiaria de Halliburton, Kellog, Brown and Root (KBR) para determinar si los contratistas podían hacerle frente a las necesidades logísticas "básicas" del Pentágono.
El estudio, clasificado, concluye que un LOGCAP generalizado beneficiaría al gobierno con "la ventaja" de que las empresas no están sometidas al código militar, por ejemplo en materia de atrocidades -caso de los contratistas del Pentágono en Colombia-.
En agosto de 1992 Cheney otorgó el primer contrato "ampliado" de LOGCAP a favor de KBR y poco después, en 1995, fue nombrado presidente de Halliburton. Este tráfico de influencia y manejo presupuestal, Estado-empresa y de personal es parte del modus operandi del capital monopolista.
En 1997 la Auditoría General detectó irregularidades y Halliburton fue reemplazada por DynCorp, pero mantuvo un contrato sin licitación por cinco años para reconstruir los campos petroleros de Irak.
En 2001, con Cheney en la Casa Blanca, KBR logró un contrato LOGCAP por 10 años y hoy domina el 90 por ciento de todo el LOGCAP en Irak, pasando de 320 millones de dólares en junio de 2003 a 2 mil millones en septiembre de ese año.
Según Lolita Baldor de AP, entre 2003 y 2004 Halliburton realizó contratos en Irak valorados en 10.7 mil millones, sin incluir otros LOGCAP de KBR en decenas de países como la construcción de las cárceles en Guantánamo y Afganistán. Halliburton está sometida a "auditorías" y se detectan copiosas anomalías ("sobornos" al por mayor, cobro de 10 mil comidas diarias que no sirvió, sobreprecio en la gasolina para el Ejercito, uso de alimentos con un año de caducidad, etcétera).
Aún así, la prensa informa que en julio del 2005 el Ejército le asignó 5 mil millones a Halliburton para el apoyo logístico de las tropas en Irak hasta julio de 2006, un aumento de mil millones por los mismos servicios. (3)
Hasta enero de 2006 Halliburton ha obtenido la cantidad de 16 mil Millones de Dólares en contratos para "reconstruir" Irak.
En marzo del 2007, la empresa Halliburton con su sede central en Houston, Texas, anunció que se mudaba para los Emiratos Árabes Unidos, concretamente a la ciudad de Dubái, donde imperan relajadas y muy liberales tasas impositivas y cómodas leyes de residencia.
De esta forma pretende evitar los juicios en EE.UU. contra los incumplimientos de contrato y los fraudes.
En el 2007 se acumularon múltiples casos de fraude cometidos por empleados de las empresas privadas en la adjudicación de contratos en la erróneamente llamada reconstrucción de Irak.
Los más notorios de Halliburton.
Pero hay indicios de que la corrupción endémica implica a cada vez más oficiales de las fuerzas armadas de EE.UU.
En julio de 2007, deflagró el escándalo del comandante John Cockerham, encargado de contratación y compras de la base del ejército de Fort Sam en Houston (Texas).
Cockerham y su esposa Melissa fueron detenidos y acusados de recibir sobornos por valor de más de 15 millones de dólares en la adjudicación de contratos varios, desde el suministro de agua embotellada hasta los servicios de lavandería para las tropas de EE.UU. en Irak y Kuwait.
Uno de estos contratos por el suministro de agua se adjudicó a la empresa kuwaití de transporte Green Valley a cambio de 175.000 dólares.
Tras ser empaquetado en fajos de billetes dentro de maletines, el dinero fue depositado en un banco de Oriente Medio y de allí al paraíso fiscal en las Barbados.
En la misma semana el ex comandante del ejército John Allen Rivard, otro oriundo de Texas, se declaró culpable de soborno, blanqueo y conspiración mientras ejercía de máximo responsable de la contratación de servicios y suministros para la base militar estadounidense de Camp Anaconda, en Irak.
Una empresa con sede en Dubái pagó sobornos a Rivard por contratos valorados en 20 millones de dólares relacionados con el suministro de tractores, equipos eléctricos y viviendas prefabricadas para las tropas estadounidenses.
Anthony Martin, de Houston, confesó que había adjudicado dos contratos a una empresa de transporte kuwaití a cambio de 50.000 y 150.00 dólares. Martin se incorpora a una larga lista de empleados de Halliburton seducidos por el soborno.
Alex Mazan, director de Halliburton de Atlanta, responsable de la adjudicación de contratos para el transporte de combustible, infló el coste de un contrato asignado a una empresa kuwaití y se embolsó un millón de dólares.
La principal empresa de trasporte kuwaití que se ha beneficiado de contratos con el ejército estadounidense es PWC.
Asimismo, Stephen Seamans, otro director de contratación de Halliburton, recibió sobornos de una firma pakistaní.
Estos sobornos son monedas comparados a los fraudes de la transnacional.
Según auditores gubernamentales, hubo gastos de 1.000 millones de dólares sin justificar en el mega contrato LOGCAP adjudicado sin concurso a Halliburton en el 2003.
Esta es la eficiente empresa a la cual Petrobrás confía la información confidencial de una riqueza que pertenece a más de 180 millones de brasileños.
El interrogatorio a los posibles implicados en el robo no es más que una puesta en escena.
La información que realmente interesa es quién es el responsable en Petrobras de la contratación de la empresa pirata Halliburton y cuanto recibió por ello.
Todo lo demás es resultado de esa traición al país.
¿Usted le confiaría su hija de 15 años al proxeneta del barrio?
Febrero 2008, Isla de Santa Catarina, Brasil
Notas
1) Tyler Marshall, High stakes in the Caspian Los Ángeles Times 23 de febrero de 1998. Richard B. Cheney, Defending liberty in a global economy, discurso pronunciado en la Conferencia sobre Daños Colaterales en el Cato Institute, 1998. Cato Institute es una institución liberal.
2) Juan L.Berterretche y Tali Feld Gleiser Réquiem para el sueño americano Libro en preparación.
3) Ocho funcionarios clave del gobierno de Estados Unidos, incluido el presidente George W. Bush, realizaron al menos 953 declaraciones falsas en las vísperas y tras la invasión de Irak en marzo de 2003. Así lo indica una investigación que acaba de publicar en la capital estadounidense el Centro para la Integridad Pública y que dirigió Check Lewis, fundador de esta organización.
Entre los investigados figuran Bush, el vicepresidente Dick Cheney y quienes entonces encabezaban el Departamento de Estado (cancillería), Colin Powell, y el de Defensa, Donald Rumsfeld, así como la ex consejera de Seguridad Nacional y actual secretaria de Estado (canciller), Condoleezza Rice, y el ex subsecretario de Estado Paul Wolfowitz. La lista se completa con los hoy ex portavoces de la Casa Blanca Ari Fleischer y Scott McClellan.
4) John Saxe-Fernández Halliburton Irak y Katrina La Jornada, Ciudad de México, 15 de septiembre del 2005 http://www.jornada.unam.mx/
JL.BERTERRECHE - postaporteñ@ 1024 - 2013-09-10
11 sept 2013
El derrocamiento de Allende, contado por Washington
El derrocamiento de Allende, contado por Washington
10 septiembre 2013
Desde 1961, apenas posesionado, el presidente John F. Kennedy nombró un comité encargado de las elecciones que se desarrollarían en Chile tres años después. Según la investigación de la Comisión Church del Senado estadounidense[1], estuvo compuesto de altos responsable del Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA. Este Comité fue reproducido en la embajada estadounidense en Santiago, capital chilena. El objetivo era impedir que el candidato socialista, Salvador Allende, ganara los comicios [2].
Allende era un marxista convencido de que por la vía pacífica se podía llegar al gobierno, y, desde ahí, darle un vuelco a las estructuras del Estado en beneficio de las mayorías empobrecidas. Expresaba que para lograr tal objetivo se debía nacionalizar las grandes industrias, priorizando las que estaban en manos estadounidenses, al ser éstas las que explotaban los recursos estratégicos. Estos, y otros ideales sociales, lo convirtieron en un indeseable para Washington: podría servir de ejemplo para los pueblos de otras naciones latinoamericanas.
Para hacerle oposición, varios millones de dólares fueron distribuidos entre los partidos políticos de centro y de la derecha para que realizaran su propaganda. Al momento de elegir el candidato a la presidencia, Washington decidió apoyar a Eduardo Frei, del partido Demócrata Cristiano, un personaje que impuso a sus otros financiados.
En total, la operación costó unos veinte millones de dólares, una suma inmensa para la época, al punto de sólo poderse comparar con lo gastado en las elecciones presidenciales estadounidenses. Es que Washington no tanto invirtió en el candidato Frey, sino que realizó toda una campaña de propaganda anticomunista a largo plazo.
La Comisión del Senado dijo: “Se explotaron todos los medios posibles: prensa, radio, películas, volantes, folletos, correos, banderolas, pinturas murales.” La Comisión reconoció que la CIA realizó, por intermedio de sus partidos comprados y varias organizaciones sociales, una “campaña alarmista” donde el objetivo principal fueron las mujeres, a las cuales se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a sus hijos si ganaba Allende. Afiches distribuidos masivamente mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoz y el martillo. La tradición religiosa también fue manipulada al máximo para que se temiera al “comunismo ateo e impío.”
La operación psicológica funcionó por encima de las expectativas: Frei logró el 56% de votos, mientras que Allende el 39%. La CIA, según la Comisión del Senado, aseguró que “la campaña de inculcar miedo anticomunista había sido la más eficaz de todas las actividades adelantadas.”
Fue una operación psicológica, con carácter de guerra, cuya base eran los planes aplicados en Guatemala que terminaron derrocando al presidente Jacobo Arbenz, en junio de 1954 [3]. Una operación que en Chile no se desmanteló con el triunfo de Frei, porque, a pesar de todo, la cantidad de votos logrados por Allende fue alta. Y el vencido tenía todas las intenciones de presentarse a las futuras elecciones.
En sus Memorias William “Bill” Colby, jefe de la CIA entre 1973 y1976, cuenta que durante las elecciones presidenciales de 1970, “la CIA debió dirigir todos los esfuerzos contra el marxista Allende. Ella se encargó de organizar una vasta campaña de propaganda contra su candidatura.” [4] La operación se llamó “Segunda Vía”. Todo por orden directa del presidente Richard Nixon.
Henry Kissinger, el consejero para la Seguridad Nacional del presidente, expresaría durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre Chile, el 27 de junio de 1970: “Yo no veo por qué debemos quedarnos indiferentes, mientras un país cae en el comunismo por culpa de la irresponsabilidad de su pueblo.” [5] O sea, la soberana decisión de los ciudadanos no podía ser válida si no estaba en concordancia con los intereses estadounidenses. Durante esta reunión se decidió sumar trescientos mil dólares a la operación de propaganda que ya se adelantaba.
Según la Comisión Church del senado, Richard Helms, jefe de la CIA desde 1966, envió a dos oficiales de la CIA, a los que conocía desde los primeros preparativos de invasión a Cuba, como responsables; ambos especialistas de la guerra psicológica y la desinformación; con importante participación en el golpe de Estado en Guatemala, y acababan de desembarcar de la guerra en Indochina: David Atlee Phillips y David Sánchez Morales. La Comisión del Senado dijo que una de las consignas que englobaba la campaña era: “La victoria de Allende significa la violencia y la represión estalinista.”
Pero el 4 de septiembre de 1970 Allende ganó las elecciones. Escribe Colby que “Nixon entró en cólera. Él estaba convencido de que la victoria de Allende haría pasar a Chile al campo de la revolución castrista y anti-americana, y que el resto de América Latina no tardaría en seguirle los pasos.” Prosigue el ex patrón de la CIA: Nixon convocó a Helms “y le impuso muy claramente la responsabilidad de evitar que Allende asumiera sus funciones.” En la misma reunión Nixon encargó a Kissinger darle un seguimiento estricto al complot.
Es que quedaba una posibilidad para evitar que Allende asumiera la presidencia: había triunfado pero con una mayoría relativa, debido a que las fuerzas de izquierda se habían dividido, carcomidas por la campaña mediática y/o el dinero que la CIA logró inyectar a ciertos grupos. Por tanto el Congreso chileno se debía reunir el 24 de octubre para decidir entre Allende y Jorge Alessandri, candidato del partido conservador y quien obtuviera la segunda votación. El plan de Washington era, entonces, comprar el voto de congresistas para que no confirmaran el triunfo del socialista. Helms envió a un “grupo de trabajo” que mantuvo una “actividad frenética” durante seis semanas”, según relata Colby. Esto tampoco funcionó y Allende sería declarado ganador de las elecciones.
Los operarios especiales de la CIA tomaron contacto con responsables políticos y militares para seleccionar aquellos que podrían estar listos para actuar contra Allende, “y determinar con ellos la ayuda financiera, las armas y el material que fuera necesario para barrerlo de la ruta hacia la presidencia”, según Colby.
La mayor esperanza se centró en las Fuerzas Armadas, pero todo dependía de su comandante, el general René Schneider. El problema que encontró la CIA es que este militar había expresado claramente que su institución respetaría la Constitución. Y Colby, en sus Memorias, reconoce con una naturalidad espeluznante: “Entonces era un hombre a matar. Se organiza contra él una tentativa de secuestro que termina mal: fue herido al oponer resistencia y muere poco después debido a las heridas.”
Según la Comisión Church el 22 de octubre, muy temprano en la mañana, la CIA entregó a conspiradores chilenos metralletas y municiones “esterilizadas”, denominadas así porque en caso de investigación no es posible determinar su origen. Horas después se produjo el atentado. Tres días después moriría Schneider, “el hombre a matar”. Inmediatamente el presidente Nixon envió un cínico mensaje a su homólogo chileno: “Yo quisiera hacerle parte de mi dolor ante este repugnante acto.” El sucesor de Schneider sería un tal general Pinochet.
El 3 de noviembre de 1970 Allende se posesionó como presidente: Nixon no le envió el regular mensaje de felicitación que exige el protocolo diplomático, ni el embajador estadounidense asistió a la investidura.
Ahora correspondía preparar la desestabilización del nuevo gobierno, lo cual se encargaría a la Dirección del Hemisferio Occidental de la Agencia. Una dependencia que desde 1972 tuvo como director a un oficial con gran experiencia en operaciones clandestinas: Ted Shackley. Y éste nombró a su hombre-sombra, Tom Clines, para que se concentrara en el “caso Allende”, teniendo bajo su responsabilidad a los viejos colegas Sánchez Morales y Atlee Phillips.
En marzo del siguiente año Bill Colby vuelve a ser el superior de Shackley y Clines como subdirector de Operaciones Especiales. Este trío regresaba de estar al frente de la guerra sucia en Indochina, muy particularmente en Vietnam.
Desde 1972 este equipo de la CIA, en Washington y Chile, fue desarrollando la operación más perfeccionada de desinformación y sabotaje económico que hasta ese momento se conociera en el mundo. Colby confesó que fue una “experiencia de laboratorio que demostró la eficacia de la inversión financiera para desacreditar y derrocar a un gobierno.” [6]
No fue todo. Según la Comisión del Senado estadounidense, la estación de la CIA en Santiago se dedicó a recoger toda la información necesaria para un eventual golpe de Estado. “Listas de personas a detener; infraestructuras y personal civil que debían ser protegidos con prioridad; instalaciones gubernamentales a ocupar; planes de urgencia previstos por el gobierno si se diera un levantamiento militar.” [7]
Según el ex funcionario del Departamento de Estado, William Blum, esta información sensible de Estado fue obtenida a partir de la “compra” de altos funcionarios y de dirigentes políticos de la coalición partidaria de Allende, La Unidad Popular [8] . Mientras que en Washington los empleados de la embajada chilena se quejaban de la desaparición de documentos, no sólo de la sede diplomática sino de sus propios domicilios. Sus comunicaciones fueron sometidas a escucha. Un trabajo realizado por el mismo equipo que muy poco después se involucraría en el Watergate. [9]
La acción contra Allende necesitó de una campaña internacional de difamación e intrigas. Buena parte de ella fue encargada a un inexperto en política exterior y casi desconocido político, aunque viejo conocido del presidente Nixon y de los hombres que adelantaban la operación: George H.W. Bush. Esa tarea la realizó como embajador en la ONU, función que ocupaba desde febrero de 1971. Cuando fue nombrado para el cargo nadie quiso recordar que pocos meses antes había logrado, como representante a la Cámara de Texas, que se restableciera en ese Estado la pena de muerte para los “homosexuales reincidentes”.
El 11 de septiembre de 1973 se da el sangriento golpe de Estado contra el gobierno de Allende, encabezado por el general Augusto Pinochet, y se desata una terrible represión. Aunque Shackley había dejado su cargo unos días antes de aquel fatídico día, fue la figura clave en el operativo. Su biógrafo afirma: “Salvador Allende murió durante el golpe. Cuando el humo se disipó, el General Augusto Pinochet, dirigente de la Junta Militar, estaba en el poder dictatorial, debido en parte al arduo trabajo de Shackley [...]” [10]
Casi un mes después, el 16 de octubre, Henry Kissinger recibiría el Premio Nobel de la Paz… Al año siguiente del golpe, mientras la dictadura seguía ensangrentando a la nación, el presidente Gerald Ford declaraba que los estadounidenses habían actuado “por los mejores intereses de los chilenos y, obviamente, para los de Estados Unidos.” [11]
Mientras que en 1980 el ex presidente Nixon escribiría: “Los detractores se preocupan únicamente por la represión política en Chile, e ignoran las libertades fruto de una economía libre […] Más que reclamar la perfección inmediata en Chile, deberíamos apoyar los progresos realizados.” [12]
(* Con algunos pocos cambios, este es un capitulo tomado del libro “El Equipo de Choque de la CIA”. El Viejo Topo, Barcelona, 2010.)
Notas:
1- Comisión especial presidida por el senador Frank Church: “Alleged Assassination Plots Involving foreign Leaders.” November, 1975. U.S. Government printing office 61-985, Washington, 1975.
2- Cover Action in Chile, 1963-1973. The Select Committe to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, US Senate. Washington, 18 décembre 1975.
3- El presidente estadounidense Dwight David Eisenhower autorizó a la CIA el derrocamiento de Arbenz, aplicando un plan integral, inédito hasta ese momento en el continente, que contenía acciones de guerra sicológica, mercenaria y paramilitar, cuyo nombre en clave fue PBSUCCESS. Ver: Cullather, Nick. “Secret History: the CIA Classified Accounts of its Operations in Guatemala, 1952-1954″. Stanford University. 1999.
4- Colby, William. “30 ans de C.I.A.” Presses de la Renaissance. París, 1978.
5- Newsweek. Washington, 23 septembre 1974.
6- New York Times. 8 septembre 1974.
7- Cover Action in Chile, 1963-1973. Ob. Cit.
8- Blum, William. “Les guerres scélérates”. Parangon, París 2004.
9- Watergate se llamaba el edificio donde ese encontraban las oficinas del Partido Demócrata. Ilegalmente, en 1972 el presidente Nixon ordenó que fueran puestas bajo escucha. Ante las pruebas y el escándalo el presidente debió renunciar en agosto de 1974. Ver: Marchetti, Victor y Marks, John. “La CIA et le culte du renseignement”. Ed. Robert Laffont. París, 1975.
10- Corn, David. Blond Ghost, “Ted Shackley and the CIA’s Crusades”. Simon & Schuster. New York, 1994.
11- New York Times. 17 septembre 1974.
12- Nixon, Richard. “La vraie guerre”. Albin Michel. París, 1980.
10 septiembre 2013
Desde 1961, apenas posesionado, el presidente John F. Kennedy nombró un comité encargado de las elecciones que se desarrollarían en Chile tres años después. Según la investigación de la Comisión Church del Senado estadounidense[1], estuvo compuesto de altos responsable del Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIA. Este Comité fue reproducido en la embajada estadounidense en Santiago, capital chilena. El objetivo era impedir que el candidato socialista, Salvador Allende, ganara los comicios [2].
Allende era un marxista convencido de que por la vía pacífica se podía llegar al gobierno, y, desde ahí, darle un vuelco a las estructuras del Estado en beneficio de las mayorías empobrecidas. Expresaba que para lograr tal objetivo se debía nacionalizar las grandes industrias, priorizando las que estaban en manos estadounidenses, al ser éstas las que explotaban los recursos estratégicos. Estos, y otros ideales sociales, lo convirtieron en un indeseable para Washington: podría servir de ejemplo para los pueblos de otras naciones latinoamericanas.
Para hacerle oposición, varios millones de dólares fueron distribuidos entre los partidos políticos de centro y de la derecha para que realizaran su propaganda. Al momento de elegir el candidato a la presidencia, Washington decidió apoyar a Eduardo Frei, del partido Demócrata Cristiano, un personaje que impuso a sus otros financiados.
En total, la operación costó unos veinte millones de dólares, una suma inmensa para la época, al punto de sólo poderse comparar con lo gastado en las elecciones presidenciales estadounidenses. Es que Washington no tanto invirtió en el candidato Frey, sino que realizó toda una campaña de propaganda anticomunista a largo plazo.
La Comisión del Senado dijo: “Se explotaron todos los medios posibles: prensa, radio, películas, volantes, folletos, correos, banderolas, pinturas murales.” La Comisión reconoció que la CIA realizó, por intermedio de sus partidos comprados y varias organizaciones sociales, una “campaña alarmista” donde el objetivo principal fueron las mujeres, a las cuales se les aseguraba que los soviéticos y los cubanos llegarían para arrebatarle a sus hijos si ganaba Allende. Afiches distribuidos masivamente mostraban a niños llevando en la frente un tatuaje con la hoz y el martillo. La tradición religiosa también fue manipulada al máximo para que se temiera al “comunismo ateo e impío.”
La operación psicológica funcionó por encima de las expectativas: Frei logró el 56% de votos, mientras que Allende el 39%. La CIA, según la Comisión del Senado, aseguró que “la campaña de inculcar miedo anticomunista había sido la más eficaz de todas las actividades adelantadas.”
Fue una operación psicológica, con carácter de guerra, cuya base eran los planes aplicados en Guatemala que terminaron derrocando al presidente Jacobo Arbenz, en junio de 1954 [3]. Una operación que en Chile no se desmanteló con el triunfo de Frei, porque, a pesar de todo, la cantidad de votos logrados por Allende fue alta. Y el vencido tenía todas las intenciones de presentarse a las futuras elecciones.
En sus Memorias William “Bill” Colby, jefe de la CIA entre 1973 y1976, cuenta que durante las elecciones presidenciales de 1970, “la CIA debió dirigir todos los esfuerzos contra el marxista Allende. Ella se encargó de organizar una vasta campaña de propaganda contra su candidatura.” [4] La operación se llamó “Segunda Vía”. Todo por orden directa del presidente Richard Nixon.
Henry Kissinger, el consejero para la Seguridad Nacional del presidente, expresaría durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre Chile, el 27 de junio de 1970: “Yo no veo por qué debemos quedarnos indiferentes, mientras un país cae en el comunismo por culpa de la irresponsabilidad de su pueblo.” [5] O sea, la soberana decisión de los ciudadanos no podía ser válida si no estaba en concordancia con los intereses estadounidenses. Durante esta reunión se decidió sumar trescientos mil dólares a la operación de propaganda que ya se adelantaba.
Según la Comisión Church del senado, Richard Helms, jefe de la CIA desde 1966, envió a dos oficiales de la CIA, a los que conocía desde los primeros preparativos de invasión a Cuba, como responsables; ambos especialistas de la guerra psicológica y la desinformación; con importante participación en el golpe de Estado en Guatemala, y acababan de desembarcar de la guerra en Indochina: David Atlee Phillips y David Sánchez Morales. La Comisión del Senado dijo que una de las consignas que englobaba la campaña era: “La victoria de Allende significa la violencia y la represión estalinista.”
Pero el 4 de septiembre de 1970 Allende ganó las elecciones. Escribe Colby que “Nixon entró en cólera. Él estaba convencido de que la victoria de Allende haría pasar a Chile al campo de la revolución castrista y anti-americana, y que el resto de América Latina no tardaría en seguirle los pasos.” Prosigue el ex patrón de la CIA: Nixon convocó a Helms “y le impuso muy claramente la responsabilidad de evitar que Allende asumiera sus funciones.” En la misma reunión Nixon encargó a Kissinger darle un seguimiento estricto al complot.
Es que quedaba una posibilidad para evitar que Allende asumiera la presidencia: había triunfado pero con una mayoría relativa, debido a que las fuerzas de izquierda se habían dividido, carcomidas por la campaña mediática y/o el dinero que la CIA logró inyectar a ciertos grupos. Por tanto el Congreso chileno se debía reunir el 24 de octubre para decidir entre Allende y Jorge Alessandri, candidato del partido conservador y quien obtuviera la segunda votación. El plan de Washington era, entonces, comprar el voto de congresistas para que no confirmaran el triunfo del socialista. Helms envió a un “grupo de trabajo” que mantuvo una “actividad frenética” durante seis semanas”, según relata Colby. Esto tampoco funcionó y Allende sería declarado ganador de las elecciones.
Los operarios especiales de la CIA tomaron contacto con responsables políticos y militares para seleccionar aquellos que podrían estar listos para actuar contra Allende, “y determinar con ellos la ayuda financiera, las armas y el material que fuera necesario para barrerlo de la ruta hacia la presidencia”, según Colby.
La mayor esperanza se centró en las Fuerzas Armadas, pero todo dependía de su comandante, el general René Schneider. El problema que encontró la CIA es que este militar había expresado claramente que su institución respetaría la Constitución. Y Colby, en sus Memorias, reconoce con una naturalidad espeluznante: “Entonces era un hombre a matar. Se organiza contra él una tentativa de secuestro que termina mal: fue herido al oponer resistencia y muere poco después debido a las heridas.”
Según la Comisión Church el 22 de octubre, muy temprano en la mañana, la CIA entregó a conspiradores chilenos metralletas y municiones “esterilizadas”, denominadas así porque en caso de investigación no es posible determinar su origen. Horas después se produjo el atentado. Tres días después moriría Schneider, “el hombre a matar”. Inmediatamente el presidente Nixon envió un cínico mensaje a su homólogo chileno: “Yo quisiera hacerle parte de mi dolor ante este repugnante acto.” El sucesor de Schneider sería un tal general Pinochet.
El 3 de noviembre de 1970 Allende se posesionó como presidente: Nixon no le envió el regular mensaje de felicitación que exige el protocolo diplomático, ni el embajador estadounidense asistió a la investidura.
Ahora correspondía preparar la desestabilización del nuevo gobierno, lo cual se encargaría a la Dirección del Hemisferio Occidental de la Agencia. Una dependencia que desde 1972 tuvo como director a un oficial con gran experiencia en operaciones clandestinas: Ted Shackley. Y éste nombró a su hombre-sombra, Tom Clines, para que se concentrara en el “caso Allende”, teniendo bajo su responsabilidad a los viejos colegas Sánchez Morales y Atlee Phillips.
En marzo del siguiente año Bill Colby vuelve a ser el superior de Shackley y Clines como subdirector de Operaciones Especiales. Este trío regresaba de estar al frente de la guerra sucia en Indochina, muy particularmente en Vietnam.
Desde 1972 este equipo de la CIA, en Washington y Chile, fue desarrollando la operación más perfeccionada de desinformación y sabotaje económico que hasta ese momento se conociera en el mundo. Colby confesó que fue una “experiencia de laboratorio que demostró la eficacia de la inversión financiera para desacreditar y derrocar a un gobierno.” [6]
No fue todo. Según la Comisión del Senado estadounidense, la estación de la CIA en Santiago se dedicó a recoger toda la información necesaria para un eventual golpe de Estado. “Listas de personas a detener; infraestructuras y personal civil que debían ser protegidos con prioridad; instalaciones gubernamentales a ocupar; planes de urgencia previstos por el gobierno si se diera un levantamiento militar.” [7]
Según el ex funcionario del Departamento de Estado, William Blum, esta información sensible de Estado fue obtenida a partir de la “compra” de altos funcionarios y de dirigentes políticos de la coalición partidaria de Allende, La Unidad Popular [8] . Mientras que en Washington los empleados de la embajada chilena se quejaban de la desaparición de documentos, no sólo de la sede diplomática sino de sus propios domicilios. Sus comunicaciones fueron sometidas a escucha. Un trabajo realizado por el mismo equipo que muy poco después se involucraría en el Watergate. [9]
La acción contra Allende necesitó de una campaña internacional de difamación e intrigas. Buena parte de ella fue encargada a un inexperto en política exterior y casi desconocido político, aunque viejo conocido del presidente Nixon y de los hombres que adelantaban la operación: George H.W. Bush. Esa tarea la realizó como embajador en la ONU, función que ocupaba desde febrero de 1971. Cuando fue nombrado para el cargo nadie quiso recordar que pocos meses antes había logrado, como representante a la Cámara de Texas, que se restableciera en ese Estado la pena de muerte para los “homosexuales reincidentes”.
El 11 de septiembre de 1973 se da el sangriento golpe de Estado contra el gobierno de Allende, encabezado por el general Augusto Pinochet, y se desata una terrible represión. Aunque Shackley había dejado su cargo unos días antes de aquel fatídico día, fue la figura clave en el operativo. Su biógrafo afirma: “Salvador Allende murió durante el golpe. Cuando el humo se disipó, el General Augusto Pinochet, dirigente de la Junta Militar, estaba en el poder dictatorial, debido en parte al arduo trabajo de Shackley [...]” [10]
Casi un mes después, el 16 de octubre, Henry Kissinger recibiría el Premio Nobel de la Paz… Al año siguiente del golpe, mientras la dictadura seguía ensangrentando a la nación, el presidente Gerald Ford declaraba que los estadounidenses habían actuado “por los mejores intereses de los chilenos y, obviamente, para los de Estados Unidos.” [11]
Mientras que en 1980 el ex presidente Nixon escribiría: “Los detractores se preocupan únicamente por la represión política en Chile, e ignoran las libertades fruto de una economía libre […] Más que reclamar la perfección inmediata en Chile, deberíamos apoyar los progresos realizados.” [12]
(* Con algunos pocos cambios, este es un capitulo tomado del libro “El Equipo de Choque de la CIA”. El Viejo Topo, Barcelona, 2010.)
Notas:
1- Comisión especial presidida por el senador Frank Church: “Alleged Assassination Plots Involving foreign Leaders.” November, 1975. U.S. Government printing office 61-985, Washington, 1975.
2- Cover Action in Chile, 1963-1973. The Select Committe to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, US Senate. Washington, 18 décembre 1975.
3- El presidente estadounidense Dwight David Eisenhower autorizó a la CIA el derrocamiento de Arbenz, aplicando un plan integral, inédito hasta ese momento en el continente, que contenía acciones de guerra sicológica, mercenaria y paramilitar, cuyo nombre en clave fue PBSUCCESS. Ver: Cullather, Nick. “Secret History: the CIA Classified Accounts of its Operations in Guatemala, 1952-1954″. Stanford University. 1999.
4- Colby, William. “30 ans de C.I.A.” Presses de la Renaissance. París, 1978.
5- Newsweek. Washington, 23 septembre 1974.
6- New York Times. 8 septembre 1974.
7- Cover Action in Chile, 1963-1973. Ob. Cit.
8- Blum, William. “Les guerres scélérates”. Parangon, París 2004.
9- Watergate se llamaba el edificio donde ese encontraban las oficinas del Partido Demócrata. Ilegalmente, en 1972 el presidente Nixon ordenó que fueran puestas bajo escucha. Ante las pruebas y el escándalo el presidente debió renunciar en agosto de 1974. Ver: Marchetti, Victor y Marks, John. “La CIA et le culte du renseignement”. Ed. Robert Laffont. París, 1975.
10- Corn, David. Blond Ghost, “Ted Shackley and the CIA’s Crusades”. Simon & Schuster. New York, 1994.
11- New York Times. 17 septembre 1974.
12- Nixon, Richard. “La vraie guerre”. Albin Michel. París, 1980.
Chile 40 años: La osadía de Allende
Chile 40 años: La osadía de Allende
11.09.2013
SANTIAGO DE CHILE (Uypress/SinPermiso - Carlos Abel Suárez*) - “Para mí la mayor gravedad es lo que continúa después del golpe de Estado. Lo que siguió después fue una barbarie, crímenes y asesinatos y destierro (...)”. A 40 años del golpe del general Augusto Pinochet al gobierno socialista de Salvador Allende, compartimos este artículo.
"Para mí la mayor gravedad es lo que continúa después del golpe de Estado...lo que siguió después fue una barbarie, crímenes y asesinatos y destierro. La primera etapa de esta sanación era para mí justicia a los criminales, una especie de Núremberg, que no hubo acá en Chile, y luego las cuestiones institucionales, como el binominal. La dictadura duró 20 años, tuvieron 20 años para hacer lo que les paró el hoyo aquí en Chile y pa poder reorganizar el país pa delante. (...) nada nos asegura que no pueda volver a suceder, lo único que podemos hacer es testimoniar, testimoniar. Ojo con esto...no se pueden volver a cometer esos excesos bajo ningún punto de vista, no se puede perseguir y matar gente por lo que piensa. Una de las cosas buenas que hemos aprendido en la democracia es que la gente pueda expresar su opinión y no sentir miedo. Yo creo que se ha demorado más este proceso porque nos quedamos con un miedo terrible, sobre todo las generaciones más grandes, entonces evidentemente la juventud tiene ese rol: no tener miedo". Rodrigo Salinas, Ilustrador y comediante (38 años)
"Yo soy un defensor acérrimo del gobierno de Allende. Yo creo que ha sido el mejor gobierno de Chile y uno de los mejores gobiernos de la humanidad en cuanto a participación, en cuanto a democracia, en cuanto a acceso a la cultura (...) La editorial Quimantú tenía tiradas de 300.000 ejemplares. Yo noto que hay algo que nadie dice, y es lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, lo que fue como gobierno. Y que la gente que participó de ese gobierno tiende como a disculparse, tiende como a ocultarlo. Tiende como a sentir vergüenza, hablan de los excesos. (...) Durante los 3 años de la Unidad Popular no hubo un solo cesante en Chile y a pesar del desabastecimiento, a pesar del mercado negro, nadie pasó hambre, nadie pasó necesidades". Camilo Marks, escritor y abogado defensor de los DDHH durante la dictadura. (65 años)
Estos testimonios forman parte de un impactante documental "40 voces, 40 años", dirigido por Felipe Araya, Patricio Escobar, que fue difundido por la televisión chilena la semana pasada. Seleccioné estos dos testimonios, entre muchos muy buenos, para mostrar dos experiencias distintas (que de algún modo recorren la muestra): la de quienes vivieron los tiempos de Allende y el golpe y la de quienes sufrieron las consecuencias de los largos años de la dictadura y de casi 24 años de los gobiernos que sucedieron a Pinochet.
Escribir sobre el Chile de cuatro décadas atrás es duro para los que de uno u otra manera estuvimos involucrados en ese tiempo. Hasta las personalidades más destacadas no podían hablar del tema. La última vez que me encontré con Clodomiro Almeyda, ex canciller y vicepresidente de la República, (a quien conocía de mucho tiempo antes de que fuera uno de los más destacados dirigentes del Partido Socialista, canciller y vicepresidente de Allende) compartimos varias horas de vuelo entre Santiago y Bogotá y luego una cena en el Hotel. Me contó que había dejado de fumar, de la caída del Muro de Berlín, de cuando cruzó clandestinamente la cordillera para regresar a Chile, una anécdota que yo conocía porque colaboraron unos amigos, de Arafat que le había regalado un collar de cuentas que le ayudaba a bajar la ansiedad de ex fumador, pero cuando llegábamos a la zona de los recuerdos más dolorosos, enmudecía y yo sabía que no podía preguntar. Algo de esto había aprendido entre los exiliados republicanos españoles residentes en Mendoza. También en nuestra propia experiencia argentina con relación a la dictadura. Hay un territorio difícil de franquear y no se trata de culpas, como piensan algunos imbéciles por las que hay que pedir perdón. Es lo mismo que impedía a Jorge Semprun contar su experiencia en Buchenwald, que finalmente pudo concretar en La Escritura o la vida. Allí se vale de un poeta amigo, una tabla que le permite superar el trance: "Nadie puede escribir si no tiene el corazón puro, es decir, si no está suficientemente despegado de sí mismo".
Para los chilenos, también para el resto del mundo, la conmemoración del 11 de Septiembre tiene varios significados, para muchos es la muerte de Allende, el fin del sueño de una experiencia social y política inédita y el comienzo del horror de la dictadura de Pinochet, que destruyó a la mayoría de los chilenos. Para la derecha de Chile y del mundo, fue el triunfo de una contrarrevolución y de la conformación de un modelo económico que sería un ejemplo para un puñado de ricos del mundo, un trofeo que todavía exhiben sin pudor entre los círculos más concentrados del privilegio y de la desigualdad. Esconden, ciertamente, bajo la alfombra la sangre de las víctimas y que esos logros no solamente fueron una hazaña de la competencia y de la iniciativa privada. Fueron el resultado y, principalmente, vaya la paradoja de la intervención del Estado. Porque el Estado siempre está. Mucho más para aquellos que dicen que no debe intervenir.
"Ahora saben - recuerda el escritor Luis Sepúlveda - que la mujer de Pinochet asaltó la organización de Centros de Madres (CEMA), sin realizar la menor inversión de riesgo. Actuaba de la siguiente manera: su marido ordenaba asesinar a alguien, normalmente de izquierda, que tuviera una propiedad grande, apta para la construcción. Esa propiedad pasaba a ser parte, durante algunos días, del Estado chileno, pero luego era regalada a CEMA, organización que dirigía Lucía Hiriart de Pinochet. Esta veterana ladrona, como gato de campo, ordenaba que arquitectos del ejército, pagados por todos los chilenos, hicieran un proyecto de cien o más viviendas, que eran construidas por batallones de soldados, ladrillos, cemento y vidrios del ejército chileno, es decir que no compraba un clavo, todo lo pagaba el Estado chileno. Luego vendía las casas, que además entregaban equipadas con cocina, refrigerador y muebles compradas por el ejército chileno, y el dinero de la venta se perdía en sus cuentas de Miami, Gibraltar, Suiza o las Islas Caimán. Eso - dicen los ladrones y estafadoras chilenos - es competencia desleal, eso es una violación de la libre competencia y no hay manera de explicarles que eso es precisamente la médula de la economía neoliberal de mercado, el robo cometido sin la menor vergüenza y que se llama privatización de las empresas nacionales, el latrocinio impune que se llama "libertad de movimiento para el capital". Ni ella ni sus hijos implicados en peores negocios que los de la ONG de la mamá con ayuda del General, pidieron perdón ni fueron condenados.
Los días de Allende
La maravillosa película de Patricio Guzmán registra con imparcialidad y profundidad esos tiempos fundamentales, que suelen ser interpretados con claves del presente y confusas. Es importante sugerir a los más jóvenes que la vean, que se pase en las escuelas y no sólo de Chile.
Cuando Juan Gabriel Valdés fue embajador del gobierno de la Concertación en Buenos Aires, invitó a políticos argentinos amigos, a chilenos residentes y a periodistas a la presentación del documentado libro Memoria de la Izquierda Chilena, escrito por Jorge Arrate y Eduardo Rojas. Un destacadísimo político argentino, que participaba del panel de presentación - no es al caso mencionarlo para no entrarle a las internas argentinas - confesó que de los dos tomos de la obra, sólo había alcanzado a leer el capítulo de Allende. Y agregó que había estado pensando que si Allende hubiese hecho esto, en lugar de aquello y lo otro en lugar de...es posible que hubiese evitado el golpe de Estado. Yo estaba sentado al lado del actor Patricio Contreras, nos miramos, sonreímos y comentamos: ahora el Chicho sería un viejito huevón, dando conferencias en Harvard o en París.
De más está decir que al intrépido comentarista (ha hecho cosas peores) le enmendaron la plana. La suerte de Allende y de la Unidad Popular estaba echada desde antes de ganar aquellas inolvidables elecciones de septiembre de 1970. Recordemos solamente el testimonio del embajador norteamericano en la mencionada película de Patricio Guzmán, las revelaciones de los documentos desclasificados del Departamento de Estado que informan sobre planes de "contingencia", la operación Camelot, etc., elaborados ya desde los tiempos en que el FRAP era apenas una lejana posibilidad, en las elecciones que ganó Eduardo Frei. Para no abundar con citas de horas y horas de deliberaciones, cientos de informes, testimonios y grabaciones en las comisiones del Congreso de los Estados Unidos - la centralidad que alcanzó el caso Chile en los planes de Nixon y su secretario Kissinger -, el papel de la ITT y las transnacionales, como asimismo lo que investigó el Tribunal Russell durante 1975, etc. Pero todo esto, que a muchos tomó por sorpresa a los largo de 40 años, no era desconocido en 1970. Desde antes de asumir el gobierno se asomó el huevo de la serpiente con el brutal asesinato del comandante del Ejército, René Schneider. Las controversias de esos momentos no ignoraban el peligro, la existencia de la Guerra Fría y el sendero angosto por que debía transitar el gobierno de la UP para cumplir sus promesas electorales.
Allende fue un ejemplo de transparencia en ese sentido, no vendía una imagen diferente de lo que era y así como no rehuía la negociación con los políticos tradicionales y las fuerzas hostiles, con los que había tratado toda su vida política - recordemos que fue por un período breve ministro de salud de Aguirre Cerda, y largos años senador de la República - también era capaz de recibir críticas desde la izquierda y refutarlas sin una pizca de enojo o mal humor. Entre los más próximos se escuchaba decir, entre queja y admiración, que el Chicho confiaba demasiado en su muñeca negociadora.
En la conciencia de los peligros que encerraba esa coyuntura histórica está la premura con que la UP avanzó en una rápida implementación de su programa, nadie le podía echar en cara que no había cumplido sus promesas a los pocos meses de ocupar La Moneda.
Su discurso en el acto de festejo del primer año de gobierno, realizado el 5 de noviembre de 1971 en el Estadio Nacional, muestra con gran transparencia su pensamiento, ideas sobre las que persistió hasta el final:
"Rechazamos, nosotros los chilenos, en lo más profundo de nuestras conciencias, las luchas fratricidas. Pero sin renunciar jamás a reivindicar los derechos del pueblo. Nuestro escudo lo dice: ´Por la razón o por la fuerza´. Pero dice primero 'por la razón´. Ya en nuestros primeros pasos como país soberano, la decisión de los hombres de Chile y la estabilidad de sus dirigentes nos permitieron evitar las guerras civiles.(....) Ya en 1845, Francisco Antonio Pinto escribía al General san Martín: ´Me parece que nosotros vamos a solucionar el problema de saber cómo ser republicanos y continuar hablando la lengua española´. Desde entonces, la estabilidad institucional de la República fue una de las más consistentes de Europa y América (....) El respeto a los demás, la tolerancia hacia el otro, es uno de los bienes culturales más significativos con que contamos. (...) Nuestro camino será aquel construido a lo largo de nuestra experiencia, el consagrado por el pueblo en las elecciones, el señalado en el Programa de la Unidad Popular: El camino al socialismo en democracia, Pluralismo y libertad. (....) Que nadie se llame a engaño. Los teóricos del marxismo nunca han pretendido, ni la historia demuestra, que un partido único sea una necesidad en el proceso de transición hacia el Socialismo".
Terminó su brillante oratoria con esta frase: "Este Chile que empieza a renovarse, este Chile en primavera y en fiesta, siente como una de sus aspiraciones más hondas, el deseo de que cada hombre del mundo sienta en nosotros a su hermano".
En este discurso, casi sin libreto, está reflejado el conocimiento que tenía Allende de la historia y de que hincaba el diente sin vacilar en los grandes debates de su época; con respecto a un socialismo con rostro humano y también la temeraria confianza que depositaba en la estabilidad institucional y neutralidad de las Fuerzas Armadas, que ciertamente contrastaba con la experiencia de América Latina. Asimismo hay que decir que no se trataba de una confianza ingenua, no cerraba el paso a los procesos de auto organización de los trabajadores, que disgustaban a algunos de sus colaboradores. En los momentos más difíciles, como el "tancazo" del 29 de junio, Allende rechazó airadamente los mayoritarios reclamos de cerrar el Parlamento y tomar medidas contra la Corte de Justicia que le eran hostiles. Allende aseguró que mientras él fuera presidente respetaría las instituciones de la república, y cada vez que se le interpelaba sobre la violencia señalaba el escudo chileno con esa sonrisa pícara: "primero dice por la razón". No obstante, esa misma noche de junio comenzó una gigantesca ocupación de fábricas e instituciones, que abría una etapa de confrontación irreversible. La ex presidenta y actual candidata recordará que ella estaba esos días en el fragor de esas ocupaciones.
Chile por su conformación territorial fue como una isla, encerrado al Este por la Cordillera de los Andes, al Norte por el desierto de Atacama, el resto por el imponente océano Pacífico (el Sur por siglos casi no contaba). Sin embargo, nunca estuvo más unido al mundo que en los años de la Unidad Popular, cosa que no pueden entender los que creen que todo llegó por el Tratado de Libre Comercio con los yanquis o la apertura comercial.
Esto es lo que constata y expresa Allende cuando afirmó: "el deseo de que cada hombre del mundo sienta en nosotros a su hermano". Verdaderamente acudieron a Chile, no sólo los exiliados de todas partes, que tanto odiaban los momios, especialmente si eran negros, sino científicos, artistas intelectuales que fueron a aportar a esa experiencia singular. Muchos perdieron la vida en esa jugada, otros quedaron marcados para siempre. Entre tantos ejemplos, están los científicos: Stafford Beer (británico), Oscar Varsavsky (argentino), Carlos Eduardo Senna (brasiñelo), Stéfano Varese (peruano), que trabajaron junto al investigador chileno Humberto Maturana, en distintos modelos matemáticos y cibernéticos para su aplicación en la industria nacionalizada. Algunos proyectos cuando los explicaban parecían sueños futuristas, lo dijo muy bien Darcy Ribeiro, que fue asesor de Allende y también estaba vinculado a este proyecto: "Nunca participé de un experimento tan radical y tan generoso. Allí repensábamos con osadía el mundo que era y debía ser, todavía más osadamente, los mundos que debían ser". (1)
¿De qué hay que pedir perdón?
El acreditado Estudio de Opinión Pública difundió esta semana el primer sondeo sobre las futuras elecciones nacionales que se celebrarán el próximo mes de noviembre. Michelle Bachelet registra el 44 por ciento de apoyo contra el 12 por ciento de su contrincante de la derecha Evelyn Matthei. Pero solamente el 53 por ciento dijo que iría a votar. La abstención continua siendo la mancha de la política chilena, donde todavía sigue vigente la Constitución de Pinochet. Al examinar el 53 por ciento que asegura que va a votar, sólo el 18,3 por ciento son jóvenes entre 18 y 30 años. La juventud, que fue la gran protagonista de vida política en las calles de Chile en estos últimos años, no tiene mucho interés en las elecciones. Además la encuesta señala que en las regiones un 62 por ciento quiere participar, mientras que en Santiago la disposición baja al 36,9 por ciento.
El casi seguro futuro gobierno encabezado por Bachelet se enfrentará con viejos y nuevos problemas. ¿Podrá seguir navegando en las aguas semi-neoliberales en medio de la crisis mundial actual? Educación, salud y sistema previsional son número puesto en la agenda o tendrá la respuesta en la calle. Y una reforma hacia una Constitución democrática una tarea ineludible.
Mientras tanto, al son de la campaña podemos sorprendernos por la disculpa de los jueces por su actuación durante el pinochetismo, que aunque tarde merece aplaudirse, la vergüenza ajena por Camilo Escalona, que pide perdón por unas piedras que tiró cuando era un estudiante secundario radicalizado y el gesto que destaca a Ricardo Lagos cuando dice que no tiene que pedir perdón, porque la dictadura arruinó a toda una generación de chilenos. Tal vez se ha quedado corto, han pasado 40 años y Chile sigue siendo el país tan desigual que dejó Pinochet.
Nota:
(1): Carlos E. Senna, Encontros na América do sol. 1983 (Río de Janeiro- Ed. Antares).
*Carlos Abel Suárez es periodista y analista y miembro del Comité de Redacción de SinPermiso
11.09.2013
SANTIAGO DE CHILE (Uypress/SinPermiso - Carlos Abel Suárez*) - “Para mí la mayor gravedad es lo que continúa después del golpe de Estado. Lo que siguió después fue una barbarie, crímenes y asesinatos y destierro (...)”. A 40 años del golpe del general Augusto Pinochet al gobierno socialista de Salvador Allende, compartimos este artículo.
"Para mí la mayor gravedad es lo que continúa después del golpe de Estado...lo que siguió después fue una barbarie, crímenes y asesinatos y destierro. La primera etapa de esta sanación era para mí justicia a los criminales, una especie de Núremberg, que no hubo acá en Chile, y luego las cuestiones institucionales, como el binominal. La dictadura duró 20 años, tuvieron 20 años para hacer lo que les paró el hoyo aquí en Chile y pa poder reorganizar el país pa delante. (...) nada nos asegura que no pueda volver a suceder, lo único que podemos hacer es testimoniar, testimoniar. Ojo con esto...no se pueden volver a cometer esos excesos bajo ningún punto de vista, no se puede perseguir y matar gente por lo que piensa. Una de las cosas buenas que hemos aprendido en la democracia es que la gente pueda expresar su opinión y no sentir miedo. Yo creo que se ha demorado más este proceso porque nos quedamos con un miedo terrible, sobre todo las generaciones más grandes, entonces evidentemente la juventud tiene ese rol: no tener miedo". Rodrigo Salinas, Ilustrador y comediante (38 años)
"Yo soy un defensor acérrimo del gobierno de Allende. Yo creo que ha sido el mejor gobierno de Chile y uno de los mejores gobiernos de la humanidad en cuanto a participación, en cuanto a democracia, en cuanto a acceso a la cultura (...) La editorial Quimantú tenía tiradas de 300.000 ejemplares. Yo noto que hay algo que nadie dice, y es lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, lo que fue como gobierno. Y que la gente que participó de ese gobierno tiende como a disculparse, tiende como a ocultarlo. Tiende como a sentir vergüenza, hablan de los excesos. (...) Durante los 3 años de la Unidad Popular no hubo un solo cesante en Chile y a pesar del desabastecimiento, a pesar del mercado negro, nadie pasó hambre, nadie pasó necesidades". Camilo Marks, escritor y abogado defensor de los DDHH durante la dictadura. (65 años)
Estos testimonios forman parte de un impactante documental "40 voces, 40 años", dirigido por Felipe Araya, Patricio Escobar, que fue difundido por la televisión chilena la semana pasada. Seleccioné estos dos testimonios, entre muchos muy buenos, para mostrar dos experiencias distintas (que de algún modo recorren la muestra): la de quienes vivieron los tiempos de Allende y el golpe y la de quienes sufrieron las consecuencias de los largos años de la dictadura y de casi 24 años de los gobiernos que sucedieron a Pinochet.
Escribir sobre el Chile de cuatro décadas atrás es duro para los que de uno u otra manera estuvimos involucrados en ese tiempo. Hasta las personalidades más destacadas no podían hablar del tema. La última vez que me encontré con Clodomiro Almeyda, ex canciller y vicepresidente de la República, (a quien conocía de mucho tiempo antes de que fuera uno de los más destacados dirigentes del Partido Socialista, canciller y vicepresidente de Allende) compartimos varias horas de vuelo entre Santiago y Bogotá y luego una cena en el Hotel. Me contó que había dejado de fumar, de la caída del Muro de Berlín, de cuando cruzó clandestinamente la cordillera para regresar a Chile, una anécdota que yo conocía porque colaboraron unos amigos, de Arafat que le había regalado un collar de cuentas que le ayudaba a bajar la ansiedad de ex fumador, pero cuando llegábamos a la zona de los recuerdos más dolorosos, enmudecía y yo sabía que no podía preguntar. Algo de esto había aprendido entre los exiliados republicanos españoles residentes en Mendoza. También en nuestra propia experiencia argentina con relación a la dictadura. Hay un territorio difícil de franquear y no se trata de culpas, como piensan algunos imbéciles por las que hay que pedir perdón. Es lo mismo que impedía a Jorge Semprun contar su experiencia en Buchenwald, que finalmente pudo concretar en La Escritura o la vida. Allí se vale de un poeta amigo, una tabla que le permite superar el trance: "Nadie puede escribir si no tiene el corazón puro, es decir, si no está suficientemente despegado de sí mismo".
Para los chilenos, también para el resto del mundo, la conmemoración del 11 de Septiembre tiene varios significados, para muchos es la muerte de Allende, el fin del sueño de una experiencia social y política inédita y el comienzo del horror de la dictadura de Pinochet, que destruyó a la mayoría de los chilenos. Para la derecha de Chile y del mundo, fue el triunfo de una contrarrevolución y de la conformación de un modelo económico que sería un ejemplo para un puñado de ricos del mundo, un trofeo que todavía exhiben sin pudor entre los círculos más concentrados del privilegio y de la desigualdad. Esconden, ciertamente, bajo la alfombra la sangre de las víctimas y que esos logros no solamente fueron una hazaña de la competencia y de la iniciativa privada. Fueron el resultado y, principalmente, vaya la paradoja de la intervención del Estado. Porque el Estado siempre está. Mucho más para aquellos que dicen que no debe intervenir.
"Ahora saben - recuerda el escritor Luis Sepúlveda - que la mujer de Pinochet asaltó la organización de Centros de Madres (CEMA), sin realizar la menor inversión de riesgo. Actuaba de la siguiente manera: su marido ordenaba asesinar a alguien, normalmente de izquierda, que tuviera una propiedad grande, apta para la construcción. Esa propiedad pasaba a ser parte, durante algunos días, del Estado chileno, pero luego era regalada a CEMA, organización que dirigía Lucía Hiriart de Pinochet. Esta veterana ladrona, como gato de campo, ordenaba que arquitectos del ejército, pagados por todos los chilenos, hicieran un proyecto de cien o más viviendas, que eran construidas por batallones de soldados, ladrillos, cemento y vidrios del ejército chileno, es decir que no compraba un clavo, todo lo pagaba el Estado chileno. Luego vendía las casas, que además entregaban equipadas con cocina, refrigerador y muebles compradas por el ejército chileno, y el dinero de la venta se perdía en sus cuentas de Miami, Gibraltar, Suiza o las Islas Caimán. Eso - dicen los ladrones y estafadoras chilenos - es competencia desleal, eso es una violación de la libre competencia y no hay manera de explicarles que eso es precisamente la médula de la economía neoliberal de mercado, el robo cometido sin la menor vergüenza y que se llama privatización de las empresas nacionales, el latrocinio impune que se llama "libertad de movimiento para el capital". Ni ella ni sus hijos implicados en peores negocios que los de la ONG de la mamá con ayuda del General, pidieron perdón ni fueron condenados.
Los días de Allende
La maravillosa película de Patricio Guzmán registra con imparcialidad y profundidad esos tiempos fundamentales, que suelen ser interpretados con claves del presente y confusas. Es importante sugerir a los más jóvenes que la vean, que se pase en las escuelas y no sólo de Chile.
Cuando Juan Gabriel Valdés fue embajador del gobierno de la Concertación en Buenos Aires, invitó a políticos argentinos amigos, a chilenos residentes y a periodistas a la presentación del documentado libro Memoria de la Izquierda Chilena, escrito por Jorge Arrate y Eduardo Rojas. Un destacadísimo político argentino, que participaba del panel de presentación - no es al caso mencionarlo para no entrarle a las internas argentinas - confesó que de los dos tomos de la obra, sólo había alcanzado a leer el capítulo de Allende. Y agregó que había estado pensando que si Allende hubiese hecho esto, en lugar de aquello y lo otro en lugar de...es posible que hubiese evitado el golpe de Estado. Yo estaba sentado al lado del actor Patricio Contreras, nos miramos, sonreímos y comentamos: ahora el Chicho sería un viejito huevón, dando conferencias en Harvard o en París.
De más está decir que al intrépido comentarista (ha hecho cosas peores) le enmendaron la plana. La suerte de Allende y de la Unidad Popular estaba echada desde antes de ganar aquellas inolvidables elecciones de septiembre de 1970. Recordemos solamente el testimonio del embajador norteamericano en la mencionada película de Patricio Guzmán, las revelaciones de los documentos desclasificados del Departamento de Estado que informan sobre planes de "contingencia", la operación Camelot, etc., elaborados ya desde los tiempos en que el FRAP era apenas una lejana posibilidad, en las elecciones que ganó Eduardo Frei. Para no abundar con citas de horas y horas de deliberaciones, cientos de informes, testimonios y grabaciones en las comisiones del Congreso de los Estados Unidos - la centralidad que alcanzó el caso Chile en los planes de Nixon y su secretario Kissinger -, el papel de la ITT y las transnacionales, como asimismo lo que investigó el Tribunal Russell durante 1975, etc. Pero todo esto, que a muchos tomó por sorpresa a los largo de 40 años, no era desconocido en 1970. Desde antes de asumir el gobierno se asomó el huevo de la serpiente con el brutal asesinato del comandante del Ejército, René Schneider. Las controversias de esos momentos no ignoraban el peligro, la existencia de la Guerra Fría y el sendero angosto por que debía transitar el gobierno de la UP para cumplir sus promesas electorales.
Allende fue un ejemplo de transparencia en ese sentido, no vendía una imagen diferente de lo que era y así como no rehuía la negociación con los políticos tradicionales y las fuerzas hostiles, con los que había tratado toda su vida política - recordemos que fue por un período breve ministro de salud de Aguirre Cerda, y largos años senador de la República - también era capaz de recibir críticas desde la izquierda y refutarlas sin una pizca de enojo o mal humor. Entre los más próximos se escuchaba decir, entre queja y admiración, que el Chicho confiaba demasiado en su muñeca negociadora.
En la conciencia de los peligros que encerraba esa coyuntura histórica está la premura con que la UP avanzó en una rápida implementación de su programa, nadie le podía echar en cara que no había cumplido sus promesas a los pocos meses de ocupar La Moneda.
Su discurso en el acto de festejo del primer año de gobierno, realizado el 5 de noviembre de 1971 en el Estadio Nacional, muestra con gran transparencia su pensamiento, ideas sobre las que persistió hasta el final:
"Rechazamos, nosotros los chilenos, en lo más profundo de nuestras conciencias, las luchas fratricidas. Pero sin renunciar jamás a reivindicar los derechos del pueblo. Nuestro escudo lo dice: ´Por la razón o por la fuerza´. Pero dice primero 'por la razón´. Ya en nuestros primeros pasos como país soberano, la decisión de los hombres de Chile y la estabilidad de sus dirigentes nos permitieron evitar las guerras civiles.(....) Ya en 1845, Francisco Antonio Pinto escribía al General san Martín: ´Me parece que nosotros vamos a solucionar el problema de saber cómo ser republicanos y continuar hablando la lengua española´. Desde entonces, la estabilidad institucional de la República fue una de las más consistentes de Europa y América (....) El respeto a los demás, la tolerancia hacia el otro, es uno de los bienes culturales más significativos con que contamos. (...) Nuestro camino será aquel construido a lo largo de nuestra experiencia, el consagrado por el pueblo en las elecciones, el señalado en el Programa de la Unidad Popular: El camino al socialismo en democracia, Pluralismo y libertad. (....) Que nadie se llame a engaño. Los teóricos del marxismo nunca han pretendido, ni la historia demuestra, que un partido único sea una necesidad en el proceso de transición hacia el Socialismo".
Terminó su brillante oratoria con esta frase: "Este Chile que empieza a renovarse, este Chile en primavera y en fiesta, siente como una de sus aspiraciones más hondas, el deseo de que cada hombre del mundo sienta en nosotros a su hermano".
En este discurso, casi sin libreto, está reflejado el conocimiento que tenía Allende de la historia y de que hincaba el diente sin vacilar en los grandes debates de su época; con respecto a un socialismo con rostro humano y también la temeraria confianza que depositaba en la estabilidad institucional y neutralidad de las Fuerzas Armadas, que ciertamente contrastaba con la experiencia de América Latina. Asimismo hay que decir que no se trataba de una confianza ingenua, no cerraba el paso a los procesos de auto organización de los trabajadores, que disgustaban a algunos de sus colaboradores. En los momentos más difíciles, como el "tancazo" del 29 de junio, Allende rechazó airadamente los mayoritarios reclamos de cerrar el Parlamento y tomar medidas contra la Corte de Justicia que le eran hostiles. Allende aseguró que mientras él fuera presidente respetaría las instituciones de la república, y cada vez que se le interpelaba sobre la violencia señalaba el escudo chileno con esa sonrisa pícara: "primero dice por la razón". No obstante, esa misma noche de junio comenzó una gigantesca ocupación de fábricas e instituciones, que abría una etapa de confrontación irreversible. La ex presidenta y actual candidata recordará que ella estaba esos días en el fragor de esas ocupaciones.
Chile por su conformación territorial fue como una isla, encerrado al Este por la Cordillera de los Andes, al Norte por el desierto de Atacama, el resto por el imponente océano Pacífico (el Sur por siglos casi no contaba). Sin embargo, nunca estuvo más unido al mundo que en los años de la Unidad Popular, cosa que no pueden entender los que creen que todo llegó por el Tratado de Libre Comercio con los yanquis o la apertura comercial.
Esto es lo que constata y expresa Allende cuando afirmó: "el deseo de que cada hombre del mundo sienta en nosotros a su hermano". Verdaderamente acudieron a Chile, no sólo los exiliados de todas partes, que tanto odiaban los momios, especialmente si eran negros, sino científicos, artistas intelectuales que fueron a aportar a esa experiencia singular. Muchos perdieron la vida en esa jugada, otros quedaron marcados para siempre. Entre tantos ejemplos, están los científicos: Stafford Beer (británico), Oscar Varsavsky (argentino), Carlos Eduardo Senna (brasiñelo), Stéfano Varese (peruano), que trabajaron junto al investigador chileno Humberto Maturana, en distintos modelos matemáticos y cibernéticos para su aplicación en la industria nacionalizada. Algunos proyectos cuando los explicaban parecían sueños futuristas, lo dijo muy bien Darcy Ribeiro, que fue asesor de Allende y también estaba vinculado a este proyecto: "Nunca participé de un experimento tan radical y tan generoso. Allí repensábamos con osadía el mundo que era y debía ser, todavía más osadamente, los mundos que debían ser". (1)
¿De qué hay que pedir perdón?
El acreditado Estudio de Opinión Pública difundió esta semana el primer sondeo sobre las futuras elecciones nacionales que se celebrarán el próximo mes de noviembre. Michelle Bachelet registra el 44 por ciento de apoyo contra el 12 por ciento de su contrincante de la derecha Evelyn Matthei. Pero solamente el 53 por ciento dijo que iría a votar. La abstención continua siendo la mancha de la política chilena, donde todavía sigue vigente la Constitución de Pinochet. Al examinar el 53 por ciento que asegura que va a votar, sólo el 18,3 por ciento son jóvenes entre 18 y 30 años. La juventud, que fue la gran protagonista de vida política en las calles de Chile en estos últimos años, no tiene mucho interés en las elecciones. Además la encuesta señala que en las regiones un 62 por ciento quiere participar, mientras que en Santiago la disposición baja al 36,9 por ciento.
El casi seguro futuro gobierno encabezado por Bachelet se enfrentará con viejos y nuevos problemas. ¿Podrá seguir navegando en las aguas semi-neoliberales en medio de la crisis mundial actual? Educación, salud y sistema previsional son número puesto en la agenda o tendrá la respuesta en la calle. Y una reforma hacia una Constitución democrática una tarea ineludible.
Mientras tanto, al son de la campaña podemos sorprendernos por la disculpa de los jueces por su actuación durante el pinochetismo, que aunque tarde merece aplaudirse, la vergüenza ajena por Camilo Escalona, que pide perdón por unas piedras que tiró cuando era un estudiante secundario radicalizado y el gesto que destaca a Ricardo Lagos cuando dice que no tiene que pedir perdón, porque la dictadura arruinó a toda una generación de chilenos. Tal vez se ha quedado corto, han pasado 40 años y Chile sigue siendo el país tan desigual que dejó Pinochet.
Nota:
(1): Carlos E. Senna, Encontros na América do sol. 1983 (Río de Janeiro- Ed. Antares).
*Carlos Abel Suárez es periodista y analista y miembro del Comité de Redacción de SinPermiso
La impunidad de los pilotos que bombardearon La Moneda el 11 de septiembre de 1973
La impunidad de los pilotos que bombardearon La Moneda el 11 de septiembre de 1973
3 septiembre, 2013 40 años del Golpe de Estado en Chile, Chile
A pesar de los pactos de silencio que operan al interior de las Fuerzas Armadas, los nombres de los pilotos que organizaron, coordinaron y ejecutaron el brutal bombardeo al palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 son un secreto a voces. Sin embargo, ninguno de ellos ha enfrentado a la justicia y continúan sin colaborar, negando su participación y la de sus compañeros y siendo calificados como “héroes” por la Fuerza Aérea.
Al mando del comandante Mario López Tobar, jefe del grupo 7 de la Fuerza Aérea de Chile, cuatro habrían sido los pilotos que bombardearon el Palacio de La Moneda la mañana del 11 de septiembre de 1973.
Se trataría de Fernando Rojas Vender, quien llegó a ser Comandante en Jefe de la FACH entre 1995 y 1999, el teniente Ernesto Amador González Yarra, el capitán Eitel Von Mühlenbrock y el teniente Gustavo Leigh Yates, hijo del comandante en jefe de la FACH y miembro de la junta militar. La operación habría sido coordinada desde tierra por el comandante Enrique Fernández Cortez.
Contra todos los pactos de silencio que aún operan en las Fuerzas Armadas, el periodista Eduardo Labarca llegó a estos nombres a fines de la década de los setenta, luego de entrevistar a veinte ex miembros de la FACH y de la Marina que habían sido detenidos, torturados y exiliados por haberse opuesto al golpe militar.
Mas, pese al horror que todavía provoca la imagen de La Moneda en llamas, Eduardo Labarca asegura que los militares que participaron del bombardeo son reconocidos como héroes al interior de la Fuerza Aérea.
“En la Fuerza Aérea, todos estos pilotos, menos el hijo de Leigh que erró el blanco, son héroes y gozan de mucho respeto. Y Rojas Vender, que fue Comandante, era respetado por sus dotes y entre otras cosas porque había disparado contra La Moneda y había acertado. En la Fuerza Aérea, entre los militares, es cosa de prestigio”, afirma.
Para Enrique Villanueva, ex miembro de la Fuerza Aérea y ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ese reconocimiento se debe a que se considera que los crímenes fueron cometidos en un contexto de guerra, lo que hace operar los pactos de silencio y, por ende, la impunidad.
“Todo lo que esta gente hizo, todos los asesinatos que cometieron, las desapariciones, las torturas, según ellos las hicieron bajo un contexto de guerra, que los exculpa frente a la sociedad chilena. Y esa es la razón fundamental por la cual no han sido juzgados o, cuando fueron llamados a declarar frente a la justicia, simplemente se negaron a dar los nombres. Ya sabemos quiénes son, pero se negaron a entregar los nombres, haciendo un pacto de silencio”, explica.
Además, Villanueva compara el silencio que existe respecto de quienes bombardearon La Moneda con el ejercido por el general Fernando Matthei, quien hasta el día de hoy desconoce su responsabilidad en las torturas ejecutadas en la Academia de Guerra de la FACH.
“Yo era piloto también, uno se sube en un avión y va en una bandada, el líder puede decir dispara a La Moneda pero yo tengo criterio y le digo cómo se te ocurre que voy a disparar a La Moneda, allí está el Presidente, ¿cómo voy a matar al Presidente? Pero estos canallas fueron así, todos se esconden unos detrás de otros, lo mismo que hace el general Matthei que dice que él no sabía que en la Academia de Guerra se torturaba. Después dijo que sí, que supo porque le contaron, siendo que él era el jefe de la Academia de Guerra, el jefe directo, el dueño en esa época en la que se torturaba. A mí me torturaron ahí”, asegura.
En ese sentido, Jaime Donoso, ex piloto de la FACH que también fue objeto de torturas por oponerse al golpe de Estado, explica que su caso y el de muchos otros ex militares que se negaron a participar del golpe militar es el ejemplo de que, pese a la férrea estructura del Ejército, sí existía la opción de desobedecer.
“Nosotros somos la prueba objetiva de que sí se podía no obedecer órdenes criminales como las que ellos obedecieron y ejecutaron en el año 73. Nosotros nos negamos, no obedecimos las órdenes, por eso nos torturaron, nos tomaron presos y nos mandaron al exilio. La formación militar tiene un eje fundamental, que es el honor, el valor, la patria, el pueblo. Y cuando tú haces un juramento para defender a tu pueblo, uno tiene dos posibilidades: o lo violentas, o lo mantienes. Y para eso hay que ser un militar de honor, ellos no fueron eso”, manifiesta.
A casi 40 años, ninguno de los seis presuntos implicados en el bombardeo a La Moneda ha enfrentado a la justicia o reconocido su responsabilidad en la creación de una de las imágenes más emblemáticas de la dictadura.
http://www.elclarin.cl/web/index.php?option=com_content&view=article&id=9117:la-impunidad-de-los-pilotos-que-bombardearon-la-moneda&catid=26:politica&Itemid=11
3 septiembre, 2013 40 años del Golpe de Estado en Chile, Chile
A pesar de los pactos de silencio que operan al interior de las Fuerzas Armadas, los nombres de los pilotos que organizaron, coordinaron y ejecutaron el brutal bombardeo al palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973 son un secreto a voces. Sin embargo, ninguno de ellos ha enfrentado a la justicia y continúan sin colaborar, negando su participación y la de sus compañeros y siendo calificados como “héroes” por la Fuerza Aérea.
Al mando del comandante Mario López Tobar, jefe del grupo 7 de la Fuerza Aérea de Chile, cuatro habrían sido los pilotos que bombardearon el Palacio de La Moneda la mañana del 11 de septiembre de 1973.
Se trataría de Fernando Rojas Vender, quien llegó a ser Comandante en Jefe de la FACH entre 1995 y 1999, el teniente Ernesto Amador González Yarra, el capitán Eitel Von Mühlenbrock y el teniente Gustavo Leigh Yates, hijo del comandante en jefe de la FACH y miembro de la junta militar. La operación habría sido coordinada desde tierra por el comandante Enrique Fernández Cortez.
Contra todos los pactos de silencio que aún operan en las Fuerzas Armadas, el periodista Eduardo Labarca llegó a estos nombres a fines de la década de los setenta, luego de entrevistar a veinte ex miembros de la FACH y de la Marina que habían sido detenidos, torturados y exiliados por haberse opuesto al golpe militar.
Mas, pese al horror que todavía provoca la imagen de La Moneda en llamas, Eduardo Labarca asegura que los militares que participaron del bombardeo son reconocidos como héroes al interior de la Fuerza Aérea.
“En la Fuerza Aérea, todos estos pilotos, menos el hijo de Leigh que erró el blanco, son héroes y gozan de mucho respeto. Y Rojas Vender, que fue Comandante, era respetado por sus dotes y entre otras cosas porque había disparado contra La Moneda y había acertado. En la Fuerza Aérea, entre los militares, es cosa de prestigio”, afirma.
Para Enrique Villanueva, ex miembro de la Fuerza Aérea y ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ese reconocimiento se debe a que se considera que los crímenes fueron cometidos en un contexto de guerra, lo que hace operar los pactos de silencio y, por ende, la impunidad.
“Todo lo que esta gente hizo, todos los asesinatos que cometieron, las desapariciones, las torturas, según ellos las hicieron bajo un contexto de guerra, que los exculpa frente a la sociedad chilena. Y esa es la razón fundamental por la cual no han sido juzgados o, cuando fueron llamados a declarar frente a la justicia, simplemente se negaron a dar los nombres. Ya sabemos quiénes son, pero se negaron a entregar los nombres, haciendo un pacto de silencio”, explica.
Además, Villanueva compara el silencio que existe respecto de quienes bombardearon La Moneda con el ejercido por el general Fernando Matthei, quien hasta el día de hoy desconoce su responsabilidad en las torturas ejecutadas en la Academia de Guerra de la FACH.
“Yo era piloto también, uno se sube en un avión y va en una bandada, el líder puede decir dispara a La Moneda pero yo tengo criterio y le digo cómo se te ocurre que voy a disparar a La Moneda, allí está el Presidente, ¿cómo voy a matar al Presidente? Pero estos canallas fueron así, todos se esconden unos detrás de otros, lo mismo que hace el general Matthei que dice que él no sabía que en la Academia de Guerra se torturaba. Después dijo que sí, que supo porque le contaron, siendo que él era el jefe de la Academia de Guerra, el jefe directo, el dueño en esa época en la que se torturaba. A mí me torturaron ahí”, asegura.
En ese sentido, Jaime Donoso, ex piloto de la FACH que también fue objeto de torturas por oponerse al golpe de Estado, explica que su caso y el de muchos otros ex militares que se negaron a participar del golpe militar es el ejemplo de que, pese a la férrea estructura del Ejército, sí existía la opción de desobedecer.
“Nosotros somos la prueba objetiva de que sí se podía no obedecer órdenes criminales como las que ellos obedecieron y ejecutaron en el año 73. Nosotros nos negamos, no obedecimos las órdenes, por eso nos torturaron, nos tomaron presos y nos mandaron al exilio. La formación militar tiene un eje fundamental, que es el honor, el valor, la patria, el pueblo. Y cuando tú haces un juramento para defender a tu pueblo, uno tiene dos posibilidades: o lo violentas, o lo mantienes. Y para eso hay que ser un militar de honor, ellos no fueron eso”, manifiesta.
A casi 40 años, ninguno de los seis presuntos implicados en el bombardeo a La Moneda ha enfrentado a la justicia o reconocido su responsabilidad en la creación de una de las imágenes más emblemáticas de la dictadura.
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