El juicio circo
El alegato de la vicepresidenta en la causa de Vialidad y el atentado que sufrió
Por Luis Bruschtein
24 de septiembre de 2022
El juez y el fiscal en el equipo Liverpool durante un campeonato en la quinta de Macri
Con jueces y fiscales vinculados de alguna manera con Mauricio Macri y sentada a 20 metros de un senador cuyos asesores defienden a quienes intentaron asesinarla, la situación de Cristina Kirchner es de indefensión y extrema vulnerabilidad.
Algunos medios macristas titularon que la vicepresidenta pidió que investiguen a los fiscales, otros que los denunció porque mentían, pero en realidad lo que hizo fue demostrar, sin lugar a dudas, que mintieron a consciencia. Quedaron muy en evidencia cuando afirmaron que se había reunido con Lázaro Báez y mintieron cuando dijeron que hubo un “apagón” informativo en el Congreso sobre las obras cuestionadas, cuando éstas fueron autorizadas --están las firmas-- incluso por algunos de los legisladores de la oposición que después la acusaron. El día que ellos decían que estaba con Báez en Santa Cruz, ella se encontraba en un acto público en Río Negro. Los fiscales ya sabían que eran acusaciones falsas, igual que muchas otras, pero las usaron de todos modos en el alegato final como si fueran ciertas.
Cristina Kirchner acaba de salvarse de milagro de un atentado y afronta en la justicia causas en las que jueces, fiscales, más camaristas y cortesanos transgreden todas las garantías que aseguran un juicio justo a las personas. Rechazaron todos los planteos realizados por su defensa y permitieron todas las transgresiones realizadas por los fiscales, incluso la incorporación de prueba a último momento para impedir la respuesta de los abogados defensores.
“Los abogados defensores de las personas que intentaron asesinarme son asesores de un senador que se sienta a 20 metros de mi lugar en el Senado”, explicó. Y los camaristas, los jueces y los fiscales que intervienen en las causas donde ha sido acusada juegan al fútbol en la finca Los Abrojos o iban a jugar al paddle en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, su adversario político y el inspirador del discurso de odio contra ella.
Fue elegida dos veces presidenta de la República, senadora y vicepresidenta y sin embargo, esa descripción de su situación en el plano legal la muestra en un punto extremo de indefensión y vulnerabilidad. No es democrático despojar a una personalidad política de sus derechos y garantías para exponerla en un festival permanente de humillación y hasta de crueldad.
Después de los tres años de instrucción y de escuchar a decenas de testimonios, peritos y funcionarios, hay toneladas de motivos para que cualquier tribunal internacional que no esté impregnado de las influencias políticas que se mueven en el Poder Judicial argentino anule este juicio por inexistencia del delito.
Para cualquiera que haya seguido las alternativas de estos tres años de instrucción, el alegato final de los fiscales resultó una broma, una enorme tomada de pelo, una gran mentira del principio al final, porque tomaron las mismas acusaciones que habían sido desmentidas en forma contundente con testimonios y documentación. Lo del encuentro que no existió con Báez, es apenas una muestra del grotesco: ese relato se montó sobre un artículo periodístico falso. Ese día Cristina Kirchner estaba en un acto público en otra provincia. Es un hecho físico, concreto, real, frente a una noticia falsa. Y los fiscales usaron la falsa. Todas y cada una de las afirmaciones del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tuvieron esa falsedad.
Los medios hegemónicos no publican nada de los alegatos de las defensas. Si retuvieran algo de honestidad para sus comentarios, tendrían que hacerlo. Las acusaciones de los fiscales no resisten la más mínima observación. Equivocaron las atribuciones y las fechas en que estaban en actividad los ex funcionarios a los que acusan, o confundieron a la provincia de Mendoza con el apellido Mendoza, del gerente de una constructora. De las 51 obras que conforman la causa, 47 fueron licitadas, administradas y controladas por la provincia. El juicio tendría que haber sido en Santa Cruz, pero allí hubiera sido más difícil convertirlo en un circo de propaganda política como en Comodoro Py.
Estos juicios se han convertido en un enorme espectáculo de descuartizamiento como el de Túpac Amaru, el mismo acto brutal y arbitrario, la misma finalidad disciplinadora, el mismo castigo a los que intenten cambiar el sistema de privilegios.
Al mismo tiempo que Cristina Kirchner alegaba en su defensa, el ex presidente Mauricio Macri, el que juega al paddle con los jueces y fiscales, el dueño de la quinta donde jueces y fiscales juegan al fútbol, anunció que si gana las elecciones, privatizará nuevamente a las jubilaciones, el gran negocio que perdieron las corporaciones durante el gobierno de Cristina Kirchner.
También dijo que privatizaría nuevamente Aerolíneas Argentinas, otro gran negocio que perdieron las corporaciones durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Y aseguró que estaba dispuesto a reprimir las protestas que se produjeran por las pérdidas de fuentes de trabajo. “Un líder tiene que bancar lo que venga, incluso los muertos” amenazó.
En esa enumeración que hace Macri están algunas de las verdaderas causas de la persecución judicial contra Cristina Kirchner. Es una desmesurada demostración de poder en defensa de una sociedad de privilegios. En los años '70, Estados Unidos había convertido en guardianes de sus intereses y de una sociedad con enormes injusticias a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos.
Estos juicios demuestran que ahora el rol de guardián para impedir una democracia con soberanía y justicia social lo cumplen jueces y fiscales respaldados por servicios de inteligencia y por el poder de las corporaciones mediáticas.
En las reuniones que hacía Edward Prado, el embajador que Donald Trump había designado en Argentina para apoyar la persecución judicial contra el peronismo, Claudio Bonadio, un juez con turbios antecedentes, era recibido como si fuera un héroe, con aplausos y vítores cuando hacía su entrada en los salones de la embajada. Era la punta de lanza de esta ofensiva y gracias a los radicales, el PRO y Carrió pasó de ser el juez con más pedidos de juicio político a héroe de la Justicia.
El espectáculo que se montó con estos juicios constituyó una vertiente para la gestación de los discursos de odio contra el peronismo. Se podía ver en los carteles que llevaban algunos de los manifestantes macristas. Ahora se sabe que los que llevaban estos carteles se hacían pasar por espontáneos pero eran militantes de grupos de odio como Republicanos o Revolución Federal.
Los dos discursos, el de la persecución judicial y el de estos grupos ultraderechistas, se retroalimentan entre sí, y coinciden en su función de atemorizar. Evitan el debate democrático y las garantías de juicio justo. Se busca generar temor de manifestarse peronista o de gestionar en función de intereses populares. Si a alguien esta descripción le parece esquemática es porque no siguió honestamente la causa de Vialidad. Y aunque quieran estigmatizar a La Cámpora y a los movimientos sociales, lo concreto es que el discurso de odio es proferido por agrupaciones que se referencian con dirigentes macristas y no peronistas ni kirchneristas.
El discurso de odio tiene un origen muy claro. El macrismo en todas sus variables ha sido su promotor y a esta altura, el que no lo reconozca se convierte en cómplice. El “chorra, te robaste un PBI” o “muerte a la cretina” no tiene ninguna equivalencia en el peronismo o el kirchnerismo.
El discurso de odio generado por el macrismo está en un punto de resquebrajamiento institucional. Cristina Kirchner entendió que si no se corta de cuajo, la democracia no tiene destino y la tragedia puede volver a este país. La propuesta de diálogo fue un intento de romper esa lógica y tendió un puente de plata que la oposición rechazó. O son todos democráticos y rechazan los discursos de odio, o no hay democracia. Es la disyuntiva.
Con jueces y fiscales vinculados de alguna manera con Mauricio Macri y sentada a 20 metros de un senador cuyos asesores defienden a quienes intentaron asesinarla, la situación de Cristina Kirchner es de indefensión y extrema vulnerabilidad.
Algunos medios macristas titularon que la vicepresidenta pidió que investiguen a los fiscales, otros que los denunció porque mentían, pero en realidad lo que hizo fue demostrar, sin lugar a dudas, que mintieron a consciencia. Quedaron muy en evidencia cuando afirmaron que se había reunido con Lázaro Báez y mintieron cuando dijeron que hubo un “apagón” informativo en el Congreso sobre las obras cuestionadas, cuando éstas fueron autorizadas --están las firmas-- incluso por algunos de los legisladores de la oposición que después la acusaron. El día que ellos decían que estaba con Báez en Santa Cruz, ella se encontraba en un acto público en Río Negro. Los fiscales ya sabían que eran acusaciones falsas, igual que muchas otras, pero las usaron de todos modos en el alegato final como si fueran ciertas.
Cristina Kirchner acaba de salvarse de milagro de un atentado y afronta en la justicia causas en las que jueces, fiscales, más camaristas y cortesanos transgreden todas las garantías que aseguran un juicio justo a las personas. Rechazaron todos los planteos realizados por su defensa y permitieron todas las transgresiones realizadas por los fiscales, incluso la incorporación de prueba a último momento para impedir la respuesta de los abogados defensores.
“Los abogados defensores de las personas que intentaron asesinarme son asesores de un senador que se sienta a 20 metros de mi lugar en el Senado”, explicó. Y los camaristas, los jueces y los fiscales que intervienen en las causas donde ha sido acusada juegan al fútbol en la finca Los Abrojos o iban a jugar al paddle en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, su adversario político y el inspirador del discurso de odio contra ella.
Fue elegida dos veces presidenta de la República, senadora y vicepresidenta y sin embargo, esa descripción de su situación en el plano legal la muestra en un punto extremo de indefensión y vulnerabilidad. No es democrático despojar a una personalidad política de sus derechos y garantías para exponerla en un festival permanente de humillación y hasta de crueldad.
Después de los tres años de instrucción y de escuchar a decenas de testimonios, peritos y funcionarios, hay toneladas de motivos para que cualquier tribunal internacional que no esté impregnado de las influencias políticas que se mueven en el Poder Judicial argentino anule este juicio por inexistencia del delito.
Para cualquiera que haya seguido las alternativas de estos tres años de instrucción, el alegato final de los fiscales resultó una broma, una enorme tomada de pelo, una gran mentira del principio al final, porque tomaron las mismas acusaciones que habían sido desmentidas en forma contundente con testimonios y documentación. Lo del encuentro que no existió con Báez, es apenas una muestra del grotesco: ese relato se montó sobre un artículo periodístico falso. Ese día Cristina Kirchner estaba en un acto público en otra provincia. Es un hecho físico, concreto, real, frente a una noticia falsa. Y los fiscales usaron la falsa. Todas y cada una de las afirmaciones del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tuvieron esa falsedad.
Los medios hegemónicos no publican nada de los alegatos de las defensas. Si retuvieran algo de honestidad para sus comentarios, tendrían que hacerlo. Las acusaciones de los fiscales no resisten la más mínima observación. Equivocaron las atribuciones y las fechas en que estaban en actividad los ex funcionarios a los que acusan, o confundieron a la provincia de Mendoza con el apellido Mendoza, del gerente de una constructora. De las 51 obras que conforman la causa, 47 fueron licitadas, administradas y controladas por la provincia. El juicio tendría que haber sido en Santa Cruz, pero allí hubiera sido más difícil convertirlo en un circo de propaganda política como en Comodoro Py.
Estos juicios se han convertido en un enorme espectáculo de descuartizamiento como el de Túpac Amaru, el mismo acto brutal y arbitrario, la misma finalidad disciplinadora, el mismo castigo a los que intenten cambiar el sistema de privilegios.
Al mismo tiempo que Cristina Kirchner alegaba en su defensa, el ex presidente Mauricio Macri, el que juega al paddle con los jueces y fiscales, el dueño de la quinta donde jueces y fiscales juegan al fútbol, anunció que si gana las elecciones, privatizará nuevamente a las jubilaciones, el gran negocio que perdieron las corporaciones durante el gobierno de Cristina Kirchner.
También dijo que privatizaría nuevamente Aerolíneas Argentinas, otro gran negocio que perdieron las corporaciones durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Y aseguró que estaba dispuesto a reprimir las protestas que se produjeran por las pérdidas de fuentes de trabajo. “Un líder tiene que bancar lo que venga, incluso los muertos” amenazó.
En esa enumeración que hace Macri están algunas de las verdaderas causas de la persecución judicial contra Cristina Kirchner. Es una desmesurada demostración de poder en defensa de una sociedad de privilegios. En los años '70, Estados Unidos había convertido en guardianes de sus intereses y de una sociedad con enormes injusticias a las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos.
Estos juicios demuestran que ahora el rol de guardián para impedir una democracia con soberanía y justicia social lo cumplen jueces y fiscales respaldados por servicios de inteligencia y por el poder de las corporaciones mediáticas.
En las reuniones que hacía Edward Prado, el embajador que Donald Trump había designado en Argentina para apoyar la persecución judicial contra el peronismo, Claudio Bonadio, un juez con turbios antecedentes, era recibido como si fuera un héroe, con aplausos y vítores cuando hacía su entrada en los salones de la embajada. Era la punta de lanza de esta ofensiva y gracias a los radicales, el PRO y Carrió pasó de ser el juez con más pedidos de juicio político a héroe de la Justicia.
El espectáculo que se montó con estos juicios constituyó una vertiente para la gestación de los discursos de odio contra el peronismo. Se podía ver en los carteles que llevaban algunos de los manifestantes macristas. Ahora se sabe que los que llevaban estos carteles se hacían pasar por espontáneos pero eran militantes de grupos de odio como Republicanos o Revolución Federal.
Los dos discursos, el de la persecución judicial y el de estos grupos ultraderechistas, se retroalimentan entre sí, y coinciden en su función de atemorizar. Evitan el debate democrático y las garantías de juicio justo. Se busca generar temor de manifestarse peronista o de gestionar en función de intereses populares. Si a alguien esta descripción le parece esquemática es porque no siguió honestamente la causa de Vialidad. Y aunque quieran estigmatizar a La Cámpora y a los movimientos sociales, lo concreto es que el discurso de odio es proferido por agrupaciones que se referencian con dirigentes macristas y no peronistas ni kirchneristas.
El discurso de odio tiene un origen muy claro. El macrismo en todas sus variables ha sido su promotor y a esta altura, el que no lo reconozca se convierte en cómplice. El “chorra, te robaste un PBI” o “muerte a la cretina” no tiene ninguna equivalencia en el peronismo o el kirchnerismo.
El discurso de odio generado por el macrismo está en un punto de resquebrajamiento institucional. Cristina Kirchner entendió que si no se corta de cuajo, la democracia no tiene destino y la tragedia puede volver a este país. La propuesta de diálogo fue un intento de romper esa lógica y tendió un puente de plata que la oposición rechazó. O son todos democráticos y rechazan los discursos de odio, o no hay democracia. Es la disyuntiva.
