8 feb 2015

La reforma de la NSA se queda a medio camino un año después

Algunos de los cambios anunciados por Obama no se han materializado

 Washington 7 FEB 2015 -
Centro de datos de la NSA, en Utah. / RICK BOWMER (AP)

El teléfono de J. Kirk Wiebe suena desde hace unos meses con menos frecuencia. Wiebe fue uno de los primeros filtradores de laAgencia Nacional de Seguridad. Tras jubilarse en 2001, denunció, junto a dos veteranos exanalistas, que la NSA tenía cada vez más acceso a datos personales. Lograron poca atención y fueron perseguidos en la justicia. Pero en junio de 2013, adquirieron notoriedad gracias a las revelaciones de Edward Snowden sobre los largos tentáculos de la NSA: empezaron a dar muchas más charlas en Estados Unidos y Europa sobre su experiencia e influencia.
“Snowden nos había visto diciendo que intentamos ir por los canales internos del Gobierno y no conseguimos nada”, subraya Wiebe en alusión a que, tras fracasar ellos, Snowden optase porfiltrar secretos a la prensa en vez de formular una queja interna en la NSA.
Pero ahora, al año y medio de las filtraciones de Snowden y al año de anunciarse la reforma de los programas de vigilancia, se habla mucho menos del joven exanalista refugiado en Rusia y del espionaje masivo. "La excitación ha bajado un poco, pero a la gente sigue sin gustarle [la NSA]”, agrega en una entrevista telefónica Wiebe, de 70 años, 30 de ellos en la agencia. La percepción pública sobre la NSA apenas ha variado: en octubre de 2013, un 54% tenía una opinión favorable; en enero de este año, un 51% (sobre todo jóvenes), según una encuesta del centro Pew.
Al año y medio de las filtraciones de Snowden y al año de anunciarse la reforma de los programas de vigilancia, se habla mucho menos del joven exanalista refugiado en Rusia y del espionaje masivo
Sin embargo, buena parte del debate en EE UU sobre los límites de la recopilación masiva de datos ha quedado eclipsado. El contexto ha cambiado, lo que puede propiciar retrocesos: crecen las voces que, ante el auge del yihadismo, se oponen a restringir los programas de vigilancia, y reclaman que las autoridades tengan plenos poderes para desbloquear la encriptación de teléfonos móviles.
La reforma de la NSA se ha quedado, por ahora, a medio camino. En enero de 2014, el presidente de EE UU, Barack Obama, anunció un conjunto de cambios para limitar la interceptación de datos sin mermar la protección de la seguridad nacional. Su objetivo era atenuar las preocupaciones de ciudadanos estadounidenses y gobiernos extranjeros aliados sobre posibles injerencias a la privacidad.
Las principales funciones de la NSA -creada en 1952- son proteger la información de inteligencia estadounidense y obtener datos externos en cables de fibra óptica, líneas telefónicas o nodos de Internet. Esos datos no solo se emplean con fines antiterroristas, también para obtener “ventaja diplomática con países aliados como Alemania o Francia” y “económica con Japón o Brasil”, según los documentos filtrados por Snowden.
Obama anunció que la NSA requeriría, excepto en emergencias, una aprobación judicial para investigar al usuario de una llamada, y que podría vigilar a conocidos de un sospechoso hasta un segundo círculo de relación en lugar de un tercero. Ambos cambios entraron en vigor a los pocos meses.
El Gobierno de EE UU evita detallar si ha finalizado por completo el espionaje a países amigos, como prometió Obama
Y esta semana, en línea con una de las promesas del presidente, el Gobierno ha impulsado nuevas normas que limitan -a cinco años- el almacenamiento de datos de ciudadanos extranjeros, salvo si son investigados. En paralelo, ha pedido al Congreso que les permita solicitar reparación legal en EE UU. En el caso de ciudadanos estadounidenses, si en una vigilancia en el extranjero se les interceptan datos tendrán que ser eliminados inmediatamente, excepto si son sospechosos.
Sin embargo, las dos principales modificaciones formuladas por Obama están incompletas un año después. El presidente afirmó que la NSA dejaría de almacenar metadatos -información sobre a quién se llama, dónde y cuánto tiempo- de todas las llamadas telefónicas en EE UU. Y cesaría de vigilar las comunicaciones, “a menos que exista un propósito irrenunciable de seguridad nacional”, de jefes de Estado y de Gobierno de países aliados y amigos. Fue la respuesta a la polémica desatada por el escrutinio a la canciller alemana, Angela Merkel, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, o al mexicano Enrique Peña Nieto (cuando era candidato) y a su predecesor, Felipe Calderón.
La transferencia del almacenamiento de datos está estancada tras fracasar en noviembre en el Senado una propuesta de ley -apoyada por la Casa Blanca- para que fueran las compañías telefónicas las que mantuvieran esa información. Las compañías la hubiesen retenido durante 18 meses y la NSA solo hubiese tenido acceso mediante una estricta autorización judicial.
La transferencia del almacenamiento de datos está estancada tras fracasar en el Senado una ley para que fueran las compañías telefónicas las que mantuvieran esa información
Las empresas -cuya imagen quedó maltrecha por el caso Snowden- rechazan almacenar los datos si no están obligadas por ley. La mayoría del Partido Republicano se opuso a la propuesta, en parte alegando que mermaba la lucha antiterrorista, pero ahora parece forzado a actuar porque el 1 de junio expira la disposición que habilita al Gobierno, tras los atentados del 11-S en 2001, a recopilar datos telefónicos.
En cuanto al espionaje a aliados, públicamente solo se sabe que Merkel fue sacada de la lista de objetivos. El diario The New York Times informó el martes que “parece que los programas en México y Brasil continuaron”. Y el abogado general de la Oficina de Inteligencia Nacional, Robert Litt, evitó al día siguiente confirmar si ha finalizado por completo la vigilancia a países amigos. “No voy a comentar detalles específicos, hemos sacado a algunos objetivos anteriores”, dijo en un coloquio en Washington.
Obama basó parte de su reforma en las recomendaciones que le hizo un panel de cinco expertos designado por la Casa Blanca. Uno de ellos era Geoffrey R. Stone, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago. Califica de “pasos en la buena dirección” los cambios en el programa de vigilancia, pero avisa que “se está muy lejos” de adoptar todas las propuestas de los expertos.
El panel recomendó que el FBI requiera una autorización judicial para poder pedir datos a compañías tecnológicas. La Administración lo rechazó y esta semana anunció un cambio parcial: esas peticiones dejarán de ser secretas al menos tres años después del inicio de una investigación. Lo que no ha variado es que el tribunal que decide si se indaga un determinado número solo escucha la opinión del Gobierno. Los expertos pedían que también se escuchara la de una especie de defensor público.
Wiebe, el exanalista de la NSA, sostiene que las modificaciones aprobadas apenas afectan el programa de vigilancia. “No quieren cambiarlo, cuantos más datos tienes más fácil es el trabajo”, esgrime. “Y el Congreso es demasiado político, probablemente no saldrá nada”. Su esperanza es que sea la justicia la que fuerce grandes cambios.
A finales de 2013, un juez federal dudó de la constitucionalidad de la recopilación de llamadas por entrar en conflicto con la Cuarta Enmienda, que prohíbe la captación de información más allá de límites razonables. Pero otro la dictaminó legal. Hay procesos similares en curso. Si hay división de pareceres, el asunto podría acabar en el Tribunal Supremo.

Europa y EE UU muestran su gran división sobre el conflicto de Ucrania

El vicepresidente Biden acusa a Putin de prometer la paz pero enviar armas

Poroshenko muestra pasaportes rusos para demostrar la presencia de las tropas de este país en Ucrania en la conferencia de Múnich. / THOMAS KIENZLE (AFP)

Múnich se convirtió este sábado en la capital del conflicto ucranio. En unos pocos metros cuadrados se reunieron algunos de los políticos y militares cuyas decisiones marcarán la evolución de la guerra encubierta en el este del país que ya ha costado la vida a 5.400 personas. Desde el Hotel Bayerische Hof, donde reinaba el escepticismo sobre el éxito de la iniciativa de paz desplegada en los últimos días, los líderes de Alemania, Estados Unidos y Polonia cargaron con palabras durísimas contra el presidente ruso, Vladímir Putin. El bloque occidental se enfrenta además a un dilema que le divide en dos: enviar armas a Kiev o no.
Merkel: “No hay certidumbre sobre el éxito de la negociación”
“La gente en Ucrania tiene derecho a defenderse”, arengó el vicepresidente de EE UU, Joe Biden. “La solución al conflicto no será militar. Más armas no proporcionarán el progreso que Ucrania necesita”, dijo la canciller Angela Merkel. A ambos escuchaba atento el presidente ucranio, Petró Poroshenko, que tuvo la habilidad de lograr una imagen resumen del dramatismo de la situación. En pleno discurso, comenzó a desplegar a modo de baraja de cartas pasaportes de ciudadanos rusos, identificables por su color rojo, recogidos en las zonas que se disputan las fuerzas de Kiev y los separatistas. “Son la mejor prueba de la presencia rusa”, dijo. El anuncio de Poroshenko de que no reconocerá el territorio conquistado por los prorrusos en las últimas semanas aleja aún más las posibilidades de llegar a un acuerdo de paz.
Merkel no ahorró criticas a Putin.Después de una iniciativa a la desesperada que le llevó a improvisar sendos viajes a Kiev y a Moscú, la líder alemana reconoció sus dudas sobre el resultado de la iniciativa diplomática. “No hay ninguna certidumbre sobre el éxito de las conversaciones. Pero el presidente Hollande y yo estamos de acuerdo en que merecía la pena intentarlo. Se lo debemos a la población de Ucrania”, aseguró. Desde Francia, Hollande añadió algo de dramatismo al alertar de los riesgos inminentes. “Si no logramos alcanzar no solo un compromiso, sino un acuerdo de paz, sabemos perfectamente cuál será el escenario. Tiene nombre: guerra”, aseguró.
Pese a la decepción que Merkel dijo sentir ante la actitud del Kremlin, Alemania sigue oponiéndose con firmeza al envío de armas al Ejército ucranio. Un participante en el coloquio recordó a la canciller la frase de Federico el Grande de Prusia de que “la diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos”. “No me puedo imaginar una situación en la que Putin vaya a sentirse impresionado por el armamento de Ucrania”, respondió ella con un deje de ironía. Merkel insistió en que las armas no serán la solución. “Por eso es tan importante que [los países occidentales] sigamos juntos”, concluyó.


Pero esta unidad se ve amenazada por el diagnóstico tan distinto que hace la mayor parte de capitales europeas y Washington. Ayer en Múnich, esas diferencias quedaron claras. El vicepresidente Joe Biden mostró su apoyo a algunas de las opiniones expresadas antes por Merkel, pero añadiendo algunos peros. “Estoy de acuerdo en que el conflicto no se solucionará militarmente, pero también creo que Rusia no puede seguir haciendo lo que hace y que el pueblo de Ucrania tiene derecho a defenderse”, dijo el líder estadounidense. Biden también acusó a Putin de incumplir “demasiadas veces” los acuerdos que firma. “Promete la paz, pero envía carros de combate, soldados y armas. Así que seguiremos proporcionando ayuda a Ucrania en materia de seguridad. No para fomentar la guerra, sino para permitir que se defiendan”, añadió. Más duros aún fueron los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain. El primero acusó a Merkel de dar la espalda al pueblo ucranio y el segundo llegó a comparar la actitud alemana con la política de apaciguamiento frente a Hitler que adoptaron los aliados en los años treinta del siglo XX.
Lavrov acusa a Washington y Bruselas de agitar la crisis en la región
Frente al aluvión de críticas contra Putin, su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, también en Múnich, respondió con un discurso hosco en el que acusó a la UE y a EE UU de ser los responsables de inflamar el conflicto. Lavrov fue en cambio el único que se mostró optimista. “Creemos que hay bases para resolver el conflicto”, dijo.
Pese a que nadie se hace muchas ilusiones de las posibilidades de éxito, las negociaciones continúan. Ayer Biden comenzó su conferencia casi una hora tarde porque antes se había visto con Merkel y Poroshenko. Y los líderes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania celebrarán este domingo una teleconferencia a cuatro bandas para ver si el plan de paz franco-alemán sigue vivo. “El conflicto no se va a solucionar a corto plazo, pero las negociaciones de estos días quizá contribuyan a relajar la tensión en algunos aspectos”, comentaba el exministro y ex secretario general de la OTAN Javier Solana, también presente en la Conferencia de Seguridad de Múnich

El declive del ‘oro verde’

El abaratamiento de la soja desinfla las cuentas del Mercosur, que produce más de la mitad de la cosecha mundial

Planta de soja en la localidad de Olivera, Argentina. / EFE

La soja crece robusta en los campos alrededor de Lima, un pueblo de 10.000 habitantes al norte de Buenos Aires. Las lluvias del verano austral hacen prever una cosecha histórica del oro verde, la oleaginosa que gracias al uso de semillas transgénicas ha revolucionado la agricultura del sur de Latinoamérica en las últimas dos décadas. Allí, Esteban Barbi, uno de los dueños de la empresa agrícola Barbi Hermanos, y su ingeniero agrónomo, Jaime Mestre, cuentan los días que faltan para la cosecha de abril. Pero están preocupados, este año perderán el 5% del capital invertido en la cosecha de 4.000 hectáreas de soja. Y la razón fundamental es clara: la soja valía hasta el pasado miércoles un 27% menos que un año antes, unos 364 dólares por tonelada.
¿Por qué cultivan a pérdida? "¿Cómo hacés para parar este circo? Todas esas máquinas están compradas con crédito. Todas las empresas tenemos compromisos a cinco años", comenta Barbi. "La soja es un 50% más barata de producir que el maíz", apunta su asesor financiero Adrián Seltzer, de la consultora Granar. Además, en Argentina rigen cupos para la exportación de trigo y maíz, con el objetivo de reducir los precios de los alimentos para la población local; mientras que está desregulado el envío de soja al exterior, que es adonde apuntan las cosechas sudamericanas de este grano. China acapara el 66% de las importaciones mundiales de la oleaginosa. Lo sigue la Unión Europea, con el 11%.
Pero no solo Argentina mira con preocupación el abaratamiento del oro verde, cuya cotización se ha reducido ante el final de un ciclo de diez años de altos precios de las materias primas, y también por el encarecimiento del dólar y por la buena cosecha que se espera en Estados Unidos, Argentina e incluso Brasil, a pesar de la sequía. El 52% de la producción mundial está concentrada en cuatro de los cinco países del Mercosur y en un quinto que está en proceso de sumarse al bloque, Bolivia. Brasil produce el 30% de la soja en el mundo, solo por debajo de EE UU. Lo sigue Argentina, que aporta el 17%. Paraguay, sexto productor mundial, cosecha el 3%; Uruguay, el octavo, el 1,2% y Bolivia, el décimo, el 0,8%.


"Con el precio bajo, los productores de soja invertirán menos en maquinaria, semillas o fertillizantes, y eso hará caer la productividad, lo que en última instancia subirá los precios el día de mañana", opina el analista Marcelo Accari, de la consultora Morgan García Mansilla. Accari y Seltzer coinciden en que el mal tiempo puede volver en futuras cosechas de soja, con lo que el precio resurgiría, a diferencia de lo que sucede con los del petróleo o los minerales. El crudo y el mineral de hierro vienen cayendo más que la soja en el último año, 49% y 50%, respectivamente. El cobre, menos, 18%, aunque disminuyó 40% respecto de su récord. La soja bajó un 43% desde su máximo de 2012.
Más allá del impacto del abaratamiento de los cultivos en el negocio agrícola, la bajada del precio de la soja comporta diversos efectos macroeconómicos en los cinco países sudamericanos que la producen. Para una economía diversificada y con un mercado interno importante como Brasil, la oleaginosa supone el tercer producto de exportación, con el 7% del total de las ventas externas. "Brasil estará menos afectado que Argentina, Paraguay o Uruguay por la bajada de la soja, que igualmente refuerza el impacto de la caída de las demás materias primas", observan Jürgen Weller, economista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Solo el 35,4% de sus exportaciones son industriales, aunque ese nivel es la envidia de otros países de la región.
Para Argentina, la soja y sus derivados de aceite y harina totalizan el 22,4% de las ventas al extranjero. Al menos Argentina no depende tanto de las materias primas, como Colombia, Chile, Perú o Venezuela (el otro socio de Mercosur), dado que el 32,6% de sus exportaciones son productos manufacturados. Pero tampoco puede descansar tranquila. Weller apunta a que la caída de la soja afectará la recaudación impositiva, dado que el país grava con un impuesto del 35% la exportación del grano, y además necesita los dólares que le aportan las exportaciones para contrarrestar la escasez de divisas ante la crisis de deuda que sufre y que le impida financiarse en los mercados internacionales. Los gravámenes a las exportaciones de soja y sus derivados aportaron alrededor del 3,5% de la recaudación tributaria de Argentina en 2014. Al igual que en otros países vecinos, algunos de sus agricultores guardan en silos las cosechas a la espera de una mejor cotización. Los Barbi juran que vendieron todo lo recolectado para saldar compromisos.
La leguminosa representa un 37% de las exportaciones de Paraguay
"El impacto en el PIB sería más fuerte en Paraguay", comenta el experto de CEPAL. El complejo sojero aporta el 37,2% de las ventas externas. Este año habrá una buena cosecha en Paraguay, pero una mala hizo caer el PIB 1,2% en 2012 y otra récord en 2013 lo hizo subir el 13,6%. Solo el 8% de sus exportaciones son industriales.
Para Uruguay, el oro verde representa la primera exportación, con el 15% del total. Para Bolivia, el complejo sojero aporta el 8,1%. Claro que también dependen del conjunto de las materias primas y sus derivados: solo el 26% de las exportaciones uruguayas y el 5% de las bolivianas son manufacturas.
Los que respiran algo más tranquilos son los campesinos que pelean por las tierras con los productores de soja en zonas menos fértiles que la Pampa Húmeda. Ellos defienden sus bosques y su agricultura familiar en peleas por tierras. "Es posible que se desaliente la producción, sobre todo en las zonas mas alejadas de los puertos y con condiciones menos de suelo y clima menos favorables. Sin embargo, en las provincias argentinas de Salta, Chaco y Santiago del Estero los conflictos y las talas de montes prevalecen, mas allá de la soja", advierte Diego Montón, dirigente argentino de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina.
elpais.com 

7 feb 2015

El plan cóndor sigue vivo

5 febrero 2015

Jorge Pedro Zabalza Waksman


Una tarde quedó de capitán servicio el “Chepe” González en el cuartel de Paso de los Toros. Se emborrachó como dios manda y bajó a las catacumbas para verduguearmos un poco y matar el aburrimiento. Fue el día que Raúl Sendic le lanzó una trompada a través de las rejas y el “Chepe” se descontroló totalmente: “van a terminar como esos “pichis” que aparecieron flotando en el Río de la Plata, pero los vamos a tirar al agua acá nomás en el Río Negro”, gritó histérico. Esta primer noticia sirvió para sonsacar más información a los guardias. Repitiendo la versión oficial, algunos nos explicaron que los muertos eran “chinos” que tiraban de los barcos de pesca. Con un poco de imaginación supusimos historias parecidas a los “vuelos de la muerte”.

Cadáveres sin identificar

Al primero lo encontró Aurelio Leiva, el 8 de noviembre de 1975, exactamente al mediodía, en la ciudad de Carmelo, frente a la cantera vieja de Martín Chico. El último hallazgo lo hizo Rogelio González, el 7 de abril de 1979 a las seis de la mañana, entre el balneario Santa Mónica y la boya petrolera, en José Ignacio, departamento de Maldonado. En total fueron 31 cadáveres los que aparecieron en las playas de Colonia, Montevideo, Maldonado y Rocha. Casi 35 años pasaron hasta que el equipo de antropólogos dirigidos por López Mass, logró darles una identidad a cinco de los cuerpos hallados: María Rosa Mora, Floreal Avellaneda y Raúl A. Niño (argentinos), Liborio Gadea (paraguayo) y Atilio Eleuterio Arias (uruguayo). Todavía quedan 26 por identificar.

Todos los cadáveres fueron examinados por médicos forenses de la dictadura. Ninguno de ellos vio nada sospechoso en los signos de violencia que había en los cuerpos ni en las muñecas maniatadas con alambres. Ni la policía ni nadie investigó los hechos y se procedió a enterrar los cadáveres lo más rápidamente posible como “nn”, mientras la prensa informaba que eran marineros asiáticos desconocidos. Decenas de fiscales y jueces omitieron cumplir su deber: investigar los asesinatos para identificar sus autores. Por el contrario, encubrieron los crímenes sin el menor escrúpulo.

Sin embargo, dada la impunidad-ambiente del Uruguay, esos magistrados continuaron sus carreras después de 1985, año en que la dictadura se replegó a los cuarteles. Algunos de ellos, como Jorge Ruibal Pino, llegaron a ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. Según el relato de Walter Pernas en BRECHA, la historia criminal de Ruibal se inició cuando era fiscal letrado de la ciudad de Carmelo en 1978: “A tres semanas de haber desempacado en su nueva oficina, llegó el aviso: el señor Emilio Diez caminaba a las ocho de la mañana por la costa del Parador Punta Gorda, en Nueva Palmira, donde las aguas del río Uruguay se juntan con las del Río de la Plata, cuando encontró un cuerpo tendido en la arena, boca abajo”. Jorge Ruibal Pino eligió renegar de los principios generales del derecho y esconder el expediente en el rincón más polvoriento de su fiscalía. Sus méritos como encubridor de desapariciones forzosas valieron para hacer carrera al amparo de la dictadura militar: en menos de un año fue Juez Letrado del departamento de Colonia. En su despacho se acumulaban los expedientes de los cadáveres no identificados hallados en el Río de la Plata. Con sus jóvenes 33 años, a Jorge Ruibal Pino, dejó que esas causas murieran por inanición. No le importaban unos cadáveres más o menos, lo importante era detener el avance del castro-comunismo internacional. Estaba orgulloso de pertenecer al brazo judicial de la dictadura militar.

El maestro Julio Castro

En 1981 Ruibal Pino recibió otro premio a sus merecimientos y fue nombrado en un juzgado penal de Montevideo, justo donde estaba radicada la denuncia por la desaparición forzosa del maestro Julio Castro. La cuestión de los desaparecidos era su karma, lo perseguía. Ruibal se cuidó de que el caso permaneciera encajonado en su escritorio. Y, cuando apenas retornada la legalidad tutelada en 1985, los familiares del maestro intentaron desempolvar la causa, Ruibal Pino no dudó un instante en colocar otro ladrillo en la muralla de impunidad: archivó la causa, postergando por veinte años la investigación de uno de los crímenes de lesa humanidad más horrorosos que cometieron las fuerzas armadas uruguayas.
Néstor Tróccoli, capitán de la marina uruguaya, fue arrestado en Salerno el 23 de diciembre de 2007. La fiscalía de Roma le imputa la desaparición forzosa de 30 ciudadanos uruguayos y seis italianos que vivían en Uruguay: Ileana y Edmundo Dossetti, Yolanda y Julio César D’Elia, Edgardo Borelli y Raúl Gambaro. Es lícito que el lector italiano se pregunte: ¿por qué no lo procesaron los jueces uruguayos? Para responderle es preciso hacer un poco de historia: el Pacto del Club Naval (1984) fue un acuerdo de los generales con dos partidos políticos (Frente Amplio y Partido Colorado), que permitió el retorno a la vida parlamentaria y electoral. Los mandos militares exigieron no ser castigados por sus delitos. A partir de entonces, la impunidad se volvió el programa político del partido militar y embanderados con ella, transitan esta “democracia” que se les impuso. La firmeza de sus reclamos doblegó la voluntad de las élites e impuso las políticas de impunidad que determinan el clima ideológico actual. El discurso y actitudes de olvidar y perdonar confunden a la gente, pese a que casi el 50% de los uruguayos votaron en el 2009 para anular la Ley de la Impunidad. En esa confusión medran jueces y fiscales que hicieron su carrera asociados con la dictadura militar -como Ruibal Pino, por ejemplo- y encubren a los acusados en lugar de procesarlos y condenarlos por sus crímenes. Pese a los recomendaciones internacionales de ser diligentes en las causas de derechos humanos, parecen haberse comprometido a desconocer las denuncias a militares acusados de desapariciones forzosas, asesinatos, violaciones y torturas.
Otro interrogante lícito es ¿Cómo diablos un delincuente de la catadura de Jorge Ruibal Pino llegó a la Suprema Corte de Justicia, el organismo encargado de velar por los derechos humanos?. La respuesta es sencilla y seguramente no puede enorgullecer al Frente Amplio: al quedar vacante un cargo de ministro de la Corte, en el Senado no hubo acuerdo para nombrar una persona más idónea y cediendo a las presiones de la derecha más rancia, los parlamentarios frenteamplistas designaron a Jorge Ruibal Pino pese a saberlo asociado al terrorismo de Estado. Sus méritos eran pertenecer a la masonería como Tabaré Vázquez, entonces Presidente del Uruguay, y ser el más antiguo miembro de los tribunales de apelación. Así es que personaje tan tenebroso desempeña en una de las funciones más delicadas del Estado, la encargada de vigilar por el respeto a los principios de la justicia y la democracia.

El caso de la jueza Mariana Mota

El Poder Judicial argentino, que está tan activo hoy día, hizo pública su intención de investigar el origen de los cadáveres que la dictadura uruguaya había enterrado sin identificar. Ruibal Pino, entonces presidente de la Suprema Corte, corría el peligro de ser llamado en calidad de indagado por encubrimiento. En consecuencia, quiso curarse en salud y logró que la Suprema resolviera por mayoría la prescripción de los crímenes del terrorismo de Estado: se estaba protegiendo a sí mismo, en su rol de encubridor de asesinos y torturadores.
La doctora Mota tenía en su despacho 55 expedientes con denuncias por delitos de lesa humanidad. Había procesado al Coronel Carlos Calcagno por la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana y se atrajo el rencor de los “gorilas” del Centro Militar y del Ministro de Defensa, amigo del militar procesado. Mota estaba decidida a hacer valer las leyes internacionales que declaran permanentes -y, por ende, imprescriptibles- los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Ruibal no podía aceptarlo. Con el tácito consentimiento de Presidencia de la República, la Suprema Corte de In-justicia, desterró la juez Mota hacia un juzgado civil donde no molestara a los criminales impunes protegidos por las élites partidarias.
Obedeciendo la sentencia Gelman de la Corte Interamericana, la Dra. Rosana Canclini estaba diligenciando rápidamente el expediente ficha 2-39048/2011, donde se denuncia por tortura a los jefes, subjefes y encargados del S-2 de las unidades donde estuvieron recluidos los llamados “ nueve rehenes”. Más de cien torturadores serían llamados a declarar. Serían citados además, como testigos, José Mujica, el actual Presidente del Uruguay y Eleuterio Fernández, el vactual Ministro de Defensa. Canclini también fue desterrada a un juzgado en materia civil por una resolución “administrativa” de la Suprema Corte de Justicia.
El traslado forzoso de ambas juezas fue rechazado el 15 de febrero del 2014 por unos mil ciudadanos uruguayos que se hicieron presentes en las puertas de la Suprema Corte. Estaban Luisa Cuestas y otros referentes de la lucha contra la impunidad, artistas como Daniel Viglietti y Eduardo Galeano y destacados periodistas muy involucrados en el tema de derechos humanos como Samuel Blixen, Roger Rodríguez y Walter Pernas. Los ministros de la Suprema Corte tienen la piel muy delicada cuando les reclaman Verdad y Justicia y se quejaron de sufrir “presión sicológica”, que temieron por sus vidas e integridad física. En castigo por la protesta pacífica, han tomado medidas “ejemplarizantes” con algunos de los que fuimos a presenciar la represalia contra Mota y Canclini. El fiscal Zubía, hijo y sobrino de generales de la dictadura pidió nuestro procesamiento por el delito de asonada. Hasta el propio Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, entendió que era inconstitucional el pedido de procesamiento de su subordinado, pero …hasta el momento no hay ninguna novedad sobre cómo se dilucidará el caso y siete ciudadanos uruguayos continúan procesados violando su derecho a protestar.
Temerosas por las presiones del partido militar, las instituciones democráticas del Uruguay permanecen omisas frente a la impunidad de los criminales del terrorismo de Estado. No se toma partido decidido por la Verdad y a Justicia: ¿qué impide crear uno o dos juzgados especializados en crímenes de lesa impunidad para acelerar la investigación y procesamiento de los responsables? ¿Por qué no se dedican partidas presupuestales sustanciosas para la investigación? ¿Por qué no se forman equipos especiales? Sería simplemente cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. La impunidad de los militares crea un clima subjetivo de doble moral que es funcional al terrorismo de Estado y tiene consecuencias concretas:
1) la violencia policial contra los jóvenes de los barrios empobrecidos, denunciadas por SERPAJ, IELSUR y otros organismo de derechos humanos;
2) las torturas que sufren los adolescentes recluidos en cárceles para menores de edad, denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Naciones Unidas;
3) la firma de acuerdos con los EEUU para la instrucción de policías y guardias carcelarios uruguayos. ¿Qué podrán enseñar? ¿Actuar como la policía en Ferguson? ¿Tratar a los detenidos como hacen en Guantánamo? Lo que enseñen los estadounidenses se agrega a lo enseñado por los israelíes, la misma policía que controla y persigue palestinos en Cisjordania.
4) la pusilanimidad del gobierno para denunciar el genocidio israelí en Gaza. Ni siquiera se ordenó el regreso del embajador uruguayo a Montevideo. Los intereses comerciales imperan sobre la sensibilidad ante la violación de los derechos humanos: es un criterio derivado de la política de olvido y perdón del gobierno uruguayo.
El Plan Cóndor sigue vivo…

Jorge Pedro Zabalza Waksman,
(Minas, 1943), apodado “el tambero”, es un político uruguayo, ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) y ex edil de la Junta Departamental de Montevideo. Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 (detenido desde 1972). Su hermano Ricardo Zabalza Waksman, también tupamaro, murió en una acción armada realizada por el grupo, el 8 de octubre de 1969, recordada como “Toma de Pando”. Su padre, Pedro Zabalza Arrospide, varias veces senador, formò parte del Consejo Nacional de Gobierno que gobernó Uruguay en el periodo 1952 – 1967 resultó asumiendo el cargo el 1 de marzo de 1959.

http://www.socialnews.it/

La CIA ha puesto en marcha la operación Defector contra Venezuela

El 9 de julio de 2012 advertía en un artículo titulado “Otro plan de la CIA contra Venezuela: Formar brechas dentro de las FANB.” , sobre el inicio de varios programas encaminados a minar a las FANB de Venezuela, los cuales han arreciado en los últimos días, tras la deserción del traidor Leamsy Salazar –entiéndase reclutamiento por parte de la CIA-, así como la huida organizada por esta agencia hacia EEUU del ex general Antonio Rivero, prófugo de la justicia venezolana.

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PERCY ALVARADO GODOY –
En ambos casos, los ex militares venezolanos se han prestado a servir de instrumentos de la guerra mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Decía entonces yo en el referido artículo: “Todo parece indicar que la Oficina de Planes de la CIA ha optado por articular las añejas sub operaciones de la Operación Mangosta, establecidas en la década de los 60 contra Cuba, y adaptarlas en su guerra sucia contra Venezuela. Tales proyectos, la Operación Defector, encaminada a inducir a la deserción a altos mandos militares cubanos, sembrar recelos y desconfianza en las filas del MININT y el MINFAR, así como alejarlas de su estrecha alianza con el pueblo; al igual que la Operación Heat Is On, dirigida particularmente a la deserción de pilotos de combate y otros especialistas, se han sacado de sus archivos y adaptados a las particularidades de cada país, según ha sido necesario para Estados Unidos”.
Advertía también en este artículo sobre la finalidad de estas operaciones encubiertas, entre las que sobresalía el reclutamiento de militares en activo y ex militares en retiro, así como garantizarles su salida a EE UU, para usarlos como elementos provocadores y como incitadores a la deserción de otros miembros de las FANB. Otras finalidades existen. Al respecto, destaqué en esos momentos:
“Entre las mismas podemos señalar las siguientes:
●  Ofrecer a los servicios norteamericanos información relacionada con la defensa de la nación bolivariana, tanto desde el momento en que escaparon hacia Estados Unidos, como la que reciben de varias fuentes en activo.
●  Tratar de recabar información sobre las FANB, la adquisición de nuevos medios de defensa, despliegue de las fuerzas, respuestas ante contingencias, etc., mediante sonsacamiento, relaciones personales y otras formas de acercamiento, con militares en activo o retirados que pueden acceder a esa información.
● Ayudar a las Oficinas de Análisis de la CIA y de la DIA a obtener información para realizar perfiles sobre los altos mandos en activo.
● Intentar reclutar a oficiales en activo como agentes operativos de la CIA dentro de las FANB.
● Preparar sabotajes a la técnica militar y generar brechas en la información entre los diferentes mandos.
● Fomentar campañas de detracción sobre los principales mandos de las fuerzas armadas.
● Incitar a oficiales y soldados a la deserción, a la indisciplina hacia los mandos, a participar en labores subversivas antigubernamentales.
● Fomentar brechas entre las FANB y los miembros de las Milicias Bolivarianas.
● Hacer llamamientos a favor de despolitización del órgano armado y a favor de la defensa de los valores democráticos tradicionales de la derecha.”
Hoy varios medios de comunicación que sostienen la más denigrante guerra ideológica contra la Revolución Bolivariana, así como figuras de la derecha fascista, se han encargado de difundir estas supuestas deserciones cuyo trasfondo ha sido el trabajo de reclutamiento sostenido por la CIA. A ello se suma también la labor de sonsacamiento de militares en activo y la propagación de rumores sobre purgas internas dentro de las instituciones armadas.
El ejemplo más evidente de esta trama lo ha sido el anuncio por parte del reaccionario Carlos Ramírez López, quien impostó ayer en su cuenta de Twitter que “se desató una investigación muy fuerte entre los integrantes de la seguridad presidencial” y que, como consecuencia, un grupo de 8 ellos abandonó Venezuela.
Según se desprende de las informaciones ofrecidas por el abogado derechista, los tenientes de navío Cristian Travieso Rodríguez, Alexis Coronado Patiño y Erick Morales; los capitanes de corbeta Javier Rodríguez Márquez y Franklin Rodríguez Rodríguez; el capitán de navío Alexis Infante Uranga; el teniente Eusebio Martínez Reyes y el capitán de fragata Guillermo Almea Guevara, se encuentran protegidos, aunque en tránsito hacia EEUU.
Esta nueva conspiración de la CIA contra las instituciones armadas venezolanas, viene realizándose desde hace más de una década y sus resultados comienzan a verse ahora con mayor claridad. Es una parte más de la guerra sucia contra Venezuela.

Putin, Merkel y Hollande: habrá un plan para Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, han mantenido "negociaciones constructivas" en Moscú que desembocarán en un documento para resolver la situación en Ucrania, dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.
Publicado: 6 feb 2015 




"A partir de las propuestas hechas por el presidente francés y la canciller alemana, actualmente se realiza un trabajo conjunto para elaborar el texto de un posible documento sobre la aplicación de los acuerdos de Minsk, un documento que incluiría propuestas del presidente de Ucrania y propuestas presentadas hoy y añadidas por el presidente Putin", dijo Peskov.

Según el diario digital ruso 'Gazeta.ru', los tres mandatarios hablaron en alemán. París, por su parte, ha calificado estas negociaciones de "sustanciosas", informa AFP.

Tras terminar el encuentro de más de cinco horas a puerta cerrada con Putin, Merkel y Hollande se han dirigido al aeropuerto, informó Peskov.

Este domingo se celebrará un diálogo telefónico en 'formato de Normandía' entre los líderes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, informa RIA Novosti. En la conversación los políticos resumirán los resultados de las negociaciones que han tenido lugar esta semana en Kiev y Moscú.

"El acuerdo previo sobre Ucrania es un triunfo de la estrategia de Putin"

Las decisiones de la reunión sobre la crisis ucraniana entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, François Hollande, pueden ser cruciales para el destino de Ucrania y de toda Europa, cree el analista de política internacional Mariano Ciafardini.


"Es un acontecimiento trascendental porque los presidentes de Francia y Alemania han hecho este movimiento tan importante trasladándose ellos en persona conjuntamente a Kiev primero y a Moscú después", dijo Ciafardini a RT.

Según sus palabras, la presencia de un acuerdo previo "es un triunfo de la estrategia del presidente Putin y de los Gobiernos de Donetsk y Lugansk".

"Las sanciones sobre Rusia y el mantenimiento del conflicto en Ucrania tienen una incidencia económica muy negativa en la Unión Europea, que se complica ahora con la victoria de Syriza en Grecia. La Unión Europea no puede tener tantos frentes abiertos en medio de una crisis y una recesión. Esto es lo que ha terminado impulsando la urgencia del viaje de Hollande y Merkel a Kiev y a Moscú para ver si se puede poner fin a este conflicto", resume Ciafardini.

Las negociaciones tripartitas de Putin, Merkel y Hollande se realizaron en la noche del viernes al sábado en Moscú y duraron más de cinco horas. Los líderes acordaron continuar los acuerdos de Minsk y resumir los resultados de la reunión en Moscú este domingo en una conversación telefónica conjunta en 'formato de Normandía', es decir, con la participación del presidente ucraniano, Piotr Poroshenko.

¿Por qué los rehenes del Estado Islámico visten de naranja?

El Pentágono sostiene que el Estado Islámico envía un mensaje a EE.UU. vistiendo a todos su rehenes ejecutados de color naranja, que es el color característico de los presos de Guantánamo.


 6 feb 2015
REUTERS/Toru Hanai

"No es coincidencia que en los recientes videos del Estado Islámico todos los rehenes vayan vestidos con uniforme naranja, que es conocido por simbolizar el centro de detención de Guantánamo", afirmó este jueves Brian McKeon, subsecretario adjunto de Defensa, ante la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense, informa Reuters.

Este ha sido el caso de Muad al Kasaesbe, el piloto jordano quemado vivo a comienzos del pasado enero y los dos rehenes japoneses decapitados, quienes portaban un uniforme de color naranja similar al utilizado por los primeros hombres encarcelados en Guantánamo en el 2002 y que actualmente está reservado a ciertos presos rebeldes.

No en vano, en las últimas semana Guantánamo se ha convertido en un asunto polémico entre EE.UU. y Cuba. La semana pasada el presidente cubano Raúl Castro exigió a EE.UU. que devolviera el territorio de Guantánamo durante su intervención en la III Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). EE.UU. respondió que no contempla la devolución.

El Estado Islámico quema vivos a tres civiles iraquíes


El Estado Islámico ha quemado vivos a tres civiles iraquíes en el centro del país días después de que se diera a conocer el asesinato del piloto jordano Muad al Kasaesbe perpetrado con el mismo método.

Según informó la agencia Shafaq News, la última ejecución se llevó a cabo este viernes en la plaza central de la ciudad de Ramadi, capital de la provincia de Al Anbar. Los terroristas obligaron a los vecinos a acudir al acto.

Los tres hombres estaban acusados de proporcionar datos al Ejército iraquí, que está luchando contra el grupo terrorista.

Fuego en el islam

La ejecución con fuego es particularmente impactante porque es muy poco frecuente: quemar a alguien vivo no es solo atípico en la historia moderna de Oriente Próximo, sino también en toda la tradición del islam.

Este tipo de ejecución ha levantado un debate teológico, señaló 'The Washington Post'.

Rápidamente los clérigos del Estado Islámico emitieron una fetua para justificar la medida, pero otros líderes espirituales, como el saudita Salmán al Oudah, afirman que la quema está prohibida en el islam.

Honduras: Plan Colombia o Refundación de la Patria

Por Ricardo Salgado

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Es difícil analizar los hechos que se han dado en Honduras durante las primeras semanas del año 2015; seria arriesgado hacer pronósticos, o elaborar complejos análisis y opiniones sobre los movimientos que se dieron entre todos los actores implicados, especialmente después del fracaso del régimen de Juan Orlando Hernández en su intento por ratificar el rango constitucional para la Policía Militar de Orden Público, invento que está más relacionado con el Comando Sur que con la seguridad ciudadana en este país.
Sin embargo, hay hechos que son incontrovertibles y que han llevado el experimento de tiranía neoliberal, encabezado por los conspiradores más conspicuos del Golpe de Estado Militar de junio de 2009, a una derrota estrepitosa, que es mucho mayor que lo que de momento se puede percibir. El Presidente, infalible de antes del 24 de enero, paso a convertirse en un personaje de dudosa capacidad, no para el pueblo de Honduras, sino para quienes tras bambalinas lo han puesto a la cabeza del desmontaje de toda la institucionalidad, o lo que queda de ella, incluido todo el patrimonio nacional.
Como premisas podemos recurrir a tres aspectos que parecen tener una conexión evidente:
1) Estados Unidos busca implementar un Plan Colombia para Honduras, tal como lo anunciaba William Brownfield, secretario norteamericano de Estado adjunto para Asuntos Antinarcóticos en Febrero de 2011. Esta implementación requiere que Honduras adopte ciertas medidas, que podrían incluir hasta la disolución completa de su Policía Nacional y la restructuración del mando de las Fuerzas Armadas. Esto último, sostenido por Myles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, durante una serie de disertaciones que sostuvo en Honduras la semana anterior.
2) La Policía Militar de Orden Público, es insertada en la vida nacional como un ente de carácter temporal, que ayudaría en tareas de seguridad a la Policía Nacional. Esta versión fue repetida por Juan Orlando Hernández a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó Honduras a finales de 2014, aunque su condición permanente había sido aprobada por el Congreso Nacional, presidido por Hernández, durante el mes de enero de 2014, días antes de que asumiera funciones el nuevo Congreso de la República y la administración del mismo Hernandez.
3) El fraude electoral que lleva a Juan Orlando Hernández al poder, alcanza dimensiones gigantescas debido a la amplia aceptación de la población por proyectos novedosos, que aborden los problemas críticos del país. Su escasa votación, apenas 34% del total de los votos según la versión oficial, lo ubica naturalmente como un gobierno débil, obligado a entrar en arreglos con su amplísima oposición politica. Ese fraude es rápidamente validado por el gobierno de los Estados Unidos, no viendo hacia atrás, sino con la mente fija en la necesidad de completar el puente Colombia-Honduras-México. El fraude, recibe la bendición inmediata de todos los organismos multilaterales de observación, a pesar de que ellos mismos reconocieron muchas veces todas las irregularidades existentes antes del proceso electoral, que impedían la transparencia del mismo.
Fácilmente inferimos que la Policía Militar de Orden Público, su existencia, tienen una relación directa con los planes de Estados Unidos, y que Juan Orlando Hernández, tenía la misión de elevarla a rango constitucional para permitir el avance del Plan Colombia en el país. Es claro que el fracaso en la ratificación de la ley respectiva en el Congreso Nacional, el pasado 24 de enero, representa un gran, revés de carácter estratégico para los planes hegemónicos del Comando Sur en Honduras. Hernández no perdió una simple votación, sino que puso en duda su imagen de hombre fuerte ante los ojos de los grupos que le apoyan.
Hablando en términos jurídicos, la discusión sobre la legalidad o no de elevar a rango constitucional a este cuerpo represivo es irrelevante, pero en la práctica politica la ineptitud de Juan Orlando Hernández pone en riesgo, o al menos demora, los planes que tienen no solamente un carácter local sino que ven hacia todo el continente.
Tratando de rescatar su imagen, Hernández recurre a un arma peligrosa para toda clase dominante, la consulta popular. A su primer impulso de presentar de inmediato la propuesta de plebiscito para elevar a rango constitucional la policía militar, le sucede una posición más racional que le dice que ha perdido su correlación de fuerzas en el Congreso Nacional y que puede volver a perder, esta vez su última carta. Nuevamente, lo que menos le interesa es la legalidad o no del asunto. Entonces decide hacer lo que le faculta el artículo cinco constitucional; recolectar firmas del pueblo para pedir la ratificación. Según el plan más obvio, una propuesta con un gran número de adhesiones del pueblo, haría imposible su rechazo en la cámara de diputados, lo que sin lugar a dudas tiene mucha lógica.
Sin embargo, con esto ha abierto una opción, cuya elección es obvia, y que ahora ha sido anunciada por el Coordinador General del Partido LIBRE, y Presidente derrocado Jose Manuel Zelaya Rosales: se comenzara de inmediato a recolectar firmas para que en la misma consulta se apruebe el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, se abre un momento excepcional en el que la voluntad popular pondrá a prueba todo el sistema; sería absurdo acceder al plebiscito por el rango constitucional de la Policía Militar y negar al pueblo el derecho a elegir una Asamblea Nacional Constituyente.
Es impresionante la lección que se obtiene en este corto pero complejo proceso, pues de la infalibilidad impuesta por la fuerza y el terror, la posición de Juan Orlando Hernández provoca una discusión que para la sociedad hondureña es indispensable desde hace años, y que en 2009, entre muchos otros factores, llevo a la oligarquía local a cometer el garrafal error de asumir como suya la causa de kos Estados Unidos que encontró aquí el escenario perfecto para revivir los Golpes de Estado como parte de su abanico de opciones de agresión contra nuestros pueblos.
Debatir entre lo que tenemos y lo que quisiéramos tener; entre la impunidad y la justicia, entre la movilización popular y el control factico de grupos económicos, en fin, la disputa entre seguir en este modelo o avanzar hacia un modelo alternativo viable, capaz de sostener una vida de calidad, poniendo el trabajo, y al ser humano que lo lleva a cabo por encima de las miserias del mercado.
La nueva coyuntura, permite de inmediato una movilización por una causa que se ha mantenido vigente a lo largo de los últimos cinco años: la refundación del país. Para la sociedad hondureña es imprescindible entender que la historia no es lineal, ni sus fenómenos mecánicos. Además caer en cuenta que la acumulación de fuerzas no es solamente un proceso cuantitativo.
Esto último sin mencionar, que cualquier posibilidad de victoria radica exclusivamente en la fuerza que seamos capaces de construir, y no en las condiciones legales que el sistema construye para defenderse, nunca para auto destruirse. Este un nuevo momento de esperanza para la sociedad, que debe verse a sí misma como el sujeto de su liberación, de la construcción de su historia, y si esto suena como un cliché, será bueno decir que difícilmente se podrá ganar a los enemigos aquello que no se les puede arrebatar.
Importante desarrollo en este país centroamericano, que prosigue en una tenaz lucha entre fuerzas que se empeñan en sumirla en su destrucción y una sociedad harta de embustes, trampas, engaños y promesas.
* Analista político y económico, Secretario de Relaciones Exteriores del partido Libertad y Refundación (LIBRE), y militantes de las bases del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP)

Sobre el terror en París

IGNACIO RAMONET / Le Monde diplomatique en español – Un mes después de los odiosos atentados yihadistas en París cometidos por tres terroristas que causaron 17 muertos (entre ellos casi todo el equipo de redacción del semanario satírico Charlie Hebdo) ¿qué lecciones se pueden sacar de esa brutal agresión?

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Como siempre, la irrupción del terrorismo y su violencia arrolladora obligan a una sociedad a interrogarse sobre sí misma. Igual que Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 (o España después de las explosiones de Atocha, en Madrid, el 11 de marzo del 2004; o el Reino Unido después de las bombas en el metro de Londres, el 7 de julio de 2005; o Noruega después de los atentados de Oslo y Utoya el 22 de julio de 2011), Francia se sintió en “estado de shock”.
Y mil interrogantes han surgido de repente. En torno, por ejemplo, a la cohesión nacional. ¿Qué ocurrió para que tres jóvenes nacidos en Francia y educados en las escuelas de la República, hayan sido seducidos por ideas oscurantistas y medievales, y se hayan tornado en verdugos de sus propios conciudadanos? ¿En qué medida la crisis económica y las medidas de restricción del gasto público han acentuado la marginalización de las periferias urbanas y la segregación de sus habitantes, esencialmente inmigrantes, de donde surgieron los tres terroristas? ¿Cómo ha podido la República, que únicamente reconoce a ciudadanos iguales, permitir que se constituyan en su seno comunidades por afinidades religiosas, y que cada vez más se hable de “comunidad musulmana” o “comunidad judía” o “comunidad cristiana”?
Obviamente, en los minutos que siguieron a los atentados, en torno a François Hollande (hasta entonces el presidente más impopular de la V República) se constituyó una suerte de “unión sagrada” de todos los partidos del abanico parlamentario (con la excepción del Front National, extremista de derechas). Y, de inmediato, casi cinco millones de ciudadanos se lanzaron a las calles por todo el país para expresar –en la manifestación más multitudinaria jamás vista– su repugnancia contra la barbarie.
De hecho, las autoridades barruntaban que una acción yihadista estaba en preparación en territorio francés. Desde la víspera de las festividades de fin de año, el nivel de alerta antiatentados había sido alzado a casi el máximo nivel. Se temían represalias. Porque Francia está interviniendo militarmente contra el islamismo radical en por lo menos tres frentes: Malí (“operación Serval”, iniciada el 11 de enero de 2013), República Centroafricana (“operación Sangaris”, lanzada el 5 de diciembre de 2013), e Irak (“operación Chammal”, comenzada el 19 de septiembre de 2014, contra las fuerzas de la organización Estado Islámico, en el marco de una coalición internacional de unos cuarenta países liderada por Estados Unidos). Además, la red yihadista Al Qaeda, y en particular su rama yemenita Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA)1 [1. Los hermanos Kouachi, autores de los atentados contra Charlie Hebdo, admitieron explícitamente que actuaron en nombre de AQPA. Y en un vídeo que se difundió una semana después de la masacre en las oficinas del semanario en París, un comandante de AQPA, Nasr Ibn Ali al Ansi se adjudicó el ataque: “Hemos dejado claro al mundo islámico que quien eligió el blanco, trazó el plan, financió la operación y designó a su emir es la dirigencia de nuestra organización.” El ataque fue una venganza contra la revista por sus caricaturas del profeta Mahoma, señaló.] lanza desde 2009 llamamientos para “castigar a los franceses por combatir a Alá, su mensaje y sus creyentes”. Algo iba pues a ocurrir.
El semanario Charlie Hebdo llevaba años amenazado. En particular desde que, el 8 de febrero de 2006, reprodujo las caricaturas de Mahoma publicadas el 30 de septiembre de 2005 por el diario danés Jyllands-Posten (una de ellas representaba al profeta del islam con un turbante en forma de bomba con una mecha encendida) y que habían desencadenado en todo el mundo musulmán decenas de manifestaciones de repudio, algunas de ellas muy violentas, y amenazas de muerte contra el diario danés y los dibujantes de las caricaturas. Charlie Hebdo no solo reprodujo las ilustraciones danesas sino que, para mayor inri, añadió sus propias imágenes irreverentes realizadas por su equipo de dibujantes.
El objetivo del semanario –que acabó costándole la vida a buena parte de la redacción– era reafirmar la libertad de expresión y la libertad de creación. Obviamente un objetivo muy noble, y que se ha comentado mucho, en Francia y en el mundo, en los innumerables debates de después de los atentados. Como lo han subrayado varios participantes, si bien es cierto que, en las democracias occidentales, la libertad de expresión es una conquista irrenunciable y un derecho fundamental, también es cierto que esa libertad, en esas mismas democracias, no es ilimitada ni infinita, está acotada, circunscrita y restringida por la ley o las costumbres2 [2. En los días siguientes a los atentados de París, el humorista provocador francés Dieudonné –a quien ya en enero de 2014, la Justica francesa había prohibido un espectáculo en Nantes por temor a un “eventual desorden público”, lo cual había sido celebrado por el ministro francés del Interior (Manuel Valls) en los siguientes términos: “La República no puede tolerar el odio hacia el otro, el racismo, el antisemitismo, el negacionismo”– fue detenido por haber escrito, valiéndose de su supuesta libertad de expresión, en su página de Facebook, que se sentía “Charlie Coulibaly” (apellido del autor del odioso atentado antisemita que causó la muerte de cuatro personas en un supermercado kosher de París) y será sometido a juicio, acusado, como lo prevé la ley, de “apología del terrorismo”.].
En cuanto a la blasfemia (ofensa contra la majestad divina), hay que recordar que ha sido la piedra de toque central en el enfrentamiento entre razón y religión en Occidente desde finales del siglo XVIII. En esa época, los autores racionalistas de la Ilustración, y muy particularmente Voltaire, osaron denunciar ese pretendido delito y, arriesgando su vida, combatir la religión como una mera superstición. En los países occidentales, la lucha –esencialmente contra el cristianismo y sus poderosas instituciones– ha sido larga y dolorosa, jalonada de disputas, de juicios, de enfrentamientos, de violencias… téngase en cuenta que, en España, el delito de blasfemia no fue abolido hasta 1988…
Dos siglos han tenido que pasar, en Occidente y entre personas que comparten la cultura (si no la religión) cristiana, para alcanzar el frágil consenso actual3 [3. Regularmente, en los países de tradición cristiana, grupos de militantes cristianos agreden o amenazan a autores que proponen una representación –considerada como “blasfematoria”– de las principales figuras del cristianismo. Por ejemplo, en 2006, una bomba de fabricación casera fue colocada junto al camerino del artista Leo Bassi en el Teatro Alfil de Madrid, poco antes de que comenzara la representación de su espectáculo “La Revelación”. En 2008, un festival punk en Suecia pegó pósters que mostraban a Satanás defecando sobre Jesús en la cruz. La publicación del cartel en el periódico local Östgöta Correspondenten provocó amenazas de muerte de fanáticos cristianos contra el editor en jefe. Y en 2012, el cantautor español Javier Krahe fue sentado en el banquillo acusado de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos por un vídeo titulado “Cómo cocinar un cristo”.] en torno a la cuestión de la blasfemia. Por eso, como también se ha subrayado estos días en Francia, puede resultar a la vez ingenuo y presuntuoso, por parte de algunos caricaturistas occidentales, querer hacer aceptar sin más ni más, así de repente, a los musulmanes la blasfemia anti-islam en nombre de una idealizada “libertad de expresión”. En cierta medida y salvando las distancias, es el dilema de las “guerras napoleónicas”. A principios del siglo XIX, Napoleón se propuso exportar las generosas y avanzadas ideas de la Revolución Francesa. Pero lo hizo a base de cruentas guerras y violencias, arrasando las estructuras jerárquicas (feudalismo, caudillismo) y espirituales (cristianismo) de las sociedades invadidas que no podían entender que semejantes destrucciones fuesen un “progreso”. Resultado: en las más retrógradas de esas sociedades (España, Rusia), los potenciales beneficiarios del nuevo orden napoleónico (campesinos y siervos) se aferraron a sus opresores ancestrales (aristocracia, latifundistas, Iglesias católica y ortodoxa) para defender (con éxito en ambos casos) lo que consideraban ser sus “tradiciones”. Tanto España como Rusia quedaron traumatizadas por esa violenta penetración del progreso en el marco de una invasión extranjera. En ambos casos, la consecuencia fue que las fuerzas más reaccionarias se afianzaron largo tiempo en el poder.
Los colonialismos del siglo XIX resultaron otra suerte de “guerras napoleónicas”, se justificaban pretendiendo “llevar el progreso a sociedades arcaicas”. Fracasaron. Y más cerca de nosotros, los conflictos de George W. Bush en Afganistán y en Irak también fueron, a su manera, “guerras napoleónicas” que pretendían imponer, a base de despiadados bombardeos, “las luces de la democracia a sociedades oscurantistas”. Naufragaron.
Las mentalidades cambian, no cabe duda. Pero cambian más lentamente de lo que se cree. Y el ritmo del cambio no se decreta. Querer acelerarlo a base de provocaciones es, en algunas circunstancias, el mejor modo de ralentizarlo. Lo que llamamos islamismo, o sea el integrismo islámico (y más aún el islamismo radical o yihadismo), no es sino una reacción agónica de defensa frente a la marcha ineluctable de la modernidad. Muy violenta a veces porque sabe que tiene los días contados. Los adelantos de la ciencia y de la técnica van a seguir provocando mutaciones que también afectarán a las religiones, incluido el islam. Ni siquiera unos atentados, por criminales y abyectos que sean, podrán detener duraderamente esa evolución.