Cinco años de crisis y ajuste fiscal permanente
Un repaso de lo ocurrido desde que Atenas recibió el primer paquete de ayuda en 2010 permite ver que los acuerdos firmados para lograr financiamiento, a cambio de implementar recortes en el gasto, no hicieron más que profundizar la recesión.
Por Fernando Krakowiak
La decisión del primer ministro griego, Alexis Tsipras, de rechazar las exigencias de la Comisión Europea abre un escenario incierto de fuerte inestabilidad económica y financiera para Grecia. No obstante, un repaso de lo ocurrido en los últimos cinco años permite ver que los distintos acuerdos firmados por Atenas para lograr financiamiento, a cambio de implementar sucesivos planes de ajuste fiscal, no hicieron más que profundizar la crisis económica.
Grecia adoptó el euro el 1º de enero de 2001 y a partir de entonces vivió un boom de consumo fomentado por la estabilidad de los precios y el acceso fácil al crédito. Los especialistas coinciden en que fue una bonanza ficticia que no respondió a una mejora en la productividad de su economía. Los principales ganadores del período fueron los bancos alemanes y franceses que financiaron el endeudamiento y las multinacionales de esos mismos países que ganaron participación en el mercado griego. Ambos procesos fueron de la mano de un creciente déficit comercial y corriente. A su vez, la adopción del euro implicó para Grecia una rigidez similar a la que enfrentó Argentina durante la convertibilidad, lo cual la forzó a resignar la política monetaria y cambiaria. Incluso fue más allá porque no “ató” la suerte de su moneda a otra, sino que directamente eliminó la propia. Luego de la caída del banco Lehman Brothers en septiembre de 2008, y la consecuente profundización de la crisis internacional, la tasa de interés de los créditos se encareció y de a poco comenzó a quedar claro que Grecia no estaba en condiciones de afrontar los vencimientos de su deuda, que en 2009 ya superaba los 300.000 millones de euros, cifra equivalente al 120 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB). En mayo de 2010, ya a las puertas del default, los países de la Eurozona aprobaron un paquete de ayuda por 110.000 millones de euros, el cual estuvo condicionado a la implementación de un durísimo plan de ajuste cuyo cumplimiento comenzó a ser monitoreado trimestralmente por la troika, compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
La troika prometió que sus recetas ayudarían a Grecia a salir adelante, pero el ajuste no hizo más que profundizar la recesión económica y elevar la tasa de desempleo, que se duplicó hasta llegar al 21 por ciento. En el caso de los jóvenes, la desocupación superó el 50 por ciento. A mediados de 2011, se comenzó a negociar un segundo rescate que esta vez contempló una quita de la deuda y nuevas exigencias de recorte del gasto para el gobierno griego. Un acuerdo inicial se anunció en octubre de ese año. Por entonces, la pérdida de soberanía de Grecia era tan manifiesta que la canciller alemana, Angela Merkel, declaró que una delegación de la troika se radicaría en Atenas para asegurar su cumplimiento. “Es mejor que haya un sistema de supervisión permanente”, aseguró. El acuerdo se aprobó el 21 de febrero de 2012, cuando se terminaron de negociar los recortes, y contempló un desembolso por 130.000 millones de euros, lo que elevó el plan de ayuda a 240.000 millones de euros en total, pero como las recetas fueron las mismas el resultado no fue diferente.
En octubre de 2012, con el conservador Andonis Samarás el frente del gobierno, la economía continuó en caída y el desempleo llegó al 25,1 por ciento. Pese a ello, la troika condicionó el desbloqueo de nuevos desembolsos a la profundización de las “reformas estructurales” que suponían un mayor recorte del gasto. En febrero de 2013, el desempleo trepó al 27 por ciento y entre los menores de 25 años alcanzó el 64,2 por ciento. Esa misma dinámica recesiva se repitió durante el resto de 2013 y también en 2014, hasta que Samarás adelantó las elecciones generales para el 25 de enero de 2015, en las que se impuso el partido de izquierda Syriza con el 36,4 por ciento de los votos, que proclamó primer ministro a Alexis Tsipras.
El flamante jefe de Gobierno prometió renegociar la deuda externa “con soluciones viables y justas que sirvan a toda Europa y evitando la confrontación, pero también las políticas de sumisión”. A su vez, se comprometió a reactivar la economía, combatir la evasión fiscal y mejorar la política social para revertir la crisis alimentaria de una amplia porción de la población.
El ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, propuso en febrero un “programa puente” de seis meses mientras se buscaba una solución definitiva al problema de la deuda. El Eurogrupo aceptó finalmente en ese momento prorrogar el acuerdo por cuatro meses y disolvió la troika como gesto de buena voluntad, ya que, según dijo, Tsipras se comprometió a no deshacer las transformaciones emprendidas e impulsar algunos de los compromisos pendientes. Desde entonces, ambas partes habían acercado posiciones, a punto tal que en las últimas semanas estaban a punto de llegar a un acuerdo para extender el programa de asistencia y permitirle a Grecia afrontar el vencimiento de deuda de mañana sin problemas.
Syriza había aceptado el compromiso fiscal de lograr un superávit primario de 1 por ciento este año, de 2 por ciento en 2016 y de 3,5 por ciento en 2017. Además, se había comprometido a elevar el IVA, la edad de jubilación y recortar el gasto militar. Las diferencias eran graduales. En el caso del IVA, Tsipras quería que todos los alimentos pagaran un 13 por ciento en lugar de un 23 por ciento, y no sólo los básicos como exigía Bruselas. Además, quería que esa excepción alcanzara a los hoteles, lo cual también era rechazado por los acreedores. En lo que respecta a la edad jubilatoria, había aceptado subirla en un plan gradual, pero no quería conceder que el régimen se autofinancie, como ocurre en otros países europeos, ya que en Grecia una parte importante del sistema se sostiene con el dinero de los impuestos. A su vez, aceptaba recortar 200 millones de euros del gasto militar y no 400 millones con le pedían. También proponía un impuesto a los yates, que el FMI resistía. Pese a las diferencias, la mayoría de los analistas confiaban en que se iba a llegar a un acuerdo, pero los acreedores siguieron tirando de la cuerda y el viernes la negociación se empantanó.
La convocatoria de Tsipras al referéndum para que el pueblo decida si acepta las políticas de ajuste o si patea el tablero fue acompañada de un pedido al Eurogrupo para extender la asistencia al menos hasta que se realizara la consulta, pero la solicitud no fue concedida y de pronto la crisis se precipitó a tal punto que el gobierno se vio obligado ayer a anunciar un corralito bancario para evitar que los griegos hoy se lleven de los bancos hasta los escritorios. El escenario que se abre ahora es incierto, aún en el caso de que el pueblo vote a favor de retomar la negociación, porque una vez que se establecen controles de capitales no es fácil dar marcha atrás, aunque Tsipras dejó en claro en su discurso que su apuesta es por un rechazo al acuerdo, con la intención de ponerle fin al ajuste permanente que sufre Grecia desde hace cinco años sin ningún resultado a la vista.
