Los secuestros extorsivos del 601

EMPIEZA UN JUICIO CONTRA LEANDRO SANCHEZ REISSE Y OTROS DOS AGENTES DE INTELIGENCIA

Están acusados de haber integrado una asociación ilícita para realizar secuestros extorsivos. El rescate era usado para financiar el aparato represivo y para provecho personal de los represores. Se ventilan tres hechos probados.

El ex espía del Batallón de Inteligencia 601 Leandro Sánchez Reisse.Imagen: Gustavo Ercole

 Por Alejandra Dandan

Los negocios del Batallón de Inteligencia 601, la persecución a empresarios y financistas, los secuestros extorsivos y las operaciones políticas dentro y fuera del país serán parte de lo que a partir de hoy empezará a revisar el nuevo juicio oral a Leandro Angel Sánchez Reisse, uno de los integrantes del 601, de manos pulidas pero considerado una suerte de cerebro entre los hombres de Inteligencia y secuestros extorsivos. El TOF 6 juzgará en este debate a dos de sus socios: Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle. Todos están acusados de haber integrado una asociación ilícita para realizar secuestros extorsivos y financiar el aparato represivo, por al menos tres hechos probados y ocurridos entre fines de los ’70 y comienzos de los ’80.

Leandro Sánchez Reisse nació el 9 de mayo de 1946, es separado de hecho de su segunda esposa, tiene estudios universitarios completos, es licenciado en publicidad y, según su declaración, lleva por ocupación la de comerciante. Esta investigación lo sitúa además, como integrante del Batallón 601, como un hombre conchabado por la DEA a partir de 1979 y, según él mismo lo cuenta, con operaciones en distintos países. En este momento está detenido en Marcos Paz y es una de las figuras principales del juicio que empieza: lo es no sólo por su pasado sino porque su nombre reaparece a lo largo del tiempo, mostrando las trayectorias de los servicios de inteligencia y de seguridad.

“Los imputados resultaron ser integrantes de la asociación ilícita conformada por personas que pertenecían o guardaban alguna vinculación funcional con el aparato represivo que detentó el poder entre los años 1976 y 1983”, señaló el juez Sebastián Casanello en la elevación a juicio. “Esta organización, que destinaba su actuar criminal a la concreción de diferentes secuestros de empresarios y financistas a cambio de rescates por importantes sumas de dinero, se sirvió de armas de gran poder ofensivo y operó con un alto grado de coordinación, en la clandestinidad y bajo el secreto de identidades falsas, y fue avalada por las máximas autoridades del gobierno de facto en el poder durante el período mencionado, en tanto que el beneficio económico obtenido de los rescates se destinaban a la ‘lucha antisubversiva’ y/o en beneficio de sus integrantes.”

El juzgado entendió que Sánchez Reisse era parte de esa asociación que estaba integrada por “personal de Inteligencia de las fuerzas de seguridad, entre ellos Rubén Osvaldo Bufano, Luis Alberto Martínez alias el Japonés, exceptuado del juicio por razo-nes de salud, y Arturo Ricardo Silzle”.

La fiscal Gabriela Sosti, que será parte de la acusación, destaca que la instrucción dio por probado que estos secuestros se realizaban no sólo para beneficio propio, sino que eran una fuente de financiación de la estructura represiva para operaciones dentro y fuera del país.

Los secuestros que se les imputan son tres. Todos están probados y son conocidos. El primero es el de Alberto Martínez Blanco y Alberto Tomasevich, cuñados, dueños del Grupo Puente Hermanos. A ellos, los secuestraron el 20 de septiembre de 1980. Los paró un Ford Falcon con cinco o seis personas armadas. Martínez Blanco fue liberado con el encargo de buscar el dinero del rescate. Tomasevich permaneció secuestrado varias horas, sometido a golpes y descargas eléctricas con los ojos vendados. Lo liberaron tras cobrar 680 mil dólares. Este caso es el origen de la causa, que se inició en noviembre de 2005, con una presentación de Eduardo Barcesat.

Sobre ese expediente se sumaron otros. El secuestro extorsivo del financista David Koldobsky, dueño de Cambio América SA, de principios de 1981. Hubo un intento de cobro de rescate en Suiza que dio lugar a una pesquisa e investigación. Declaró Martínez Blanco y Tomasevich y en esa causa quedaron detenidos en Suiza Sánchez Reisse; la persona que por entonces era su esposa, llamada Mariana Bosch de Sánchez Reisse; también Bufano, Martínez y su esposa, llamada Amalia Covas de Martínez. Fue procesado Ricardo Arturo Silzle. Todos fueron condenados allí por “tentativa de chantaje”.

El tercer caso es el secuestro extorsivo de Fernando Alberto Combal, socio de negocios de Sánchez Reisse, secuestrado el 8 de mayo de 1979 en Buenos Aires. Combal fue liberado al día siguiente tras el pago de 1.200.000 pesos de rescate. Esa investigación estuvo parada hasta los procesamientos de los responsables y de sus esposas en Suiza. Combal también viajó y reconoció a Bufano y Martínez.

Quienes siguen el expediente esperan saber todavía mas durante estos días. Los acusados dieron algunos datos importantes durante las indagatorias. Pese a que se sabe que esas declaraciones también son sus coartadas, algunos datos llaman la atención. Sánchez Reisse, por ejemplo, admitió que inició su relación con la DEA alrededor de 1979 y que habría “realizado diversas operaciones en distintas partes del mundo”, como Colombia, Holanda y Argentina. Dijo que participó de la “Operación Langostino” aunque obviamente negó formar parte de una fuerza represiva en Argentina. En la elevación a juicio, el juez recuerda fragmentos de una declaración que hizo Luis Martínez cuando se hallaba detenido en Suiza. Allí señala que la banda se dedicaba a secuestrar banqueros y financistas a quienes se les adjudicaba afinidad con grupos subversivos, cobrando por sus liberaciones importantes rescates. Dicha actividad era coordinada desde las mismas esferas de los gobernantes del momento y el botín se repartía entre los que participaban del secuestro y los jefes de seguridad que habían ordenado los operativos clandestinos. Igualmente se destaca como punto de conexión el modo en que se desarrollaron los secuestros, como así también el método de postas utilizado para el pago del rescate.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-266932-2015-02-26.html

Rosario y la ruta de la droga

La ciudad argentina se ha convertido en centro del tráfico de estupefacientes y los homicidios se han duplicado
ALEJANDRO REBOSSIO 

Buenos Aires 25 FEB 2015


Redada en un punto de venta en Rosario (Argentina). / F. GUILLÉN


Ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes, sicarios, jefes policiales involucrados en incidentes, un periodista amenazado por publicar los nombres de los narcos... Todo eso ha ocurrido en los últimos cuatro años en Rosario, la tercera ciudad de Argentina. Entre 2010 y 2014, Rosario duplicó su tasa de homicidios, de 10 por cada 100.000 habitantes, similar a la de los peores municipios de la provincia de Buenos Aires, hasta 20,8. El índice en México es de 23,7.

Los datos de homicidios de toda Argentina datan de 2010 y arrojan una tasa de 5,5, el tercer nivel más bajo de Latinoamérica. Pero en los últimos años puede haber empeorado por las peleas sin cuartel que se han desatado no solo en Rosario. En las últimas semanas el secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni, se reunió con el alcalde de Buenos Aires y candidato presidencial, el conservador Mauricio Macri, tras varios tiroteos entre bandas y atentados de sicarios en la capital argentina.

Todo ello ha llevado al papa Francisco a hablar de “mexicanización” de la violencia. La corresponsal mexicana de la agencia Notimex en Argentina, Cecilia González, autora de los libros Narcosur y Todo lo que necesitás saber sobre narcotráfico, critica la comparación: “Para que Argentina se convierta en México tendría que convivir con una frontera de miles de kilómetros con Estados Unidos, el país que más consume y que provee de armas a los carteles. La situación argentina es grave, pero el narco ha crecido en todo el mundo”.

El Papa aludió a México para responder un correo en el que el concejal Gustavo Vera le anticipaba que denunciaría a funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández y de la justicia federal por falta de investigación de denuncias sobre la producción de drogas en Buenos Aires. En su mensaje, Vera recordaba que la ONU ha afirmado que Argentina es el tercer país de origen de cargamentos incautados de cocaína en el mundo, después de Brasil y Colombia. También advertía de que su país es el de mayor consumo de esta droga en Latinoamérica y que sus estudiantes secundarios son los que más usan las drogas sintéticas en esta región. Además, le señalaba que solo dos personas han sido condenadas en Argentina por lavado de dinero y que cinco exfuncionarios, incluido un exsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Gobierno kirchnerista, José Granero, están procesados por tráfico de efedrina.

Entre 2002 y 2009 se multiplicó por más de siete las toneladas de droga incautada en territorio argentino. Entre 2003 y 2011, la cantidad de presos por violaciones de la ley de estupefacientes se incrementó de 3.500 a 6.800. El secretario de Seguridad argentino dijo que en 2013 detuvieron a 4.000 personas por presunto narcotráfico. Los expertos cuentan que la ruta de la droga parte desde Colombia y Perú, hace escala en Bolivia y acaba en Argentina, donde no se produce pero se refina cocaína, donde se consume y se exporta a Europa. Rosario se ha convertido en el centro del tráfico por sus puertos, su expansión inmobiliaria que facilita el lavado de dinero y sus barriadas pobres en las que los narcos hallan sicarios y consumidores, según el periodista Gustavo Sierra, autor del libro Sinaloa-Medellín-Rosario.

Santa Fe, además, alcanzó en 2014 una tasa de homicidios de 30 por cada 100.000 habitantes. Mendoza está en 14,3 y el sur de la ciudad de Buenos Aires, en 13,1.

Los Acuerdos de Minsk 2 no harán milagros

Aunque fuesen escrupulosamente respetados y aplicados, los Acuerdos de Minsk no conducirán a la paz en Ucrania. En primer lugar porque Novorrossia (lo que la prensa atlantista designa como «los separatistas pro-rusos») no ha podido participar en las negociaciones ni firmar los Acuerdos, algo que sólo han podido hacer sus protectores rusos. La otra razón es que la paz en Ucrania no conviene a los intereses de los dirigentes del este de la Unión Europea, quienes han adoptado la rusofobia como única línea política, lo cual resulta extremadamente conveniente para Estados Unidos.
Andrew Korybko
RED VOLTAIRE | MOSCÚ (RUSIA) | 25 DE FEBRERO DE 2015





Los nuevos acuerdos concluidos en Minsk el 11 de febrero de 2015, designados como «Minsk 2» [1], se limitan esencialmente a la conclusión de un frágil acuerdo de cese del fuego en un contexto regional extremadamente tenso.

Es incluso natural que nos interroguemos sobre la sinceridad de los dos principales promotores de esos acuerdos, Francia y Alemania. En cuanto a Estados Unidos, Washington se abstuvo de todo compromiso formal sobre la entrega de armas a Ucrania, pero se reserva el derecho de decidir lo que mejor le parezca, y de decidir solo, independientemente de lo crea la Unión Europea y de que haya combates o no.

¿Qué quieren los europeos?

Se ha tenido muy en cuenta el interés «natural» de Alemania y Francia por la preservación de la paz en Ucrania y hasta se habla de una posible «ruptura» con Estados Unidos por causa de ese aspecto. Pero pocos observadores se interesan por las inmensas ventajas que representa para Alemania y Francia su privilegiada asociación con Estados Unidos.

Veámosla un poco más de cerca:
Las ambiciones de Francia

Dentro de la Unión Europea, Francia es para Alemania un competidor, en muchos sentidos y en el plano interno. Sin embargo, en materia de política exterior, Francia se apoya en la política exterior regional de Berlín, ganando así en estatura a expensas de su socio alemán y atribuyéndose de paso una porción adicional de prestigio.

En ese contexto, Francia mantiene también una estrecha cooperación con Estados Unidos en el occidente y el centro de África y carece de sentido sacrificar esa relación privilegiada oponiéndose frontalmente a los designios de Washington en Ucrania. De todas maneras, para París los asuntos ucranianos caen principalmente en la esfera de influencia y de responsabilidad de Alemania.

Las ambiciones de Alemania

No es necesario detallar aquí la considerable importancia de los intercambios económicos entre Alemania y Rusia, factor conocido sino de todos, al menos de prácticamente todo el mundo. Es mucho más interesante enfocarnos en el sueño onusiano que, según los rumores que circulan aquí y allá, acaricia Angela Merkel. Su aspiración de asumir próximamente las funciones de secretaria general de la ONU pudiera explicar, por un lado, los constantes viajes diplomáticos prácticamente inútiles –exceptuando su aspecto simbólico– que la canciller alemana ha estado realizando últimamente entre Kiev y Moscú, pasando por Munich y Washington.

Pero, a pesar de ese pequeño ballet diplomático, Berlín no contradice la campaña de insultos, de descrédito e infundios que Estados Unidos ha desatado contra Rusia.

La Alemania de la señora Merkel tampoco deplora –sino más bien lo contrario– las desastrosas consecuencias económicas que las medidas adoptadas por Moscú, en respuesta a las sanciones occidentales, están teniendo para los países del este y del sudeste de la Unión Europea. Cínicamente, Alemania no tiene particular interés en evitar esas consecuencias en la medida en que el impacto de las contra-sanciones hace que las economías de los países afectados sean cada vez más dependientes de Berlín. Gracias a esos acontecimientos, Alemania refuerza aún más su influencia sobre los Estados más pobres y más alejados del centro de la Unión Europea.

Estados Unidos enviará armas a Ucrania, con guerra o sin ella

Quienes pretenden que la Unión Europea encontrará, de una u otra manera, la manera de impedir que Washington entregue armas ofensivas a Ucrania, ya sea oponiéndose resueltamente a ese proyecto o convirtiéndolo en una medida inútil gracias a la obtención previa del «regreso a la paz», simplemente se hacen ilusiones.

Es Estados Unidos quien dicta su hoja de ruta a la Unión Europea, no lo contrario. Washington armará a Ucrania sin preocuparse de lo que la Unión Europea pueda pensar al respecto.

Estados Unidos incluso acaba de demostrar que está decidido a ignorar los discursos diplomáticos de la Unión Europea y a imponer el cumplimiento de sus propios planes agresivos, elaborados sin la menor concertación con sus “aliados”: 24 horas antes de la apertura de las discusiones de Minsk, el comandante de las tropas de Estados Unidos en Europa, general Frederick «Ben» Hodges, no encontró nada mejor que anunciar que las fuerzas terrestres estadounidenses garantizarán el entrenamiento de 600 combatientes del ejército ucraniano. Imposible expresar más claramente el desprecio de Estados Unidos por los esfuerzos que la Unión Europea despliega a favor de «la paz».

Y si a pesar de todo llegase a perfilarse un escenario bastante poco creíble en el que los dirigentes europeos se mostraran resueltamente decididos a ejercer y mantener una firme presión sobre Estados Unidos para alcanzar una salida pacífica al conflicto ucraniano, en realidad Francia, Alemania y algunos otros países se hallarían solos a la hora de oponerse a Washington. Polonia, las repúblicas bálticas y Rumania apoyan sin la menor reserva la política abiertamente anti-rusa que Estados Unidos está aplicando en la región. Ante la división ya existente entre el norte y el sur dentro de la Unión Europea, es poco probable que Angela Merkel se arriesgue a agregar otro foco de división entre los Estados del este de Europa hostiles a Rusia y los del oeste, más favorables a un enfoque pragmático de las relaciones con Rusia.

Rusia, ante vecinos ariscos y nada amistosos

Para terminar, resulta evidente la absurda hostilidad de los vecinos situados en las fronteras occidentales de Rusia. Esos países son abiertamente adeptos de una política inamistosa y rusófoba. Las élites polacas, bálticas y rumanas alimentan resentimientos en contra de Moscú y se las arreglan para implicar en sus querellas a Estados Unidos. Al internacionalizar los conflictos bilaterales que los oponen a Rusia y al buscar invariablemente el respaldo de otra gran potencia, esos Estados de segundo nivel y sus políticas exteriores regionales obtienen inmediato acceso a la arena de los grandes, donde se manejan los más importantes objetivos de la política internacional. Y logran así obtener más audiencia en la escena internacional, lo cual favorece de paso la realización de sus ambiciones particulares.

Pero eso tiene su precio porque ese tipo de maniobra es de doble filo y Estados Unidos utiliza a su vez a esos países en beneficio de los objetivos estadounidenses en la región. En este caso, bien puede hacerlo escondiéndose detrás de Polonia y de Rumania para concretar discretamente la entrega de armas a Ucrania.

Mientras esos Estados fronterizos con Rusia mantengan el clima y las posturas ferozmente anti-rusas que hoy prevalecen, seguirán alimentando los focos de tensión con Rusia y tratarán de aprovechar constantemente cualquier oportunidad para solicitar la ayuda de Estados Unidos en la solución de esos conflictos.
Andrew Korybko

Fuente
Oriental Reviewn (Rusia)

[1] «Conjunto de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk», Red Voltaire, 12 de febrero de 2015.

Sovaldi, la voracidad de las farmacéuticas

ESPAÑA

Al año mueren 350 mil personas en el mundo por hepatitis C, pero hoy hay un medicamento muy eficaz que cura el 90 por ciento de los casos: el Sovaldi. Lo malo es que Gilead Scienses, la empresa farmacéutica que posee la patente, lo vende a un precio obsceno. En España, hay 900 mil afectados de hepatitis C y 10 mil muertos anuales, y el Sovaldi se pretendía vender a 60 mil euros por tratamiento. ¡Como un maldito automóvil de lujo!

Xavier Caño Tamayo
FEBRERO DE 2015

Dentro de lo escandaloso del precio, el problema estalla cuando el Ministerio de Sanidad pretende restringir el acceso al Sovaldi sólo a casos muy graves, por razones económicas y no por criterios médicos. Finalmente Gilead acordó con Sanidad suministrar Sovaldi por 25 mil euros por tratamiento. Aún un precio abusivo y escandaloso a todas luces, sobre todo cuando los costos de producción oscilan de 50 a 100 euros por paciente de acuerdo con varios estudios.

Se trata de salvar vidas. ¿Cómo aceptar que se especule con oferta y demanda? Esa basura puede aceptarse con artículos de lujo innecesarios, pero no con la vida. Gilead es una voraz multinacional farmacéutica, creada en un paraíso fiscal, propiedad de grandes fondos de inversión mundiales con ramificaciones en la banca y trasnacionales.

Las trasnacionales de farmacia pretenden justificarse a menudo con el argumento de que dedican mucho dinero y años a la investigación para producir un nuevo medicamento, y han de cobrar caro para poder continuar investigando. Sería casi hermoso si no fuera un embuste. Vicenç Navarro, que ha trabajado años en sanidad pública de Estados Unidos, afirma que “la mayor parte de la investigación para producir un fármaco no la financia la industria farmacéutica, sino los centros de investigación públicos de Estados Unidos. La producción de los principales medicamentos se basa en los resultados de los institutos nacionales de la salud, los prestigiosos centros de investigación sanitaria del gobierno federal. La mayoría de costos de investigación no recaen en la industria farmacéutica, sino en el Estado”. Y añade que muchas empresas farmacéuticas además registran como gastos de investigación los que son de mercadotecnia, relaciones públicas y publicidad. Para hinchar más la factura final.

En España, la Coordinadora contra la Privatización de la Sanidad de Madrid asegura que el Sovaldi se desarrolló con fondos públicos. Y el blog La ciencia y sus demonios insiste en ello. Cuando se indaga sobre el financiamiento de los estudios de investigación, asegura, se averigua que todos, incluidos los básicos para el Sovaldi y otros antivirales patentados, han sido financiados durante más de 20 años por agencias públicas estadunidenses.

¿Por qué, tras financiar con dinero público la investigación básica, se transfiere al sector privado el desarrollo de los medicamentos y los beneficios monetarios? Porque el sector farmacéutico es tal vez uno de los más poderosos y de los más implacables.

El truco indecente de las farmacéuticas es registrar una molécula, una fórmula, como suya, patentarla. Y da igual si esa fórmula es fruto de su investigación, ha sido financiado con recursos públicos o la han robado a indígenas, como llevan haciendo hace décadas. Lo que les vale es que este sistema capitalista les reconoce una propiedad intocable.

De la voracidad y amoralidad de la industria farmacéutica hay mucho que hablar. Qué cabe esperar de esa industria lo indica una declaración del consejero delegado de Bayer, Marijn Dekkers, al responder por qué un fármaco suyo era muy caro: “En Bayer no desarrollamos un medicamento para los indios, sino para los pacientes occidentales que pueden permitírselo”.

Y el ganador del Premio Nobel de Química de 2009, Thomas Steitz, denunció hace tiempo que las farmacéuticas no invierten ni un centavo en investigar antibióticos que curen definitivamente, sino en medicamentos que el paciente haya de tomar toda la vida. “Muchas grandes farmacéuticas han cancelado sus investigaciones de antibióticos porque curaban a la gente y ellas quieren fármacos que haya que tomar siempre, no que curen”, declaró.

La industria farmacéutica es uno de los sectores económicos más potentes del mundo. Una lista de las 500 mayores empresas del mundo mostraba hace unos años que los beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superaban los beneficios de las otras 490 empresas de la lista. De ello y de lo denunciado antes se deduce que son lo más voraz y amoral del actual capitalismo por desposesión.
Xavier Caño Tamayo

Fuente
Contralínea (México)

¿Dónde está el poder?

No es infrecuente que hablemos en este espacio de los poderes fácticos concentrados de tipo económico. Esta categoría de análisis de la realidad, pese a lo extenso y aparentemente complejo de su descripción, se refiere a un fenómeno sencillo que puede apreciarse sin más teoría que la justa y necesaria para formar la categoría: el poder real, en todo el mundo, hace décadas dejó de estar en los Estados nacionales y pasó a manos privadas.

¿De quiénes son esas manos? De unos pocos que controlan las corporaciones y concentran en ellas cada vez más poder a medida que van ocupando y dominando distintos sectores de la economía. Dichas corporaciones dirigen principalmente (además de muchas otras) las siguientes actividades económicas, constituyendo monopolios en muchos casos:

• Las grandes empresas multinacionales;
• Las empresas de transporte y telecomunicaciones;
• Los bancos privados, nacionales e internacionales;
• Los grandes conglomerados de especuladores financieros, cuya máxima expresión en la hora son los fondos buitre;
• Los medios de comunicación dominantes (que finalmente ofician de voceros y difusores de la ideología corporativa, dándole laapariencia de legitimidad que necesita para operar, mediante la colonización del sentido común).

¿En qué nos afecta todo esto? El único poder con verdadera legitimidad es el poder que emana del conjunto del pueblo, el que desde la Revolución burguesa de 1789 en Francia, y luego en el resto de Europa, se materializa en la forma de Estado nacional moderno. Ya sea mediante el poder popular directo (como en el caso de Cuba) o por el voto de la mayoría en elecciones democráticas, el pueblo debería elegir a sus representantes, los que tendrían la responsabilidad de dirigir el Estado y gobernar, por lo tanto, atendiendo a los intereses populares.

No obstante, esto no ocurre en la práctica: con el corrimiento del poder real desde el Estado hacia las corporaciones, las sociedades pasan a ser gobernadas por un poder fáctico de tipo económico que no se somete a la voluntad popular ni rinde cuentas de sus actos y decisiones. Esto resulta en la pérdida de la soberanía popular, ya que los representantes electos por el voto del pueblo no pueden gobernar y hacer aquello que el pueblo espera de ellos: deben atender a los intereses de las corporaciones, porque enfrentarlas sin apoyo popular les puede costar incluso la vida.

¿Cómo puede recuperarse la soberanía popular? Quitándole el poder a las corporaciones y devolviéndolo al Estado. No se trata de una tarea sencilla, desde luego; el poder fáctico suele utilizar armas culturales (la difusión de su ideología a través de los medios de comunicación que poseen), armas económicas (pueden, por ejemplo, promover escaladas de precios y corridas bancarias/cambiarias, o incluso desabastecer a la sociedad), armas políticas y jurídicas (corrompiendo a dirigentes políticos, jueces, fiscales y demás, para que defiendan sus intereses particulares) y también, en última instancia, armas reales (invasión de países por parte de los ejércitos de sus Estados títere, como los Estados Unidos, Europa occidental e Israel, o la promoción y financiación de golpes allí donde la política se esté fortaleciendo).

Los defensores del poder fáctico ―intelectuales orgánicos de las clases dominantes, como diría Gramsci hoy, si viviera― suelen argumentar que sería peligroso volver a concentrar el poder en el Estado, alegando que ello podría derivar en un absolutismo y en la suspensión de los “derechos individuales”. Pero, ¿de qué derechos individuales hablan? Del derecho a la propiedad privada de los medios de producción y el derecho a la libertad de hacer negocios, que son derechos individuales, es cierto, pero exclusivos a unos pocos individuos (precisamente aquellos que poseen medios de producción y tienen capacidad económica para hacer negocios). Bajo el gobierno absolutista de las corporaciones, la gran mayoría de los ciudadanos no tenemos derechos individuales. Ni siquiera, como hemos visto, el derecho de elegir nuestros representantes de hecho.

Debemos, en suma, derrotar a las corporaciones económicas y someterlas al poder político del Estado. El que ese poder tenga en el futuro eventualmente algún signo indeseable es algo que estaría por definirse y que podríamos evitar políticamente, puesto que en la política todos podemos participar, opinar y dirigir. En la economía no, porque allí o se es propietario o no se es nada.

¿Por qué EE.UU. envía tropas a Perú?

La reciente autorización que ha concedido Perú a la entrada en el país de miles de soldados estadounidenses con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, es una expresión de la estrategia continental de dominación de EE.UU., opina un autor del portal Rebelión.

24 feb 2015

REUTERS/Lucas Jackson

La agresividad imperialista de EE.UU. contra los países de América Latina se manifiesta de manera constante, denuncia Gustavo Espinoza M. en su artículo publicado por el portal Rebelión. En Perú, actualmente se concreta el autorizado ingreso de unos 4.000 soldados de EE.UU. bajo el pretexto de "combatir el narcotráfico y el terrorismo".

Según la información del autor, dos contingentes militares de EE.UU. llegaron a Perú el 1 y el 15 de febrero, integrados por 58 y 67 soldados respectivamente. Ambos permanecerán en el país sudamericano hasta febrero del 2016 y su objetivo consiste en "entrenar a los institutos armados peruanos en el cumplimiento de operaciones especiales".

"Probablemente, Afganistán o Irak, han acrecentado tanto el bagaje militar del Ejército yanqui, que considera su deber compartirlo con sus hermanos latinoamericanos con la idea de extender hasta aquí prisiones clandestinas como las de Bagdad o Guantánamo, en las que la tortura y la muerte constituyen el pan del día", denuncia Espinoza.

No obstante, estos efectivos no se comparan con el próximo desembarco de 3.200 soldados, que "por el armamento que usan, la experiencia que tienen y la preparación que poseen constituirá un verdadero Ejército de ocupación", advierte el autor.

Contestando a la pregunta sobre el porqué del despliegue de esta vasta acción militar por EE.UU., Espinoza señala que en América Latina "arrecia la lucha antiimperialista" que se expresa en "demandas concretas" como el "respeto a la independencia de nuestros países, la vigencia plena de la soberanía nacional, la recuperación de las riquezas básicas y protección de la biodiversidad".

A los pueblos del continente les "corresponde actuar con la firmeza y la consecuencia requerida, en una circunstancia en la que está de por medio la supervivencia del continente, agredido por la barbarie imperialista", concluye el autor.

Argentina avanza en su matrimonio de conveniencia con China

Barrio chino en Buenos Aires | Foto: Fabiana Frayssinet/IPS

IPS

23.02.2015

BUENOS AIRES (IPS/Fabiana Frayssinet) - El gobierno de Argentina afianza un matrimonio de conveniencia con China, para unos disparejo y para otros una alianza indispensable para una nueva inserción global, en lo que supone un cambio radical respecto a una diplomacia que años atrás definía como “relaciones carnales” los vínculos con Estados Unidos.

La presidenta Cristina Fernández calificó como una "alianza estratégica integral" la nueva relación con China, después de suscribir en Beijing el 4 de febrero un paquete de 22 acuerdos con su homólogo Xi Jinping.
Los convenios incluyen los sectores espacial, minero, energético, financiero, ganadero y cultural, y entre ellos destaca la construcción de dos centrales nucleares y dos hidroeléctricas, consideradas claves para el autoabastecimiento energético de este país sudamericano.
Con ser muy importantes, los nuevos acuerdos y los que ya se habían suscrito previamente son insuficientes para definir la dimensión del compromiso bilateral, según Jorge Castro, experto en China y director del Instituto de Planeamiento Estratégico.
"La relación con China tiene para Argentina elementos fundamentales de inserción en el sistema internacional del siglo XXI, junto a otros países del Sur, encabezados por Brasil", subrayó a IPS.
Es un vínculo "entre el nuevo eje de la economía mundial, China-Asia, y Argentina como nación y como unidad regional", calificó.
Castro recordó que Beijing es actualmente el principal socio comercial de América del Sur, debido a su compra de materias primas, lo que implicaría una interdependencia, dado que "China ha colocado la seguridad alimentaria de su población en manos de países sudamericanos".
En el caso argentino, China es el segundo socio comercial, después de Brasil, desplazando a otros históricos como Estados Unidos y países europeos.
En 2014, las exportaciones a China alcanzaron 5.006 millones de dólares y las importaciones sumaron 10.795 millones de dólares, lo que representó un récord bilateral y supuso 11,5 por ciento de la balanza comercial del país, según la Cámara Argentina de Comercio.
Anteriores acuerdos que cimentaron la alianza
Antes de la visita de Fernández a China, ya existían acuerdos de inversión en sectores estratégicos, como el de la china Sinopec y la argentina YPF, dos empresas petroleras estatales, para la explotación de uno de los campos del megayacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el sur del país.
También se había concretado el financiamiento chino, por cerca de 2.500 millones de dólares, para la reconstrucción de la red ferroviaria de la empresa Belgrano Cargas y Logística, que posteriormente transportará productos agroalimentarios argentinos y brasileños hasta puertos chilenos del océano Pacífico.
"Los acuerdos de inversión con China son importantes en la medida que facilitan las condiciones para seguir generando, por ejemplo, la infraestructura para el desarrollo que la Argentina requiere, en un escenario de restricción externa (escasez de divisas)", sintetizó a IPS la economista Fernanda Vallejos.


Avance de la construcción de la base espacial de China en la sureña provincia argentina de Neuquén, que rechaza la oposición política de todas las tendencias y grupos sociales. Crédito: Cortesía de Desarrollo y Defensa

En julio del 2014, Argentina alcanzó un acuerdo con China de canje de monedas (swap) por el equivalente a 11.000 millones de dólares, destinado a apuntalar las debilitadas reservas monetarias del país, y de las que en diciembre recibió un tramo de 1.000 millones.
El canje "ha sido un instrumento muy poderoso", que se suma a medidas del gobierno y el Banco Central para promover la estabilidad cambiaria y ayudar a la desaceleración de la inflación, explicó Vallejos, integrante de un grupo que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Voces críticas
Las voces contrarias a la alianza con Beijing provienen de sectores empresarios, como la Unión Industrial Argentina (UIA) o la Cámara de Exportaciones de la República Argentina, que alertan sobre las asimetrías de la relación.
Las exportaciones a China son la mitad de las importaciones y se concentran en productos primarios o agroindustriales, 75 por ciento del total soja o derivados.
En las Importaciones, en cambio,predominan insumos para maquinarias y electrónicos, computadoras, teléfonos, químicos, motocicletas o partes para electrodomésticos, entre otros.
Para la UIA, el Convenio Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones, suscrito en julio del año pasado y pendiente de la aprobación definitiva del parlamento, "contiene cláusulas de enorme riesgo para el desarrollo argentino".
"Durante la última década, la estrategia de China ha perseguido dos objetivos centrales: consolidar sus empresas transnacionales en cadenas globales de valor, y obtener materias primas e insumos de baja elaboración, para sus crecientes necesidades productivas y de empleo", puntualizó la UIA en un comunicado.
"En los acuerdos de libre comercio en esta época del proceso de globalización, lo fundamental no es el comercio sino las inversiones", rebatió el sinólogo Castro al cuestionar el concepto de "asimetría" y respaldar el convenio con China.
Para el experto se debe analizar la relación en un contexto mayor. Por ejemplo recordando que en los próximos 10 años, se calcula que la inversión directa china en el exterior, ascendería a 1,1 billones(millones de millones) de dólares.
"La cuestión es cómo se logra ser parte de corriente de inversiones chinas en materia industrial en los próximos 10 a 20 años", planteó Castro.
La UIA, está de acuerdo en ser parte de esa corriente, pero con adjudicaciones que no perjudiquen a los sectores de bienes y servicios locales, que no tienen posibilidad, asegura el gremio empresarial, de financiamiento chino.
La unión industrial y algunos sindicatos temen también que la contratación de mano de obra china, incluida en varios proyectos, desplace a los trabajadores locales.
"Quédense tranquilos, seguimos defendiendo el trabajo argentino y la participación del empresariado", rebatió la presidenta, de centroizquierda, que convocó a esos sectores para discutir técnicamente los acuerdos.
¿El nuevo imperio?
Algunos en Argentina ven a la China del siglo XXI, como una nueva Inglaterra del siglo XIX o un Estados Unidos del siglo XX, en términos de dominio hegemónico económico y territorial.
Con esa percepción, cuestionan también la construcción ya en marcha de una base espacial china en la sureña provincia de Neuquén, para realizar, según el gobierno, "tareas de monitoreo, control y bajada de datos en el marco del programa chino de misiones para la exploración de la luna y el espacio".
El diputado opositor de esa provincia, Raúl Dobrusin, explicó a IPS que el acuerdo, que cede a China 200 hectáreas por 50 años y al que se oponen grupos de izquierda y organizaciones sociales, no pasó por el parlamento neuquino, que desconoce sus alcances.
Por ahora no hay presencia militar china en las obras, precisó Dobrusin, pero a su juicio la base conlleva "riesgos geopolíticos mayores".
"Si hay confrontación entre potencias pasamos a ser un lugar a tener en cuenta por los enemigos de China... En pocas palabras, nos metemos en un campo donde la posibilidad de decidir participar en los conflictos ya no pasa por decisiones soberanas, no nos preguntarán", advirtió.
La alianza "trasciende lo económico para inscribirse en la búsqueda de un destino de independencia, tanto en lo económico como en lo político, que nos permita alcanzar las metas de desarrollo económico y social, rompiendo el yugo del neoliberalismo y la lógica imperio-dependencia", rebatió Vallejos.
China, a su juicio,"está muy alejada de la voracidad de las potencias de Occidente". Es parte "de un nuevo ordenamiento mundial que puja por nacer, donde el rol de los países emergentes deja de ser el del coloniaje para pasar a asumirnos como artífices de nuestro propio destino", aseguró la economista.
"Esto no significa que China no obtenga beneficios de la relación con nuestras naciones, pero es posible construir una relación donde todas las partes ganen", aclaró.
Editado por Estrella Gutiérrez

Grecia no sabe si podrá pagar a FMI y BCE

Surgen primeras tensiones

Grecia admitió que tendrá dificultades para cumplir con los pagos de la deuda al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo (BCE), en momentos en que el ministro de Finanzas alemán manifestó abiertamente sus dudas sobre la credibilidad de Atenas.

El titular de Finanzas griego Yanis Varoufakis

Un día después de que los ministros de Finanzas de la zona euro acordaran una extensión de cuatro meses al rescate de su miembro más fuertemente endeudado, el titular de Finanzas griego Yanis Varoufakis hizo una evaluación franca sobre la posición económica de Grecia.

"No tendremos problemas de liquidez para el sector público. Pero definitivamente tendremos un problema para pagar los desembolsos al FMI ahora y al BCE en julio", dijo a Alpha Radio.

No dio cifras sobre el déficit de financiamiento. Después de unos pagos de intereses este mes por unos 2.000 millones de euros a tenedores de bonos y prestamistas oficiales, Grecia debe pagar un préstamo del FMI por alrededor de 1.600 millones que vence en marzo.

Luego necesita unos 800 millones de euros para pagos de intereses en abril y unos 7.500 millones en julio y agosto para bonos que vencen y que están en poder del BCE y para más pagos de intereses.

El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schaeuble, dijo que no se pagaría a Grecia hasta que Atenas haya cumplido completamente con las condiciones de su programa de rescate.

"La pregunta ahora es si uno puede creer en las promesas del Gobierno griego o no. Hay muchas dudas en Alemania, esto debe entenderse", dijo Schaeuble.

Alimentando las sospechas de Alemania, un funcionario de izquierda y de línea dura del nuevo gobierno del primer ministro griego Alexis Tsipras pareció retractarse del compromiso recientemente tomado con los acreedores de no detener las privatizaciones que ya están en curso.

El ministro de Energía, Panagiotis Lafazanis, dijo que el Gobierno no avanzaría con la venta de su compañía de electricidad PPC ni con el operador de la red de energía ADIME.

"Las compañías no han presentado ofertas vinculantes, por lo que no se completará. Este también es el caso de PPC", dijo al diario Ethnos en comentarios publicados el miércoles.

Estas declaraciones desataron una respuesta enojada desde Berlín, donde un portavoz del Ministerio de Finanzas dijo que Atenas no podía decidir demorar o frenar las privatizaciones por su propia cuenta.

• Mejor que la alternativa

Pese al escepticismo y las voces disidentes en ambos gobiernos, todo indica que el programa de extensión del rescate por cuatro meses será aprobado por legisladores alemanes y griegos esta semana.

Sin embargo, la nueva ronda de negociaciones sobre la deuda griega comenzará tan pronto como se hagan las votaciones, y se desarrollarán bajo la sombra de una inminente crisis de repago.

La canciller alemana Angela Merkel, buscando convencer a los escépticos en su propio bloque conservador y al público en general, dijo que la extensión de un acuerdo era preferible a la alternativa.

"Saludo el hecho de que hemos encontrado un punto de inicio para las negociaciones con el nuevo gobierno. Esto es gratificante cuando uno ve lo que estaba siendo discutido unas semanas atrás", señaló en una referencia indirecta al riesgo de que Grecia caiga en bancarrota y sea forzada a salir de la zona euro.

"En los últimos días nos arreglamos para mostrar que somos capaces de hacer compromisos, lo que no es menor, pero está lejos de ser todo", agregó en una conferencia de prensa.

Legisladores disidentes de derecha advirtieron contra desperdiciar dinero al seguir apoyando a Grecia, pero Merkel tiene el respaldo de una amplia mayoría ya que sus partidarios tienen 504 de los 631 escaños de la Cámara baja.

"Falta de conocimiento"?

Rousseff acusó a Moody´s de "falta de conocimiento"

Esta mañana, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se refirió a la baja que realizó la calificadora de riesgo Moody´s este martes, que redujo la nota de Petrobras al nivel de los "bonos basura". Para la mandataria, las razones de esta decisión se deben a "la falta de conocimiento" sobre la petrolera estatal. "No tengo dudas de que es una empresa con gran capacidad para recuperarse de esto sin grandes consecuencias", afirmó.

Moody's rebajó el martes dos peldaños a Petrobras y calificó sus títulos como de "grado especulativo", como se les llama a los bonos basura, en medio de una investigación judicial que descubrió una escándalo de corrupción en la petrolera estatal de capital abierto.

En diálogo con periodistas en Feira de Santana, la presidenta manifestó que no prevé un riesgo de "contagio" a la nota soberana de Brasil luego de la rebaja de la calificación de Moody's. "El Gobierno siempre intentará evitar ser rebajado, eso es absolutamente natural. Apenas lamentamos que no haya habido correspondencia por parte de la agencia, pero creo que esto está superado", explicó.


La agencia es la primera de las tres grandes calificadoras de riesgo que sitúa a Petrobras en el nivel conocido popularmente como "bono basura", lo que puede llevar a muchos fondos de inversión conservadores a deshacerse de sus acciones de esta empresa.

La calificadora argumentó que su decisión "refleja una preocupación continuada" por las "potenciales" presiones a muy corto plazo que puede sufrir la petrolera en su liquidez, según un comunicado.

Asimismo, afirmó que no espera mejorías en la reducción del nivel de endeudamiento de la empresa en un medio plazo y también cuestionó que las investigaciones por el vasto caso de corrupción en la compañía pueden causar "distracciones" que pueden mermar sus esfuerzos para mejorar su nivel operacional.

"Es necesario corregir algunas cosas"

Al mismo tiempo Rousseff se refirió a los ajustes que tiene que hacer en su segundo mandato. Afirmó que promueve un ajuste fiscal en las maltrechas cuentas del Gobierno, del mismo modo que una "ama de casa lo hace en su hogar", con la meta de que la economía inicie un nuevo ciclo de crecimiento.

La presidente de Brasil aprovechó para reiterar que el ajuste de las cuentas públicas, que cerraron en rojo el año pasado, no afectará ninguno de los programas sociales de su Gobierno.

No obstante, afirmó que "cuando es necesario corregir, hay cosas que uno corrige", y ratificó que el Gobierno debe "hacer ajustes", tal como "una madre, una doña de casa lo hace en su hogar".

Ese ajuste fiscal, que implicará una fuerte reducción del gasto público aún no precisada, permitirá "generar más empleo, asegurar la renta (de los trabajadores) y hacer que Brasil siga creciendo, pero en forma más acelerada", dijo la mandataria, pese a que la economía nacional está, según todos los analistas, al borde de una recesión.

En los últimos cuatro años, la economía brasileña ha combinado un bajo crecimiento con elevadas tasas de inflación y ese cuadro tiende a empeorarse, según una encuesta realizada semanalmente por el Banco Central entre expertos del mercado financiero privado.

Eduardo Galeano y el sentido común

Dice Eduardo Galeano, con mucha propiedad:

“En 1917, el presidente Woodrow Wilson anunció que los Estados Unidos iban a entrar en la primera guerra mundial. Cuatro meses y medio antes, Wilson había sido reelegido por ser el candidato de la paz. La opinión pública recibió sus discursos pacifistas y su declaración de guerra con el mismo entusiasmo.

“Edward Bernays fue el principal autor de este milagro. Cuando la guerra terminó, Bernays reconoció públicamente que habían sido inventadas las fotos y las anécdotas que encendieron el espíritu bélico de las masas.

“Este éxito publicitario inauguró una brillante carrera. Bernays se convirtió en el asesor de varios presidentes y de los empresarios más poderosos del mundo. La realidad no es lo que es, sino lo que te digo que es: él desarrolló mejor que nadie las técnicas modernas de manipulación colectiva, que empujan a la gente a comprar un jabón o una guerra.”

Como solemos decir y repetir en este espacio, la opinión pública es el sentido común colonizado por los medios de comunicación. Poca importancia tienen el contenido del mensaje y sus contradicciones internas; lo que realmente importa es la capacidad de difusión de los medios de comunicación al servicio del poder fáctico, que es enorme.

A esa capacidad de difusión de cualquier mensaje o contenido llaman“libertad de expresión”. Al igual que la “libertad” del liberalismo ―que no es sino la libertad que tienen unos pocos de hacer negocios y explotar el trabajo ajeno― la “libertad de expresión” poco tiene que ver con libertad real y termina siendo, en la práctica, en perjuicio a la libertad de la mayoría. La libertad de unos pocos es la esclavitud de todos los demás.

Libertad de expresión es que todos podamos hablar y que todos nos escuchemos por igual, no que la palabra esté concentrada en unos pocos grupos empresarios. Esto es lo que ocurre en la actualidad y permite que esos grupos gobiernen de manera fáctica, mediante la colonización del sentido común, la manipulación de la opinión pública.

http://www.labatallacultural.org/2015/02/eduardo-galeano-y-el-sentido-comun.html#.VO21jUKpzcs.facebook

AL MENOS SON SINCEROS

La Red O Globo se saca la careta y marcha contra Dilma

por Hugo Muleiro

Un acto muy singular de sinceridad de uno de los directivos principales de Globo, empresa dominante en la comunicación en Brasil: anunció que irá a una marcha por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

El diario digital brasileño “247” informó que Erick Bretas, director de Medios Digitales del conglomerado Globo, hizo el anuncio en su espacio en Facebook: concurrirá el 15 de marzo en Río a una manifestación de la oposición para pedir el “impeachment” (procesamiento o juicio político) de la jefa del Estado, quien ganó las elecciones hace apenas cuatro meses y comenzó su segundo mandato hace menos de dos.

El “impeachment” es una figura del derecho anglosajón. Significa el procesamiento de un funcionario a través del Congreso. En caso de condena, debe dejar el cargo.

El Congreso brasileño puso en marcha un procedimiento de este tipo en 1992, contra el presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción. A fines de ese año, antes de que el proceso pudiera avanzar, Collor de Mello presentó la renuncia al cargo, y la presidencia fue asumida por Itamar Franco.

La manifestación del 15 de marzo es convocada bajo la consigna “Fuera Dilma” y, como toda acción que proviene de las usinas opositoras de activismo, es presentada como una convocatoria “espontánea” de la “ciudadanía”.

El grupo Globo, de la familia Marinho, es la más fuerte oposición a los gobiernos del Partido de los Trabajadores, los dos primeros períodos de Luiz Lula da Silva y los que siguieron de Dilma. Claro que esta lucha política se hace en nombre del ejercicio del periodismo y su supuesta neutralidad, es decir que el discurso es el mismo que expresan el Grupo Clarín, en Argentina, y los conglomerados de medios de otros países de la región que tienen posición dominante, como en Uruguay, Chile y Venezuela.

Las tácticas se parecen: presentar noticias que hagan que la población perciba una situación catastrófica, llena de peligros; ignorar las acciones del gobierno en beneficio de los ciudadanos, censurándolas, publicándolas en espacios mínimos y frecuentemente ridiculizándolas; y empujar de manera sostenida a los dirigentes de la oposición, dándole espacios sólo a aquellos que defienden los intereses de las minorías y se avienen a seguir las tácticas de las empresas.

Sin embargo, todo esto se hace desde una proclamada “independencia” periodística, por la “verdad” y presumiendo de neutralidad política.

Esta impostura, que las empresas sostienen con habilidad singular, manteniendo cautivas a sus audiencias, fue rota por este directivo de Globo, que se sacó la máscara: quiere el “impeachment” de la presidenta Dilma por las acusaciones de corrupción en la empresa estatal Petrobras, la más grande del país.

La jefa de Estado no negó que exista corrupción en la empresa y removió a funcionarios, al tiempo que avisó que el problema se remonta muchos años atrás, a los gobiernos de corte neoliberal que el Grupo Globo apoyó, como el del presidente Fernando Henrique Cardoso.

Expertos en comunicación y medios identificados con el gobierno demostraron que las acusaciones de corrupción en Petrobras que recaen sobre directivos y funcionarios que responden a otros signos políticos son ocultadas groseramente por los medios tradicionales. O no publican la noticia, ni sus nombres y fotografías, o lo hacen en espacios relegados y pequeños.

Ahora Bretas, en su sinceramiento, rechazó que deban investigarse actos de corrupción en Petrobras en el pasado, que involucran a la gestión de Cardoso.

El diario digital “247” escribió, al presentar esta noticia, que Globo busca hace tiempo desplazar del poder a Rousseff, y que la táctica principal es la de difundir noticias que apuntalan la sensación de un país sumergido en el caos.

Agrega que la Universidad de Río de Janeiro hizo un estudio que demuestra que hay una desproporción abrumadora entre los grandes títulos y despliegues sobre hechos negativos y, aisladamente, uno “neutro”.

Bretas dice ahora que irá el 5 de marzo a Copacabana, en Río de Janeiro, donde está convocada una manifestación contra Rousseff, que el grupo Globo alienta sin descanso, como acaba de suceder en la Argentina con una marcha de oposición convocada por un grupo de fiscales, varios de ellos acusados de toda clase de anomalías en su función.

El empresario dice que no respalda “cuartelazos”, por lo que hace falta, agrega, una “presión popular para salvar a Brasil”.

El proyecto de “impeachment” es alentado por fuerzas conservadoras y se multiplica por vías electrónicas, en las que Globo tiene también un gran predominio.

Globo no está solo en este proyecto destituyente. Por caso, la versión en portugués del diario El País, del Grupo Prisa de España, publicó el 30 de enero de 2015 un artículo bajo el rótulo engañoso de “análisis” que dice que el senador José Serra, del partido de oposición PSDB, pronosticó que la presidenta no llegará al fin de su mandato. El artículo lo define como “un político de peso y prestigio nacional e internacional”.

Y agrega: “Según sus afirmaciones, obtenidas también por el competente periodista político del diario O Globo Ilimar Franco, el senador Serra compara el ‘ambiente de desgobierno agravado por la crisis económicas y por las denuncias de corrupción con los vividos por los ex presidentes Janio Quadros y Joao Goulart en los años 60, cuando ambos terminaron renunciado a la presidencia”.

Las similitudes con lo que sucede en Argentina son pavorosas. Por ejemplo, este mismo artículo de El País habla de Rousseff como una mujer de temperamento duro, “que no acepta nunca un error y que ama el poder”.

La complicidad total entre Globo, medios internacionales y fuerzas conservadoras locales queda en evidencia en este artículo (para verificarlo, 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/30/opinion/1422647442_830138.html).



El ‘caso Petrobras’ salpica al expresidente Collor de Mello PROTEGIDO DE O GLOBO

El delator Alberto Youssef acusa al exmandatario y senador brasileño de recibir 1,1 millones de dólares en sobornos

T. BEDINELLI / A. BENITES São Paulo 24 FEB 2015 -

La caja de Pandora del caso Petrobras permanecerá cerrada como máximo hasta el próximo viernes, cuando está previsto que el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, presente la denuncia formal contra los implicados en el gigantesco esquema de corrupción de la petrolera estatal brasileña. Pero el cierre no es hermético: el último nombre filtrado es el del expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello, acusado de recibir sobornos por valor de tres millones de reales (casi 1,1 millones de dólares) de BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera.

Es la tercera vez que la investigación se encuentra con el nombre de Collor, presidente de Brasil entre 1990 y 1992 y actualmente líder en el Senado del Partido Trabalhista Brasileiro (parte del bloque de Gobierno). Es la primera, sin embargo, con detalles de cómo fue su supuesta participación en la red corrupta que desvió miles de millones de dólares entre 2004 y 2013. La acusación, revelada por el periódico Folha de S. Paulo, procede de Alberto Youssef, un cambista implicado en el desvío y blanqueo de dinero que, gracias a un acuerdo con la Justicia, se ha convertido en el delator más prolífico de la Operación Lava Jato (lavacoches, en portugués, porque utilizaban lavanderías y gasolineras para sus negocios) y en uno de los personajes más mediáticos del escándalo.

Según Youssef, el expresidente Collor habría recibido el soborno en 2012, a cambio de un contrato de 300 millones de reales (105 millones de dólares) entre una red de gasolineras y la empresa BR Distribuidora. El dinero se entregó en tres plazos y en efectivo al empresario Pedro Paulo Leoni Ramos, amigo del político y ministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos durante su gobierno. Los vínculos no acaban ahí: Ramos también está siendo investigado, en el marco de la misma operación, por una transferencia de 4,3 millones de reales (1,5 millones de dólares), hecha por una de sus empresas a MO Consultoría, de Youssef.

El expresidente ha negado conocer al delator y ha asegurado que las informaciones de la prensa proceden de testimonios “tomados en circunstancias que bordean la tortura de un notable violador de la ley”.

La mancha de Petrobras afecta a todos: desde el año pasado circula una lista con los nombres de 28 miembros de varios partidos (entre ellos el presidente del Senado y un exministro), proporcionada por Paulo Roberto Costa, el arrepentido exdirector de Abastecimiento de la petrolera. Hasta el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, ha entrado esta semana en el ojo del huracán, al revelar varios medios brasileños que, en las últimas semanas, se había reunido en su despacho con abogados de al menos tres constructoras investigadas —Odebrecht, Camargo Corrêa y UTC— sin registrarlo en su agenda oficial, que es pública. Ante las constantes filtraciones, el fiscal Rodrigo Janot pretende divulgar de forma oficial la identidad de todos los acusados políticos. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el más afectado por el escándalo, ha insistido en que apoya la transparencia de la investigación. “Cuanto antes se divulguen los nombres de los implicados, mejor”, afirmó el secretario nacional de comunicación del partido, José Américo, a EL PAÍS.

El PT cree que está habiendo “filtraciones selectivas”. Según la última encuesta de Datafolha, publicada el 7 de febrero, la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff (presidenta del Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010) ha caído al nivel más bajo de un presidente desde Fernando Henrique Cardoso en 1999.