Por Marcelo Pereira
En Dec 28, 2021
Algunas noticias totalmente previsibles se vuelven muy significativas al poner en evidencia datos de la realidad que muchas personas no quieren ver. Así sucedió el 20 de diciembre, cuando se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó una vez más a Uruguay por violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado.
Los crímenes que motivaron la condena fueron las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González en diciembre de 1974 y de Óscar Tassino en julio de 1977, y los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio, Silvia Reyes, las llamadas “muchachas de abril”, en ese mes de 1974.
La Corte señala en su fallo que el Estado uruguayo fue responsable, entre otras cosas, de los delitos mencionados, de la omisión de investigarlos cuando se cometieron, de su prolongada impunidad (a la que contribuyó la aplicación de la Ley de Caducidad) y de la desprotección judicial de las familias de las víctimas. Todo esto violó compromisos internacionales asumidos por Uruguay, que además le asignan competencia en este tipo de casos al organismo judicial interamericano.
El Estado uruguayo fue condenado a cumplir con una serie de reparaciones, al igual que cuando la misma Corte lo condenó en el “caso Gelman”, o sea la violación de derechos humanos de la desaparecida María Claudia García, de su hija Macarena Gelman y del poeta Juan Gelman, suegro de María Claudia y abuelo de Macarena.
Las reparaciones correspondientes a esta nueva condena no son sólo económicas: también abarcan, entre otras cosas, la continuación de las investigaciones (incluyendo la búsqueda “rigurosa” de restos de González y Tassino); la identificación y condena de responsables “en un plazo razonable” (esto se refiere muy especialmente a la tolerancia del Poder Judicial ante las chicanas de quienes defienden a los acusados); la conducción de los procesos con el criterio de que los delitos de lesa humanidad no prescriben jamás; y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad que asuma expresamente lo establecido en el fallo. Esto último fue lo que se hizo, en relación con el “caso Gelman”, el 21 de marzo de 2012, en la sede del Poder Legislativo y mediante un discurso del entonces presidente José Mujica.
No cuesta mucho darse cuenta de que los motivos de las dos condenas se reiteran en una gran cantidad de casos pendientes en Uruguay, entre ellos la gran mayoría de las desapariciones forzadas. En nuestro país, los tres poderes del Estado han incumplido durante décadas, con gobiernos de los tres mayores partidos, no sólo mandatos éticos obvios, sino también compromisos con el derecho internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, aún hay quienes sostienen que el Estado uruguayo puede abstenerse de reconocer lo que hizo la dictadura como delitos de lesa humanidad y mantener impunes, por acción u omisión, gran parte de esos crímenes.
Cuando se nos llama la atención, aparecen las acusaciones a fuerzas malignas empeñadas en avasallar nuestra soberanía: el “marxismo cultural”, el Foro de San Pablo, las ONG, los masones u otros presuntos grupos que gobiernan el mundo desde las sombras. Sobran excusas y falta vergüenza.
*Periodista uruguayo, fue editor en la agencia Inter Press Service y profesor de periodismo político en la universidad ORT. Desde 2006, año de su fundación, es editor del diario La diaria
En Dec 28, 2021
Algunas noticias totalmente previsibles se vuelven muy significativas al poner en evidencia datos de la realidad que muchas personas no quieren ver. Así sucedió el 20 de diciembre, cuando se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó una vez más a Uruguay por violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado.
Los crímenes que motivaron la condena fueron las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González en diciembre de 1974 y de Óscar Tassino en julio de 1977, y los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio, Silvia Reyes, las llamadas “muchachas de abril”, en ese mes de 1974.
La Corte señala en su fallo que el Estado uruguayo fue responsable, entre otras cosas, de los delitos mencionados, de la omisión de investigarlos cuando se cometieron, de su prolongada impunidad (a la que contribuyó la aplicación de la Ley de Caducidad) y de la desprotección judicial de las familias de las víctimas. Todo esto violó compromisos internacionales asumidos por Uruguay, que además le asignan competencia en este tipo de casos al organismo judicial interamericano.
El Estado uruguayo fue condenado a cumplir con una serie de reparaciones, al igual que cuando la misma Corte lo condenó en el “caso Gelman”, o sea la violación de derechos humanos de la desaparecida María Claudia García, de su hija Macarena Gelman y del poeta Juan Gelman, suegro de María Claudia y abuelo de Macarena.
Las reparaciones correspondientes a esta nueva condena no son sólo económicas: también abarcan, entre otras cosas, la continuación de las investigaciones (incluyendo la búsqueda “rigurosa” de restos de González y Tassino); la identificación y condena de responsables “en un plazo razonable” (esto se refiere muy especialmente a la tolerancia del Poder Judicial ante las chicanas de quienes defienden a los acusados); la conducción de los procesos con el criterio de que los delitos de lesa humanidad no prescriben jamás; y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad que asuma expresamente lo establecido en el fallo. Esto último fue lo que se hizo, en relación con el “caso Gelman”, el 21 de marzo de 2012, en la sede del Poder Legislativo y mediante un discurso del entonces presidente José Mujica.
No cuesta mucho darse cuenta de que los motivos de las dos condenas se reiteran en una gran cantidad de casos pendientes en Uruguay, entre ellos la gran mayoría de las desapariciones forzadas. En nuestro país, los tres poderes del Estado han incumplido durante décadas, con gobiernos de los tres mayores partidos, no sólo mandatos éticos obvios, sino también compromisos con el derecho internacional de los derechos humanos.
Sin embargo, aún hay quienes sostienen que el Estado uruguayo puede abstenerse de reconocer lo que hizo la dictadura como delitos de lesa humanidad y mantener impunes, por acción u omisión, gran parte de esos crímenes.
Cuando se nos llama la atención, aparecen las acusaciones a fuerzas malignas empeñadas en avasallar nuestra soberanía: el “marxismo cultural”, el Foro de San Pablo, las ONG, los masones u otros presuntos grupos que gobiernan el mundo desde las sombras. Sobran excusas y falta vergüenza.
*Periodista uruguayo, fue editor en la agencia Inter Press Service y profesor de periodismo político en la universidad ORT. Desde 2006, año de su fundación, es editor del diario La diaria
