14 nov 2014

La dictadura militar brasileña causó 421 muertos y desaparecidos

La Comisión de la Verdad publica las primeras cifras oficiales



Umberto Trigueiros Lima, en la casa donde fue torturado en Río. / F.F (CNV )
Casi 30 años después del fin de la dictadura militar brasileña, comienzan a surgir las primeras cifras oficiales de muertos y desaparecidos. Las primeras conclusiones del informe que la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) presentará el 10 de diciembre indican que los militares fueron responsables de 421 asesinatos y desapariciones de adversarios políticos del régimen que gobernó el país de 1964 a 1985.
La lista de víctimas puede ser mayor ya que, según la comisión, las Fuerzas Armadas apenas han colaborado para esclarecer los hechos. Antes del inicio de las investigaciones, en mayo de 2012, los integrantes de la CNV estimaban que el régimen militar había causado entre 350 y 370 víctimas. La dictadura de Chile, entre 1973 y 1989, causó 3.065 muertos y desaparecidos, y la de Argentina, entre 1976 y 1983, cerca de 30.000.


Antes de la instalación de la CNV, ya se habían encontrado 181 cadáveres. En los últimos años, 32 más fueron localizados por familiares, policías, Ministerio Público y, uno de ellos, por la propia Comisión. Se ignora aún el paradero de 208 desaparecidos. Entre ellos figuran 70 de los que lucharon en la Guerrilla del Araguaia, uno de los principales movimientos contra la dictadura.
En esos dos años de investigaciones, la CNV identificó la existencia de centros ilegales de torturas usados por el régimen y recopiló pruebas del apoyo de los civiles a los militares. La comisión apuntó también que cerca de 80 empresas espiaron a trabajadores y sindicalistas a fin de de colaborar con la dictadura. Entre estas compañías, según un informe de la CNV, están las multinacionales Volkswagen, Chrysler, Ford, General Motors, Toyota, Rolls-Royce, Mercedes Benz, además de las brasileñas Petrobras y Embraer.
La identificación de los muertos y desaparecidos no implica que haya penas para los involucrados. La Ley de Amnistía, promulgada en 1979, perdonó los crímenes cometidos durante la dictadura. Liberó a más de 25.000 presos políticos y garantizó que los militares y sus seguidores no fueran juzgados. El informe final de CNV, en principio, servirá como un documento oficial que afirma que el Estado brasileño cometió violaciones de derechos humanos y crímenes contra sus ciudadanos.

Difunden la carta del FBI a Martin Luther King

"Solo hay una salida para ti, bestia"

Publicado: 13 nov 2014 |
La carta intimidatoria que el FBI envió al activista estadounidense Martin Luther King, en la que lo llama "bestia, anormal" y le insta a suicidarse, ha sido revelada íntegramente.
Con la intención de provocar el suicidio de King, el subdirector del FBI, John Edgar Hoover, escribió la misiva haciéndose pasar por un activista decepcionado y la envió poco antes de que el líder de los derechos civiles de los afroamericanos recibiera el Premio Nobel de la Paz en 1964, informa 'The Independent'.

Según la información, si bien ya se sabía sobre la existencia de este documento, conocido como la 'carta de suicidio', hasta ahora estaban disponibles solo versiones "muy censuradas" de su contenido.

La carta original, publicada en 'The New York Times Magazine', fue encontrada en el Archivo Nacional estadounidense por la historiadora Beverley Gage mientras investigaba sobre Hoover.

"La mayor parte de la carta se centra en la vida sexual de King, que el FBI supuestamente conocía, por lo que al parecer Hoover estaba dispuesto a usar este asunto en un intento por desconcertar a King", explicó Gage.

Además, la historiadora destacó que el documento estaba plagado de errores tipográficos, aparentemente deliberados. "Solo hay una salida para usted, bestia. Mejor que lo tome antes de que su fraudulenta, asquerosa, anormal (vida) quede al descubierto ante la nación", decía el director adjunto del FBI en la misiva.

Además se informa de que las acciones tomadas por el buró federal estadounidense para vigilar y desacreditar a King, asesinado en 1968, se realizaron al amparo del Programa de Contrainteligencia, cuyo propósito era investigar y desestabilizar organizaciones políticas disidentes dentro de EE.UU.

King, quien además participó como activista en numerosas protestas contra la Guerra de Vietnam y la pobreza, también era uno de los principales objetivos de la Agencia de Seguridad Nacional, que hacía seguimiento de sus llamadas telefónicas y telegramas.


Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/146871-difunden-carta-fbi-martin-luther-king

Gobiernos populares latinoamericanos en el ojo de la tormenta

Por Isabel Rauber

lat-unida


Los recientes procesos electorales que finalizaron en Bolivia y Brasil sintetizan las diferentes dimensiones, los alcances estratégicos y los ejes políticos de las transformaciones sociales en curso en Latinoamérica; ponen al descubierto sus logros y carencias, sus horizontes y –en virtud de ello‑, sus desafíos.
Está claro que ganar elecciones no es equivalente a “tomar el poder” mediante las urnas. Pero según interpreten esta afirmación, los gobiernos populares progresistas configuran distintas estrategias políticas y definen sus agendas políticas locales y regionales. Hay gobernantes que optan por lograr una administración prolija para mostrar su eficiencia a los poderosos o para conservar su posición, esperando ser aprobados por ellos. Otros, empeñados en realizar cambios sociales raizales, buscan caminos para hacer de sus administraciones herramientas políticas capaces de impulsar procesos socioculturales de cambios revolucionarios.
Esta posibilidad fue clara a partir del triunfo de Hugo Chávez en 1998, cuando replanteó a su gobierno como una herramienta política para construir con el pueblo el sujeto político colectivo capaz de buscar nuevos caminos revolucionarios y construirlos. Desde entonces, y con el impulso que ha significado para los pueblos del continente el triunfo de los movimientos sociales encabezados por Evo Morales en Bolivia, se afianza cada vez más la hipótesis política de que la disputa electoral puede abrir caminos democráticos para la realización de transformaciones revolucionarias.
Para quienes actualmente ganan elecciones desde posiciones populares, de izquierda o progresistas, la disyuntiva es clara: Convierten a sus gobiernos en herramientas políticas para impulsar procesos populares revolucionarios de cambios raizales, o se limitan a hacer un “buen gobierno” conservador, reciclador del sistema.
El camino revolucionario está marcado por la participación protagónica de los pueblos
La respuesta a esa disyuntiva política y los consiguientes posicionamientos políticos que de ella se derivan, devienen el parte aguas político del quehacer de los gobiernos populares latinoamericanos: mantenerse en los cauces fijados por el poder y cambiar “algo” cuidando que “nada” cambie, o colocarse en la senda de las revoluciones democrático‑culturales e impulsarlas. Esta opción revolucionaria está marcada por un factor político clave:la participación protagónica de los pueblos en el proceso de cambios, es decir, para crear, definir y realizar las transformaciones en la concepción y el quehacer del Estado, la democracia, el desarrollo, el buen vivir, la descolonización, la interculturalidad, la despatriarcalización…
Ciertamente, a pesar de las diferentes opciones políticas estratégicas, los gobiernos populares convergen hoy al compartir una postura posneoliberal o antineoliberal, centrada en la recuperación del papel socioeconómico del Estado en pos de obtener recursos para fomentar la inclusión social, recuperar índices positivos en la salud y la educación masiva, erradicar la pobreza extrema, apostar a la integración comercial regional y continental. Estas convergencias no indican, sin embargo, que los diversos gobiernos estén abocados a la realización de cambios estructurales orientados a la superación raizal del capitalismo.
Hacer de los procesos democrático-populares procesos revolucionarios es una posibilidad directamente articulada con el empeño conjugado entre movimientos sociopolíticos, partidos de izquierda y gobierno popular para fortalecer los procesos de construcción del sujeto político colectivo, impulsando su participación en la toma de las decisiones políticas que marcan los rumbos del quehacer estatal y político-social en cada momento, aportando a la construcción de la conducción colectiva del proceso revolucionario en cada país.
Va de suyo que cualquier opción de cambio político-social transcurre hoy dentro del sistema del capital. Sin embargo, unas se abocan a crear las bases sociales, culturales, políticas y económicas para transitar hacia su superación, mientras que otras buscan reacomodarse a lo existente para disputar ‑en el mismo terreno del mercado‑, un lugar de poder desde donde constituirse en el “contrapeso” del Sur a la tendencia neoliberal global asfixiante. La creación del bloque BRICS es un claro ejemplo de ello. Este bloque desafía la hegemonía unipolar del poder del capital imperialista-guerrerista y su voracidad de rapiña, saqueo y destrucción global y –en la coyuntura global actual‑, resulta un freno a la locura de muerte que favorece la vida, al igual que el MERCOSUR, la UNASUR, la CELAC… De conjunto, estos procesos y bloques tienen en el presente un importante valor como salvaguardas de la vida de los pueblos. No constituyen el horizonte de las luchas populares, sino su piso, una base de apoyo inicial.
El ALBA, en cambio, se perfila como una apuesta estratégica de los pueblos orientada a la creación y construcción de un mundo nuevo basado en el buen vivir y convivir.
En los procesos de participación política los sujetos van tomando conciencia de la necesidad de continuar sembrando las bases culturales, sociales y económicas en las que madure y se abra paso su propuesta revolucionaria encaminada a la superación definitiva de la civilización creada y controlada por el capital. Para ello se preparan y organizan, buscando permanentemente impulsar los procesos de cambio más allá de los límites que fijen los gobiernos de turno.
Transformar el Estado
En su primera etapa, los gobiernos populares latinoamericanos retomaron los postulados básicos de Keynes para la elaboración de su propuesta socio-económica. Esta mirada compartida resultó, en cierta medida, la base de un formato institucional para la constitución de los bloques regionales de integración. De ahí que en la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante esté marcada por lo que podría definirse como un neodesarrollismo de “izquierda”.
Esto en sí mismo no es positivo ni negativo. No cabe pretender que todo esté previamente definido y clarificado, menos aun cuando a los gobernantes actuales les ha tocado hacerse cargo de sus países en situaciones de crisis y fracturas sociales profundas, causadas por el saqueo y la corruptela neoliberal. Pero es importante tenerlo presente como referencia porque, ¿hacia dónde se encaminan estos gobiernos luego del empeño de los primeros años buscando poner “en orden” una propuesta integral de gobierno?
Recuperar el papel social del Estado es central, pero ello es apenas un primer paso en el inmenso océano de las transformaciones sociales. La mayor y más dura prueba de ello ha sido el socialismo del siglo XX. Mayor estatización que aquella es difícil de imaginar, sin embargo, no logró resolver temas medulares como: participación y empoderamiento popular, desalienación, liberación, plenitud humana… Tal vez fue precisamente por centrar los ejes del cambio social en el quehacer del Estado y sus funcionarios, por concebir al Estado como un actor social y no como una herramienta política institucional, que el proyecto socialista derrapó de sus objetivos estratégicos iniciales y un grupo de burócratas terminó suplantando el protagonismo popular, anulando al sujeto revolucionario.
El Estado es apenas una herramienta, medular, pero herramienta. Puede emplearse con la esperanza de recuperar un “capitalismo de bienestar”, sin poner en cuestión el contenido y el papel de clase del Estado, ni las bases jurídicas que configuran su institucionalidad. O puede convertirse –articulado con la participación popular‑, en un instrumento político para impulsar cambios revolucionarios, apostando a transformar las bases, el carácter, los contenidos y el papel social de dicha institución.
Luego de dos o tres períodos de gobierno, el riesgo de caer en la tentación de conservar lo que se ha logrado es grande, más aun teniendo en cuenta los enormes desafíos que implica atreverse a “ir por más”, profundizar los cambios, cuestionar los resortes claves del poder local-global del capital. Conservar es fundamental, pero no se logrará deteniendo el proceso de cambios. Detenerse es retroceder y empezar el raudo camino hacia el declive….
Conservar lo logrado requiere profundizarlo, radicalizarlo, ampliar el protagonismo de los pueblos en la toma de decisiones, transformar la institucionalidad del capital reemplazándola por otra que responda a los intereses populares… No hay otra posibilidad en Latinoamérica, territorio azotado secularmente por la dependencia, la colonización, la corrupción y el sometimiento de las élites locales a los designios del poder imperialista.
Recuperar el Estado para el quehacer social es un paso inicial, pero solo podrá tomar un rumbo revolucionario si se abre a la participación de los movimientos populares en la toma de decisiones, en la realización y la fiscalización de las políticas públicas y de todo el proceso de gestión de lo público, abriéndolo a la pluralidad que imponga su diversidad.
Históricamente contrapuestos Estado y sociedad y, particularmente, Estado y movimientos sociales populares, hay grandes cambios que realizar para abrir el Estado, las políticas públicas y la gestión de lo público a la participación de los movimientos populares, indígenas, sindicales, campesinos… para que puedan asumirse colectivamente como protagonistas con derecho ‑y obligación‑ de participar en la toma de decisiones. Y ello no se producirá de golpe; requiere tanto de procesos jurídicos que lo habiliten, como de procesos político-educativos de los funcionarios públicos y de los movimientos sociales y la ciudadanía popular en general. En este proceso los sujetos van reconceptualizando las políticas públicas y la gestión de lo público en función de sus realidades, identidades y modos de vida, sus cosmovisiones, sabidurías y conocimientos, y –articulado a ello‑, van definiendo el quehacer y alcance de “lo estatal”.
Apoyar estos procesos está entre las tareas político-revolucionarias de quienes se posicionan como conducción política: no sustituir al pueblo organizado, sino convocarlo, escucharlo, construir de conjunto, estimular y contribuir a organizar su protagonismo. Sumar y no restar. Dirigir no es mandar, sino orientar, coordinar y guiar el proceso, en primer lugar, aportando con el ejemplo concreto de nuevas prácticas en los lugares de trabajo y territorios del hábitat cotidianos.
Obviamente, como lo ejemplifican las experiencias concretas de los procesos políticos latinoamericanos actuales, esto configura un escenario sociopolítico y cultural contradictorio, sinuoso y complejo que se torna frecuentemente incomprensible para los propios protagonistas y, tal vez por ello, “peligroso” para quienes imaginan que los procesos de transformación social ocurren o deberían ocurrir según establece el “manual de procedimientos”, por decreto o mágicamente, o protagonizados por ángeles que supuestamente atravesarían los cismas históricos como quien se desplaza suavemente por un lecho de “pureza inmaculada”.
¿Se cometen errores? Seguramente, aunque se minimicen, siempre habrá errores, pero no serán responsabilidad de un grupo de funcionarios, sino por decisión colectiva de las mayorías participantes, precisamente una de las garantías fundamentales para minimizarlos. En tal caso, la reflexión colectiva y el saldo, no conducirán a una derrota frustrante, será sobre todo aprendizaje y crecimiento colectivos para nuevos emprendimientos revolucionarios.
La transición revolucionaria implica la descolonización y viceversa…
La transformación del Estado y su apertura a la participación de los pueblos, el reconocimiento de la diversidad de sus identidades sociales, culturales, de sus cosmovisiones, saberes, sabidurías y modos de vida diversos… es parte de un inter-articulado proceso revolucionario democrático intercultural que configura procesos de descolonización, en los que se proyectan y profundizan los horizontes estratégicos de los gobiernos populares revolucionarios. Esto se relaciona directamente con la definición de los perfiles sociopolíticos de lo que hoy podría entenderse como procesos de transición hacia una nueva civilización, superadora del capitalismo. Y tiene como elemento constitutivo central a la participación popular; en ella radica la posibilidad revolucionaria de los gobiernos populares de la región.
En tiempos de disputa de poder como ocurre hoy en Bolivia, Ecuador, Venezuela… florecen las luchas de pueblos y comunidades indígenas, de campesinos/as y diversos sectores sociales por participar plenamente de la democracia, ampliándola, es decir, luchando por extender la igualdad y la libertad a sus relaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Esto es parte de las luchas políticas y culturales de los pueblos encaminadas a la transformación raizal de la democracia, rompiendo el paradigma neoliberal que considera a la democracia (y el Estado) como un terreno carente de conflictos, un ámbito neutral de competencia de intereses.
Poniendo fin a las relaciones de poder instauradas por la democracia excluyente y elitista del capital, los pueblos construyen desde abajo otra democracia, un nuevo poder (popular), un nuevo Estado para el Buen Vivir y Convivir, otra hegemonía: la de los pueblos.
La construcción de hegemonía popular requiere de un tipo de organización y conducción políticas que articule protagonismo y conciencia colectivos como sustrato del poder popular, basado en la solidaridad y el encuentro, en el reconocimiento y la aceptación de las diferencias sin pretender su eliminación, entendiéndolas como riquezas y no como “defecto”. Esta lógica no puede basarse en la antagonización ‑y exclusión‑ de lo diferente, sino en la complementariedad, en la búsqueda de espacios donde la diversidad sea cada vez más naturalmente incorporada ‑aunque con conflictos y debates‑, propiciando el trabajo interarticulado, intercultural, de lo diverso.
Se trata de revitalizar una concepción de la política que, anclada en los sujetos del cambio, ponga la batalla por la hegemonía en el corazón de la disputa colectiva por el poder popular a crear y construir. Esto supone recuperar la política y lo político como eje central del quehacer de los gobiernos revolucionarios anudado con lo social, lo cultural y económico e implica dar un vuelco a la representación política tradicional enquistada en los partidos, incluyendo a los de la izquierda.
No se trata entonces solo de convocar para escuchar, sino también de generar ámbitos donde los diversos actores puedan crear, proponer, decidir y ser parte del proceso de realización, reapropiándose de sus experiencias en un proceso que contribuirá al empoderamiento colectivo. Es aquí donde la eficacia, la participación y la democracia, se entroncan con la descolonización y la interculturalidad enuna interrelación compleja, sin indicios de simplificación y perfilan los actuales procesos de transición hacia el nuevo mundo que tienen lugar en tierras indo-afro-latinoamericanas. En ellos destaca el protagonismo de sectores históricamente discriminados y marginados, hoy (auto)reivindicados como ciudadanos de pleno derecho.
–Se ponen en cuestión saberes y poderes
Interculturalidad y descolonización llaman a dejar atrás el eurocentrismo negador de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, a dejar atrás todo tipo de discriminación, a pensarse todos y todascomo sujetos-ciudadanos con plenos derechos y capacidades. Llaman también a abrir espacios políticos a las mujeres con sus pensamientos despatriarcalizadores, y a promover la participación plena de todos/as los marginados/as o excluidos/as acorde con sus capacidades, sus identidades culturales, sexuales, etc. En resumen, se trata de abrir el ámbito de “lo político” al terreno intercultural parareconfigurarlo desde este lugar, reclamando una mirada colectiva que dé cuenta de los disímiles intereses de los diversos actores y sectores que conforman el llamado “campo popular”.
Esto supone hacerse cargo también de las diferencias y pugnas de poder que tienen y tendrán lugar entre los diversos sectores del campo popular, en proceso de ruptura y superación de la hegemonía de la colonización. Teniendo en cuenta que la conquista y colonización de América ‑genocidio mediante‑, implantó el capitalismo en estas tierras, los actuales procesos de descolonización comprenden todo el período histórico, desde tiempos de la llegada del capitalismo a nuestras tierras de la mano de la conquista y colonización hasta la liberación del yugo del capital en lo económico-social y cultural, en el modo de vida, de percepción, de conocimiento, de interrelacionamiento humano y con la naturaleza.
Por ello, interculturalidad y descolonización constituyen pilares claves promotores de la nueva civilización, anclados en la equidad, la solidaridad y la búsqueda de armonía en la convivencia humana y con la naturaleza y, todo ello, sustentado en un nuevo modo de producción y reproducción social, cuyo ciclo garantice la reproducción de la vida humana y de la naturaleza.
Aprender de las prácticas emancipatorias de los pueblos
La construcción de un nuevo mundo implica crear colectivamente una nueva racionalidad del metabolismo social. En tanto se trata de transitar procesos inéditos, la participación de los actores sociales resulta una de las claves sociopolíticas y culturales fundamentales de los actuales procesos revolucionarios.
En este empeño, la creación cotidiana de los pueblos es clave. Por ello, entre las labores revolucionarias de intelectuales “orgánicos” comprometidos, está la recuperación crítica de las experiencias concretas de los movimientos indígenas, de trabajadores, de mujeres, de pobladores, de los sin tierra, etc., para reflexionar –en conjunto‑, acerca de las enseñanzas de lo que colectivamente van creando y construyendo.
La investigación-acción participativa, articulada con procesos de educación popular, desempeñan en ello un papel fundamental, particularmente, en lo que hace a la recuperación y sistematización de las experiencias locales de los pueblos, donde germina lo nuevo, aunque fragmentado, o balbuciente.
–Una nueva mentalidad, un cambio cultural, epistemológico y político, se impone
Esto habla de la importancia actual que reviste para las ciencias sociales romper con la tradicional mirada “cientista” acerca de los estudios sociales, sus dinámicas y problemáticas. Se trata, en síntesis, de asumir el camino de la ruptura epistemológica con el viejo “saber hacer” y “saber pensar”, para reconstruir una nueva epistemología, desde los pueblos, con los pueblos, construyendo integral e interculturalmente nuevos saberes (colectivos) con los sujetos.
Hacerse cargo de la batalla ideológica cultural
–Que no te “cuenten” los adversarios cómo creas y construyes lo nuevo
Si los procesos de revolución sociopolítica, democrática y cultural no son recuperados por los pueblos ‑sus creadores y protagonistas‑, el recuento y la síntesis la hará el adversario político, con la intencional cuota de tergiversación ideológica de la realidad a la que está acostumbrado para mantener su hegemonía y dominación. A través de libros de textos, de los medios de comunicación masiva y de las redes sociales, nos re-contarán nuestra historia como si fuera ajena, llena de errores y desvaríos, pues harán el recuento a partir de sus parámetros culturales y sus intereses económicos y políticos. Este es, de última, el derrotero “subfluvial” del debate civilizatorio en curso. Llama a asumir con centralidad el proceso de descolonización o –caso contrario-, someterse a la continuidad de la colonización de las mentes y la espiritualidad, para someter a los cuerpos.
La educación política, la batalla cultural en los medios de comunicación masiva, en las escuelas, en las comunidades, en las organizaciones sociales y políticas, son parte de la permanente toma de conciencia del proceso de creación colectiva del nuevo mundo. Y resultan entre las claves de la construcción del poder popular desde abajo.
Construir la fuerza sociopolítica de liberación
El desafío civilizatorio supone un debate y una pulseada permanentes con el poder. Y ello no es una “tarea” de vanguardias, no es una cuestión de partidos políticos… Se trata del quehacer permanente del sujeto político colectivo del cambio: partidos políticos de izquierda, movimientos sociales populares, pueblos todos, reunidos, articulados intercultural y horizontalmente en una fuerza sociopolítica de liberación capaz de traccionar los procesos de cambio hacia mayores transformaciones, confluyendo en un gran proceso de cambios raizales donde irán superando desde la raíz –y desde su interior‑, el sistema del capital, su modo de producción y reproducción sobre el que se erige todo el sistema de relaciones sociales, culturales, económicas y políticas y jurídicas y las instituciones que lo representan, sostienen y perpetúan.
Este desafío resulta central en procesos como el que tiene lugar en Brasil, donde el impulso revolucionario supone un viraje hacia el protagonismo político social popular. Está presente también, aunque con otras intensidades, en procesos como los de Bolivia y Venezuela cuyos gobernantes están empeñados en profundizar el camino revolucionario iniciado, ampliando la participación popular, los procesos de descolonización, los diálogos interculturales y las búsquedas de un nuevo modo de producción de que abra las puertas de la humanidad a un nuevo tipo de desarrollo basado en el buen vivir y convivir entre nosotros y con la naturaleza.
En Brasil, el gobierno de Dilma se vio prácticamente arrinconado por un posible retorno a la era de la plena hegemonía neoliberal, y ello no ha sido solo por los embates mediáticos (externos) de sus adversarios, sino el resultado de concepciones políticas propias, que llevaron al PT a gobernar a través de acuerdos parlamentarios en bloques, a no escuchar a los movimientos sociales y sus históricos reclamos, como, por ejemplo, la reforma agraria, a desoír el reclamo de los jóvenes y sus movimientos en las grandes ciudades, cuyas protestas se pretendió estigmatizar y reducir tras el calificativo de “clases medias” disconformes y opuestas a un pueblo supuestamente contento y conforme con la Bolsa Familia…
Hace tiempo ya, el PT pudo haber abanderado la construcción de un foro de encuentro y articulación entre partidos de izquierda y movimientos sociales ‑en Brasil y en el continente‑, abriendo cauces a una nueva política.
Silenciado el Foro Social Mundial por los apetitos hegemonistas internos, y con un Foro de Sao Paulo tercamente encriptado en su arcaico sectarismo político, la fuerza política de los de abajo se expresa donde se abren cauces para ello. Así, movimientos sociales históricos de Nuestra América con la presencia de Evo Morales, no dudaron en estar presentes en Roma, en la convocatoria del Papa Francisco a los movimientos sociales, para discutir ejes centrales de acciones globales encaminadas a la defensa de la vida.
–Hoy como ayer, ser de izquierda no es sinónimo de ser revolucionario
Se puede ser “la izquierda” del sistema capitalista y gobernar para reflotarlo. Pero como lo ejemplifican Bolivia y Venezuela, se puede optar por otro carril, y en vez de intentar hacer “buena letra” con los poderosos de siempre, impulsar articulada y mancomunadamente con los movimiento sociales y los pueblos todos, procesos revolucionarios de cambios sociales, abonando el camino de las revoluciones democráticas culturales que se profundizan con la participación cada vez más protagónica de los pueblos que ‑en tales procesos‑, tendrán la oportunidad para autoconstituirse en sujeto político del proceso revolucionario, creando y construyendo día a día avances de la civilización superadora del capitalismo, constituyéndose en fuerza político-social capaz de traccionar y conducir los procesos de cambio en revolución permanente.
Apostar a ello está entre las potencialidades políticas revolucionarias que laten en los procesos abiertos con los gobiernos populares latinoamericanos desde los movimientos indígenas, los movimientos de trabajadores de la ciudad y el campo, desde los movimientos de mujeres, de los pobres y excluidos por el poder del capital. Ampliar espacios para profundizar su participación es impostergable; el tiempo de hacer “como qué…” se ha agotado.
http://www.nodal.am/

Para entender lo sucedido con los estudiantes desparecidos

 Justicia por Ayotzinapa

ayotzinapa

1. ANGEL AGUIRRE, EL SEÑOR MATANZAS 
Ha estado presente en casi todas las grandes tragedias humanas de Guerrero de los últimos años. Fue él quien asumió la gubernatura cuando su amigo Rubén Figueroa Alcocer renunció después de ordenar la matanza de campesinos en Aguas Blancas. Él era (es) jefe del Ejecutivo estatal cuando Acapulco se convirtió en la ciudad más violenta del mundo. Era mandatario cuando la tormenta tropical “Manuel” barrió con pueblos enteros.
2. GUERRERO EN LLAMAS: CÓMO INICIÓ TODO 
La historia no es nueva, sino que se repitió con Ángel Aguirre Rivero, descendiente directo de los Figueroa, la casta política que se alió al Ejército en la masacre de comunistas a la vez que el Estado, representado en la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca, construía los cimientos del crimen organizado mexicano. Con base en expedientes judiciales aún clasificados, SinEmbargo presenta la evolución de la política criminal de Guerrero, donde hoy está posado el ojo del huracán de eso que bien podría llamarse el “Narcoestado mexicano”.
3. PAÍS DE FOSAS, CIFRAS A MEDIAS Y MENTIRAS 
A la imposibilidad de saber cuántos cadáveres o restos humanos yacen bajo la tierra removida subrepticiamente en parajes, montes o predios de Guerrero, bien se puede sumar la inconsistencia en los datos sobre aquéllas tumbas que sí han podido localizarse, pues las cifras que la Procuraduría General de la República (PGR) ha proporcionado al respecto han cambiado significativamente en varios casos. Lo que persiste es una falta de coordinación para hacer una eficiente identificación de los cuerpos encontrados, acusan organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas.
4. GUERRERO DESPUÉS DE AGUIRRE: LA DEVASTACIÓN 
En medio del incendio que ha devastado Guerrero desde el inicio de los gobiernos perredistas, el entonces Gobernador Ángel Aguirre Rivero hizo a un lado recursos federales disponibles para atenuar la pobreza, combatir al crimen organizado, prevenir la corrupción del personal dedicado a tareas de seguridad pública e implementar estrategias contra el secuestro. La crisis política y social originada por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y el asesinato de seis más los pasados 26 y 27 de septiembre quedan al descubierto la utilidad que habría tenido la aplicación del dinero ministrado por la federación.
5. AYOTZINAPA: “YO PARTICIPÉ MATANDO A DOS” 
Hablan los presuntos asesinos de algunos normalistas de Ayotzinapa, en declaraciones ministeriales hechas ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común Adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, Miguel Ángel Cuevas Aparicio, durante la primera semana de octubre de 2014, con sede en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero…
6. “YO SÉ QUE MI HIJO ESTÁ VIVO Y SERÁ MAESTRO” 
Apenas pasó los 17 años, el muchacho dejó atrás el viento del sur que sopla sobre la diminuta nación huave y tomó camino hacia Ayotzinapa justo como hiciera, dos décadas atrás, su padre Manuel Martínez. Padre e hijo compartirían las mismas razones para alejarse de San Mateo del Mar, Oaxaca. Pasarían las noches en los mismos dormitorios atestados de muchachos de ojos negros y ansiosos. Descubrirían a Marx y Engels con el mismo pensamiento azorado y bajo la misma mirada satisfecha de los mismos maestros…
7. A LOS 43 LOS ECHARON A LOS PERROS 
Documentos oficiales en poder de SinEmbargo dicen ahora que elementos del Ejército, de la Policía Federal y de la Estatal estaban allí cuando los normalistas fueron atacados. Y antes de que los secuestraran, les negaron ayuda. Mejor los revisaron para ver si no traían armas, que tenderles la mano. Mejor les tomaron fotos, les quitaron las playeras, les negaron la atención médica. Los sacaron de un hospital, los lanzaron a una carretera oscura. Básicamente, los echaron a los perros.
Notas completas en Sin Embargo

12 nov 2014

YA ERA HORA

Por crisis política en Haití, analizan el retiro total de las tropas uruguayas

cascos-azules-uruguay-e

Ante la situación política y social incambiada en Haití, el Gobierno uruguayo se mantiene alerta y analiza de forma permanente el posible retiro total e inmediato del contingente militar que permanece aún en ese país como parte de la misión de paz de la ONU, señaló el canciller interino, Luis Porto. Recordó que sigue en marcha el plan de evacuación gradual de tropas como se acordó con el resto de los países sudamericanos.
Porto aseguró que este tema se evalúa todo el tiempo y, en caso de mantenerse la situación de incumplimiento con los tiempos del proceso democrático, se procederá al retiro de las tropas que forman parte de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).
Las misiones de paz se evalúan de forma permanente en función de la situación de cada país en la que se encuentran y de los demás contingentes que acompañan al uruguayo en el marco de la ONU, explicó el canciller interino a la Secretaría de Comunicación.
Agregó que la posición de Uruguay siempre ha sido mirar con cautela la evolución de la situación en Haití en particular.
Actualmente “tenemos dudas respecto de la evolución política que se está dando allí” y, en función de ello, Porto recordó que hay una ley vigente que le da la potestad al Presidente de la República de retirar las tropas en momento que crea conveniente si se entiende que no se cumple con el proceso democrático al cual estaba comprometido Haití.
Aseguró que se sigue aplicando el plan de retiro gradual de tropas, pero simultáneamente se evalúa la situación política y social haitiana, en base a la cual se podrá aplicar el retiro total e inmediato si así lo decide el Presidente José Mujica.
Decisión meditada
En 2013, el Presidente Mujica comenzó a analizar la idea de retirar las tropas militares uruguayas que participan de la Minustah, inclusive compartió su pensamiento y analizó la situación con sus pares Dilma Rousseff, de Brasil, y Nicolás Maduro, de Venezuela, siguiendo la estrategia aprobada en 2011 por la Unión de Naciones Suramericanas.
Brasil y Uruguay son los países que más efectivos militares aportan a la Minustah, de la que también participan Argentina y otros países de la región de distintas maneras.
A fines de de ese mismo año remitió al Parlamento un proyecto, que fue aprobado, para prorrogar hasta diciembre de este año la presencia del contingente uruguayo, pero con la reducción a partir de abril de 33 % de los efectivos de la Armada y del Ejército estacionado en ese país del Caribe que comparte la isla La Española con República Dominicana.
Esa misma norma estableció también la potestad del Poder Ejecutivo de decidir el retiro retirar de los militares en el momento que crea oportuno, ya sea de forma total o parcial.

Planificadores de apropiaciones

 ALEGATOS EN EL JUICIO POR LA MATERNIDAD CLANDESTINA DE CAMPO DE MAYO

Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo pidieron penas de entre 10 y 40 años. “En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, señalaron.


 Por Ailín Bullentini

La querella de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó penas de entre 10 y 40 años para los cinco imputados en el juicio por la apropiación de bebés nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo y la privación ilegal de la libertad de sus mamás. Basados en una descripción exhaustiva de la maternidad clandestina que funcionó en el sector de Epidemiología de ese hospital, y un tejido detallado entre testimonios ofrecidos específicamente en este debate y aquellos incorporados al juicio pero escuchados a lo largo de los casi 40 años que separan la actualidad de los tiempos en los que tuvieron lugar estos delitos, los abogados Alan Iud y Pablo Lachener pidieron al Tribunal Oral Federal Nº 6 que condene a Santiago Riveros y Reynaldo Bignone a 40 y 35 años de cárcel, respectivamente; que pene con 30 años de encierro a los médicos militares retirados Eugenio Martín y Norberto Bianco; y con 12 a la obstétrica Luisa Arroche. Mañana alegará la fiscalía.
La introducción que eligió Abuelas de Plaza de Mayo para la conclusión del debate que ingresó ayer en su etapa definitoria incluyó una advertencia: este juicio “llega tarde” y luego de una “deficiente instrucción”, expresó Iud. “Una vez más la desidia y morosidad del sistema judicial nos han privado de realizar un debate oral y público mucho más completo”, remarcó el abogado en referencia a los once casos similares a los nueve que ingresaron en el debate que esperan la elevación a juicio. “Muchas familias seguirán esperando justicia, aun después de este juicio. Y la demora es más grave aún si reparamos en la cantidad de imputados que quedaron fuera”; algunos por salud, otros por muerte.
Durante más de seis horas, Iud y Lachener expusieron sobre la maternidad clandestina en la que “gran cantidad de desaparecidas” dieron a luz durante la última dictadura, detallaron su estructura organizativa y funcionamiento. Es en la mitad de 1977 cuando la querella considera que un sector del área de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo fue convertida en maternidad clandestina. Pero también relacionaron el Hospital Militar en el que funcionó con algunos otros centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, como El Campito, en los que también se realizaron partos de detenidas. Por último, encajonaron los roles de los imputados para finalmente concluir en los pedidos de pena.
“En el Hospital Militar de Campo de Mayo se perfeccionó la práctica sistemática y generalizada de la apropiación de niños como en ningún otro centro clandestino de detención”, determinó Abuelas en su alegato debido a que, consideraron sus abogados, lo que sucedió allí “constituye la evidencia más acabada de la organicidad con la cual se llevó adelante la apropiación de hijos de desaparecidos por razones políticas. El Ejército Argentino destinó un espacio específico de ese hospital para mantener cautivas a mujeres próximas a dar a luz, concretar el alumbramiento y quitarles sus bebés”.
Acorde con los testimonios de empleados y ex empleados del hospital que se oyeron durante los dos meses de juicio, más los incorporados por lectura y la prueba documental, la querella pudo detallar las “reglas” que regían para ese sector de Epidemiología, dos habitaciones aisladas y con custodia, y las pacientes que allí eran destinadas. Las detenidas permanecían vendadas y, en algunos casos, atadas a las camas, no se les permitía hablar con nadie y su estancia en el hospital así como sus partos no eran registrados. Parían, estaban algunas horas con sus hijos o hijas, pero luego se los o las quitaban. “Hay evidencias de que se les administraba a las puérperas una inyección para cortar la lactancia”, advierte el alegato. “Transcurrido uno o dos días después del parto, las mujeres eran retiradas del hospital en la mayoría de los casos sin sus bebés”, puntualiza.
Para Riveros, la querella pidió 40 años de cárcel. Era comandante del Comando de Institutos Militares, institución a cargo de la Zona de Defensa IV y del control táctico-operacional del hospital. Se lo considera responsable de la sustracción, retención y ocultamiento de los hijos de Marta Alvares y Susana Stritzler, de los que no se sabe nada aún, y de Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando, y Valeria Gutiérrez Acuña, hija de Liliana Acuña. En calidad de comandante segundo de Institutos Militares, para Bignone solicitaron 35 años de prisión, por la sustracción, retención y ocultamiento de los bebés de Stritzler, Mónica Masri y Valeria Beláustegui, de los que tampoco hay noticias.
La querella consideró que, en su rol de jefe del Servicio de Clínica del hospital, Martín “tenía pleno conocimiento” de lo que pasaba con las embarazadas detenidas y “aportó los recursos necesarios para que estos hechos se consumaran formando parte de la cadena de mandos y retransmisión de órdenes”. En cuanto a Blanco, jefe de Traumatología del hospital, “surge con claridad de la prueba reunida que intervino de propia mano en los crímenes que aquí se juzgan”: trasladaba a las mujeres hacia y desde el hospital a los infiernos en los que estaban encerradas. Daba órdenes al personal para que las atendieran: “Era el jefe de la maternidad clandestina” junto con Caserotto, fallecido. Para ambos, la querella pidió 30 años de cárcel; les atribuyen algunos casos de sustracción de chicos, pero también el encierro de las mujeres. Para Arroche, imputada en la sustracción de la identidad de Francisco Madariaga Quintela, el hijo de Silvia Quintela, nacido en el Hospital Militar, por haber falsificado el libro de partos de esa institución, la querella pidió 12 años.

La nueva generación de carteles

Guerreros Unidos pertenece a una tipología de bandas ultraviolentas en México, más dedicada a la extorsión que a la droga, que sustituye a los grupos tradicionales


 México11 NOV 2014 - 

Guardias comunitarios marchan por los desaparecidos de Guerrero. / J.L.C. (EFE)
Compactas, ultraviolentas y con fuerte implantación territorial. La brutal guerra abierta que México libra desde hace ocho años contra los carteles de la droga ha generado una nueva tipología de organizaciones criminales. La época de los grandes capos, al estilo de El Chapo Guzmán, con redes que operaban en todo el país, capaces de arbitrar en las disputas territoriales y con conexiones privilegiadas en capitales internacionales, ha llegado a su fin y ha dado paso a una era de pequeñas bandas zonales, de estructura ligera y capaz de multiplicarse en ambientes extremadamente hostiles.


En este universo fragmentado, sometido a presión constante por los clanes rivales y la intervención militar, estos organismos virales han dejado de lado, como principal fuente de ingreso, el negocio de la droga y, según los especialistas, se han lanzado al beneficio obtenido por la extorsión, el robo y el secuestro, tres delitos que les han deparado el dominio territorial, pero que requieren del uso constante de la violencia para su mantenimiento.
Este es el caso de los Guerreros Unidos, acusado del asesinato de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala. "Las nuevas bandas son más locales y depredadoras; en el caso de Guerrero el fenómeno ha alcanzado el paroxismo por la histórica debilidad institucional del territorio; nada les ha frenado y se han apoderado de poblaciones como Iguala. Guerreros Unidos es el ejemplo más claro. Son poco sofisticados, operan a nivel local y la venta de drogas internacional la hacen con intermediarios. Son hijos de la fragmentación", señala el analista de seguridad Alejandro Hope.
La organización nació de las cenizas del imperio de Arturo Beltrán Leyva, el llamado Jefe de Jefes, un antiguo aliado de El Chapo Guzmán, al que la Marina dio muerte a tiros el 16 de diciembre de 2009. Su caída dejó sin cetro un vasto territorio que abarcaba amplias franjas del Pacífico y del centro de México. El resultado fue una virulenta desmembración que dio origen a múltiples células criminales (solo en Guerrero, según fuentes de inteligencia, operan en la actualidad 10 grupos) que empezaron a disputarse el botín. Una de ellas destacó rápidamente.

Los ajustes de cuentas con otros clanes son cada vez más brutales
Su embrión había sido una cohorte de sicarios de enorme ferocidad que Beltrán Leyva ordenó crear en 2005 para controlar Guerrero, el Estado más violento y pobre de México, y hacer frente a otros carteles. El encargo de abrir esta sucursal recayó en dos hermanos hábiles en el traslado de la droga que llegaba a Acapulco desde Colombia y Venezuela. Se llamaban Alberto y Mario Pineda Villa, y eran precisamente los hermanos de la esposa del alcalde de Iguala. Formaron un grupo denominado Los Pelones, que con el tiempo formarían la espina dorsal de Guerreros Unidos. En 2009, los Pineda Villa acabaron asesinados, supuestamente por haber intentado traicionar al Jefe de Jefes. Y cuando este, meses después, murió a manos de la Marina, el control de esta sucursal del crimen fue tomado por Cleotilde Toribio Rentería, alias El Tilde, y más tarde por un temible matón, Mario Casarrubias Salgado, alias Sapo Guapo. Bajo su mando, la banda experimentó un crecimiento acelerado. Sin escrúpulos a la hora de mutilar, torturar o asesinar, el cartel logró infiltrarse en la vida policial y política de Guerrero, donde ha extendido el pago de cuotas hasta límites nunca vistos. Su expansión ha venido acompañada de una lucha sin cuartel contra los clanes rivales, especialmente Los Rojos, a cuyo malherido líder, Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, eliminó con silenciador un sicario disfrazado de médico el 14 de diciembre de 2012 en una unidad de vigilancia intensiva de Ciudad de México. Esta liquidación dio inicio a una brutal guerra que dejó, sólo en el Estado de México, más de 70 cadáveres sobre el asfalto. Este baño de sangre puso sobre aviso a las autoridades, temerosas de que la violencia llegase a la capital.
El 29 de abril pasado, Casarrubias, de 33 años, fue capturado. Como es habitual, fue sustituido con celeridad. El puesto lo ocupó su hermano Sidronio, el capo que tomando a los normalistas por integrantes de Los Rojos dio luz verde a su exterminio en "defensa del territorio". Sidronio cayó en manos de la policía hace dos semanas. A estas horas, otro sicario debe ocupar su puesto, preparando el próximo ajuste de cuentas.

11 nov 2014

Torturas “con respeto”



CAPITÁN ASENCIO LUCERO





La jueza penal de 16º Turno Julia Staricco y la fiscal Silvia Nipoli, fueron las encargadas de tomar declaración al capitán retirado Asencio Lucero -74 años- quien durante la dictadura ocupó el cargo de S2 y fue uno de los encargados de la inteligencia en el Regimiento de Caballería Nº 9 de Montevideo. El doctor Federico Alvarez Petraglia, abogado patrocinante, dijo a El Popular “esto nunca lo habíamos escuchado por boca de un militar”.

Asencio Lucero había sido citado a declarar ante la Justicia “por la denuncia de torturas y agresiones sexuales que había sido presentada en 2011 por 28 compañeras”, que acusan de esas torturas a unos cien militares, policías, médicos y enfermeros de la dictadura.

Se presentó acompañado por su abogada Rossana Gavazzo, hija del encarcelado José Nino Gavazzo. Ante una pregunta de la jueza, Lucero respondió: “Sí se usaba la picana. Se aplicaba, era un cosquilleo, se aplicaba en las piernas, pero no en los genitales porque (se) tenía mucho respeto por el cuerpo de las personas”.

Preguntado sobre quién daba la orden para interrogar con picana, plantón o submarino dijo: “Era un sistema, nadie daba la orden, yo tenía que conseguir información. Los interrogatorios se hacían en equipos de tres personas, normalmente las mismas. Cuando el prisionero se desplomaba luego de varias horas de plantón se lo atendía y se le daba la oportunidad de hablar. El submarino era una amenaza, era una cosa tan excepcional y tan temida que a un preso usted lo amenazaba con hacer el submarino y lo hacía hablar”.

Lucero se definió ante la jueza Staricco como “un hombre muy paciente”. “A mí las 24 horas no me molestaban para nada, pero no la dejaba dormir, eso era un sistema, era presión psicológica; no dormir, cortar las visitas, todas esas cosas”, culmina el informe del periodista Walter Cruz en El Popular.

http://www.carasycaretas.com.uy/torturas-con-respeto/

La 'Casa Blanca' de Peña Nieto:


¿De donde salió esta mansión de 7 millones de dólares?


© REUTERS

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se halla en el centro de una gran polémica, después de que se conociera que su residencia personal es propiedad de una empresa vinculada a millonarios contratos con el Estado.

Una investigación periodística llevada a cabo por el portal Aristegui Noticias ha revelado que la casa del presidente Peña Nieto está ubicada en Las Lomas, una exclusiva zona de la capital mexicana. La mansión, valorada en unos 7 millones de dólares, fue edificada por la Constructora Teya, una empresa que trabajó estrechamente con el PRI cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México.


De acuerdo con la investigación, la empresa constructora es propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, que también alquiló aeronaves al PRI durante la campaña presidencial de 2012 a través de su filial Eolo Plus. Según el portal, tras meses de investigación se pudo confirmar que la residencia se encuentra ubicada en Sierra Gorda número 150 y que no está registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, ni tampoco al de su esposa Angélica Rivera o a los de sus hijos.

El grupo empresarial Higa, a través de su subsidiaria Constructora Teya, es integrante de un consorcio, formado por China Railway Construction y otras dos empresas mexicanas, que ganó la licitación para construir y operar el tren rápido México-Querétaro por un monto de 3.700 millones de dólares. La decisión de adjudicar el jugoso contrato fue revocada sorprendentemente esta semana por el propio Peña Nieto, a fin de "darle más transparencia" al proceso de licitación, que será lanzado desde cero.

La mansión del presidente tiene estacionamiento subterráneo, 7 habitaciones, piscina y hasta ascensor. La casa es predominantemente de color blanco, incluido el suelo de mármol de la planta baja.

Este nuevo escándalo no ayuda a apaciguar la indignación popular contra Peña Nieto, quién ha sido blanco de críticas por el macabro caso de los 43 estudiantes de Iguala que fueron asesinados, y por el que muchos mexicanos exigen la renuncia del mandatario.


Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/146483-casa-blanca-pena-nieto-mansion-millones-dolares