Eduardo Camin|
Durante miles de millones de años, la vida se ha abierto camino en todos y cada uno de los rincones existentes en el planeta Tierra. Vida en continuo cambio, no solo proliferando sino adaptándose a todo tipo de condiciones, con diferentes formas de alimentarse, reproducirse y crecer. Pero la historia humana no es sino una entre miles, tantas como ramas en las que se diversifica el árbol de la vida en la Tierra. Grande es la fuerza de los conocimientos y, pertrechados con ellos el hombre es invencible. Pero ¿nos son asequibles los conocimientos?
Es obvio que nuestra especie está sometida a los mismos mecanismos de cambio y selección que el resto de los organismos que pueblan nuestro hábitat, nuestro medio ambiente y para entender hacia donde nos dirigimos debemos comprender cómo hemos llegado hasta aquí. 
El Covid 19 no cae del cielo, sino que es consecuencia de un sistema capitalista patriarcal, productivista y devastador, que ha alterado el equilibrio de los ecosistemas, incluyendo virus y bacterias. El urbanismo y la deforestación asociada al desarrollo capitalista está obligando a muchos de estos animales a migrar e instalarse cerca de los humanos, lo que multiplica las probabilidades de que microbios, que para estas especies son benignas, pasen a las personas y muten en patógenos.
Los apologistas del capitalismo sostienen que no hay razones para cuestionarlo. Pero cuando ocurre una crisis como ésta, la gente se da cuenta de que el sistema no funciona y que tenemos que contenerlo, e incluso quizás superarlo. Pero el problema es que hoy no parece que mucha gente sea capaz de establecer una conexión entre el virus y el capitalismo.
La enfermedad sigue siendo percibida como un evento aleatorio, algo que ha ocurrido sin más, como un relámpago o la caída de un meteorito. Apenas hay discusión sobre cómo el capitalismo produce pandemias a pesar de que haya una considerable base científica al respecto
¿Covid-19 como oportunidad?
La crisis del coronavirus pone en evidencia las limitaciones y riesgos, a nivel humano y social, pero también económico, del sistema capitalista. Nos pone frente al espejo de lo que puede ser el futuro en un marco de emergencia climática. En un escenario de crecientes fenómenos climáticos extremos, solo un estado del bienestar fuerte, sistemas de protección social suficientes y un tejido comunitario y socioeconómico resiliente nos permitirá hacer frente a la creciente vulnerabilidad.
La economía de mercado muestra, en momentos como el actual, el sinsentido de un sistema financiero especulativo y volátil. Se hace evidente que el capitalismo financiarizado y globalizado es incapaz para hacer frente a situaciones de crisis humanitaria como la que plantea la pandemia del Covid19 o la actual emergencia climática.
Los problemas se contagian rápidamente, la incertidumbre se convierte en histeria colectiva en los mercados financieros, las dependencias de importaciones y exportaciones se vuelven vulnerables y la deuda insostenible se convierte en un peso imposible de seguir cargando.
Ante estas evidencias, seria recomendable, como resaltan algunos economistas poner en valor los beneficios de una nueva economía de circuito corto, que produzca bienes y servicios que respondan a las necesidades de las personas y no a las posibilidades de rentabilidad de la inversión.
La verdad es la luz de la razón
Creemos que en una crisis como la del Covid 19, la economía debe sostenerse en el saber, pero “el saber se mercantiliza y al mismo tiempo se privatiza”. Al transformarse el estatus del ser humano en relación al saber, convirtiéndose en “proveedor” y “usuario” se facilita la conversión de este en un objeto de valor.
De modo que es fácilmente asimilable al ciclo de producción/consumo que define a los distintos objetos que se ponen a disposición en el mercado, (ergo) el saber se convierte en una mercancía más, que se vende, se compra y se consume, deja de ser un “valor de uso” para transformarse en un “valor de cambio”.
En plena pandemia, nos aprestamos a un nuevo ejercicio dialéctico, donde las derivas comerciales, estarán nuevamente presentes, en efecto grupos de investigadores, laboratorios, empresas farmacéuticas están en la actualidad lanzados en la comercialización de la vacuna. Apenas diez meses después la gente ya está siendo vacunada contra la Covid-19, a pesar de que, al comienzo de la pandemia, nos advirtieron que se necesitan años para desarrollar una vacuna.
Nos encontramos, por tanto, ante una situación de ¿falta de legitimidad de la ciencia, al estar enmarcada en el ciclo de valorización capitalista, el cual intenta hacer pasar como “saber” lo que es interés económico; por lo tanto, el saber vale como forma de obtención de plusvalía?.
Sublime realidad, capitalista, que precede un asunto de feroz competencia entre los Estados-nación, quienes, además, entran en conflicto con las grandes multinacionales, que también desean poseer ese saber para reforzar sus posiciones, además de establecer sutilmente un marco ideológico con las vacunas chinas y rusas.
En este marco el saber ya no es apreciado por su valor epistemológico (todo nuevo saber es positivo) para distribuirse públicamente (todo el mundo tiene derecho al saber) sino por su valor monetario/económico (se investiga aquello de lo que se extraiga rentabilidad), de modo que se controlan los flujos de información según intereses comerciales (al conocimiento tendrá acceso solo quienes puedan pagarlo).
En esta situación, el saber cómo “búsqueda de lo verdadero” pierde relevancia en favor de otra perspectiva guiada sustancialmente por la rentabilidad económica, lo que comporta el problema de su pérdida de legitimidad. ¿Cómo confiar en un saber dirigido por intereses espurios?
¿Quién puso el dinero?
Debido a la urgente necesidad de la vacuna, los gobiernos y los donantes han invertido miles de millones de dólares en proyectos para crearlas y probarlas. Organizaciones «filantrópicas» -como la Fundación Gates- respaldaron la búsqueda, así como celebridades de todo tipo y organizaciones sin fines de lucro, que han otorgado casi 1.900 millones de dólares. En total, los gobiernos han proporcionado 8.600 millones de dólares, según la empresa de análisis de datos científicos Airfinity.
Solo 3.400 millones de dólares provienen de la propia inversión de las empresas, y muchas de ellas dependen en gran medida de la financiación externa.
Vacunas contra la covid-19: ¿a qué se debe el secretismo?
La pandemia hace que la demanda mundial de vacunas sea superior a la oferta. El mundo entero se disputa una plaza para recibir la vacuna contra el coronavirus, un bien todavía demasiado escaso y producido por pocos laboratorios farmacéuticos.
Los gobiernos firman contratos con las compañías que han desarrollado esas vacunas en tiempo récord y, sin embargo, información crítica de esos acuerdos permanece oculta para el gran público debido a estrictas cláusulas de confidencialidad. Cuánto cuestan o cómo se distribuirán son detalles que en la mayoría de los casos la ciudadanía desconoce, porque así lo exigen los acuerdos firmados.
El problema es mundial
En respuesta a una petición de información del Parlamento Europeo a mediados de noviembre, la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, afirmó que “Debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado, la Comisión está legalmente imposibilitada para desvelar la información que contienen estos contratos”. La ministra belga de Presupuesto, Eva de Bleeker, tuvo que retirar, poco después de publicarlo, un mensaje en Twitter en el que recogía la lista de precios de los laboratorios con los que había negociado la Unión Europea (UE).
A las quejas por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por algunos fabricantes de vacunas se suman ahora las voces que exigen mayor transparencia en un asunto de salud pública vital. La polémica sigue subiendo de tono, sobre todo en la UE, enojada después de que los laboratorios Pfizer y AstraZeneca le comunicarán que no estarán en condiciones de suministrarle al bloque la can
tidad de dosis iniciales acordadas.
Ello ha llevado a que, según fuentes de la UE citadas por la agencia Reuters, desde Bruselas se les exija a las farmacéuticas que hagan públicos los términos de los contratos y amenace con controlar las exportaciones de las vacunas producidas en Europa.
¿Por qué tanto secreto?
Según Jonathan García, experto en salud pública en la Universidad de Harvard, en EEUU., “esto no es nada nuevo; es frecuente que en los contratos entre los sistemas de salud de los países y las farmacéuticas se incluyan cláusulas de confidencialidad”. “Los laboratorios buscan fraccionar el mercado para poder negociar precios distintos con los diferentes países”, aña
de. Esto les permite negociar con los países en función de sus recursos, ofreciéndoles precios más bajos a las naciones pobres o en desarrollo y exigiendo cantidades más altas a los más ricos.
La compañía AstraZeneca ha revelado que la vacuna que ha desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford tendrá un coste aproximado entre 3 y 4 dólares por dosis (se requiere de dos). Pero el suyo es, por ahora, un caso excepcional. Además de los precios, se mantienen muchas veces en secreto la información relativa a la producción y logística, y las conocidas cláusulas de responsabilidad.
En ellas se estipulan límites a la responsabilidad de los laboratorios en el caso de posibles efectos adversos de los medicamentos y se indica que si hay diferencias no las resolverán los tribunales nacionales, sino unas cortes especiales de arbitraje internacional.
Las voces que reclaman mayor transparencia alertan de que la urgencia por el desarrollo de una vacuna, para una enfermedad que se ha cobrado ya más de dos millones de vidas en todo el mundo, ha podido llevar a los gobiernos a aceptar limitaciones de responsabilidad aún mayores.
En la Estrategia para la Adquisición de Vacunas que hizo pública la Comisión Europea se decía que “la responsabilidad por el desarrollo y el uso de la vacuna, incluida cualquier indemnización específica requerida, recaerá sobre los estados miembros que la adquieran”.
No obstante, estamos hablando de una emergencia sanitaria global, de algo que sucede cada 100 años, ante lo que uno esperaría que el sistema utilizara mecanismos mucho más transparentes y buscara un esquema más cooperativo. En cambio, vemos que se sigue buscando un mercado monopólico y mantener ventajas en los precios.
Las diferencias en el acceso a las vacunas han llevado al mundo a un riesgo de “fracaso moral catastrófico”, como definió el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el hecho de que los países más necesitados vayan a tener que esperar años para inmunizar a su población.
La historia de las epidemias muestra que no sería la primera vez. Ya sucedió con la poliomielitis y la viruela, enfermedades erradicadas mucho antes en los países más avanzados. O con el VIH, que todavía diezma a muchas poblaciones africanas cuando los pacientes en el llamado primer mundo han visto prolongada significativamente su esperanza de vida gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales.
Como resultado, los analistas de inversiones pronostican que al menos dos de estas compañías, la empresa estadounidense de biotecnología Moderna y la alemana BioNTech con su socio, el gigante estadounidense Pfizer, probablemente ganarán miles de millones de dólares.
* Periodista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Nicolás Centurión|
En la portada del diario oficialista El País se publicó el día 8 de febrero el siguiente titular “Eduy21 se repliega y evalúa una «elegante» disolución”. Pero, ¿qué es Eduy 21? Es un think tank uruguayo fundado en 2016, que se especializa en temas de educación y uno de sus fines es lograr una reforma educativa. Las directrices son muy similares a las que viene llevando el Banco Mundial hace varios años en distintos países de la región.
Esta organizacón se presenta como “multipartidaria” porque en ella convergen blancos, colorados y frenteamplistas. Aunque de este último provengan de filas moderadas y liberales bastante alejadas de la izquierda.
Sus socios académicos son la Universidad Católica del Uruguay y la Universidad de Montevideo, ambas de carácter privado. Como socios contribuyentes tienen al banco Itaú, la Confederación de Cámaras Empresariales, Zona América y la Bolsa electrónica de Valores del Uruguay S.A. Como socios colaboradores figuran elosdiarios El País y El Observador y Visa.
Como referentes de Eduy21 se encuentran Renato Opertti decano de la Escuela de Postgrados de la Universidad Católica e hijo de Didier Opertti, ex Ministro del Interior en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990). El propio Renato Opertti duda que el gobierno actual logre una transformación en la educación. «Tal como todo está planteado, no veo que vaya a haber un cambio de fondo», dijo.
Juan Pablo Mir y Fernando Filgueira, ex integrantes de gobiernos frenteamplistas también integran filas de Eduy21. Esto demuestra más que un rasgo de apertura de este think tank, la integración de tecnócratas que llevan adelante políticas neoliberales en el seno de gobiernos progresistas. Se refleja, quizá, más la debilidad ideológica del Frente Amplio que la pluralidad de este think tank.
En los socios individuales figuran nombres de la oligarquía uruguaya, personajes asociados a otros think tanks y actores que hoy están en el gobierno derechista. Esto deja en claro la conexión de todos estos actores y organizaciones en la conjunción de un mismo proyecto de país y de nación.
Entre sus socios individuales destaca Horacio Hughes, el nuevo presidente del Banco de Previsión Social (BPS). En su momento se postergó su designación porque su curriculum vitae estaba en inglés. Fue gerente general de OCA, empresa perteneciente al grupo brasileño ITAÚ. También Luis Hierro López, ex vicepresidente de la República por el Partido Colorado.
A ellos se suma María Dolores Benavente quien integra el Consejo Académico de otro think tank: el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), fue Vicepresidenta de República AFAP S.A y es asesora económica de la Cámara Nacional de Comercio.
También Pablo Da Silveira, actual Ministro de Educación y Cultura, y Liceo Impulso. Además de asesor de campaña del actual presidente Luis Lacalle Pou, fue recaudador de fondos de la misma. En febrero de 2020 detuvieron a su pareja, Maya Cikurel, investigada en Panamá por su presunta participación en la trama de sobornos de Odebrecht y requerida desde abril de 2019.
Da Silveira escribió un libro de 2009 titulado Padres, maestros y políticos. El desafío de gobernar la educación (Taurus). Esta es otra muestra del especial interés de la oligarquía uruguaya en la educación como un terreno en disputa, que a sus ojos, todavía tiene mucho espacio para mercantilizar. Luego, como ariete en la formación de los futuros ciudadanos como emprendedores, consumidores y liberales anti colectivistas. Como consta en su currículum, la Fundación Atlas* financió una de sus becas.
| La lista se amplía con el Comité Honorario. Allí figura Cecilia Hughes, en cuyo curriculum figura haber sido voluntaria en Desem-Junior Achievement Uruguay, una ONG con vínculos con la Red Atlas., y Nicolás Herrera del Estudio Guyer y Regules, encargado de la negociación por las vacunas entre el Estado y el laboratorio Pfizer Biontech, e integrante de otro think tank Centro de Estudios de la Realidad Social (Ceres). |
 Muchos de sus miembros pasaron a formar parte de la administración actual. En el Partido Nacional, es el caso de Guillermo Fossati, miembro de la comisión directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), y Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, de filas del hoy ministro del Interior Jorge Larrañaga. Asimismo, Sebastián Bauzá, actual secretario de Deporte, que llegó a la actividad política a instancias de Lacalle Pou.Del Partido Colorado están Patricia Viera, presidenta del Consejo de Formación en Educación, y Adriana Aristimuño, directora de Planificación Educativa del Codicen, que incluso fue la referente en educación de la campaña de Ernesto Talvi, ex Minisro de Relaciones Exteriores. |
La educación para la derecha liberal ha sido un punto neurálgico de sus políticas. A través de la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno ha iniciado un proceso de mercantilización de la misma y ha decretado la extinción de los Consejos de Educación y la eliminación de la participación docente en la gobernanza.
Uno de los gremios más potentes de la educación, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) ha recibido ataques constantes por parte del ministro Da Silveira y denunció que mientras se recortan gastos en la educación, se le otorgan más a Eduy21.
La madeja.
Los cruces y puertas giratorias de think tanks a puestos de administración en el gobierno y viceversa se repiten una y otra vez. Se pueden rastrear incluso, actores en gobiernos de la década del 90 y se pueden seguir las huellas de sus padres en los 70 y 80. Si se hurga más allá, se pueden rastrear familias, clanes y vínculos que se remontan a la fundación del Uruguay mismo.
Esto ha sido simplemente un pequeño tramo en la madeja de la oligarquía uruguaya, donde los mismos apellidos se repiten como un loop de dominación infinito en este capitalismo tardío, deforme y dependiente.
* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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Por Juan Manuel Boccacci
07 de febrero de 2021
Imagen: EFE
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