La Fiscalía General de Ginebra anunció que ha cerrado la investigación penal contra la filial suiza del banco HSBC por lavado de dinero, tras llegar a un acuerdo por el que la entidad pagará 40 millones de francos (38 millones de euros) a las arcas de este cantón.
La Justicia determinó que el banco cometió diversas irregularidades.
El procurador general de Ginebra, Olivier Jornot, dijo que las investigaciones que se iniciaron el pasado febrero, con la incautación de documentos en los locales del banco, demostraron que hubo un"déficit organizacional en la lucha contra el blanqueo de dinero".
La Justicia suiza identificó cuatro expedientes por los que decidió presentar cargos penales y pudo determinar claramente que en dos de ellos se violó la ley.
"Hemos llegado a un acuerdo con el banco para que pague 40 millones de francos a Ginebra por los perjuicios causados. La cifra ha sido calculada en base a los beneficios indebidos por las operaciones juzgadas más litigiosas", explicó Jornot en una conferencia de prensa.
El magistrado quiso poner en contexto la suma acordada y para ello comentó que "es el importe más elevado confiscado en el curso de la historia" del Ministerio Público del cantón de Ginebra.
De manera más amplia, Jornot dijo que este caso "demuestra la debilidad de la ley en Suiza para la entrada de fondos de origen criminal" en su sistema financiero.
"Es muy fácil pedir que investiguemos, pero el problema es la ley que no castiga a los intermediarios que aceptan fondos de origen dudoso", continuó.
Contra la filial suiza del HSBC tienen procesos penales en curso las autoridades de Argentina y de Francia por evasión fiscal y lavado de dinero procedente de actividades criminales.
Por su parte, el procurador primero de Ginebra, Yves Bertossa, explicó que desde la incautación de los documentos se realizó una gran tarea de análisis que permitió establecer, por ejemplo, que se había violado el deber de los colaboradores del banco de identificar adecuadamente la procedencia de los fondos.
Se omitió igualmente la obligación de aclarar situaciones de riesgo y el banco mostró igualmente "incapacidad para detectar transacciones sospechosas", denunció Bertossa.
En su comparecencia, el fiscal explicó que se optó por cerrar un acuerdo con el banco en vista de las dificultades previsibles "de encontrar las pruebas del blanqueo del dinero" y la "incertidumbre de la respuesta" de las autoridades de otros países frente eventuales demandas de cooperación judicial.
"Por todo esto decidimos aceptar la solución negociada", enfatizó a su turno Jornot, quien aseguró que la cifra que deberá pagar HSBC es satisfactoria para el poder judicial.
La apertura de la investigación en Suiza en febrero siguió a la revelación por parte de un consorcio de periodistas de investigación sobre la manera en que la filial helvética del HSBC era utilizada por evasores de impuestos y criminales para mantener sus fondos a buen resguardo.
El escándalo que involucra desde 2008 al banco sino-británico, el grupo de su sector más importante de Europa, se originó en la entrega de una lista de clientes a las autoridades francesas por parte de un exempleado, Herve Falciani.
El caso ha tenido repercusiones en todo el mundo pues personas de los más diversos países y actividades, incluidos políticos y deportistas, figuran en esa lista.
Falciani vive en Francia y la Justicia suiza le reclama para juzgarle por esa sustracción de documentos.
