DECLARACIÓN SOBRE EL CONFLICTO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA
El gobierno de Colombia acusó a Venezuela por supuesta violación de los derechos humanos de algo más de un millar de sus ciudadanos que habitaban el estado de Táchira, en la franja fronteriza entre ambas naciones. Esta acusación se fincó en organismos internacionales y se amplificó mediante la campaña montada por los grandes medios de comunicación que responden a los intereses del imperio, transnacionales y sectores de derecha de los países, lo cual se suma a la sistemática agresión desestabilizadora contra la revolución bolivariana que comenzó desde que asumió el presidente Hugo Chávez en 1998, la que incluyó el intento de golpe de estado de 2002.
El 12 de septiembre Bogotá sumó a la tensión reinante la denuncia de violación de su espacio aéreo por aeronaves militares venezolanas, hecho que es negado por el gobierno de Venezuela.
El primer organismo que atendió la actual situación fue la OEA, donde el pasado 1°de septiembre el pleno de representantes no aceptó la petición colombiana de convocar una Reunión de Consulta de los Ministros de Asuntos Exteriores. En esa sesión Colombia obtuvo 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y hubo una ausencia, por lo que la moción fue derrotada.
El embajador de Venezuela ante el organismo, Roy Chaderton, expresó que el gobierno de su país ”no es partidario de discutir este tema en la OEA por su lamentable historial” y sostuvo que lo más indicado sería en la UNASUR, ya que éste ha sido el adecuado para resolver conflictos en los últimos años. La reunión se iba a llevar a cabo el 8 de septiembre, pero, lamentablemente, el gobierno de Colombia se negó a concurrir a esa instancia regional.
Hay que señalar que llaman la atención los votos de El Salvador y Uruguay en la OEA a favor de Colombia. En el caso de Uruguay recordamos que al inicio del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el canciller Rodolfo Nin Novoa, desafortunadamente, comparó el tema de derechos humanos en Venezuela -por la detención de Leopoldo López y Antonio Ledezma, ambos con antecedentes como partícipes activos en el fracasado golpe 2002, - con lo acontecido durante la pasada dictadura en su país, algo que se cuestiona por no equiparable y de distinta naturaleza.
Bogotá resolvió presentar el conflicto como un simple problema de desplazamiento de colombianos, lo que difiere sustancialmente de la realidad de los hechos. La repatriación de un número limitado de colombianos se debe a que -de una u otra forma-, se vinculaban con acciones ilegales, desde diversas escalas de contrabando hasta la utilización de construcciones y viviendas como refugio y base de operaciones criminales. Entre los edificios señalados para demolición hay refugios de secuestradores y sitios en que los ahora repatriados acumulaban alimentos y bienes a precios reducidos que luego eran vendidos en Colombia.
Lo paradójico es que la repatriación de ese limitado número de colombianos relacionados con la delincuencia- los que en otros países hubieran sido juzgados y encarcelados- contrasta con la presencia de cinco millones y medio de sus connacionales residentes en Venezuela, quienes han sido acogidos con generosidad, poseen plenos derechos políticos y gozan de todos los programas sociales bolivarianos, incluyendo educación gratuita, asistencia sanitaria, alimentos subsidiados, así como vivienda. Se estima que un promedio de 150 mil colombianos emigran a Venezuela cada año. En ese número se contabilizan 110 mil desplazados por el conflicto bélico en Colombia, según el informe de 2015 del órgano de la ONU para los refugiados (ACNUR).
Por lo tanto, es evidente que el conflicto no puede enfocarse en uno de sus efectos, sino que merece una explicación más profunda basada en causas comprobables por la comunidad latinoamericana.
Debido a la situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el Estado de Excepción en específicos municipios del estado Táchira y el cierre provisional de la frontera, luego que tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueran baleados y heridos.
Esta decisión se tomó con la finalidad de enfrentar la eventual embestida de paramilitares, lograr la desarticulación de atentados socioeconómicos, frenar el contrabando de alimentos, medicinas y otros bienes, así como evitar la desestabilización de la moneda venezolana, ya que los contrabandistas aprovechan ilegalmente su cotización para la adquisición de bienes esenciales a muy bajo costo -subvencionados por el gobierno venezolano con el fin de garantizar la alimentación y el bienestar de su pueblo-. El caso del contrabando de gasolina a gran escala es un negocio ilegal de lo más rentable por sus bajísimos precios en Venezuela en relación con los de Colombia. El argumento del gobierno bolivariano para estas y otras medidas es la defensa de la soberanía territorial y los derechos humanos de la población venezolana.
Con base en lo expuesto, ofrecemos nuestro apoyo al gobierno constitucional de Venezuela, en una coyuntura que el imperio y la ultraderecha pretenden utilizar el conflicto para dividir a dos pueblos de Nuestra América, sumando desde aquí el rechazo al intento de confundir y desplazar el foco de atención por parte del gobierno de Colombia que procura ocultar su responsabilidad en el conflicto.
Asimismo, consideramos que la única vía de solución para evitar la confrontación entre estos países hermanos, es el diálogo que permita acceder a una solución en los términos que lo ha reiterado el presidente Maduro en Caracas este 9 de septiembre: “….yo propongo que se trabaje desde las cancillerías, para que el presidente Santos y yo firmemos un pacto de paz, de convivencia y coexistencia de modelos políticos, económicos y humanos entre Colombia y Venezuela..." Esta propuesta estuvo sobre la mesa el 12 de septiembre en la reunión en Ecuador de las dos cancilleres que declararon que seguirán tratando de llegar a acuerdos que posibiliten el encuentro de sus presidentes.
GRUPO DE FRENTEAMPLISTAS DE URUGUAY EN MÉXICO POR LA IZQUIERDA
FRENTE PARA LA VICTORIA DE ARGENTINA EN MÉXICO
Por Cristian Carrillo
