URUGUAY
La empresa Buquebus, propiedad del empresario Juan Carlos López Mena, presentó ante la Justicia una acción de nulidad contra la decisión del gobierno de no renovarle la concesión de la terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo. La compañía acusó al gobierno de “abuso de poder” y de tomar la decisión con “fines políticos”. El abogado Mario Colman, en representación de Los Cipreses SA (Buquebus), presentó la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y solicitó la suspensión provisional de la decisión, adoptada por el gobierno en abril de 2014.
Buquebus había solicitado la renovación de la concesión de la terminal portuaria, que explota desde 1994. En una resolución del 30 de abril de 2014, el Poder Ejecutivo resolvió prorrogar el contrato de concesión a Buquebus en forma retroactiva a partir de 2010 y por cinco años, con lo cual el permiso vencerá este año. El gobierno dispuso, además, iniciar los procedimientos para realizar un nuevo llamado a licitación para otorgar la concesión de la terminal.
La empresa interpuso un recurso administrativo contra la decisión, que fue confirmada el 26 de febrero de 2015, en los últimos días del gobierno de José Mujica. Ahora Buquebus acudió a la Justicia para buscar que se anule, por ilegítima, la resolución.
“Injusto castigo”. “El acto administrativo que se impugna incurre en ilegitimidad de tipo formal y material”, dado que es “inmotivado, irracional, arbitrario, inoportuno e inconveniente”, señala la demanda, a la que accedió Búsqueda.
La compañía alega que con su decisión el Ejecutivo intervino “para cambiar las condiciones económicas de una empresa innovadora, negándole de hecho el plazo necesario para la amortización de sus inversiones, lo que configura un verdadero e injusto castigo”. Además, afirma que “el actuar del Poder Ejecutivo resulta infundado fácticamente e irrazonable”, y es “ilegítimo” porque “está viciado por inexistencia de motivos”.
Por otra parte, según la demanda, la decisión del gobierno de no prorrogar la concesión estuvo motivada por “fines políticos o por lo menos difusos, sin fundamentar ni motivar el acto”, lo cual “en el contexto del relacionamiento” entre Buquebus y el gobierno tiene “un fin sancionatorio” y es, por lo tanto, “un claro abuso de poder”.
“La arbitrariedad llevó al presidente de la República actuando con el ministro respectivo a alterar y destruir las garantías de las formas jurídicas. Y sin la asistencia de un proceso previo y de la evaluaciones y valoraciones de casi 10 años, decide ejercer poderes de tutela indebidos a esa altura, sin tener ni siquiera los antecedentes administrativos a la vista, lo que se traduce en lesión evidente de derechos y garantías para mi representado”, señaló el abogado.
Explicó que el pedido de prórroga se fundamenta esencialmente “en el cabal cumplimiento” por parte de Buquebus de “todas las obligaciones derivadas de la concesión”, del “equilibrio económico, la conveniencia y calidad del servicio, las oportunidades de crecimiento en el sector turismo, y las importantes inversiones realizadas”.
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