NAIARA GALARRAGA GORTÁZAR
São Paulo - 06 SEP 2020
Dallagnol, que acaba de dejar el cargo de fiscal jefe de la Lava Jato en Curitiba, en una fotografía de archivo.,VLADIMIR PLATONOW
La mayor investigación contra la corrupción a gran escala en Brasil, la que empezó indagando el blanqueo de dinero en un lavacoches y llevó a la cárcel a un expresidente, entre otros muchos poderosos, está en la cuerda floja. Su futuro es incierto.El caso pierde a su fiscal jefe mientras proliferan las críticas y la Fiscalía decide si renueva el mandato de los investigadores especiales
La mayor investigación contra la corrupción a gran escala en Brasil, la que empezó indagando el blanqueo de dinero en un lavacoches y llevó a la cárcel a un expresidente, entre otros muchos poderosos, está en la cuerda floja. Su futuro es incierto.El caso pierde a su fiscal jefe mientras proliferan las críticas y la Fiscalía decide si renueva el mandato de los investigadores especiales
El caso Lava Jato ha perdido esta semana a su fiscal jefe, las críticas por supuestos abusos cometidos en la cruzada anticorrupción se multiplican -ahora llegan no solo de la izquierda, también de la derecha— y algunas decisiones han sido revocadas. La señal más importante sobre el futuro de las pesquisas llegará antes del día 10, cuando vence el plazo para que la Fiscalía General del Estado decida si prorroga por otro año el mandato de los equipos de fiscales dedicados en exclusiva al caso.
El principal de esos equipos es el de Curitiba, donde nació la investigación, donde Sergio Moro era juez, y donde Lula da Silva, que gobernó Brasil de 2003 a 2011, estuvo encarcelado más de un año. La triunfal entrada (y ruidosa salida) de Moro al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro privó al caso de su principal símbolo. Y ahora acaba de perder al fiscal jefe que desde entonces ha encarnado la investigación a ojos de los brasileños. Deltan Dallagnol, de 40 años, anunció que deja el caso para cuidar de su bebé enfermo. Su salida libera al equipo de 14 fiscales que lideraba en Curitiba de un jefe que, como Moro, está bajo sospecha de parcialidad desde que en 2019 se filtraron los mensajes que revelan estrechos contactos entre juez e investigadores. Ambos, Dallagnol y Moro, están bajo investigación por aquello.
Algunos de los fiscales se sienten tan hostigados por sus jefes que los siete del equipo de São Paulo dimitieron al día siguiente de la salida de Dallagnol al tiempo que acusaban a su superiora de desmantelar su trabajo.
Cuando el caso Lava Jato echó a rodar en Brasil, hace seis años, difícilmente se podría alguien imaginar que destaparía la mayor trama de corrupción de la historia de América Latina. A partir de un sistema de pago de sobornos descubierto en la petrolera estatal Petrobras salieron a la luz múltiples ramificaciones que revelan las relaciones corruptas entre políticos y empresarios en toda la región. Mientras la Lava Jato vive sus horas más bajas en Brasil, el escándalo Odebrecht (un caso derivado que protagoniza la mayor constructora brasileña) gana tracción en México, donde tres expresidentes acaban de ser acusados de recibir mordidas millonarias y en Guatemala un antiguo ministro acusado amenaza con tirar de la manta.
Aunque la cruzada anticorrupción se llevó por delante a la destituida presidenta Dilma Rousseff y fue una de las banderas que impulsaron el triunfo de Bolsonaro, la batalla judicial contra esta lacra languidece y proliferan las críticas, ahora también desde la derecha. Incluso el fiscal general, Augusto Aras, elegido a dedo por Bolsonaro a espaldas de las propuestas de sus pares, ha acusado públicamente a los fiscales especiales de la Lava Jato de excederse. “Es hora de corregir el rumbo para que el lavajatismo no perdure”, afirmó Aras en julio en un debate en el que presumió de que bajo su mandato se acabó el “punitivismo” de fiscales “al acecho de sus presas” y con gusto por el “espectáculo”. “Vamos a seguir persiguiendo los delitos pero dentro del universo de la Constitución y las leyes”, añadió.
La cúpula de la fiscalía que dirige debe decidir antes del jueves 10 si renueva por un año más el mandato de los fiscales especiales del caso que operan desde Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo. Las pesquisas iniciadas en 2014 se han traducido en 210 condenas, incluidas dos contra Lula, que le llevaron a prisión y le impidieron concurrir a las últimas elecciones que ganó el ultraderechista, cuya familia está ahora bajo sospecha por corrupción en un caso de malversación de fondos públicos ajeno a la Lava Jato. El mandatario es investigado por intentar entorpecer las pesquisas policiales sobre sus hijos. Le denunció el antiguo juez y ministro Moro, investigado a su vez a instancias de Lula por violar la imparcialidad exigida. Asuntos todos que convergen en el Supremo, cuyos 11 miembros tienen un protagonismo político indiscutible.
El presidente del Instituto Não Aceito Corrupcão, el fiscal Roberto Liviano, afirmaba en una reciente entrevista: “con el Gobierno Bolsonaro hemos retrocedido en el combate contra la corrupción”.
Gracias a la Lava Jato también se han recuperado para las arcas públicas brasileñas 5.000 millones de reales (950 millones de dólares, 800 millones de euros) mediante el pago de multas y los acuerdos de colaboración. Estos últimos, popularmente conocidos como delaciones premiadas (reduces tu pena a cambio de denunciar a otros), han sido instrumentos clave para que las investigaciones avanzaran pero al mismo tiempo son considerados por muchos acusados y sospechosos de medidas coercitivas ilegales.
Sostiene el especialista en corrupción Livianu que ahora tanto el Ejecutivo como el Congreso y el Senado no tienen interés en la batalla pero recalca que, si los equipos especiales de investigación dedicados a la Lava Jato “dejaran de existir, sería necesario colocar algo en su lugar porque existe una demanda social de luchar contra el crimen organizado y la corrupción a gran escala”. Livianu admite que “cometieron errores, pero quien sigue de cerca su trayectoria sabe que el número de aciertos en mucho mayor”.
Los fiscales de la Lava Jato tienen 400 investigaciones abiertas que abarcan desde contratos de Petrobras con multinacionales a lavado de dinero a través de galerías de arte, según reveló una fuente anónima del equipo a Reuters.
El principal de esos equipos es el de Curitiba, donde nació la investigación, donde Sergio Moro era juez, y donde Lula da Silva, que gobernó Brasil de 2003 a 2011, estuvo encarcelado más de un año. La triunfal entrada (y ruidosa salida) de Moro al Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro privó al caso de su principal símbolo. Y ahora acaba de perder al fiscal jefe que desde entonces ha encarnado la investigación a ojos de los brasileños. Deltan Dallagnol, de 40 años, anunció que deja el caso para cuidar de su bebé enfermo. Su salida libera al equipo de 14 fiscales que lideraba en Curitiba de un jefe que, como Moro, está bajo sospecha de parcialidad desde que en 2019 se filtraron los mensajes que revelan estrechos contactos entre juez e investigadores. Ambos, Dallagnol y Moro, están bajo investigación por aquello.
Algunos de los fiscales se sienten tan hostigados por sus jefes que los siete del equipo de São Paulo dimitieron al día siguiente de la salida de Dallagnol al tiempo que acusaban a su superiora de desmantelar su trabajo.
Cuando el caso Lava Jato echó a rodar en Brasil, hace seis años, difícilmente se podría alguien imaginar que destaparía la mayor trama de corrupción de la historia de América Latina. A partir de un sistema de pago de sobornos descubierto en la petrolera estatal Petrobras salieron a la luz múltiples ramificaciones que revelan las relaciones corruptas entre políticos y empresarios en toda la región. Mientras la Lava Jato vive sus horas más bajas en Brasil, el escándalo Odebrecht (un caso derivado que protagoniza la mayor constructora brasileña) gana tracción en México, donde tres expresidentes acaban de ser acusados de recibir mordidas millonarias y en Guatemala un antiguo ministro acusado amenaza con tirar de la manta.
Aunque la cruzada anticorrupción se llevó por delante a la destituida presidenta Dilma Rousseff y fue una de las banderas que impulsaron el triunfo de Bolsonaro, la batalla judicial contra esta lacra languidece y proliferan las críticas, ahora también desde la derecha. Incluso el fiscal general, Augusto Aras, elegido a dedo por Bolsonaro a espaldas de las propuestas de sus pares, ha acusado públicamente a los fiscales especiales de la Lava Jato de excederse. “Es hora de corregir el rumbo para que el lavajatismo no perdure”, afirmó Aras en julio en un debate en el que presumió de que bajo su mandato se acabó el “punitivismo” de fiscales “al acecho de sus presas” y con gusto por el “espectáculo”. “Vamos a seguir persiguiendo los delitos pero dentro del universo de la Constitución y las leyes”, añadió.
La cúpula de la fiscalía que dirige debe decidir antes del jueves 10 si renueva por un año más el mandato de los fiscales especiales del caso que operan desde Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo. Las pesquisas iniciadas en 2014 se han traducido en 210 condenas, incluidas dos contra Lula, que le llevaron a prisión y le impidieron concurrir a las últimas elecciones que ganó el ultraderechista, cuya familia está ahora bajo sospecha por corrupción en un caso de malversación de fondos públicos ajeno a la Lava Jato. El mandatario es investigado por intentar entorpecer las pesquisas policiales sobre sus hijos. Le denunció el antiguo juez y ministro Moro, investigado a su vez a instancias de Lula por violar la imparcialidad exigida. Asuntos todos que convergen en el Supremo, cuyos 11 miembros tienen un protagonismo político indiscutible.
El presidente del Instituto Não Aceito Corrupcão, el fiscal Roberto Liviano, afirmaba en una reciente entrevista: “con el Gobierno Bolsonaro hemos retrocedido en el combate contra la corrupción”.
Gracias a la Lava Jato también se han recuperado para las arcas públicas brasileñas 5.000 millones de reales (950 millones de dólares, 800 millones de euros) mediante el pago de multas y los acuerdos de colaboración. Estos últimos, popularmente conocidos como delaciones premiadas (reduces tu pena a cambio de denunciar a otros), han sido instrumentos clave para que las investigaciones avanzaran pero al mismo tiempo son considerados por muchos acusados y sospechosos de medidas coercitivas ilegales.
Sostiene el especialista en corrupción Livianu que ahora tanto el Ejecutivo como el Congreso y el Senado no tienen interés en la batalla pero recalca que, si los equipos especiales de investigación dedicados a la Lava Jato “dejaran de existir, sería necesario colocar algo en su lugar porque existe una demanda social de luchar contra el crimen organizado y la corrupción a gran escala”. Livianu admite que “cometieron errores, pero quien sigue de cerca su trayectoria sabe que el número de aciertos en mucho mayor”.
Los fiscales de la Lava Jato tienen 400 investigaciones abiertas que abarcan desde contratos de Petrobras con multinacionales a lavado de dinero a través de galerías de arte, según reveló una fuente anónima del equipo a Reuters.
