Por José Galindo
En 06/01/2024
En 06/01/2024
La celebración de congresos rupturistas en Lauca Ñ y El Alto, el súbito cierre del principal periódico opositor del país, la misteriosa muerte de un interventor encargado de investigar una escandalosa red de corrupción financiera, la adopción de medidas extraordinarias para contrarrestar los efectos de la guerra económica desatada por los Estados Unidos en contra de potencias rivales, son solo algunos de los hechos más trascendentales de este año y que condicionarán en gran medida lo que vaya a suceder en un futuro, tal vez más imprevisible de lo que era apenas unas semanas después de reestablecida la democracia en noviembre de 2020.
Tres tendencias destacan en todo esto: la descomposición y deriva del proyecto de las élites, la fractura oficialista y la reconfiguración del campo popular y los efectos de ambos procesos en la estructura y la estabilidad del Estado, sin mencionar otro tipo de acontecimientos que pueden tener influencia sobre el contexto nacional, pero de orden externo, como la reciente asunción del ultrareaccionario Javier Milei como presidente de Argentina o el barbárico genocidio que se viene perpetrando desde hace dos meses en territorio palestino, que, no obstante, escaparán a los alcances de este espacio, limitado a los sucesos políticos domésticos.
Descomposición del proyecto de las élites
La primera de las tendencias se expresa en la paulatina desorganización del bloque liderado por las élites económicas del Oriente, a la cabeza de: sectores de las clases urbanas del eje central, ONGs financiadas desde el exterior, medios de comunicación de grandes grupos empresariales nacionales e internacionales, plataformas clandestinas de partidos tradicionales en declive, todos en su peor momento, como se puede constatar en los siguientes sucesos que se dieron este año:El fracaso de las protestas por el encarcelamiento del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, confeso instigador del golpe de Estado de 2019, en la llamada “Marcha contra la persecución política”, coordinada a nivel nacional por el Comité Cívico Pro Santa Cruz (Ccpsc) entre el 10 y 12 de enero, de reducida asistencia y limitado alcance territorial. Una movilización similar fue promovida el 18 de abril nuevamente por el Ccpsc en contra de un paquete de leyes del oficialismo calificadas de “mordaza”, también fracasada.
El 11 de febrero Fernando Larach fue elegido presidente del Ccpsc como candidato único, colocando en tela de juicio la capacidad de dicha institución para representar a la sociedad cruceña, debido a su captura unilateral por parte de élites empresariales de la región y en un proceso que no pocos denunciaron de “racista”. La nueva dirigencia anunció en mayo que revisaría la relación del departamento con el Estado, sin mayores consecuencias, debido a la poca representatividad de la misma.
Tres tendencias destacan en todo esto: la descomposición y deriva del proyecto de las élites, la fractura oficialista y la reconfiguración del campo popular y los efectos de ambos procesos en la estructura y la estabilidad del Estado, sin mencionar otro tipo de acontecimientos que pueden tener influencia sobre el contexto nacional, pero de orden externo, como la reciente asunción del ultrareaccionario Javier Milei como presidente de Argentina o el barbárico genocidio que se viene perpetrando desde hace dos meses en territorio palestino, que, no obstante, escaparán a los alcances de este espacio, limitado a los sucesos políticos domésticos.
Descomposición del proyecto de las élites
La primera de las tendencias se expresa en la paulatina desorganización del bloque liderado por las élites económicas del Oriente, a la cabeza de: sectores de las clases urbanas del eje central, ONGs financiadas desde el exterior, medios de comunicación de grandes grupos empresariales nacionales e internacionales, plataformas clandestinas de partidos tradicionales en declive, todos en su peor momento, como se puede constatar en los siguientes sucesos que se dieron este año:El fracaso de las protestas por el encarcelamiento del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, confeso instigador del golpe de Estado de 2019, en la llamada “Marcha contra la persecución política”, coordinada a nivel nacional por el Comité Cívico Pro Santa Cruz (Ccpsc) entre el 10 y 12 de enero, de reducida asistencia y limitado alcance territorial. Una movilización similar fue promovida el 18 de abril nuevamente por el Ccpsc en contra de un paquete de leyes del oficialismo calificadas de “mordaza”, también fracasada.
El 11 de febrero Fernando Larach fue elegido presidente del Ccpsc como candidato único, colocando en tela de juicio la capacidad de dicha institución para representar a la sociedad cruceña, debido a su captura unilateral por parte de élites empresariales de la región y en un proceso que no pocos denunciaron de “racista”. La nueva dirigencia anunció en mayo que revisaría la relación del departamento con el Estado, sin mayores consecuencias, debido a la poca representatividad de la misma.
Entre marzo y abril, de la igual forma, se dieron un conjunto de movilizaciones protagonizadas por el gremio magisterial urbano en contra de la malla curricular propuesta por el Ministerio de Educación, a las que se sumaron todos los sectores de la oposición al gobierno de Luis Arce, incluyendo la facción evista. No obstante, las protestas no lograron hacer retroceder al Gobierno ni el Ccpsc pudo montarse sobre ellas para amplificarlas, a pesar del apoyo oportunista del cooperativismo minero en esos días.
La crisis del liderazgo cruceño y sus instituciones se hizo oficial cuando la titularidad del cargo de gobernador comenzó a ser disputada por el entonces presidente de la Asamblea Legislativa Departamental Zvonko Matkovic en marzo, julio y septiembre de este año, y en la incapacidad del Ccpsc para organizar medidas en defensa de su pasado directorio y su presidente Rómulo Calvo, poco después condenados a diferentes penas por las protestas por el Censo Nacional de finales de 2022.
El campo oligárquico señorial sufriría más reveses en el transcurso del año, entre ellos la revelación de un diario de un padre jesuita español llamado Alfonso Pedrajas, quien habría violado a más de 85 niños a lo largo de toda su vida religiosa, desacreditando inadvertidamente a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y periodistas como Johnny Arandia, quienes salieron en vergonzosa defensa del cura pederasta. Hasta ese momento la CEB operó en los hechos como un apoyo encubierto de las élites y el Ccpsc, hasta su actual caída en desgracia, y de la cual no se ha recuperado todavía.
La crisis del liderazgo cruceño y sus instituciones se hizo oficial cuando la titularidad del cargo de gobernador comenzó a ser disputada por el entonces presidente de la Asamblea Legislativa Departamental Zvonko Matkovic en marzo, julio y septiembre de este año, y en la incapacidad del Ccpsc para organizar medidas en defensa de su pasado directorio y su presidente Rómulo Calvo, poco después condenados a diferentes penas por las protestas por el Censo Nacional de finales de 2022.
El campo oligárquico señorial sufriría más reveses en el transcurso del año, entre ellos la revelación de un diario de un padre jesuita español llamado Alfonso Pedrajas, quien habría violado a más de 85 niños a lo largo de toda su vida religiosa, desacreditando inadvertidamente a la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y periodistas como Johnny Arandia, quienes salieron en vergonzosa defensa del cura pederasta. Hasta ese momento la CEB operó en los hechos como un apoyo encubierto de las élites y el Ccpsc, hasta su actual caída en desgracia, y de la cual no se ha recuperado todavía.
Por si fuera poco, le seguiría el súbito cierre del principal medio escrito de la oposición boliviana, el periódico Página Siete, el 29 de junio, tras 13 años de ataque ininterrumpido al Movimiento Al Socialismo (MAS) y todo su proyecto de gobierno. Aunque al principio sus representantes alegaron la contradictoria explicación de una supuesta asfixia por falta de apoyo financiero del Estado (a pesar de su línea editorial liberal y en contra de la intervención del Estado en la economía), se descubrió que se trató de una clausura resultante de una dudosa administración por parte de su dueño y principal accionista, Raúl Garafulic.
El peor de los golpes para todo el campo opositor, sin embargo, no vendría del campo político sino del económico, con la revelación de un entramado de corrupción planificado por los principales accionistas y directores del Banco Fassil, gestionado por connotados miembros de la élite económica regional, entre ellos, el padre del gobernador convicto. Se sabría luego que una buena parte del financiamiento de las movilizaciones que derivaron en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 se realizaron a través de ese banco, así como otras transacciones que involucraron a varios de sus líderes, sin mencionar la sospecha de lavado de ingresos provenientes del narcotráfico. En todo caso, con su cierre, sumado a la intervención fiscalizadora de la Gobernación, dos de las principales fuentes económicas de las élites opositoras quedaron neutralizadas, dejando todavía más detalles a ser investigados, entre ellos la misteriosa muerte, calificada como suicidio, del interventor Carlos Colodro.
Además de estos acontecimientos, debe mencionarse honoríficamente el desprestigio de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) tras realizar una apología del crimen y el genocidio con su intransigente defensa de los principales paramilitares que ejecutaron el golpe de Estado de 2019, organizando, también, la brutal represión de sectores indígenas y campesinos de la población en esas jornadas. No olvidemos, finalmente, el cierre del juicio abierto en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por las casi 70 muertes perpetradas por su gobierno durante la Guerra del Gas de 2003, tras alcanzarse un acuerdo compensatorio en beneficio de las víctimas y sus familiares, y que deja un precedente en el Derecho Internacional que hará más difícil que un gobernante culpable de genocidio y masacre pueda escapar a los Estados Unidos en busca de impunidad, como venía sucediendo desde hace más de un siglo. En todo caso, queda patente la tendencia a la descomposición del proyecto de las élites económicas alineadas a Washington, con casi todas sus organizaciones eliminadas, neutralizadas o, cuando menos, sin mostrar indicio alguno de recuperación de su iniciativa.
Ruptura oficialista y reconfiguración del campo popular
Por otro lado, parece haber concluido el proceso de ruptura dentro del partido oficialista, en el que ahora se distinguen claramente dos facciones enfrascadas en un antagonismo sin aparente resolución: a un lado está el “evismo”, que actúa en los hechos como la oposición de derechas que agrupa a las élites, aunque con un discurso diferenciado todavía, frente a un “arcismo” que tiene los recursos del Estado a su disposición, pero que todavía compite por la hegemonía sobre las bases sociales que alguna vez monopolizó Morales. A pesar de esta aparente desorganización del Instrumento Político, el campo popular parece dispuesto a reconfigurarse tanto en términos orgánicos como programáticos, en un lapso que tiene en 2024 su fecha de vencimiento definitiva y en un contexto que podría conducir, dependiendo de esta conflictiva dinámica, a una crisis general del Estado de consecuencias imprevisibles.
Sea cual sea el resultado, lo cierto es que el campo popular vive momentos tanto de definición como de ruptura que se expresaron en los siguientes hechos:La celebración del 28 aniversario del MAS-IPSP en la localidad de Ivirgarzama, bastión del expresidente Evo Morales, el 27 de marzo, ocasión en que las principales dirigencias de la sigla oficialista demostraron que eran incapaces de superar sus diferencias constructivamente, mediante pronunciamientos de expulsión del partido, el anuncio prematuro de candidaturas presidenciales y una seguidilla de acusaciones entre sus principales miembros y representantes. Meses antes, el 22 de enero, se evidenció la ruptura casi total entre los legisladores de las facciones “evistas” y “renovadoras” del partido oficialista, que, a partir de ese momento, actuarían como si se trataran de fuerzas políticas diferenciadas.
Le seguiría como hecho significativo el conflictivo Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), para reelegir a su directiva, entre el 18 y el 20 de septiembre, que terminó con actos de violencia perpetrados por ambas partes, pero empeorados tras una intervención policial cuando menos polémica, que dio paso a la emergencia de dos direcciones renuentes a toda negociación: una en respaldo irrestricto al expresidente Morales, y la otra en abierto apoyo al gobierno de Luis Arce, retratando, en todo caso, una división política que superó el nivel de los liderazgos, hasta alcanzar a las propias bases sociales. Un mes antes, el 14 de agosto, similares hechos se dieron en la elección de los nuevos cargos ejecutivos de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), que concluyó con expulsiones, enfrentamientos físicos y la elección de directivas paralelas siguiendo la misma división entre Morales y Arce.
Pero el principal momento de ruptura se daría en el X Congreso del MAS-IPSP, realizado en el municipio evista de Lauca Ñ, donde el exmandatario oficializó su determinación de expulsar al presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca, al mismo tiempo que posicionó una directiva sin la presencia de organizaciones sociales establecida en el estatuto del partido, y con la elección de directivos que no cumplían con dicha normativa, razón por la cual el evento fue impugnado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), empeorando aún más el enfrentamiento entre ambas facciones. Este hecho consuma el paso del “evismo” a la oposición de derecha. La principal conclusión del evento: el anuncio de la candidatura presidencial de Morales.
Finalmente, en respuesta al Congreso de Lauca Ñ se realiza el Cabildo de El Alto, donde participan respectivamente el exPresidente y el actual Presidente de Bolivia, secundados por varias organizaciones sociales que no asistieron al evento auspiciado en el Trópico cochabambino por Morales. Aunque con una indisimulada presencia de funcionarios públicos, ya abiertamente declarados adherentes de la facción “renovadora”, la cita tuvo como principal conclusión la declaración de un manifiesto político de una veintena de puntos donde destacan el desconocimiento de Lauca Ñ, la necesidad de reconducir el Proceso de Cambio, el imperativo de formular una nueva Tesis Política que continúe la Agenda de Octubre que derrocó a Sánchez de Lozada, y la conformación de un Estado Mayor del Pueblo que acompañe la gestión del Gobierno. Una serie de determinaciones que expresan una nueva orientación en el campo popular hacia la reconfiguración del partido, su proyecto y sus liderazgos.
Estos hechos, sin mencionar el pacto de la facción “evista” con bancadas de los partidos de la derecha opositora para viabilizar la reelección de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado, así como los diferentes momentos de intercambios acusatorios o simplemente insultantes entre los representantes de ambos bandos, lejos de anunciar el fin del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, demuestra no solo que una parte de las bases está dispuesta a pelear por la sigla como un elemento existencial, sino también su predisposición a recomponer un horizonte político que vaya más allá de meros liderazgos. En todo caso, un escenario no tan desolador como el que enfrenta actualmente la oposición y el proyecto de las élites señoriales.
Una crisis de Estado en el horizonte ¿evitable?
El trasfondo de todos estos hechos, los buenos y los malos, según el punto de vista de quien los juzgue, contribuye a la erosión del ciclo estatal que atraviesa Bolivia, el del Estado Plurinacional y su distintiva correlación de fuerzas, aunque también, y en no menor parte, gracias a dinámicas que escapan a los límites nacionales. No obstante, la incapacidad del campo popular para imponerse definitivamente a las élites, así sea saldando cuentas internas a un costo político considerable, contribuye al mediado y largo plazo, a situaciones de crisis interna tanto en lo económico, como lo político e institucional, dando paso a situaciones como:La escasez de divisas y la necesidad de aprobar medidas extraordinarias para evitar una crisis de liquidez, que dependen en última instancia de la voluntad de otras fuerzas políticas no muy comprometidas con la viabilidad y la estabilidad del país. Sin mencionar otras circunstancias que requieren de su participación constructiva, como la elección de ciertos cargos.
El agotamiento de las reservas de gas y el modelo fiscal que deriva de su explotación, obligando a buscar otras fuentes de recaudación e ingresos para el Estado que podrían ocasionar mayores episodios de conflictividad.
Una crisis institucional de la Justicia que podría derivar en otra de orden político, al afectar la legitimidad del Estado y el orden democrático como medios para resolver los problemas de la sociedad, dependiendo, nuevamente, de actores políticos de cuestionable responsabilidad y buena fe.
Todas razones para guardar cierta cautela respecto al futuro del Proceso de Cambio, siempre bajo asedio, aunque nunca sin el respaldo del campo popular, ya atado a lo que pueda suceder con el gobierno de las organizaciones sociales. Nada está dicho hasta que llegue octubre de 2025.
* Cientista político boliviano, analista de La Época.
La Época
Todas razones para guardar cierta cautela respecto al futuro del Proceso de Cambio, siempre bajo asedio, aunque nunca sin el respaldo del campo popular, ya atado a lo que pueda suceder con el gobierno de las organizaciones sociales. Nada está dicho hasta que llegue octubre de 2025.
* Cientista político boliviano, analista de La Época.
La Época
