28 sept 2015

Bruselas reitera que si una región se separa sale de la UE

ELECCIONES EN CATALUÑA

“Cataluña quedaría fuera y debería iniciar un largo proceso de reconocimiento internacional”, asegura una alta fuente comunitaria

CLAUDI PÉREZ Bruselas 28 SEP 2015 -

El candidato número cinco de Junts pel Sí, Oriol Junqueras, este domingo. / ANDREA COMAS

Cataluña es tremendamente europeísta: la pertenencia a la UE ha sido uno de los ejes de la campaña. Bruselas es clara al respecto —si una región de un Estado miembro se declara independiente, sale de la UE y debe solicitar su ingreso—, pero los partidarios de la secesión niegan la mayor. Se escudan en que esa opinión no tiene valor jurídico. Si hay voluntad se puede encontrar un encaje, dicen fuentes catalanas. Fuentes europeas niegan en redondo esa interpretación.

Romano Prodi lo dijo en 2004 por primera vez. Su sucesor al frente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, repitió lo mismo durante 10 años en respuestas parlamentarias e infinidad de entrevistas y ruedas de prensa. Y el actual Ejecutivo de la Unión no se ha desviado un milímetro de esa doctrina, que es la siguiente: "Si una parte de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado porque se independiza, los tratados ya no se aplicarían a este territorio"; esa región "se convertiría en un país tercero, que debería solicitar su entrada" y "estaría automáticamente fuera de la UE".

Una alta fuente comunitaria aseguraba a este diario que la situación es indiscutible desde el punto de vista jurídico: "Cataluña quedaría fuera y debería iniciar unlargo proceso de reconocimiento internacional". "Los firmantes del tratado son los Estados miembros", según la misma fuente, "y una independencia unilateral iría contra los intereses y la estabilidad de muchos Estados, que a buen seguro pondrían las cosas difíciles". "Es muy sencillo. La palabra Cataluña no figura en los tratados. Para incluirla tienen que modificase los tratados, y eso requiere unanimidad", reitera.

Tanto el exjurisconsulto Jean-Claude Piris —que redactó el Tratado de Lisboa— como los actuales juristas de Bruselas comparten esa postura sin fisuras. Piris, según cuenta él mismo, llegó a exponérsela personalmente a Artur Mas cuando fue preguntado por la Generalitat al respecto. Y aun así el bloque partidario de la independencia lleva años sembrando dudas, dando la batalla jurídica y diplomáticamente para señalar que, como demuestra la crisis del euro, si hay voluntad política los tratados son lo suficientemente maleables como para permitir un encaje de Cataluña en el euro, en la UE, donde haga falta. Los soberanistas aseguran que esa doctrina solo ha aparecido en respuestas a la Eurocámara. No tiene valor jurídico, dicen. Los juristas de la Comisión, sin embargo, apuntan que no ha habido una opinión jurídica porque nadie la ha pedido: eso sería dar carta de naturaleza a una independencia que no se ha producido.

Bruselas se ha metido en un fenomenal embrollo en los últimos días. A preguntas de un eurodiputado, Juncker aseguró que una declaración unilateral de independencia por parte de un Parlamento regional no tendría valor jurídico. Al cabo de unas horas, se desdijo: la verdadera respuesta era que Bruselas no va a meterse en un asunto interno de España.
Limbo jurídico

El patinazo fue sensacional: Madrid lo califica de "anécdota", pero ese episodio resume a la perfección el estado de la cuestión. En privado, Bruselas es firme y subraya que la doctrina Juncker, a pesar del error, sigue intacta: una región que se separa sale automáticamente de la UE. En caso de declaración unilateral de independencia, las grandes cancillerías tampoco dudan. Los soberanistas, sin embargo, ha utilizado ese lío para encastillarse en que nada se puede dar por seguro; la independencia, afirman, metería a Cataluña en un limbo jurídico del que se sale con voluntad política.

La incertidumbre se resolverá si realmente va el cántaro a la fuente: en ese caso el servicio jurídico de la Comisión y del Consejo emitirán opiniones vinculantes. Hasta entonces, hay que creer a los tres últimos presidentes de la Comisión. O eso, o dar carta de naturaleza a la existencia del limbo jurídico y de la voluntad política a la que se agarra Cataluña.

La OTSC llega a Irak y Siria

La intervención de la OTSC contra el terrorismo en Irak y en Siria puede constituir el inicio de un orden mundial basado en la cooperación y la defensa de las poblaciones civiles o, por el contrario, de un periodo de enfrentamiento este-oeste con Occidente apoyando abiertamente el terrorismo. Contrariamente a una creencia generalizada, el objetivo de ese despliegue militar no sería tanto defender Irak y la República Árabe Siria como defender los Estados miembros de la propia OTSC. Por consiguiente, esa intervención no es negociable. A partir del 30 de septiembre, los debates de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU nos permitirán conocer la respuesta de Washington y sus aliados a la iniciativa de la OTSC. En todo caso, ya nada será como antes.

por Thierry Meyssan

RED VOLTAIRE | DAMASCO (SIRIA) | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015




Mientras la prensa occidental se obstina en hablar de un posible respaldo militar de Rusia al presidente sirio Bachar al-Assad, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) ha decidido luchar contra el terrorismo en Irak y en Siria.

Y parece que los países occidentales todavía no entienden las consecuencias de su propia política.
Cuestión de vida o muerte para la OTSC

Es importante recordar que la OTSC es una alianza militar de tipo clásico en la que participan 6 repúblicas de la antigua Unión Soviética: Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. A diferencia de la OTAN y del desaparecido Pacto de Varsovia, dos alianzas militares cuyos Estados miembros perdieron su soberanía (en el caso de la OTAN, en beneficio de los intereses de Estados Unidos y del Reino Unido, y, en el Pacto de Varsovia, a favor de la URSS), lo cual contradice la Carta de las Naciones Unidas, los Estados miembros de la OTSC conservan su plena soberanía, no ponen sus ejércitos a las órdenes de la potencia más importante de la alianza y en cualquier momento pueden decidir poner fin a su participación en ella. Eso permitió a Azerbaiyán, Georgia y Uzbekistán retirarse libremente de la OTSC para volverse hacia Guam y la OTAN.

Desde los años 1980, incluso antes de la existencia misma de los Estados miembros de la OTSC, Estados Unidos y la OTAN despliegan un sistema de misiles, que inicialmente apuntaba contra la URSS y que actualmente cerca a los países de la OTSC. Esos misiles, que supuestamente destruirían los misiles intercontinentales enemigos en plena fase de despegue, en realidad sólo pueden destruir aviones que vuelen a baja velocidad pero nunca lograrían derribar los misiles supersónicos rusos. Presentado por el Pentágono como un dispositivo defensivo –lo que quizás fue inicialmente–, este «escudo antimisiles» sólo puede ser de utilidad si se usa con intenciones ofensivas. La OTSC es, por consiguiente, el único grupo de Estados del mundo que se halla bajo la amenaza directa de misiles instalados justo del otro lado de sus fronteras.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la URSS y posteriormente los Estados miembros de la OTSC, son testigos del reclutamiento de la Hermandad Musulmana por parte de la CIA y comprueban cómo Estados Unidos trata de desestabilizarlos utilizando miembros o ex miembros de esa cofradía [1]. Por ejemplo, los hombres de Osama ben Laden –formado por el miembro de la Hermandad Musulmana Sayyid Qutb– y de Ayman al-Zawahiri (quien se unió a esa cofradía un año antes del arresto y ejecución de Sayyid Qutb) combatieron contra la URSS en Afganistán y más tarde contra Rusia, en Yugoslavia, antes de ir a luchar en su propio territorio, o sea en el Cáucaso [2].

En 2011, los Estados miembros de la OTSC vieron como se desarrollaba la «primavera árabe», operación de la OTAN tendiente a derrocar tanto regímenes enemigos como amigos en el Medio Oriente (en Túnez, Egipto, Libia y Siria) para poner en el poder a la Hermandad Musulmana. Y a partir de 2014, ven el triunfo del ideal de la Hermandad Musulmana con la proclamación de un califato que contradice tanto el derecho internacional como los derechos humanos. En este momento, ese califato ha entregado la mayoría de sus puestos de oficiales a islamistas provenientes de la antigua URSS, e incluso –en ciertos casos– originarios de países miembros de la OTSC.

El 1º de agosto, Ucrania y Turquía –país miembro de la OTAN– anunciaron la creación de una «brigada islamista internacional», conformada con elementos de al-Qaeda y del Emirato Islámico y estacionada en Jerson (Ucrania) [3]. El objetivo de esa brigada es combatir contra Rusia en Crimea.

En otras palabras, si no interviene ahora contra el terrorismo, la OTSC pronto tendrá que enfrentar simultáneamente un enemigo externo –la OTAN y sus misiles– y un enemigo interno –los islamistas inicialmente entrenados por la OTAN

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Los 6 jefes de Estado y el secretario general de la OTSC.
La reunión de la OTSC en Duchambé

El 15 de septiembre de 2015, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva realizó la reunión anual de sus jefes de Estado en Duchambé, capital de Tayikistán. Conforme a lo que ya habíamos anunciado hace un mes desde este mismo sitio web [4], el presidente ruso Vladimir Putin presentó a sus homólogos de los países de la OTSC los estudios de los especialistas militares rusos sobre la posibilidad de iniciar la lucha contra el califato desde ahora, o sea antes de que logre penetrar masivamente en los países de la OTSC.

Anteriormente, el presidente Putin ya había dado garantías a sus interlocutores de que no estaba empujándolos a respaldar intereses de Rusia en Siria sino de que se trata de responder a una amenaza directa contra los países de la OTSC.

Los miembros de la OTSC decidieron entonces iniciar el despliegue en Irak y en Siria para combatir contra todos los yihadistas, tanto a los del Emirato Islámico como a los de al-Qaeda. Se trata de una operación perfectamente legal, a la luz del derecho internacional, ya que corresponde al contenido de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en materia de lucha contra el terrorismo. Y, por cierto, completa la operación, igualmente legal, ya iniciada por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, pero cuyas acciones apuntan solamente contra el Emirato Islámico.

Pero, a diferencia de la coalición encabezada por Estados Unidos, la OTSC mantiene buenas relaciones tanto con el gobierno de Irak como en el de la República Árabe Siria, lo cual le permite alcanzar en sus futuras acciones una eficacia mucho mayor que las de la coalición dirigida desde Washington.

En el marco de los preparativos para la intervención de la OTSC, esta última ha instaurado entre sus países y Siria un corredor aéreo que debía pasar inicialmente por encima de los Balcanes. Pero los aliados de Estados Unidos, exceptuando a Grecia, se opusieron al corredor aéreo de la OTSC, que decidió entonces pasar por los espacios aéreos de Irán e Irak. En menos de una semana, se han trasladado así cantidades muy grandes de equipamiento y más de 2 000 hombres. Técnicamente, la OTSC es capaz de desplegar hasta 50 000 hombres en menos de 2 semanas.
El foro de la ONU

Por una cuestión de eficacia y sin prejuzgar la buena o mala fe de los países occidentales, los jefes de Estado de la OTSC tienen previsto intervenir ante la Asamblea General de la ONU, a partir del 28 de septiembre, para exhortar la comunidad internacional a unir sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo.

Además, como Rusia preside el Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de septiembre, Vladimir Putin –quien no visitaba la sede de la ONU desde hace 10 años– presidirá la sesión del 30 de septiembre, dedicada a la lucha contra el terrorismo en Irak y en Siria.

De llegarse a un acuerdo entre la coalición encabezada por Estados Unidos y la OTSC, las fuerzas de ambas podrían realizar acciones conjuntas o repartirse el trabajo –la mencionada coalición actuaría en Irak mientras que la OTSC asumiría las operaciones en Siria. De no existir tal acuerdo, la coalición y la OTSC realizarían campañas separadas tratando cada una de no estorbar las operaciones de la otra.

Desde el punto de vista de los atlantistas, la campaña de la OTSC beneficiará a la República Árabe Siria y garantizará el respeto del mandato del presidente electo por los sirios, Bachar al-Assad, a quien la OTAN esperaba derrocar. A pesar de ello, es falso el planteamiento de quienes afirman que se trata de una intervención concebida para salvar a Siria de la amenaza occidental. Antes de la preparación de la Conferencia de Ginebra, realizada en junio de 2012, el presidente Vladimir Putin planteaba la posibilidad de desplegar la OTSC como fuerza de paz [5]. El general Hassan Turekmani, quien presidía entonces el Consejo de Seguridad Nacional de Siria, incluso llegó a iniciar preparativos para acoger el despliegue, que finalmente no llegó a concretarse porque la OTSC no había firmado aún con la ONU un acuerdo en ese sentido [6] y, de otro lado, porque en aquella época 2 países miembros de la OTSC no se sentían directamente amenazados por la situación en Siria.

Desde el punto de vista de la OTSC, la proposición que esa organización presenta a las potencias occidentales las obligará a clarificar sus propias políticas. En efecto, hasta el momento de la firma del acuerdo entre Washington y Teherán –el 14 de julio de 2015– la coalición encabezada por Estados Unidos contra el Emirato Islámico, lejos de luchar contra el terrorismo, lanzó regularmente en paracaídas grandes cargamentos de armas que «por error» acababan en manos de los yihadistas. Pero durante las últimas semanas, la coalición ha combatido realmente a los hombres del Emirato Islámico. A finales de julio, por ejemplo, realizó intensos bombardeos en coordinación con el Ejército Árabe Sirio y con las milicias (el YPG kurdo y el Consejo Militar Siriaco) que respaldan a las tropas regulares sirias en la defensa de la ciudad siria de Hassake. Esta operación, que la coalición prefirió realizar discretamente, permitió la eliminación de unos 3 000 yihadistas.

Por otro lado, la Casa Blanca ya dio a conocer que está abierta «a discusiones tácticas y prácticas con los rusos». Desde Londres, el ministerio británico de Relaciones Exteriores ha declarado que ya no se opone a que «el presidente sirio se mantenga en el poder durante un periodo de transición si eso contribuye a la solución del conflicto». Para montarse en el tren que ya está evidentemente en marcha, el ministro francés de Relaciones Exteriores también ha dado a entender que aceptaría permitir que el presidente Assad termine el mandato presidencial que le confió el pueblo sirio. Sus palabras exactas fueron:


«¿Debe decirse al pueblo sirio que el señor Bachar al-Assad conservará el poder ejecutivo durante los próximos 15 años? Si decimos eso, no habrá solución posible. Hay un margen entre decir eso y exigir la salida inmediata del señor Bachar al-Assad. Eso se llama diplomacia.» [7].


Thierry Meyssan anuncia la intervención de la OTSC en un programa de la televisión siria
Consecuencias de la intervención
de la OTSC

Contrariamente a la falsa imagen que divulga la prensa atlantista, la lucha contra el terrorismo en Irak y en Siria no es cosa de varias décadas sino sólo de meses, si todos los Estados realmente ponen fin al apoyo clandestino que han venido prestando a los yihadistas.

En caso de desacuerdo en la ONU, la prensa occidental denigrará la acción de la OTSC resaltando las bajas civiles. Hay que tener en cuenta que, a pesar de todas las precauciones, resulta imposible bombardear a los terroristas sin provocar «daños colaterales»: basta con saber que cada jefe yihadista dispone de al menos 3 «esposas» y que, siguiendo el ejemplo de sus jefes, son cada vez más numerosos los combatientes yihadistas que utilizan prisioneras como esclavas sexuales y que las consideran sus «esposas».

Pero, si se obtiene un acuerdo en la ONU, nadie oirá hablar de esas víctimas y la guerra en Siria podría haber llegado a su fin para la navidad ortodoxa, aunque todavía será necesario todo un año para estabilizar por completo la situación en todo el conjunto del territorio sirio.


Elementos fundamentales

La OTSC iniciaría su intervención en octubre de 2015, tanto en Irak como en Siria, contra los individuos que la ONU clasifica como «terroristas», o sea los miembros de al-Qaeda (Frente al-Nusra), del Emirato Islámico y de todos los grupos vinculados o aliados a esas organizaciones.
La OTSC no se plantea como objetivo respaldar a los gobernantes de Irak ni de Siria, Haidar al-Abadi y Bachar al-Assad, sino defenderse de la amenaza que los grupos yihadistas representan para los Estados miembros de esa alianza militar.
Los yihadistas no están en condiciones de resistir mucho tiempo el empuje de una alianza internacional contra el terrorismo, si esta interviene simultáneamente en Irak y en Siria.
Estados Unidos, que ya realizó en secreto una amplia operación conjunta con el Ejército Árabe Sirio en defensa de la ciudad de Hassake, está dispuesto a llegar a un acuerdo con la OTSC. Sus aliados británicos y franceses están ahora dispuestos a renunciar al derrocamiento de la República Árabe Siria.
Thierry Meyssan
[1] A Mosque in Munich. Nazis, the CIA and the rise of the Muslim Brotherhood in the West, Ian Johnson, Houghton Mifflin Harcourt, 2010. La edición francesa, titulada Une Mosquée à Munich. Les nazis, la CIA et la montée des frères musulmans en Occident, fue publicada en 2011 por la casa Albin Michel.

[2] La Hermandad Musulmana fue fundada por Hassan al-Bana, quien quería reinstaurar el califato después de la caída del Imperio Otomano. Los miembros de la Hermandad Musulmana presentan el islam simultáneamente como una religión y como un sistema político totalitario mientras que rechazan toda dimensión espiritual en su lectura del Corán. Sayyid Qutb desarrolló teorías sobre el uso de la violencia –la yihad– como medio de alcanzar el poder. Aunque, después de su muerte, la Hermandad Musulmana condenó oficialmente sus escritos, Sayyid Qutb sigue siendo el pensador de referencia en el seno de esa cofradía.

[3] «Ucrania Turquía crean una brigada musulmana internacional»,Red Voltaire, 3 de agosto de 2015. Para más detalles, ver «Ucrania y Turquía han creado una brigada internacional islámica contra Rusia», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 15 de agosto de 2015.

[4] «El ejército ruso comienza a implicarse contra el terrorismo en Siria», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 24 de agosto de 2015.

[5] «Siria: Vladimir Putin propone una Fuerza de Paz de la OTSC»,Red Voltaire, 3 de junio de 2012.

[6] «La OTSC podrá desplegar “chapkas azules” por mandato de la ONU», Red Voltaire, 29 de septiembre de 2012.

[7] «Audition de Laurent Fabius au Sénat sur les minorités persécutées au Moyen-Orient», por Laurent Fabius, Réseau Voltaire, 9 de septiembre de 2015.

www.voltairenet.org/article188741.html

GRAN HERMANO

Criminalización de Internet en Francia
por Jean-Claude Paye


Un internauta no tiene manera de conocer de antemano el contenido del sitio web que se dispone a consultar. Por otro lado, el término «terrorismo» carece de definición neutra. Pero en Francia, las nuevas disposiciones «antiterroristas» convierten en crimen la consulta de los sitios webs que un magistrado pueda considerar como favorables al terrorismo.

RED VOLTAIRE | BRUSELAS (BÉLGICA) | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015


“Necesitamos al Estado para que nos proteja del caos. Pero, sin control, todo Estado es un Leviatán que puede devorarnos”, observaba Hobbes. Las nuevas leyes antiterroristas francesas supuestamente tratan de adaptar la legislación a las nuevas formas de reclutamiento de terroristas. Pero el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, aprovecha la coyuntura para imponer la adopción de disposiciones que violan el derecho constitucional a la libertad de expresión.

Un gran número de leyes antiterroristas han sido adoptadas en Francia en menos de 2 años. Primeramente, la Ley de Programación Militarpromulgada el 13 de noviembre de 2014, que ya abordamos en un artículo anterior [1]. Más tarde –el 14 de noviembre de 2014– se aprobó la Ley para reforzar las disposiciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo y después vino la Ley de Inteligencia, definitivamente adoptada en la Asamblea Nacional el 24 de junio de 2015 [2].

La ley de programación militar es una especie de fusión del derecho penal con las leyes de la guerra, con lo cual se mezcla el ámbito interno con el ámbito externo de la nación. Se instaura así una ley marcial numérica que autoriza el gobierno a atacar los sistemas informáticos de sus propios ciudadanos y a capturar, gracias a una simple solicitud administrativa, no sólo los datos relativos a la conexión sino también las informaciones y documentos de los usuarios.

Por su parte, la Ley de Inteligencia incluso legaliza la instalación en los servidores de los proveedores de acceso a internet de las famosas “cajas negras”, que permiten “aspirar”, en tiempo real, el conjunto de datos de los usuarios.

Esa Ley de Inteligencia pone en manos del poder ejecutivo un dispositivo permanente, clandestino y prácticamente ilimitado, de vigilancia sobre la ciudadanía. Es este el elemento más avanzado de la ofensiva del gobierno francés contra la vida privada. El ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, incluso ha llegado a declarar que la vida privada no es una libertad fundamental.

Por otro lado, la Ley para reforzar las disposiciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo, adoptada en noviembre de 2014, también contribuye a criminalizar el uso de internet y autoriza el bloqueo administrativo de sitios web. Se caracteriza por ser un ataque frontal contra la libertad de expresión ya que introduce en el código penal nuevas formas de incriminación cuyo tratamiento caía anteriormente sólo en el marco de las leyes sobre la prensa.
Ofensiva contra la «trayectoria de radicalización terrorista»

La Ley para reforzar las disposiciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo [3] se aprobó siguiendo un procedimiento acelerado, lo cual significa que ese texto fue presentado a la Asamblea Nacional una sola vez. Se trata de una ley oficialmente destinada a luchar contra el trabajo de proselitismo que lleva a los jóvenes a implicarse en «trayectorias de radicalización terrorista». El objetivo oficial es impedir que la gente se radicalice a través de internet y que se vaya a zonas de combate. Esta ley da por sentado que el reclutamiento de los aprendices de terrorista se desarrolla esencialmente a través de internet, terreno que se pone así particularmente en la mirilla de la ley por ser considerado como una zona donde no impera el derecho, y a la que se le atribuye la responsabilidad fundamental del peligro terrorista.

El artículo L.224-1 precisa que las personas sospechosas de abrigar «una voluntad de irse a escenarios de guerra» pueden ser objeto de medidas como la prohibición de salida del país y la confiscación de sus documentos de identidad. Para justificar la aplicación de tales medidas, con vista a restringir la libertad de circulación de personas sobre las cuales existen únicamente sospechas de «intenciones terroristas», basta con que exista un motivo extremadamente vago –como la simple suposición de que la persona en cuestión puede tener intenciones de irse a una región en guerra, cruzada con la suposición de que esa persona puede ser peligrosa si decide regresar a su país de origen. Mediante el cruce de datos, el mencionado artículo de la ley instaura una lógica de creación de perfiles, de «seguimiento» de la «trayectoria de radicalización». Se prioriza el uso del ámbito numérico como medio que permite concebir sospechas o «serias razones para creer».
La acusación de
«apología del terrorismo»

El artículo L. 421-2-5 de la mencionada ley castiga «el hecho de provocar directamente actos de terrorismo o de hacer públicamente la apología de dichos actos». Las posibles penas se hacen más fuertes cuando los hechos se cometen utilizando un servicio de comunicaciónonline. Ese artículo establece que «la apología del terrorismo» es asimilable al terrorismo mismo.

Los delitos de «apología del terrorismo» y de «instigación a la realización de actos terroristas» estaban incluidos en la ley sobre la prensa del 29 de julio de 1881. Esta ley incluye todos los delitos vinculados con la libertad de expresión y va más allá del contenido de los periódicos. Apunta a las injurias, la difamación, las violaciones de la vida privada, las declaraciones racistas o negacionistas… incluyendo las declaraciones de personas contra otras personas. Pero es importante subrayar aquí que la apología de crímenes que no sean el terrorismo, como los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, se mantiene únicamente en la ley sobre la prensa [4].

Al sacar la apología del terrorismo de la ley sobre la prensa para insertarla en el código penal como parte de la definición de terrorismo, el mencionado artículo de la nueva ley establece una relación de causalidad directa entre un discurso y ciertas acciones. Considerar que un contenido, clasificado como «glorificador del terrorismo», es de por sí un acto de terrorismo en realidad constituye una violación de la libertad de expresión ya que es muy imprecisa la frontera entre opinión y apología, entre información y propaganda. Las particularidades específicas del derecho de la prensa están concebidas precisamente para poder lidiar con ese problema. El empleo del término «apología» implica una condena, no de los actos sino de opiniones. Y el sistema protector de la ley de 1881 estaba concebido precisamente para evitar que se penalizara el hecho de expresar una opinión.

Con la nueva ley, ¿podrán periodistas o simples ciudadanos ser blanco de acciones legales sólo por haber compartido un video publicado en internet por una organización designada como terrorista o por haber dado la palabra a miembros de redes políticamente demonizadas? Desde los atentados contra el semanario satírico Charlie-Hebdo, se han multiplicado los expedientes abiertos bajo la acusación de «apología del terrorismo» y han sido pronunciadas toda una serie de condenas a penas de cárcel. ¿Cómo es posible que, por haber oído «Somos las hermanas Kouachi. Vamos a sacar los kalachnikov» en boca de una niña de 14 años, pueda ocurrírsele a alguien enviarla a los tribunales? [5]

Con la inclusión de la «apología del terrorismo» en el derecho, ahora se hace posible imponer que la persona acusada tenga que comparecer de inmediato ante los tribunales, lo cual restringe considerablemente los derechos de la defensa y permite a la fiscalía ordenar el encarcelamiento inmediato del acusado.
La acusación por
«iniciativa terrorista individual»

El cantante Renaud nos enseñó hace tiempo que «yo solo puedo ser toda una banda de jóvenes». Pero, con esta ley, que retoma la noción estadounidense de «lobo solitario», se estipula que un individuo aislado puede ser considerado miembro de una organización terrorista internacional y ser incriminado como tal. El artículo 421-2-6 de la nueva ley instituye la incriminación por «iniciativa terrorista individual», lo cual permite emprender acciones legales contra individuos aislados siguiendo las mismas modalidades se usan contra los grupos terroristas organizados. Según ese artículo basta con que los actos del individuo en cuestión incluyan al menos 2 infracciones, clasificadas en una lista, para determinar que existe una voluntad de pasar a la acción. Entre esas infracciones aparecen la posesión de sustancias peligrosas y la recolección de información para la realización de algún tipo de acción. Pero también aparecen en la lista actos tan simples como el hecho de consultar en internet sitios webs clasificados como portales que incitan al terrorismo.

Esas condiciones de incriminación son tan «abiertas» que permiten que un gran número de activistas o de ciudadanos deseosos de informarse por sí mismos sobre los problemas de radicalización política o de terrorismo puedan ser objeto de acciones legales. Toda forma de activismo se ve así en la mirilla, con una faceta numérica que extiende de manera extremadamente amplia las posibilidades de incriminación.

El artículo 421-2-6, combinado con otros de la misma ley, confirma una lógica según la cual todos los ciudadanos son sospechosos. Una cantidad mínima de elementos basta para clasificarlos como potenciales terroristas. Cada persona se ve obligada, por consiguiente, a preguntarse constantemente lo que quiere el poder y a adaptar a ello su propio comportamiento, para no tener problemas.
Bloqueo administrativo de sitios web

El artículo 6-1 de la mencionada ley permite a los servicios de policía solicitar a los proveedores de acceso a internet que bloqueen la conexión a ciertos sitios para impedir a los internautas residentes en Francia el acceso a contenidos que supuestamente promueven el terrorismo. Es de público conocimiento que cualquier internauta, no necesariamente dotado de grandes conocimientos técnicos, puede burlar muy fácilmente las técnicas de bloqueo. Estas últimas son generalmente recursos difícilmente aplicables sin peligro de bloquear más de lo que se pretende bloquear. Para impedir más eficazmente el acceso a contenidos online es necesario el uso de técnicas de vigilancia masiva de las conexiones de todo el conjunto de internautas. Sobre eso trata la nueva «Ley de Inteligencia» [6] que instala las llamadas “cajas negras” en los servidores de los proveedores de acceso a internet para “aspirar” en tiempo real los datos de conexión.

El bloqueo de sitios web o de contenidos online está en manos de la policía, sin intervención previa de un juez. Se evita así todo procedimiento que pueda contradecir la acción policial así como toda forma de oposición a la censura decidida por la instancia administrativa. Más que los actos, esta ley castiga las intenciones. La libertad de información, o sea la libertad de consultar cualquier sitio en internet; la libertad de circulación, que permite a los individuos salir de su país sin que las autoridades prejuzguen sobre sus intenciones; así como la libertad de expresión, se ven así cuestionadas.

Al poner internet en su mirilla, el gobierno [francés] apunta contra todo ciudadano deseoso de informarse y de escapar a las órdenes de creer esto o aquello que promulga el poder. La ley afecta a toda la población en su conjunto, pero no contiene ninguna disposición que apunte directamente contra el terrorismo. Sin embargo, tiene un impacto decisivo sobre el intercambio de información y las comunicaciones a través de internet.

Esta ley no apunta a individuos peligrosos sino contra personas deseosas de leer documentos considerados [por las autoridades] potencialmente peligrosos. Al convertir la intención en delito, esta ley impide al ciudadano informarse sobre todo aquello que el gobierno haya clasificado como «propaganda terrorista» [7]. Las personas tienen por lo tanto que censurar su sentir personal y se ven obligadas a anticipar la mirada del poder sobre su vida privada. Para evitar verse perseguidos, los individuos tienen que dar prueba de iniciativa en el autocontrol de su comportamiento.
Criminalización de Internet

El ministro [francés] del Interior, Bernard Cazeneuve, evitó dar respuesta a los cuestionamientos planteados ante esa ley. Para evadir esos cuestionamientos, el ministro recurrió a verdades a medias, principalmente sobre el tema de la intervención del juez administrativo en el proceso de bloqueo de los sitios web, dando a entender que el juez intervendría sistemáticamente cuando en realidad eso no aparece en el texto de la ley. En efecto, la ley menciona únicamente una supervisión de procedimiento por parte de un magistrado del ámbito judicial, que supuestamente garantizaría «la regularidad de las condiciones de establecimiento, actualización, comunicación y utilización» de los sitios web cuyo acceso se bloquea. Pero este magistrado carece de poder para decidir si el bloqueo del sitio en cuestión se justifica o no.

El informe del Consejo de Estado [francés] sobre elÁmbito numérico y los derechos fundamentales, publicado en septiembre de 2014 [8], también legitima el carácter extrajudicial de las violaciones de la libertad de expresión que se introducen en el derecho francés. Al invocar los «desórdenes mucho más grandes» del orden público que supuestamente podría provocar internet, ese informe se sitúa dentro de la tendencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que considera internet como un espacio fundamentalmente peligroso, justificando así mayores restricciones de la libertad de expresión [9].
Censura automatizada

Además de rehabilitar un poder policial dependiente sólo de los deseos del ejecutivo, el carácter extrajudicial que defiende el Consejo de Estado [francés] legitima la censura privada de internet. Esta última se ha convertido en algo usual desde hace 10 años, a medida que los abusos en materia de jurisprudencia y de legislación ponían en manos de los host, de los motores de búsqueda y de las redes sociales el papel de reguladores de la libertad de prensa. Por ejemplo, según ese informe «no sería realista negar a los actores privados el derecho de decidir cuándo se debe retirar un contenido».

El Consejo de Estado no propone en ningún momento precisar ni limitar la noción de contenido «manifiestamente ilícito», creada por los jueces constitucionales para contrarrestar los riesgos de censura privada, noción que se ha vuelto casi obsoleta debido a una inquietante extensión de la jurisprudencia [10].

El Consejo de Estado prefiere respaldar las tendencias actuales, que ponen en manos de los host y de otras plataformas la responsabilidad de declarar ilegal tal o más cual contenido. El otro argumento que utilizan los defensores de la censura privada consiste en afirmar que la justicia carece de los medios necesarios para ocuparse de los litigios vinculados al uso de internet.

La ligereza del Consejo de Estado [de Francia] en materia de libertad de expresión se confirma cuando leemos la proposición n° 28 de su informe, donde se hace un llamado a dar un carácter automático a la censura imponiendo a los host y demás plataformas la obligación de impedir que se publiquen nuevamente los contenidos ya retirados anteriormente. Esto crea un régimen de «notice-and-staydown» aplicable únicamente mediante el uso de filtros automáticos, «escaneando» las comunicaciones que circulan por internet y corriendo importantes riesgos de incurrir en exageraciones en materia de bloqueo de contenidos [11], lo cual se reconoce por demás en el texto mismo del informe.
Jean-Claude Paye




[1] Jean-Claude Paye, «Loi de programmation militaire. La France est-elle en guerre contre les Français?», Réseau Voltaire, 26 de marzo de 2014. Este artículo está en proceso de traducción al español. Nota de la Red Voltaire.

[2] Assemblée Nationale, «Projet de loi relatif au Renseignement», texto definitivo, texto 542, adoptado el 24 de junio de 2015.

[3] «Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme », Journal officiel n° 263 del 14 de noviembre de 2014.

[4] «Apologie du terrorisme: la loi Cazeneuve, avant-après»,Rue 89, 22 de enero de 2015.

[5] Celine Rastello, «Apologie du terrorisme: les juges vont-ils trop loin?», L’Obs, 21 de enero de 2015.

[6] Assemblée Nationale, «Projet de loi relatif au Renseignement», texto definitivo, texto 542, adoptado el 24 de junio de 2015.

[7] «Loi Terrorisme: Sacrifier les libertés sous prétexte de lutte contre le terrorisme? », La Quadrature du net.

[8] Conseil d’Etat, «Étude annuelle 2014 du Conseil d’Etat - Le numérique et les droits fondamentaux», La Documentation française, septiembre de 2014, p. 229.

[9] «L’Assemblée nationale ferme les yeux sur les dangers du projet de loi “Terrorisme”», La Quadrature du Net, 8 de septiembre de 2014.

[10] «La LCEN, le juge et l’urgence d’une réforme», Wethenet, 27 de abril de 2013.

[11] «Surblocage», La Quadrature du Net.

Las elecciones catalanas y América Latina.

Por Pedro Brieger, director de NODAL, desde Barcelona.






La relación histórica de España con América latina y el Caribe convierte las elecciones parlamentarias catalanas del 27 de septiembre de 2015 en un hecho de suma importancia para nuestra región. La efervescencia que se vive en Cataluña quedó demostrada con la participación del 77 % del padrón, unos diez puntos más que en las anteriores de 2012. Esto refleja la importancia que todos le concedieron a estas elecciones, convertidas en un verdadero referéndum a favor y en contra de la independencia de Cataluña. Los dos partidos que proponen la creación de un Estado independiente lograron casi el 49 por ciento de los votos y 72 escaños, cuatro más de los 68 necesarios para obtener la mayoría parlamentaria.

Ahora se abre un escenario incierto respecto del camino que tomarán para avanzar hacia la creación de un Estado independiente y América Latina deberá tomar nota del proceso pues el gobierno de Madrid se opone a cualquier iniciativa que tome ese camino.

Es conocido que numerosas empresas españolas incrementaron sus inversiones y negocios en nuestra región desde la década del noventa y la marca “España” estuvo asociada en estos últimos años a una “segunda conquista de América” por su participación en la privatización de sectores claves de la economía.

De hecho, algunos de sus principales políticos fungieron de lobbistas políticos y económicos en la región. Es así que en plena crisis argentina en 2001 Felipe González, ex presidente español, estuvo en la Argentina para salvaguardar los intereses de las empresas españolas en el marco de una situación de inestabilidad que podía afectarlas directamente en la Argentina y otros países latinoamericanos.

Tal vez habrá que comenzar a pensar en la distinción entre Cataluña y el resto de España y tomar en cuenta ciertos datos, algo que –de hecho- ya realizan numerosas consultoras españolas cuando señalan que Cataluña representa casi el 20% del PBI español. Según el sitio www.empresaactual.com/ Cataluña concentra también el 18,4% de las empresas activas en España, por sobre el 14,1% de Madrid, aunque ninguna de ellas esté entre las diez mayores del país ya que la mayoría sí son madrileñas.

Pero la política y la economía no son los únicos factores que determinan la influencia de un país. La aparición de Messi globalizó la marca “Barcelona” por sobre la marca España gracias al desarrollo tecnológico muchas veces aportado por las propias empresas españolas. Y si Messi es sinónimo de Barcelona en todo el mundo, Barcelona es Cataluña, tal cual quedó demostrado en los últimos triunfos del Barsa y el despliegue ostentoso de la bandera catalana en cada festejo.

Claro que estas elecciones al parlamento catalán tienen una dimensión que excede por mucho a la pregunta si el Real Madrid y el Barcelona seguirán en la misma liga de fútbol, preocupación que concierne más que nada a los fanáticos del fútbol. Pero el vínculo en todo sentido entre España (incluyendo Cataluña) y América Latina es demasiado importante como para pensar que estas elecciones no tendrán consecuencias. Habrá que estar preparado.

27 sept 2015

Desbaratan taller esclavo que operaba para Grisino y Bross

ARGENTINA
Sobre 25 trabajadores, la AFIP detectó que el 76% no estaba registrado. Vendían la ropa a grandes firmas.

26 de Septiembre de 2015 

La AFIP informó ayer que allanó un taller textil que confeccionaba prendas para las marcas Grisino y Bross. Sobre los 25 trabajadores relevados los agentes detectaron que el 76% no estaba registrado mientras otros tres eran indocumentados. 
El taller, ubicado en La Matanza, funcionaba bajo el sistema de "camas calientes", es decir que hacía a la vez de vivienda de los obreros y guardería.
Había 12 habitaciones en las que vivían los trabajadores, una menor de 16 años embarazada y una decena de niños que eran cuidados por más de 12 horas diarias por dos personas del lugar. 
En el inmueble coexistían el taller de costura y confección, un sector de estampado que no contaba con las condiciones de salubridad necesarias para la utilización de los químicos y, en un local lindero, se encontraban las áreas de planchado y embalaje de las prendas. 
Las empleadas relevadas manifestaron que su jornada laboral duraba entre siete y 20 horas y que, además, limpiaban los baños y el taller, tarea que no les era remunerada. 
Este hallazgo dio lugar a la denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez, quien ordenó el allanamiento del predio y convocó a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, a la vez que informó a la Dirección Nacional de Migraciones, a los efectos de constatar la posible comisión del delito de trata. 
Como resultado del operativo de la AFIP, se detuvieron a dos personas de nacionalidad boliviana: el titular del taller y su hermano, y se secuestraron las prendas y la documentación que comprobaría el vínculo comercial con las firmas Grisino (Creskotec SA) y Bross (Mejlef).
El taller confeccionaba 15 mil prendas mensuales para Crescotek que factura anualmente $ 300 millones, y 3000 remeras para Melfej, que factura $ 80 millones. Y la ganancia era más que considerable, puesto que mientras Grisino abonaba al taller $ 13 por remera, la vendía luego al público a 189 pesos. 
ESPAÑA
Los independentistas controlarán el Parlamento catalán


Con el 97 por ciento de los votos escrutados, los partidos que respaldan la secesión de Cataluña consiguieron en total 72 legisladores, cuatro más de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. La coalición Junts pel Sí --integrada por el partido del presidente regional saliente Artur Mas-- obtuvo el 39,3 por ciento de los votos, seguida por el partido de centroderecha Ciudadanos, con 17,9 por ciento. Las elecciones, transformadas en plebiscito, tuvieron una participación récord del 77 por ciento.

"Exactamente igual que nosotros como demócratas habríamos aceptado la derrota, ahora pedimos (...) que los otros acepten la victoria de Cataluña y la victoria del sí", celebró Mas ante unos 2 mil seguidores reunidos con banderas independentistas en una plaza del barrio gótico de Barcelona. Con una participación histórica del 77 por ciento, la coalición Junts pel Sí, integrada por el partido liberal de Mas (CDC), la progresista ERC y asociaciones civiles, obtuvo 62 de los 135 escaños de la cámara regional. En la cruzada independentista, a los legisladores de Junts pel Sí hay que sumar los 10 que obtuvo CUP, otro partido a favor de la separación de España. En conjunto, conseguirían 72 escaños, superando los 68 diputados correspondientes a la mayoría absoluta que se habían marcado para emprender un proceso de secesión. "Tenemos un mandato democrático (...) y esto nos da una enorme legitimidad para seguir adelante con este proyecto", sostuvo Mas. "Tenemos una mayoría más que suficiente para tirar adelante este proyecto", coincidió su aliado y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Transformados en un plebiscito sobre la secesión, los comicios fueron considerados cruciales por todos los partidos y una gran parte de los 5,5 millones de electores. La relevancia de las elecciones legislativas quedó demostrado en la alta participación (77 por ciento), que superó por 20 puntos a la registrada en las legislativas de 2012.

Tras más de dos años pidiendo un referéndum de autodeterminación como los celebrados en Quebec o Escocia, sistemáticamente denegado por el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, Mas apostó finalmente por convocar estas elecciones anticipadas y dotarlas de un carácter plebiscitario.

"Estoy emocionado y nervioso, hace mucho tiempo que se habla de cómo solucionar este tema y hoy al menos sabremos cuántos hay en cada lado", afirmó Toni Valls, arquitecto de 28 años, tras votar a Junts pel Sí en un barrio acomodado de Barcelona.

Por su parte, Jonatan Sánchez, de 32 años, pintor en una gran empresa de construcción, lo ve muy diferente: "Votaré que no", decía en Badalona, suburbio obrero de la capital. "Mi trabajo podría verse afectado, mi compañía está en Barcelona pero trabaja mucho en el resto de España y el extranjero", explica.

"Tengo el corazón dividido, en el fondo no quiero la independencia, no me convence el separatismo pero estoy harta de que no nos escuchen" en Madrid, afirma Conchi Machado, 61 años, trabajadora de un comedor escolar. "Por eso voto Junts pel si, para ver si por fin nos escuchan y se dan cuenta que aquí pasa algo".

BIENES SECRETOS

ARGENTINA :LA JUSTICIA INVESTIGA LAS PROPIEDADES Y TENENCIAS DEL EX ESPIA

Los tesoros de Stiuso

El juez Casanello encontró en su declaración jurada que tiene medio millón de dólares en efectivo y una o más empresas. La Oficina Anticorrupción piensa que debe haber mucho más por su tren de gastos.
 Por Raúl Kollmann

El juez federal Sebastián Casanello le pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que analice la evolución económica del ex jefe de los espías, Jaime Stiuso, a raíz de la apertura de sus declaraciones juradas. Stiuso tiene depósitos en Miami por 350.000 dólares y como mínimo otros 200.000 dólares, denominados en pesos, en bancos argentinos. A esto se suman empresas y propiedades. A raíz de esta medida dispuesta por el magistrado e impulsada por el fiscal federal Ramiro González, la OA, cuyo titular es Julio Vitobello, le pidió a la Agencia Federal de Inteligencia, al Banco Central, al Registro de la Propiedad Inmueble, a la AFIP, a la Unidad de Información Financiera y otros organismos que aporten datos sobre otras cuentas y propiedades de Stiuso, ya que su situación patrimonial no se condice con los 35.000 pesos que tenía como sueldo en la ex SIDE.
Horacio “Jaime” (el nombre que usaba) Stiuso fue el hombre clave de la inteligencia argentina a lo largo de las últimas décadas, sostenido por varios gobiernos, incluyendo el actual. A raíz de que el Ejecutivo percibió que en la causa AMIA estaba jugando más para el Estados Unidos que para Argentina, fue desplazado de su cargo en diciembre. Desde entonces surgieron distintas denuncias:
- Que desde la SIDE se contrabandeaban insumos y aparatos médicos, como si fuera material de inteligencia. De esa forma se concretó, supuestamente, un millonario negocio ilegal. Es un expediente a cargo del juez en lo Penal Económico, Rafael Caputo.
- Se descubrió una causa trucha contra una empresa, Dark Star Security, a la que se acusó de espiar a favor del Reino Unido. Con esa excusa se realizaron escuchas ilegales a decenas de personas. El fiscal Federico Delgado hizo la denuncia y hoy la causa es instruida por el juez Luis Rodríguez. Otro fiscal, Franco Picardi, ya pidió la indagatoria de Stiuso.
- El ex jefe de Operaciones también está imputado por encubrimiento en la causa AMIA, ya que tenía a su cargo el análisis del entrecruzamiento de llamadas entre sospechosos del atentado, antes y después del ataque contra la mutual judía. Stiuso le enviaba notas al fiscal Alberto Nisman diciendo que ya estaba por concluir el trabajo o que ya estaba concluido y lo cierto es que el entrecruzamiento no figura en ningún lado y, según parece, nunca se hizo. Como es obvio, esa medida de prueba es esencial en casi cualquier investigación y no hay rastros de que se haya hecho. El expediente por encubrimiento está a cargo del juez Julián Ercolini.
- El legislador porteño Gustavo Vera acusó a Stiuso y otros funcionarios por enriquecimiento ilícito. El juez Casanello ordenó que se abra su declaración jurada de bienes y ahora interviene la OA.
En ninguna de estas causas, Stiuso fue llamado todavía a indagatoria. Eso le permite seguir en su cómodo refugio, un paradisíaco resort llamado Portofino, en La Florida, Estados Unidos. Como era su estilo, en febrero pasado Stiuso salió del país por tierra hacia Uruguay –una forma de no dejar demasiados rastros– y de allí pasó a Porto Alegre camino a Miami. Según los registros, salió hacia Uruguay en una lujosa camioneta propiedad de la empresa House to House, uno de cuyos directores, Bernabé Moschella, fue vinculado con una causa de narcotráfico.

Patrimonio

Las declaraciones juradas de bienes de los integrantes de la ex SIDE se guardan, reservadas, en la propia agencia de inteligencia. Sólo se pueden abrir por orden judicial, sobre la base de una denuncia. En el caso que investiga Casanello, el expediente se inició por la denuncia de Vera y finalmente el magistrado ordenó abrir el sobre con la declaración de bienes de Stiuso y de otros agentes de inteligencia. A primera vista, las cifras no encajan con sus ingresos, pero el ex hombre fuerte de la SIDE argumenta que engrosó sus bienes por vía de herencias. El juez querrá saber de quién heredó, cómo se hizo la transferencia de fondos y propiedades. Y, además, la OA pidió informes a varios organismos para saber qué otros bienes figuran a nombre de Stiuso. Lo que consta es que en dos cuentas de ahorro de Miami, Stiuso y su esposa tienen 335.000 dólares; hay otros depósitos en la moneda estadounidense y unos dos millones de pesos en bancos de Argentina. Según parece, Jaime alega que son “propios y herencia”. También menciona que heredó un departamento de 200 metros en San Justo y parece tener cierta afición por los relojes, por cuanto en un momento declaró “once relojes lujosos, valuación desconocida”. Aún así, la impresión de la OA es que hay más, por lo cual le pide al juez que instruya a la AFIP, la UIF, el Registro de la Propiedad y otros organismos para que participen de la investigación e informen.
Uno de los puntos oscuros de la declaración de Stiuso tiene que ver con sus ingresos y sus participaciones en empresas. Jaime afirma que sólo recibe ganancias y tiene acciones en Construcciones y Tecnología, una empresa que fundó con otro ex alto jefe de la SIDE, Horacio García. Sin embargo, es público que Stiuso creó también American Tape y esa empresa no figura en su declaración. Según Vera, alrededor de American Tape –supuestamente dedicada a la importación de material electrónico, en especial cintas de grabación–, surgieron otras empresas, ya que, por ejemplo, American Vial, figura con la misma dirección que American Tape: Jujuy 240. Los entrecruzamientos que aparecen en algunas bases de datos comerciales indican, a primera vista, que hay por lo menos otras seis sociedades en los que Stiuso parece tener participaciones. En cualquier caso, el ex jefe de Operaciones dice que de la única empresa que admite poseer, Construcciones y Tecnología, recibió 215.000 pesos de ganancias en 2014. Será parte de la investigación.
El ex SIDE también registra cobros por 275.000 de lo que llama “ejercicio independiente”. Según parece realizaba trabajos como ingeniero electrónico por cuenta propia, algo que seguramente le pedirán que explique. Ante la AFIP debería tener declarado quienes son sus clientes y, obviamente, tendría que haber pagado impuestos. Su esposa María Cecilia Rossero registra trabajos personales para el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, posee 30 por ciento de una empresa y, con los depósitos que declara, redondea los 350.000 dólares en Miami y los dos millones de pesos en la Argentina que declara la pareja.
La investigación patrimonial de Stiuso, así como la de Nisman, se centra en el delito de enriquecimiento ilícito o lavado de dinero. Sin embargo, es muy posible que los flujos económicos –y tal vez lo que no está declarado– pongan sobre el tapete las relaciones de Stiuso y su vínculo privilegiado con sectores de la inteligencia de Estados Unidos. No es casual que Jaime esté hoy virtualmente refugiado en La Florida. Tarde o temprano alguno de los jueces que lo investigan lo llamará a prestar declaración indagatoria. Habrá que ver en ese momento, probablemente antes de fin de año, si se mantiene en su idílico refugio o vuelve al país a dar respuestas.
raulkollmann@hotmail.com

COMO FUE LA ORGANIZACION DETRAS DE LOS VUELOS DE LA MUERTE

DESAPARECIDOS

Una estructura armada para matar

La fiscalía que actúa en el segundo juicio oral por los crímenes cometidos de la Escuela de Mecánica de la Armada hizo una abrumadora reconstrucción del plan criminal de la Marina, a partir de lo dicho por los sobrevivientes y por los propios victimarios. También puso al descubierto cómo lo estructuraron.
 Por Alejandra Dandan


Uno de los aviones desde los que la Armada arrojaba prisioneros vivos al mar.
Ese día los marinos hacían un traslado. Algunos prisioneros todavía creían que esos números cantados por los Pedros eran de los elegidos que iban a ser liberados o trasladados a granjas de recuperación. Pero entonces, llamaron a Lidia Batista. Ella tenía 35 años. Una de sus compañeras, Liliana Pellegrino, logró ver por debajo de la capucha cómo se la llevaban. Al otro día, sin embargo, volvió a escuchar su voz, la crisis y el llanto. “La habían bajado”, contó Liliana Pellegrino años más tarde. “Le dijeron que le iban a sacar una foto. La pusieron contra la pared, pero en vez de eso le tiraron con un dardo en la ingle. Lidia se desmayó o sintió que se desvanecía, después se despertó en un salón donde había un montón de gente, vomitando y tosiendo. Ella se levantó la capucha y vio que los oficiales estaban mirando a la gente a través de las cortinas. Les dijo: ‘Pero, yo estoy despierta’. Ellos se enfurecieron. Le pegaron. Y la devolvieron al mismo lugar. Pero lo terrible para Lidia –dijo por último su compañera– era que pensaba que había arruinado todo, que había arruinado la salida en libertad, por haber estado despierta.”
Lidia Pellegrino habló de esto durante el segundo juicio oral de la Escuela de Mecánica de la Armada, pero amplió el testimonio en el debate que se realiza en este momento. La fiscal Mercedes Soiza Reilly incorporó esa voz en el tramo de alegatos sobre los vuelos de la muerte. Esa voz es mirada ahora como una de las primeras evidencias obtenidas por los detenidos desaparecidos sobre la metodología de exterminio que primó en el centro clandestino de la ESMA.
Los marinos nombraron a los vuelos de distintas maneras. “Se van para arriba”, se le oía decir al “Tigre” Jorge Acosta. “Van a ser comida de peces”, decían. “Las monjas voladoras”, repetían los del GT. O “¡Aquí el que moleste se le pone un pentonaval y se va para arriba!”.
Al volver de su primer vuelo fallido, Lidia Batista le mostró la herida a Liliana Pellegrino. “Era como un redondel pequeño –dijo ella–, como cuando te pegan con un balín, un poco más grande y negra alrededor. Ella pensaba que era lo que les tiraban a los animales cuando los duermen o los calman.” Lidia le dijo que como tomaba muchos calmantes, sentía que el dardo ni siquiera le había hecho efecto. La fiscalía considera que volvieron a trasladarla entre el 3 y 4 de enero de 1979. Hasta hoy está desaparecida.
La abrumadora reconstrucción que hizo la fiscalía en su alegato tuvo una línea histórica, con voces de los sobrevivientes y también de victimarios. También fue demoledora la reconstrucción de las estructuras secretas de la Armada que permitieron la provisión de aeronaves para los vuelos de la muerte. Ahí se vio el rol de las dos áreas claves: el Comando de Aviación Naval (COAN) y la División de Aviación de Prefectura (DIVA) que dieron recursos, pilotos, aeronaves, tripulantes y mecánicos al vértice ubicado en el poderoso Comando de Operaciones Navales de la Armada (COOP), que fue el órgano encargado de la distribución de recursos para lo que ellos llamaron los “tiempos de guerra” y estaba ubicado inmediatamente debajo del Comandante en Jefe de la Armada.

Los acusados

El juicio ESMA revisa responsabilidades de 6 acusados: tres pilotos de Prefectura y tres del Comando de Aviación Naval. En ese universo están los aviones que durante años se vincularon con los vuelos de la muerte: las escuadrillas de Skyvan de Prefectura. Los Electras, DC3 y los helicópteros Alouette y Seaking de la Aviación Naval. La fiscalía tuvo que volverse experta en técnica y mecánica de aviones para probar que estas naves tenían capacidad para trasladar personas y capacidad de hacer lanzamiento de “carga” en vuelo. Los nombres más conocidos son los de los marinos: Emir Sisul Hess, Julio Poch y el mecánico Rubén Ricardo Ormello, quienes comenzaron a ser investigados por confesiones hechas en medio de juergas o ante sus compañeros de trabajo. Sin embargo, esas confesiones no son las razones por las que llegaron a juicio ni por las que se los acusa. Ese fue uno de los datos que buscó dejar en claro el alegato la fiscalía, cuando remarcó: “Para imputar la responsabilidad penal que les cupo a los nombrados nos valdremos de las pruebas que forman parte de este juicio que permitirán a estos representantes reproducir las estructuras montadas, que incluyen a la aviación naval, como un estamento más del plan sistemático de exterminio”. Una sistemática –explicó– “que significó un trabajo en conjunto, que fue represiva y clandestina y que abarcó a todos los eslabones de la estructura militar. La Armada Argentina se organizó de modo tal que cada miembro aportó una porción de participación al plan criminal que se gestó desde los más altos mandos hasta hacerse efectivo”.

La estructura

En octubre de 2014 este diario anticipó la hipótesis en la que trabajaban parte de los investigadores para revisar pruebas y acusación de los vuelos. La fiscalía recordó esa línea y explicó las razones por las que aquí fue necesario más que en otros tramos hacer la reconstrucción de las estructuras. En los juicios de lesa humanidad las responsabilidades son probadas por testimonios y documentos pero uno de los aspectos centrales es probar el lugar que tuvo cada imputado en la estructura criminal. No se busca probar quién picaneó o torturó a determinada persona, sino si la persona participó del sector de Inteligencia encargado de los interrogatorios ilegales. Esta lógica, sin embargo, se invirtió en cierto momento con los acusados por los vuelos. De pronto, dicen los fiscales, todo el mundo se puso a buscar quién voló en cuál avión. El problema adicional que generó ese camino es que así como los testimonios de los sobrevivientes fueron claves para identificar a represores de la patota del GT, no había lógicamente testimonios que pudieran dar cuenta del último tramo del plan represivo. Nada que diera cuenta de pilotos, ni tripulantes ni mecánicos. Justamente porque de esos vuelos los desaparecidos no volvieron. Por eso, la reconstrucción de la estructura es central para trazar la relación entre aviones, vuelos e imputados. Esa línea piensa a los pilotos y mecánicos como los últimos eslabones necesarios para cumplir el plan. Pero además, en esa reconstrucción, también terminan teniendo sentido las confesiones que luego de toda la reconstrucción se vuelven por cierto todavía más estremecedoras.
“La pregunta que debemos hacernos es: si una Fuerza de Tareas o Grupo de Tareas necesitaba un recurso de la Armada como infantes, barcos o aviones ¿a quién iba a pedirlo?”, preguntó la fiscal. Es decir, si la ESMA no tenía aeronaves cuando necesitaba hacer un traslado, ¿a quién pedía los aviones? “El pedido pasaba del GT a los estamentos superiores hasta llegar al Comando de Operaciones Navales (COOP) –explicó la fiscal– que administraba los recursos de la Armada y era la máxima autoridad operativa para ese entonces.”

Los aviones

En 1975, el Plan Secreto de Capacidades Internas de la Armada Argentina (Placintara) reorganizó los recursos de la Armada en una faz institucional y una faz operativa para lo que llamaron “lucha contra la subversión”. La Armada quedó dividida en 11 Fuerzas de Tareas (FT). Cada Fuerza de Tareas quedó dividida a su vez en Grupos de Tareas (GT). La ESMA era el GT 3 de la Fuerza de Tareas 3 o Agrupación Buenos Aires, por eso GT 3.3. Todas estas estructuras dependían de un área que durante el debate se fue viendo como clave para la provisión de aviones y de recursos de los vuelos de la muerte: es el Comando de Operaciones Navales (COOP).
El COOP estaba ubicado en el organigrama un casillero abajo del Jefe de la Armada y en paralelo con el Estado Mayor Conjunto, en tiempos de paz, era una estructura semidormida pensada para la instrucción y el adiestramiento militar. Pero a partir del Placintara, desplazó al Estado Mayor a un puesto de consulta para ocuparse políticamente de la distribución de recursos para lo que la Armada pensaba como la guerra. Por allí pasaron de hecho los capos de la Armada, como Oscar Antonio Montes o Antonio Vañek. Y en el juicio es importante porque del COOP dependieron las 11 Fuerzas de Tareas y las dos áreas centrales en el manejo de aviones: el Comando de Aviación Naval de la Armada (COAN) –con escuadrillas de Electras, DC3 y helicópteros– y la División de Aviación Prefectura (DAVI), a cargo de los Skyvan (ver cuadro).
La reconstrucción de esas estructuras terminó de hacerse durante el juicio. Fue central el cruce de documentos de las Fuerzas Armadas hecho desde el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y por el Ministerio de Seguridad para Prefectura. Un testimonio clave fue el de la perito Laura Guembe que trabajó en las dos áreas. Los alegatos retomaron su lectura, leyeron reglamentos y proyectaron tramos en la sala. Lo mismo con las Memorias Anuales de Prefectura y de la Armada. Y se cruzaron datos con legajos y documentación interna de la Armada.
El rol del Comando de Aviación Naval
Así se entiende que del COOP dependían tres áreas:
a) el Comando de Aviación Naval (COAN): aviones/ helicópteros/
b) Comando de Infantes de Marina (COIM): personal/ soldados infantes/ recursos para el combate en tierra.
c) Comando de Operaciones Navales (CONA): barcos/ personal.
El Comando de Aviación aportó el sostén logístico aeronaval a las Fuerzas y Unidades destacadas a las órdenes del COOP. “¿Ustedes se preguntarán cómo funcionaron los pedidos aeronavales?”, preguntó la fiscal. “Y específicamente quién puede responder a este interrogante es una vez más: la norma Placintara. La norma es clara, precisa y concreta –acentuó–: el ANEXO “G”, “Logística”, punto 6.5, establece que: las Fuerzas de Tareas elevarán los pedidos de transporte aeronaval al Comando de Operaciones Navales (COOP), quien los aprobará y fijará las prioridades correspondientes”. Una vez que el COOP autorizaba la utilización del recurso disponible, las Fuerzas de Tareas coordinaban sus requerimientos con el Comando de la Aviación Naval, dijo.
Esa lógica de pedidos que se transmitían de sector a sector, echa por tierra una de las defensas de los imputados que dicen que nunca dependieron de la ESMA. Pero además vincula al COOP y el COAN que tuvo “como tarea facilitar las aeronaves a las distintas fuerzas de tareas dependientes de la Armada Argentina, entre ellas al GT de la ESMA”. Esta afirmación, dijo Soiza Reilly, “no es un capricho de estos acusadores, surge de las Memorias Anuales de la Aviación Naval y de los planes militares”.
Sirena: La Memoria Anual de Prefectura 1976 por ejemplo, contiene un dato sobre la participación de las unidades de las fuerzas aeronavales en operativos como el Sirena, un operativo antisubversivo que se hizo entre la Armada argentina y la paraguaya con la finalidad de combinar las Fuerzas Navales.
Cuando la fiscal pronunció la palabra Sirena, en la audiencia de introducción a los vuelos, el abogado del piloto Julio Poch empezó a moverse en la silla. Los papeles de las Memorias Anuales estaban en la causa, pero no se habían visto proyectados en la sala. Poch viene diciendo que es inocente y cuando habló del operativo Sirena dijo que eran operaciones inocuas de “control poblacional”. Soiza Reilly recordó las palabras de Guembe en la audiencia. Ella dijo que el “control poblacional” estaba explicado “en los reglamentos de manera bien clara, no solamente se trataba de saber quiénes poblaban un lugar sino también identificar personas, detenerlas y llevarlas detenidas a determinados lugares”. Eso era el control poblacional del Operativo Sirena –remató la fiscalía– ¡la detención de personas!”. Según su legajo, dijo además, Poch también fue Secretario de los Estados Mayores de Planeamiento de este operativo antisubversivo de tanta envergadura.
Helicópteros: Otro dato de las Memorias Anuales hablan de la relación con los helicópteros. La fiscalía pudo determinar también durante el juicio que entre 1976 y 1979, la Armada tuvo una sola escuadrilla de helicópteros cuya base estaba en la base aeronaval Espora de Bahía Blanca. Ahí había dos tipos de helicópteros: Alouette y Sea King. Pero el dato importante es que pese a lo que dicen los acusados, las Memorias Anuales establecieron la provisión de esos helicópteros para los Grupos de Tareas. “En ellas se menciona el haber destacado helicópteros Alouette y Sea King para colaborar con las distintas fuerzas de tareas Placintara contra el accionar subversivo –dijo ella–. Dos aeronaves familiarizadas con el imputado Sisul Hess. Dos aeronaves que pertenecieron a la única Escuadrilla de helicópteros que existió hasta el año 1979 y que cubrió las necesidades de los grupos de tareas, incluyendo el GT de la ESMA”.
Pero no fue lo único. Otro dato que muestran las inagotables Memorias es la necesidad que hubo en determinado momento de obtener más helicópteros Alouette de parte del Comando de Aviación Naval “a fin de satisfacer los numerosos requerimientos operativos de la Armada”. Los testigos de Sisul Hess dijeron que esos helicópteros no salían de Bahía Blanca o se usaban para el sur del país. Pero la misma Memoria Anual, leyó la fiscal y proyectó, marca “la necesidad de que provean, en un corto plazo, los reemplazos de los aviones DC 3 y C 45, entre otros, ambos aviones de transporte de pasajeros que hoy se vinculan a los hechos materia de investigación”. Esto es, dijo, desde las Memorias Anuales la Armada marcaba las necesidades de la época, “entre ellas, abastecerse de más helicópteros Alouette, para la única escuadrilla de helicópteros existente en esta fuerza, al menos hasta 1979. ¿Se imaginan pensar que toda la flotilla de estos helicópteros Alouette permanecía en la Base Comandante Espora para sólo abastecer al sur de nuestro país? Es un absurdo”, dijo. “Esto nos explicó Hess en su indagatoria, y algunos de sus testigos idearon la misma defensa: que los helicópteros Alouette no abandonaban la zona de Bahía Blanca”. La Memoria Anual del año 1976 “nos demuestra otra cosa –dijo–. Nos dice que los Alouette fueron los helicópteros operativos de la Armada, para colaborar con las fuerzas de tareas distribuidas en todo el país. Además, la misma Memoria Anual, es rica en contenido, porque allí se deja asentado que: los pilotos –oficiales de las escuadrillas– en forma rotativa y permanente harían comisiones en cumplimento de tareas particulares (ya sea: formando grupos especiales, como interrogadores, en el Batallón de Seguridad Coara –FT3–, como custodia Azopardo y/o en el Operativo Independencia en Tucumán”.
La Prefectura en la División de Aviación Naval (DIVA)
El Comando de Aviación Naval no fue la única estructura en juego. Para entonces, Prefectura estaba subordinada a la Armada. El Placintara organizó su relación con el Comando de Operaciones Navales como con el resto de las áreas, un dato que terminó de entenderse en este juicio. En ese contexto, Prefectura tuvo una doble inserción operativa: era la Fuerza de Tareas 4 pero no estaba atada a una jurisdicción específica sino que debía abastecer al resto de las FT como otro recurso a disposición del Comando de Operaciones Navales COOP. En ese sentido, la fiscalía la comparó con el Comando de Aviación Naval (COAN): “La Prefectura tenía su propia División de Aviación (DAVI) que satisfacía, al igual que el COAN, las necesidades de la Armada en materia de sostén logístico aeronaval”. ¿Qué podía ofrecer la Prefectura al COOP?, preguntó. “Conforme los reglamentos y planes militares, debía ofrecer toda su estructura, es decir, sus recursos disponibles: podía ofrecer la División de Aviación con sus aviones y sus pilotos, al igual que personal para integrar los grupos de tareas, bajo la figura del “enlace”. La DAVI tuvo a disposición cinco aeronaves Skyvan con capacidad de transporte y capacidad de lanzar carga en vuelo”.
El método
Todos los sobrevivientes coinciden en afirmar cómo fue la mecánica de los “traslados” dentro del campo de concentración:
n Mencionaron una frecuencia semanal de vuelos, que ocurrían los días miércoles y excepcionalmente algunos sábados y días de semana.
n La existencia de traslados colectivos e individuales.
n Las listas de personas que eran llamadas por número para integrar la fila de prisioneros a ser trasladados.
n Las largas filas de personas engrilladas y encapuchadas.
n El rol de los “Pedros” y guardias, quienes eran los encargados de acondicionar a los cautivos para el traslado.
n Las falsas expectativas generadas a los secuestrados relativas a que serían trasladados a “granjas” y a “campos de recuperación” ubicados en el sur de la Argentina.
n La inyección de pentotal o “pentonaval”; el rol de los médicos y enfermeros, encargados de anestesiar a las víctimas.
n La música estridente y la obligación de bailar al ritmo de la música, que en algunas ocasiones el personal actuante impuso a los cautivos, a quienes engañaban con una posible liberación.
n Los vómitos y el malestar tras ser inyectados.
n Los camiones y los helicópteros dentro del predio para facilitar el traslado de las víctimas hacia las aeronaves que las arrojarían vivas mar adentro.
n Las marcas de arrastre de cuerpos en los pisos del sótano tras la ejecución de un traslado. La cantidad de ropa que retornaba al campo luego del “traslado”.

Hipótesis de conflicto

URUGUAY:Represion y desalojo de estudiantes del CODICEN


GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA, LA CUARTA FUERZA ARMADA GANA TERRENO

(Articulo publicado por ROGER RODRIGUEZ hace dos años)


Hipótesis de conflicto

Carros blindados y fusiles de asalto rusos. Caras pintadas de negro y verde. Son la nueva imagen de la Guardia Nacional Republicana y sus Unidades Nacionales de Operaciones Especiales (UNOE). Policías capacitados para intervenir ante copamientos, secuestros, disturbios civiles, narcotráfico o terrorismo… Las fuerzas armadas los miran con recelo y la sociedad civil con temor.  El gobierno maneja hipótesis de conflictos internos.

ROGER RODRIGUEZ
rogerrodriguez@adinet.com.uy

Mientras en el Parlamento la oposición ensayaba un show mediático con sus críticas a las políticas de seguridad del ministro Eduardo Bonomi, debido a una serie de homicidios que por diversas causales se sucedieron en los primeros días del año, el Ministerio del Interior continúa conformando una unidad policial de prevención y represión del delito que, por primera vez en Uruguay, promete constituirse en una cuarta fuerza armada nacional, que dispondrá de una infraestructura y logística que hasta el momento eran de exclusividad del Ejército, la Armada y la Aviación.

Un millar y medio de hombres. Un tercio de ellos, armados con fusiles de asalto AK 103, con lanzagranadas GP-30. Vehículos todo terreno blindados con cámaras que visualizan 360 grados, y metralla o gas que se dispara desde escotillas en el techo o troneras distribuidas en todo el contorno. Comandos de “Operaciones Especiales”, capacitados en “inteligencia” y entrenados para intervenir en copamientos, secuestros, custodias, disturbios civiles, narcotráfico e, incluso, antiterrorismo… Así se prepara la nueva Guardia Nacional Republicana, para una prevista hipótesis de conflicto interno.

Ni el propio senador nacionalista Jorge Larrañaga, quien lanzó la idea de formar una Guardia Nacional durante la última campaña electoral, podía proyectar las implicancias que tendría la aceptación de su propuesta por parte del presidente José “Pepe” Mujica, quien contó con los votos de la oposición para aprobar el Artículo 231 de la Ley Nº 18.719 del Presupuesto Quinquenal por el cual el viejo Regimiento de la Guardia Republicana, dependiente de la Jefatura de Policía de Montevideo, se transformó en una fuerza con jurisdicción nacional que obedece directamente del Ministro del Interior.

La Guardia Nacional Republicana (GNR), abarca a la Zona Metropolitana, donde permanecen la caballería de la Guardia de Coraceros, los infantes de la Guardia Metropolitana y el grupo de motos “Pumas”; a una Zona Interior donde se formarán “Unidades de Intervención” por departamento; y a las Unidades Especiales, con tareas de “Inteligencia” y jurisdicción sobre explosivos. El Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Metropolitana se convirtió en la Unidad Nacional de Operaciones Especiales (UNOE) que ahora opera en todo el país.

Desde su creación, las unidades de la GNR ya han intervenido en operaciones de apoyo a la Brigada Antinarcóticos en una acción realizada en Toledo, reprimieron a la hinchada de Peñarol, golpeando al viceministro de Vivienda en el estadio Centenario, y protagonizaron los mediáticos “Operativos de Saturación” dispuestos en algunos barrios de Montevideo durante el primer año de la gestión de Bonomi. Sin embargo, el verdadero potencial de la nueva Republicana recién se conocerá cuando terminen de incorporar armas y tecnología, y el personal concluya su capacitación y entrenamiento.

¡Ahí vienen los rusos!

El primer GAZ-233036 Tigr SPM-2, vehículo blindado multifuncional de origen ruso que se fabrica desde 2005 como competencia de los Hammer estadounidenses, se pudo ver sobre 18 de julio cuando lo exhibieron semanas atrás en la explanada de la Intendencia junto a nuevos patrulleros y otros rodados adquiridos por la Policía. El “Tigre” –como le llaman- es un 4x4, todo terreno (hasta lo estacionaron en el lugar para discapacitados), con velocidad de 140 km/h, capacidad de carga de 1,2 toneladas y posibilidad de transportar hasta 12 efectivos. Su presencia, pintado con color camuflaje, impacta. Se asemeja a los “zorrillos” antidisturbios con que los carabineros chilenos reprimen a sus estudiantes.

La compra de tres unidades (a 280 mil dólares cada una) fue firmada en abril de 2011 por el subsecretario Jorge Vázquez, luego que el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) de Río de Janeiro le hiciera una prueba de resistencia del blindaje. El vehículo monitoreado en Brasil estuvo a punto de llegar a Uruguay para el desfile del 25 de agosto último, pero se demoró por trámites aduaneros. El acuerdo se hizo directamente con el representante de la intermediaria estatal rusa Rosoboronexport, Anatoli Zuev, aunque la operación la cierra la empresa Orvent (Montibel SA) por su domicilio local. El paquete incluye el asesoramiento del técnico Vladimir Glebov, que instruirá a los mecánicos policiales y garantizará el suministro de repuestos.

No fue el único negocio con los rusos, quienes han encontrado en Uruguay una de sus plataformas de exhibición para un creciente armamentismo latinoamericano desde los días en que se adquirieron sus camiones “Ural” o gracias a la compra de la AK-101 por parte del Ejército para sus misiones de la ONU en el Congo. En noviembre de 2011, Vázquez, el director general Charles Carreras y el comisario Washington Castillo, viajaron a Moscú, invitados por la consultora Tamasul, para visitar la fábrica Kalashnikov. En diciembre, bajo el sistema de “compra secreta” se adquirieron 500 fusiles de asalto AK-103, 150 Bushmaster M-4, y 200 armas cortas de la fábrica Izhevsk.

Los AK-103, evolución del legendario AK-47, vienen complementados con un lanzagranadas GP-30, visor nocturno, culata plegable al costado, funciones de disparo automática y semiautomática, y sólo tiene un peso de 3,5 Kg. con el cargador lleno. El arma es utilizada por las fuerzas de elite antiterroristas rusas, cuyos comandos destacan la ventaja de disparar con un nivel de ruido muy bajo, que le hacen apta para operaciones de asalto. Las fuentes ministeriales consultadas por Caras y Caretas, no supieron explicar el uso específico que podría darse a estos fusiles en Uruguay, pero “lo mejor es estar preparado”, explicaron.

Los fusiles se compraron para el calibre 7,62x39 mm que en poco tiempo comenzará a producir una fábrica de a Kalashnikov en Venezuela (el presidente Hugo Chávez es un fanático de las AK), lo que permitirá no depender del norteamericano calibre OTAN 5,56X45 mm que utilizan las AK-101 del Ejército uruguayo. Uruguay –como otros países- ya fue sancionado con la quita de ayuda militar norteamericana en el año 2004 por negarse a firmar un acuerdo de inmunidad que impidiera la extradición de ciudadanos estadounidenses si eran requeridos por la Corte Penal Internacional (CPI) creada por el Tratado de Roma para sancionar los crímenes contra la humanidad.
 
La “policialización” militar

El debate político sobre la creación de una Guardia Nacional iniciado en 2009, fue observado desde el silencio por las fuerzas armadas, cuyos mandos descreían de la posibilidad de que el nuevo gobierno del Frente Amplio y la oposición llegaran a ponerse de acuerdo. Sin embargo, desde varios foros de Internet sobre temas militares, se comenzó a advertir sobre algunos riegos e implicancias del surgimiento de una Republicana a nivel nacional y respecto a cuáles serían sus cometidos. En particular, se miraba si algunas de las actividades militares podían ser sustituidas por la policía.

En los hechos, las Fuerzas Armadas han ido “boicoteando” el surgimiento de la Guardia Nacional Republicana. Casi un millar de soldados que tienen la posibilidad de pasar a la policía, con mejoras salariales y de capacitación, no lo han hecho por trabas y presiones impuestas en la interna militar. En la Armada se teme que la Prefectura vuelva a ser una Guardia Costera policial. La Fuerza Aérea no quiere perder su contralor de Infraestructura aeronáutica y el Ejército (que dejaría de inmediato de hacer el perimetraje de las cárceles, si se lo pidieran) sabe que más temprano que tarde se le quitará el control sobre explosivos, municiones y tenencia de armas.

Los mandos policiales que defienden la Guardia Republicana, confiesan sus dificultades de relacionamiento con los mandos militares. “En una ocasión, teníamos que coordinar una operación con la Fuerza Aérea. Les pedimos un helicóptero para personal médico por si se producía un enfrentamiento y había heridos en una operación secreta. Cuando se fue a hacer, el operativo era de conocimiento de media Fuerza Aérea. El oficial de enlace le pareció que no podía dejar de informarle a su mando, que siguió la cadena hasta el propio comandante en jefe. Ese día entendimos que necesitamos nuestros propios helicópteros para actuar…”, explica un jerarca policial.

 “La realidad del mundo está en Uruguay. No somos ajenos. Días atrás en el Borro dos bandas se tiraron con armas automáticas. Los balnearios de gran turismo internacional traen a capos de organizaciones delictivas, que si están marcados con código azul por Interpol sólo se vigilan, pero con el cuidado de que no se crucen con otro grupo enemigo. Las organizaciones que han sido desplazadas de las favelas brasileñas pueden empezar a operar en Uruguay, mientras duren el Mundial 2014 y las Olimpíadas 2016 en Brasil. Expertos colombianos en el tema drogas nos han dicho que acá ya pueden estar operando sus carteles… Todo eso es o será. Y nosotros tenemos que estar preparados para actuar”, agrega la autoridad policial consultada.

Mientras los militares se preocupan por la eventual “policialización” de algunos de sus cometidos, desde la sociedad civil se mira con temor la “militarización” operativa que está viviendo la policía. El entrenamiento de fuerzas especiales con el sistema que aplican las BOPE brasileñas, inspiradas en los marines norteamericanos, alejan a los efectivos policiales de su papel de agentes comunitarios. Fusiles de asalto AK-103, blindados artillados, comandos camuflados y con los rostros pintados de verde y negro, no parecen encajar en la reivindicación del “guardia civil” que se hace desde el gobierno. Si las barbas del vecino arden, hay que poner las propias en remojo o afeitarlas. Pero si se compra una navaja, debe asegurarse de que no vaya a caer en manos de un mono, y, mucho menos, de algún gorila.


SI TIENES ENTRE 18 Y 45

El 11 de febrero, en la localidad de Rincón, departamento de Treinta y Tres, la Guardia Nacional Republicana realizará pruebas a aspirantes a ingresar a la fuerza. Se debe tener entre 18 y 45 años de edad. Hombres debe medir más de 1,68 y mujeres un mínimo de 1,60 cm. Primaria completa aprobada. Carecer de antecedentes penales. Ser aprobado en entrevista con una Junta de la GNR. Aprobar prueba de aptitud física que consta de: máximo de flexiones en barra fija en 60 segundos, extensión de brazos (lagartijas) bajando el pecho hasta la tierra y manteniendo el cuerpo recto en un minuto, máximo de abdominales en un minuto con rodillas a 90 grados con manos detrás de las orejas, salto vertical y agilidad y velocidad, prueba de resistencia con 2.500 metros en un máximo de 12 minutos. Cedula de Identidad y dos fotocopias. Credencial Cívica con constancia de voto y fotocopia de la misma. Jura de fidelidad a la bandera. Certificado de escolaridad original y dos fotos carné. El salario nominal esta en torno a los 16.200 pesos.
(PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 20 DE ENERO DE 2012)