Andreu nunca llegará a la verdad porque su interpretación de lo ocurrido es poco fiable
JOHN CARLIN
JOHN CARLIN
28 JUN 2015
Partidarios de Karenzi Karake, el jueves en Londres. / ALASTAIR GRANT (AP)
Podemos suponer que el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional española reaccionó como casi todo el mundo a los atentados yihadistas que el viernes se cobraron 66 vidas en tres continentes. Lo que no podemos suponer es que el juez Andreu, que fue noticia la semana pasada por su loable pretensión de utilizar el vigor de la ley española contra el terrorismo internacional, hubiera reaccionado con similar estupefacción hace exactamente 21 años cuando se estaba llevando a cabo una de las grandes atrocidades del siglo XX, el genocidio de Ruanda.
Esto es curioso por dos motivos. Primero, porque en abril, mayo y junio de 1994, cuando el juez Andreu ya era mayor de edad y estaba capacitado para leer periódicos, la gente moría en Ruanda a un ritmo no de 66, sino de 8.000 personas al día, liquidadas casi todas con un sadismo que supera la imaginación del yihadista más psicópata. Segundo, porque cabe pensar que el juez Andreu algo sabe de Ruanda, ya que en 2008 inició un proceso judicial contra 40 militares ruandeses que él acusa, entre otros crímenes, de genocidio. El juez fue noticia el lunes pasado a raíz de que uno de los 40, un general llamado Karenzi Karake, fue detenido en Londres a petición suya para que compareciera ante un tribunal español.
El problema es que el juez Andreu cometió un error cuando escribió su sumario hace siete años: se equivocó de genocidio. De las 181 páginas del sumario solo se puede desprender una conclusión: que una fuerza armada liderada por la minoría tribal tutsi se propuso exterminar a la mayoría tribal hutu. Lo cual está tan lejos de la verdad como decir que los responsables del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial fueron no los nazis, sino los aliados.
El sumario del juez Andreu empieza con una resumida versión de la historia de Ruanda a partir de 1990. Dice que en aquel año un grupo “terrorista” inició “una serie de actividades de carácter criminal”. Se refiere al Frente Patriótico Ruandés (FPR), un movimiento rebelde predominantemente tutsi cuyo objetivo era derribar al Gobierno, compuesto por miembros de la etnia dominante hutu. El juez Andreu escribe en el tercer párrafo de su sumario que en 1994, “mediante la violencia”, el FPR obtuvo el poder. Esto es verdad, como lo es que los aliados derrotaron a los nazis “mediante la violencia” en 1945. Lo que omite mencionar el juez Andreu es que si el FPR no hubiese tomado el poder el 4 de julio de 1994, poniendo fin a un genocidio que acabó con las vidas de más de 800.000 personas en 100 días, casi todos asesinados a machetazos, el régimen hutu hubiera cumplido con su sistemática misión exterminadora y matado a todos los tutsis que aún quedaban vivos. Bill Clinton ha dicho que de lo que más lamenta de sus ochos años en la Casa Blanca es no haber intervenido, mediante la violencia, para frenar el genocidio ruandés.
A continuación, el juez Andreu dice en su sumario que el nuevo Gobierno del FPR pretendió “la eliminación de la etnia mayoritaria”, o sea los hutus, afirmación manifiestamente absurda ya que, entre muchas otras cosas, el FPR encarceló a 120.000 hutus que presuntamente participaron en las masacres de los tutsis, el 90% de los cuales hoy han sido liberados.
Hablé la semana pasada con Philip Gourevitch, autor del libro más conocido sobre el genocidio ruandés, Queremos informarle de que mañana seremos asesinados con nuestras familias. Gourevitch, que ahora trabaja en un segundo libro sobre Ruanda, dijo que el juez Andreu había presentado “una visión del mundo al revés, una ficción tóxica, objetivamente demencial”. Gourevitch me remitió a un cable clasificado filtrado por Wikileaks en el que el embajador estadounidense en Ruanda en 2008 describe el sumario del juez Andreu como “escandaloso y erróneo”. El cable del embajador agrega: “El proceso español a los 40 militares ruandeses ofrece una versión irreconocible de uno de los episodios más dolorosos y violentos de la historia de Ruanda, distorsionando la verdad establecida, inventando matanzas”.
Este diario envió al juez Andreu una serie de preguntas a través del departamento de prensa pero no ha obtenido respuesta.
Partidarios de Karenzi Karake, el jueves en Londres. / ALASTAIR GRANT (AP)
Podemos suponer que el juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional española reaccionó como casi todo el mundo a los atentados yihadistas que el viernes se cobraron 66 vidas en tres continentes. Lo que no podemos suponer es que el juez Andreu, que fue noticia la semana pasada por su loable pretensión de utilizar el vigor de la ley española contra el terrorismo internacional, hubiera reaccionado con similar estupefacción hace exactamente 21 años cuando se estaba llevando a cabo una de las grandes atrocidades del siglo XX, el genocidio de Ruanda.
Esto es curioso por dos motivos. Primero, porque en abril, mayo y junio de 1994, cuando el juez Andreu ya era mayor de edad y estaba capacitado para leer periódicos, la gente moría en Ruanda a un ritmo no de 66, sino de 8.000 personas al día, liquidadas casi todas con un sadismo que supera la imaginación del yihadista más psicópata. Segundo, porque cabe pensar que el juez Andreu algo sabe de Ruanda, ya que en 2008 inició un proceso judicial contra 40 militares ruandeses que él acusa, entre otros crímenes, de genocidio. El juez fue noticia el lunes pasado a raíz de que uno de los 40, un general llamado Karenzi Karake, fue detenido en Londres a petición suya para que compareciera ante un tribunal español.
El problema es que el juez Andreu cometió un error cuando escribió su sumario hace siete años: se equivocó de genocidio. De las 181 páginas del sumario solo se puede desprender una conclusión: que una fuerza armada liderada por la minoría tribal tutsi se propuso exterminar a la mayoría tribal hutu. Lo cual está tan lejos de la verdad como decir que los responsables del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial fueron no los nazis, sino los aliados.
El sumario del juez Andreu empieza con una resumida versión de la historia de Ruanda a partir de 1990. Dice que en aquel año un grupo “terrorista” inició “una serie de actividades de carácter criminal”. Se refiere al Frente Patriótico Ruandés (FPR), un movimiento rebelde predominantemente tutsi cuyo objetivo era derribar al Gobierno, compuesto por miembros de la etnia dominante hutu. El juez Andreu escribe en el tercer párrafo de su sumario que en 1994, “mediante la violencia”, el FPR obtuvo el poder. Esto es verdad, como lo es que los aliados derrotaron a los nazis “mediante la violencia” en 1945. Lo que omite mencionar el juez Andreu es que si el FPR no hubiese tomado el poder el 4 de julio de 1994, poniendo fin a un genocidio que acabó con las vidas de más de 800.000 personas en 100 días, casi todos asesinados a machetazos, el régimen hutu hubiera cumplido con su sistemática misión exterminadora y matado a todos los tutsis que aún quedaban vivos. Bill Clinton ha dicho que de lo que más lamenta de sus ochos años en la Casa Blanca es no haber intervenido, mediante la violencia, para frenar el genocidio ruandés.
A continuación, el juez Andreu dice en su sumario que el nuevo Gobierno del FPR pretendió “la eliminación de la etnia mayoritaria”, o sea los hutus, afirmación manifiestamente absurda ya que, entre muchas otras cosas, el FPR encarceló a 120.000 hutus que presuntamente participaron en las masacres de los tutsis, el 90% de los cuales hoy han sido liberados.
Hablé la semana pasada con Philip Gourevitch, autor del libro más conocido sobre el genocidio ruandés, Queremos informarle de que mañana seremos asesinados con nuestras familias. Gourevitch, que ahora trabaja en un segundo libro sobre Ruanda, dijo que el juez Andreu había presentado “una visión del mundo al revés, una ficción tóxica, objetivamente demencial”. Gourevitch me remitió a un cable clasificado filtrado por Wikileaks en el que el embajador estadounidense en Ruanda en 2008 describe el sumario del juez Andreu como “escandaloso y erróneo”. El cable del embajador agrega: “El proceso español a los 40 militares ruandeses ofrece una versión irreconocible de uno de los episodios más dolorosos y violentos de la historia de Ruanda, distorsionando la verdad establecida, inventando matanzas”.
Este diario envió al juez Andreu una serie de preguntas a través del departamento de prensa pero no ha obtenido respuesta.
Masacres de ambos bandos
Sin embargo, no todas las matanzas a las que alude el juez Andreu tienen que haber sido inventadas. Hubo represalias violentas de parte del régimen militar tutsi que obtuvo el poder en julio de 1994 y miles murieron. También es verdad que el régimen envió tropas a perseguir a responsables hutus del genocidio que habían huido al vecino Congo con el propósito de volver a Ruanda y, como decían sus líderes, “acabar la tarea”. Hubo masacres de civiles, de ambos bandos. El mismo régimen sigue en el poder hoy y, aunque el país prospera económicamente y está en paz, sigue habiendo asesinatos esporádicos de opositores —uno de ellos, un buen amigo mío, estrangulado en la habitación de un hotel sudafricano hace año y medio—.
Quisiera que los responsables fueran a juicio y tuvieran su merecido castigo. Los parientes y amigos de tres cooperantes españoles asesinados en Ruanda en enero de 1997, la razón por la cual el juez Andreu tiene jurisdicción sobre ciudadanos ruandeses, también desearán que se haga justicia. Pero no será posible debido a que el proceso abierto por el juez Andreu carece totalmente de credibilidad.
El juez Andreu nunca llegará a la verdad porque la interpretación histórica y política en la que se fundamentan sus investigaciones es poco más fiable que la interpretación que podría haber dado Joseph Goebbels del papel nazi en Europa entre 1939 y 1945. ¿Qué dirían los españoles, se pregunta uno, si un juez ruandés se propusiera investigar el “genocidio” llevado a cabo en la Guerra Civil española y se limitara a pormenorizar las atrocidades cometidas del lado republicano, presentando a los agresores del bando franquista como inocentes víctimas? Lo que diría todo el mundo. Que es una distorsión de la verdad, un escándalo, una locura y, ante todo, una ridiculez.
Sin embargo, no todas las matanzas a las que alude el juez Andreu tienen que haber sido inventadas. Hubo represalias violentas de parte del régimen militar tutsi que obtuvo el poder en julio de 1994 y miles murieron. También es verdad que el régimen envió tropas a perseguir a responsables hutus del genocidio que habían huido al vecino Congo con el propósito de volver a Ruanda y, como decían sus líderes, “acabar la tarea”. Hubo masacres de civiles, de ambos bandos. El mismo régimen sigue en el poder hoy y, aunque el país prospera económicamente y está en paz, sigue habiendo asesinatos esporádicos de opositores —uno de ellos, un buen amigo mío, estrangulado en la habitación de un hotel sudafricano hace año y medio—.
Quisiera que los responsables fueran a juicio y tuvieran su merecido castigo. Los parientes y amigos de tres cooperantes españoles asesinados en Ruanda en enero de 1997, la razón por la cual el juez Andreu tiene jurisdicción sobre ciudadanos ruandeses, también desearán que se haga justicia. Pero no será posible debido a que el proceso abierto por el juez Andreu carece totalmente de credibilidad.
El juez Andreu nunca llegará a la verdad porque la interpretación histórica y política en la que se fundamentan sus investigaciones es poco más fiable que la interpretación que podría haber dado Joseph Goebbels del papel nazi en Europa entre 1939 y 1945. ¿Qué dirían los españoles, se pregunta uno, si un juez ruandés se propusiera investigar el “genocidio” llevado a cabo en la Guerra Civil española y se limitara a pormenorizar las atrocidades cometidas del lado republicano, presentando a los agresores del bando franquista como inocentes víctimas? Lo que diría todo el mundo. Que es una distorsión de la verdad, un escándalo, una locura y, ante todo, una ridiculez.
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/28/actualidad/1435521693_245519.html
