25 feb 2015

Trepa escándalo por financiación ilegal en Chile


Santiago - Por primera vez en la historia de la Justicia chilena, el fiscal nacional asumirá una investigación penal sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas que involucra a importantes figuras del ambiente y poderosos grupos económicos del país.


Sabas Chaguán, a cargo de la Fiscalía Nacional, anunció que tomará a su cargo la investigación del llamado caso "Penta", que investiga a uno de los principales grupos económicos del país por el financiamiento ilegal de campañas políticas. "He resuelto asumir directamente como fiscal nacional la dirección de la investigación del caso Penta y todas sus aristas", afirmó Chahuán, al anunciar su inédita decisión en conferencia de prensa. "La trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas presuntamente involucradas y los nuevos antecedentes que han surgido hacen necesario dar un paso más allá para garantizar la persecución penal con absoluta independencia y autonomía", agregó.

La investigación destapó uno de los mayores escándalos políticos de Chile, al involucrar inicialmente a un grupo económico, dueño de bancos, aseguradoras, clínicas y firmas inmobiliarias y que tiene activos que bordean los u$s 20.000 millones. A Penta se lo acusa de financiar con boletas falsas las campañas políticas de parlamentarios de la derecha opositora, además de otros delitos tributarios. Pero con el correr de la investigación se sumó otro conglomerado económico, el grupo minero Soquimich, controlado por Julio Ponce Lerou, exyerno del dictadorAugusto Pinochet, que habría usado el mismo mecanismo para financiar actos proselitistas.

A Penta y a Soquimich también se los acusa de sobornar a Pablo Wagner, exviceministro de Minería del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), quien habría recibido dineros de ambos grupos mientras desempeñaba un cargo público. Hasta ahora, el caso investiga las campañas de dos senadores del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Ena von Baer e Iván Moreira, y los excandidatos presidenciales Andrés Velasco y Laurence Golborne, junto al actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, candidato en las elecciones pasadas. También son investigadas las campañas del senador socialista Fulvio Rossi, las de la UDIJaime Orpis y Juan Antonio Coloma, y la del diputado demócrata cristiano Roberto León.

Esta decisión se conoció un día después que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, admitiera que pasó por momentos "difíciles y dolorosos" tras las críticas de la oposición derechista y de parte del oficialismo por los polémicos negocios en los que se vio involucrado su hijo Sebastián Dávalos.
"Sin duda que para mí, como madre y presidenta, han sido momentos difíciles y dolorosos", afirmó el lunes luego de sus vacaciones, un retorno que, además, la esperaba con una importante baja en su popularidad. La mandataria hacía uso de su período de descanso en el sur del país cuando hace algunas semanas estalló el escándalo del que la presidenta sólo se enteró por los medios de comunicación, según dijo en el encuentro con los periodistas.

El caso cobró relevancia luego de conocerse que Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, recibieron un crédito bancario por diez millones de dólares en diciembre de 2013, en una operación negociada directamente con el dueño del Banco Chile, Andrónico Luksic, y materializada un día después de que Bachelet ganara las elecciones.


Bachelet dijo que se enteró por los medios de denuncia contra su hijo


Michelle Bachelet.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, aseguró hoy que se enteró por la prensa de un millonario negocio que involucra a su hijo, que está siendo investigado por la justicia.

"No tuve información previa, ni después, me informé en Caburgua por la prensa", afirmó Bachelet a los periodistas tras retomar este lunes sus funciones, luego de pasar sus vacaciones en el sur de Chile, en una casa que posee a orillas precisamente del lago Caburgua.

Sebastián Dávalos, hijo de Bachelet, fue denunciado por la derecha chilena ante la justicia por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada tras un polémico negocio inmobiliario realizado por su esposa, Natalia Campagnon.

El hijo de la mandataria, que se desempeñaba como director sociocultural de la Presidencia, renunció al puesto el pasado 13 de febrero.

Agencias AFP, EFE y Reuters