Luego del anuncio de la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, se presentó el proyecto de ley. El Senado y el Ejecutivo designarán a las autoridades, pero la matriz de reclutamiento no cambió y los agentes serán los mismos que en la SI. Las abogadas Ileana Arduino y Natalia Federman discuten sobre la potencia transformadora del proyecto y miran el ejemplo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que hace inteligencia sin anonimatos.
Por Ileana Arduino
Por Natalia Federman
A los lineamientos presentados de la Presidenta en materia de inteligencia le siguió la presentación de un proyecto de ley. Allí se ratifica la contundencia de algunos de esos anuncios y se abre un diálogo posible a partir del modo en que incluye algunas cuestiones como por aquellas que omite. Este texto no es una exégesis del proyecto. Nos proponemos ir sobre dos cuestiones, reflexionar al ritmo de la urgencia de los cambios.
La decisión de someter al director y subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia a un mecanismo de designación en el que intervienen el Ejecutivo y el Senado implica una mejora importante, ya que la selección se hará teniendo en cuenta antecedentes profesionales y fundamentos que serán evaluados por todas las representaciones políticas que ejerzan mandato popular.
¿Podría ser entendida como una herramienta extorsiva usada para obstaculizar de forma caprichosa el ejercicio de poderes inherentes a la conducción de un gobierno? Podría. Pero también podría ser una herramienta que, en el juego político de la democracia, utilizada en forma responsable y con control suficiente, procure calidad institucional: dependerá de los momentos políticos y la capacidad para entender las cuestiones en juego.
La contundencia del proyecto en la selección del director y el subdirector se hace blanda en la previsión del personal que lo integrará. Aunque en los fundamentos se diga que “Se proponen otras políticas de captación (sic) del personal”, sólo se contempla una medida administrativa que es el traspaso del personal hacia la futura estructura. ¿Los agentes de la AFI van a ser los mismos que los de la SI, que eran los mismos de la SIDE?
La matriz de reclutamiento y conformación de las áreas de inteligencia no cambiaron. Así, más allá de la mitología del mundo del espionaje y el encubierto que abunda en estos debates la escena que se vea puede ser decepcionante.
La previsión del traspaso, así a secas, genera fantasmas. Puede dudarse del éxito que tendrá una nueva estructura con integrantes idénticos.
Históricamente, el decisionismo y la autonomía favorecieron la acumulación de personal a golpe de favores, subgénero del clientelismo.
Planteada la disolución del organismo se instala como obvia la pregunta acerca de qué hacer con las personas que allí trabajan. Las experiencias de intervención y/o depuración institucional en organismos similares (en cuanto al nivel de desgobierno político y autonomía funcional condicionante de la democracia entre otras cosas), como Fuerzas Armadas y de Seguridad, han usado Leyes de prescindibilidad o comisiones de revisión de antecedentes que permiten diversificar los motivos de la renovación.
Se trata de un universo complejo en el que probablemente haya personas a las que les falte poco para retirarse o que debieron hacerlo ya y se mantienen activas; personas sumariadas por razones graves a las que se les aseguró impunidad mediante inacción administrativa o personas designadas sin cumplir tareas. Las razones de su (necesaria) separación serían muy distintas, por lo que habría que intervenir con una política de personal que contemple casos diversos.
Eso no ocurre de un día para el otro pero es importante ir revisando señales en ese sentido. No se trata de imponer una visión en exceso subjetivista que suponga que todo se resuelve con cambiar las individualidades ni se puede afirmar atolondradamente que todos los que integran la estructura deben ser separados, pero un traspaso a ciegas, sin beneficio de inventario, implica renunciar a cambios estructurales.
Hay que pensar, entonces, en avanzar en una política de redefinición de los criterios de conformación profesional de estos organismos y en los mecanismos de control del desempeño.
Es necesaria una política profunda de revisión de la integración de las filas actuales de las áreas de inteligencia así como también de perfiles y exigencias hacia el futuro. De otro modo y con suerte, la potencia transformadora del proyecto terminará siendo la cúpula lustrosa de un edificio en ruinas.
El mito del agente o pensé que se trataba de cieguitos
En el año 2010 por decisión de la Presidenta Cristina Fernández de Kichner se desclasificó la información de inteligencia del ámbito militar para el período 1976 – 1983 (con excepción de aquella vinculada a conflictos bélicos). Desde entonces es posible acceder a legajos de personal civil de inteligencia reclutado por entonces por las Fuerzas Armadas.
La documentación, que mal mirada puede llevar a un aburrimiento pleno, sirve para entender los modos y criterios de conformación de aquellas estructuras.
Viendo la nómina de personal civil de las fuerzas de seguridad o de la SI es posible que se encuentre que el denominador común de los integrantes sea el parentesco o la amistad con autoridades de quienes dependen esas estructuras.
Un ejemplo concreto son las estructuras criminales de inteligencia como el Batallón 601, donde trabajaban primos, hijos, esposas, compañeros de universidad o soldados conscriptos que se habían ganado la confianza de los generales.
Sucede algo similar con el pasado militar o policial para entrar o ascender en las distintas áreas de inteligencia. Tenerlo, siempre fue más relevante que el “saber hacer” específico para ese puesto.
Esos requisitos, que se mantienen, tenían su sentido en un universo en que la militarización de la vida política alcanzó los niveles que todos conocemos.
¿Se puede decir que fueron criterios sostenidos al servicio de la calidad de la actividad de inteligencia? Difícilmente. En realidad, permitieron que medidas de depuración como pases a retiro o bajas en las fuerzas militares o policiales quedaran sin efecto: los agentes se incorporaban a esta zona difusa. Éste será otro aspecto a revisar.
Si la intención es la de transformar y no renombrar se deben conocer estas genealogías tejidas en la oscuridad. La mano de obra desocupada referida tiene mayor capacidad en la medida en que dispone de mecanismos y acceso al poder. Un primer paso es prescindir de ella (en serio), dejar de brindarle coberturas políticas y conocer a quién responde.
¿Secreto para qué?
El secreto de identidad como regla favoreció el desarrollo de estructuras polisémicamente monstruosas.
Con el desarrollo de las tecnologías y la circulación abierta de información, la centralidad del ocultamiento se fue volviendo más absurda.
Si la disponibilidad de múltiples fuentes abiertas y redes sociales (muli int) se acompaña de una buena capacidad analítica, muchas veces podemos conseguir mejores datos (y antes) que en una operación encubierta, con un agente infiltrado.
La diversidad de fuentes informativas debidamente sistematizadas y sometidas a controles de calidad permite producir insumos para planificar, diagramar y formular las estrategias y directivas.
Hoy, muchos países usan sistemas de inteligencia nacional que basan la obtención de datos en la multiplicidad de medios y, sólo excepcionalmente y previa autorización judicial, recurren a fuentes especiales como la interceptación de comunicaciones o las operaciones encubiertas.
La situación inversa, pensar todo desde la perspectiva que plantea la dependencia del secreto y la infiltración, provoca distorsiones hasta el punto en que es más probable que imperen lógicas de trabajo en las que se espía todo, todo el tiempo. Algo así como vivir de pesca.
Hoy, las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos son, por regla, secretos. Ello implica que la pertenencia de una determinada persona a un organismo de inteligencia (SI, FFAA, Cuerpo de Informaciones de PFA por nombrar solo algunos) no puede ser conocida.
Ahora bien, esas personas desarrollan su vida civil bajo su verdadera identidad (sin nombre supuesto ni documentación adulterada) y, a través de argucias, obtienen información de todo tipo. Así consiguieron información sobre la vida de funcionarios judiciales y políticos con la que se condicionó a todos los gobiernos democráticos.
Como se los habilita espiar todo el tiempo sin un objetivo, al final de la jornada sólo tienen un montón de chismes; raramente, alguna información sustancial desde el punto de vista de la Seguridad del Estado.
La consagración del secreto por el secreto mismo es la que facilita, entre otras, las maniobras como las del supuesto agente Bogado en las que cualquiera, así como así, alega ser servicio. La información resulta creíble porque nadie tiene muy claro qué hacen ni quiénes son.
Otra inteligencia es posible
Existen organismos de inteligencia que no necesitan contar con personal cuya identidad es desconocida (como el personal civil de inteligencia que trabaja en la hasta ahora SI) para asegurar la seguridad del sistema.
El secreto de identidad como regla favoreció el desarrollo de estructuras polisémicamente monstruosas.
Con el desarrollo de las tecnologías y la circulación abierta de información, la centralidad del ocultamiento se fue volviendo más absurda.
Si la disponibilidad de múltiples fuentes abiertas y redes sociales (muli int) se acompaña de una buena capacidad analítica, muchas veces podemos conseguir mejores datos (y antes) que en una operación encubierta, con un agente infiltrado.
La diversidad de fuentes informativas debidamente sistematizadas y sometidas a controles de calidad permite producir insumos para planificar, diagramar y formular las estrategias y directivas.
Hoy, muchos países usan sistemas de inteligencia nacional que basan la obtención de datos en la multiplicidad de medios y, sólo excepcionalmente y previa autorización judicial, recurren a fuentes especiales como la interceptación de comunicaciones o las operaciones encubiertas.
La situación inversa, pensar todo desde la perspectiva que plantea la dependencia del secreto y la infiltración, provoca distorsiones hasta el punto en que es más probable que imperen lógicas de trabajo en las que se espía todo, todo el tiempo. Algo así como vivir de pesca.
Hoy, las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos de datos de los organismos son, por regla, secretos. Ello implica que la pertenencia de una determinada persona a un organismo de inteligencia (SI, FFAA, Cuerpo de Informaciones de PFA por nombrar solo algunos) no puede ser conocida.
Ahora bien, esas personas desarrollan su vida civil bajo su verdadera identidad (sin nombre supuesto ni documentación adulterada) y, a través de argucias, obtienen información de todo tipo. Así consiguieron información sobre la vida de funcionarios judiciales y políticos con la que se condicionó a todos los gobiernos democráticos.
Como se los habilita espiar todo el tiempo sin un objetivo, al final de la jornada sólo tienen un montón de chismes; raramente, alguna información sustancial desde el punto de vista de la Seguridad del Estado.
La consagración del secreto por el secreto mismo es la que facilita, entre otras, las maniobras como las del supuesto agente Bogado en las que cualquiera, así como así, alega ser servicio. La información resulta creíble porque nadie tiene muy claro qué hacen ni quiénes son.
Otra inteligencia es posible
Existen organismos de inteligencia que no necesitan contar con personal cuya identidad es desconocida (como el personal civil de inteligencia que trabaja en la hasta ahora SI) para asegurar la seguridad del sistema.
Un ejemplo es la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que tiene un Departamento de Inteligencia Criminal cuyas misiones y funciones se encuentran reguladas por el decreto 785/08 y está integrado por el plantel de oficiales regulares de la fuerza sin identidad secreta (sí lo es la información producida que puede afectar la seguridad).
Desde el punto de vista del personal, integrar el servicio de inteligencia en las condiciones actuales implica insertarse en una economía informal: sin cuenta sueldo y sin posibilidad de acceso a crédito, ya que todos los aportes son realizados bajo el nombre supuesto del agente. Pensando en sus derechos laborales y de seguridad social, el escenario es de alta e innecesaria fragilidad.
Estas circunstancias facilitan la sumisión a la “obediencia ciega” (que el proyecto propone excluir como justificación del cumplimiento de órdenes ilegales) y la consolidación de una fidelidad no con el servicio público sino con quien lo convocó.
Sin una agenda temática que direccione qué tipo de información se debe reunir, de dónde y cómo y sin un control efectivo que garantice la calidad de esa información, resulta casi imposible que el personal no se autonomice y pase, nuevamente, a estar al servicio de sus propios intereses.
Volviendo al debate, el doctor Marcelo Sain ve posible el cambio de una agencia que abandone esos mecanismos de recolección de información por una estructura concentrada en la producción de análisis estratégicos en materia de seguridad, defensa, asuntos regionales e internacionales, entre otros, con un cuerpo selecto de analistas altamente capacitados y sin medios propios de obtención de información.
Los ejemplos que se mencionan aquí no son la única alternativa posible. Pero la situación actual de la secretaría, empezando por su falta de efectividad, es indefendible.
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