Dos niñas argentinas de 12 años, de padres paraguayos, fueron muertas por efectivos de las Fuerzas de
Tarea Conjunta (FTC) en un confuso incidente ocurrido el 2 de setiembre pasado en una alejada zona
rural. Un crimen que no tiene ninguna explicación. Voceros del Gobierno dijeron que ellas vestían
uniformes y que dispararon a los intervinientes.
María Carmen y Lilian Mariana eran hijas de líderes del Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), pero
habían sido llevadas a la Argentina donde fueron inscriptas y estaban viviendo en la localidad de Puerto
Rico, en la provincia de Misiones, junto a familiares que dijeron que las dos viajaron a Paraguay para
visitar a sus padres, pero que no pudieron retornar por el cierre de fronteras a causa de la pandemia.
El 9 de setiembre fue secuestrado de su establecimiento ganadero el exvicepresidente de la República,
Oscar Denis, a pocos kilómetros del lugar donde había ocurrido la muerte de las niñas, en el distrito de
Yby Yau, en el departamento de Concepción. El EPP se declaró responsable. El ministro del Interior,
Eucides Acevedo, calificó el hecho como “una respuesta política”.
El EPP es el grupo armado más consolidado en la región norte de la Región Oriental de Paraguay. Sus
operaciones consisten en ataques a establecimientos ganaderos y forestales, el secuestro de empresarios,
de productores menonitas, las extorsiones, además de ataques a puestos policiales. Viene operando hace
unos 15 años y en varias ocasiones fue denunciado por reclutar menores. Son desprendimientos suyos la Agrupación Campesina Armada (ACA) y el Ejército Mariscal López.
Los tres grupos, sin embargo, apenas superarían los 100 efectivos de acuerdo a publicaciones
periodísticas locales, pero lograron insertarse en regiones de mucha pobreza campesina, con latifundios
ganaderos y cultivos de soja. La mayoría de sus propietarios son brasileños e inmigrantes menonitas
provenientes de diversas partes del mundo. La zona también se distingue por una intensa actividad ilegal
(tráfico de todo tipo).
Sus integrantes demuestran preparación militar y se definen como defensores de los campesinos pobres,
mezclando en sus mensajes las figuras del Mariscal López (1) y el Che Guevara, pero tampoco escapan a las acusaciones de organismos de seguridad y de sectores políticos diversos de que están involucrados
con el narcotráfico.
Pero no son los únicos grupos armados que operan en esa región. También están las bandas mafiosas
integradas por grupos locales y las poderosas facciones brasileñas del Primer Comando Capital (PCC) y
el Comando Vermelho que disputan territorios y negocios ilícitos como las drogas y el tráfico de armas. A ellas hay que agregar a los matones que son contratados para proteger las grandes propiedades rurales. Un informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Codehupy) menciona la cifra provisoria de 117 asesinatos de dirigentes campesinos desde 1989, a cargo de elementos policiales y de estos matones.
Durante el gobierno de Fernando Lugo (2), el aparato represivo había decido reforzar la aplicación de la
salida militar directa a la insurgencia campesina en el norte del país. Las Fuerzas de Tarea Conjunta
(FTC) (3) comenzó a operar en el año 2013, hasta hoy con poco éxito y con denuncias en contra por
corrupción y violaciones a los Derechos Humanos, junto a una descalificación generalizada por una
supuesta actuación displicente, poco profesional. En su defensa, fuentes militares dijeron que no tienen el equipamiento suficiente y los recursos no les llegan en los plazos establecidos.
Hoy se encuentran secuestrados en manos de los grupos armados el suboficial de Policía, Edelio Morínigo (6 años de cautiverio), el ganadero Félix Urbieta (3 años) y ahora el exvicepresidente Denis. El EPP, en una de sus condiciones para liberarlo, exigió la puesta en libertad de dos de sus líderes recluidos en cárceles de la capital del país, petición que adelantaron las autoridades que no la cumplirán por motivos legales.
Diversas agrupaciones de la oposición, analistas y profesionales del campo social coinciden que ante la
situación de extrema pobreza que atraviesa un amplio sector del campesinado no se podrá dar una salida militar a la actividad de los grupos armados. Se necesitan de manera urgente programas efectivos de desarrollo comunitario y de asistencia estatal, con un elemento central como la tenencia y producción de la tierra, en momentos en que el narcotráfico extiende cada vez más su poder y la corrupción socava los organismos policiales y judiciales encargados de los delitos. Al mismo tiempo, la violencia crece en el campo y en las ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero, Capitan Bado y otras, donde las ejecuciones, asaltos y secuestros ocurren a diario entre elementos del crimen organizado y sus tentáculos.
A esta situación actual de alarma se debe agregar el efecto desastroso de la pandemia en términos
económicos y sociales. Datos oficiales mencionan que más de 5 mil empresas medianas y pequeñas
cerraron desde marzo pasado y la situación en algunas ciudades comienza a convulsionar, como en
Ciudad del Este, fronteriza con la ciudad brasileña de Foz de Yguazu, con manifestaciones y protestas
diarias por la clausura de actividades económicas.
La última respuesta del gobierno de Mario Abdo Benítez fue ampliar la presencia militar en la región
norte, con 800 nuevos efectivos policiales y militares.
*Periodista paraguayo
APUNTES:
(1) El Mariscal Francisco Solano López dirigió la resistencia ante las fuerzas de la Triple Alianza (1865-1870) integradas por Brasil, Argentina y Uruguay, con un reducido y mal armado Ejército. Lopez pertenecía a una poderosa familia terrateniente, pero logró convertirse en un líder nacional.
(2) Lugo (2008-2009) fue derrocado por un golpe parlamentario y lo sustituyó su aliado electoral Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y fue designado como vicepresidente el senador Oscar Denis, del mismo partido.
(3) La FTC está integrada por efectivos militares y policiales. En Paraguay es histórica la rivalidad entre la Policía y las Fuerzas Militares.
