19 feb 2018

LAS ATROCIDADES DEL CONDOR

CHILE
Sustracción de niños en el pinochetismo mediante adopciones irregulares
19 de febrero de 2018





La justicia de Chile reveló la existencia de una red que facilitó la adopción en países extranjeros de alrededor de 500 niños sustraídos a familias en situación de vulnerabilidad durante la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet.

La entrega de esos niños, mayoritariamente a familias de Estados Unidos, ocurrió durante las décadas de 1970 y 1980, confirmó el juez que investiga el caso, Mario Carroza, en declaraciones publicadas ayer por el diario santiaguino La Tercera.

“Estamos investigando los casos que hubo de sustracción de menores durante el período de 1973 a 1990”, durante el que se extendió la dictadura de Pinochet, y “en razón de ese seguimiento y esa indagatoria, nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular”, explicó Carroza.

El proceso, que se había iniciado con una cantidad limitada de querellas, se amplió a cerca de 500 casos merced a un informe de María Cecilia Erazo, una asistente social y abogada que trabaja como perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que Carroza es magistrado. Por el caso está imputada la asistente social Telma Uribe, de 96 años.

En su informe, la abogada Erazo precisa que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular esas adopciones a países extranjeros, que el sistema que se ocupaba consistía en acreditar judicialmente que un niño se encontraba en situación de abandono por sus padres y que los solicitantes tenían recursos para el cuidado y protección del menor. “Al ser realizado en forma voluntaria, no existió mayor cuestionamiento de parte de los tribunales respecto de la temática” señala el documento al que tuvo acceso La Tercera. Según la investigación, en algunos casos Uribe sugería realizar la legitimación adoptiva en Chile. “Lo anterior puede justificarse desde dos variables, cobrar nuevos honorarios por dicha gestión, o lograr que se destruyeran los documentos originales de los niños para no poder recabar estos a futuro”, subraya el informe.