TESTIMONIO III EL DIECIOCHAZO. A 40 AÑOS...

EL DIECIOCHAZO

William Puente*

“A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde…”
 

   Era el lunes 9 de julio de 1973 y, desde los micrófonos de la Radio Sarandí, Ruben Castillo recitaba y volvía a recitar el “Llanto por Ignacio Sánchez Mejias” de García Lorca.
Todos los uruguayos veteranos lo recuerdan, porque si no lo escucharon se lo contaron. Era una convocatoria. Una consigna.
Doce días antes, en la madrugada del 27 de junio, Bordaberry había firmado aquel decreto de disolución de las Cámaras legislativas, iniciando una política funcional a los mandos militares.
Esa misma madrugada, la conducción de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) se reunió clandestinamente en la sede de la Federación de Obreros de la Industria del Vidrio y lanzó la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo para resistir al golpe de Estado.

Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde.

   En la mañana del 27 de junio de aquel frío invierno, Montevideo quedó en silencio como si todo se hubiera apagado.
El transporte público no circulaba, las calles sólo eran cruzadas por vehículos militares, las fábricas y los talleres ya habían sido ocupados por los obreros del primer turno y también las oficinas públicas.
Se habían paralizado las curtiembres de Nuevo París, los frigoríficos del Cerro, la destilería de ANCAP en La Teja, los hospitales, la cervecería del Reducto, las instalaciones de Paycueros y Paylana en Paysandú, las textiles de Juan Lacaze y de Colonia, las facas en los cañaverales de Bella Unión. La FEUU ocupó las facultades. Los trenes no se movieron.
El paisito entero se detuvo. Las empresas difundieron comunicados por las radios advirtiendo que los trabajadores que se negaran a cumplir tareas serían despedidos sin indemnización
. El ejército desalojó numerosas fábricas, pero los asalariados volvían a ocuparlas, empecinadamente. Las familias respaldaban a los huelguistas desde la calle, llevando alimentos y mensajes o cumpliendo otras tareas.
Carteles y pintadas con la leyenda “abajo la dictadura” aparecieron en las paredes de la ciudad y se leían en las fachadas de las fábricas.

En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro solo corazón arriba!
a las cinco de la tarde.

   También todos recordamos que la huelga general duró casi dos semanas.
Aunque los sindicatos se habían organizado para una eventualidad tan grave, con los días la represión logró apresar a numerosos dirigentes, algunos circuitos clandestinos de comunicación empezaron a quedar interrumpidos y se hizo difícil mantener la información y saber que estaba ocurriendo globalmente.
Algunos gremios tenían aliento como para seguir la pelea por largo tiempo pero a otros se les hacía ya insostenible mantener las ocupaciones.
La conducción de la CNT analizó, debatió y resolvió levantar la huelga y realizar una gigantesca manifestación, una demostración de fuerza en la céntrica Avenida 18 de Julio de Montevideo, desafiando la prohibición de hacer reuniones.
El día elegido para lo que se conocería como El Dieciochazo fue el lunes 9 de julio y la central obrera citó a la protesta “a las cinco de la tarde en punto". La convocatoria se transmitió a través del boca a boca y recorrió en voz baja toda la ciudad.
La consigna era ir al Centro y caminar tranquilamente por las veredas de la avenida y esperar para lanzarse a la calle al instante en que los relojes marcaran las cinco en punto, ni antes ni después.

El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde.
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.
 

   Ruben Castillo era un director de teatro, escritor, crítico teatral nacido en Rivera, que había logrado popularidad como conductor en radio y televisión.
En 1960 lanzó Discodromo por Radio Sarandí, un programa célebre en el que los oyentes votaban por los temas musicales escribiendo o llamando por teléfono.
Castillo era un tipo pintón, y cuenta Sergio Israel en su libro “Yenia Dumnova: un amor en la guerra fría” que su éxito con las mujeres era tal que un día todas sus pretendientes realizaron una asamblea en el Café Sorocabana, que entonces estaba frente a la Plaza Independencia, para discutir quien de ellas sería su esposa.
En medio de un debate por momentos agitado, todas las asistentes a la reunión acabaron renunciando al galán quien, finalmente, se casó con la actriz Marisa Montana.
A Ruben Castillo se le ocurrió la idea de esquivar la censura y convocar al Dieciochazo aquel lunes 9 recitando el poema de García Lorca. Entre uno y otro tema musical repetía los versos del “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías“, llamando a la manifestación desde uno de los programas radiales más escuchado, recordando la consigna secreta, encendiendo corazones.

Comenzaron los sones de bordón
a las cinco de la tarde.
Las campanas de arsénico y el humo
a las cinco de la tarde.

   En aquella tarde de la protesta caminábamos por una acera de la avenida 18 de Julio, atestada de paseantes aparentemente distraídos, junto con el Flaco Guillermo Chifflet, muchos años después diputado frenteamplista que en 2005 renunció a su banca en la Cámara baja en desacuerdo con la decisión del gobierno de Tabaré de enviar tropas uruguayas a Haití para reforzar el contingente de la ONU y liberar así de esa obligación a las fuerzas de Estados Unidos, muy ocupadas tirando tiros en Afganistán, Irak y Pakistán.
“Esta es mi última intervención. Yo no soy partidario de votar en contra de lo que pienso.
Si mi partido me exige disciplina partidaria, entonces renuncio a mi banca; renuncio”, dijo Chifflet en el recinto parlamentario. Se levantó de su asiento y se fue para no volver.
Pero en aquella tarde de 1973 la intención del Flaco era otra, aunque la tarea militante era la de toda su vida. Delante nuestro caminaban dos señoras mayores, ajenas a todo, ignorantes de lo que estaba por ocurrir.
Escuchamos cuando unal e comentaba a su amiga: “¡Cuánta gente que se ha juntado en 18! Se ve que con la tarde linda la gente se vino para el Centro a mirar vidrieras”.
Efectivamente, era una soleada tarde de invierno, pero no era el buen clima lo que había convocado a aquella multitud.
¿Qué habrá sido de las dos viejecitas unos instantes después cuando antes de las cinco en punto, y sin poder ya sofrenar la ansiedad, el gentío se lanzó a la calle gritando “abajo la dictadura”?
En medio de los manifestantes aparecieron los “tiras” infiltrados que sacaron a relucir los garrotes que llevaban ocultos. La milicada de a caballo que esperaba en las calles laterales surgió al galope y a sablazo limpio, mientras los carros hidrantes empapaban a todo el mundo.
En la Plaza del Entrevero (o quizás frente a la Plaza Cagancha, ahora las imágenes se confunden en nuestro recuerdo), unos milicos del ejército disparaban al aire, sobre las cabezas, con una ametralladora punto 30 montada en un jeep. Los gases lacrimógenos hacían toser y llorar, pero la gente peleaba con rabia.
Un hombre tomó una granada lacrimógena (que ya había explotado y largaba humo) y la devolvió al interior de una “chanchita” (vehículo de la represión policial), provocando el desparramo de la milicada. Varios manifestantes volcaron un carro hidrante a puro brazo.
La lucha se extendió desde la Plaza Independencia hasta la Universidad, y hubo corridas hasta más allá, hasta el Obelisco. Y la represión llegó a las calles laterales, casi hasta la rambla.
Fue el último gran acto heroico de resistencia popular contra la dictadura antes de que cayerauna larga noche sobre el paisito.
Desde entonces, para cumplir los planes de sus mandantes civiles, los milicos cerraron los sindicatos, prohibieron la actividad de los partidos políticos, intervinieron la Universidad estatal, censuraron la prensa, encarcelaron a millares de hombres y mujeres, torturaron, violaron, asesinaron, desaparecieron, robaron con pasión y sin controles, en diez años hicieron crecer la deuda externa de 700 millones a 5.100 millones de dólaresy 300 mil uruguayos se vieron obligados a emigrar.

El toro ya mugía por su frente
a las cinco de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.
 

   En 1985 regresó la democracia, pero enseguida llegó la Ley de Caducidad que transmutó a los uniformados en ciudadanos intocables.
Transcurrieron veinte años de esa democracia para que fueran procesados y encarcelados los primeros criminales. Unos poquitos, tras el triunfo del Frente Amplio.
La antigua sede de la Federación de Obreros del Vidrio, desde donde la CNT lanzó la huelga general, fue declarada Monumento Histórico.
Pero la ley de impunidad siguió vigente. Tuvo que llegar el año 2011 para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado uruguayo por el caso Gelman, por desconocer “la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Al otro año, en cumplimiento de ese fallo Mujica leyó un mensaje en el Palacio Legislativo, admitió la responsabilidad del Estado y dijo que hubo prácticas sistemáticas de terrorismo estatal.
Y el Parlamento sancionó una ley para evitar la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
Pero la ley de impunidad siguió vigente.
Y la Suprema Corte de Justicia expulsó del fuero penal a la jueza Mariana Mota, quien tenía a su cargo medio centenar de causas por delitos cometidos por la dictadura, y después la Corte declaró inconstitucional la decisión de los diputados y senadores, de modo que ya no hay crímenes de lesa humanidad en Uruguay sino delitos comunes que ya prescribieron.
Y otra vez en abril último la CIDH recriminó al Estado uruguayo y le recordó que las investigaciones por casos de terrorismo de Estado deben proseguirse por el lapso que sea necesario, sin fechas de prescripción, y que debe emplearse la figura de desaparición forzada.
Uruguay tiene tiempo hasta el próximo sábado 20 de julio para informar del cumplimiento de este nuevo fallo. Otro plazo más… y ya han pasado 40 años.
   El querido Hugo Cores mencionó en una charla poco antes de morir en 2006 que muchas familias uruguayas almuerzan sin saber que tienen sentados a la mesa a un héroe
. Se refería a los héroes que participaron de la huelga general de resistencia del ’73 y que suelen comer entre las criaturas de su carne, como el Pedro Rojas del poema de César Vallejo.
Hugo no hablaba de los dirigentes, que cumplieron una tarea imprescindible, ni de los militantes fogueados de entonces, sino de los simples laburantes, de aquellos cuya única militancia consistía en concurrir a las asambleas o en cumplir las resoluciones gremiales.
Consistía en tener dignidad. Los héroes anónimos, los que ocuparon las fábricas en aquel lejano invierno de miedo, los que en muchos casos fueron amenazados y despedidos y quedaron largo tiempo desempleados, los que fueron garroteados en 18 de Julio. Muchos ya murieron.
Ellos, que tenían todo para perder, pelearon aquella vez para no perder la libertad, para no tolerar una dictadura que decidiera que hay ciudadanos de clases A, B y C, y para impedir que la infamante diferencia entre punibles e intocables se mantuviera en el tiempo aún hasta después de que nacieran sus nietos, aún hasta después de que esos nietos se hicieran mujeres y hombres, aún hasta después del día de hoy, cuando se recuerda un aniversario de aquel Dieciochazo.

Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde,
y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.

¡Ay, qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!

* El periodista uruguayo William Puente escribió una conmovedora recordación del acto de resistencia en Montevideo, a fines de junio de 1973, contra la naciente dictadura.
Una multitud se congregó en la avenida 18 de Julio, de Montevideo, convocada por un conductor radial que, para eludir la censura, apeló a los versos de Federico García Lorca en "Llanto por Ignacio Sánchez Mejías".


FUENTE  http://www.lapoesiaalcanza.com.ar

INTEGRACION REGIONAL

Avanzamos, a pesar de los intentos de colocar palos en la rueda

Artículo publicado por: Carlos Heller

La afrenta a Evo Morales y a toda América Latina es un tema que no se puede dejar de tratar, por las importantes implicaciones que tiene. La decisión de negar el tránsito aéreo al presidente de otro país no es una determinación tomada a la ligera. Sin embargo, cuatro países europeos decidieron tomar esa medida al canto, actitud que parece el reflejo hacia una “mano invisible” decidida a violar incluso las normas básicas del derecho internacional. Semejante capacidad de respuesta, aplicada a un gobernante”que se parece a su pueblo” explicita la existencia de un poder que va más allá del Estado Nación.

En una lúcida definición, la Unasur expresó en Cochabamba que la “inaceptable restricción a la libertad del presidente en materia de derecho internacional convirtiéndolo en un rehén constituye una violación de derechos no sólo al pueblo boliviano sino a todos los de Latinoamérica y sienta un precedente peligroso”.

Lo ocurrido constituye un precedente esencial para evaluar el Acuerdo de Asociación Birregional Mercosur-Unión Europea, sobre el cual el bloque del norte viene presionando para lograr una especie de ALCA transatlántico. Pero también tiene que llevar a revalorizar la importancia de los acuerdos de integración desarrollados durante estos años en nuestra región: la Unasur, la CELAC, único organismo americano sin miembros del G7, el Banco del Sur, o la iniciativa sobre el Gasoducto del Sur sobre la que hay que avanzar, todos pasos para consolidar estructuras propias de la región, que reduzcan la relación de dependencia económica y política con los países desarrollados.

También lleva a prestar atención sobre cómo la política europea y las agencias de calificación, que siguen el mismo discurso neoliberal, presionan a los países latinoamericanos para que sigan esas recetas.

Un ejemplo de esta actitud, entre muchísimas otras, es la “advertencia” de Standard & Poors (S&P), en un contexto de fuerte protesta social en  Brasil, de bajar su nota si el gobierno acepta aumentar el gasto social para dar respuesta a las demandas populares. El comunicado es posterior a una reciente decisión de S&P de pasar la calificación de perspectiva estable a negativa porque “hemos visto señales de una potencial utilización de la política fiscal en una forma que no es consistente con la actual calificación”. Esa inconsistencia la justifican en la mayor intervención del sector público, y en una mayor actividad de crédito por parte de los bancos públicos. La advertencia formal de S&P toma cariz de “amenaza” pues Brasil es muy dependiente de los flujos de capitales externos de corto plazo, que ya están comenzando a huir e intensificarían esa conducta de darse una baja de la calificación, que dejaría al vecino país fuera de la categoría de Investment Grade, es decir, elegible para las inversiones externas.

Nuestro país también sufre el embate de estos centros de presión; la agencia de noticias de información económica Bloomberg tituló: “Argentina: cambien sus dólares auténticos por nuestros dólares falsos”. La agencia comenta que Cristina Fernández está tratando de conseguir una parte de los dólares en poder de los argentinos que están debajo del colchón o en cuentas bancarias en el extranjero, pero en ningún momento menciona que gran parte de esa cuentas en el extranjero están en paraísos fiscales, verdaderas células cancerígenas para el sistema financiero internacional, que Cristina ha denunciado en varias oportunidades, y que los líderes de las naciones centrales, que poseen en sus territorios varios de estos paraísos, no terminan de decidirse a regular y mucho menos a erradicar.

Esta es una más de las acciones que he denominado de “sabotaje” a la ley de exteriorización de divisas no declaradas, a la que se suman las palabras del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien señaló que la Ciudad “estudia” hacer un seguimiento fiscal de los contribuyentes porteños que se sumen a esa operatoria del gobierno nacional. También consideró que los Cedin son una “moneda paralela sin sustento”, coincidiendo, lógicamente, con la opinión de Bloomberg, y sin tener en cuenta que el dólar que avala cada Cedin estará depositado en el BCRA. Al alcalde los tecnicismos no le interesan, pero sí es muy seguro en cuanto a sus convicciones: poner la mayor cantidad de palos en la rueda al gobierno nacional, sea en temas importantes como el Cedin o en cuestiones accesorias como la ubicación del monumento a Colón. Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe siguen los pasos de Macri, prometiendo similar control fiscal y cobro de impuestos a quienes exterioricen.

Estas acciones hablan de un exiguo compromiso por las mismas normas de calidad institucional que le reclaman al gobierno nacional, puesto que están trabando la aplicación de una ley votada legítimamente en el Parlamento Nacional. Este desprecio a la calidad institucional es aun más grave en el caso de los legisladores Ricardo Gil Lavedra (UCR), Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica) y Federico Pinedo (PRO), entre otros, quienes recordaron el compromiso de sus fuerzas políticas, explicitado en una declaración conjunta, de “dejar sin efecto el blanqueo inmediatamente en cuanto obtengan las mayorías parlamentarias necesarias para ello” (La Prensa 02/07/13). Es una actitud grave pretender penalizar a quienes exteriorizan, intentando aplicar una futura ley con carácter retroactivo respecto a una norma votada por un Parlamento que ellos integran.

Los grandes actores del mercado del trigo han puesto obstáculos que, mediante conductas oligopólicas, terminaron en un fuerte aumento del precio de la harina y sus derivados, principalmente los productos panificados y las pastas, lo que diluye el poder de compra de los sectores de menores recursos. La oferta de trigo es menor, puesto que en la pasada campaña se obtuvo una menor producción y están obligados a abastecer al mercado interno, lo cual reduce los saldos exportables. No obstante, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) informó que “la molienda destinada al mercado interno no ha tenido variaciones respecto a igual período del año anterior con lo cual el consumo interno está abastecido” (Tiempo Argentino 01/07/13), aunque aclararon que se registró una caída del 9% en la molienda total de las empresas debido a la merma en las exportaciones de harina. Cabe preguntarse entonces por qué suben los precios internos y si esta acción no resulta una especulación abusiva hecha sobre seguro con perjuicio de tercero, conducta definida en el diccionario como agio o agiotaje. Pero detrás de esta suba de precio está la presión de aquellos que no desean regulaciones de ningún tipo, y responsabilizan interesadamente a la existencia de cupos para exportación, cuando la razón de los injustos descuentos practicados a los productores se encuentra en las maniobras de los sectores molineros oligopólicos. Hay un volumen de más de 3 millones de toneladas que las exportadoras compraron y no exportaron, aunque las empresas dicen que sólo tienen 100 mil toneladas (Página/12, 06.07.13). Ante esta situación, y enmarcada en la Ley 20.680 de Abastecimiento y Represión del Agio de 1974, el 5 de julio la Secretaría de Comercio Interior emitió la Resolución 67/2013, por la cual se obliga a quienes tengan en inventario trigo pan o harina para panificación, “a ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno”. El efecto fue rápido, “luego de la aplicación de la ley de abastecimiento, apareció más trigo” y los molinos compraron más barato (La Nación, 06/07/13).

La resolución 67/2013 es una medida interesante, aunque cada vez queda más clara la necesidad de avanzar aun más y establecer Juntas de Granos y precios de referencia para mejorar los ingresos del productor, reducir las excesivas ganancias de los oligopolios y obtener un menor precio para el consumidor.

Ante el indudable crecimiento de la economía, la perversa franqueza del senador Ernesto Sanz al reconocer “a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones?”, lleva a muchos a intentar poner palos en la rueda al proceso económico y a la gobernabilidad, impulsos que siempre parten de una arraigada ideología conservadora y del deseo de continuar manteniendo privilegios económicos a costa de las mayorías populares.

Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 7 de julio de 2013.

NOTICIAS DEL GRAN HERMANO

Tomado de www.postaportenia.com.ar

RECORDEMOS Alcántara, explosión hasta hoy poco clara 

La sumisión y servilismo a los espías no!

Vicente João Goulart *
Es una inmensa falta de soberanía la  NO aclaración inmediata a nuestra población,  de lo que es una base de estadounidense NSA (National Security Agency) en la capital de nuestro país,( El centro de lanzamiento de Alcántara (Centro de Lançamento de Alcântara ), situado en el municipio homónimo del estado de Maranhão, es una base espacial brasileña administrada por la fuerza aérea de Brasil junto con la Agencia Espacial Brasileña. Es, junto con el Puerto espacial de Kourou (perteneciente a Francia), el único cosmódromo de América Latina.
En nuestras barbas, en nuestra casa,  para vigilar nuestro gobierno, nuestros planes militares, nuestras estrategias y, peor aún, tomar  de tonto del pueblo brasileño para querer convencernos de que esto es normal en un país democrático?
Esta es la prioridad  el "objetivo"  de nuestra embajada en Washington?
Ahora sabemos que el monitoreo se realiza a través de satélites que alquilamos a nuestros imperialistas soberanos que  nos quieren convencer que la vigilancia al  representante  de EEUU en nuestro país:  Embajador Shannon es solo una  cosa común y normal esa es la explicación el ministro Paulo Bernardo.
Ridículo si no fuera grave
Para entender esto hay que remontarse a agosto de 2003, cuando ocurrió la explosión hasta hoy poco clara durante el  gobierno  de Lula , que tomó por sorpresa cuando explotó misteriosamente una  de  las bases militares en  Alcántara tres días antes del lanzamiento de nuestro cohete portador del satélite de un brasileño?
Se sabe que más de 20 días antes de la presencia de  "turistas estadounidenses" hospedándose en pequeñas posadas Alcántara; de  repente se  despertó un interés turístico tan grande para atraer a  turistas norteamericanos?
Cuanto  se  hizo la  por investigación ese hecho, y en qué  punto se encuentra ?
Es bien conocida la aversión a los estadounidenses que quieran desarrollar la tecnología necesaria para poner en marcha y construir sus propios satélites, pero  que es lo que dice nuestro gobierno?
Vamos a hacer una protesta a través de nuestra cancillería y pedir explicaciones al embajador de Estados Unidos pensando que debemos tener una aclaración clara como lo merecen nuestra soberanía?
O  solo quieren tener una excusa descarada y salirse con la suya?
Nuestra tecnología espacial entró en el espacio con el costo de la pérdida de 21 de los mejores ingenieros aeroespaciales y técnicos que teníamos , retrasando en décadas  el desarrollo de nuestro propio satélite de comunicaciones e incluso hasta hoy , sin determinar lo que ocurrió, si fue un intento de sabotaje, para que el resultado  sea el uso de  ahora el alquiler  de satélites estadounidenses para nuestras comunicaciones y dejado allí, la cosa , para quien las investigaciones  solo fueron saboteadores?
Vale la pena recordar que el gobierno de FHC- Fernando Henrique Cardoso- transfiere esta base de Alcántara a los estadounidenses y, gracias a un informe del Diputado, Waldir Pires al Congreso soberanamente después de ver lo absurdo de la operación en la que Brasil no podría incluso entrar en las instalaciones de la misma, optó por rechazar el mismo, denunciando el delito de "lesa patria " que  se estaba cometiendo.
Y hoy en día?  Que Respondemos al Tío Sam? Vamos a romper el contrato que tenemos con ellos y sus satélites, o le pediremos el mexicano SLIM nos preste  para lo necesario para nuestros planes estratégicos, ya sean militares,  de la comunicación o la seguridad de nuestras fronteras?
Y luego después claro están las personas que defienden la privatización de todo, incluyendo nuestra soberanía ...
* João Goulart Vicente
Director Presidente IPG-Instituto Joao Goulart

Brasil quiere llevar ante la ONU el espionaje de la NSA

El gobierno brasilero exigió explicaciones a USA por el espionaje de ciudadanos y empresas brasileras realizado por la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency) durante la reciente década, hecho comprobable en los documentos proporcionados por el ex informático de la CIA y la NSA, Edward Snowden, difundidos por el diario O Globo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores exigió explicaciones al embajador estadounidense Thomas Shannon, y ordenó a la embajada en Washington DC presentar la protesta ante el Departamento de Estado.
Brasil impulsará una moción ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidiendo un sistema de seguridad cibernética que impida esos abusos de parte de USA.
La Policía Federal y la Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) investigarán si la NSA tuvo acceso a las redes de comunicaciones

Sorprende la sofisticación de la agencia ilegal de la NSA en Brasilia

Muy importante eran las operaciones de la NSA en Brasilia, realizadas sin el conocimiento ni la autorización de las autoridades de ese país. Evidentemente las oficinas diplomáticas estadounidenses tenían objetivos no diplomáticos, al menos hasta 2002, desafiando la buena fe del gobierno brasilero. Más revelaciones del diario O Globo, de Río de Janeiro.
por ROBERTO KAZ y JOSÉ CASADO

RIO (O Globo). —
En Brasilia funcionó, por lo menos hasta 2002, una de las estaciones de espionaje en las cuales agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, de acuerdo a sus siglas en inglés) trabajaron junto a los de la CIA en USA. No se puede afirmar que continuó después de ese por ausencia de pruebas que lo confirmen.
Documentos de la NSA a los que accedió O Globo revelan que Brasilia fue parte de la red de 16 bases de la NSA dedicadas a un programa de recolección de informaciones a través de satélites de otros países.
Uno de ellos fue bautizado “Primary Fornsat Collection Operations” e identifica las bases de la agencia.
Los satélites son vitales para los sistemas nacionales de comunicaciones, así como las redes de fibras ópticas en los cables submarinos. Brasil no tiene ninguno pero alquila 8, todos de tipo geoestacionarios, o sea que permanecen estacionados sobre una región específica de la Tierra, en general en la línea del Ecuador.
Hay también un conjunto de documentos de la NSA, de septiembre de 2010, cuya lectura puede llevar a concluir que oficinas de la Embajada de Brasil en Washington y de la misión brasilera en Naciones Unidas, en New York, en algún momento fueron objetivos de la agencia.
No fue posible confirmar la información. Tampoco si ese tipo de prácticas continúa.
Esa misma documentación expone los patrones de la NSA para el monitoreo de informaciones de oficinas extranjeras, en USA. Son softwares de espionaje operados a partir de implantes físicos en las redes digitales privadas y en computadoras: 'Highlands' es el nombre en código de un programa de reunión cotidiana de señales digitales; Vagrant funciona a través de copias de las pantallas de las computadoras; y Lifesaver ha copia a través de los discos duros que se almacenan los recuerdos de las máquinas.
Los 3 programas habrían sido utilizados para el espionaje de datos brasileros.
Los documentos de la NSA se filtraron gracias a Edward Snowden, técnico en redes informáticas.
El ex empleado de la CIA trabajó en la agencia durante los últimos 4 años como especialista subcontratado a empresas privadas.
Hace un mes, el diario británico "The Guardian" publicó las primeras revelaciones de Snowden en las operaciones de vigilancia de las comunicaciones realizadas dentro y fuera de las fronteras de USA.
El domingo 07/07, O Globo mostró que en la última década, la NSA espió las llamadas telefónicas y la correspondencia electrónica de personas en tránsito o residentes en Brasil, así como de las empresas que operan en el país.
No hay cifras exactas, pero en enero pasado, por ejemplo, Brasil quedó sólo por detrás de similares interferencias realizadas por la NSA en Estados Unidos, que sumaron 2,3 millones de llamadas telefónicas y mensajes electrónicos espiados.
Para lograrlo, la agencia consiguió socios corporativos para el uso de al menos 3 programas de computadoras. Uno de ellos es el software Prism, que permite acceder a los correos electrónicos, chat y llamadas de voz de los clientes de empresas tales como Facebook, Google, Microsoft y YouTube, entre otros.
Otro programa es Boundless Informant para rastrear registros tales como la hora local, la ubicación, etc., de los correos electrónicos enviados o recibidos.
También está el X-Keyscore, capaz de reconocer un mensaje escrito en diferentes idiomas de la correspondencia hacia y desde Brasil.
Y todavía queda el Fairview, que permite controlar una gran cantidad de información intercambiada por las personas y empresas en diferentes lugares.
Brasilia se destacó como la única estación en América del Sur en el mapa que describe las operaciones de satélites de espionaje exterior de Estados Unidos.
También fue 1 de las 2 ciudades-base del Fornsat, que hospedaron a espías de NSA y la CIA asignados a trabajar juntos en este programa.
En el lenguaje característico utilizado en los documentos copiados por Snowden, ellos integraron un grupo de trabajo, denominado SCS (Special Collection Service). además de Brasilia, habría otro grupo en Nueva Delhi, India.
La NSA describe, en la presentación interna con fecha de 2002, cómo funciona como ese consorcio de agencias de espionaje estadounidenses.
El objetivo, según la documentación oficial, es "convertir señales la inteligencia obtenidas en el extranjero a partir de los establecimientos oficiales de USA, tales como embajadas y consulados."
Y añade: "La NSA trabaja en estrecha colaboración con la CIA (...) los agentes de la NSA, disfrazado de diplomáticos, conducen la recolección.".
El documento se hizo hace una década y no fue posible confirmar si la práctica continúa.
Estos 2 organismos mantienen los equipos de SCS en 75 ciudades, de acuerdo con el documento 2002. No fue posible saber si lo siguen haciendo. De ellos, 65 eran capitales nacionales.
Pero los documentos dejan claro que solamente en las estaciones de la NSA en Brasilia y Nueva Delhi, existían grupos de trabajo SCS para trabajar directamente en el programa de espionaje a través de satélites de otros países, el Fornsat.
La acción conjunta proporciona "inteligencia considerable sobre la comunicación de líderes", dice el documento NSA 2002. Ella es facilitada, dice, por "la ubicación dentro de una capital nacional."

Estructura para reunir informaciones

La cantidad de "objetivos" es grande: "Los sistemas de comunicación de los satélites comerciales extranjeros son utilizados en todo el mundo por los gobiernos extranjeros, organizaciones militares, corporaciones, bancos e industrias."

La estructura de ese sistema de reunión de información, de acuerdo con la NSA, se basa en las alianzas de la agencia con empresas privadas, propietarias u operadoras:
"La NSA, en conjunto con sus socios extranjeros, accede a las señales de comunicación de los satélites extranjeros."

TESTIMONIOS II :ANTE UNA FALSEDAD HISTORICA

ANTE UNA FALSEDAD HISTORICA
por Leon Lev - 5 de Julio de 2013 

Estimado Sr.Director
de BUSQUEDA 

Por la presente solicito el derecho de respuesta a la nota recuadrada, en vuestro ejemplar del 27 de Junio
" Arismendi y una señal a las Fuerzas Armadas " bajo el titulo “ Ante una falsedad historica “

Quiero desmentir enfatica y tajantemente la afirmaciòn, atribuida a un exiliado en Mejico, de que Rodney Arismendi habrìa comunicado a su padre" de proceder al levantamiento de la huelga en el transporte" durante la Huelga General en respuesta al Golpe de Estado, " como señal a las Fuerzas Armadas "

Primer error , su padre, el entrañable Alberto Altesor " no tenìa responsabilidades en el àrea sindical del PCU ".

Sus atribuciones eran en el Frente de Organizaciòn del PCU y toda su actitud de rechazo a la dictadura fue transparente.. Quiero destacar , que la lìnea del PCU en la resistencia fue " no darle un minuto de tregua a la dictadura ". Y la cumpliò al pie de la letra. ! Doy fe. !

El odio de los mandos militares de la Dictadura buscò emponzoñar la figura de Arismendi con falsedades y difamaciones. Jamàs tuvo una actitud de blandenguerìa frente al despotismo militar. Por eso nunca le perdonaron su firmeza y consecuencia.

Alberto, operado del corazòn en la Clìnica Favaloro, Buenos Aires, volviò clandestinamente al Uruguay para seguir luchando junto al resto de los compañeros y al conjunto de la sociedad democratica uruguaya. Sufriò maltratos y años de reclusiòn en el Penal de Libertad, con total entereza y dignidad singular. 
Tambièn quiero rescatar , en honor al apellido familiar, a su hijo Hector, quien fallece en los combates finales que llevaron a la derrota de la siniestra dictadura de Somoza en Nicaragua.

Afirmar que " Arismendi dio la orden de levantar la huelga de transporte como señal a las FFAA" es un desvarìo o un delirio.
No soy sicoanalista ni siquiatra, pero afirmo radicalmente ESA AFIRMACION ES FALSA y no tiene ningùn viso de seriedad.


El movimiento sindical , la CNT, Convenciòn Nacional de Trabajadores, tenìa su estructura directriz y nadie daba ordenes por encima de su organizaciòn.

Sòlo quien no conoce al movimiento sindical puede afirmar que el Partido podìa dar " òrdenes " salteàndose los organismos sindicales. Eso es una ofensa a la autonomìa del movimiento sindical uruguayo.

Dejar pasar este dislate, no es sòlo una canallada contra Arismendi, sino una infamia contra el movimiento sindical y su autodeterminaciòn.
Por el contrario y como afirma la nota, al final : " El transporte fue sometido a fuertes presiones durante la huelga y motivo de discusiones durante y luego del levantamiento d e las medidas de lucha. Incluso derivò en una sanciòn partidaria al principal de los dirigentes comunistas del gremio, por no haber estado " a la altura de las circunstancias ".

! Esto sì es verdad.!

Cuando conmemoramos los 40 años del Golpe de Estado y de inicio de la Huelga General de Resistencia al Golpe, reivindico la ejemplaridad y limpidez del movimiento sindical( Convenciòn Nacional de Trabajadores ) y su autonomìa orgànica para adoptar decisiones. Tanto para resolver la aplicaciòn de la Resoluciòn de " Huelga General y ocupaciòn de fàbricas y centros de trabajo " adoptada desde 1964 , a la sombra de las tentaciones golpistas emanadas de la dictadura brasileña, como la decisiòn de levantamiento, con una declaraciòn que harìa bien vuestro semanario en publicar.

Fueron quince dìas que conmovieron al Uruguay y al mundo, tanto es asì que un corresponsal de la BBC de Londres , afirmò en una nota, que Montevideo se parecìa a Londres en la resistencia a los bombardeos nazis.

La figura de Rodney Arismendi, a 23 años de su desapariciòn, no puede ser empalidecida ni por tergiversaciones ni por falsedades.

Recuerdo, con emociòn, el homenaje que el Senado de la Repùblica, recientemente, con motivo del centesimo aniversario de su nacimiento en Marzo de 1913, le tributò.



Oradores de los tres partidos politicos, en conceptuosas palabras, recordaron , a quien fue luchador ejemplar contra la dictadura y enjundioso parlamentario, que enalteciò y honrò al parlamento uruguayo.

A su vez, la democracia uruguaya al recordar los 40 años, debe tributar un reconocimiento a los trabajadores y en especial a su Presidente de Honor Josè D·Elìa, por su noble y sacrificada resistencia a la dictadura.

Leòn Lev

EVO:O COMO AMOLDAR LO ESTABLECIDO

Lejos de ser un simple incidente diplomatico entre naciones, el caso
Evo Morales plantea una serie de razones de peso para considerar
que lo que esta en juego es mucho mas que el destino de un "desertor".
Como primera leccion este caso demuestra sin lugar a dudas la ferrea
voluntad del primer mundo de aglutinarse en una causa comun cuando
de defender sus intereses se trata.No es solo EE. UU. quien cierra filas,
sino tambien la comunidad europea -quien se ha visto de alguna manera
vigilada- pero que puesta en la balanza la modificacion del status quo
ante el riesgo de subvertir el orden establecido, optan por esta ultima
en funcion de imperio o hegemonia validando como logicas las operaciones
secretas que realizan sus socios americanos en funcion de lograr sin
importar los medios, la perpetuidad de una situacion en la que el tercer
mundo con sus millones de pobres subvenciona los deficits que banqueros
y especuladores de todo calibre, esquilman los magros recursos del planeta.
Para ello, su muy bien aceitado sistema financiero, genera dia a dia infinitos
intereses que sojuzgan pueblos y voluntades, tumban gobiernos(EGIPTO)
o condenan a generaciones de seres humanos al hambre y la miseria, todo
en nombre del progreso, la libertad y la libre competencia, valores por lo
que arman guerras y destruyen el planeta, sin importarles las consecuencias
que sus actos generan y cuyo desvergonzado cinismo define como daños
colaterales.
Lo de EVO tiene muy poco de incidente diplomatico.Si hubiese sido un
presidente afin al modelo -que hay bastantes-, no hubiera tenido inconvenientes.
Pero era justo UN GOBIERNO que le esta dando batalla al sistema establecido
y ha osado establecer en su pais, normas que ven al mundo de otra manera,
poniendo con sentido social, lo que antes eran dividendos...y eso no se perdona.
En eso el primer mundo es monolitico.No importan las fechorias americanas si
lo que esta en juego es la perdida de los privilegios largamente establecidos
por la colonizacion primero y el sojuzgamiento economico despues.
La brecha tecnologica agranda la dependencia, que el tercer mundo paga en
especies sin valor agregado, llenando sus grandes ciudades de pobres de pobreza
cuyo destino no esta lejos de la delincuencia y la marginalidad, verdaderos
sintomas modernos de que algo no va bien.
La perorata simbolica de la UNASUR no es mas que un lamento y poner
las barbas en remojo, ya que carece de algun efecto de presion o cambio
y en este caso, al darle asilo al espia americano se le estaria dando al imperio
y sus socios europeos la oportunudad que estaban esperando para el desembarco
en gran escala en las noveles democracias americanas, que luchan por cambiar
un estado de cosas que saque a su poblacion de la miseria.
Si Putin y el imperio sovietico miran para otro lado estando en su territorio
el supuesto transgresor, -para evitar consecuencias desagrables a sus intereses-
no es logico embarcarse en una aventura que se sabe como empieza pero no
como termina.La solidaridad latinoamericana esta largamente probada y esta
fuera de discusion , lo que si es claro que mientras no los jodamos nos van a
dejar hacer todo lo que no los afecte. El dia que queramos hacer algo en serio
nos va a pasar lo que a SNOWDEN, en pelotas y en la calle.
 

RE-LECTURA:La verdadera víctima del golpe militar en Egipto

La verdadera víctima del golpe militar en Egipto 05.07.2013 BERKELEY (IPS/Emad Mekay) - Después de que la junta militar de Egipto, armada, equipada y financiada por Estados Unidos, llevó a cabo su golpe de Estado contra el primer gobierno libremente elegido en la historia del país, habrá muchas víctimas Pero las principales no serán el derrocado presidente Mohammad Morsi ni los islamistas, que son buenos sobrevivientes por naturaleza. Serán la democracia y la fe popular en ella en todo el mundo. La víctima será la única oportunidad que tuvieron los egipcios de ser parte de este mundo en sus más de 5.000 años de historia En varias rondas de elecciones, los egipcios, jóvenes y viejos, habían mostrado al mundo su deseo de cambio y su esperanza, mientras hacían fila bajo el calor del desierto durante horas para intentar depositar sus votos y tener injerencia, por primera vez, en el futuro de su país

Mientras cubría la Primavera Árabe, vi mujeres jóvenes vestidas a la moda occidental, esperando para votar junto a otras cubiertas de pies a cabeza por el "neqab", prenda tradicional de las musulmanas.

El mensaje era: "Queremos democracia, no el régimen militar que nos controló durante 60 años". La ciudadanía votó una Constitución, un parlamento y un presidente, mientras el mundo observaba con sorpresa y admiración.

Luciendo su pobre vestimenta, el portero de mi edificio hizo fila junto a ricos propietarios del barrio. Un valor universal de igualdad, libertad y esperanza se percibía en el aire.

Morsi fue el presidente que llegó al gobierno con mucho menos que el usual y sospechoso 90 por ciento de los votos que suelen recibir tantos gobernantes árabes.

Pero en la noche del miércoles 3 vi cómo vehículos Humvee suministrados por Estados Unidos eran usados por las "fuerzas especiales" de Egipto mientras disparaban a civiles que protestaban contra el golpe militar en la plaza Nahda, fuera de la Universidad de El Cairo, donde hace unos años el presidente Barack Obama ofreció al mundo musulmán un discurso sobre la paz y el fin del terrorismo.

Los videos muestran a varios heridos, sangre y gente muriendo mientras dicen sus últimas palabras en pro de la libertad. Los militares respaldados por Estados Unidos intentaban dispersar a los partidarios de Morsi antes de lanzar una declaración formal del golpe de Estado.

En otro punto donde se congregaron partidarios de la democracia, Rabaa Al-Adawia, en el distrito cairota de Ciudad Nasr, los militares impusieron un estado de sitio que bloqueó incluso el paso de alimentos u otros suministros, obligando a sus habitantes a salir para obtenerlos, mientras francotiradores montaban guardia desde las azoteas, con la gente en la mira.

Mientras el general del ejército Abdel Fatah Al-Sissi, entrenado por Estados Unidos, prometía transparencia y libertad en su discurso del miércoles 3, en el que declaró el golpe, varios civiles sentados junto a él mostraban su apoyo a un régimen militar.

Pero, a medida que Al-Sissi hablaba, todos los canales de televisión que habían apoyado las elecciones y a Morsi eran clausurados simultáneamente, y varios de sus trabajadores arrestados, humillados y obligados a desfilar entre columnas de opositores alegres y de otros trabajadores de medios privados que apoyaron el golpe.

Las comunicaciones telefónicas se cortaron en el área donde estaban congregados los partidarios de Morsi, señal de qué clase de libertades esperan a Egipto.

Este fue el final trágico de la naciente democracia del país, y un pantallazo del futuro que tiene por delante bajo el mando de unas Fuerzas Armadas respaldadas por Occidente.

Pero, ¿quién quiere un regreso a un régimen militar brutal?

Bueno, mucha gente: civiles que esperan sacar provecho de un mandato militar y que están dispuestos a sacrificar la democracia y a darle un rostro civil al golpe en su propio beneficio.

Obviamente, los militares, que gozan de enormes beneficios financieros y de la libre propiedad de vastas y costosas tierras, de clubes sociales exclusivos y de descuentos en casi cada compra.

Ellos no quieren inspecciones a los sobornos que reciben por las exhorbitantes compras de armamentos. Ellos sacaron a sus partidarios a las calles.

La Iglesia Copta de Egipto, cada vez más militante, que controla a los cinco millones de cristianos del país y que a su vez poseen importantes intereses económicos, también quiere un regreso al gobierno militar. Y empujó a sus seguidores, en masa, a las calles.

Morsi y los islamistas habían introducido la idea de legislar para imponer controles sobre las finanzas de la Iglesia, medida que se topó con la fuerte oposición del clero cristiano. Al nuevo y controvertido papa copto Teodoro II le resultó muy fácil enviar a cientos de miles de sus feligreses a las calles para pedir el derrocamiento de Morsi y mezclar el reclamo con las quejas sobre la seguridad.

Hay también una conspiración de exmiembros del régimen de Hosni Mubarak (1981-2011) que no tienen estómago para un sistema de frenos y equilibrios. Además, la fuerza policial, que prosperó en base a asesinatos y que disfrutó de los beneficios del régimen, nunca se sintió cómoda con un cambio de régimen y una democracia.

Después de todo, a muchos de sus integrantes les aguardaban juicios por abusos a los derechos humanos.

Todos ellos protestaban contra Morsi, sin paciencia para esperar un cambio democrático.

Ciertamente hay otros pilares del régimen de Mubarak, como el gran imán de la mezquita Al-Azher, jeque Ahmed el-Tayeb, bastión del Islam sunita, cuyo rol fue siempre blanquear los abusos de dictadores como hechos justificables mediante la religión, a través de una serie de controvertidas "fatuas" (edictos religiosos). Él enfrentaba el fantasma de una eventual destitución bajo el gobierno de Morsi.

Otros que querían el regreso del régimen militar bajo una delgada máscara civil son los salafistas, que cuentan con respaldo de Arabia Saudita.

Este grupo religioso profesa la idea de "nunca disputar al gobernante en su gobierno" y se adhiere al lado conservador del Islam, de un modo muy similar al sistema religioso saudita, que da más importancia a la vestimenta que a la forma de gobierno de los musulmanes, y en colisión directa con la ideología de la Hermandad Musulmana, que promueve la participación política.

Todos ellos encontraron su punto de confluencia en un general del ejército ambicioso, pero poco conocido, que puso su mira en el gobierno de Egipto y planificó erradicar la Constitución, la legitimidad y las elecciones según su capricho.

Sin duda, Morsi y los islamistas cometieron muchos errores. El mandatario lo admitió en sus últimos discursos y prometió correcciones en su calidad de presidente democráticamente elegido.

La forma de resolver esos problemas debió haber sido a través de las urnas, y no mediante un golpe que ya es sangriento.  Ahora, la democracia se desangra.

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LOS CIVILES DE LA DICTADURA

Los civiles de la dictadura



Es un error común calificar al golpe de Estado y a la dictadura como militares. A la cuestión obvia de que el golpe lo dio, un civil, electo además por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, se suma que hubo cientos de civiles que apoyaron la dictadura, fueron su sustento técnico e ideológico y permitieron que el Estado fascista funcionara.



Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.



Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.



EL POPULAR publica un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.



Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.



Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depuración interna de los cuadros de la dictadura.



La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.



Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.



Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.



El Poder Ejecutivo



La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.



También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura. Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.



Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.



El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.



Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.



En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.



Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.



En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).



En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.



En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.



En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.



En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).



En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson. En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.



Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.



En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lazar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jorge Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.













El Parlamento decorativo



En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.



Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.



El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.



El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profe- sora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doc- tor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas. Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado

antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.



Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.



El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.



Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.



Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado. La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani. En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.



La Justicia secuestrada



Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.



Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Addiego Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).



Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.



En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.



En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverr y, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.



Los intendentes de la dictadura



La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.



Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.



Corte Electoral, ¿para qué?



Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre y Ricardo Cerro. La jefa de abogados fue la doctora Cristina Maeso y el secretario letrado, que luego siguió por años en democracia, Mario Cataldi.



Los banqueros de la dictadura



Los contadores José Gil Díaz, José María Puppo y Juan Carlos Protassi se sucedieron en la presidencia del Banco Central. Integraron también el directorio del Banco Central, Carlos Koncke, Luis Romero Diana y Julio César Pacchioti.



En el Banco República estuvieron Moisés Cohen, Raúl Ferraro y Bolívar Castro. El Banco Hipotecario estuvo presidido durante casi toda la dictadura por Julio César Luongo, En el BHU hubo una presencia hegemónica de oficiales de la Fuerza Aérea, pero también actuaron civiles: Ernesto Llovet, Alberto Romaniello y Angel María Scelza.



En el Banco de Seguros, actuaron: Federico Baum González, Osorio de Salterain, Osvaldo Sánchez Márquez y Carlos Ravenna.



Los diplomáticos del terror



Fueron embajadores de la dictadura, entre otros, Jorge Pacheco Areco (en España, Suiza y EEUU), Adolfo Folle Martínez (en Argentina), Carlos Manini Ríos (en Brasil), José Enrique Etcheverry Stirling (en Francia), Edgardo Abella (en el Reino Unido y España), Raúl Soriano Mesía (en el Reino Unido), Fernando Gómez Fyn (en Colombia), Osvaldo Soriano (en Guatemala), Francisco Mario Ubillos (en Portugal), Raquel Lombardo de Debetolaza (en El Vaticano), Francisco Bustillo del Campo (en Bolivia), Buenaventura Caviglia Cámpora (en China), Alvaro Alvarez (en los Países Bajos), Gastón Sciara Rebollo (en Egipto), Carlos Duarte (en Grecia), Raúl Benavidez (en Canadá) y Adolfo Silva Delgado (en Corea).



Sin duda un papel especial de defensa de la dictadura, sobre todo ante las denuncias internacionales por las violaciones a los DDHH, jugaron Carlos Alberto Roca y Carlos Giambruno, que fueron representantes permanentes ante la ONU; Martín C. Martínez ante la UNESCO; Mateo Márquez Seré, Carlos Alberto Roca y Francisco Bustillo ante la OEA.



Muy especial fue el papel de quienes defendieron la dictadura ante Comisión de DDHH de la ONU. En los años 1979 y 1980 integraron esas delegaciones Carlos Giambruno, Juan José Real, Zulma Guelman, Luis A. Carrese, Carlos Nadal, Carlos Barros Oreiro, Alvaro Moerzinger, José Catalayud Bosch, Ruben Díaz Porto y Graziella Dubra.



Entes y Servicios



En los Entes y Servicios Descentralizados, particularmente en los primeros, la presencia militar fue la tónica. En algunos de ellos no aparecen civiles encabezándolos, al menos no surgen de las investigaciones periodísticas, como los casos de PLUNA, ANP y AFE. En los restantes entes la preponderancia militar fue notoria, incluso hubo una repartición entre las tres armas de los entes del Estado, aunque en algunos colaboraron las tres. Igualmente hubo presencia civil en los directorios.



En OSE estuvieron: Juan Carlos Payseé, Ricardo Bengoa Rodríguez, los ingenieros Nicolás Goloubintseff, Pedro Echeverrigaray, Horacio Paullier Puig y Alberto Barragu Fassoli, también el contador Nelson Russo.



En ANTEL actuaron los ingenieros Norberto Faroppa, Edison García Regueiro e Isidro Vila, los contadores Hugo Federico Aguiar y Carlos Corti Moreno y el doctor Antonio Stella.



En ANCAP: el ingeniero químico Bertrand Gruss Dassain y los contadores Enrique Víctor Conde, Raúl Manuel Pazos y Alberto Carlevari.



En UTE: el arquitecto Juan José Castro y la ingeniera Marta Casabó.



En el SODRE se desempeñaron el arquitecto Emilio Massabrio, el doctor Eric Simon, Jorge Rodríguez Deluchi e Imazul Fernández.



En el Consejo del Niño actuaron: los doctores Mario Cantón y Juan Antonio Baglivi, las educacionistas María Teresita Farías de Pastorell y Nelly Vioeta Sarasúa de Siqueira.



En el Banco de Previsión Social se desempeñaron los doctores Juan Buccino Clérico, Ricardo Arguello Bellini, Alfredo Lamaison y Jaime Bonsignore. Fueron directores generales de la seguridad social Alfredo Ruiz Popelka y el contador Juan Femenías Iglesias, y subdirector, el contador Luis Givogre, quien también estuvo al frente, junto con el doctor Ruben Gayol, de Asignaciones Familiares.



En el Tribunal de Cuentas estuvieron el contador Julio V. Canessa, Roberto Lasale, Washington Fernández, Humberto Balleto, Juan José Fraschini, Ulises Morassi y Lliri Pedro Sassi.



En el Instituto Nacional de Colonización actuaron Walter Arias, Tydeo Larre Borges (hijo), Oscar Aguirre y Carlos Zita.



En el Consejo Nacional de Turismo estuvieron el agrimensor Adolfo Agorio, el arquitecto Jorge Fagel Figari, Julio Jorge Núñez Queiros y Victor Paullier Martínez.



También tuvieron cargos de confianza durante la dictadura las siguientes personas: Danilo Arbilla, director de Difusión e Informaciones de la Presidencia de la República; Barret Puig, prosecretario de Difusión e Informciones de la Presidencia de la República; José A. Barrio y Ruben Gayol, inspectores generales de Trabajo, el contador Romeo Maeso Sueiro, director de Aduanas; Ernesto Castaldi, director de Migraciones; los contadores Jorge Ponce de León Previtali y Mi- guel Angel Loureiro, directores de la Contaduría General de la Nación; el contador José María Michietti, director de SEPLACODI; el ingeniero agrónomo Eduardo Peile, director del INAC; el contador David Manuel Cukierman, Tesorero General de la Nación; el ingeniero Manuel Berger, director nacional de Energía; el doctor Héctor Volpe, presidente de la Junta de Vecinos de Montevideo; el contador Horacio Parodi, director general de Estadística y Censos; los ingenieros César Esperanza y Remigio Dante Gabín Pirotti, directores nacionales de Industria; el ingeniero agrónomo Julio Aznárez, presidente del Plan Agropecuario; los doctores Mario Tissoni y Daniel Gamarra, director y sub director, de la Oficina de Servicio Civil; Sarandí J. Silveira, director de Dinacoprin; el doctor Osvaldo Sánchez Márquez, director de Coprin, el contador Raúl Xavier, director de la Dirección General Impositiva; Jorge Sienra y Santiago Acuña, directores de Comer- cio Exterior y Angela Chiola de Píriz, Directora Nacional de Trabajo.



La enseñanza copada



El CONAE gobernaba la enseñanza primaria, secundaria y técnica, fueron sus rectores: el arquitecto Elzeario Boix Larriera, el ingeniero Daniel Ferreira y el profesor Ramiro Mata.



También ocuparon cargos de alta responsabilidad en el CONAE, como director general, el inspector Mario Roldós Puis y como secretario general, el inspector Eleuterio González.



Enseñanza Primaria estuvo a cargo del doctor Pedro Freire y del maestro Miguel Ribolla; Secundaria del doctor Fernando Bosch y de los profesores Carlos Pascual y Juan Carlos Laborde; la enseñanza técnica fue dirigida por Enrique Kliche y el profesor Miguel Curbelo Platero.



La intervención de la Universidad



La Universidad fue un blanco explícito de la dictadura. Fue intervenida en noviembre de 1973 tras fracasar el intento, en setiembre, de unas elecciones donde se desplazara a las autoridades legítimas, esas elecciones fueron ganadas por la FEUU y los gremios a pesar de la represión y el miedo. Desde esa fecha los rectores fueron designados directamente por el Poder Ejecutivo golpista. El primer rector interventor de la dictadura fue el doctor Edmundo Narancio, redactor del diario El País. Luego lo siguieron el arquitecto Gustavo Nicolich, el contador Jorge Anselmi, el doctor Enrique Viana Reyes, la doctora Raquel Lombardo de Debetolazza, el doctor Luis Antonio Menafra y el doctor Gonzalo Lapido Díaz.



En los decanatos de las facultades estuvieron aproximadamente 40 profesionales. En Derecho y Ciencias Sociales: Raúl Abraham, Valentín Sánchez, Luis Sayagués Laso, Manuel Adolfo Vieira, Blas Rossi Masella y Manuel Orlando López. En Medicina: los doctores Gonzalo Fernández (que no tiene nada que ver con el catedrático en derecho penal y luego secretario general del la presidencia y canciller en el gobierno del FA), Eduardo Anavitarte, Gonzalo Lapido Díaz y Carlos Oenhinger.



En Ciencias Económicas: los contadores Jorge Anselmi y Nilo Berchesi. En Agronomía: los ingenieros agrónomos Adolfo Berro, Daniel Faggi y Armando Rabufetti. En Odontología: los doctores Hugo Amorín, Miguel Banchieri, Walter Lieber Belli y José B. Costas.



En Humanidades y Ciencias: el licenciado Miguel Klappenbach y el doctor Rodolfo Gori Carrara. En Arquitectura, los arquitectos Gustavo Nicolich, Reclus Amenedo y Juan José Casal Rocco. En Química: los doctores José Delfino Lema, Raquel Lombardo de Debetolazza, Luis Menafra y Firvalier Bassagoda. En Ingeniería: los ingenieros Alfredo de Santiago, Juan Carlos Paletta Queirolo, Norberto Faroppa y Héctor Ibarlucca. En Veterinaria: los doctores Carlos Olave Castro, Gustavo Cristi, Héctor Lazanco, Oscar Latourrette, Mario Aragunde y Carlos Muniz.



En la dirección de la Escuela de Servicio Social estuvieron: Alberto Leizagoyen y José Botta Roccatagliatta. En la entonces Escuela de Psicología estuvo el doctor Mario Saiz. En el Conservatorio de Música, el doctor Pedro Ipuche Riva. En el Instituto de Economía, el contador Alberto Bensión y en el de Estudios Sociales, el doctor Ulises Graseras.



Especial tarea cumplió la División de Sumarios de la Universidad, que encabezó la caza de brujas contra docentes y funcionarios. Cientos de sumarios y destituciones, amparadas en el Acta Institucional Nº 7. El responsable entre 1974 y 1981 fue el doctor Roberto Falchetti y trabajaron cercanos a él, y operaron en esos procedimientos: José María Traibel, Mario Artecona, Juan José Calanchini y el escribano Juan Antonio Trocoli.



El SMU también



Fue intervenido el Sindicato Médico del Uruguay, al principio esta intervención fue ejercida por un colectivo integrado por: el doctor Eustaquio Montero, el escribano Mauricio Lionel Vidal, el doctor Roberto Falchetti, el contador Raúl Bartesaghi y el doctor Mario Artecona. Después paso a hacer unipersonal y la asumió el doctor Juan Tarrasa y a partir de 1976, recayó en el doctor Mario Genta.

Europa y Estados Unidos hablan sobre espionaje

Europa y Estados Unidos hablan sobre espionaje

(Tomado de Europa Press)

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, ha reiterado la gran preocupación de los países europeos por el espionaje de Estados Unidos a instalaciones del bloque en una “larga” conservación por teléfono que mantuvo anoche con la asesora de Seguridad Nacional de la Administración de Barack Obama, Susan Rice.
“La alta representante habló por teléfono con Susan Rice anoche, la nueva asesora de Seguridad Nacional. Reiteró nuestra gran preocupacion sobre esta cuestion. Fue una larga consersacion y dejó las cosas muy claras”, han explicado fuentes europeas. Ashton habló también este lunes con el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, para trasladar la preocupación por el caso.
Rice a su vez subrayó a Ashton “que las relaciones con la UE y sus Estados miembros es extremadamente importante” aunque según fuentes europeas no se comprometió con un plazo para remitir las aclaraciones del caso que ha exigido la UE.
Francia ha dejado claro que la UE no puede negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos si no tiene garantías de que Washington no espía a sus socios, aunque desde el Servicio Europeo de Acción Exterior que dirige Ashton defienden separar ambas cuestiones, según han explicado fuentes europeas.
El número dos del Servicio Europeo de Acción Exterior, Piere Vimont, contactó por teléfono con el embajador estadouidense ante la UE, William Kennard, el pasado domingo tras conocerse la nueva información publicada por el semanario alemán ‘Der Spiegel’ sobre el presunto espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional a las instalaciones de la UE en Bruselas y Washington. Vimont recibió ayer a Kennard para abordar el caso, según fuentes europeas que no han podido dar detalles del contenido de la cita.
Los embajadores de los Veintiocho ante el Comité Político y de Seguridad de la UE discutirán este martes el caso de espionaje en una reunión en Bruselas y los embajadores permanentes ante la UE también discutirán el caso el próximo jueves, según han avanzado fuentes europeas.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, también abordará el caso del espionaje con el resto de comisarios este martes en el marco de la reunión semanal del Colegio de Comisarios, según ha confirmado el portavoz, Olivier Bailly. “El presidente informará a sus colegas sobre la situación cómo la Comisión ve que la situación se desarrolla”, ha precisado.
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el del Consejo, Herman Van Rompuy, se han declarado este martes “muy preocupados” por las noticias del espionaje de Estados Unidos a sedes de la UE y han pedido explicaciones a las autoridades norteamericanas.
Pero los dos mandatarios han eludido pronunciarse sobre el impacto de estas noticias en las negociaciones comerciales entre Bruselas y Washington que está previsto que empiecen la semana que viene. Algunos países como Francia y algunos eurodiputados han sugerido que se suspendan hasta aclarar el asunto.
“Si estas noticias se demuestran ciertas, serían muy inquietantes y plantearían preocupaciones graves y muy importantes”, ha dicho Barroso en una comparecencia ante la Eurocámara. “Hemos pedido a Estados Unidos una aclaración completa e inmediata del asunto”, ha explicado.
“Estoy muy preocupado por las noticias de prensa sobre vigilancia por parte de EEUU de las sedes de la UE en el extranjero y en Bruselas”, ha señalado por su parte Van Rompuy, quien ayer tomó “nota” del “compromiso” del presidente estadounidense, Barack Obama, de dar “toda la información” sobre el caso.
“La UE ha pedido y espera explicaciones completas y urgentes por parte de EEUU sobre estas alegaciones”, ha agregado, al tiempo que celebraba el compromiso del presidente Barack Obama de aportar información a sus aliados.
El pleno de la Eurocámara también debatirá este miércoles en Estrasburgo el espionaje de Estados Unidos a ciudadanos europeos e instituciones de la UE.

Testimonios a 40 años : FASANO

HOY HACE 40 AÑOS EN LA MADRUGADA DEL GOLPE
FEDERICO FASANO MERTENS




La madrugada donde parió la dictadura más infame de la historia uruguaya, yo no me encontraba en nuestro hollado solar. Condenado a muerte por el tenebroso ‘’Escuadrón de la Muerte’’, cuya sentencia sobre mi vida fue difundida por el semanario ‘’Azul y Blanco’’ y obligado a presentarme todas las semanas ante la Justicia militar por el frustrado putsch de diciembre de 1972, mi hermano Carlos me obligó a huir a Buenos Aires, 72 horas antes del golpe. Así me lo habían aconsejado el propio Seregni y Wilson Ferreira, los mismos que me pidieron investigar el caso Amodio Pérez, visto el deterioro día a día de las condiciones objetivas y subjetivas para enfrentar el golpe y el alarmante cariz que iba tomando la coyuntura.

Me llevaron casi a rastras a una ‘’corta lejanía’’ que finalmente duró 12 años. Yo quedé en Buenos Aires, mientras mi hermano Carlos volvía a continuar la lucha en territorio ocupado y cayó prisionero durante 6 dramáticos años, hasta que la solidaridad internacional lo rescató de las entrañas del Leviatán.

Ni imaginábamos la dimensión del terror que impondrían en la sociedad, este conjunto de motineros armados, que compraron el discurso de la oligarquía financiera, temerosa del ascenso de la lucha de masas que amenazaba su dominación.

En Buenos Aires me encontré a Enrique Erro y a Zelmar Michelini instalados muy cerca uno de otro en dos hoteles de la Avda. Corrientes, el Roy y el Liberty, cuyo dueño después desaparecido por la dictadura fue entrañablemente solidario con Zelmar.

Nos encontrábamos, río mediante, lejos del monóxido de la represión, en esas tierras donde se respiraba una ráfaga histórica de aire fresco al culminar 18 años de tutela militar en la Argentina, con el ascenso del peronista Héctor Cámpora a la primera magistratura del país.

El día del golpe el hotel Liberty era una romería. Un solo estado de ánimo: tristeza e incredulidad. El país más civilista de América Latina, junto con Chile, cerraba 83 años de gobiernos constitucionales (con el intervalo del golpe blando terrista y baldomirista) y retrocedía al día anterior de aquel mediodía de 1890 cuando el General Máximo Tajes le entregaba la banda presidencial al civil Julio Herrera y Obes. A la tristeza y la depresión que campeaba en el Liberty le siguió una unánime ingenuidad: ‘’el golpe no tiene destino en Uruguay, dura muy poco”.

Esa noche mi suegro murió de un infarto, mi casa fue ocupada, mis hijos fueron repartidos en residencias de familiares y amigos, mi esposa comenzó a preparar su exilio, mi hermano y su mujer pasaron a la clandestinidad.

Ese día cambió mi vida y la de millones de uruguayos.

Ese mismo día comenzó la resistencia que no se detuvo sino hasta la caída de la abominable tiranía. Y que no terminará hasta que no se haga justicia plena para que la sangre de nuestros mártires no haya sido derramada en vano.

Amnistía Internacional: a 40 años del golpe

27 de junio de 2013

Amnistía Internacional: a 40 años del golpe “crímenes del pasado siguen impunes”

“Las autoridades de Uruguay deben adoptar con urgencia medidas para poner fin a los obstáculos que impiden investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país durante el gobierno civil y militar entre 1973 y 1985”, puntualizó Amnistía Internacional, a través de su Directora de Programa Regional para América. Guadalupe Marengo, dijo que “a pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a la justicia, la verdad y la reparación”.

Uruguay: A 40 años del golpe de Estado, los crímenes del pasado siguen impunes.
Las autoridades de Uruguay deben adoptar con urgencia medidas para poner fin a los obstáculos que impiden investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país durante el gobierno civil y militar entre 1973 y 1985, aseguró Amnistía Internacional.
“A pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su  derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, dijo Guadalupe Marengo, Directora del Programa Regional para América.
La organización considera que el mayor obstáculo que enfrentan las víctimas es la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848) de 1986. Dicha Ley impide investigar o procesar a funcionarios de la policía o las fuerzas armadas por delitos cometidos con anterioridad a marzo de 1985.
Aunque la Ley de Caducidad fue declarada sin efecto por la Ley 18.831 de 2011, una decisión de la Corte Suprema de Uruguay de febrero de  2013 abrió nuevamente la puerta a la impunidad al desconocer que los crímenes de derecho internacional cometidos durante el régimen civil y militar de aquél entonces son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto,  sujetos a prescripción.
“El fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia revive en la práctica los efectos de la Ley de Caducidad. El fallo es errado jurídicamente y debe ser revisado prontamente por el tribunal, pues no se halla en consonancia con las obligaciones de Uruguay bajo el derecho internacional, que también obliga claro está al Poder Judicial en su conjunto”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
Además, la decisión de la Suprema Corte se desentiende de dar cumplimiento al fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIADH) sobre casos de desapariciones forzosas. De acuerdo con la sentencia del tribunal interamericano en el caso Gelman  donde sostuvo que ninguna norma, incluyendo la prescripción, puede ser alegada cuando se trata de la investigación y persecución de crímenes de derecho internacional.
El fallo de la Corte Suprema también viola expresamente la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, en la que Uruguay es un estado parte desde 2001.
“Uruguay tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que no pueden ser soslayadas. Pero, más importante aún, 40 años después del golpe de Estado, el país tiene una deuda con su sociedad y con las víctimas y familiares de víctimas de conductas criminales cometidas de manera generalizada y sistemática por el Estado entre 1973 y 1985”.
Información de contexto
El 27 de junio de 1973 el entonces presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió las Cámaras de Senadores y Representantes con el apoyo de las Fuerzas Armadas y anunció la creación de un Consejo de Estado con funciones legislativas, dando inicio a un régimen autoritario que gobernaría el país hasta 1985.
Durante los años de gobierno militar y civil hasta 1985, miembros de la Policía y el Ejército de Uruguay cometieron violaciones graves de derechos humanos tales como tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En su momento culminante, se calcula que había recluidos unos 7.000 presos políticos, la mayoría de los cuales afirmaron haber sufrido tortura.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848), propuesta por el gobierno presidido por Julio María Sanguinetti y aprobada por el Parlamento uruguayo en diciembre de 1986 establecía la amnistía de hecho para los presuntos responsables de dichos crímenes.
Sendas consultas populares sobre la norma realizadas en 1989 y 2009 mantuvieron vigente la Ley de Caducidad, pero el alcance de la misma ha sido cuestionado por varias resoluciones judiciales y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de febrero de 2013 que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011 mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales puedan investigar y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables de violaciones a derechos humanos al mantener vigente la pretensión punitiva del Estado.

Sin embargo, basándose en una errónea interpretación del principio de irretroactividad de la ley penal, declara inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.813, que establecían el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad. Por ello, toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 parece condenada al fracaso, pues el fallo en cuestión desconoce su carácter de delitos de lesa humanidad y determina que se encuentran sujetos a prescripción.