Patrimonio de Lacalle es más del doble que el de todos sus rivales juntos
El patrimonio de Luis Alberto Lacalle es más del doble que el de los otros tres candidatos presidenciales sumados. Según la valuación que ellos mismos hicieron de sus bienes, Lacalle cuenta con 2.693.000 dólares, Pedro Bordaberry con 798.000, José Mujica con 175.000 y Pablo Mieres con 115.000 dólares. La diferencia entre los dos principales candidatos a presidente es de 2.500.000 dólares de patrimonio neto.
Por: Diego Muñoz
Cuatro de los cinco presidenciables entregaron una declaración de su patrimonio a Búsqueda. El candidato del Partido Nacional posee una casa en la calle Murillo del barrio de Carrasco, que vale unos 450.000 dólares. En Montevideo también tiene un apartamento y parte de un garaje en un edificio de la calle Avenida Italia que el propio Lacalle valuó en unos 100.000 dólares y es dueño junto a su hermana de tres apartamentos que funcionan como escritorio cuyo valor es de 24.000 dólares. En Maldonado, es dueño de la casa “Blue Moon” en La Barra. Vale 250.000 dólares. Además, posee dos predios rurales que suman unas 948 hectáreas en Florida, en los que tiene 30 de campo mejorado, 100 de campo fertilizado y 389 de monte forestado. El valor asciende a 1.700.000 dólares. En esas hectáreas tiene 403 cabezas de ganado vacuno y 674 de lanares que ascienden a unos 108.000 dólares. En vehículos tiene un patrimonio de 32.000 dólares. Lacalle posee también unos 3.000 dólares en depósitos bancarios y 70.000 en bonos del Estado. En sus pasivos indicó un crédito social del Banco República por 11.000 dólares, otro en el Banco Comercial por 10.000 dólares y una deuda contraída con Romualdo Rodríguez por 11.000 dólares.
Lacalle, quien dijo reiteradamente que el único ingreso que posee es su jubilación presidencial, reconoció el miércoles en Código País que recibe un interés anual por los bonos que tiene. La jubilación del candidato blanco es de 134.000 pesos al mes.
Bordaberry valuó para Búsqueda en unos 150.000 dólares la casa en la que vive en Parque Miramar, en la Ciudad de la Costa. La finca es propiedad de su esposa con la que tiene separación de bienes. El candidato colorado tiene un 12,5% de un campo. Su valor es 600.000 dólares. Además, posee dos autos que valuó en 11.000 dólares. Bordaberry no declaró el valor de lo que le corresponde por el 15,33% de las acciones de Billet S.A. y Labiline. Además, cuenta con un depósito bancario por 4.200 dólares y otro por 7.800 pesos. Cuenta con una crédito a cobrar de 32.700 dólares.
En la información que Bordaberry detalló al semanario, no figura ingreso mensual fijo. En junio, en No Toquen Nada de Océano FM, afirmó que vive de lo que cobra por la venta de su participación en el estudio jurídico.
Mujica vive en una chacra de 25 hectáreas en Rincón del Cerro valuada en “no menos de 150.000 dólares” según señaló el candidato del Frente Amplio a Búsqueda. Allí tiene tres tractores que sumados cuestan 17.000 dólares. Su Volkswagen Fusca tiene un valor de 1.600 dólares. Los dos invernaderos donde cultiva flores valen unos 7.000 dólares. Mujica dijo que no tiene cuentas en bancos ni deudas contraídas.
El frenteamplista recibe mensualmente unos 74.000 pesos de su sueldo como senador pero hace aportes para su Partido y su sector por unos 44.000 pesos.
Mieres vive en una casa en la calle Tres Cerros del barrio de Malvín que cuesta 124.000 dólares. Además tiene unos 14.000 dólares de patrimonio por los dos autos que posee. Tiene Letras de Regulación Monetaria por un valor que ronda los 3.100 dólares y un 14,3% de participación accionaria valuada en 2.000 dólares de Seis Consultores SRL. El candidato del Partido Independiente dijo que tiene que pagar algunas cuotas de los 13.600 dólares que le pidió al Banco Hipotecario para comprar su casa y unos 13.900 dólares que le debe a un familiar para hacer la reforma de su vivienda.
A Mieres le ingresa mensualmente unos 74.200 pesos.
El candidato de Asamblea Popular, Raúl Rodríguez, no contestó las preguntas antes del cierre de la edición de Búsqueda.
1 ene 2014
URUGUAY: BREVE HISTORIA DE UN PRESIDENTE GENEROSO Y SU RADIOSENADOR
Julio Maria Sanguinetti
capo di mafia
con 25 "amigos" corruptos, muchos de ellos procesados por la justicia, Sanguinetti es el campeon indiscutido de la corrupcion uruguya
presidente de la republica en dos periodos
trampeo a Wilson Ferreira con la complicidad de los generales de la dictadura metiendolo preso y robandole la eleccion de 1984
URUGUAY: BREVE HISTORIA DE UN PRESIDENTE GENEROSO Y SU RADIOSENADOR
Escribe: Carlos Peláez (Siete Días/Maldonado
Laguardia, Rupenian, radios, traficos de facturas, prestamos del BROU sin garntias,
Turul S.A, cuyos integrantes eran en 1999 Alexis Cadimar Silvera y Sandra Pérez San Martín
En 1995 Sanguinetti otorgó tres frecuencias radiales a testaferrros de su hijo Julio Luis Sanguinetti
Entre 1994 y 1999 lo que equivale a decir que entre el ex presidente nacionalista Luis Alberto Lacalle y el ex presidente colorado Julio María Sanguinetti se adjudicaron algo más de 200 frecuencias de radio y televisión en todo el país; lo que significa más del doble de las adjudicadas desde 1918 hasta ese momento. Todas las emisoras pertenecen a la banda de FM y las señales de televisión se transmiten por cable.
Basta revisar la nómina de adjudicatarios de frecuencias para encontrar los nombres de conocidos caudillos políticos locales, parlamentarios o ex parlamentarios y hasta algún ex ministro de Estado.
http://www.pvp.org.uy/pelaez.htm
http://corrupcion-uruguay.blogspot.com/2008/03/ernesto-laguardia-procesado-26-6-2003.html
http://articulosalvarokrogerscan.blogspot.com/2008/03/la-soberbia-y-el-panqueque.html
EL GOBIERNO ANULO LA CONCESION DE LA PLAYA DE CONTENEDORES. La adjudicación de la playa de contenedores del Puerto de Montevideo a empresas privadas desató graves acusaciones de corrupción que tocaron incluso a colaboradores personales del presidente Sanguinetti. Todo "saltó" cuando el ex ministro de Lacalle, José L. Ovalle fue acusado de haber pedido una "coima" de dos millones de dólares por arreglar la cosa con jerarcas de la actual administración. A pesar de los desmentidos y el característico "acá no ha pasado nada" el tema llegó al Juzgado y se creó una Comisión investigadora en el Parlamento. El absoluto triunfo del "en Uruguay no existe corrupción" estuvo marcado cuando el Tribunal de Cuentas reconoció que se había actuado en forma irregular y fuera de la ley, pero aprobó la licitación. Ante tal farragosa situación, "y porque estamos en año electoral" dijo un malintencionado, el Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto la licitación. Y por decreto "acá no ha pasado nada".
31 dic 2013
Mal pensados: Pinochet le dejó a su familia "sólo" 15 casas, departamentos y fundos y no 23.
Mal pensados: Pinochet le dejó a su familia "sólo" 15 casas, departamentos y fundos y no 23. Sepa donde están esas propiedades
03/12/2013 |
Libro de la destacada periodista Alejandra Matus da a conocer las propiedades del clan Pinochet, las que obtuvo con dineros mal habidos.
Usó dos empresas de fachada para comprar las casas
Dentro del marco de las investigaciones del juez Manuel Valderrama en el caso Riggs, ordenó el embargo de las propiedades a su nombre, de sociedades creadas por él y de su familia.
En total son 23 las propiedades que el fisco tiene bajo su control.
Claro, esto incluye bodegas de departamentos y sus estacionamientos, o sea en total son 15 más estas bodegas y estacionamientos que también pagan contribuciones en la Tesorería General de la República.
La determinación del magistrado significa que la familia Pinochet no puede vender las propiedades, pero sí habitarlas y arrendarlas, como lo es el caso del fundo de El Melocotón en el Cajón del Maipo, que es arrendado a una universidad. Curioso.
Desde El Melocotón, Pinochet salió en su Mercedes Benz blindado rumbo a Santiago, cuando un grupo de jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, intentó asesinarlo en 1986.
La periodista Alejandra Matus dio a conocer el valor de las propiedades y su ubicación en las distintas comunas del país en su último libro "Doña Lucía", la biografía no autorizada de la viuda del general que con su sueldo de "militar", logró comprarse esos quince departamentos, fundos y casas.
La sociedad de Inversiones Belview y AbandaFinance son dos empresas de papel que eran usadas como "palo blanco" del fallecido dictador.
Este es parte del listado de las propiedades que Pinochet le dejó de herencia a su familia
Propiedad
Direcciones
Dueño
Valor
3 departamentos unidos, estacionamiento y bodega
Avenida Playa Chipana 2040, Iquique.
Sociedad de Inversiones Belview.
180 millones
Un departamento con estacionamiento
Bartolomé de las Casas 1747, Vitacura.
Sociedad de Inversiones Belview.
90 millones
Un departamento con Bodega
Avenida Kennedy 9972, Vitacura.
Sociedad de Inversiones Belview.
60 millones
Un departamento con 2 Bodegas y un estacionamiento
Las Golondrinas 1169, Viña del Mar.
AbandaFinance Ltda.
140 millones
Sitio Eriazo
Quintero
Augusto Pinochet
3.5 millones
Un departamento, 2 bodegas y un estacionamiento
Edificio Blanco 166, Valparaíso.
Augusto Pinochet
50 millones
Casa
Los Flamencos 3796, Lo Barnechea
Lucía Hiriart
850 Millones
Fundo
San José de Maipo Melocotón
Augusto Pinochet
Terreno Agrícola
Los Boldos
Lucía Hiriart
12.7 millones
03/12/2013 |
Libro de la destacada periodista Alejandra Matus da a conocer las propiedades del clan Pinochet, las que obtuvo con dineros mal habidos.
Usó dos empresas de fachada para comprar las casas
Dentro del marco de las investigaciones del juez Manuel Valderrama en el caso Riggs, ordenó el embargo de las propiedades a su nombre, de sociedades creadas por él y de su familia.
En total son 23 las propiedades que el fisco tiene bajo su control.
Claro, esto incluye bodegas de departamentos y sus estacionamientos, o sea en total son 15 más estas bodegas y estacionamientos que también pagan contribuciones en la Tesorería General de la República.
La determinación del magistrado significa que la familia Pinochet no puede vender las propiedades, pero sí habitarlas y arrendarlas, como lo es el caso del fundo de El Melocotón en el Cajón del Maipo, que es arrendado a una universidad. Curioso.
Desde El Melocotón, Pinochet salió en su Mercedes Benz blindado rumbo a Santiago, cuando un grupo de jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, intentó asesinarlo en 1986.
La periodista Alejandra Matus dio a conocer el valor de las propiedades y su ubicación en las distintas comunas del país en su último libro "Doña Lucía", la biografía no autorizada de la viuda del general que con su sueldo de "militar", logró comprarse esos quince departamentos, fundos y casas.
La sociedad de Inversiones Belview y AbandaFinance son dos empresas de papel que eran usadas como "palo blanco" del fallecido dictador.
Este es parte del listado de las propiedades que Pinochet le dejó de herencia a su familia
Propiedad
Direcciones
Dueño
Valor
3 departamentos unidos, estacionamiento y bodega
Avenida Playa Chipana 2040, Iquique.
Sociedad de Inversiones Belview.
180 millones
Un departamento con estacionamiento
Bartolomé de las Casas 1747, Vitacura.
Sociedad de Inversiones Belview.
90 millones
Un departamento con Bodega
Avenida Kennedy 9972, Vitacura.
Sociedad de Inversiones Belview.
60 millones
Un departamento con 2 Bodegas y un estacionamiento
Las Golondrinas 1169, Viña del Mar.
AbandaFinance Ltda.
140 millones
Sitio Eriazo
Quintero
Augusto Pinochet
3.5 millones
Un departamento, 2 bodegas y un estacionamiento
Edificio Blanco 166, Valparaíso.
Augusto Pinochet
50 millones
Casa
Los Flamencos 3796, Lo Barnechea
Lucía Hiriart
850 Millones
Fundo
San José de Maipo Melocotón
Augusto Pinochet
Terreno Agrícola
Los Boldos
Lucía Hiriart
12.7 millones
URUGUAY: BREVE HISTORIA DE UN PRESIDENTE GENEROSO Y SU RADIOSENADOR I
URUGUAY: BREVE HISTORIA DE UN PRESIDENTE GENEROSO Y SU RADIOSENADOR
Escribe: Carlos Peláez (Siete Días/Maldonado)
Cuando era presidente de la República, Julio María Sanguinetti otorgó frecuencias de radio a su hijo Julio Luis; a la madre de un hijo del senador del Foro Batllista (el sector del Partido Colorado por él liderado) Wilson Sanabria; a su ex ministro de Turismo, Benito Stern y al evasor fiscal Aram Rupenian.
En los últimos días se conoció la preocupación sobre el futuro de la democracia y la libertad expresada por el líder del Foro Batllista y ex presidente, Julio María Sanguinetti y por el senador del mismo sector, Wilson Sanabria. Su preocupación ante la posibilidad de que un nuevo gobierno haga cumplir la ley de Radiocomunicaciones y/o eventualmente atente contra la libertad de prensa, nos propone profundizar una mirada crítica sobre el accionar de ambos en el pasado inmediato, para entender si la misma revela una sana intención o por el contrario se trata de un ardid con el que pretenden mantener los privilegios obtenidos desde el poder y la consecuente impunidad. Nada mejor que una campaña electoral para revelar la calidad humana de nuestros hombres públicos. El elector debería preguntarse si esos seres tan preocupados por la gente, por las libertades, por la democracia, son los mismos que desde alguna responsabilidad de gobierno han provocado el descrédito histórico del que gozan.
Haría bien en preguntarse el elector si es éticamente correcto que quienes son responsables de su hambre durante casi cinco años, en plena campaña electoral organicen actos asado con cuero mediante o repartan milanesas y refrescos antes de oír a su líder. Haría bien el Partido Colorado en preguntarse si la pérdida de las 2/3 partes de los votos que obtuvo en 999 - 649.000 entonces con los casi 200.000 que le adjudican hoy las encuestas - sólo tiene que ver con la devaluación brasileña, con la crisis argentina y el ingreso de la aftosa, o por el contrario tiene más que ver con el agotamiento de los ciudadanos ante el aprovechamiento personal que algunos dirigentes y gobernantes han hecho del ejercicio de la función pública.
No hace falta ningún documento para demostrarlo, sino mas bien memoria y
ojos: memoria para recordar como vivían antes de asumir y ojos para ver lo tanto que repuntaron económicamente durante el ejercicio de su cargo. Una injusticia evidente ante los ojos de tanto desocupado, de tanto hambriento, de tanto emigrado, de tanto despojado del dinero ahorrado con años de sacrificio. "Si no le decimos la verdad a la gente, horas difíciles van a venir para el futuro del país", reitera Sanabria una y otra vez en sus audiciones radiales emitidas por varias frecuencias. Pues bien, aceptemos el desafío del senador y reiteremos una verdad a prueba de cualquier desmentido, documentos en mano, para comprender qué es lo que está defendiendo realmente el cuestionado parlamentario forista. Y si de libertad de prensa se trata, veamos para qué la quieren.
AVENTURAS DE UN RADIOSENADOR
En 1999, poco antes de culminar su segundo mandato presidencial, Julio María Sanguinetti adjudicó decenas de nuevos permisos para operar frecuencias de radio, fundamentalmente en la banda de FM. Muchas de ellas terminaron en manos de personas indicadas por el entonces presidente del Directorio del Partido Nacional, Alberto Volonté. Tal el caso de las adjudicadas al periodista Néber Araujo, las que exactamente cinco años después pasaron a manos de una Iglesia Adventista. El favorecimiento a amigos y correligionarios se multiplicó en todo el país. Pero Maldonado es un ejemplo de ese aprovechamiento inmoral del poder. Marche una para el Ministro de Turismo. Benito Stern, por entonces Ministro de Turismo y notorio dirigente nacional del Foro Batllista, integró junto a José Briano la empresa Ikunal S.A. a la que se adjudicó la frecuencia 93.5, cuyo nombre de fantasía fue Gorlero FM. Ubicada en un local de las Torres del Triángulo, la operaron apenas tres años y mucho antes de los cinco que marca la ley la vendieron a la familia Basso, propietarios de la montevideana Azul FM.
Otra para Rupenian. Al mismo tiempo se otorgó la frecuencia 94.3 a Berch Rupenian, hermano de Aram, ambos licenciatarios de la 94.5 en Montevideo, Concierto FM. Los Rupenian habían sido observados por lo menos dos veces por la ex Dirección de Comunicaciones por retransmitir Concierto FM de Montevideo en Punta del Este, empleando equipos no autorizados. Aún así se les premió con otra frecuencia para que pudieran realizar el duplex sin inconvenientes. Los Rupenian son propietarios además de Radio Independencia en AM, Radio Uno de Punta del Este y operan en sociedad otras FM en el interior. Tienen a su vez sociedad con los propietarios de la 89.5 Global FM y la 88.7 Milenium FM en Maldonado. Esto es un secreto a voces y ya fue denunciado por nosotros en un extenso informe sobre quienes son propietarios de radios en este departamento, difundido en el programa Cable a Tierra que se emitía por la entonces Láser FM, hoy Global. Esta situación está en conocimiento de la URSEC, así lo señalaron a éste cronista dos inspectores del organismo, pero "son tantas las presiones políticas que nada se puede hacer al respecto", dijeron las fuentes.
Sin embargo hay un dato de la realidad que no podía ser desconocido por el ex presidente Sanguinetti. Aram Rupenian era socio de Ernesto Laguardia - ex secretario privado del entonces primer mandatario - de Pablo Boselli y de Bebo Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas para la organización de mega espectáculos. Pero la Justicia nada puede hacer en un caso de defraudación fiscal si no media denuncia de la DGI. Cosa que ocurrió con "las mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Aram Rupenian y Jorge Giachino. Cualquier funcionario de Impositiva sabe que los sucesivos directores de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat.
Entonces el expediente "se movió", apenas, y fue derivado a un juzgado adonde Rupenian tendrá que responder. Pero además se investiga un crédito de 700.000 dólares otorgado por el Banco República contra la garantía de una propiedad cuyo valor no supera los 200.000 dólares. Todo el mundo sabe que Berch y Aram son socios. Aún así se le otorga una frecuencia y se le permite vender otra a un evasor fiscal, según lo estableció el juez Balcaldi. Hasta hace dos años eran los operadores radiales más poderosos gracias a sus vínculos con el poder. Hoy, jaqueados por embargos varios y juicios civiles, se han insolventado aunque continúan controlando las emisoras de su propiedad a través de sociedades fantasmas. De acuerdo a la moda imperante de la "biblia junto al calefón" organizaron un par de fiestas de cumpleaños del intendente de Montevideo Mariano Arana, seguramente en acuerdo con el amigo de ambos Mario Arean. También pagaron 100 dólares por cabeza para almorzar con el "Pepe" Mujica. Pero no hace muchos años fueron socios en FM del Plata de Miguel Sofía, un ultraderechista ex integrante del Escuadrón de la Muerte, actualmente propietario de varias emisoras y cuya esposa está por ganarle al Estado un juicio por varios centenares de millones de dólares por otra adjudicación, en este caso para TV Cable, en el departamento de Canelones. Así se han construido fortunas.
Y ya que estamos, marchen otras para Sanabria. Si de fortunas hablamos, seguramente afortunada fue la señora Sandra Pérez San Martín, hija de un veterano periodista carolino. Primero conoció a Sanabria; después ocupó un cargo en el despacho senaturial de Hugo Fernández Faingold, actual embajador uruguayo en EE.UU.; después operó una representación de Adidas en el Paseo Real de Maldonado, cuando su distribuidor para Uruguay era el ex Forista y ex presidente del BHU, Julio Kneit. En el medio la señora tuvo un hijo con el senador Sanabria, que nació el día de las elecciones de 1994. El 7 de agosto del año 2002, el diputado socialista Guillermo Chifflet cursó un pedido de informes al Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, con el que pretendía saber "la nómina de emisoras de AM y FM registradas en el país; el nombre de quienes figuran como concesionarios y fecha de las adjudicaciones y si se ha comprobado la nacionalidad de todos ellos, como indican las normas".
Fau respondió el 9 de enero del 2003 y la respuesta no tiene desperdicios. De ese documento surge que la frecuencia 90.1 FM Gente fue adjudicada a la empresa Turul S.A, cuyos integrantes eran en 1999 Alexis Cadimar Silvera y Sandra Pérez San Martín. Esa frecuencia operó ilegalmente en Maldonado hasta el año 2003, ya que en principio había sido adjudicada a la ciudad de Piriápolis. Su presencia en la capital departamental provocó interferencias a varias emisoras locales, algo no permitido por la ley respectiva. Finalmente debieron trasladar los equipos a Pan de Azúcar, pero recién lo hicieron cuatro años después. Sandra Pérez se desempeñó durante tres años como gerente comercial de la radio, pero luego se retiro. Hoy la página web de la Ursec no dice nada respecto a un posible cambio en la sociedad adjudicataria.
Según fuentes familiares y documentación exhibida a este cronista, Sanabria se asoció en 1995 a FM Aspen, cuyo director es Eduardo Lamaison. Además, según las mismas fuentes, el senador "tiene intereses en FM Milenium". A su vez la FM News en la frecuencia 95.1, está a nombre del escribano Luis Malo y del contador Jorge De León Meneses, señalados por varias fuentes políticas coloradas como "testaferros de Sanabria". Finalmente la frecuencia 106. 5 Cadena del Mar, que transmite en simultáneo con FM Gente, figura como adjudicada a Roberto Fernández Graña y Gustavo Barceló, este último responsable de la campaña propagandística del senador para las internas de 1999. Actualmente está contratado con un cargo 10C en la Dirección de Comunicaciones municipal y dirige un programa radial que se emite en las mañanas de FM Milenium. Pero no son pocas las fuentes que han establecido que al frente de Cadena del Mar, que posee otra frecuencia en Colonia, se encuentra Francisco Sanabria, hijo del parlamentario.
TRES PARA EL NENE.
En 1995 Sanguinetti otorgó tres frecuencias radiales a testaferrros de su hijo Julio Luis Sanguinetti, entonces integrante del Grupo Tres editor de revistas y libros. Se trataba de las frecuencias 97.9 de Montevideo; 102.5 de Punta del Este y la 90.9 de Colonia. Pero a mediados de 1999 fueron vendidas en 1.800.000 dólares al empresario Luis Calachi por el propio Julio Luis en una reunión realizada en la casa presidencial de la avenida Roosevelt.
QUÉ DICE LA LEY
El artículo 161 de la ley 17.060, "referida al uso indebido del poder público (corrupción)", configura el delito de "conjunción del interés personal y del público", establece: "El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables). Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero". A partir de esta información corroborable con documentación vale preguntarse si Sanabria ¿estará genuinamente preocupado por el futuro de la libertad en general o sencillamente le preocupa su futuro y su libertad?
30 dic 2013
Los lazos del dueño del diario El Mercurio con los asesinos del químico de la DINA Eugenio Berríos
Los lazos del dueño del diario El Mercurio con los asesinos del químico de la DINA Eugenio Berríos
28/12/2013 |
Por María Elba Troncoso
Los vínculos entre Agustín Edwards y dos ex agentes de la DINE implicados en seguimientos a Eduardo Frei Montalva y condenados por el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, explicarían el por qué El Mercurio oculta informaciones sobre el Magnicidio del ex presidente padre del actual senador. Carmen Frei a Cambio21: "El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen"
Ni el novelista más prolífico podría haberse imaginado las intrigas que durante décadas se fraguaron en nuestro país, que permitieron el golpe de Estado y ampararon las violaciones a los derechos humanos de una dictadura que se prolongó por 17 años.
A través de sus aparatos de inteligencia, el general Pinochet llevó a cabo un plan de exterminio sistemático de los principales líderes políticos y sociales, entre estos el magnicidio del presidente Eduardo Frei Montalva, quien falleció en enero de 1982 a través de la técnica del envenenamiento y el líder sindical Tucapel Jiménez, encontrado degollado en su taxi sólo días después, el 25 de febrero del mismo año.
Para no dejar huellas, las intrincadas redes de este macabro aparato alcanzaron hasta a sus propios aliados, como es el caso del crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos, que empleó el peligroso gas Sarín y otras sustancias venenosas con las que fue asesinado el Presidente Frei.
Las investigaciones en torno a los asesinatos de Tucapel Jiménez, Eugenio Berríos y Eduardo Frei Montalva, han arrojado nombres que se repiten, entre estos los altos mandos de la DINE, general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela y el Mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenados como autores del crimen del ex agente Berríos, ocurrido en Uruguay.
Ambos ostentan en su currículum haber sido jefes de la escolta personal del general Augusto Pinochet, y que - estando en servicio activo en el Ejército - hicieron seguimientos al ex presidente Eduardo Frei y formaron parte de la plana directiva de Serprotec S.A, empresa de seguridad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Juan Luis Armando Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Cía., esta última propiedad de Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia.
Los antecedentes
El año 2011 se editó el libro "Magnicidio. Asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva", escrito por el periodista Benedicto Castillo, donde se develan todas las oscuras maniobras que rodearon la muerte del ex mandatario.
El periodista recopiló antecedentes que confirman la estrecha relación que durante años mantuvieron el empresario dueño del consorcio periodístico El Mercurio S.A.P. y estos ex agentes de la DINE.
En conversación con Cambio21 el autor señaló que en su investigación de más de tres años no descubrió nexos entre El Mercurio y la operación para la eliminación del mandatario, "no obstante arroja que Agustín Edwards, después del secuestro de su hijo, creó una empresa de seguridad (Serprotec S.A) donde puso a cargo a estos altos agentes de la DINE".
Explicó que "tanto el general Eugenio Covarrubias como Arturo Silva Valdés están implicados en muchas causas de derechos humanos, entre las que se enmarca el crimen de Berrios, fabricante de químicos letales para llevar a cabo la operación para asesinar a Frei. A cualquiera que lea los datos y analice los documentos, le queda claro que si Edwards crea una empresa que es dirigida por dos importantes agentes de inteligencia vinculados a violaciones a los derechos humanos, no tendría interés en publicar antecedentes que hablen mal de dos importantes de sus colaboradores".
Detalló que "el mayor Arturo Silva Valdés fue jefe de la llamada Unidad de Bajas del Ejército, a través de la cual la DINE buscaba sacar del país a los principales agentes que estaban involucrados en los más horrendos asesinatos - como Eugenio Berrios - a quien la justicia buscaba para esclarecer crímenes tan importantes como el de Frei Montalva".
La cercanía de ambos condenados con El Mercurio, queda ratificada con otros antecedentes publicados en el libro de Castillo, entre los que destaca que el general Covarrubias puso como gerente general de Serprotec S.A., a su hijo mayor.
Agregó que "a esto se suma que ambos trabajaban mediodía en la DINE y mediodía en la empresa de Edwards, lo que además de ser algo extraño es claramente un acto de corrupción porque un militar que está en servicio activo no puede
trabajar en un servicio privado, porque rompe con las normas del ejercicio público de la profesión".
Un continuo
Otro que conoce el actuar de El Mercurio en el tratamiento de estas causas, es el investigador Fernando Villagrán, autor de "El Diario de Agustín", obra que relata el rol que jugó este medio de comunicación durante la dictadura.
En diálogo con Cambio21 dijo que este no es un hecho aislado: "La vinculación de Agustín Edwards con los servicios de seguridad de la dictadura marcan un continuo desde los primeros días del gobierno de Pinochet y se prolongan en el tiempo post dictadura, por lo tanto no es extraño que vayan apareciendo episodios donde aparezca esta directa vinculación".
Agregó que "uno puede hacer un seguimiento de montajes que han involucrado al diario o directamente a Agustín Edwards, propiciando acciones de montaje para encubrir los crímenes e invisibilizar a sus hechores. Entonces, que en su guardia pretoriana estén personajes vinculados posteriormente a graves crímenes de derechos humanos, como los asesinos de Berrios y conspiradores del magnicidio, forma parte de una política, no es un hecho aislado ni una casualidad y seguramente nuevas investigaciones que surjan van a confirmar esta concomitancia entre Edwards y los organismos represivos de la dictadura".
Benedicto Castillo señaló que no "cabe duda con el paso de tiempo - y como lo indican distintas investigaciones - de estos vínculos de El Mercurio, porque Agustín Edwards si no era miembro, era íntimo amigo del director de la CIA y hay documentos desclasificados que certifican que de los dineros que envío la CIA para los conspiradores, parte cayó en sus bolsillos. Entonces de lo que no cabe duda es que está vinculado al golpe de Estado".
Insistió en que "todos estos antecedentes son reales y que no estamos hablando de novelas, sino de datos serios y comprobados a través de diversas investigaciones, los que sólo basta juntar para confirmar sin lugar a dudas que se relacionaba primero con la CIA previo y durante el golpe de estado y luego con la DINE, entre los años 1992 y 1995".
El futuro
Los investigadores coinciden en que a pesar del paso del tiempo y de los antecedentes concretos, Edwards seguirá negando estos vínculos.
Al respecto, Benedicto Castillo dijo que "no sabemos si todavía constituye un lazo, porque nunca ha sido lo suficientemente honesto para reconocer que fue agente de la CIA y que apoyó el golpe de Estado, por lo que menos va a reconocer sus vínculos con agentes del estados violadores a los Derechos Humanos, pero si es irrefutable que creó esta empresa donde trabajaron agentes del servicio de inteligencia del Ejército durante varios años".
Por su parte Villagrán se mostró desesperanzado de un cambio de actitud: "Ha quedado demostrado en sus declaraciones ante el ministro Carroza, donde negó con todo descaro haber recibido recursos financieros de la CIA, cuando esto está certificado y confirmado por la propia CIA".
Consideró que "tal como lo hizo Pinochet, Edwards apuesta al olvido y a su edad, para no recordar en qué estuvo involucrado, pero yo veo que en el contexto que vive hoy el país - donde cada día es más evidente hasta adonde llegó la acción directa y criminal de la dictadura - que la defensa de Edwards está cada vez más debilitada y que la propia opinión pública se puede dar cuenta de cómo entregan información sesgada y parcial, como es el caso del crimen de Frei donde ocultan los vínculos de Edwards con miembros de organizaciones criminales".
Concluyó señalando que "la vía de invisibilizar ha sido la política histórica de El Mercurio" y que "habrá que seguirle la pista a cómo responde a estas revelaciones que está haciendo Cambio21 respecto a su tratamiento del crimen del presidente Frei".
Carmen Frei en Cambio21: El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen
Más allá de referirse puntualmente a las vinculaciones del dueño de El Mercurio con agentes de la DINE involucrados en el magnicidio de su padre, la ex senadora Carmen Frei afirmó que "El Mercurio ha sido siempre muy parco en sus noticias y muchas veces ha acogido declaraciones de personas que trataban de desprestigiar la causa de la muerte de mi padre, y en ese sentido yo siento que El Mercurio al igual que en otras muchas causas de derechos humanos, no ha informado con veracidad, ha tratado ha tratado que estos graves hechos no se publiquen y si lo hace lo ha hecho en forma muy pequeña".
En conversación con Cambio21 consideró que "El Mercurio, siendo un diario tan importante en nuestro país, podría tener una actitud de realmente informar y acoger más las causas de derechos humanos, pero lamentablemente históricamente ha hecho lo contrario, los disminuye y no les da la cabida que uno esperaría de un medio como El Mercurio, de circulación e importancia nacional".
Destacó que "ahora que la gente está muy informada del crimen de mi papá a través de otros medios, sabe perfectamente que fue asesinado y en ese sentido como familia agradecemos los distintos reportajes, libros e investigaciones que a lo largo de estos años han ratificado lo que yo denuncié. En ese sentido El Mercurio ha cometido un error con la información respecto al homicidio, porque han tratado de tapar el sol con un dedo".
Carmen Frei dijo que "esperaría que un medio tan importante de nuestro país informara con más detalle y sobre todo acogiera las noticias, porque muchas veces pasan desapercibidas".
Descartó que pudiese haber afectado de alguna manera las investigaciones de las causas de derechos humanos y estimó que a pesar del paso del tiempo, se logrará esclarecer toda la verdad. "tengo la absoluta y plana confianza en los jueces que llevan las causas de DDHH y especialmente del juez Madrid que está investigando el caso de mi padre", concluyó.
Álvaro Varela, abogado de Derechos Humanos: El Mercurio cercena la información del caso Frei
A juicio de Álvaro Varela, quien fuera abogado de la familia Frei, "más allá de que El Mercurio por regla general no informa sobre esta materia o bien la tergiversa como históricamente lo ha hecho, en la práctica se ha demostrado que esto sería incluso parte de una política del periódico.
Recordó que "esto fue particularmente intenso cuando el juez a cargo de la causa sometió a proceso a seis personas y ahí realmente el diario se dedicó con mucha intensidad y profusión a desvirtuar las resoluciones del ministro Madrid y tratar de desacreditarlas".
Consultado por Cambio21 señaló que la vinculación de dueño de El Mercurio con dos agentes de la DINE realmente cercena la información que debería dar, porque se trata de personal que estuvo directamente involucrado en el crimen de Berríos y que prestó servicio para la alta dirección de El Mercurio durante un periodo de tiempo estando en servicio activo en la DINE.
Agregó que "de frentón es absolutamente claro que El Mercurio no informa y cuando lo tiene que hacer entrega información sesgada e incluso distorsionada. Esto de extrema gravedad", reflexionó.
"Realmente uno de los hechos que sorprendió en el crimen de Berríos fue que sus principales ejecutores habían sido parte del equipo de protección del dueño de El Mercurio", concluyó.
Los millones
Durante este periodo el Mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés también se hizo millonario. Así queda en manifiesto en el capítulo 37 del libro de Benedicto Castillo:
"La BRILAC recibió del Departamento de Remuneraciones del Ejército de Chile un cuadro con los sueldos pagados al mayor Silva desde 1990 a 1995, totalizando un ingreso de $3.088.374. Sin embargo, los siguientes antecedentes son sorprendentemente ilustrativos de cómo se movió este oficial en el ámbito financiero y bancario", señala el libro, que da cuenta de 6 depósitos bancarios y tres cuentas corrientes millonarias en ese periodo.
Otro párrafo destacado señala que: "Según informe de la Tesorería General de la República, este militar hizo declaraciones tributarias los años 1997, 1998 y 1999. Tomando 1997, declaró ingresos anuales provenientes de sueldos y pensiones conforme al siguiente detalle: Pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional: $3.691,106; Sueldo de la empresa Serprotec S.A. (de propiedad de Agustín Edwards Eastmann) por $48.806.041. En los años tributarios 2000, 2001 y 2002 declaró ingresos anuales por $21.013.302, $10.399.404 y $13.120.503, respectivamente".
Las condenas de los encargados de seguridad de Edwards en el caso Berríos
El general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela, fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita.
El mayor (r) Arturo Silva Valdés, fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.
Más antecedentes en http://magnicidioeduardofrei.blogspot.com/
28/12/2013 |
Por María Elba Troncoso
Los vínculos entre Agustín Edwards y dos ex agentes de la DINE implicados en seguimientos a Eduardo Frei Montalva y condenados por el asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, explicarían el por qué El Mercurio oculta informaciones sobre el Magnicidio del ex presidente padre del actual senador. Carmen Frei a Cambio21: "El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen"
Ni el novelista más prolífico podría haberse imaginado las intrigas que durante décadas se fraguaron en nuestro país, que permitieron el golpe de Estado y ampararon las violaciones a los derechos humanos de una dictadura que se prolongó por 17 años.
A través de sus aparatos de inteligencia, el general Pinochet llevó a cabo un plan de exterminio sistemático de los principales líderes políticos y sociales, entre estos el magnicidio del presidente Eduardo Frei Montalva, quien falleció en enero de 1982 a través de la técnica del envenenamiento y el líder sindical Tucapel Jiménez, encontrado degollado en su taxi sólo días después, el 25 de febrero del mismo año.
Para no dejar huellas, las intrincadas redes de este macabro aparato alcanzaron hasta a sus propios aliados, como es el caso del crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos, que empleó el peligroso gas Sarín y otras sustancias venenosas con las que fue asesinado el Presidente Frei.
Las investigaciones en torno a los asesinatos de Tucapel Jiménez, Eugenio Berríos y Eduardo Frei Montalva, han arrojado nombres que se repiten, entre estos los altos mandos de la DINE, general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela y el Mayor (r) Arturo Silva Valdés, condenados como autores del crimen del ex agente Berríos, ocurrido en Uruguay.
Ambos ostentan en su currículum haber sido jefes de la escolta personal del general Augusto Pinochet, y que - estando en servicio activo en el Ejército - hicieron seguimientos al ex presidente Eduardo Frei y formaron parte de la plana directiva de Serprotec S.A, empresa de seguridad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Juan Luis Armando Herrera Villena e Inversiones Canelo Seis y Cía., esta última propiedad de Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia.
Los antecedentes
El año 2011 se editó el libro "Magnicidio. Asesinato del Presidente Eduardo Frei Montalva", escrito por el periodista Benedicto Castillo, donde se develan todas las oscuras maniobras que rodearon la muerte del ex mandatario.
El periodista recopiló antecedentes que confirman la estrecha relación que durante años mantuvieron el empresario dueño del consorcio periodístico El Mercurio S.A.P. y estos ex agentes de la DINE.
En conversación con Cambio21 el autor señaló que en su investigación de más de tres años no descubrió nexos entre El Mercurio y la operación para la eliminación del mandatario, "no obstante arroja que Agustín Edwards, después del secuestro de su hijo, creó una empresa de seguridad (Serprotec S.A) donde puso a cargo a estos altos agentes de la DINE".
Explicó que "tanto el general Eugenio Covarrubias como Arturo Silva Valdés están implicados en muchas causas de derechos humanos, entre las que se enmarca el crimen de Berrios, fabricante de químicos letales para llevar a cabo la operación para asesinar a Frei. A cualquiera que lea los datos y analice los documentos, le queda claro que si Edwards crea una empresa que es dirigida por dos importantes agentes de inteligencia vinculados a violaciones a los derechos humanos, no tendría interés en publicar antecedentes que hablen mal de dos importantes de sus colaboradores".
Detalló que "el mayor Arturo Silva Valdés fue jefe de la llamada Unidad de Bajas del Ejército, a través de la cual la DINE buscaba sacar del país a los principales agentes que estaban involucrados en los más horrendos asesinatos - como Eugenio Berrios - a quien la justicia buscaba para esclarecer crímenes tan importantes como el de Frei Montalva".
La cercanía de ambos condenados con El Mercurio, queda ratificada con otros antecedentes publicados en el libro de Castillo, entre los que destaca que el general Covarrubias puso como gerente general de Serprotec S.A., a su hijo mayor.
Agregó que "a esto se suma que ambos trabajaban mediodía en la DINE y mediodía en la empresa de Edwards, lo que además de ser algo extraño es claramente un acto de corrupción porque un militar que está en servicio activo no puede
trabajar en un servicio privado, porque rompe con las normas del ejercicio público de la profesión".
Un continuo
Otro que conoce el actuar de El Mercurio en el tratamiento de estas causas, es el investigador Fernando Villagrán, autor de "El Diario de Agustín", obra que relata el rol que jugó este medio de comunicación durante la dictadura.
En diálogo con Cambio21 dijo que este no es un hecho aislado: "La vinculación de Agustín Edwards con los servicios de seguridad de la dictadura marcan un continuo desde los primeros días del gobierno de Pinochet y se prolongan en el tiempo post dictadura, por lo tanto no es extraño que vayan apareciendo episodios donde aparezca esta directa vinculación".
Agregó que "uno puede hacer un seguimiento de montajes que han involucrado al diario o directamente a Agustín Edwards, propiciando acciones de montaje para encubrir los crímenes e invisibilizar a sus hechores. Entonces, que en su guardia pretoriana estén personajes vinculados posteriormente a graves crímenes de derechos humanos, como los asesinos de Berrios y conspiradores del magnicidio, forma parte de una política, no es un hecho aislado ni una casualidad y seguramente nuevas investigaciones que surjan van a confirmar esta concomitancia entre Edwards y los organismos represivos de la dictadura".
Benedicto Castillo señaló que no "cabe duda con el paso de tiempo - y como lo indican distintas investigaciones - de estos vínculos de El Mercurio, porque Agustín Edwards si no era miembro, era íntimo amigo del director de la CIA y hay documentos desclasificados que certifican que de los dineros que envío la CIA para los conspiradores, parte cayó en sus bolsillos. Entonces de lo que no cabe duda es que está vinculado al golpe de Estado".
Insistió en que "todos estos antecedentes son reales y que no estamos hablando de novelas, sino de datos serios y comprobados a través de diversas investigaciones, los que sólo basta juntar para confirmar sin lugar a dudas que se relacionaba primero con la CIA previo y durante el golpe de estado y luego con la DINE, entre los años 1992 y 1995".
El futuro
Los investigadores coinciden en que a pesar del paso del tiempo y de los antecedentes concretos, Edwards seguirá negando estos vínculos.
Al respecto, Benedicto Castillo dijo que "no sabemos si todavía constituye un lazo, porque nunca ha sido lo suficientemente honesto para reconocer que fue agente de la CIA y que apoyó el golpe de Estado, por lo que menos va a reconocer sus vínculos con agentes del estados violadores a los Derechos Humanos, pero si es irrefutable que creó esta empresa donde trabajaron agentes del servicio de inteligencia del Ejército durante varios años".
Por su parte Villagrán se mostró desesperanzado de un cambio de actitud: "Ha quedado demostrado en sus declaraciones ante el ministro Carroza, donde negó con todo descaro haber recibido recursos financieros de la CIA, cuando esto está certificado y confirmado por la propia CIA".
Consideró que "tal como lo hizo Pinochet, Edwards apuesta al olvido y a su edad, para no recordar en qué estuvo involucrado, pero yo veo que en el contexto que vive hoy el país - donde cada día es más evidente hasta adonde llegó la acción directa y criminal de la dictadura - que la defensa de Edwards está cada vez más debilitada y que la propia opinión pública se puede dar cuenta de cómo entregan información sesgada y parcial, como es el caso del crimen de Frei donde ocultan los vínculos de Edwards con miembros de organizaciones criminales".
Concluyó señalando que "la vía de invisibilizar ha sido la política histórica de El Mercurio" y que "habrá que seguirle la pista a cómo responde a estas revelaciones que está haciendo Cambio21 respecto a su tratamiento del crimen del presidente Frei".
Carmen Frei en Cambio21: El Mercurio ha tratado que estos graves hechos no se publiquen
Más allá de referirse puntualmente a las vinculaciones del dueño de El Mercurio con agentes de la DINE involucrados en el magnicidio de su padre, la ex senadora Carmen Frei afirmó que "El Mercurio ha sido siempre muy parco en sus noticias y muchas veces ha acogido declaraciones de personas que trataban de desprestigiar la causa de la muerte de mi padre, y en ese sentido yo siento que El Mercurio al igual que en otras muchas causas de derechos humanos, no ha informado con veracidad, ha tratado ha tratado que estos graves hechos no se publiquen y si lo hace lo ha hecho en forma muy pequeña".
En conversación con Cambio21 consideró que "El Mercurio, siendo un diario tan importante en nuestro país, podría tener una actitud de realmente informar y acoger más las causas de derechos humanos, pero lamentablemente históricamente ha hecho lo contrario, los disminuye y no les da la cabida que uno esperaría de un medio como El Mercurio, de circulación e importancia nacional".
Destacó que "ahora que la gente está muy informada del crimen de mi papá a través de otros medios, sabe perfectamente que fue asesinado y en ese sentido como familia agradecemos los distintos reportajes, libros e investigaciones que a lo largo de estos años han ratificado lo que yo denuncié. En ese sentido El Mercurio ha cometido un error con la información respecto al homicidio, porque han tratado de tapar el sol con un dedo".
Carmen Frei dijo que "esperaría que un medio tan importante de nuestro país informara con más detalle y sobre todo acogiera las noticias, porque muchas veces pasan desapercibidas".
Descartó que pudiese haber afectado de alguna manera las investigaciones de las causas de derechos humanos y estimó que a pesar del paso del tiempo, se logrará esclarecer toda la verdad. "tengo la absoluta y plana confianza en los jueces que llevan las causas de DDHH y especialmente del juez Madrid que está investigando el caso de mi padre", concluyó.
Álvaro Varela, abogado de Derechos Humanos: El Mercurio cercena la información del caso Frei
A juicio de Álvaro Varela, quien fuera abogado de la familia Frei, "más allá de que El Mercurio por regla general no informa sobre esta materia o bien la tergiversa como históricamente lo ha hecho, en la práctica se ha demostrado que esto sería incluso parte de una política del periódico.
Recordó que "esto fue particularmente intenso cuando el juez a cargo de la causa sometió a proceso a seis personas y ahí realmente el diario se dedicó con mucha intensidad y profusión a desvirtuar las resoluciones del ministro Madrid y tratar de desacreditarlas".
Consultado por Cambio21 señaló que la vinculación de dueño de El Mercurio con dos agentes de la DINE realmente cercena la información que debería dar, porque se trata de personal que estuvo directamente involucrado en el crimen de Berríos y que prestó servicio para la alta dirección de El Mercurio durante un periodo de tiempo estando en servicio activo en la DINE.
Agregó que "de frentón es absolutamente claro que El Mercurio no informa y cuando lo tiene que hacer entrega información sesgada e incluso distorsionada. Esto de extrema gravedad", reflexionó.
"Realmente uno de los hechos que sorprendió en el crimen de Berríos fue que sus principales ejecutores habían sido parte del equipo de protección del dueño de El Mercurio", concluyó.
Los millones
Durante este periodo el Mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés también se hizo millonario. Así queda en manifiesto en el capítulo 37 del libro de Benedicto Castillo:
"La BRILAC recibió del Departamento de Remuneraciones del Ejército de Chile un cuadro con los sueldos pagados al mayor Silva desde 1990 a 1995, totalizando un ingreso de $3.088.374. Sin embargo, los siguientes antecedentes son sorprendentemente ilustrativos de cómo se movió este oficial en el ámbito financiero y bancario", señala el libro, que da cuenta de 6 depósitos bancarios y tres cuentas corrientes millonarias en ese periodo.
Otro párrafo destacado señala que: "Según informe de la Tesorería General de la República, este militar hizo declaraciones tributarias los años 1997, 1998 y 1999. Tomando 1997, declaró ingresos anuales provenientes de sueldos y pensiones conforme al siguiente detalle: Pensión de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional: $3.691,106; Sueldo de la empresa Serprotec S.A. (de propiedad de Agustín Edwards Eastmann) por $48.806.041. En los años tributarios 2000, 2001 y 2002 declaró ingresos anuales por $21.013.302, $10.399.404 y $13.120.503, respectivamente".
Las condenas de los encargados de seguridad de Edwards en el caso Berríos
El general (r) Eugenio Covarrubias Valenzuela, fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 5 años y 1 día por asociación ilícita.
El mayor (r) Arturo Silva Valdés, fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio y 5 años y un día por asociación ilícita.
Más antecedentes en http://magnicidioeduardofrei.blogspot.com/
LA ENCRUCIJADA DEL PRESENTE
LA ENCRUCIJADA DEL PRESENTE
Por Constanza Moreira 24/12/13
*
La difícil deriva de PLUNA, luego de las reestructuraciones que llevaron a una empresa estatal a convertirse en privada con participación minoritaria del Estado, terminó en un caso judicial. La oposición -en particular el Partido Nacional, que presentó la denuncia- fue responsable de esta metamorfosis. Nosotros -el gobierno, el Frente Amplio, los Ministros- quedamos, de algún modo, a merced de esta operación política.
Lo primero es lo primero: la justicia está actuando, nosotros debemos respaldar a nuestros compañeros, reconocer los errores cometidos, e impedir que la “judicialización” del caso PLUNA se transforme en un buscado vía crucis para el Frente Amplio y nuestros gobiernos, en particular, y para la democracia y la política, en general.
En tal sentido, le hicimos llegar en su momento a la compañera Mónica Xavier nuestro apoyo, solidaridad, y disposición para con la difícil tarea que enfrenta la fuerza política hoy.
Demás está decir que como representante del gobierno en el Senado, antes que como candidata, me competen todas las responsabilidades de la votación del fideicomiso primero y del cierre de PLUNA en consecuencia. Cuando se está en política, la responsabilización colectiva por las decisiones es la regla de oro, y lo es también en este caso.
También quiero decir que el cierre de nuestra línea aérea, y la incapacidad de haber encontrado una alternativa propia en tiempo y forma, me llenan de pesar y parecen confirmar, una vez más, las dificultades para realizar privatizaciones “virtuosas”, donde interés público y privado se potencien mutuamente.
Puede o no haber sido inevitable el cierre, dados los resultados finales de la gestión de LEADGATE sumado a las interpretaciones respectos de dictámenes judiciales que en Brasil involucraban a las empresas asociadas con VARIG; en todo caso fue una decisión muy difícil, produjo innumerables pérdidas, y desató consecuencias y acciones de las cuales el famoso “aval” es solo un hecho más
Todos los casos judiciales terminan, finalmente, asumiendo la forma: ¿es culpable ó inocente?
Por esa vía, transforman un hecho político -donde las responsabilidades son públicas, compartidas y colectivas- en un hecho donde las responsabilidades terminan siendo individuales.
Cuando el Partido Nacional lleva el caso a los tribunales, renuncia a un modo de hacer política, y empieza otro.
No creo que eso le haga nada bien a la democracia, pero la judicialización hace tiempo empezó
El caso PLUNA es solo un ejemplo.
En primer lugar, se declaró inconstitucional el fideicomiso.
Al hacerlo, el poco patrimonio “público” que retuvimos, se evapora. Las razones de la inconstitucionalidad, merecen ser estudiadas detenidamente: se habla muchísimo sobre el “interés general”, que es la razón “excepcional” sobre la cual se puede ir contra el interés privado (los derechos de los acreedores, en este caso). La primera consecuencia de este proceso obtura la posibilidad de una salida al caso PLUNA.
En segundo lugar, se inició un proceso judicial para buscar “responsables”.
Pero los que buscan responsables son los mismos que tomaron las primeras decisiones que condujeron a esta situación (la privatización de PLUNA a manos de VARIG y un gerenciamiento lleno de irregularidades y problemas que se arrastró por años).
¿Quién es culpable? ¿VARIG? ¿Los partidos Nacional y Colorado que en su momento lo llevaron a cabo?
La resultante de las dos etapas de la judicialización del caso PLUNA culminó con la renuncia del Ministro Fernando Lorenzo, quien decidió someterse a la justicia como un “ciudadano común”, lo cual es encomiable.
Sin embargo, la oposición no podrá vanagloriarse de haber “volteado un ministro”, porque era el ministro con mayor prestigio. Y lo era, entre otras cosas, porque muchos electores blancos y colorados lo consideraban así.
El Frente Amplio y el gobierno atraviesan un fin de año difícil. Pero saldremos adelante. Otras, en cambio, serán las consecuencias de todo este periplo para la aerolínea cooperativa que trata de despegar y aguarda los resultados de todas estas acciones.
O para los aviones que restaban, que aún vemos en el aeropuerto, y cuya suerte parece hoy más incierta que nunca.
Nada para festejar. No para la democracia, la navegación aérea en Uruguay, o la suerte de nuestra conectividad futura.
¿Alguien ganó de todo esto? Es bueno darnos un tiempo de reflexión sobre esto. No se trata de no querer el imprescindible control del Poder Judicial, en el marco de las leyes, sobre los gobernantes, o de no acatar las decisiones resultantes de los procesos judiciales.
Pero es necesario decir que llevar la política a los tribunales puede volverse una estrategia que no es buena para la democracia. Y significa, en buena medida, renunciar a la política.
*(Pre-candidata a Presidente por el Frente Amplio)
Uruguay
ANTECEDENTES
Esta crisis se da después de un largo proceso de liquidación de PLUNA, que incluyó una Ley especial, que intentó esquivar el concurso de acreedores y que finalmente cae por inconstitucional el mes pasado, poniendo nuevamente el tema al orden del día.
Esa ley planteó rematar los aviones, lo que se llevó adelante de forma tal en que se expusieron los manejos turbios de Lorenzo y Calloia en permanente contacto y acuerdo con López Mena, dueño de Buquebus y la empresa aérea BQB, gran favorecido por la liquidación de PLUNA, ya que era un competidor y finalmente se quedó con varias de sus frecuencias.
Esto incluía, como registró la famosa foto, al propio Calvo Sánchez, “el caballero de la derecha”, testaferro de López Mena y único oferente en el remate, a nombre de la desconocida aerolínea COSMO, mediante un aval por 13,6 millones de dólares, otorgado de apuro por el BROU a instancia de Calloia y por pedido expreso de Lorenzo.
Es también procesado sin prisión el escribano Seitún, quien labró el acta del remate, en esas condiciones
El gobierno de Tabaré Vázquez –Astori, fue responsable de haber continuado el camino privatizador y de haber elegido conscientemente, en el 2007, al operador financiero holandés Paul Elberse, y contratarlo por 1 millón de dólares, para conseguir la empresa asociada, que resultó ser LEADGATE.
Este personaje era plenamente conocido por haber sido destituido por el gobierno de Batlle, cuando siendo gerente general del Nuevo Banco Comercial llegó a cobrar hasta millón de dólares por año, cuando este recién salía de una gran crisis.
En dicho banco casualmente era directivo, el padre de M. CAMPIANI, casualmente también vinculado a la empresa canadiense que fabrica los aviones Bombardier y a la que se le adquirieron los 13 aviones por parte de PLUNA.
Casualmente, el también canadiense Scotiabank, que es actualmente el dueño del Nuevo Banco Comercial, es el acreedor por alrededor de 137 millones de dólares, por la citada compra, realizada con garantía estatal.
Por Constanza Moreira 24/12/13
*
La difícil deriva de PLUNA, luego de las reestructuraciones que llevaron a una empresa estatal a convertirse en privada con participación minoritaria del Estado, terminó en un caso judicial. La oposición -en particular el Partido Nacional, que presentó la denuncia- fue responsable de esta metamorfosis. Nosotros -el gobierno, el Frente Amplio, los Ministros- quedamos, de algún modo, a merced de esta operación política.
Lo primero es lo primero: la justicia está actuando, nosotros debemos respaldar a nuestros compañeros, reconocer los errores cometidos, e impedir que la “judicialización” del caso PLUNA se transforme en un buscado vía crucis para el Frente Amplio y nuestros gobiernos, en particular, y para la democracia y la política, en general.
En tal sentido, le hicimos llegar en su momento a la compañera Mónica Xavier nuestro apoyo, solidaridad, y disposición para con la difícil tarea que enfrenta la fuerza política hoy.
Demás está decir que como representante del gobierno en el Senado, antes que como candidata, me competen todas las responsabilidades de la votación del fideicomiso primero y del cierre de PLUNA en consecuencia. Cuando se está en política, la responsabilización colectiva por las decisiones es la regla de oro, y lo es también en este caso.
También quiero decir que el cierre de nuestra línea aérea, y la incapacidad de haber encontrado una alternativa propia en tiempo y forma, me llenan de pesar y parecen confirmar, una vez más, las dificultades para realizar privatizaciones “virtuosas”, donde interés público y privado se potencien mutuamente.
Puede o no haber sido inevitable el cierre, dados los resultados finales de la gestión de LEADGATE sumado a las interpretaciones respectos de dictámenes judiciales que en Brasil involucraban a las empresas asociadas con VARIG; en todo caso fue una decisión muy difícil, produjo innumerables pérdidas, y desató consecuencias y acciones de las cuales el famoso “aval” es solo un hecho más
Todos los casos judiciales terminan, finalmente, asumiendo la forma: ¿es culpable ó inocente?
Por esa vía, transforman un hecho político -donde las responsabilidades son públicas, compartidas y colectivas- en un hecho donde las responsabilidades terminan siendo individuales.
Cuando el Partido Nacional lleva el caso a los tribunales, renuncia a un modo de hacer política, y empieza otro.
No creo que eso le haga nada bien a la democracia, pero la judicialización hace tiempo empezó
El caso PLUNA es solo un ejemplo.
En primer lugar, se declaró inconstitucional el fideicomiso.
Al hacerlo, el poco patrimonio “público” que retuvimos, se evapora. Las razones de la inconstitucionalidad, merecen ser estudiadas detenidamente: se habla muchísimo sobre el “interés general”, que es la razón “excepcional” sobre la cual se puede ir contra el interés privado (los derechos de los acreedores, en este caso). La primera consecuencia de este proceso obtura la posibilidad de una salida al caso PLUNA.
En segundo lugar, se inició un proceso judicial para buscar “responsables”.
Pero los que buscan responsables son los mismos que tomaron las primeras decisiones que condujeron a esta situación (la privatización de PLUNA a manos de VARIG y un gerenciamiento lleno de irregularidades y problemas que se arrastró por años).
¿Quién es culpable? ¿VARIG? ¿Los partidos Nacional y Colorado que en su momento lo llevaron a cabo?
La resultante de las dos etapas de la judicialización del caso PLUNA culminó con la renuncia del Ministro Fernando Lorenzo, quien decidió someterse a la justicia como un “ciudadano común”, lo cual es encomiable.
Sin embargo, la oposición no podrá vanagloriarse de haber “volteado un ministro”, porque era el ministro con mayor prestigio. Y lo era, entre otras cosas, porque muchos electores blancos y colorados lo consideraban así.
El Frente Amplio y el gobierno atraviesan un fin de año difícil. Pero saldremos adelante. Otras, en cambio, serán las consecuencias de todo este periplo para la aerolínea cooperativa que trata de despegar y aguarda los resultados de todas estas acciones.
O para los aviones que restaban, que aún vemos en el aeropuerto, y cuya suerte parece hoy más incierta que nunca.
Nada para festejar. No para la democracia, la navegación aérea en Uruguay, o la suerte de nuestra conectividad futura.
¿Alguien ganó de todo esto? Es bueno darnos un tiempo de reflexión sobre esto. No se trata de no querer el imprescindible control del Poder Judicial, en el marco de las leyes, sobre los gobernantes, o de no acatar las decisiones resultantes de los procesos judiciales.
Pero es necesario decir que llevar la política a los tribunales puede volverse una estrategia que no es buena para la democracia. Y significa, en buena medida, renunciar a la política.
*(Pre-candidata a Presidente por el Frente Amplio)
Uruguay
ANTECEDENTES
Esta crisis se da después de un largo proceso de liquidación de PLUNA, que incluyó una Ley especial, que intentó esquivar el concurso de acreedores y que finalmente cae por inconstitucional el mes pasado, poniendo nuevamente el tema al orden del día.
Esa ley planteó rematar los aviones, lo que se llevó adelante de forma tal en que se expusieron los manejos turbios de Lorenzo y Calloia en permanente contacto y acuerdo con López Mena, dueño de Buquebus y la empresa aérea BQB, gran favorecido por la liquidación de PLUNA, ya que era un competidor y finalmente se quedó con varias de sus frecuencias.
Esto incluía, como registró la famosa foto, al propio Calvo Sánchez, “el caballero de la derecha”, testaferro de López Mena y único oferente en el remate, a nombre de la desconocida aerolínea COSMO, mediante un aval por 13,6 millones de dólares, otorgado de apuro por el BROU a instancia de Calloia y por pedido expreso de Lorenzo.
Es también procesado sin prisión el escribano Seitún, quien labró el acta del remate, en esas condiciones
El gobierno de Tabaré Vázquez –Astori, fue responsable de haber continuado el camino privatizador y de haber elegido conscientemente, en el 2007, al operador financiero holandés Paul Elberse, y contratarlo por 1 millón de dólares, para conseguir la empresa asociada, que resultó ser LEADGATE.
Este personaje era plenamente conocido por haber sido destituido por el gobierno de Batlle, cuando siendo gerente general del Nuevo Banco Comercial llegó a cobrar hasta millón de dólares por año, cuando este recién salía de una gran crisis.
En dicho banco casualmente era directivo, el padre de M. CAMPIANI, casualmente también vinculado a la empresa canadiense que fabrica los aviones Bombardier y a la que se le adquirieron los 13 aviones por parte de PLUNA.
Casualmente, el también canadiense Scotiabank, que es actualmente el dueño del Nuevo Banco Comercial, es el acreedor por alrededor de 137 millones de dólares, por la citada compra, realizada con garantía estatal.
Bienes apropiados, represores prófugos
Bienes apropiados, represores prófugos
Una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura cívico-militar
"A cara lavada", programa conducido por Cynthia García, y el equipo de Investigación Nacional, coordinado por Ari Lijalad presentan una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura militar y las complicidades civiles y militares necesarias para que decenas de represores continúen prófugos
Esta investigación revela, por un lado, cómo funcionó el sistema de apropiación de bienes de desaparecidos por parte de las jerarquías militares, cómo ese dinero se recicló en democracia y las actuales posibilidades de juzgar por financiamiento del terrorismo a las estructuras empresariales que actúan como sostén económico de represores. Por el otro, revela por primera vez un listado con datos sobre cómo, a pesar de tener pedido de captura, los represores prófugos tienen cuentas bancarias, aportes previsionales, jubilaciones, registros laborales e incluso tarjetas de consumo de determinadas marcas con sus nombres reales. Los últimos movimientos financieros de estos represores indican el uso cotidiano de estas cuentas.
Sobre la apropiación sistemática de bienes y su destino, el caso del Capitán de Navío Jorge Raúl Vildoza es ilustrador desde el lado militar. Vildoza fue Jefe del EM G.T.3.3 en la ESMA, donde estuvo desde el 1 de febrero de 1977 hasta el 2 de mayo de 1979. En democracia, fue investigado en 3 causas. Una, por la apropiación de Javier Gonzalo Penino, llevada adelante por la jueza Servini de Cubría, por la cuál Vildoza y su mujer están prófugos desde 1998. Dos, por su desempeño en la ESMA, en el marco de la causa en manos del juez Torres. Tres, por las concesiones de casinos en Tierra del Fuego. Pero todas se relacionan ya que, por un lado, está prófugo desde 1998 cuando se lo investigaba por la apropiación. Además, está vinculado a la apropiación de bienes de desaparecidos que, en su caso, fueron a parar a casinos y empresas vinculadas al juego. Y, por último, estos negocios producto de la apropiación de bienes a desaparecidos le brindaron el sostén económico y logístico para mantenerse prófugo durante más de 20 años.
La parábola iniciada en la noche dictatorial es la siguiente: la desaparición forzada, seguida por el robo de bienes a los desaparecidos con objetivos políticos y económicos, el lavado de dinero por la utilización de esos bienes para la conformación de empresas que siguieron generado ingresos, y el uso de esos ingresos para sostener la economía y la logística de los represores prófugos. Como los delitos de los represores son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, cobra vigencia la Ley 26.734, conocida como “Ley antiterrorista”, que considera terroristas a los represores acusados por delitos de lesa humanidad y permite, en este caso, investigar cómo se produce el financiamiento actual de esos terroristas.
Esta investigación abarca también la contracara del militar apropiador de bienes: los desaparecidos o secuestrados víctimas de esta apropiación. El caso del saqueo de las empresas de la familia Iaccarino es la punta de un ovillo que desenredaremos a lo largo del año, que incluye alrededor de 600 casos de apropiación de bienes de desaparecidos y secuestrados que conforman un plan sistemático con objetivos concretos.
El otro pilar de esta investigación son los represores prófugos. La mayoría no tenían rango jerárquico en las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Unos hicieron carrera militar a partir de esos años. Un ejemplo es Eduardo Alfonso, Teniente en 1977, que ascendió a Coronel en 1993, a General en 1999 y pasó a retiro en 2003, luego de desempeñarse como Secretario del Ejército bajo el Comando del General Ricardo Brinzoni durante las presidencias de Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde. Alfonso tiene pedido de captura desde el 23 de mayo del 2012.
Pero esta investigación también revela por primera vez que, si bien la mayoría de los represores no cuentan con una estructura económica y/o logística como la de Vildoza ni hicieron carrera como Alfonso, llevan años prófugos a pesar de que cuentan con tarjetas bancarias y de otros tipos y registros laborales y previsionales con sus nombres reales. Es decir, no ocultan su identidad, pero siguen prófugos a pesar de sus vinculaciones a causas que recaen en juzgados de todo el país.
Este listado, muchos de cuyos datos se conocen por primer vez, incluye represores que ya fueron detenidos y otros que con trámite de extradición abierto.
También incluye civiles cómplices de la represión, como el caso de Raúl Arturo Viglizzo, que formó parte de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), prófugo desde el 30 de noviembre de 2010, que llegó incluso a trabajar en la Universidad de Buenos Aires (1992 - 1994; 1994-2005), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1990 -1994; 1994 – 2007) y el Ministerio de Educación (1994).
En este link, todas las personas buscadas por delitos de lesa humanidad
http://www.jus.gov.ar/la-justicia-argentina/personas-buscadas/personas-buscadas-por-delitos-de-lesa-humanidad.aspx
Domingo, 17 de Febrero de 2013 01:13
Una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura cívico-militar
"A cara lavada", programa conducido por Cynthia García, y el equipo de Investigación Nacional, coordinado por Ari Lijalad presentan una investigación que revela la trama oculta de la apropiación sistemática de bienes durante la última dictadura militar y las complicidades civiles y militares necesarias para que decenas de represores continúen prófugos
Esta investigación revela, por un lado, cómo funcionó el sistema de apropiación de bienes de desaparecidos por parte de las jerarquías militares, cómo ese dinero se recicló en democracia y las actuales posibilidades de juzgar por financiamiento del terrorismo a las estructuras empresariales que actúan como sostén económico de represores. Por el otro, revela por primera vez un listado con datos sobre cómo, a pesar de tener pedido de captura, los represores prófugos tienen cuentas bancarias, aportes previsionales, jubilaciones, registros laborales e incluso tarjetas de consumo de determinadas marcas con sus nombres reales. Los últimos movimientos financieros de estos represores indican el uso cotidiano de estas cuentas.
Sobre la apropiación sistemática de bienes y su destino, el caso del Capitán de Navío Jorge Raúl Vildoza es ilustrador desde el lado militar. Vildoza fue Jefe del EM G.T.3.3 en la ESMA, donde estuvo desde el 1 de febrero de 1977 hasta el 2 de mayo de 1979. En democracia, fue investigado en 3 causas. Una, por la apropiación de Javier Gonzalo Penino, llevada adelante por la jueza Servini de Cubría, por la cuál Vildoza y su mujer están prófugos desde 1998. Dos, por su desempeño en la ESMA, en el marco de la causa en manos del juez Torres. Tres, por las concesiones de casinos en Tierra del Fuego. Pero todas se relacionan ya que, por un lado, está prófugo desde 1998 cuando se lo investigaba por la apropiación. Además, está vinculado a la apropiación de bienes de desaparecidos que, en su caso, fueron a parar a casinos y empresas vinculadas al juego. Y, por último, estos negocios producto de la apropiación de bienes a desaparecidos le brindaron el sostén económico y logístico para mantenerse prófugo durante más de 20 años.
La parábola iniciada en la noche dictatorial es la siguiente: la desaparición forzada, seguida por el robo de bienes a los desaparecidos con objetivos políticos y económicos, el lavado de dinero por la utilización de esos bienes para la conformación de empresas que siguieron generado ingresos, y el uso de esos ingresos para sostener la economía y la logística de los represores prófugos. Como los delitos de los represores son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, cobra vigencia la Ley 26.734, conocida como “Ley antiterrorista”, que considera terroristas a los represores acusados por delitos de lesa humanidad y permite, en este caso, investigar cómo se produce el financiamiento actual de esos terroristas.
Esta investigación abarca también la contracara del militar apropiador de bienes: los desaparecidos o secuestrados víctimas de esta apropiación. El caso del saqueo de las empresas de la familia Iaccarino es la punta de un ovillo que desenredaremos a lo largo del año, que incluye alrededor de 600 casos de apropiación de bienes de desaparecidos y secuestrados que conforman un plan sistemático con objetivos concretos.
El otro pilar de esta investigación son los represores prófugos. La mayoría no tenían rango jerárquico en las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Unos hicieron carrera militar a partir de esos años. Un ejemplo es Eduardo Alfonso, Teniente en 1977, que ascendió a Coronel en 1993, a General en 1999 y pasó a retiro en 2003, luego de desempeñarse como Secretario del Ejército bajo el Comando del General Ricardo Brinzoni durante las presidencias de Fernando De La Rúa y Eduardo Duhalde. Alfonso tiene pedido de captura desde el 23 de mayo del 2012.
Pero esta investigación también revela por primera vez que, si bien la mayoría de los represores no cuentan con una estructura económica y/o logística como la de Vildoza ni hicieron carrera como Alfonso, llevan años prófugos a pesar de que cuentan con tarjetas bancarias y de otros tipos y registros laborales y previsionales con sus nombres reales. Es decir, no ocultan su identidad, pero siguen prófugos a pesar de sus vinculaciones a causas que recaen en juzgados de todo el país.
Este listado, muchos de cuyos datos se conocen por primer vez, incluye represores que ya fueron detenidos y otros que con trámite de extradición abierto.
También incluye civiles cómplices de la represión, como el caso de Raúl Arturo Viglizzo, que formó parte de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), prófugo desde el 30 de noviembre de 2010, que llegó incluso a trabajar en la Universidad de Buenos Aires (1992 - 1994; 1994-2005), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1990 -1994; 1994 – 2007) y el Ministerio de Educación (1994).
En este link, todas las personas buscadas por delitos de lesa humanidad
http://www.jus.gov.ar/la-justicia-argentina/personas-buscadas/personas-buscadas-por-delitos-de-lesa-humanidad.aspx
Domingo, 17 de Febrero de 2013 01:13
29 dic 2013
Usaid e ONGs: La injerencia silenciosa en América Latina
Usaid e ONGs: La injerencia silenciosa en América Latina
Publicado el 12/28/13
JUAN MANUEL KARG / ADITAL – La reciente expulsión de Bolivia de la ONG danesa IBIS abrió nuevas preguntas sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales en los países de América Latina y el Caribe, en especial en relación a los gobiernos posneoliberales.
A su vez, el anuncio de la salida de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. -USAID- de Ecuador, tras la cancelación de los proyectos que la misma estaba realizando en ese país, mostró los límites de la “cooperación” que el imperialismo pretende brindar en nuestros países.
¿Cuáles son las funciones que puede brindar una ONG en nuestros países? ¿Hasta dónde se permite que las mismas puedan intervenir en asuntos internos, sin menospreciar la soberanía del pueblo y del gobierno en cuestión? Son preguntas que se han dado en estos días en Bolivia, a raíz de la decisión del gobierno de Evo Morales de expulsar del país a IBIS. Según declaró Juan Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia, la ONG danesa”abusó de la hospitalidad de nuestro Estado y ya nos hemos cansado de que interprete de manera errada su papel en el país, el cual se limita al desarrollo de las comunidades”.
Quintana afirmó que esta no era una”decisión caprichosa”, al decir que el gobierno boliviano cuenta con pruebas fehacientes de los intentos de IBIS de incidir en la coyuntura política del país.”IBIS no estaba promoviendo el desarrollo, sino que operaba políticamente diciendo que el gobierno del presidente Evo Morales está extraviado, desorientando a las organizaciones sociales”, fueron sus palabras sobre esta ONG cuestionada, que ya había sido eyectada de forma similar -es decir, por los mismos motivos- de Ecuador. Las palabras de Quintana dejaron algo bien claro: en la decisión del gobierno boliviano primó un intento -casi instintivo- de salvaguardar la soberanía de un país (y un gobierno) que ha sido, durante estos años, de los más asediados de nuestro continente.
Al mismo tiempo en que sucedía esto, desde Quito se producían novedades relacionadas con la presencia de USAID en Ecuador. Es que, en estos días, llegan a su fin diversos programas de “ayuda económica-técnica” entre ambos, que habían sido firmados en el año 2007, durante la primer presidencia de Rafael Correa. De acuerdo a la información brindada por la agencia de noticias Reuters, USAID envió a Quito una carta para comunicar la cancelación de su ayuda por la imposibilidad de llegar a un acuerdo bilateral sobre su distribución. Según Reuters, USAID también habría aludido a la decisión de las autoridades ecuatorianas de no aceptar nuevos proyectos ni ampliar los ya existentes como razón para cancelar su ayuda.
El canciller Ricardo Patiño fue claro al respecto, al cuestionar los programas firmados, llamándolos “poco transparentes”. Incluso fue más allá, afirmando que “si USAID decidió irse, no les vamos a rogar que regresen”. Así, y sin mencionar directamente el caso, puso en consideración lo sucedido en Bolivia, al afirmar que “conocemos algunas malas experiencias que USAID ha tenido con algunos países hermanos, en donde ha habido clara intervención, participación de funcionarios de la entidad, en actuaciones de desestabilización”. Fue el 1° de mayo de este año cuando, en un acto público relacionado con el Día Internacional de los Trabajadores, Morales anunció la expulsión de USAID de Bolivia por “conspirar” contra su gobierno. Al justificar su decisión ante los medios, el mandatario boliviano había afirmado que “se trata de una cuestión de soberanía, de seguridad para el Estado”.
Como primera conclusión, una certeza: no es casual que ambos gobiernos adopten medidas similares frente a estos intentos de injerencia externa. Se trata de dos de los procesos de cambio social más radicales que tienen lugar en nuestro continente. Son, por esto mismo, experiencias por demás asediadas por un imperialismo que intenta avanzar sobre aquello a lo que no puede controlar. Las respuestas, por tanto, muestran una madurez creciente de estos procesos.
Quedan algunas preguntas: ¿Hasta qué punto se pueden llegar a acuerdos con estos actores, visto y considerando los casos que mencionáramos en este artículo, sin dañar la soberanía nacional? ¿Cuál podría ser el interés de los gobiernos de América Latina y el Caribe en establecer, de acá en más, “cooperación” con agencias que, como vemos, presentan una difusa reputación democrática en nuestra región? ¿Pueden las ONGs y agencias como USAID actuar “despojados” de un fin político que pareciera ser el fundamento de su propia existencia?
Los gobiernos posneoliberales de nuestro continente deberán analizar seriamente estos tópicos. Se trata, ni más ni menos, que de salvaguardar la soberanía de estos países, intentando evitar errores geopolíticos que puedan dar pie a una posible -y peligrosa- restauración conservadora en la región, para la que ya están trabajando firmemente los gobiernos de la Alianza del Pacífico.
Publicado el 12/28/13
JUAN MANUEL KARG / ADITAL – La reciente expulsión de Bolivia de la ONG danesa IBIS abrió nuevas preguntas sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales en los países de América Latina y el Caribe, en especial en relación a los gobiernos posneoliberales.
A su vez, el anuncio de la salida de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. -USAID- de Ecuador, tras la cancelación de los proyectos que la misma estaba realizando en ese país, mostró los límites de la “cooperación” que el imperialismo pretende brindar en nuestros países.
¿Cuáles son las funciones que puede brindar una ONG en nuestros países? ¿Hasta dónde se permite que las mismas puedan intervenir en asuntos internos, sin menospreciar la soberanía del pueblo y del gobierno en cuestión? Son preguntas que se han dado en estos días en Bolivia, a raíz de la decisión del gobierno de Evo Morales de expulsar del país a IBIS. Según declaró Juan Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia, la ONG danesa”abusó de la hospitalidad de nuestro Estado y ya nos hemos cansado de que interprete de manera errada su papel en el país, el cual se limita al desarrollo de las comunidades”.
Quintana afirmó que esta no era una”decisión caprichosa”, al decir que el gobierno boliviano cuenta con pruebas fehacientes de los intentos de IBIS de incidir en la coyuntura política del país.”IBIS no estaba promoviendo el desarrollo, sino que operaba políticamente diciendo que el gobierno del presidente Evo Morales está extraviado, desorientando a las organizaciones sociales”, fueron sus palabras sobre esta ONG cuestionada, que ya había sido eyectada de forma similar -es decir, por los mismos motivos- de Ecuador. Las palabras de Quintana dejaron algo bien claro: en la decisión del gobierno boliviano primó un intento -casi instintivo- de salvaguardar la soberanía de un país (y un gobierno) que ha sido, durante estos años, de los más asediados de nuestro continente.
Al mismo tiempo en que sucedía esto, desde Quito se producían novedades relacionadas con la presencia de USAID en Ecuador. Es que, en estos días, llegan a su fin diversos programas de “ayuda económica-técnica” entre ambos, que habían sido firmados en el año 2007, durante la primer presidencia de Rafael Correa. De acuerdo a la información brindada por la agencia de noticias Reuters, USAID envió a Quito una carta para comunicar la cancelación de su ayuda por la imposibilidad de llegar a un acuerdo bilateral sobre su distribución. Según Reuters, USAID también habría aludido a la decisión de las autoridades ecuatorianas de no aceptar nuevos proyectos ni ampliar los ya existentes como razón para cancelar su ayuda.
El canciller Ricardo Patiño fue claro al respecto, al cuestionar los programas firmados, llamándolos “poco transparentes”. Incluso fue más allá, afirmando que “si USAID decidió irse, no les vamos a rogar que regresen”. Así, y sin mencionar directamente el caso, puso en consideración lo sucedido en Bolivia, al afirmar que “conocemos algunas malas experiencias que USAID ha tenido con algunos países hermanos, en donde ha habido clara intervención, participación de funcionarios de la entidad, en actuaciones de desestabilización”. Fue el 1° de mayo de este año cuando, en un acto público relacionado con el Día Internacional de los Trabajadores, Morales anunció la expulsión de USAID de Bolivia por “conspirar” contra su gobierno. Al justificar su decisión ante los medios, el mandatario boliviano había afirmado que “se trata de una cuestión de soberanía, de seguridad para el Estado”.
Como primera conclusión, una certeza: no es casual que ambos gobiernos adopten medidas similares frente a estos intentos de injerencia externa. Se trata de dos de los procesos de cambio social más radicales que tienen lugar en nuestro continente. Son, por esto mismo, experiencias por demás asediadas por un imperialismo que intenta avanzar sobre aquello a lo que no puede controlar. Las respuestas, por tanto, muestran una madurez creciente de estos procesos.
Quedan algunas preguntas: ¿Hasta qué punto se pueden llegar a acuerdos con estos actores, visto y considerando los casos que mencionáramos en este artículo, sin dañar la soberanía nacional? ¿Cuál podría ser el interés de los gobiernos de América Latina y el Caribe en establecer, de acá en más, “cooperación” con agencias que, como vemos, presentan una difusa reputación democrática en nuestra región? ¿Pueden las ONGs y agencias como USAID actuar “despojados” de un fin político que pareciera ser el fundamento de su propia existencia?
Los gobiernos posneoliberales de nuestro continente deberán analizar seriamente estos tópicos. Se trata, ni más ni menos, que de salvaguardar la soberanía de estos países, intentando evitar errores geopolíticos que puedan dar pie a una posible -y peligrosa- restauración conservadora en la región, para la que ya están trabajando firmemente los gobiernos de la Alianza del Pacífico.
Medio Oriente: la geopolítica y las relaciones internacionales
María Elena Álvarez Acosta
Medio Oriente: la geopolítica y las relaciones internacionales
27 diciembre 2013
La denominada Primavera Árabe tuvo un componente contrarrevolucionario dirigido por EE.UU. y apoyado por sus aliados. En los últimos meses del año 2013 la agenda estadounidense comenzó a variar, esencialmente en lo referido a los casos de Siria e Irán.
Después de más de dos años de enfrentar una guerra impuesta desde el exterior, el gobierno sirio no sólo se mantenía en el poder y aumentaba el apoyo a lo interno, sino que accedía a eliminar las armas químicas de su territorio y desarrollaba una ofensiva contra las fuerzas opositoras.
Mientras, la denominada oposición prácticamente se desintegraba y aumentaba la influencia creciente de las diversas tendencias más extremistas yihadistas; EEUU y Gran Bretaña planteaban retirar la ayuda a la oposición de dicho país.
En el caso iraní, se lograba un acuerdo que, aunque preliminar, mostraba cambios sustanciales en las posturas de EEUU y sus aliados, así como de la parte persa.
En la práctica, de momento, se ha mostrado una debilidad en el liderazgo de EEUU hacia el área, sobre todo, en los mecanismos y líneas matrices que planteaban debían seguirse en los casos más neurálgicos, entendiendo por estos, sus enemigos históricos, sobre los cuales siempre se había manejado abiertamente la posibilidad de un ataque: la histórica postura contra Irán que, no sólo pasa por las sanciones impuestas, sino por las intermitentes amenazas contra el país persa, y el ejemplo más reciente contra Siria, las declaraciones de guerra de EEUU en agosto pasado.
Aunque estamos en presencia de dos casos, donde EEUU ha variado radicalmente su discurso, no son dos ejemplos cualesquiera, son los países definitorios en la postura contestaría a Estados Unidos e Israel en la región. Además, estas acciones de EEUU han ocasionado que, por primera vez, sus intereses de Estado nación-imperialismo entren en contradicción con Israel, también con aliados árabes, como Arabia Saudita.
Mientras EEUU pierde terreno, Rusia ha fortalecido su protagonismo y ha liderado las conversaciones que culminaron en el acuerdo de Ginebra I sobre Siria, así como sus concepciones de un arreglo negociado en el caso iraní.
En todo momento, la postura de la República Popular China ha coincidido con la de Rusia, lo que se ha manifestado, no sólo en los acontecimientos referidos anteriormente, sino en las votaciones en el Consejo de Seguridad, donde ambos países han vetado las Resoluciones propuestas en contra del gobierno de Siria, por solo citar un ejemplo.
Paralelamente, la creciente percepción del fortalecimiento de lo que algunos especialistas designan como ”arco chíita en el Creciente Fértil (Irán, Iraq, Siria, Líbano)” se ha manifestado: primero, en el apoyo y el uso de fronteras amigas al gobierno sirio y su alianza de minorías a fin de balancear la injerencia internacional (EEUU, Gran Bretaña, Francia y petromonarquías) a favor de la oposición armada a través de las fronteras hostiles a Siria (Jordania y Turquía) y, segundo, en que EEUU y sus aliados occidentales hayan accedido a buscar una salida negociada, tanto en el caso sirio, como iraní.
En la reconfiguración geoestratégica regional, EEUU ha perdido terreno, tiene fricciones con sus aliados, al tiempo que Irán ha aumentado su protagonismo como potencia regional. En el plano internacional, en los asuntos referidos a Medio Oriente, Moscú ha marcado el compás, restando protagonismo e iniciativa a Washington.
¿Razones del cambio?
Muchas podrían ser las razones que han llevado a la administración Obama a este cambio en su postura hacia Siria y hacia Irán, cambio, por demás, que puede variar a mediano o largo plazos. Sin embargo todo indica que hay algunas razones que sobresalen en la actitud actual:
- La administración Obama enfrenta los índices más bajos de popularidad en las encuestas de todo su período de mandato.
- La nueva opción negociada con Irán está precedida por la amenaza de guerra que hizo Washington a Damasco. Esa postura –declaración de guerra- siempre ha sido interpretada como un recurso de movilización en la opinión pública estadounidense. Sin embargo, en este caso, la mayoría se ha manifestado en contra de la opción militar. Los mismos indicadores se reflejan en las encuestas cuando la ultraderecha y algunos demócratas critican la postura del gobierno de negociar. O sea, ni aún el control de los medios masivos de comunicación ha podido evitar el rechazo de la mayoría (reflejado en las encuestas con 2/3-/3/4 en contra de la guerra) a acción armada.
- También la opinión pública europea es contraria a la guerra, reflejado en el voto de los parlamentos en contra de la misma en países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, entre otros.
Como se observa la opinión pública ha desempañado un papel protagónico, lo que puede explicarse debido a las herencias de las guerras de Afganistán e Irak y el costo que ha tenido para el país, lo que multiplica el temor a entrar en otra contienda armada, así como el costo de la Primavera Árabe con los sucesos en Libia y Egipto, fundamentalmente. La utilización de medios alternativos indica que las opiniones no han podido ser controladas en su mayoría.
La alternativa del diálogo parece ser la más coherente, pero ¿estará dispuesto Estados Unidos a seguir perdiendo terreno en el Medio Oriente y su liderazgo a nivel mundial?
Redefinición de las relaciones internacionales
El Medio Oriente fue y sigue siendo un espacio geoestratégico para los principales poderes, entre otros:
- Por poseer la fuente de energía (petróleo y gas) y derivados más importante del mundo, así como un mercado de valores de primer orden en reservas monetarias y de oro.
- Porque es un área que conecta Europa con Asia y que cuenta con importantes vías de acceso, tanto a las fuentes de energía, como a otros productos, donde destacan: el Canal de Suez, el Mar Rojo, el Golfo Aábigo-Pérsico.
- Porque resulta vital para Europa y para Rusia. En el primer caso es un factor clave del flanco sureste de la OTAN; en el segundo, tiene la casi totalidad de la vecindad meridional de Rusia, con sus desbordamientos étnico-religiosos, bastante explosivos.
- La inserción de Israel en ese escenario, con toda su cuota de conflictividad y lo que implica para sus aliados.
Todos estos factores explican los sistema de alianzas y patrones de conducta de los poderes mundiales en sus políticas hacia la región, además a ello se suma, no menos importante, las propias dinámicas, conflictuales por demás, que en última instancia también influyen y/o determinan sus recurrentes conflictos.
En ese ámbito, EEUU cuenta, por una parte, con una considerable presencia militar directa. Desde la guerra del Golfo de 1991, el Consejo de Cooperación del Golfo demostró su ineficiencia y el criterio de mantener “a lo lejos” las fuerzas estadounidenses fue sustituido por la presencia directa de las fuerzas militares de Washington. Por la otra, su sistema de alianzas mantiene los niveles necesarios para sus objetivos, a pesar de las aparentes alteraciones que ha sufrido ante la postura de la actual administración hacia Damasco y Teherán.
Una parte importante de la redefinición o recomposición de las Relaciones Internacionales pasa por los acontecimientos en el Medio Oriente. Ello no quiere decir que los sucesos de otras áreas del mundo no sean definitorios, pero subestimar los intereses de los poderes del momento en esta región sería restar objetividad al análisis.
Con independencia de que finalmente triunfe o no la línea de negociación sobre la guerra, EEUU ha perdido terreno. El caso sirio ha sido paradigmático en el enfrentamiento de las estrategias ruso estadounidense y en el protagonismo de cada uno como actores internacionales. Rusia ha logrado que se imponga su agenda en lugar de la estadounidense, de ahí el impacto a nivel internacional. Otro tanto se observa en el caso iraní, en el que de nuevo la agenda estadounidense fue sobrepasada por la de otros países, coincidentemente de nuevo Rusia ocupa un papel protagónico.
En el plano internacional se plantea que la unipolaridad está llegando a su fin, los síntomas son evidentes. Sin embargo, las transiciones intersistémicas tienen sus peculiaridades. Es cierto que Rusia y otros actores internacionales han comenzado a desempeñar un papel cada vez más protagónico, sobre todo en los asuntos vinculados a los temas más candentes en el Medio Oriente, pero aún EEUU sigue siendo la primera potencia militar del mundo y del sistema capitalista
Medio Oriente: la geopolítica y las relaciones internacionales
27 diciembre 2013
La denominada Primavera Árabe tuvo un componente contrarrevolucionario dirigido por EE.UU. y apoyado por sus aliados. En los últimos meses del año 2013 la agenda estadounidense comenzó a variar, esencialmente en lo referido a los casos de Siria e Irán.
Después de más de dos años de enfrentar una guerra impuesta desde el exterior, el gobierno sirio no sólo se mantenía en el poder y aumentaba el apoyo a lo interno, sino que accedía a eliminar las armas químicas de su territorio y desarrollaba una ofensiva contra las fuerzas opositoras.
Mientras, la denominada oposición prácticamente se desintegraba y aumentaba la influencia creciente de las diversas tendencias más extremistas yihadistas; EEUU y Gran Bretaña planteaban retirar la ayuda a la oposición de dicho país.
En el caso iraní, se lograba un acuerdo que, aunque preliminar, mostraba cambios sustanciales en las posturas de EEUU y sus aliados, así como de la parte persa.
En la práctica, de momento, se ha mostrado una debilidad en el liderazgo de EEUU hacia el área, sobre todo, en los mecanismos y líneas matrices que planteaban debían seguirse en los casos más neurálgicos, entendiendo por estos, sus enemigos históricos, sobre los cuales siempre se había manejado abiertamente la posibilidad de un ataque: la histórica postura contra Irán que, no sólo pasa por las sanciones impuestas, sino por las intermitentes amenazas contra el país persa, y el ejemplo más reciente contra Siria, las declaraciones de guerra de EEUU en agosto pasado.
Aunque estamos en presencia de dos casos, donde EEUU ha variado radicalmente su discurso, no son dos ejemplos cualesquiera, son los países definitorios en la postura contestaría a Estados Unidos e Israel en la región. Además, estas acciones de EEUU han ocasionado que, por primera vez, sus intereses de Estado nación-imperialismo entren en contradicción con Israel, también con aliados árabes, como Arabia Saudita.
Mientras EEUU pierde terreno, Rusia ha fortalecido su protagonismo y ha liderado las conversaciones que culminaron en el acuerdo de Ginebra I sobre Siria, así como sus concepciones de un arreglo negociado en el caso iraní.
En todo momento, la postura de la República Popular China ha coincidido con la de Rusia, lo que se ha manifestado, no sólo en los acontecimientos referidos anteriormente, sino en las votaciones en el Consejo de Seguridad, donde ambos países han vetado las Resoluciones propuestas en contra del gobierno de Siria, por solo citar un ejemplo.
Paralelamente, la creciente percepción del fortalecimiento de lo que algunos especialistas designan como ”arco chíita en el Creciente Fértil (Irán, Iraq, Siria, Líbano)” se ha manifestado: primero, en el apoyo y el uso de fronteras amigas al gobierno sirio y su alianza de minorías a fin de balancear la injerencia internacional (EEUU, Gran Bretaña, Francia y petromonarquías) a favor de la oposición armada a través de las fronteras hostiles a Siria (Jordania y Turquía) y, segundo, en que EEUU y sus aliados occidentales hayan accedido a buscar una salida negociada, tanto en el caso sirio, como iraní.
En la reconfiguración geoestratégica regional, EEUU ha perdido terreno, tiene fricciones con sus aliados, al tiempo que Irán ha aumentado su protagonismo como potencia regional. En el plano internacional, en los asuntos referidos a Medio Oriente, Moscú ha marcado el compás, restando protagonismo e iniciativa a Washington.
¿Razones del cambio?
Muchas podrían ser las razones que han llevado a la administración Obama a este cambio en su postura hacia Siria y hacia Irán, cambio, por demás, que puede variar a mediano o largo plazos. Sin embargo todo indica que hay algunas razones que sobresalen en la actitud actual:
- La administración Obama enfrenta los índices más bajos de popularidad en las encuestas de todo su período de mandato.
- La nueva opción negociada con Irán está precedida por la amenaza de guerra que hizo Washington a Damasco. Esa postura –declaración de guerra- siempre ha sido interpretada como un recurso de movilización en la opinión pública estadounidense. Sin embargo, en este caso, la mayoría se ha manifestado en contra de la opción militar. Los mismos indicadores se reflejan en las encuestas cuando la ultraderecha y algunos demócratas critican la postura del gobierno de negociar. O sea, ni aún el control de los medios masivos de comunicación ha podido evitar el rechazo de la mayoría (reflejado en las encuestas con 2/3-/3/4 en contra de la guerra) a acción armada.
- También la opinión pública europea es contraria a la guerra, reflejado en el voto de los parlamentos en contra de la misma en países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, entre otros.
Como se observa la opinión pública ha desempañado un papel protagónico, lo que puede explicarse debido a las herencias de las guerras de Afganistán e Irak y el costo que ha tenido para el país, lo que multiplica el temor a entrar en otra contienda armada, así como el costo de la Primavera Árabe con los sucesos en Libia y Egipto, fundamentalmente. La utilización de medios alternativos indica que las opiniones no han podido ser controladas en su mayoría.
La alternativa del diálogo parece ser la más coherente, pero ¿estará dispuesto Estados Unidos a seguir perdiendo terreno en el Medio Oriente y su liderazgo a nivel mundial?
Redefinición de las relaciones internacionales
El Medio Oriente fue y sigue siendo un espacio geoestratégico para los principales poderes, entre otros:
- Por poseer la fuente de energía (petróleo y gas) y derivados más importante del mundo, así como un mercado de valores de primer orden en reservas monetarias y de oro.
- Porque es un área que conecta Europa con Asia y que cuenta con importantes vías de acceso, tanto a las fuentes de energía, como a otros productos, donde destacan: el Canal de Suez, el Mar Rojo, el Golfo Aábigo-Pérsico.
- Porque resulta vital para Europa y para Rusia. En el primer caso es un factor clave del flanco sureste de la OTAN; en el segundo, tiene la casi totalidad de la vecindad meridional de Rusia, con sus desbordamientos étnico-religiosos, bastante explosivos.
- La inserción de Israel en ese escenario, con toda su cuota de conflictividad y lo que implica para sus aliados.
Todos estos factores explican los sistema de alianzas y patrones de conducta de los poderes mundiales en sus políticas hacia la región, además a ello se suma, no menos importante, las propias dinámicas, conflictuales por demás, que en última instancia también influyen y/o determinan sus recurrentes conflictos.
En ese ámbito, EEUU cuenta, por una parte, con una considerable presencia militar directa. Desde la guerra del Golfo de 1991, el Consejo de Cooperación del Golfo demostró su ineficiencia y el criterio de mantener “a lo lejos” las fuerzas estadounidenses fue sustituido por la presencia directa de las fuerzas militares de Washington. Por la otra, su sistema de alianzas mantiene los niveles necesarios para sus objetivos, a pesar de las aparentes alteraciones que ha sufrido ante la postura de la actual administración hacia Damasco y Teherán.
Una parte importante de la redefinición o recomposición de las Relaciones Internacionales pasa por los acontecimientos en el Medio Oriente. Ello no quiere decir que los sucesos de otras áreas del mundo no sean definitorios, pero subestimar los intereses de los poderes del momento en esta región sería restar objetividad al análisis.
Con independencia de que finalmente triunfe o no la línea de negociación sobre la guerra, EEUU ha perdido terreno. El caso sirio ha sido paradigmático en el enfrentamiento de las estrategias ruso estadounidense y en el protagonismo de cada uno como actores internacionales. Rusia ha logrado que se imponga su agenda en lugar de la estadounidense, de ahí el impacto a nivel internacional. Otro tanto se observa en el caso iraní, en el que de nuevo la agenda estadounidense fue sobrepasada por la de otros países, coincidentemente de nuevo Rusia ocupa un papel protagónico.
En el plano internacional se plantea que la unipolaridad está llegando a su fin, los síntomas son evidentes. Sin embargo, las transiciones intersistémicas tienen sus peculiaridades. Es cierto que Rusia y otros actores internacionales han comenzado a desempeñar un papel cada vez más protagónico, sobre todo en los asuntos vinculados a los temas más candentes en el Medio Oriente, pero aún EEUU sigue siendo la primera potencia militar del mundo y del sistema capitalista
28 dic 2013
PLUNA : Las cosas que empiezan mal, terminan mal
Las cosas que empiezan mal, terminan mal
por Claudio Paolillo
búsqueda nº 1745
"Este es un proceso profesional. Este es un proceso que, a diferencia de algunos que se han realizado en el pasado, recorre todas las etapas que debe recorrer un proceso de este tipo. Y por eso tenemos que sentirnos muy tranquilos de que se va a ver coronado por el éxito. Las cosas que empiezan bien, por lo general siempre se desarrollan y culminan bien. Y a la inversa en caso contrario"
Con esa categórica afirmación, el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente de la República, Danilo Astori, concluía una conferencia de prensa a la que había convocado en la sede del Ministerio el 12 de febrero de 2007 para informar a la sociedad sobre la firma, ese día, del contrato entre el Estado uruguayo y la Sociedad Aeronáutica Oriental-Leadgate, por el cual la aerolínea PLUNA pasaba a ser mixta, con un control accionario de inversores privados (75%) y una participación minoritaria de directores estatales (25%).
Casi ocho años después, los tres principales directores privados de la ya desaparecida PLUNA, Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, pasaron la Navidad en la cárcel, procesados por una jueza penal por haber cometido "un delito continuado de estafa especialmente agravado". A la vez, un escribano del Estado fue enjuiciado por el delito de "certificación falsa por un funcionario público" y dos altos jerarcas del gobierno mantienen pendientes pedidos de procesamiento sin prisión por el delito de "abuso de funciones".
Aquel 12 de febrero de 2007, Campiani, Álvarez Demalde y Hirsch compartieron la mesa con el entonces presidente Tabaré Vázquez, quien con su presencia avaló la suscripción del acuerdo con Leadgate para operar PLUNA.
El convenio fue suscrito entonces por los tres hoy procesados (representados por un apoderado), los ministros Astori y Luis Lazo (que, como subsecretario, ejercía un interinato por ausencia momentánea del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi), Carlos Bouzas (presidente de PLUNA Ente Autónomo y presidente del Directorio de PLUNA SA), Carlos Galcerán (vicepresidente del Directorio de PLUNA SA) y María Esther Mallo de Mendoza (secretaria general de PLUNA Ente Autónomo).
El sábado 21, el presidente José Mujica, acompañado por Astori, leyó una breve declaración ante el desencadenamiento de los hechos judiciales que ya provocaron la renuncia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
El presidente hizo allí dos afirmaciones que vale la pena comentar.
En primer lugar, luego de elogiar en toda la línea a Lorenzo y al otro implicado, el presidente del BROU, Fernando Calloia, Mujica afirmó que "la Justicia resolverá si se cometieron errores instrumentales". Pues el Poder Judicial no existe para resolver sobre "errores instrumentales" de funcionarios públicos o privados.
El Poder Judicial existe para establecer si determinadas conductas están dentro o fuera de la ley y, en caso de que estén fuera de la ley, para decidir si configuran delitos previstos en los códigos respectivos
En segundo lugar, el presidente creyó del caso asegurar al pueblo uruguayo que su gobierno respetará "las decisiones que tome la Justicia, íntegramente". Fue un recordatorio completamente innecesario.
En una sociedad donde rige el Estado de derecho, sus integrantes no esperan otra cosa de los coyunturales miembros del Poder Ejecutivo sino que respeten "íntegramente" las decisiones de los jueces.
¿Qué otra alternativa tienen? ¿Dar un golpe de Estado? ¿Para qué se recuerda lo que es, simplemente, un deber insoslayablemente obvio?
El fiscal Juan Gómez ha pedido el procesamiento sin prisión de Lorenzo y de Calloia —que, llamativamente, hasta ahora no ha seguido los pasos del ex ministro— luego de considerar que incurrieron en ilegalidades al conceder el Estado un aval de millones de dólares a una empresa fantasma que, supuestamente, compraría los aviones de la ex PLUNA, cosa que jamás hizo.
El fiscal dice que Lorenzo abusó de su "poder funcional" y reclamó a Calloia que el BROU emitiera un aval ilegal a pocas horas del remate de octubre de 2012, donde un ignoto personaje de la empresa fantasma ofertaría U$S 137 millones por los siete aviones de la ex PLUNA. Y dice que Calloia aceptó "esta situación irregular" e "instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval"
El fiscal también dice que no tiene siquiera "indicios" de que Lorenzo o Calloia hayan tenido alguna "intención de enriquecimiento personal" o que hayan procurado "provechos indebidos" al obrar como lo hicieron. No hay elementos para decir lo contrario, por lo que va de suyo que hay que asumir que así fue. Sin embargo, la corrupción no es solo meterse plata ajena en el bolsillo. Un gobernante puede corromperse, también, cuando se saltea la ley para conseguir un propósito, aunque proclame que lo hace con las más nobles finalidades
La jueza Adriana de los Santos no pudo pronunciarse sobre la solicitud del fiscal porque tanto Lorenzo como Calloia consideran que el delito de "abuso innominado de funciones" es inconstitucional y, por tanto, derivó esta situación a la Suprema Corte de Justicia para que se expida.
Cuando estaba en la oposición y jerarcas y funcionarios de los gobiernos anteriores eran procesados con y sin prisión por este mismo delito, el hoy gobernante Frente Amplio no exhibía mayor preocupación por la presunta inconstitucionalidad de esta figura penal.
Hay lecciones para aprender de este caso. Una, muy importante, es el papel ineludible de una prensa libre en la democracia.
Si los periodistas no hubieran informado a la población que el BROU había concedido un aval de modo irregular, si no hubieran fotografiado a casi todos los personajes de esta insólita trama negociando en un almuerzo y si no hubieran desenmascarado a la empresa fantasma y a su testaferro que mezclaba sus nombres para despistar con la complicidad de un escribano público, la justicia hubiera tenido, probablemente, muchos más problemas para llegar a sus conclusiones.
Y hay preguntas que emergen de la vista fiscal y del fallo de la jueza. La más importante de todas es: ¿quién trajo a Leadgate para que se hiciera cargo de PLUNA? ¿Quién infundió tanta tranquilidad en Astori como para vaticinar, en 2007, que no había ninguna duda acerca de que este proceso sería "coronado por el éxito"?
Tanto el fiscal Gómez como la jueza De los Santos recuerdan en sus dictámenes que el gobierno frenteamplista le pagó un millón de dólares al bróker Paul Elberse para que consiguiera un socio para PLUNA. Elberse consiguió a Campiani y compañía.
Al fiscal —y a los senadores blancos que pusieron en marcha este proceso judicial— les llamó la atención "la inexistencia de puja entre los eventuales oferentes (para asociarse a PLUNA) e incluso las vinculaciones familiares de algunos interesados, refiriéndose al padre de Matías Campiani"
¿Quién es Elberse? Elberse es el mismo que durante el último tramo del gobierno colorado presidido por el ex presidente Jorge Batlle fue nombrado director y gerente general del Nuevo Banco Comercial, luego de la espantosa crisis del 2002, que había fundido al Banco Comercial. Elberse fue despedido en el 2004 por el entonces ministro de Economía, Isaac Alfie, luego de comprobar éste que Elberse se había votado bonos, para él y para otros gerentes, que le permitían a él cobrar un millón de dólares anuales, en un banco que había reprogramado los depósitos a seis años, pagando 2% de interés anual.
Y no sólo eso. Bajo la conducción de Elberse en el NBC, su Directorio estuvo integrado por el padre de Matías Campiani y el gerente de Riesgos del NBC era Javier Liberman
¿Quién es Javier Liberman?
El mismo que fue designado el 30 de julio de 2012 por el Poder Ejecutivo como fiduciario del Fideicomiso de Administración creado por el gobierno para adquirir los activos de PLUNA S.A. (los siete aviones) "con la finalidad de preservar el valor de los activos, viabilizar opciones de mantenimiento del servicio de transporte y preservar fuentes de trabajo".
El entonces diputado Rossi fustigó duramente en 2004 la gestión de Elberse.
Pero, curiosamente, tres años después, como ministro de Transporte y Obras Públicas, aceptó la sugerencia de Elberse para asociar a PLUNA. Quien no era confiable en 2004, pasó a ser una garantía en 2007.
Rossi, cabe recordar, es el único actor relevante del gobierno de Tabaré Vázquez que ha dicho que la asociación del Estado con Leadgate no fue una equivocación
Da la sensación de que esto recién empieza
por Claudio Paolillo
búsqueda nº 1745
"Este es un proceso profesional. Este es un proceso que, a diferencia de algunos que se han realizado en el pasado, recorre todas las etapas que debe recorrer un proceso de este tipo. Y por eso tenemos que sentirnos muy tranquilos de que se va a ver coronado por el éxito. Las cosas que empiezan bien, por lo general siempre se desarrollan y culminan bien. Y a la inversa en caso contrario"
Con esa categórica afirmación, el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente de la República, Danilo Astori, concluía una conferencia de prensa a la que había convocado en la sede del Ministerio el 12 de febrero de 2007 para informar a la sociedad sobre la firma, ese día, del contrato entre el Estado uruguayo y la Sociedad Aeronáutica Oriental-Leadgate, por el cual la aerolínea PLUNA pasaba a ser mixta, con un control accionario de inversores privados (75%) y una participación minoritaria de directores estatales (25%).
Casi ocho años después, los tres principales directores privados de la ya desaparecida PLUNA, Matías Campiani, Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, pasaron la Navidad en la cárcel, procesados por una jueza penal por haber cometido "un delito continuado de estafa especialmente agravado". A la vez, un escribano del Estado fue enjuiciado por el delito de "certificación falsa por un funcionario público" y dos altos jerarcas del gobierno mantienen pendientes pedidos de procesamiento sin prisión por el delito de "abuso de funciones".
Aquel 12 de febrero de 2007, Campiani, Álvarez Demalde y Hirsch compartieron la mesa con el entonces presidente Tabaré Vázquez, quien con su presencia avaló la suscripción del acuerdo con Leadgate para operar PLUNA.
El convenio fue suscrito entonces por los tres hoy procesados (representados por un apoderado), los ministros Astori y Luis Lazo (que, como subsecretario, ejercía un interinato por ausencia momentánea del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi), Carlos Bouzas (presidente de PLUNA Ente Autónomo y presidente del Directorio de PLUNA SA), Carlos Galcerán (vicepresidente del Directorio de PLUNA SA) y María Esther Mallo de Mendoza (secretaria general de PLUNA Ente Autónomo).
El sábado 21, el presidente José Mujica, acompañado por Astori, leyó una breve declaración ante el desencadenamiento de los hechos judiciales que ya provocaron la renuncia del ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
El presidente hizo allí dos afirmaciones que vale la pena comentar.
En primer lugar, luego de elogiar en toda la línea a Lorenzo y al otro implicado, el presidente del BROU, Fernando Calloia, Mujica afirmó que "la Justicia resolverá si se cometieron errores instrumentales". Pues el Poder Judicial no existe para resolver sobre "errores instrumentales" de funcionarios públicos o privados.
El Poder Judicial existe para establecer si determinadas conductas están dentro o fuera de la ley y, en caso de que estén fuera de la ley, para decidir si configuran delitos previstos en los códigos respectivos
En segundo lugar, el presidente creyó del caso asegurar al pueblo uruguayo que su gobierno respetará "las decisiones que tome la Justicia, íntegramente". Fue un recordatorio completamente innecesario.
En una sociedad donde rige el Estado de derecho, sus integrantes no esperan otra cosa de los coyunturales miembros del Poder Ejecutivo sino que respeten "íntegramente" las decisiones de los jueces.
¿Qué otra alternativa tienen? ¿Dar un golpe de Estado? ¿Para qué se recuerda lo que es, simplemente, un deber insoslayablemente obvio?
El fiscal Juan Gómez ha pedido el procesamiento sin prisión de Lorenzo y de Calloia —que, llamativamente, hasta ahora no ha seguido los pasos del ex ministro— luego de considerar que incurrieron en ilegalidades al conceder el Estado un aval de millones de dólares a una empresa fantasma que, supuestamente, compraría los aviones de la ex PLUNA, cosa que jamás hizo.
El fiscal dice que Lorenzo abusó de su "poder funcional" y reclamó a Calloia que el BROU emitiera un aval ilegal a pocas horas del remate de octubre de 2012, donde un ignoto personaje de la empresa fantasma ofertaría U$S 137 millones por los siete aviones de la ex PLUNA. Y dice que Calloia aceptó "esta situación irregular" e "instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval"
El fiscal también dice que no tiene siquiera "indicios" de que Lorenzo o Calloia hayan tenido alguna "intención de enriquecimiento personal" o que hayan procurado "provechos indebidos" al obrar como lo hicieron. No hay elementos para decir lo contrario, por lo que va de suyo que hay que asumir que así fue. Sin embargo, la corrupción no es solo meterse plata ajena en el bolsillo. Un gobernante puede corromperse, también, cuando se saltea la ley para conseguir un propósito, aunque proclame que lo hace con las más nobles finalidades
La jueza Adriana de los Santos no pudo pronunciarse sobre la solicitud del fiscal porque tanto Lorenzo como Calloia consideran que el delito de "abuso innominado de funciones" es inconstitucional y, por tanto, derivó esta situación a la Suprema Corte de Justicia para que se expida.
Cuando estaba en la oposición y jerarcas y funcionarios de los gobiernos anteriores eran procesados con y sin prisión por este mismo delito, el hoy gobernante Frente Amplio no exhibía mayor preocupación por la presunta inconstitucionalidad de esta figura penal.
Hay lecciones para aprender de este caso. Una, muy importante, es el papel ineludible de una prensa libre en la democracia.
Si los periodistas no hubieran informado a la población que el BROU había concedido un aval de modo irregular, si no hubieran fotografiado a casi todos los personajes de esta insólita trama negociando en un almuerzo y si no hubieran desenmascarado a la empresa fantasma y a su testaferro que mezclaba sus nombres para despistar con la complicidad de un escribano público, la justicia hubiera tenido, probablemente, muchos más problemas para llegar a sus conclusiones.
Y hay preguntas que emergen de la vista fiscal y del fallo de la jueza. La más importante de todas es: ¿quién trajo a Leadgate para que se hiciera cargo de PLUNA? ¿Quién infundió tanta tranquilidad en Astori como para vaticinar, en 2007, que no había ninguna duda acerca de que este proceso sería "coronado por el éxito"?
Tanto el fiscal Gómez como la jueza De los Santos recuerdan en sus dictámenes que el gobierno frenteamplista le pagó un millón de dólares al bróker Paul Elberse para que consiguiera un socio para PLUNA. Elberse consiguió a Campiani y compañía.
Al fiscal —y a los senadores blancos que pusieron en marcha este proceso judicial— les llamó la atención "la inexistencia de puja entre los eventuales oferentes (para asociarse a PLUNA) e incluso las vinculaciones familiares de algunos interesados, refiriéndose al padre de Matías Campiani"
¿Quién es Elberse? Elberse es el mismo que durante el último tramo del gobierno colorado presidido por el ex presidente Jorge Batlle fue nombrado director y gerente general del Nuevo Banco Comercial, luego de la espantosa crisis del 2002, que había fundido al Banco Comercial. Elberse fue despedido en el 2004 por el entonces ministro de Economía, Isaac Alfie, luego de comprobar éste que Elberse se había votado bonos, para él y para otros gerentes, que le permitían a él cobrar un millón de dólares anuales, en un banco que había reprogramado los depósitos a seis años, pagando 2% de interés anual.
Y no sólo eso. Bajo la conducción de Elberse en el NBC, su Directorio estuvo integrado por el padre de Matías Campiani y el gerente de Riesgos del NBC era Javier Liberman
¿Quién es Javier Liberman?
El mismo que fue designado el 30 de julio de 2012 por el Poder Ejecutivo como fiduciario del Fideicomiso de Administración creado por el gobierno para adquirir los activos de PLUNA S.A. (los siete aviones) "con la finalidad de preservar el valor de los activos, viabilizar opciones de mantenimiento del servicio de transporte y preservar fuentes de trabajo".
El entonces diputado Rossi fustigó duramente en 2004 la gestión de Elberse.
Pero, curiosamente, tres años después, como ministro de Transporte y Obras Públicas, aceptó la sugerencia de Elberse para asociar a PLUNA. Quien no era confiable en 2004, pasó a ser una garantía en 2007.
Rossi, cabe recordar, es el único actor relevante del gobierno de Tabaré Vázquez que ha dicho que la asociación del Estado con Leadgate no fue una equivocación
Da la sensación de que esto recién empieza
El financiamiento de la USAID para operaciones secretas en América Latina se encubre a través de triangulaciones
Quito, 27 dic (Andes).-
La ONG Corporación Participación Ciudadana (PC) recibió cerca de dos millones y medio de dólares, en abril de 2003, según revela un documento obtenido gracias a la Ley de Libre Acceso a la Información de los EE.UU. (FOIA, por sus siglas en inglés), lo que demuestra que el financiamiento de la USAID para operaciones secretas en América Latina se da también a través de triangulaciones.
Este documento, fechado el 04 de abril de 2003 y donde consta la firma del político opositor, el ex legislador, César Montufar, es una modificación a otro anterior en el que la mencionada corporación recibía una suma inferior, exactamente 55.000 dólares menos.
El investigador estadounidense Jeremy Bigwood afirmó que las vinculaciones que se generan entre estos grupos opositores, los medios de comunicación y las fundaciones que financian a la oposición de los gobiernos progresistas son complicadas de desentrañar puesto que incluso se valen de terceros países para hacer llegar los fondos.
En este documento al que tuvo acceso exclusivo la Agencia Andes, se revela que los fondos percibidos por Montufar a nombre de Participación Ciudadana pasan primero por la Oficina de Acuerdo Regional, domiciliada en Lima, Perú, antes de llegar a su destino final.
Junto a la firma de Montufar, al pie del documento aparece la de James J. Dunlap, oficial regional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
La USAID financia públicamente a la oposición de los países progresistas en América Latina. El mismo administrador adjunto para América Latina y el Caribe Mark Feierstein, lo ha confirmado.
El directivo de la Usaid para América Latina precisó que pese a los recortes realizados a esos tres países, durante este 2012, el apoyo sigue siendo importante, porque los recursos van destinados a la promoción y lucha por la “democracia”.
En el caso de Ecuador, las organizaciones no gubernamentales afincadas en el país que colaboran y reciben fondos de los proyectos “Ciudadanía Activa” y “Fortalecimiento de la Democracia”, que entre los dos suman $ 4,3 millones.
En la actualidad, Participación Ciudadana ha tenido constantes roces por el Ejecutivo que acusa a la organización de emitir informes sesgados sobre el gasto en publicidad oficial.
Con el anuncio de la salida de la USAID, directivos de varias ONG expresaron su preocupación al percibir que el gobierno supuestamente está tratando de asfixiarlos financieramente.
En contrario, el director de una conocida fundación dedicada -según ellos mismos- a la promoción y la protección de los derechos a las libertades de expresión, de prensa y a la asociación, manifestó off de record que no le preocupaba la salida de la oficina de Washington para la cooperación, pues el flujo de recursos económicos para su organización están asegurados a través de terceros.
La USAID anunció la semana pasada su salida de Ecuador pretextando que no había llegado a un acuerdo con el gobierno para el desarrollo de varios proyectos. No obstante, Quito adujo que no se había podido negociar un nuevo programa de cooperación con EEUU, requisito indispensable para la ejecución de proyectos en el país andino.
La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) le ha informado a la organización estadounidense que no se pueden realizar ampliaciones de plazo a los proyectos, ni tampoco iniciar nuevos, hasta negociar un acuerdo.
El canciller Ricardo Patiño expuso algunos puntos que preocupaban al Ecuador sobre convenios que eran “poco transparentes” y que, en algunos casos, se hicieron de manera oculta. Por ejemplo, que EEUU, a través de la USAID pretendía enseñar a los diputados del ex Congreso de Ecuador a “ejercer la democracia” y a las organizaciones no gubernamentales las instruía para dar seguimiento al comportamiento frente al supuesto ambiente restrictivo frente a la libertad de asociación.
Gabriela Rosero, directora de la SETECI, dijo a Andes que algunos de los proyectos de cooperación estaban enfocados a “ciertos” gobiernos autónomos descentralizados (gobiernos locales) para que expertos foráneos promuevan procesos, en muchos casos, de incidencia política.
Relató que un denominador común del apoyo de la USAID es que los municipios con los que trabaja son de oposición a la línea del gobierno del presidente Rafael Correa. Añadió que la USAID tenía un trabajo sostenido en determinados territorios y había fortalecido grupos que tenían como característica su capacidad de movilización.
Rosero pone en duda el membrete de “fortalecimiento de la sociedad civil” pues los recursos de la cooperación iban dirigidos a un privilegiado número de ong. “Si usted lee los convenios, no trabajan con nadie más que con los mismos”, acotó
http://www.andes.info.ec/es/noticias/financiamiento-usaid-operaciones-secretas-america-latina-encubre-traves-triangulaciones
27 dic 2013
La CIA en Colombia: Injerencia y entreguismo confirmados
La CIA en Colombia
LA JORNADA / ANNCOL –
El diario The Washington Post reveló ayer la existencia de un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) por el cual el gobierno de Washington ayudó a las autoridades de Colombia a asesinar a al menos 24 líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mediante un sistema de rastreo por GPS y el uso de bombas de alta precisión. Según la información hecha pública por el rotativo, el programa arrancó en 2000, tiene un presupuesto millonario y aún desconocido, que no forma parte del llamado Plan Colombia, y podría seguir en operación, lo que supone su continuidad entre las presidencias de George W. Bush y Barack Obama.
El diario pone especial énfasis en la participación de esa agencia estadunidense en el bombardeo que derivó en el asesinato de Raúl Reyes –el principal negociador de las FARC–, ocurrido en la localidad ecuatoriana de Sucumbíos en marzo de 2008. Dicho episodio, cabe recordarlo, constituyó no sólo un crimen de Estado –el asesinato a mansalva de una veintena de personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos–, sino también derivó en un conflicto internacional entre Bogotá y sus vecinos Venezuela y Ecuador, por la incursión militar ilegal en el territorio de este último país.
En retrospectiva, la información difundida por el Post termina por dar la razón a los señalamientos formulados en su momento por el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien desde un principio habló de un bombardeo realizado con tecnología de punta, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras, y corrobora el papel desempeñado por la CIA, desde los años 50, como la dependencia que se encarga de hacer las tareas sucias que la Casa Blanca prefiere mantener en secreto, como una de las principales exponentes del terrorismo de Estado y como una de las entidades más peligrosas para la estabilidad mundial.
Por lo que hace al gobierno de Uribe, la información difundida denota el grado al que llegó la liquidación de la soberanía de esa república suramericana durante la gestión del ex mandatario (2002-2010), periodo durante el cual ese país se sumergió en un clima de violencia cada vez más confuso en el que participaron organizaciones políticas armadas, bandas de narcotraficantes, escuadrones de paramilitares y el mismo gobierno. El empeño de Uribe Vélez en una estrategia contrainsurgente que incluyó la violación masiva de derechos humanos y la conversión de ese país en violador de la legalidad internacional estuvo alentado, de acuerdo con lo que hoy se sabe a partir de la información publicada por el Post, por el gobierno de Estados Unidos. En un ejemplo más de la doble moral característica de Washington, Álvaro Uribe concluyó sus días al frente de la Casa de Nariño en medio de acusaciones de funcionarios y legisladores estadunidenses por los atropellos cometidos por su gobierno en el contexto de la política de un plan de contrainsurgencia del gobierno colombiano alentado por la propia Casa Blanca.
Por último, la información de que el mencionado programa secreto de la CIA pudiera seguir en marcha tendría, en caso de ser cierta, implicaciones desastrosas para el complicado proceso de paz que se desarrolla desde hace más de un año entre el gobierno de Bogotá y las FARC, el cual ha estado marcado por la continuidad de acciones bélicas por parte de ambos bandos.
Corresponde a los ciudadanos colombianos exigir a su gobierno un esclarecimiento contundente en trono a lo publicado por el diario estadunidense y, si es el caso, el cese de las operaciones conjuntas entre Washington y Bogotá, las cuales constituyen un lastre fundamental para poner fin al conflicto armado más antiguo del hemisferio.
LA JORNADA
LA JORNADA / ANNCOL –
El diario The Washington Post reveló ayer la existencia de un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) por el cual el gobierno de Washington ayudó a las autoridades de Colombia a asesinar a al menos 24 líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mediante un sistema de rastreo por GPS y el uso de bombas de alta precisión. Según la información hecha pública por el rotativo, el programa arrancó en 2000, tiene un presupuesto millonario y aún desconocido, que no forma parte del llamado Plan Colombia, y podría seguir en operación, lo que supone su continuidad entre las presidencias de George W. Bush y Barack Obama.
El diario pone especial énfasis en la participación de esa agencia estadunidense en el bombardeo que derivó en el asesinato de Raúl Reyes –el principal negociador de las FARC–, ocurrido en la localidad ecuatoriana de Sucumbíos en marzo de 2008. Dicho episodio, cabe recordarlo, constituyó no sólo un crimen de Estado –el asesinato a mansalva de una veintena de personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos–, sino también derivó en un conflicto internacional entre Bogotá y sus vecinos Venezuela y Ecuador, por la incursión militar ilegal en el territorio de este último país.
En retrospectiva, la información difundida por el Post termina por dar la razón a los señalamientos formulados en su momento por el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien desde un principio habló de un bombardeo realizado con tecnología de punta, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras, y corrobora el papel desempeñado por la CIA, desde los años 50, como la dependencia que se encarga de hacer las tareas sucias que la Casa Blanca prefiere mantener en secreto, como una de las principales exponentes del terrorismo de Estado y como una de las entidades más peligrosas para la estabilidad mundial.
Por lo que hace al gobierno de Uribe, la información difundida denota el grado al que llegó la liquidación de la soberanía de esa república suramericana durante la gestión del ex mandatario (2002-2010), periodo durante el cual ese país se sumergió en un clima de violencia cada vez más confuso en el que participaron organizaciones políticas armadas, bandas de narcotraficantes, escuadrones de paramilitares y el mismo gobierno. El empeño de Uribe Vélez en una estrategia contrainsurgente que incluyó la violación masiva de derechos humanos y la conversión de ese país en violador de la legalidad internacional estuvo alentado, de acuerdo con lo que hoy se sabe a partir de la información publicada por el Post, por el gobierno de Estados Unidos. En un ejemplo más de la doble moral característica de Washington, Álvaro Uribe concluyó sus días al frente de la Casa de Nariño en medio de acusaciones de funcionarios y legisladores estadunidenses por los atropellos cometidos por su gobierno en el contexto de la política de un plan de contrainsurgencia del gobierno colombiano alentado por la propia Casa Blanca.
Por último, la información de que el mencionado programa secreto de la CIA pudiera seguir en marcha tendría, en caso de ser cierta, implicaciones desastrosas para el complicado proceso de paz que se desarrolla desde hace más de un año entre el gobierno de Bogotá y las FARC, el cual ha estado marcado por la continuidad de acciones bélicas por parte de ambos bandos.
Corresponde a los ciudadanos colombianos exigir a su gobierno un esclarecimiento contundente en trono a lo publicado por el diario estadunidense y, si es el caso, el cese de las operaciones conjuntas entre Washington y Bogotá, las cuales constituyen un lastre fundamental para poner fin al conflicto armado más antiguo del hemisferio.
LA JORNADA
Álvaro Uribe reconoce participación de los Estados Unidos en bombardeo a Ecuador
Álvaro Uribe reconoce participación de los Estados Unidos en bombardeo a Ecuador
Quito, 26 dic (Andes).-
El expresidente colombiano y pre candidato al senado de su país, Álvaro Uribe Vélez, reconoció la injerencia armada de los Estados Unidos en el bombardeo a territorio ecuatoriano que acabó con la vida de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), ocurrida el 1 marzo de 2008.
“Bajo mi responsabilidad fueron (los) operativos militares con hombres y equipos nuestros USA ayudó para detectar ubicación de narco secuestradores”, escribió en su cuenta de Twitter @AlvaroUribeVel.
Una serie de evidencias aparecidas en una publicación del Washington Post indican que la CIA llevó a cabo un programa de acción encubierta que ayudó al gobierno de Colombia a exterminar al menos a dos docenas de líderes de las FARC.
La ayuda secreta -que también incluye espionaje sustancial de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés)- fue financiada a través de un presupuesto sospechoso multimillonario que no forma parte del paquete oficial de 9.000 millones de dólares en el marco del llamado Plan Colombia, que comenzó en el 2000.
Uribe ha sido sindicado en su país debido a la participación de varios miembros de su gabinete y más cercanos colaboradores en actividades relacionadas con el paramilitarismo. Su primo, el ex senador Mario Uribe Escobar, ha sido detenido por dos ocasiones en dos años dentro de un proceso por sus presuntos vínculos con paramilitares que ha señalado desde 2007 a más de una treintena de legisladores.
Álvaro Uribe está indudablemente detrás de la guerra, es un alfil de los Estados Unidos y de la CIA en la región, afirmó el martes el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en referencia a la publicación del Washigton Post.
“Ya sabemos atrás de qué está (Álvaro) Uribe: él está siempre detrás, en medio y delante de la guerra. Él es un alfil de los Estados Unidos y de la CIA, indudablemente. Así que, esto será parte de este escenario que están armando a nivel internacional”, dijo Patiño.
http://www.andes.info.ec/node/26622
Quito, 26 dic (Andes).-
El expresidente colombiano y pre candidato al senado de su país, Álvaro Uribe Vélez, reconoció la injerencia armada de los Estados Unidos en el bombardeo a territorio ecuatoriano que acabó con la vida de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), ocurrida el 1 marzo de 2008.
“Bajo mi responsabilidad fueron (los) operativos militares con hombres y equipos nuestros USA ayudó para detectar ubicación de narco secuestradores”, escribió en su cuenta de Twitter @AlvaroUribeVel.
Una serie de evidencias aparecidas en una publicación del Washington Post indican que la CIA llevó a cabo un programa de acción encubierta que ayudó al gobierno de Colombia a exterminar al menos a dos docenas de líderes de las FARC.
La ayuda secreta -que también incluye espionaje sustancial de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés)- fue financiada a través de un presupuesto sospechoso multimillonario que no forma parte del paquete oficial de 9.000 millones de dólares en el marco del llamado Plan Colombia, que comenzó en el 2000.
Uribe ha sido sindicado en su país debido a la participación de varios miembros de su gabinete y más cercanos colaboradores en actividades relacionadas con el paramilitarismo. Su primo, el ex senador Mario Uribe Escobar, ha sido detenido por dos ocasiones en dos años dentro de un proceso por sus presuntos vínculos con paramilitares que ha señalado desde 2007 a más de una treintena de legisladores.
Álvaro Uribe está indudablemente detrás de la guerra, es un alfil de los Estados Unidos y de la CIA en la región, afirmó el martes el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en referencia a la publicación del Washigton Post.
“Ya sabemos atrás de qué está (Álvaro) Uribe: él está siempre detrás, en medio y delante de la guerra. Él es un alfil de los Estados Unidos y de la CIA, indudablemente. Así que, esto será parte de este escenario que están armando a nivel internacional”, dijo Patiño.
http://www.andes.info.ec/node/26622
26 dic 2013
PLUNA :El error del fiscal y el error del gobierno
El error del fiscal y el error del gobierno
Jaime Secco
23.12.2013
El fiscal Juan Bautista Gómez, en uso de sus funciones, ha perjudicado al país y a particulares, al cometer un error de apreciación en las varias causas que informó conjuntamente en relación a la empresa Pluna, su quiebra y hechos posteriores.
En las sentencias judiciales se suele ver una expresión pintoresca: "no es así como suceden las cosas". Si una persona es sorprendida de noche en la cocina de una casa ajena y dice que escuchó gotear la canilla y la quería cerrar porque es amante de la naturaleza, el juez probablemente utilice esa fórmula a la hora de procesarlo.
El fiscal Gómez hace una interpretación sobre los hechos relacionados con la actuación de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia que puede no ser imposible, como que aparezca un intruso ecologista o que una silla salga volando si por casualidad todos sus átomos vibran para el mismo lado, pero es poco verosímil. Queremos mostrar que su extraña interpretación no sólo no es la única posible, sino que no es siquiera verosímil. Las cosas no suceden así.
Los hechos
Los hechos públicos son conocidos.
1- Lorenzo llamó a Calloia pidiendo que se agilitara la concesión de un aval, cosa a la que se accedió. En el mismo momento el presidente del Fideicomiso estaba acompañando a otro oferente al BROU con igual fin. Es decir, todo el gobierno intentaba que hubiera el máximo de oferentes en el remate.
2- El remate se convocó en dos fases. En un primer momento quien superara la base podía llevarse los aviones sin más compromiso. En un segundo llamado, los oferentes que cotizaran por debajo de la base tenían como estímulo poder tener las frecuencias de Pluna si cumplían algunas condiciones, como mantenerlos para uso de una compañía de bandera, ocupar personal de la ex Pluna y aportar al pago de Ancap. Sólo uno ofreció sobre la base y no sabremos si algún otro pensaba ofertar en segunda instancia.
3- En seguida, el oferente y Juan Carlos López Mena piden reunirse con el ministro de Economía, reunión que se agenda en un lugar público. El fiscal acota que "desencadenándose en consecuencia el escándalo social, gremial y político". No vemos claro qué aporta esa frase, ni a qué viene el "a consecuencia" ni el artículo determinado "el", pero son detalles.
4- Se supo días después por comunicado de Presidencia que López Mena estaba negociando arrendar los aviones a Cosmo y quería en forma definitiva las 90 líneas de Pluna, con 320 líneas semanales, "sin cargo ni costo"; es decir: sin la contrapartida de aportar para la deuda con Ancap ni tomar personal de Pluna. Públicamente el Director del MEF dijo que era "poco clara" la idea de que se acepte ese salteo de las condiciones. La respuesta la evaluó un grupo interministerial.
5- Cosmo decidió no adquirir los aviones, pero el BROU cobró la garantía, después de algunos tironeos que el fiscal detalla con minucia. Calloia siempre dijo que el BROU estaba cubierto aunque no podía agregar más por razones de secreto bancario.
La teoría del fiscal
Ante estos hechos, el fiscal aclara que la actuación de los jerarcas "no evidencia una intención de enriquecimiento personal por parte de los indagados u otro fin específico". También, "que en el decurso de toda la investigación cumplida no emergen siquiera indicios de que las diversas conductas cumplidas por funcionarios públicos... estuvieran motivadas en propósitos espúreos, en la búsqueda de provechos indebidos", y da un ejemplo de que nadie le pidió "ni siquiera un pasaje" a uno de los empresarios que declaran.
Ningún "fin específico", ¿entonces?
Supone que la llamada de Lorenzo pidiendo diligencia supuso un "aval verbal", lo que es obviamente un absurdo; eso no existe. Supone que el BROU no exigió contragarantías, lo que no explica por qué cobró. Supone que el tratamiento urgente dado al expediente por el BROU "no era habitual", pese a que él mismo, con inflamada hipérbaton habla de "un período de suma trascendencia histórica para el país durante el cual cierra la única aerolínea nacional". Supone que el aval a Cosmo se produjo en detrimento de los demás, cuando en su propio escrito se menciona a otros oferentes que gestionaban en suyo. Supone -al tipificar abuso de funciones a Calloia-, que hubo detrimento para el estado o particulares, cuando ha de concluirse que no.
Supone, finalmente, que hubo "palmario desprestigio". El argumento, que no menciona en su lugar, parece ser el escandalete periodístico por una foto en un lugar público. Ese parece ser la única prueba, su opinión sobre qué es elegante o no, cuando se estaba intentando, al menos, los siguientes objetivos: evitar que los aviones nuevos fueran embargados por acreedores de la ex Varig, conseguir el dinero para pagarlos, conservar la conectividad del país en vísperas de una temporada turística y preservar en lo posible la fuente de trabajo de los funcionarios de la fallida aerolínea, recuperar al menos parte del dinero de Ancap.
Pero no. Así no es como suceden las cosas. No se sale de un embrollo como el que se vio envuelto el país sin hablar. No se intenta favorecer a quien al día siguiente intentará chantajearnos y terminará haciendo fracasar la salida elaborada. ¿Qué lógica tiene eso? No se hacen cosas de esta magnitud sin ningún "fin específico", por pura travesura.
El error del gobierno
En octubre de 2012, un funcionario del MEF me reconoció que "quizá estemos intentando lograr demasiados objetivos a la vez". Lorenzo, doctor en Economía, me había explicado un día que, como norma, "hay que usar un instrumento para cada objetivo".
En ese momento no se podía elegir qué dejar para atrás. Con el diario del lunes, se ve que no se pudo. ¿Hubiera sido mejor aceptar la oferta de BQB y dejar a los funcionarios para atrás? ¿Dejar que todo se derrumbe y vaya a concurso de acreedores? No se sabrá nunca. Pero hay que recordar que había una ley para cumplir, aprobada dos meses antes. El estado no puede negociar como un almacenero sin mirar normas, no sería "prestigioso", por decir lo menos
Jaime Secco
23.12.2013
El fiscal Juan Bautista Gómez, en uso de sus funciones, ha perjudicado al país y a particulares, al cometer un error de apreciación en las varias causas que informó conjuntamente en relación a la empresa Pluna, su quiebra y hechos posteriores.
En las sentencias judiciales se suele ver una expresión pintoresca: "no es así como suceden las cosas". Si una persona es sorprendida de noche en la cocina de una casa ajena y dice que escuchó gotear la canilla y la quería cerrar porque es amante de la naturaleza, el juez probablemente utilice esa fórmula a la hora de procesarlo.
El fiscal Gómez hace una interpretación sobre los hechos relacionados con la actuación de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia que puede no ser imposible, como que aparezca un intruso ecologista o que una silla salga volando si por casualidad todos sus átomos vibran para el mismo lado, pero es poco verosímil. Queremos mostrar que su extraña interpretación no sólo no es la única posible, sino que no es siquiera verosímil. Las cosas no suceden así.
Los hechos
Los hechos públicos son conocidos.
1- Lorenzo llamó a Calloia pidiendo que se agilitara la concesión de un aval, cosa a la que se accedió. En el mismo momento el presidente del Fideicomiso estaba acompañando a otro oferente al BROU con igual fin. Es decir, todo el gobierno intentaba que hubiera el máximo de oferentes en el remate.
2- El remate se convocó en dos fases. En un primer momento quien superara la base podía llevarse los aviones sin más compromiso. En un segundo llamado, los oferentes que cotizaran por debajo de la base tenían como estímulo poder tener las frecuencias de Pluna si cumplían algunas condiciones, como mantenerlos para uso de una compañía de bandera, ocupar personal de la ex Pluna y aportar al pago de Ancap. Sólo uno ofreció sobre la base y no sabremos si algún otro pensaba ofertar en segunda instancia.
3- En seguida, el oferente y Juan Carlos López Mena piden reunirse con el ministro de Economía, reunión que se agenda en un lugar público. El fiscal acota que "desencadenándose en consecuencia el escándalo social, gremial y político". No vemos claro qué aporta esa frase, ni a qué viene el "a consecuencia" ni el artículo determinado "el", pero son detalles.
4- Se supo días después por comunicado de Presidencia que López Mena estaba negociando arrendar los aviones a Cosmo y quería en forma definitiva las 90 líneas de Pluna, con 320 líneas semanales, "sin cargo ni costo"; es decir: sin la contrapartida de aportar para la deuda con Ancap ni tomar personal de Pluna. Públicamente el Director del MEF dijo que era "poco clara" la idea de que se acepte ese salteo de las condiciones. La respuesta la evaluó un grupo interministerial.
5- Cosmo decidió no adquirir los aviones, pero el BROU cobró la garantía, después de algunos tironeos que el fiscal detalla con minucia. Calloia siempre dijo que el BROU estaba cubierto aunque no podía agregar más por razones de secreto bancario.
La teoría del fiscal
Ante estos hechos, el fiscal aclara que la actuación de los jerarcas "no evidencia una intención de enriquecimiento personal por parte de los indagados u otro fin específico". También, "que en el decurso de toda la investigación cumplida no emergen siquiera indicios de que las diversas conductas cumplidas por funcionarios públicos... estuvieran motivadas en propósitos espúreos, en la búsqueda de provechos indebidos", y da un ejemplo de que nadie le pidió "ni siquiera un pasaje" a uno de los empresarios que declaran.
Ningún "fin específico", ¿entonces?
Supone que la llamada de Lorenzo pidiendo diligencia supuso un "aval verbal", lo que es obviamente un absurdo; eso no existe. Supone que el BROU no exigió contragarantías, lo que no explica por qué cobró. Supone que el tratamiento urgente dado al expediente por el BROU "no era habitual", pese a que él mismo, con inflamada hipérbaton habla de "un período de suma trascendencia histórica para el país durante el cual cierra la única aerolínea nacional". Supone que el aval a Cosmo se produjo en detrimento de los demás, cuando en su propio escrito se menciona a otros oferentes que gestionaban en suyo. Supone -al tipificar abuso de funciones a Calloia-, que hubo detrimento para el estado o particulares, cuando ha de concluirse que no.
Supone, finalmente, que hubo "palmario desprestigio". El argumento, que no menciona en su lugar, parece ser el escandalete periodístico por una foto en un lugar público. Ese parece ser la única prueba, su opinión sobre qué es elegante o no, cuando se estaba intentando, al menos, los siguientes objetivos: evitar que los aviones nuevos fueran embargados por acreedores de la ex Varig, conseguir el dinero para pagarlos, conservar la conectividad del país en vísperas de una temporada turística y preservar en lo posible la fuente de trabajo de los funcionarios de la fallida aerolínea, recuperar al menos parte del dinero de Ancap.
Pero no. Así no es como suceden las cosas. No se sale de un embrollo como el que se vio envuelto el país sin hablar. No se intenta favorecer a quien al día siguiente intentará chantajearnos y terminará haciendo fracasar la salida elaborada. ¿Qué lógica tiene eso? No se hacen cosas de esta magnitud sin ningún "fin específico", por pura travesura.
El error del gobierno
En octubre de 2012, un funcionario del MEF me reconoció que "quizá estemos intentando lograr demasiados objetivos a la vez". Lorenzo, doctor en Economía, me había explicado un día que, como norma, "hay que usar un instrumento para cada objetivo".
En ese momento no se podía elegir qué dejar para atrás. Con el diario del lunes, se ve que no se pudo. ¿Hubiera sido mejor aceptar la oferta de BQB y dejar a los funcionarios para atrás? ¿Dejar que todo se derrumbe y vaya a concurso de acreedores? No se sabrá nunca. Pero hay que recordar que había una ley para cumplir, aprobada dos meses antes. El estado no puede negociar como un almacenero sin mirar normas, no sería "prestigioso", por decir lo menos
25 dic 2013
"JUSTICIA" A LA URUGUAYA
La impunidad al dia.
CAMBIO DE FICHAS
Caso Gomensoro: liberan a coronel Juan Carlos Gómez
24.12.2013
MONTEVIDEO (Uypress) — La Justicia liberó al coronel retirado Juan Carlos Gómez, procesado hace dos años por el crimen del militante tupamaro Roberto Gomensoro, ocurrido en 1973. En el caso cambiaron la jueza y el fiscal, quienes entendieron que el militar no estaba involucrado en el delito.
En 2010, la jueza de Paso de los Toros, Lilián Elhorriburu, procesó por "homicidio muy especialmente agravado" a Gómez como autor del asesinato de Gomensoro ocurrido en marzo de 1973, decisión ratificada por el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno en 2011. Esta investigación judicial señala que el cuerpo de la víctima fue fondeado con rocas en el lago de Rincón del Bonete y luego fue enterrado como "N.N." en el cementerio local.
Por su parte, la defensa del acusado se basó en el informe de la Comisión para la Paz que afirma que el asesinato ocurrió en el cuartel La Paloma, en el Cerro de Montevideo.
Para el procesamiento de Gómez, la Justicia consideró el testimonio de Mario Blanco, exintegrante del MLN, quien figura como testigo presencial de las torturas que el militante habría sufrido durante la detención que ambos compartieron en Batallón de Ingenieros Nº 3, ya que declaró haber escuchado la orden directa a Gómez por parte de José Nino Gavazzo, procesado como coautor del hecho.
Elhorriburu procesó por este hecho al coronel (R) Gómez en 2010 y esta decisión fue ratificada en setiembre de 2011 por el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, cuestionó el procesamiento de Gómez, a través de una carta que envió a la magistrada, fechada el 19 de julio de 2012 y que Elhorriburu habría recibido el 6 de agosto del mismo año. En la misiva, el jerarca afirmaba: "Temo que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este caso y se esté encubriendo a los verdaderos culpables. Cortando, además, la línea de investigación".
La magistrada fue trasladada este año al juzgado de familia de 6º turno de Pando, por decisión de la Suprema Corte de Justicia. En su lugar asumió Karen Cuadrado Fernández Chávez, quien firmó su traslado de Florida a Paso de los Toros el 15 de febrero de 2013, el mismo día que la jueza Mariana Mota signaba su traslado al fuero civil.
También fue trasladada la fiscal Angelita Romano y en su lugar quedó el Dr. Fernando Pérez D'Auria.
Gómez consiguió testigos que declararon a su favor, los abogados Carlos Ramela Regules y Gonzalo Fernández, y el ex comandante del Ejército, Ángel Bertolotti, y se remitieron a la información de la Comisión para la Paz.
Con esta "nueva" prueba, tanto la jueza Cuadrado como el fiscal Pérez D'Auria consideraron que era suficiente para revertir el fallo de procesamiento anterior y decidieron liberar a Gómez el pasado viernes 20 de diciembre.
ANTECEDENTES
Piden procesamiento de Gavazzo y Gómez
06.08.2010
MONTEVIDEO, 6 Ago (UYPRESS) - fiscal pidió procesamiento de José Nino Gavazzo y Juan Carlos Gómez por el homicidio especialmente agravado de Roberto Gomensoro
Si bien el caso el caso del asesinato de Roberto Gomensoro había sido declarado amparado en la Ley de Caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti en 1987, ante nueva solicitud de la justicia, éste fue considerado no comprendido por la misma pues su desaparición y asesinato tuvieron lugar en marzo de 1973, antes del comienzo de la dictadura militar. Fue el primer caso en ser excluido de la Ley de Caducidad en la Administración Mujica.
Una vez excluido de La Ley de Caducidad por el Ejecutivo, la fiscal del caso, Angelita Romano, pidió el procesamiento de los militares coronel (r) José Nino Gavazzo y coronel (r) Juan Carlos Gómez como coautor y autor, respectivamente, bajo el cargo de homicidio especialmente agravado.
Luego de que este jueves Gavazzo fuera trasladado a Paso de los Toros para prestar declaraciones y Gómez fuera detenido por la fuerza policial y también conducido al Juzgado Letrado de Primera Instancia de esa ciudad, ambos en carácter de indagados, todo indica que sobre el mediodía de este viernes, la jueza a cargo del, Lilián Elorriburu, dictará sentencia dando lugar al pedido de procesamiento de la fiscal.
El coronel (r) Juan Carlos Gómez, quien tenía en ese momento un cargo jerárquico en el Batallón Nº 3 de Paso de los Toros, es acusado de ser el asesino, en tanto Gavazzo reconoció que tomó declaraciones a los presos en esa unidad militar, donde había permaneció detenido Gomensoro.
La Jueza Elorriburu realizó una nueva consulta al Poder Ejecutivo tras la aparición de nuevas pruebas aportadas al caso, como la confirmación de que la muerte no había ocurrido en La Paloma sino en Tacuarembó y el resultado positivo de un análisis de ADN efectuado al cráneo de un cuerpo aparecido flotando en el lago de Rincón del Bonete en marzo de 1973.
Marta Gomensoro, hermana de Roberto Gomensoro declaró al matutino La Diaria que "independientemente de mi sentimiento individual, pienso que lo importante es la repercusión pública. Aunque hayan pasado 37 años, no continúan impunes, alguno está viviendo en el barrio como si no pasara nada. Creo que esto da fuerzas para seguir", dijo.
Roberto Gomensoro tenía 24 años cuando fue asesinado. Era casado, estudiante y docente de la Facultad de Agronomía, militaba en el Movimiento 26 de Marzo del Frente Amplio, era dirigente de la Asociación de Estudiantes de Agronomía y de la FEUU.
Según una crónica publicada en el diario La República, Gomensoro fue detenido el 12 de marzo de 1973 en su casa en Malvín, por personas vestidas de civil y a bordo de una camioneta "Indio" amarilla.
CAMBIO DE FICHAS
Caso Gomensoro: liberan a coronel Juan Carlos Gómez
24.12.2013
MONTEVIDEO (Uypress) — La Justicia liberó al coronel retirado Juan Carlos Gómez, procesado hace dos años por el crimen del militante tupamaro Roberto Gomensoro, ocurrido en 1973. En el caso cambiaron la jueza y el fiscal, quienes entendieron que el militar no estaba involucrado en el delito.
En 2010, la jueza de Paso de los Toros, Lilián Elhorriburu, procesó por "homicidio muy especialmente agravado" a Gómez como autor del asesinato de Gomensoro ocurrido en marzo de 1973, decisión ratificada por el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno en 2011. Esta investigación judicial señala que el cuerpo de la víctima fue fondeado con rocas en el lago de Rincón del Bonete y luego fue enterrado como "N.N." en el cementerio local.
Por su parte, la defensa del acusado se basó en el informe de la Comisión para la Paz que afirma que el asesinato ocurrió en el cuartel La Paloma, en el Cerro de Montevideo.
Para el procesamiento de Gómez, la Justicia consideró el testimonio de Mario Blanco, exintegrante del MLN, quien figura como testigo presencial de las torturas que el militante habría sufrido durante la detención que ambos compartieron en Batallón de Ingenieros Nº 3, ya que declaró haber escuchado la orden directa a Gómez por parte de José Nino Gavazzo, procesado como coautor del hecho.
Elhorriburu procesó por este hecho al coronel (R) Gómez en 2010 y esta decisión fue ratificada en setiembre de 2011 por el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno.
El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, cuestionó el procesamiento de Gómez, a través de una carta que envió a la magistrada, fechada el 19 de julio de 2012 y que Elhorriburu habría recibido el 6 de agosto del mismo año. En la misiva, el jerarca afirmaba: "Temo que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este caso y se esté encubriendo a los verdaderos culpables. Cortando, además, la línea de investigación".
La magistrada fue trasladada este año al juzgado de familia de 6º turno de Pando, por decisión de la Suprema Corte de Justicia. En su lugar asumió Karen Cuadrado Fernández Chávez, quien firmó su traslado de Florida a Paso de los Toros el 15 de febrero de 2013, el mismo día que la jueza Mariana Mota signaba su traslado al fuero civil.
También fue trasladada la fiscal Angelita Romano y en su lugar quedó el Dr. Fernando Pérez D'Auria.
Gómez consiguió testigos que declararon a su favor, los abogados Carlos Ramela Regules y Gonzalo Fernández, y el ex comandante del Ejército, Ángel Bertolotti, y se remitieron a la información de la Comisión para la Paz.
Con esta "nueva" prueba, tanto la jueza Cuadrado como el fiscal Pérez D'Auria consideraron que era suficiente para revertir el fallo de procesamiento anterior y decidieron liberar a Gómez el pasado viernes 20 de diciembre.
ANTECEDENTES
Piden procesamiento de Gavazzo y Gómez
06.08.2010
MONTEVIDEO, 6 Ago (UYPRESS) - fiscal pidió procesamiento de José Nino Gavazzo y Juan Carlos Gómez por el homicidio especialmente agravado de Roberto Gomensoro
Si bien el caso el caso del asesinato de Roberto Gomensoro había sido declarado amparado en la Ley de Caducidad por el presidente Julio María Sanguinetti en 1987, ante nueva solicitud de la justicia, éste fue considerado no comprendido por la misma pues su desaparición y asesinato tuvieron lugar en marzo de 1973, antes del comienzo de la dictadura militar. Fue el primer caso en ser excluido de la Ley de Caducidad en la Administración Mujica.
Una vez excluido de La Ley de Caducidad por el Ejecutivo, la fiscal del caso, Angelita Romano, pidió el procesamiento de los militares coronel (r) José Nino Gavazzo y coronel (r) Juan Carlos Gómez como coautor y autor, respectivamente, bajo el cargo de homicidio especialmente agravado.
Luego de que este jueves Gavazzo fuera trasladado a Paso de los Toros para prestar declaraciones y Gómez fuera detenido por la fuerza policial y también conducido al Juzgado Letrado de Primera Instancia de esa ciudad, ambos en carácter de indagados, todo indica que sobre el mediodía de este viernes, la jueza a cargo del, Lilián Elorriburu, dictará sentencia dando lugar al pedido de procesamiento de la fiscal.
El coronel (r) Juan Carlos Gómez, quien tenía en ese momento un cargo jerárquico en el Batallón Nº 3 de Paso de los Toros, es acusado de ser el asesino, en tanto Gavazzo reconoció que tomó declaraciones a los presos en esa unidad militar, donde había permaneció detenido Gomensoro.
La Jueza Elorriburu realizó una nueva consulta al Poder Ejecutivo tras la aparición de nuevas pruebas aportadas al caso, como la confirmación de que la muerte no había ocurrido en La Paloma sino en Tacuarembó y el resultado positivo de un análisis de ADN efectuado al cráneo de un cuerpo aparecido flotando en el lago de Rincón del Bonete en marzo de 1973.
Marta Gomensoro, hermana de Roberto Gomensoro declaró al matutino La Diaria que "independientemente de mi sentimiento individual, pienso que lo importante es la repercusión pública. Aunque hayan pasado 37 años, no continúan impunes, alguno está viviendo en el barrio como si no pasara nada. Creo que esto da fuerzas para seguir", dijo.
Roberto Gomensoro tenía 24 años cuando fue asesinado. Era casado, estudiante y docente de la Facultad de Agronomía, militaba en el Movimiento 26 de Marzo del Frente Amplio, era dirigente de la Asociación de Estudiantes de Agronomía y de la FEUU.
Según una crónica publicada en el diario La República, Gomensoro fue detenido el 12 de marzo de 1973 en su casa en Malvín, por personas vestidas de civil y a bordo de una camioneta "Indio" amarilla.
URUGUAY : LA DOCTRINA SANGUINETTI
Cuando falla la Corte
Por Mauricio Pérez*
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideró, en un fallo reciente, que la ley de Caducidad tuvo “una finalidad de reconciliación” de la sociedad uruguaya, tras los hechos acaecidos durante la dictadura. Además, afirmó que el fallo de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay es “incompatible” con ese camino de reconciliación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desconoce que en Uruguay existió una “opción por la indulgencia” y su sentencia en el caso Gelman es incompatible con el camino de reconciliación elegido por la sociedad uruguaya. Eso, al menos, es lo que surge de un fallo por el cual la SCJ declaró, nuevamente, la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 18.831, aprobada en octubre de 2011 tras conocerse el fallo de la Corte IDH que condenó al Estado uruguayo a eliminar todos los obstáculos jurídicos para el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura.
La Ley 18.831 restableció la pretensión punitiva del Estado y declaró que todos los delitos cometidos por agentes del Estado entre 1973 y 1985 debían ser considerados como crímenes de lesa humanidad. También estipuló que el período de vigencia de la ley de caducidad no podía computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos.
Indulgencia oriental
El párrafo 254 de la sentencia de la Corte IDH expresa que el Estado uruguayo debe “disponer que ninguna norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la Ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad sea aplicada” en los procesos penales abiertos por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Tras conocerse este fallo, y ante la posibilidad de que esos crímenes prescribieran, la bancada del Frente Amplio impulsó y aprobó la Ley 18.831, que habilitó la apertura de decenas de causas y la citación a declarar de decenas de militares ante los estrados judiciales. Esto derivó en una andanada de acciones de inconstitucionalidad contra la Ley.
La SCJ declaró, por mayoría y en forma reiterada, la inconstitucionalidad de dos de sus artículos, pero en un reciente fallo, al que accedió Caras y Caretas, centra sus críticas en la sentencia de la Corte IDH. La SCJ asegura, compartiendo la posición de la ministra Ana María Maggi (que actuó como subrogante del ministro Jorge Ruibal Pino), que los fallos de la Corte IDH tienen un efecto vinculante para los estados parte del sistema interamericano, pero que previamente a su aplicación es necesario establecer un control de convencionalidad para determinar si se alinean con los contextos normativos y las realidades y condicionamientos locales.
En este sentido, el párrafo 254 del fallo de la Corte IDH desconoce “particularidades de la realidad y de la cultura política del Uruguay en cuanto es notorio que en nuestro país existe una fuerte convicción democrática que se caracteriza por la constante búsqueda del consenso y un ánimo pacificador que la CIDH no ha valorado debidamente”, según la SCJ.
“Si bien se ha entendido por la CIDH que las mayorías ‘tienen espacios de decisión vedados como los relacionados con los derechos humanos fundamentales’ y se mencionan los casos de cegueras axiológicas, ello es totalmente ajeno y contrario a la realidad de nuestro país”, afirma la nueva sentencia. La “postura extrema” adoptada por la Corte IDH tiende “a emparejar, a ignorar matices” que son significativos para analizar estos casos, ya que la aprobación de la ley de caducidad no puede compararse con las leyes de amnistía aprobadas en otros países de la región, como Chile.
“No puede confundirse dicha situación con el caso particular del Uruguay, porque en nuestro país existió una opción por la indulgencia, con una finalidad de reconciliación, expresada por la mayoría de la ciudadanía en el referéndum del año 1989 –que algunos aislados analistas atribuyen a la fragilidad institucional y al miedo remanente de la dictadura– pero que, superada largamente esa etapa la misma opción se reitera en el año 2009”, continúa la Corte.
“Sin perjuicio de los cuestionamientos jurídicos o políticos que pueda generar la Ley de Caducidad no puede desconocerse que fue sancionada durante un gobierno democrático –ante la necesidad de estabilizar el estado de derecho– y que no implicó una auto amnistía, ni una amnistía general”, dice el fallo.
El caso uruguayo
La SCJ, haciendo suyas las afirmaciones de Maggi, establece que la ley de caducidad fue una de las etapas de la transición uruguaya hacia la democracia, y que la fórmula elegida no puede equipararse a una amnistía general, ya que la exclusión de varios casos permitió el procesamiento “de los más altos responsables del gobierno de facto”.
Por tanto, en el caso uruguayo “no puede hablarse ni de total impunidad ni de total castigo”, con lo cual se estaría cumpliendo con los preceptos previstos por el sistema interamericano en materia de amnistías: que fuera dispuesta en forma democrática por personas distintas de quienes serían beneficiados, que contenga mecanismos judiciales o administrativos de investigación de los hechos y que se otorguen reparaciones pecuniarias a las víctimas.
Incluso si se entendiera que la ley de caducidad representó una amnistía para los responsables de crímenes de la dictadura, “el Uruguay se ajustó” a las exigencias pautadas, dice la SCJ. “No debe confundirse indulgencia con impunidad, la indulgencia es un acto de grandeza que busca la reconciliación y su objetivo es la paz social”, agrega.
“Es cierto también que para que realmente la paz social sea posible se debe continuar investigando la verdad, conocer la verdad es un sagrado derecho de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad que debe ser respetado y aún se encuentra pendiente pese a los valiosos esfuerzos y avances realizados por parte de los distintos gobiernos democráticos. […] El objetivo de la CIDH de impedir la impunidad de los delitos contra la humanidad la ha conducido en el caso a una interpretación genérica que implica desconocer que en el Uruguay no se trató de una auto amnistía, ni de una amnistía general y que se cumple con el denominado ‘principio de exigencia democrática’”.
En esta línea, “lo dispuesto en el párrafo 254 es incompatible con la reconciliación por la que ha optado nuestro país. La CIDH –cuya importancia y prestigio resulta indiscutible– pudo aplicar en el caso la doctrina del margen de apreciación nacional”, por lo cual su cumplimiento no es preceptivo para el Estado uruguayo, termina diciendo la Corte.
* Publicado en Caras y Caretas el viernes 20 de diciembre de 2013
Por Mauricio Pérez*
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideró, en un fallo reciente, que la ley de Caducidad tuvo “una finalidad de reconciliación” de la sociedad uruguaya, tras los hechos acaecidos durante la dictadura. Además, afirmó que el fallo de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay es “incompatible” con ese camino de reconciliación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desconoce que en Uruguay existió una “opción por la indulgencia” y su sentencia en el caso Gelman es incompatible con el camino de reconciliación elegido por la sociedad uruguaya. Eso, al menos, es lo que surge de un fallo por el cual la SCJ declaró, nuevamente, la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 18.831, aprobada en octubre de 2011 tras conocerse el fallo de la Corte IDH que condenó al Estado uruguayo a eliminar todos los obstáculos jurídicos para el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura.
La Ley 18.831 restableció la pretensión punitiva del Estado y declaró que todos los delitos cometidos por agentes del Estado entre 1973 y 1985 debían ser considerados como crímenes de lesa humanidad. También estipuló que el período de vigencia de la ley de caducidad no podía computarse dentro del plazo de prescripción de los delitos.
Indulgencia oriental
El párrafo 254 de la sentencia de la Corte IDH expresa que el Estado uruguayo debe “disponer que ninguna norma análoga, como prescripción, irretroactividad de la Ley penal, cosa juzgada, non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad sea aplicada” en los procesos penales abiertos por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Tras conocerse este fallo, y ante la posibilidad de que esos crímenes prescribieran, la bancada del Frente Amplio impulsó y aprobó la Ley 18.831, que habilitó la apertura de decenas de causas y la citación a declarar de decenas de militares ante los estrados judiciales. Esto derivó en una andanada de acciones de inconstitucionalidad contra la Ley.
La SCJ declaró, por mayoría y en forma reiterada, la inconstitucionalidad de dos de sus artículos, pero en un reciente fallo, al que accedió Caras y Caretas, centra sus críticas en la sentencia de la Corte IDH. La SCJ asegura, compartiendo la posición de la ministra Ana María Maggi (que actuó como subrogante del ministro Jorge Ruibal Pino), que los fallos de la Corte IDH tienen un efecto vinculante para los estados parte del sistema interamericano, pero que previamente a su aplicación es necesario establecer un control de convencionalidad para determinar si se alinean con los contextos normativos y las realidades y condicionamientos locales.
En este sentido, el párrafo 254 del fallo de la Corte IDH desconoce “particularidades de la realidad y de la cultura política del Uruguay en cuanto es notorio que en nuestro país existe una fuerte convicción democrática que se caracteriza por la constante búsqueda del consenso y un ánimo pacificador que la CIDH no ha valorado debidamente”, según la SCJ.
“Si bien se ha entendido por la CIDH que las mayorías ‘tienen espacios de decisión vedados como los relacionados con los derechos humanos fundamentales’ y se mencionan los casos de cegueras axiológicas, ello es totalmente ajeno y contrario a la realidad de nuestro país”, afirma la nueva sentencia. La “postura extrema” adoptada por la Corte IDH tiende “a emparejar, a ignorar matices” que son significativos para analizar estos casos, ya que la aprobación de la ley de caducidad no puede compararse con las leyes de amnistía aprobadas en otros países de la región, como Chile.
“No puede confundirse dicha situación con el caso particular del Uruguay, porque en nuestro país existió una opción por la indulgencia, con una finalidad de reconciliación, expresada por la mayoría de la ciudadanía en el referéndum del año 1989 –que algunos aislados analistas atribuyen a la fragilidad institucional y al miedo remanente de la dictadura– pero que, superada largamente esa etapa la misma opción se reitera en el año 2009”, continúa la Corte.
“Sin perjuicio de los cuestionamientos jurídicos o políticos que pueda generar la Ley de Caducidad no puede desconocerse que fue sancionada durante un gobierno democrático –ante la necesidad de estabilizar el estado de derecho– y que no implicó una auto amnistía, ni una amnistía general”, dice el fallo.
El caso uruguayo
La SCJ, haciendo suyas las afirmaciones de Maggi, establece que la ley de caducidad fue una de las etapas de la transición uruguaya hacia la democracia, y que la fórmula elegida no puede equipararse a una amnistía general, ya que la exclusión de varios casos permitió el procesamiento “de los más altos responsables del gobierno de facto”.
Por tanto, en el caso uruguayo “no puede hablarse ni de total impunidad ni de total castigo”, con lo cual se estaría cumpliendo con los preceptos previstos por el sistema interamericano en materia de amnistías: que fuera dispuesta en forma democrática por personas distintas de quienes serían beneficiados, que contenga mecanismos judiciales o administrativos de investigación de los hechos y que se otorguen reparaciones pecuniarias a las víctimas.
Incluso si se entendiera que la ley de caducidad representó una amnistía para los responsables de crímenes de la dictadura, “el Uruguay se ajustó” a las exigencias pautadas, dice la SCJ. “No debe confundirse indulgencia con impunidad, la indulgencia es un acto de grandeza que busca la reconciliación y su objetivo es la paz social”, agrega.
“Es cierto también que para que realmente la paz social sea posible se debe continuar investigando la verdad, conocer la verdad es un sagrado derecho de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad que debe ser respetado y aún se encuentra pendiente pese a los valiosos esfuerzos y avances realizados por parte de los distintos gobiernos democráticos. […] El objetivo de la CIDH de impedir la impunidad de los delitos contra la humanidad la ha conducido en el caso a una interpretación genérica que implica desconocer que en el Uruguay no se trató de una auto amnistía, ni de una amnistía general y que se cumple con el denominado ‘principio de exigencia democrática’”.
En esta línea, “lo dispuesto en el párrafo 254 es incompatible con la reconciliación por la que ha optado nuestro país. La CIDH –cuya importancia y prestigio resulta indiscutible– pudo aplicar en el caso la doctrina del margen de apreciación nacional”, por lo cual su cumplimiento no es preceptivo para el Estado uruguayo, termina diciendo la Corte.
* Publicado en Caras y Caretas el viernes 20 de diciembre de 2013
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