por Hugo Muleiro
Un acto muy singular de sinceridad de uno de los directivos principales de Globo, empresa dominante en la comunicación en Brasil: anunció que irá a una marcha por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
El diario digital brasileño “247” informó que Erick Bretas, director de Medios Digitales del conglomerado Globo, hizo el anuncio en su espacio en Facebook: concurrirá el 15 de marzo en Río a una manifestación de la oposición para pedir el “impeachment” (procesamiento o juicio político) de la jefa del Estado, quien ganó las elecciones hace apenas cuatro meses y comenzó su segundo mandato hace menos de dos.
El “impeachment” es una figura del derecho anglosajón. Significa el procesamiento de un funcionario a través del Congreso. En caso de condena, debe dejar el cargo.
El Congreso brasileño puso en marcha un procedimiento de este tipo en 1992, contra el presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción. A fines de ese año, antes de que el proceso pudiera avanzar, Collor de Mello presentó la renuncia al cargo, y la presidencia fue asumida por Itamar Franco.
La manifestación del 15 de marzo es convocada bajo la consigna “Fuera Dilma” y, como toda acción que proviene de las usinas opositoras de activismo, es presentada como una convocatoria “espontánea” de la “ciudadanía”.
El grupo Globo, de la familia Marinho, es la más fuerte oposición a los gobiernos del Partido de los Trabajadores, los dos primeros períodos de Luiz Lula da Silva y los que siguieron de Dilma. Claro que esta lucha política se hace en nombre del ejercicio del periodismo y su supuesta neutralidad, es decir que el discurso es el mismo que expresan el Grupo Clarín, en Argentina, y los conglomerados de medios de otros países de la región que tienen posición dominante, como en Uruguay, Chile y Venezuela.
Las tácticas se parecen: presentar noticias que hagan que la población perciba una situación catastrófica, llena de peligros; ignorar las acciones del gobierno en beneficio de los ciudadanos, censurándolas, publicándolas en espacios mínimos y frecuentemente ridiculizándolas; y empujar de manera sostenida a los dirigentes de la oposición, dándole espacios sólo a aquellos que defienden los intereses de las minorías y se avienen a seguir las tácticas de las empresas.
Sin embargo, todo esto se hace desde una proclamada “independencia” periodística, por la “verdad” y presumiendo de neutralidad política.
Esta impostura, que las empresas sostienen con habilidad singular, manteniendo cautivas a sus audiencias, fue rota por este directivo de Globo, que se sacó la máscara: quiere el “impeachment” de la presidenta Dilma por las acusaciones de corrupción en la empresa estatal Petrobras, la más grande del país.
La jefa de Estado no negó que exista corrupción en la empresa y removió a funcionarios, al tiempo que avisó que el problema se remonta muchos años atrás, a los gobiernos de corte neoliberal que el Grupo Globo apoyó, como el del presidente Fernando Henrique Cardoso.
Expertos en comunicación y medios identificados con el gobierno demostraron que las acusaciones de corrupción en Petrobras que recaen sobre directivos y funcionarios que responden a otros signos políticos son ocultadas groseramente por los medios tradicionales. O no publican la noticia, ni sus nombres y fotografías, o lo hacen en espacios relegados y pequeños.
Ahora Bretas, en su sinceramiento, rechazó que deban investigarse actos de corrupción en Petrobras en el pasado, que involucran a la gestión de Cardoso.
El diario digital “247” escribió, al presentar esta noticia, que Globo busca hace tiempo desplazar del poder a Rousseff, y que la táctica principal es la de difundir noticias que apuntalan la sensación de un país sumergido en el caos.
Agrega que la Universidad de Río de Janeiro hizo un estudio que demuestra que hay una desproporción abrumadora entre los grandes títulos y despliegues sobre hechos negativos y, aisladamente, uno “neutro”.
Bretas dice ahora que irá el 5 de marzo a Copacabana, en Río de Janeiro, donde está convocada una manifestación contra Rousseff, que el grupo Globo alienta sin descanso, como acaba de suceder en la Argentina con una marcha de oposición convocada por un grupo de fiscales, varios de ellos acusados de toda clase de anomalías en su función.
El empresario dice que no respalda “cuartelazos”, por lo que hace falta, agrega, una “presión popular para salvar a Brasil”.
El proyecto de “impeachment” es alentado por fuerzas conservadoras y se multiplica por vías electrónicas, en las que Globo tiene también un gran predominio.
Globo no está solo en este proyecto destituyente. Por caso, la versión en portugués del diario El País, del Grupo Prisa de España, publicó el 30 de enero de 2015 un artículo bajo el rótulo engañoso de “análisis” que dice que el senador José Serra, del partido de oposición PSDB, pronosticó que la presidenta no llegará al fin de su mandato. El artículo lo define como “un político de peso y prestigio nacional e internacional”.
Y agrega: “Según sus afirmaciones, obtenidas también por el competente periodista político del diario O Globo Ilimar Franco, el senador Serra compara el ‘ambiente de desgobierno agravado por la crisis económicas y por las denuncias de corrupción con los vividos por los ex presidentes Janio Quadros y Joao Goulart en los años 60, cuando ambos terminaron renunciado a la presidencia”.
Las similitudes con lo que sucede en Argentina son pavorosas. Por ejemplo, este mismo artículo de El País habla de Rousseff como una mujer de temperamento duro, “que no acepta nunca un error y que ama el poder”.
La complicidad total entre Globo, medios internacionales y fuerzas conservadoras locales queda en evidencia en este artículo (para verificarlo,
El “impeachment” es una figura del derecho anglosajón. Significa el procesamiento de un funcionario a través del Congreso. En caso de condena, debe dejar el cargo.
El Congreso brasileño puso en marcha un procedimiento de este tipo en 1992, contra el presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción. A fines de ese año, antes de que el proceso pudiera avanzar, Collor de Mello presentó la renuncia al cargo, y la presidencia fue asumida por Itamar Franco.
La manifestación del 15 de marzo es convocada bajo la consigna “Fuera Dilma” y, como toda acción que proviene de las usinas opositoras de activismo, es presentada como una convocatoria “espontánea” de la “ciudadanía”.
El grupo Globo, de la familia Marinho, es la más fuerte oposición a los gobiernos del Partido de los Trabajadores, los dos primeros períodos de Luiz Lula da Silva y los que siguieron de Dilma. Claro que esta lucha política se hace en nombre del ejercicio del periodismo y su supuesta neutralidad, es decir que el discurso es el mismo que expresan el Grupo Clarín, en Argentina, y los conglomerados de medios de otros países de la región que tienen posición dominante, como en Uruguay, Chile y Venezuela.
Las tácticas se parecen: presentar noticias que hagan que la población perciba una situación catastrófica, llena de peligros; ignorar las acciones del gobierno en beneficio de los ciudadanos, censurándolas, publicándolas en espacios mínimos y frecuentemente ridiculizándolas; y empujar de manera sostenida a los dirigentes de la oposición, dándole espacios sólo a aquellos que defienden los intereses de las minorías y se avienen a seguir las tácticas de las empresas.
Sin embargo, todo esto se hace desde una proclamada “independencia” periodística, por la “verdad” y presumiendo de neutralidad política.
Esta impostura, que las empresas sostienen con habilidad singular, manteniendo cautivas a sus audiencias, fue rota por este directivo de Globo, que se sacó la máscara: quiere el “impeachment” de la presidenta Dilma por las acusaciones de corrupción en la empresa estatal Petrobras, la más grande del país.
La jefa de Estado no negó que exista corrupción en la empresa y removió a funcionarios, al tiempo que avisó que el problema se remonta muchos años atrás, a los gobiernos de corte neoliberal que el Grupo Globo apoyó, como el del presidente Fernando Henrique Cardoso.
Expertos en comunicación y medios identificados con el gobierno demostraron que las acusaciones de corrupción en Petrobras que recaen sobre directivos y funcionarios que responden a otros signos políticos son ocultadas groseramente por los medios tradicionales. O no publican la noticia, ni sus nombres y fotografías, o lo hacen en espacios relegados y pequeños.
Ahora Bretas, en su sinceramiento, rechazó que deban investigarse actos de corrupción en Petrobras en el pasado, que involucran a la gestión de Cardoso.
El diario digital “247” escribió, al presentar esta noticia, que Globo busca hace tiempo desplazar del poder a Rousseff, y que la táctica principal es la de difundir noticias que apuntalan la sensación de un país sumergido en el caos.
Agrega que la Universidad de Río de Janeiro hizo un estudio que demuestra que hay una desproporción abrumadora entre los grandes títulos y despliegues sobre hechos negativos y, aisladamente, uno “neutro”.
Bretas dice ahora que irá el 5 de marzo a Copacabana, en Río de Janeiro, donde está convocada una manifestación contra Rousseff, que el grupo Globo alienta sin descanso, como acaba de suceder en la Argentina con una marcha de oposición convocada por un grupo de fiscales, varios de ellos acusados de toda clase de anomalías en su función.
El empresario dice que no respalda “cuartelazos”, por lo que hace falta, agrega, una “presión popular para salvar a Brasil”.
El proyecto de “impeachment” es alentado por fuerzas conservadoras y se multiplica por vías electrónicas, en las que Globo tiene también un gran predominio.
Globo no está solo en este proyecto destituyente. Por caso, la versión en portugués del diario El País, del Grupo Prisa de España, publicó el 30 de enero de 2015 un artículo bajo el rótulo engañoso de “análisis” que dice que el senador José Serra, del partido de oposición PSDB, pronosticó que la presidenta no llegará al fin de su mandato. El artículo lo define como “un político de peso y prestigio nacional e internacional”.
Y agrega: “Según sus afirmaciones, obtenidas también por el competente periodista político del diario O Globo Ilimar Franco, el senador Serra compara el ‘ambiente de desgobierno agravado por la crisis económicas y por las denuncias de corrupción con los vividos por los ex presidentes Janio Quadros y Joao Goulart en los años 60, cuando ambos terminaron renunciado a la presidencia”.
Las similitudes con lo que sucede en Argentina son pavorosas. Por ejemplo, este mismo artículo de El País habla de Rousseff como una mujer de temperamento duro, “que no acepta nunca un error y que ama el poder”.
La complicidad total entre Globo, medios internacionales y fuerzas conservadoras locales queda en evidencia en este artículo (para verificarlo,
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/01/30/opinion/1422647442_830138.html).
El ‘caso Petrobras’ salpica al expresidente Collor de Mello PROTEGIDO DE O GLOBO
El delator Alberto Youssef acusa al exmandatario y senador brasileño de recibir 1,1 millones de dólares en sobornos
El ‘caso Petrobras’ salpica al expresidente Collor de Mello PROTEGIDO DE O GLOBO
El delator Alberto Youssef acusa al exmandatario y senador brasileño de recibir 1,1 millones de dólares en sobornos
T. BEDINELLI / A. BENITES São Paulo 24 FEB 2015 -
La caja de Pandora del caso Petrobras permanecerá cerrada como máximo hasta el próximo viernes, cuando está previsto que el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, presente la denuncia formal contra los implicados en el gigantesco esquema de corrupción de la petrolera estatal brasileña. Pero el cierre no es hermético: el último nombre filtrado es el del expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello, acusado de recibir sobornos por valor de tres millones de reales (casi 1,1 millones de dólares) de BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera.
Es la tercera vez que la investigación se encuentra con el nombre de Collor, presidente de Brasil entre 1990 y 1992 y actualmente líder en el Senado del Partido Trabalhista Brasileiro (parte del bloque de Gobierno). Es la primera, sin embargo, con detalles de cómo fue su supuesta participación en la red corrupta que desvió miles de millones de dólares entre 2004 y 2013. La acusación, revelada por el periódico Folha de S. Paulo, procede de Alberto Youssef, un cambista implicado en el desvío y blanqueo de dinero que, gracias a un acuerdo con la Justicia, se ha convertido en el delator más prolífico de la Operación Lava Jato (lavacoches, en portugués, porque utilizaban lavanderías y gasolineras para sus negocios) y en uno de los personajes más mediáticos del escándalo.
Según Youssef, el expresidente Collor habría recibido el soborno en 2012, a cambio de un contrato de 300 millones de reales (105 millones de dólares) entre una red de gasolineras y la empresa BR Distribuidora. El dinero se entregó en tres plazos y en efectivo al empresario Pedro Paulo Leoni Ramos, amigo del político y ministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos durante su gobierno. Los vínculos no acaban ahí: Ramos también está siendo investigado, en el marco de la misma operación, por una transferencia de 4,3 millones de reales (1,5 millones de dólares), hecha por una de sus empresas a MO Consultoría, de Youssef.
El expresidente ha negado conocer al delator y ha asegurado que las informaciones de la prensa proceden de testimonios “tomados en circunstancias que bordean la tortura de un notable violador de la ley”.
La mancha de Petrobras afecta a todos: desde el año pasado circula una lista con los nombres de 28 miembros de varios partidos (entre ellos el presidente del Senado y un exministro), proporcionada por Paulo Roberto Costa, el arrepentido exdirector de Abastecimiento de la petrolera. Hasta el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, ha entrado esta semana en el ojo del huracán, al revelar varios medios brasileños que, en las últimas semanas, se había reunido en su despacho con abogados de al menos tres constructoras investigadas —Odebrecht, Camargo Corrêa y UTC— sin registrarlo en su agenda oficial, que es pública. Ante las constantes filtraciones, el fiscal Rodrigo Janot pretende divulgar de forma oficial la identidad de todos los acusados políticos. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el más afectado por el escándalo, ha insistido en que apoya la transparencia de la investigación. “Cuanto antes se divulguen los nombres de los implicados, mejor”, afirmó el secretario nacional de comunicación del partido, José Américo, a EL PAÍS.
El PT cree que está habiendo “filtraciones selectivas”. Según la última encuesta de Datafolha, publicada el 7 de febrero, la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff (presidenta del Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010) ha caído al nivel más bajo de un presidente desde Fernando Henrique Cardoso en 1999.
La caja de Pandora del caso Petrobras permanecerá cerrada como máximo hasta el próximo viernes, cuando está previsto que el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, presente la denuncia formal contra los implicados en el gigantesco esquema de corrupción de la petrolera estatal brasileña. Pero el cierre no es hermético: el último nombre filtrado es el del expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello, acusado de recibir sobornos por valor de tres millones de reales (casi 1,1 millones de dólares) de BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera.
Es la tercera vez que la investigación se encuentra con el nombre de Collor, presidente de Brasil entre 1990 y 1992 y actualmente líder en el Senado del Partido Trabalhista Brasileiro (parte del bloque de Gobierno). Es la primera, sin embargo, con detalles de cómo fue su supuesta participación en la red corrupta que desvió miles de millones de dólares entre 2004 y 2013. La acusación, revelada por el periódico Folha de S. Paulo, procede de Alberto Youssef, un cambista implicado en el desvío y blanqueo de dinero que, gracias a un acuerdo con la Justicia, se ha convertido en el delator más prolífico de la Operación Lava Jato (lavacoches, en portugués, porque utilizaban lavanderías y gasolineras para sus negocios) y en uno de los personajes más mediáticos del escándalo.
Según Youssef, el expresidente Collor habría recibido el soborno en 2012, a cambio de un contrato de 300 millones de reales (105 millones de dólares) entre una red de gasolineras y la empresa BR Distribuidora. El dinero se entregó en tres plazos y en efectivo al empresario Pedro Paulo Leoni Ramos, amigo del político y ministro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos durante su gobierno. Los vínculos no acaban ahí: Ramos también está siendo investigado, en el marco de la misma operación, por una transferencia de 4,3 millones de reales (1,5 millones de dólares), hecha por una de sus empresas a MO Consultoría, de Youssef.
El expresidente ha negado conocer al delator y ha asegurado que las informaciones de la prensa proceden de testimonios “tomados en circunstancias que bordean la tortura de un notable violador de la ley”.
La mancha de Petrobras afecta a todos: desde el año pasado circula una lista con los nombres de 28 miembros de varios partidos (entre ellos el presidente del Senado y un exministro), proporcionada por Paulo Roberto Costa, el arrepentido exdirector de Abastecimiento de la petrolera. Hasta el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, ha entrado esta semana en el ojo del huracán, al revelar varios medios brasileños que, en las últimas semanas, se había reunido en su despacho con abogados de al menos tres constructoras investigadas —Odebrecht, Camargo Corrêa y UTC— sin registrarlo en su agenda oficial, que es pública. Ante las constantes filtraciones, el fiscal Rodrigo Janot pretende divulgar de forma oficial la identidad de todos los acusados políticos. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el más afectado por el escándalo, ha insistido en que apoya la transparencia de la investigación. “Cuanto antes se divulguen los nombres de los implicados, mejor”, afirmó el secretario nacional de comunicación del partido, José Américo, a EL PAÍS.
El PT cree que está habiendo “filtraciones selectivas”. Según la última encuesta de Datafolha, publicada el 7 de febrero, la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff (presidenta del Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010) ha caído al nivel más bajo de un presidente desde Fernando Henrique Cardoso en 1999.
