5 jun 2015

Sin el conocimiento de la "agencia”

Documento desclasificado señala a Posada Carriles como probable autor de acto terrorista contra avión cubano 

4 junio 2015 |
Posada Carriles. Foto: Reuters.
Posada Carriles. Foto: Reuters.
Descargue el documento del Departamento de Estado en PDF (4,4 Mb)
Un documento del año 1976, desclasificado este miércoles por el Departamento de Estado norteamericano, considera a Luis Posada Carriles como el autor más probable del acto terroristacontra un avión de Cubana de Aviación, en el cual murieron 73 personas ese año.
El informe muestra además las preocupaciones de esa instancia sobre los vínculos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con grupos extremistas de emigrados cubanos en el sur del estado de Florida.
El memorando enviado al entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, por dos altos funcionarios de esa agencia, analiza las acusaciones del líder cubano, Fidel Castro, sobre el eventual involucramiento de Washington en el derribo de la aeronave que salió de Barbados el 6 de octubre de 1976.
Según el memorando, la CIA tuvo vínculos con tres de las personas “supuestamente” implicadas en el derribo del avión de Cubana, “pero cualquier participación que esas personas pudieran haber tenido con el derribo ocurrió sin el conocimiento de la agencia”.
El texto aborda en detalle los vínculos de la CIA con individuos señalados con el sabotaje, y cita directamente a Hernán Ricardo Lozano, Freddy Lugo, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Frank Castro, Orlando García, Ricardo Morales Navarrete y Félix Martínez Suárez.
Especifica que la entidad solo había establecido contacto en el pasado con Posada Carriles, Bosch y Martínez Suárez, en distintas circunstancias y roles.
Suárez no estuvo involucrado en el hecho, según los autores del reporte.
El documento está firmado por Harold H. Saunders, director del Buró de Inteligencia e Investigaciones del Departamento de Estado y el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Harry W. Shlaudeman.
El documento, que ya formaba parte de la colección del Archivo Nacional de Seguridad, pero en una versión censurada, fue desclasificado por la Oficina del Historiador del Departamento de Estado dentro de un volumen de documentos referidos a América Central y México, entre 1973 y 1976.
Cuba ha denunciado en múltiples escenarios internacionales que la voladura del avión fue ejecutada por agentes de la CIA, los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo, quienes pusieron los explosivos dentro del avión por orden de los terroristas de origen cubano Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.
Informes señalan que Posada fue entrenado por el Ejército estadounidense en las instalaciones de Fort Benning, Georgia, en los años 60 para efectuar acciones militares en Cuba mediante la llamada Operación Mangosta.
Posada Carriles, que reside en Miami desde hace varios años, es autor confeso de la voladura del avión de Barbados y también es señalado organizador de una serie de atentados con bombas contra hoteles de La Habana en 1997.
documentos del dpto de estado sobre posada y barbados
(Tomado de Prensa Latina)

HSBC tuvo que pagar € 38 millones por lavado en Suiza


La Fiscalía General de Ginebra anunció que ha cerrado la investigación penal contra la filial suiza del banco HSBC por lavado de dinero, tras llegar a un acuerdo por el que la entidad pagará 40 millones de francos (38 millones de euros) a las arcas de este cantón.

La Justicia determinó que el banco cometió diversas irregularidades.

El procurador general de Ginebra, Olivier Jornot, dijo que las investigaciones que se iniciaron el pasado febrero, con la incautación de documentos en los locales del banco, demostraron que hubo un"déficit organizacional en la lucha contra el blanqueo de dinero".

La Justicia suiza identificó cuatro expedientes por los que decidió presentar cargos penales y pudo determinar claramente que en dos de ellos se violó la ley.

"Hemos llegado a un acuerdo con el banco para que pague 40 millones de francos a Ginebra por los perjuicios causados. La cifra ha sido calculada en base a los beneficios indebidos por las operaciones juzgadas más litigiosas", explicó Jornot en una conferencia de prensa.

El magistrado quiso poner en contexto la suma acordada y para ello comentó que "es el importe más elevado confiscado en el curso de la historia" del Ministerio Público del cantón de Ginebra.

De manera más amplia, Jornot dijo que este caso "demuestra la debilidad de la ley en Suiza para la entrada de fondos de origen criminal" en su sistema financiero.

"Es muy fácil pedir que investiguemos, pero el problema es la ley que no castiga a los intermediarios que aceptan fondos de origen dudoso", continuó.

Contra la filial suiza del HSBC tienen procesos penales en curso las autoridades de Argentina y de Francia por evasión fiscal y lavado de dinero procedente de actividades criminales.

Por su parte, el procurador primero de Ginebra, Yves Bertossa, explicó que desde la incautación de los documentos se realizó una gran tarea de análisis que permitió establecer, por ejemplo, que se había violado el deber de los colaboradores del banco de identificar adecuadamente la procedencia de los fondos.

Se omitió igualmente la obligación de aclarar situaciones de riesgo y el banco mostró igualmente "incapacidad para detectar transacciones sospechosas", denunció Bertossa.

En su comparecencia, el fiscal explicó que se optó por cerrar un acuerdo con el banco en vista de las dificultades previsibles "de encontrar las pruebas del blanqueo del dinero" y la "incertidumbre de la respuesta" de las autoridades de otros países frente eventuales demandas de cooperación judicial.

"Por todo esto decidimos aceptar la solución negociada", enfatizó a su turno Jornot, quien aseguró que la cifra que deberá pagar HSBC es satisfactoria para el poder judicial.

La apertura de la investigación en Suiza en febrero siguió a la revelación por parte de un consorcio de periodistas de investigación sobre la manera en que la filial helvética del HSBC era utilizada por evasores de impuestos y criminales para mantener sus fondos a buen resguardo.

El escándalo que involucra desde 2008 al banco sino-británico, el grupo de su sector más importante de Europa, se originó en la entrega de una lista de clientes a las autoridades francesas por parte de un exempleado, Herve Falciani.


El caso ha tenido repercusiones en todo el mundo pues personas de los más diversos países y actividades, incluidos políticos y deportistas, figuran en esa lista.

Falciani vive en Francia y la Justicia suiza le reclama para juzgarle por esa sustracción de documentos.

LA JUSTICIA ESTADOUNIDENSE INVESTIGA MAS DE 1000 CONTRATOS

El Mundial de Brasil ahora en la mira
Además de poner el ojo en las elecciones de Rusia 2018 y Qatar 2022 y de investigar los sobornos denunciados por el ex FIFA Chuck Blazer en torno de Francia 1998 y Sudáfrica 2010, ahora se examina la legalidad de la última Copa del Mundo.

Los contratos firmados en el marco de la organización del Mundial de Brasil 2014 serán investigados por la Justicia estadounidense según afirma el Estado de San Pablo. La investigación se basa en el estrecho vínculo entre el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ricardo Teixeira y el secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, el dirigente más cercano a Joseph Blatter. La relación comercial entre ambos será “examinada” con “peine fino”. El objetivo es saber si existió algún tipo de intercambio de “favores” u otras irregularidades en los más de 1000 contratos que fueron firmados en torno de la organización del Mundial en Brasil. FIFA gastó en Brasil 2014 unos 2200 millones de dólares y los investigadores norteamericanos quieren saber si Teixeira y Valcke se beneficiaron o se valieron del pago y cobro de sobornos para concretar todos o algunos de esos acuerdos.
En tanto, las autoridades suizas consideran improbable la excarcelación de los siete directivos del fútbol internacional detenidos en Zurich hace una semana, en la víspera del Congreso de la FIFA. Mientras la sede de la Federación Venezolana de Fútbol fue allanada –Rafael Esquivel, su presidente, es uno de los detenidos–, Blatter aseguró que ya está “trabajando en reformas”.
“Creemos que existe peligro de fuga”, afirmó Folco Galli, portavoz del Ministerio de Justicia suizo, quien señaló que una medida de ese tipo podría entorpecer las acciones judiciales. Según el portavoz, la Justicia de Estados Unidos tiene tiempo hasta el 3 de julio para presentar un pedido formal de extradición. Hasta entonces, los imputados pueden exigir ante un tribunal su eximición de prisión. Galli explicó que la decisión depende de los jueces, pero aseguró que la prisión preventiva hasta que se resuelva la extradición está “en regla” con las leyes suizas. Todo el proceso de extradición, con sus posibles apelaciones, puede demorar hasta seis meses.
Los siete detenidos duermen todavía en prisión, donde están sometidos al régimen penitenciario habitual de este cantón, que se gasta 14 euros al día en alimentarlos y les permite una hora de paseo al día. Se encuentran repartidos por diferentes prisiones del cantón de Zurich cuyos nombres no se han difundido. Según los medios suizos, están en Dielsdorf, Limmattal, Meilen, Pfäffikon, Winterthur y Zurich. No pueden utilizar su computadora y tampoco tienen acceso a Internet o a su teléfono móvil. Los abogados pueden verlos durante las horas de visita. Las celdas tienen 12 metros cuadrados y están equipadas con radio, un inodoro, un lavatorio, una mesa y una silla. Pueden alquilar una televisión. En cambio, en Asunción, el paraguayo Nicolás Leoz goza desde ayer de permisos especiales para abandonar la prisión domiciliaria que le dictó por la Justicia de su país.
El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo en su programa televisivo que era necesario convocar “un proceso constituyente” en la FVF e hizo un llamado a los futbolistas para que “tomen el poder” y busquen “democratizar todas las instancias”. Incluso propuso a Diego Maradona para suceder a Blatter en la FIFA.
Blatter anunció que ya está trabajando con el objetivo de “poner en marcha reformas significativas de la administración y la estructura de la FIFA”. Añadió en un comunicado: “Quiero un programa completo de reformas y soy muy consciente de que únicamente el Congreso de la FIFA puede votar esas reformas. En cuanto al Comité Ejecutivo, su papel es el de compartir la responsabilidad de llevar bien ese proceso”.

VIENTOS DE GUERRA

MIENTRAS COMBATEN CON ARMAS PESADAS EN TERRITORIO REBELDE, MOSCU Y KIEV SE CULPAN MUTUAMENTE

Rusia y Ucrania, más cerca de la guerra total

El presidente ucraniano acusó a Rusia de mantener 9000 soldados dentro del territorio ucraniano y de impulsar la ofensiva rebelde en el este del país. Pero el canciller ruso dijo que la culpa es de la intransigencia del gobierno ucraniano.

Los tanques vuelven a rodar por la volátil zona de Donbás, en el este de Ucrania. Decenas de personas murieron en las últimas horas cerca de la ciudad de Marinka, al oeste de Donetsk. Los enfrentamientos, de cuyo inicio se acusan ambas partes, son los más sangrientos desde el arranque de la tregua acordada hace cuatro meses en Minsk, Bielorrusia. “Estuvimos en el sótano todo el día de ayer”, dijo Svetlana Mokraya, de 49 años, vecina de Marinka, que pudo refugiarse en la localidad vecina de Gueoguivka con la ayuda de una ambulancia. Los rebeldes trataron de “encontrar puntos débiles pero repelimos el ataque. Regresaron a Donetsk”, dijo Serguei, un soldado ucraniano de 30 años.
Mientras Kiev responsabilizó a los rebeldes de interrumpir el alto el fuego, Moscú responsabilizó al gobierno ucraniano. “Los terroristas dañaron brutalmente el acuerdo de Minsk”, afirmó el ministro ucraniano de Exteriores, Pavel Klimkin, según el cual los soldados ucranianos “no cedieron ni un centímetro de terreno”. La réplica de Serguei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, no se hizo esperar: “Los acuerdos de Minsk se encuentran bajo una amenaza constante de ruptura por la actuación de las autoridades de Kiev, que intentan obviar su obligación para establecer un diálogo directo con Donbás”. Por su parte el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó la gravedad de la situación. “Lo que hemos observado estas últimas 24 horas en Ucrania es un recordatorio que muestra que la tregua es muy frágil”, declaró .
El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, justificó ayer la mayor ofensiva militar desde hace meses como acto de defensa frente a los separatistas prorrusos. “Existe la amenaza colosal de que se reanuden las acciones militares a gran escala por parte de los grupos terroristas rusos”, dijo. “El ejército ucraniano debe estar preparado para una nueva ofensiva por parte del enemigo. Catorce batallones tácticos rusos, integrados por más de 9000 efectivos, permanecen en territorio de Ucrania”, denunció. Los rebeldes amenazaron una y otra vez con ampliar su zona de influencia en Donbás, pero ese intento fue derrotado, anunció el gobierno de Kiev, orgulloso. Con el telón de fondo de esta escalada de violencia, Poroshenko anunció ayer un nuevo aumento del presupuesto militar del país. “El peligro de fuertes combates en Donbás persiste”, afirmó el presidente en su discurso sobre el Estado de la Nación. Ahora hay 50.000 soldados desplegados en la zona y Poroshenko quiere aumentar el número de efectivos de las fuerzas armadas hasta 250.000 antes de finales de año. Poroshenko preparó a la población de su país para tiempos difíciles y advirtió que persiste la amenaza de un ataque por parte de Rusia en cualquier momento.
Con miras a los enfrentamientos armados en el este, el Parlamento de Ucrania aprobó ayer una ley que autoriza el despliegue de tropas internacionales en el país. Sin embargo, tal misión requiere de un mandato de la Unión Europea (UE) o Naciones Unidas. El gobierno de Poroshenko ha solicitado varias veces a la UE y al Consejo de Seguridad de la ONU el envío de soldados para que sean desplegados, por ejemplo, a lo largo de la frontera con Rusia en la región separatista. Sin embargo, la comunidad internacional está dividida sobre las perspectivas de éxito de tal misión.
La UE y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se mostraron ayer preocupadas por el recrudecimiento de los combates. Se trata de la violación más grave de la tregua registrada hasta el momento, aseguró la responsable de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, que advirtió sobre una nueva espiral de violencia. La diplomática italiana responsabilizó de forma indirecta a los separatistas prorrusos de estos últimos combates, por haber trasladado grandes cantidades de armamento pesado hacia el frente. Los observadores de la OSCE constataron ayer que los separatistas prorrusos desplegaron artillería pesada hacia la denominada “línea de contacto”, en contra de lo acordado en el último alto el fuego, en el que las partes se comprometieron a retirar el armamento pesado al menos a 50 kilómetros de la línea del frente. La noche del martes se detectó el movimiento de una decena de tanques y otros vehículos armados desde la ciudad de Donetsk, antes de que se desataran fuertes combates en torno de la ciudad de Marinka, informó la OSCE.
A su vez, el asesor asistente de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo que la prioridad de Washington para la cumbre del G-7 de principios de la semana que viene es el mantenimiento de las sanciones contra Rusia, país al que Estados Unidos acusa de apoyar a las fuerzas rebeldes. “Creo que lo más urgente es centrarse en el mantenimiento de la unidad sobre las sanciones, que tienen repercusiones significativas sobre la economía rusa”, dijo Rhodes. “El mensaje tiene que ser que la presión no cesará a menos que veamos” una solución diplomática, afirmó.
Por su parte, Poroshenko defendió el uso de artillería pesada y explicó que el ejército repelió “de forma adecuada” el ataque de los rebeldes en Marinka. Durante su discurso ante la Nación, Poroshenko responsabilizó a Rusia de la escalada de violencia. “La zona de Donbás habría olvidado la guerra como si de un mal sueño se tratase si Moscú quisiera la paz tanto como Kiev”, advirtió el presidente ucraniano. Según Poroshenko, en la zona luchan en la actualidad 14 grupos de combate rusos con más de 9000 soldados apoyando a los rebeldes.
Moscú lo niega y acusa a Kiev de poner en peligro el plan de paz. El Ministerio de Exteriores de Rusia y el Kremlin culparon a Kiev del repunte de la violencia. El gobierno ucraniano quiere presentar a Rusia como agresor ante la cumbre del G-7 y la que la UE celebrará a finales de mes, apuntan desde Moscú. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, es el ejército ucraniano el que desestabiliza conscientemente y provoca tensiones. Rusia teme que ante estos nuevos enfrentamientos, Occidente prolongue o endurezca las sanciones impuestas a Moscú por el conflicto ucraniano.
El gobierno de Kiev afirma que en los combates por Marinka murieron 80 separatistas y fueron heridos un centenar. Pero el líder separatista Eduard Bassurin, dice que en los combates murieron 16 rebeldes y resultaron heridos otros 90. “La situación en la República Popular de Donetsk se agravó mucho”, afirmó. Según Bassurin, los rebeldes quieren mantener el alto el fuego y no hay planes para volver a desplegar armamento pesado en el frente.
En tanto, los analistas ucranianos creen que todavía está por verse si se trata sólo de un test militar o de un verdadero regreso de fuertes combates. En Kiev está muy extendida la opinión de que la zona controlada hasta ahora por los separatistas es demasiado pequeña como para poder sobrevivir como territorio independiente.
El politólogo Kost Bondarenko cree que el actual episodio de violencia es más bien una prueba de fuerza de las partes en conflicto, que quieren fortalecer sus posiciones en las negociaciones del proceso de paz. Este experto está convencido de que nadie iniciará un gran ataque. “Ninguna de las partes quiere ser culpable del fracaso de la tregua”, apunta.
Pero muchos analistas creen que el proceso de paz está desde hace tiempo en un callejón sin salida del que sólo puede salirse con nuevos combates.
“Existe el temor fundado en que vuelva a caerse en una escalada militar”, dijo Steinmeier, el canciller ucraniano, quien defiende la validez del documento firmado hace cuatro meses en Minsk, a pesar del evidente fracaso del alto el fuego. “Hoy por hoy no tenemos otro instrumento”, señaló.

Las inversiones de la mamá del fiscal

FUERON DETECTADAS UNA NUEVA EMPRESA Y OTRAS PROPIEDADES A NOMBRE DE SARA GARFUNKEL, MADRE DE NISMAN

En la investigación por supuesto lavado de dinero se halló que Garfunkel es parte de la firma Monroe Plaza, figura como dueña de tres terrenos en Punta del Este y participa de un fideicomiso para la construcción de departamentos en Palermo.

La causa que involucra a Sara Garfunkel se inició a partir de revelaciones de Sandra Arroyo Salgado.
 Por Irina Hauser

Una nueva empresa integrada por Sara Garfunkel, la madre de Alberto Nisman, fue detectada en la investigación que llevan adelante el fiscal Juan Pedro Zoni y el juez Rodolfo Canicoba Corral por presunto lavado de dinero. La firma, Monroe Plaza SRL, que fue reportada por la AFIP, estaría vinculada a la construcción, en la misma línea de otras inversiones del rubro inmobiliario, también a nombre Garfunkel, que Nisman monitoreaba desde una de sus computadoras. Entre los 20 mil archivos detectados se halló información patrimonial que condujo a medidas concretadas en las últimas semanas. A raíz de un allanamiento realizado la semana pasada en oficinas comerciales de San Isidro, los investigadores pudieron confirmar que la madre de Nisman es quien figura como dueña de tres terrenos en el complejo Pueblomío de Punta del Este, donde pagó expensas por 4200 dólares en un trimestre. Otro procedimiento corroboró su participación en un fideicomiso para la construcción de dos departamentos con cochera en un complejo en Palermo.
La causa judicial se inició a raíz de que la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, reveló en la investigación sobre su muerte que él tenía una cuenta en el Banco Merrill Lynch, en Nueva York, de la que aparecían como cotitulares la hermana de Nisman, Sandra Nisman, el técnico Diego Lagomarsino y Garfunkel. Esta última compartía con su hijo cajas de seguridad. Buena parte de la información sobre la cuenta y los inmuebles estaba en la computadora que Nisman usaba en la UFI-AMIA, y habría algo también en la notebook personal hallada en su departamento. Algunos datos surgen de movimientos realizados por la web, documentos y resúmenes recibidos; otros, de la planificación que le hacían a Nisman sus secretarias, especialmente de los viajes.
Una de las principales sospechas es que las inversiones se habrían hecho con fondos de origen dudoso vinculados a Nisman. Algo que sorprendió a quienes conocen el expediente es que el ex titular de la UFI-AMIA tenía registros de sus gastos con una tarjeta American Express por montos siderales, que en un solo mes llegaron a 131 mil pesos y, en promedio oscilaban entre 40 y 70 mil pesos por mes.
Canicoba Corral envió exhortos a Estados Unidos por la cuenta. Allí también se rastrean inversiones. A Uruguay le pidió información sobre cuentas, ya que hay registros informáticos de operaciones a través de dos bancos, el Banco Francés y el Itaú. No está claro si son cuentas de él o utilizadas para mover dinero. El allanamiento que se hizo en las oficinas que comercializan los terrenos de Pueblomío en Buenos Aires no aportó documentación, pero uno de los encargados confirmó la titularidad de Garfunkel. El juez deberá ampliar medidas en Uruguay. Ese complejo publicita 180 chacras, 86 hectáreas y nueve lagunas de 30 hectáreas más. La empresa que administra el fideicomiso de la calle Dorrego al 1700 sí aportó documentos. La madre de Nisman aparece pagando cuotas de hasta 67 mil pesos.
La actividad que a ella se le conoce es la participación en una farmacia. Nisman, según les confirmó la Procuración a los investigadores, ganaba cerca de 90 mil pesos por mes. De acuerdo con su declaración jurada de bienes, no tenía prácticamente nada, sólo una propiedad en el country Highlands a medias con Arroyo Salgado. Pero sus gastos mensuales podrían rondar los 300 mil pesos. El auto Audi Q5 que usaba, por ejemplo, era prestado por la empresa Palermo Pack, que ahora que está incautado lo reclama. Nisman lo manejaba sin cédula azul ni ninguna documentación que lo habilitara.
El fiscal Zoni está analizando al detalle todo el contenido de la computadora de donde surgieron los datos sobre los bienes y también los múltiples viajes del fiscal. En los últimos cinco años estuvo 411 días en el exterior. Hizo 59 viajes mientras estuvo en la UFI-AMIA. La mayoría no eran reportados como viajes de trabajo ni pedía licencia. La agenda y todo el material están en pleno estudio y la fiscalía prepara nuevas medidas para los próximos días.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-274270-2015-06-05.html

“#NiUnaMenos”

Documento leído en la multitudinaria movilización en la capital argentina contra el femicidio, en el que se detallan datos sobre la situación de violencia contra las mujeres y se plantean medidas al respecto

ni una menos nodal maitena rivas minujin

I

En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30. En esos 7 años, los medios publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos que tenemos que decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están obligados a convivir con los asesinos. El problema es de todos y de todas. La solución hay que construirla en conjunto. Necesitamos sumar compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a la mujer como objeto de consumo y descarte y no como una persona autónoma.
El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y atraviesa todas las clases sociales, credos e ideologías: Pero la palabra “femicidio” es, además, una categoría política, es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve natural algo que no lo es: la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de Derechos Humanos.
Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la amenazan, le pegan, la matan para impedir que diga NO.
El femicidio es eso: marcar los cuerpos de las mujeres violentamente, y como amenaza para otras: para que las mujeres no puedan decir que no, para que renuncien a su independencia. Aunque la gran mayoría de las mujeres que recordamos aquí fueron asesinadas por hombres de su círculo íntimo, el femicidio no es un asunto privado, es producto de una violencia social y cultural que los discursos públicos y de los medios vuelven legítima, cada vez que alguien le dice puta a una mujer porque ejerce su sexualidad libremente, cada vez que alguien la juzga por las medidas de su cuerpo, cada vez que alguien la mira con sospecha porque no quiere tener hijos, cada vez que alguien pretende reducirla simplemente al lugar de la buena esposa o la buena madre, destinada a un varón.
El femicidio es un tipo de violencia particular: no es un tema íntimo o doméstico o sólo de las mujeres. En muchos femicidios también fueron asesinados los hijos como parte del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de dar vida.
Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir basta, que quiere dejar de ser víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda la estructura de la violencia machista. Pero ese es su momento más vulnerable, ahí es cuando con saña se pretende ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener su decisión: redes de afecto, sociales, asistencia del Estado y un activismo político fuerte que insista en decirle que no está sola y que no es su culpa. Para que ese BASTA, que por fin pudo enunciar, se sostenga en el tiempo. Eso es, también, lo que estamos haciendo hoy, acá, en esta plaza pública.
La violencia ejercida en el ámbito doméstico se vincula con cuestiones sociales que deben ser discutidas en la esfera de la política. A diferencia de otros crímenes, el femicidio se puede leer en una cadena: encontramos crímenes casi calcados por todo el país.
Por eso, afirmamos el derecho a decir NO frente a aquello que no se desea: una pareja, un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido. Afirmamos el derecho a decir NO a los mandatos sociales de sumisión y obediencia.
Y porque decimos NO, podemos decir sí a nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas afectivas, nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, en el trabajo, en la política y en todas partes.

II

Los femicidios no deben tratarse como problemas de seguridad. Y la lucha contra ellos exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del Estado y todas sus instancias -nacional, provincial, municipal- pero también precisa una respuesta de toda la sociedad civil. Y en especial una respuesta por parte de los y las periodistas, comunicadores y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones públicas.
En 2009 y por amplia mayoría (con 174 votos afirmativos y 3 abstenciones), el Congreso nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las Mujeres, Ley Nº 26.485, un paso importante en la lucha contra la violencia machista. Sin embargo, todavía está pendiente la reglamentación de algunos artículos, incluido el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Sin la reglamentación completa de la Ley, el diseño de políticas integrales y la asignación del presupuesto necesario para su instrumentación, esta herramienta lograda en 2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la violencia.
En el país existen líneas telefónicas y oficinas especializadas para orientar y asistir a las víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no son acompañadas de políticas integrales.
No existe en la Argentina un registro oficial de femicidios. Los datos que mencionamos aquí son los que releva año tras año la Organización No Gubernamental Casa del encuentro.
Es fundamental contar con estadísticas oficiales. El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente a la hora de dar respuesta a las víctimas. En muchas jurisdicciones, son ellas las que tienen que denunciar y luego ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este sistema de doble denuncia está apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las mujeres y contribuye a la impunidad del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende enteramente de las víctimas y, si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se archivan. Se trata de un modelo de gestión judicial de la violencia contra las mujeres que suma desprotección y que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el agresor, el Poder Judicial agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la violencia institucional. Muchas de las víctimas de femicidios habían denunciado antes y en reiteradas ocasiones al asesino.
A tantas otras mujeres no quisieron tomarles las denuncias. Esta inercia no puede continuar. Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias decisiones. Otras están desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual o laboral, y sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de esas mujeres desaparecidas se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Por ellas también pedimos justicia.
El modo en que los medios, mayoritariamente, tratan el problema, debe transformarse por completo: en muchos casos culpabilizan a las víctimas de su destino: hablan de su vestimenta, sus amistades, sus modos de divertirse. En el fondo, agitan allí el “algo habrán hecho”. Necesitamos medios comprometidos en la elaboración de protocolos, además del imprescindible cumplimiento de los protocolos existentes y de los códigos de ética para las coberturas periodísticas de estos casos.
La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las mujeres en situaciones de desigualdad, dominación y discriminación. Repite estereotipos. El tratamiento noticioso de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas, con la invasión de la intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el modus operandi del asesino, contribuyen a que el femicidio se naturalice o se lo convierta en insumo para que el show continúe. Y esto ayuda a su reproducción.
Decimos Ni una menos, con el dolor de la suma de víctimas que crece y crece. Esta convocatoria masiva, esta enorme y comprometida participación social, son un grito unánime.
Es la manera que encontramos, en todas las plazas del país, con la movilización, con el dolor común, con la preocupación y la necesidad urgente, de poner en marcha acciones coordinadas que ataquen el problema; desde el origen -la cultura machista-, y hasta el fin de la cadena: la mujer golpeada, la mujer asesinada.
El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía, debemos comprometernos a perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia contra las mujeres, nuevos esfuerzos deben sumarse, codo a codo con el esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres, feministas, ONGs y personas comprometidas que trabajan en esto desde
hace tiempo.
Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La preservación de la vida y las decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para todos y para todas. Forjemos nuevos modos de convivencia, estrategias para hilar cada vez mejor la trama de la vida en común. No queremos más lágrimas de duelo y sí más avances que festejar.
No queremos más mujeres muertas por femicidio. Nos queremos vivas. A todas.
#NiUnaMenos.

III

Pedimos, entonces, una serie de puntos ineludibles para recorrer el camino hacia Ni una menos:
1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece.
2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios.
3. Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Federalización de la línea 137.
4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia.
5. Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial.
6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática.
7. Creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.
8. Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos.
9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país.
Todas las medidas requieren creación de instancias de monitoreo y seguimiento para su puesta en práctica y funcionamiento efectivo.
Erradicar la violencia contra las mujeres puede ser difícil pero no es imposible. Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes se miraba para otro lado, es revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro modo unos a otras, es un compromiso social para construir un nuevo nunca más. Repetimos. No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a cada una de las mujeres vivas. A todas.

Guerrero: los focos rojos se multiplican

Diario SinEmbargo, México

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Hace cuatro días, el 28 de mayo pasado, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) mostró el mapa de los lugares en se pondrá la mayor atención durante los comicios del próximo domingo, debido a los problemas de conflictos sociales, así como de inseguridad y violencia generada por grupos del crimen organizado.
En ese mapa destacan cuatro entidades: Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Guerrero. En este último estado, el INE ubicó a Chilpancingo, Tixtla, Tlapa y Chilapa. Sin embargo, el análisis del Instituto se quedó corto y hoy, a sólo tres días de la elección, sabemos que no se trata de sólo cuatro municipios y que el reto de tener elecciones sin sobresaltos en esa entidad se ha vuelto un verdadero desafío.
El INE, al parecer, ha subestimado la problemática social en esa entidad. Desde hace semanas se tiene conocimiento que los problemas de inseguridad y violencia abarcan a prácticamente todo el estado y alcanza a puntos realmente decisivos en la vida política y social de Guerrero, como es el caso del puerto de Acapulco, que es con el turismo el gran motor económico.
A unas horas de la próxima cita ciudadana en las urnas, las autoridades estatales y federales tienen identificados al menos 14 focos rojos relacionados con la crisis social y la violencia: Tixtla, Chilapa, Tlapa, Chilpancingo, Teloloapan, Iguala, Cocula, Tlapehuala, Atlixtac, Atoyac de Álvarez, Ahuacuotzingo, Coyuca de Benítez, Ciudad Altamirano y la zona conurbada de Acapulco.
El proceso electoral en la entidad es considerado por analistas como el más difícil y conflictivo de su historia. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que llegó al poder estatal en 2005 con Zeferino Torreblanca Galindo, no significó para los guerrerenses un cambio y, al contrario, su situación de crisis se acentuó con la llegada al poder de Ángel Heladio Aguirre Rivero.
El sexenio que está por concluir estuvo enmarcado por escándalos alrededor de la familia de Aguirre Rivero y del propio Gobernador, quien dejó inclusa su administración por la tragedia que marcó su declive y el repunte de la inestabilidad social en esa entidad: el asesinato de seis normalistas y la desaparición de 43 alumnos más de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, el pasado 26 de septiembre.
Además, el crimen organizado ha impuesto su ley desde entonces, y los propios candidatos que compitieron en esta campaña padecieron, desde hace semanas, ataques, amenazas, secuestros e incluso asesinatos.
Ahora, después de tres días de violencia, las amenazas de boicot a las elecciones por parte de los sindicatos de maestros, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes se han radicalizado en la entidad.
No obstante, los mensajes del Gobierno mexicano buscan reflejar normalidad. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), negó hace unos días que el Gobierno federal se haya visto rebasado por la violencia y aseguró que el país “no está en llamas”. Aún así los ataques a candidatos en Guerrero y en otras entidades del país, además de los enfrentamientos de grupos del crimen organizado con las fuerzas federales han hecho saltar las alarmas.
De acuerdo con expertos, en esta elección se ha registrado un incremento significativo de la violencia en relación con los procesos de 2012 y 2009, cuando también se registraron asesinatos de candidatos. Pero nada se compara con lo que hoy se está viviendo, a sólo tres días de la elección intermedia.

Los tres obstáculos que dificultan un acuerdo entre Grecia y la UE

Los puntos más críticos de las negociaciones

EL PAÍS Madrid  JUN 2015 


Alexis Tsipras estrecha la mano a Jean-Claude Juncker, a su llegada este miércoles en Bruselas. / FRANCOIS LENOIR (REUTERS)
El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el primer ministro griego, Alexis Tsipras, iniciaron este miércoles una reunión destinada a forjar un acuerdo entre los acreedores y Atenas que permita desbloquear la ayuda financiera que Grecia necesita urgentemente para evitar la quiebra
Estos son los puntos clave de las negociaciones.

Las grandes cifras. 
Grecia exige a Europa mayor margen para poder realizar políticas sociales y por eso pide rebajar la meta de superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos públicos sin contar el pago de la deuda) al entorno del 1% del PIB este año y al 2% en 2016. El objetivo anterior era del 3% y 4%. Grecia asegura tener el beneplácito de Francia y Alemania para hacerlo.

Reformas laborales. 
Bruselas exige frenar las prejubilaciones y aplicar nuevas rebajas de pensiones. Atenas ofrece una reducción gradual de las jubilaciones anticipadas hasta 2020 y rechaza reducir prestaciones. También pretende recuperar la negociación colectiva en las empresas.

Discrepancias sobre el IVA
Grecia ofrece mantener tres tipos de IVA (del 6%, el 11% y el 23%) para recaudar 1.000 millones de euros adicionales. Los negociadores europeos piden 2.000 millones más con dos tipos.

Asesinan al abogado de Ríos Montt

GUATEMALA 

Francisco Palomo era uno de los letrados más cuestionados en Guatemala por defender al exdictador en el juicio por genocidio
JOSÉ ELÍAS Ciudad de Guatemala 4 JUN 2015


Los forenses examinan la escena del homicidio. / LUIS SOTO (AP)

El abogado Francisco Palomo Tejeda, de 63 años, experto en casos de alto impacto como el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt y uno de los letrados más cuestionados del foro guatemalteco, fue asesinado a tiros el mediodía de este miércoles, en un sector exclusivo del sur de la capital guatemalteca.

Según versiones de testigos, Palomo fue acribillado por dos personas que viajaban en una moto de alta cilindrada, quienes se acercaron al coche del profesional y dispararon en su contra, alcanzándolo en puntos vitales. Ya sin control el coche del jurista se empotró en un árbol. El suceso ocurrió al filo de las 13.30 (19:30 GMT).

Su trayectoria profesional lo convirtió en un jurista polémico, por decir lo menos. Entre otros casos, ejerció la defensa del exdictador Efraín Ríos Montt en el proceso por genocidio y delitos de lesa humanidad por lo que Ríos fue condenado a 80 años de cárcel en mayo de 2013. El juicio fue anulado posteriormente por una decisión del Constitucional, cuestionada por razones de competencia.

También defendió al expresidente Alfonso Portillo, quien fue extraditado a Estados Unidos, donde un Tribunal de Nueva York lo condenó a cinco años de prisión por utilizar bancos estadounidenses por el delito de lavado de dinero. Desde Guatemala dirigía la defensa del exministro del Interior, Carlos Vielmann, sujeto a los tribunales en España por la ejecución extrajudicial de 10 reos en cárceles de este país centroamericano.

La ministra de Interior, Eunice Mendizabal, descartó que esa muerte pudiera atribuirse a la delincuencia común

Entre las primeras personas en llegar a la escena del asesinato está Zury Ríos, la hija del viejo general, quien prefirió no hacer comentarios a la prensa y se acercó a la ya viuda de Palomo, para darle el pésame. Otro de los que llegaron a la escena del crimen fue el también abogado y militar retirado Moisés Galindo, integrante destacado del equipo de letrados que defiende a Ríos Montt.

A su llegada a la escena del crimen, la ministra de Gobernación (Interior), Eunice Mendizabal, descartó que esa muerte pudiera atribuirse a la delincuencia común. “Fue un ataque directo”, dijo. Añadió que se ha conformado ya un equipo de expertos para esclarecer el crimen y dar con los responsables intelectuales y materiales.

Un investigador del Ministerio Público (Fiscalía), quien prefirió el anonimato, comentó que en el ataque debieron participar, por lo menos 10 personas, quienes habrían vigilado al profesional desde la salida de su oficina hasta su casa, a donde se dirigía para comer, hasta quienes dieron la señal a los autores materiales de que Palomo se acercaba al lugar elegido para el atentado.

Pancho Palomo, como era conocido familiarmente, es el segundo abogado asesinado en la capital guatemalteca en las últimas 24 horas. En la mañana del martes, una letrada que se desempeñaba como administradora de un hospital privado, fue igualmente abatida a tiros. Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de Guatemala, Marco Antonio Sagastume, alertó de esa situación e hizo un llamado al gremio para cerrar filas “en defensa de la vida de los abogados de Guatemala”.

Plan Cóndor Comunicacional en América Latina, denuncia Buen Abad


Los medios de comunicación son armas de guerra ideológica y han ido reposicionándose en América 
La­tina, donde está en marcha un Plan Cóndor Comunicacional

Redacción Internacional | internacionales@granma.cu
2 de junio de 2015



BUENOS AIRES.—Los medios de comunicación son armas de guerra ideológica y han ido reposicionándose en América La­tina, donde está en marcha un Plan Cóndor Comunicacional, opinó el filósofo mexicano, Fernando Buen Abad.

En declaraciones al Diario Contexto, de Buenos Aires, citadas por Prensa Latina, el también semiólogo y escritor aseguró que como parte del megaproyecto de Estados Unidos hay bases militares y mediáticas en el continente, por lo cual la comunicación devino problema de seguridad regional.

Recordó que en este siglo ocurrieron cin­co golpes de Estado en América Latina, don­de el ariete fueron las estructuras monopólicas me­diáticas, que probaron su capacidad de articulación, de manera más rápida y ubicua.

De acuerdo con el criterio de otros expertos, Buen Abad destacó que las bases militares en América Latina hicieron metástasis y Estados Unidos ahora pretende expandir su anillo de seguridad por toda la zona para ampliar su proyecto de mercado.

La intención de mantener cautivos del mercado a los más de 500 millones de latinoamericanos es el eje del Plan Cóndor Co­mu­nicacional, que se suma al modo tradicional de controlar la resistencia mediante el desembarco de fuerzas militares, según sus palabras.

“El ariete, la punta de lanza de esto, son los medios. Se trata de empezar a acusar de dictadores a todos los que están ahí, convencer al mundo de que alguien tiene que hacer algo, y el día que eso pase, todo el mundo aplaudirá y dirá: Por fin ya quitaron a ese dictador”, expresó, según Prensa Latina.

“Esa fórmula es la que está apuntándole a Nicolás Maduro y que le apuntó a Hugo Chávez. Es la fórmula que le apunta a Evo Morales, a Daniel Ortega, a Rafael Correa, a Raúl Castro, a Dilma Rousseff y a Cristina Fernández”, añadió.

Durante la charla, que quedará en un libro sobre pensadores nuestroamericanos, aludió al papel de la Sociedad In­te­ra­me­ricana de Prensa (SIP) y a su historia plena de pasajes espantosos en lo individual, así como por los medios a los que representa y los proyectos que tienen en mente.

Sin embargo, esa alianza de empresarios de medios es apenas un peón que hace cosas horrorosas que conforman solo una parte de un megaproyecto. La SIP es una instancia bastante menor respecto al otro problema que es el megaproyecto global de dominación mediática, que sí es un proyecto imperial, afirmó.

También hizo notar que hay matrices con una orientación “que pasan por el Grupo Random de Colombia, por CNN en Estados Unidos y que viene del Grupo Prisa, donde están los laboratorios de guerra ideológica y psicológica más poderosos del mundo”.

“Hay una lucha territorial al mismo tiempo que hay una lucha semántica. A eso es a lo que denomino el Plan Cóndor Co­mu­ni­cacional, porque ahora las fuerzas de represión comunicacional tienen una capacidad de virulencia y coordinación muy rápida”, definió Buen Abad.

Las transnacionales le robaron a África 6 mil millones en un año por evasión fiscal

GLOBALIZANDO EL SAQUEO

5 junio 2015


Ilustración: Polyp.org.uk


Por Sean Buchanan

Empresas e inversores con sede en el Grupo de los 7 (G-7) países más ricos del mundo le robaron a África aproximadamente 6.000 millones de dólares en un año por concepto de evasión fiscal, denunció este martes 2 un nuevo informe de la organización humanitaria Oxfam.

Según el informe “El dinero habla: África en el G-7” esa cifra equivale a tres veces más de lo que necesitan los sistemas sanitarios de los países africanos afectados por el ébola, Sierra Leona, Liberia, Guinea y Guinea Bissau.

En un informe anterior, Oxfam calculó en abril de este año que se necesitan 1.700 millones de dólares para mejorar los sistemas de salud, peligrosamente inadecuados, en esos países. La cifra se basa en el gasto de 86 dólares por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud para cubrir un paquete mínimo de servicios esenciales.

El nuevo informe de Oxfam se conoce cuando los líderes políticos del G-7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, se preparan para reunirse con sus homólogos africanos en la cumbre anual celebrada en Baviera, Alemania, los días 8 y 9 de este mes.

La delegación africana estará representada por el primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, y los respectivos presidentes de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, Nigeria, Muhammadu Buhari, y Senegal, Macky Sall, quienes se sumarán a la sesión ampliada del 8 de este mes.

Oxfam solicitó a los países del G-7 que incluyan medidas para una ambiciosa reforma fiscal en las discusiones acerca de cómo el grupo puede apoyar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del continente africano.

En Gran Bretaña, Oxfam integra una alianza de la sociedad civil que solicitó al gobierno británico, de reciente elección, que presente un proyecto de ley contra la evasión fiscal, lo cual dificultaría la evasión de las empresas británicas en los países donde operen, una práctica que actualmente les cuestan miles de millones de dólares por año a algunos de los países más pobres del mundo.

Con este fin, la alianza, que además de Oxfam incluye a las organizaciones ActionAid y Christian Aid, lleva a cabo una campaña por el Proyecto de Ley de Evasión Fiscal.

Oxfam sostiene que una ley bien ideada contra la evasión fiscal también evitaría que las grandes empresas dejen de pagar sus impuestos en Gran Bretaña, y podría generar al fisco británico un mínimo de 5.400 millones de dólares por año, equivalente a 910 dólares por cada hogar que vive por debajo del umbral de la pobreza en este país.

“Las empresas transnacionales, muchas de ellas con sede en Gran Bretaña y otros países del G 7, están estafando a los países africanos por miles de millones de dólares en ingresos fiscales vitales que podrían ayudar a la población vulnerable a recibir asistencia sanitaria digna y a enviar a sus hijos a la escuela”, aseguró Nick Brye, jefe de campañas de Oxfam en este país.

“Para financiar la lucha contra la pobreza y lidiar con el agravamiento de la desigualdad extrema, necesitamos medidas para garantizar que las grandes empresas paguen la parte que les corresponda, aquí y en las naciones más pobres del mundo”, exhortó en Londres.

Oxfam también recordó que las medidas internacionales existentes para hacer frente a la evasión fiscal de las empresas, tales como el proceso de Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, en inglés), dirigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para el Grupo de las 20 mayores economías del mundo, dejan la posibilidad de recurrir a lagunas legales para evitar el pago de impuestos.

La organización advierte que las empresas transnacionales pueden aprovechar esas lagunas en sus operaciones en el Sur en desarrollo y que muchos países africanos fueron excluidos de las negociaciones sobre la reforma del BEPS y, por tanto, no se beneficiarán del mismo.

Oxfam también solicitó al ministro de Hacienda británico, George Osbourne, que asista en julio a la Conferencia de Financiación para el Desarrollo que se realizará en Etiopía, con la presencia de jefes de Estado y ministros de Economía de todo el mundo.

La conferencia, que tratará sobre la forma en que la comunidad internacional financiará el desarrollo en los próximos 20 años, es una oportunidad para que los gobiernos colaboren en darle forma a un sistema fiscal mundial más democrático y justo.

Según Oxfam, en 2010, el último año del que se dispone de datos, las empresas y los inversores con sede en los países del G-7 evadieron el pago de impuestos sobre 20.000 millones de dólares de ingresos mediante una práctica conocida como facturación fraudulenta, por la cual una empresa fija artificialmente los precios de los productos o servicios vendidos entre sus filiales para evitar los impuestos.

Los impuestos empresariales en África tienen un promedio de 28 por ciento, lo que equivale a casi 6.000 millones de dólares perdidos. Además, los países en desarrollo en su conjunto pierden unos 100.000 millones de dólares al año a través de planes de evasión fiscal que implican a los paraísos fiscales, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

“La reforma de las normas internacionales que rigen los impuestos empresariales para que los gobiernos africanos pueden reclamar el dinero que se les adeuda es vital para combatir la pobreza extrema y la desigualdad y fomentar el crecimiento económico”, destacó Brye.


(Tomado de IPS)

Vázquez destituye a embajador en Europa por desalinearse con TLC

El gobierno busca cuanto antes un reemplazante al embajador uruguayo en Bruselas, Walter Cancela, tras las declaraciones realizadas el lunes por el economista sobre que no está previsto un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea a dos velocidades, tal como impulsan Brasil y Uruguay ante las resistencias del kirchnerismo argentino a un acuerdo en igualdad de condiciones.

Junio 4, 2015

Nin Novoa desautorizó a Cancela por romper estrategia del gobierno




Las afirmaciones del representante del Poder Ejecutivo en la ciudad donde la Unión Europea tiene su sede administrativa sorprendieron y molestaron al presidente Tabaré Vázquez y al canciller Rodolfo Nin Novoa por ir en contra de la prédica de la cúpula del gobierno en tiempos que lograron el apoyo de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, para acelerar el tratado comercial que Argentina resiste.
Consultado por El Observador sobre las consideraciones de Cancela, Nin Novoa afirmó que "la política exterior la fija el presidente de la República", y añadió que "por lo tanto se desautorizan las declaraciones del embajador". El ministro de Relaciones Exeriores agregó que se buscará un sucesor del funcionario, uno de los embajadores políticos que queda en funciones.

Cancela había asumido su cargo en octubre de 2010. Aunque faltan cuatro meses para finalizar su misión, el gobierno no prevé renovar su estadía en la capital de Bélgica y además ya trabaja en encontrar cuanto antes un sucesor.

Cancela dijo el lunes ante la prensa en Bruselas que no está planteado un acuerdo para alcanzar un TLC entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur "a dos velocidades", y agregó que el acuerdo "es entre los cuatro (países miembro) o no es", porque los europeos tienen mandato para negociar con el bloque y no con países de forma separada.

Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a El Observador que tanto Vázquez como Nin Novoa se molestaron porque el embajador rompió la estrategia tejida entre Uruguay y Brasil de alinearse para ir a por todo en busca del acuerdo pese a las resistencias del kirchnerismo.

La intención de Uruguay y Brasil es cerrar en 2015 el acuerdo comercial. "El tiempo es ahora, como lo dijo la presidenta de Brasil, queremos lograr avanzar en un acuerdo este año", dijo el mandatario uruguayo el 21 de mayo en Brasilia, tras una reunión con Rousseff, al ser consultado sobre si se podrá esperar el resultado de las elecciones en Argentina para avanzar.

Ayer, en entrevista con El Observador TV, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana y también representante de la Eurocámara Uruguay, Paul Riezler, afirmó que para Europa la prioridad es acordar con Brasil. "La Unión Europea lo que quiere es Brasil; Argentina viene por añadidura", dijo. "Hay que tener en cuenta los tiempos de las empresas y las empresas no pueden esperar", dijo.

Empresarios presionan
El empresario afirmó que existe consenso entre las compañías de la región sobre la urgencia de cerrar el acuerdo.

Consultado sobre las declaraciones de Cancela, Riezler dijo que "en teoría", según los parámetros actuales de intercambio, los bloques tendrían que acordar en conjunto, pero añadió que si el Mercosur tiene voluntad política puede solicitar a la Unión Europea un cambio en los criterios de negociación para hacer un acuerdo a distintas velocidades. Además insistió en que existe urgencia entre las empresas ya que sus tiempos no son los políticos.

El gobierno uruguayo mantiene expectativas por la reunión que el 11 de junio mantendrán responsables de la Unión Europea y del Mercosur en el marco de la cumbre entre la eurozona y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.