Amnistía exige al Estado facilitar investigaciones para esclarecer delitos de la dictadura
22 de febrero de 2018
Amnistía Internacional exige a las autoridades uruguayas de los tres poderes del Estado tomar las acciones pertinentes para “saldar la deuda histórica para la eliminación de la impunidad por los delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar”. La organización asegura que resulta necesario y urgente “facilitar las investigaciones que permitan el esclarecimiento de la desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1973 y 1985”.
Este jueves 22 de febrero se conoció el informe 2017/18 de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2017.
En un periodo en el que las medidas de austeridad y las catástrofes naturales han sumido a muchas personas en una mayor pobreza e inseguridad, el informe de este año “también pone el foco en los derechos económicos, sociales y culturales”.
Sobre las Américas, Amnistía expresa que en 2017, “la discriminación y la desigualdad seguían siendo la norma en todo el continente”.
“La región seguía sufriendo los estragos causados por los altos niveles de violencia, con oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Los defensores y defensoras de los derechos humanos padecían niveles de violencia cada vez más altos. La impunidad seguía siendo generalizada y las políticas de demonización y división se intensificaron”, remarca la organización.
Amnistía indica que “los pueblos indígenas sufrían discriminación y seguían viendo negados sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido su derecho a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que los afectaban”.
También cuestiona que “fueron pocos los avances de los gobiernos en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)”.
El capítulo sobre Uruguay
En cuanto a Uruguay, Amnistía subraya que nuestro país ha sido destacado en los últimos años por el reconocimiento de una nueva agenda de derechos, sin embargo, “aún existen muchos desafíos a superar vinculados a la resolución de las vulneraciones en materia de derechos humanos cometidas en el pasado reciente y los desafíos de la implementación y efectiva protección de los derechos reconocidos por la vía legislativa en los últimos años”.
Además remarca la preocupación por “la situación de las personas migrantes y refugiadas en Uruguay, las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, las carencias de la recientemente aprobada Ley de Salud mental, los desafíos de la implementación de la Ley de Violencia basada en género y la falta de respuesta estatal a la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI”.
Recomendaciones
Entre las principales recomendaciones se encuentra la necesidad de que Uruguay adopte las medidas necesarias para garantizar la aplicabilidad directa de todos los derechos consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales en todos los niveles del sistema judicial.
Una vez más, el país recibió recomendaciones para que adopte las medidas necesarias para que la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación constituya un mecanismo eficaz de lucha contra la discriminación y se le asignen los recursos humanos, técnicos y materiales adecuados, así como el mandato y autoridad necesarios para su efectividad.
Se solicitó la modificación o derogación de todas las disposiciones legales con contenido discriminatorio contra la mujer, incluyendo aquellas con expresiones vejatorias.
Con relación al derecho al trabajo de las personas con discapacidad, el Comité realizó recomendaciones vinculadas a la necesidad de intensificar sus esfuerzos para la aplicación efectiva de la cuota del 4% de contratación para las personas con discapacidad en todos los ámbitos del sector público.
La incorporación de mecanismos para la inserción laboral de las personas con discapacidad en el sector privado, y la aprobación del Plan Nacional de Equiparación de Oportunidades y Derechos de las Personas con Discapacidad.
En cuanto al derecho a una vivienda adecuada, se solicitó al Estado que revise las medidas adoptadas en materia de vivienda con miras a adoptar una estrategia integral de vivienda social basada en el derecho a una vivienda adecuada y asequible y que cuente con criterios definidos en materia de calidad y habitabilidad.
El Comité exhortó a Uruguay a que tal estrategia dé prioridad a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, asegurando que, en los procesos de desalojo, cuando legalmente corresponda ejecutarlos, se respeten los derechos de las personas afectadas.
También en las observaciones se hacen menciones específicas dirigidas a evitar la criminalización de las personas en situación de calle como lo hace la Ley de Faltas y la figura establecida como “ocupación indebida de espacios públicos”.
Por otro lado, fueron motivo de preocupación los efectos negativos que tienen el uso de agroquímicos en la calidad del agua y en los recursos hídricos por lo que se recomendó “adoptar las medidas necesarias para controlar el uso de agroquímicos y sus efectos sobre la salud pública, y asegurar la implementación adecuada del Plan Nacional de Agua”.
El Estado deberá proporcionar en el mes de noviembre de este año información relativa a los avances de la implementación de las recomendaciones formuladas por el Comité.
Amnistía internacional Uruguay insta al gobierno uruguayo a realizar todos los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a estas recomendaciones.
La organización llevará adelante un trabajo de monitoreo y seguimiento de la implementación efectiva de las observaciones en coordinación con las organizaciones sociales y autoridades gubernamentales que participaron activamente en este proceso de monitoreo del grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Uruguay
Amnistía exige al gobierno uruguayo a mostrar un “mayor compromiso con la protección de las personas refugiadas y migrantes, implementar medidas concretas y remover los obstáculos institucionales y políticos que imposibilitan el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en materia de migración y refugio”.
Pide al gobierno que otorgue presupuesto específico para el desarrollo de políticas migratorias y de refugio.
Hace un llamado para implementar políticas de acogimiento acordes a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y dejar atrás las políticas de restricción, expulsión y criminalización de personas migrantes y refugiadas.
Impunidad por crímenes del pasado
En materia de esclarecimiento de los hechos ocurridos en dictadura, se indica que el Estado, a través de sus tres poderes, ha asumido diversos compromisos con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos en relación a esta materia y, sin embargo, “los ha ignorado sistemáticamente”.
“La lentitud en el tratamiento de las causas judiciales, el mensaje institucional del máximo órgano del Poder Judicial y la posibilidad de acciones similares para las causas en trámite obstaculizarán aún más el avance de los procesos”, indica la organización.
Por ello exige a las autoridades uruguayas de los tres poderes del Estado tomar las acciones pertinentes para saldar la deuda histórica para la eliminación de la impunidad por los delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar.
Resulta necesario y urgente facilitar las investigaciones que permitan el esclarecimiento de la desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos perpetradas entre 1973 y 1985.
Sistema carcelario
Amnistía indica que preocupa que “Uruguay presente una de las tasas de prisionización más altas de la región (321/100.000 habitantes)”.
Además de que las condiciones de reclusión, “no responden a los estándares mínimos internacionales de derechos humanos”.
Persisten en Uruguay las prácticas institucionales que privilegian el encierro y aislamiento social que contradice el principio de excepcionalidad, y resulta especialmente preocupante en el caso del sistema penal juvenil”.
Amnistía Internacional Uruguay insiste en que el Estado uruguayo debe “continuar aplicando las medidas necesarias para terminar con el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, que se de continuidad y se vigile el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por Uruguay en esta materia”.
Salud mental
La organización indica que se mantiene la utilización del concepto “trastorno mental’’, destacando la visión médica-psiquiátrica como legítima para abordar los asuntos de salud mental, lo que mantiene y reproduce la “patologización y los diversos estigmas que le son asociados”.
“De esta forma, se contradice la concepción social e interdisciplinaria de la discapacidad, recogida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por el Estado uruguayo en 2008”.
Se insiste en la necesidad de “respetar los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental y con discapacidad psicosocial y de prever la adecuada asignación de recursos para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en condiciones de encierro en instituciones asilares y monovalentes”.
Violencia basada en género
“La negligencia del Poder Judicial y la falta de controles por parte de la policía en la atención de las denuncias recibidas siguen constituyendo un fuerte obstáculo para el tratamiento y combate de todas las formas de violencia basada en género”.
Preocupa la ausencia de “medidas básicas en la prevención y combate de la violencia de género”.
Amnistía Internacional Uruguay exige al gobierno que “se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de las víctimas de la violencia basada en género”.
La organización pide: “incrementar de manera sustancial el presupuesto destinado a combatir la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes; así como también, desarrollar acciones que se orienten a erradicar la violencia de género como problema social, mediante la sensibilización y la educación en derechos humanos”.
Derechos sexuales y reproductivos
A pesar del reconocimiento normativo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, diversas situaciones ocurridas durante el 2017 “han complejizado su efectiva implementación”.
Uruguay sigue registrando “altas tasas de embarazos en niñas menores de 15 años”.
Por ello, Amnistía hace un llamado al gobierno “para garantizar la efectiva implementación de la Ley de Interrupción voluntaria del embarazo mediante la adecuada dotación de recursos materiales y humanos en centros de salud y mediante la sensibilización en esta materia a operadores judiciales”.
Reitera la necesidad de concretar acciones que garanticen la protección integral de la salud sexual y reproductiva de niñas y adolescentes y tomar medidas para atender un problema tan grave como el embarazo y la maternidad infantil.
Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex
En el informe se reconoce que a pesar de los avances legislativos de los últimos años a través de los cuales se alcanzó la plena igualdad jurídica de las personas LGBTI, “Uruguay carece de una política integral y articulada de lucha contra la discriminación en general, y en particular la que padece la población LGBTI”.
Reitera al gobierno uruguayo la necesidad de “mejorar las condiciones normativas e institucionales para combatir la discriminación ya que, a pesar de la existencia de la ley 17.817 y la Comisión Honoraria que este crea, no existen en los hechos mecanismos efectivos para combatir la discriminación hacia la población LGBTI”.
Uruguay en el consejo de seguridad
Desde enero de 2016 hasta el mes de diciembre de 2017, Uruguay ocupó un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Algunas de las temáticas consideradas prioritarias por Uruguay durante el periodo en el que ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad fueron: la importancia de la protección de los derechos humanos en todas las actividades de las operaciones de paz y la promoción de mayor transparencia en los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad.
Amnistía Internacional destaca el papel que desempeñó Uruguay durante este periodo.
Plan nacional de educación en derechos humanos
En agosto de 2017, se presentó el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Este plan fue elaborado en el marco de la Ley general de Educación, su objetivo es promover y desarrollar una cultura de derechos humanos incluyendo contenidos y abordajes en el ámbito educativo, tanto en la educación formal como no formal y en todos los niveles de la enseñanza.
Amnistía “valora muy positivamente este importante paso, pero es sólo el primero de un amplio recorrido a través del cual será necesario definir la institucionalidad que permita su ejecución, implementación, evaluación y monitoreo para poder observar y controlar el cumplimiento de los objetivos propuestos, los mecanismos de revisión y las estrategias generales de acción y articulación intergubernamental e interinstitucional para su adecuada implementación”.
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