ARGENTINA
Ronald Noble dio precisiones de su correo a Héctor Timerman. Otra maniobra desbaratada en la causa por la muerte del fiscal Nisman23 de febrero de 2018
Noble explicó que el correo lo escribió él mismo en Dubai, desde su cuenta personal. El ex titular de Interpol ratificó que en enero de 2015 le envió un correo al entonces canciller explicitando que seguían vigentes las alertas rojas contra los iraníes acusados en el caso AMIA. Calificó como falsa la versión de que ese correo habría sido redactado en el país.
El ex jefe de la Interpol Ronald Noble salió a desarticular una nueva operación sobre la supuesta falsedad de un correo electrónico enviado por el funcionario del organismo internacional al ex canciller Héctor Timerman. Noble reiteró que las alertas rojas que pesan sobre los iraníes acusados por el atentado de 1994 a la AMIA se mantuvieron sin cambios después del Memorándum con Irán y negó que su actuación en el caso haya tenido “parcialidad” a favor del gobierno de Cristina Kirchner.
A través de su cuenta de Twitter, Noble aportó información que refuta la nota publicada ayer por Clarín, en la cual se afirma que “una pericia de parte de la querella” –que acusa al gobierno de CFK de haber pedido a Interpol que levantara los pedidos de captura sobre los iraníes– “dictaminó que un mail” que le envió a Timerman “fue escrito en computadoras de Cancillería” y que, por lo tanto, sería “falso”. Con esa denuncia se intentó desmentir lo que ya aclararon en múltiples oportunidades Noble y Timerman, sobre la falsedad de que la condición para la firma del memorándum con la república islámica haya sido el cese de las alertas rojas sobre los iraníes.
Aquel correo electrónico estuvo fechado el 16 de enero de 2015, dos días después de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra CFK, y allí Noble fue categórico al afirmar que ni Timerman ni ningún funcionario del gobierno de entonces hicieron gestiones para que se levantaran las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes.
Noble volvió a explicar ayer que ese correo fue escrito desde su cuenta personal y enviado al entonces vicecanciller Eduardo Zuain, quien lo hizo traducir del inglés al español y lo reenvió a Timerman. Es decir que el correo peritado y publicitado por Clarín no es el original escrito por Noble, sino su traducción escrita, sí, en instalaciones del Palacio San Martín.
Por este hecho, Noble calificó de “engañosa” y “falsa” a la información publicada por el diario Clarín. En doce posteos en su cuenta de Twitter dio detalles del caso y rebatió los cuestionamientos en su contra. La última vez que lo había hecho fue el 13 de diciembre pasado, cuando también se había intentado instalar la idea de que CFK pidió levantar las alertas rojas. Entonces, Noble se había ofrecido a declarar como testigo ante la Justicia argentina.
Esta vez, el ex funcionario de la Policía Internacional aseveró que ese mail de 2015 fue emitido desde Dubai a través de su cuenta personal. “Todos sabían que el correo electrónico era privado, no de Interpol”, reforzó.
Por este motivo, acusó al juez federal Claudio Bonadio de haber considerado “erróneamente” que esa nota era parcial, a favor de la postura del gobierno argentino. “Ni Timerman ni Argentina habían pedido que se eliminaran los avisos rojos de AMIA”, reiteró el ex funcionario, una vez más.
Además, dijo haber “declarado en repetidas ocasiones por escrito y a los periodistas que solo él había escrito” ese correo, y subrayó que “nadie en el Ministerio de Relaciones Exteriores podría haber escrito una carta de ese estilo”.
Según dijo, la misiva fue enviada por él desde los Emiratos Árabes a Zuain, “antes de ser traducido por Cancillería y presentado al público. Es por eso que (el original) no se puede encontrar en las bases de datos del Ministerio”, explicó. También ofreció buscar los respaldos en “los registros internos y comunicados de prensa de Interpol”, y hasta dijo que “un experto en informática competente y honesto” lo podría demostrar “que el correo se tradujo a Timerman y que ese archivo creado en computadoras de Cancillería se produjo después de que lo había enviado”, reiteró.
La serie de precisiones aportadas por Noble también cuestiona a la Justicia por negarse a citarlo a declarar en carácter de testigo. Noble planteó que si creen que es parcial o no escribió ese correo, por qué no le preguntan a Interpol “si Timerman o alguien de la Argentina alguna vez solicitó que se eliminen los avisos rojos de AMIA?”.
Informe crítico de Amnistía Internacional sobre la situación argentina. Los retrocesos en derechos humanos
El trabajo del organismo internacional señala la criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales y discriminación de los pueblos originarios. El Gobierno lo calificó como “sesgado y poco riguroso”.
Amnistía habla en su informe del uso excesivo de la fuerza policial y de detenciones arbitrarias. Imagen: Télam
Criminalización de la protesta social.
Amnistía habla en su informe del uso excesivo de la fuerza policial y de detenciones arbitrarias. Imagen: Télam
Criminalización de la protesta social.
Detenciones arbitrarias y muertes en el contexto de reclamos sociales. Criminalización y discriminación a pueblos indígenas. Retrocesos en el reconocimiento de derechos de personas migrantes. Dificultades de mujeres y niñas para acceder al aborto legal. Incumplimiento de la orden internacional de liberar a Milagro Sala. Los seis puntos forman parte del capítulo argentino del informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2017, que difundió ayer Amnistía Internacional (AI) y que incluye un análisis de las violaciones a derechos humanos en 159 países. La directora de AI Argentina, Mariela Belski, destacó además la creciente propagación de noticias falsas para manipular a la opinión pública y advirtió que “la retórica del ‘nosotros contra ellos’ fomenta agresiones que intentan destruir la credibilidad de quienes trabajamos en la defensa e los derechos humanos”. Para el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, el informe de Amnesty Internacional es “sesgado, incompleto y poco riguroso”.
Ya en el análisis de la “perspectiva regional” dedicada a las “Américas”, Amnesty destaca que al cierre del informe “se seguía criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades empleaban procedimientos penales para hostigarlos”, y entre casos de “palizas e intimidación” destaca el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, que en palabras del organismo “murió de manera violenta durante un desalojo” de Prefectura. Al tratar los “derechos de pueblos indígenas”, recuerda que la mayoría de las comunidades no cuentan con el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra que establece la Constitución. Apunta que ya en enero de 2017 la policía de Chubut y Gendarmería cerraron los acceso a la Pu Lof en Resistencia para golpear, intimidar y detener a sus miembros y que en agosto la misma fuerza federal “llevó a cabo una operación ilegal durante la cual desapareció Santiago Maldonado”. En Neuquén, en tanto, el plan de inversión para el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta no contó con la participación de la comunidad Lof Campo Maripe, apunta Amnesty, que toma nota de “procedimientos judiciales para intimidad a pueblos indígenas” y de la detención durante 190 días de Agustín Santillán, líder los wichis en Formosa.
En materia de libertad de expresión y reunión, se destacan las “detenciones indiscriminadas” durante la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo, la represión “con violencia” a los docentes que en abril reclamaban por salarios justos y las 31 personas “violentamente detenidas y retenidas” durante dos días en comisarías tras “una manifestación masiva” por la desaparición de Maldonado. En diciembre, cuando una multitud salió a las calles para repudiar la reforma previsional, “la policía hizo un uso excesivo de la fuerza y hubo denuncias de detenciones arbitrarias”. En el caso de la líder de la Tupac Amaru, “no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de Naciones Unidas que exigió la “liberación inmediata” de Sala, y se atendió sólo “parcialmente” el pedido de la CIDH “ya que las condiciones impuestas” en el arresto actual no cumplen “las normas nacionales e internacionales”.
“Obstáculos para acceder a un aborto legal” en los casos previstos por la ley, resume Amnistía al tratar los derechos sexuales y reproductivos, y recuerda que “la despenalización plena está pendiente de aprobación en el Congreso”. La violencia contra las mujeres implicó “al menos 254 feminicidios” en once meses, en tanto “el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres para 2017–2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.
En el fragmento dedicado a derechos de refugiados y migrantes, Amnistía destaca que “sin debate parlamentario, el gobierno modificó la Ley de Migraciones de 2004 par limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”. Apunta además que pese al compromiso de recibir a 3000 refugiados de Siria, no se creó “ningún programa de reasentamiento” y apenas 400 se beneficiaron de “un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias”.
Ya en el análisis de la “perspectiva regional” dedicada a las “Américas”, Amnesty destaca que al cierre del informe “se seguía criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades empleaban procedimientos penales para hostigarlos”, y entre casos de “palizas e intimidación” destaca el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, que en palabras del organismo “murió de manera violenta durante un desalojo” de Prefectura. Al tratar los “derechos de pueblos indígenas”, recuerda que la mayoría de las comunidades no cuentan con el reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra que establece la Constitución. Apunta que ya en enero de 2017 la policía de Chubut y Gendarmería cerraron los acceso a la Pu Lof en Resistencia para golpear, intimidar y detener a sus miembros y que en agosto la misma fuerza federal “llevó a cabo una operación ilegal durante la cual desapareció Santiago Maldonado”. En Neuquén, en tanto, el plan de inversión para el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta no contó con la participación de la comunidad Lof Campo Maripe, apunta Amnesty, que toma nota de “procedimientos judiciales para intimidad a pueblos indígenas” y de la detención durante 190 días de Agustín Santillán, líder los wichis en Formosa.
En materia de libertad de expresión y reunión, se destacan las “detenciones indiscriminadas” durante la manifestación del Día de la Mujer el 8 de marzo, la represión “con violencia” a los docentes que en abril reclamaban por salarios justos y las 31 personas “violentamente detenidas y retenidas” durante dos días en comisarías tras “una manifestación masiva” por la desaparición de Maldonado. En diciembre, cuando una multitud salió a las calles para repudiar la reforma previsional, “la policía hizo un uso excesivo de la fuerza y hubo denuncias de detenciones arbitrarias”. En el caso de la líder de la Tupac Amaru, “no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de Naciones Unidas que exigió la “liberación inmediata” de Sala, y se atendió sólo “parcialmente” el pedido de la CIDH “ya que las condiciones impuestas” en el arresto actual no cumplen “las normas nacionales e internacionales”.
“Obstáculos para acceder a un aborto legal” en los casos previstos por la ley, resume Amnistía al tratar los derechos sexuales y reproductivos, y recuerda que “la despenalización plena está pendiente de aprobación en el Congreso”. La violencia contra las mujeres implicó “al menos 254 feminicidios” en once meses, en tanto “el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres para 2017–2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.
En el fragmento dedicado a derechos de refugiados y migrantes, Amnistía destaca que “sin debate parlamentario, el gobierno modificó la Ley de Migraciones de 2004 par limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”. Apunta además que pese al compromiso de recibir a 3000 refugiados de Siria, no se creó “ningún programa de reasentamiento” y apenas 400 se beneficiaron de “un plan de patrocinio privado y de visados por razones humanitarias”.
