17 may 2015

Hace 51 años EEUU trató de frenar la Revolución Cubana utilizando los alimentos como arma política

EL PRESIDENTE LYNDON JOHNSON PROHÍBE QUE CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO VENDA MEDICINAS Y ALIMENTOS A CUBA. AL DÍA SIGUIENTE, UN EDITORIAL DEL NEW YORK TIMES SEÑALA: «NO ES ESTA LA MANERA DE GANAR LA GUERRA FRÍA CONTRA CUBA NI EL MODO DE PRESENTAR AL MUNDO UNA IMAGEN DE UN ESTADOS UNIDOS CIVILIZADO».
2015-05-14
Patria Grande




14 May. 2015.- Para intentar frenar el avance de la Revolución Cubana, hace 51 años el gobierno de Estados Unidos utilizó como arma política la prohibición de los embarques de alimentos hacia la isla antillana.

Luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Washington comenzó a aplicar una serie de medidas y métodos para derrocar a las fuerzas comandadas por Fidel Castro, que se vieron intensificadas cuando en octubre de 1962 implementó un bloqueo económico, comercial y financiero contra la nación antillana, que aún persiste pese al rechazo internacional, y que ha provocado daños humanos y económicos por más de un billón 112.000 millones de dólares.

Esta medida hóstil fue recrudecida el 14 de mayo de 1964, cuando el entonces presidente, Lyndon B. Johnson, prohibió el envío de alimentos y medicamentos al pueblo cubano.

El Estado norteamericano justificó esta agresión como una estrategia para combatir al comunismo, pero el objetivo era tratar de estrangular los planes de desarrollo económico liderados por la Revolución Cubana, luego de haber fracasado en sus intentos de invasión militar.

El gobierno cubano ya había puesto en marcha una serie de políticas para asegurar el manejo soberano de sus recursos, entre los que figuran la nacionalización de los centrales azucareros y de algunas compañías extranjeras en el país, como la United Fruit.

Como parte de su agresión, el Departamento estadounidense de Comercio decidió aprobar una enmienda de las Regulaciones a la Exportación hacia Cuba, mediante la cual se revocó la emisión de licencias generales para embarques de alimentos y fármacos.

Para julio de 1964, la arremetida de Casa Blanca llegó a tal punto, que la Organización de Estados Americanos (OEA), impuso un bloqueo sobre todo el comercio con Cuba, con excepción de alimentos, medicinas y suministros médicos.

Incluso, la administración de Johnson llevó a cabo negociaciones con países europeos para que éstos endurecieran las medidas de sanción contra la isla, obstaculizó la transportación marítima de mercancías desde la isla, redujo las importaciones de azúcar cubana, y trató de dañar la comercialización del níquel cubano con naciones de Europa Occidental y con la Unión Soviética.

Posteriormente, en 1966 le Comité de Agricultura aprobó la legislación “El programa de alimentos para la Paz”, que prohibió todos los embarques de alimentos a cualquier país involucrado en la venta o embarque de artículos estratégicos o no estratégicos a Cuba.

Asimismo, esta Ley le permitió al Presidente aplicar, bajo ciertas condiciones, una medida de prohibición sobre transacciones que involucrasen suministros médicos y rubros no estratégicos.

Por casi 53 años el pueblo cubano ha resistido a este hostigamiento por parte de Washington, e incluso la sociedad de esta isla ha sido reconocida en todo el planeta por desarrollar uno de los sistemas de salud y educación más eficientes, y mantener altos niveles de alimentación.

Luego de que el pasado 17 de diciembre se reestablecieran los vínculos diplomáticos entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, tanto la nación antillana como la comunidad internacional han planteado la necesidad de que el Senado norteamericano levante el bloqueo económico, comercial y financiero al pueblo cubano, como medida para avanzar en la normalización de relaciones bilaterales.

Agresión contra Venezuela

Este escenario de agresiones por parte del gobierno estadounidenses ante los pueblos que intentan ejercer su soberanía se ha repetido, con las diferencias de rigor para cada caso, en distintas naciones en el mundo.

En el caso de Venezuela, el gobierno Bolivariano ha advertido que las recientes acciones injerencistas del gobierno de la Casa Blanca forman parte de un plan que incluye el posible bloqueo financiero y comercial contra el país, y una intervención militar, tal y como se perpetró contra Cuba.

El pasado 9 de marzo, el presidente estadounidense, Barack Obama, firmó una propuesta de ley aprobada por el Senado norteamericano, donde se declara a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e inusual” para la seguridad nacional y política exterior de ese país.

“Está contemplado un bloqueo financiero y comercial, un bloqueo económico, y eso debe saberlo todo el país. No se crean el cuento de que se trata de una sanciones para un grupo de venezolanos, no, todos los venezolanos nos vamos a ver afectados por esta ley y esto debe llamar a la unión y la reflexión nacional. Lo que ocurrió es una gravedad trascendental como nunca se había visto en la historia de nuestra patria”, expresó en declaraciones recientes, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.

La canciller afirmó que estas acciones constituyen la agresión más grave que Venezuela haya recibido por parte de Estados Unidos.

“Todos los países donde se ha aprobado una ley de esta naturaleza han estado acompañadas de intervenciones militares”, explicó.

Ante este escenario de agresión imperialista, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha reiterado en múltiples ocasiones su llamado al diálogo pacífico al presidente Barack Obama.

“Le extiendo la mano al presidente Obama para que hablemos y resolvamos los asuntos que tengamos que resolver entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela, en paz y sin intervención en los asuntos internos de nadie”, afirmó durante su intervención en la VII Cumbre de las Américas, que se desarrolló el pasado abril en Panamá.

Publicado en Aporrea.org : http://www.aporrea.org/tiburon/n270375.html

"EE.UU. envió a John Kerry a Rusia como un suplicante"


Paul Craig Roberts

16 may 2015
Reuters / Joshua Roberts


Ante el fracaso de su política de aislamiento contra Rusia y el surgimiento de una política exterior independiente en Europa, EE.UU. envió a su secretario de Estado, John Kerry, a Rusia como "un suplicante" ante Putin para encontrar una forma de resolución de la crisis ucraniana, opina el politólogo estadounidense, Paul Craig Roberts.

El experto opina que los líderes occidentales "tienen que convertirse en magos" para "pasar de demonizar a Putin a trabajar con él". Y las negociaciones con Rusia sobre la resolución pacífica del conflicto ucraniano ayudarían a Washington a "salvar la cara".

Según el analista, el desfile del Día de la Victoria "envió un mensaje poderoso" de que "Rusia es una potencia militar de primera clase y cuenta con el respaldo de China y la India".

"Así, mientras que Occidente cada vez más irrelevante, absorto en su propia importancia, menospreció la celebración de la victoria que el Ejército Rojo les dio contra Hitler, los tres países más grandes del mundo estuvieron presentes unidos", escribe Craig Roberts en su página web.

El politólogo destaca que "la celebración en Moscú dejó en claro que Washington ha fracasado completamente en su aislamiento contra Rusia" e hizo, además, que los países de los BRICS estén más unidos, mostrando que Washington ya no es la única fuente de poder en el mundo.

"No hay liderazgo mundial en Occidente. Sólo existe el egoísmo y la arrogancia. El 'liderazgo' occidental es explotador. (…) El modelo occidental de 'capitalismo democrático' no resulta ser democrático ni capitalista, sino una forma de fascismo gobernado por una oligarquía. EE.UU. es donde el cambio de régimen es el más necesario", concluye Craig Roberts.

ANUNCIAN UN PARO NACIONAL TRAS CINCUENTA DIAS DE VIOLENCIA EN EL SUR DE PERU

Las protestas mineras jaquean a Humala
Tras un discurso de Humala, la minera mexicana anunció que suspendía su proyecto por dos meses en un intento por frenar las protestas en la provincia de Islay, que en más de cincuenta días han dejado tres muertos y más de doscientos heridos.

0rganizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú convocaron ayer a un paro de 48 horas, para el 27 y 28 de este mes, en rechazo al proyecto minero Tía María, de la Southern Copper, filial del Grupo México. Los dirigentes se reunieron ayer durante más de cuatro horas para analizar las medidas que iban a tomar después de que la Southern anunciara ayer que iba a hacer una “pausa” de dos meses en la implementación del proyecto para conversar con sus opositores.
Al término de la cita, los representantes conformaron un comité de lucha y convocaron a un “paro macrorregional” en Arequipa, Cuzco, Tacna y Puno, al que se unirán con movilizaciones representantes de Apurímac, Ayacucho y Cajamarca, informó la emisora RPP Noticias. La protesta, señalaron, se realizará también para rechazar la gestión del presidente Ollanta Humala y puede convertirse en una huelga indefinida a partir de junio próximo.
Tras el anuncio de Southern, que intentó frenar las protestas en la provincia de Islay contra el proyecto minero, que en más de 50 días han dejado tres muertos y más de doscientos heridos, esa localidad se mantuvo en calma aunque con las principales vías de comunicación bloqueadas.
Medios locales informaron que en Cocachara, el centro de las protestas contra el proyecto, algunos comercios volvieron a atender al público y no se produjeron choques contra las fuerzas de seguridad. Pobladores de Cocachara consideran que el proyecto minero puede afectar su agricultura y contaminar la ciudad.
El procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, también informó ayer que la detención del dirigente Pepe Julio Gutiérrez, el principal promotor de las protestas, se ha ampliado a siete días, mientras se lo investiga por la acusación de haber pedido dinero a la minera para levantar la protesta. Las protestas en la provincia de Islay, a las que en la última semana se sumaron manifestaciones en Arequipa y en Lima, han frenado temporalmente el proyecto minero del Grupo México, cuestionado por los defensores de la agricultura en Perú.
Southern contempla la inversión de unos 1400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
Humala descartó ayer que el Ejecutivo vaya a cancelar el proyecto de manera unilateral, porque consideró que su país se arriesga a ser denunciado ante los tribunales internacionales. “Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento requeridas para lograr la paz social y el desarrollo”, dijo Humala en un mensaje televisado. En su mensaje el presidente descartó la suspensión del proyecto. “No se puede suspender lo que no se ha iniciado”, dijo, recordando que Tía María aún no ha empezado a construirse, pero que se espera entre en operación en 2017. “El Estado no puede adoptar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley, porque una decisión arbitraria lo expondría a demandas internacionales por incumplimiento”, agregó, para luego dejar el balón en territorio de Southern.
La compañía acusó inmediato recibo del mensaje, y a través de un comunicado, hizo un llamado a la paz y pidió una “pausa” para buscar soluciones al conflicto. “Le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días”, dijo el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha, en el documento. En Perú, segundo mayor productor mundial de cobre, la minería es clave para su crecimiento económico.
En su mensaje del jueves, Humala reiteró que Tía María “cumple con los requisitos exigidos por la ley”, pero estas explicaciones no han sido suficientes para los pobladores, que se oponen al proyecto valuado en 1400 millones de dólares. Humala aseguró que el envío de tropas policiales y militares a la zona en conflicto no es para defender “intereses individuales o de una empresa en particular, sino el estado de derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia”.
Para ayudar en la contención de las protestas, el gobierno envió a Islay el pasado sábado un contingente de las fuerzas armadas, mientras evalúa la posibilidad de decretar el estado de emergencia que permitiría a los militares tomar el control de la zona. “La gente estaba esperando que se suspenda el proyecto (...). No sé qué va a pasar en Arequipa (...). En estas condiciones, que han causado tanto sufrimiento material y físico, este proyecto ya no va, está muerto”, dijo por su parte el dirigente del movimiento ambientalista Tierra y Libertad, a Canal N.
Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales.
Según la Defensoría del Pueblo, hasta marzo se contabilizaron 211 conflictos sociales. De éstos, casi el 67 por ciento son socioambientales.
El llamado al entendimiento por parte del presidente ocurre en momentos en que un importante dirigente vinculado con las violentas protestas contra Tía María fue detenido. Se trata de Pepe Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, acusado de extorsión, resistencia a la autoridad y asociación ilícita para delinquir.
Según la denuncia, Gutiérrez habría pedido dinero para poner fin a las protestas contra el proyecto que iniciaron el 23 de marzo y han dejado a la fecha dos civiles y un policía muerto, decenas de heridos y daños. La denuncia se sustenta en una grabación de una conversación.
El gobierno busca que la detención sea ampliada por el delito de homicidio, debido a la muerte de un policía en las protestas, que fue agredido a golpes con una cadena por manifestantes. Según reportes de prensa regional, Gutiérrez calificó de “injusta” su detención y responsabilizó al presidente Humala del hecho.
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, así como algunos integrantes del gabinete, acudieron al Congreso el viernes para explicar las acciones del gobierno frente a este conflicto. “Todas aquellas personas que violan la ley, deben estar sujetas a investigación y acusación (...). Hemos escuchado ese audio donde no se defendía a Arequipa, el medio ambiente o la agricultura. Lo que había era corrupción”, dijo Cateriano a la prensa, al llegar al Parlamento.

TRABAJO NO REGISTRADO :Awada y Cheeky en la mira

MIENTRAS EL TRABAJO NO REGISTRADO BAJO EN TODO EL PAIS, EN CAPITAL SE MANTUVO IGUAL Y HASTA CRECIO EN EL SUR

Una ciudad en negro

Un informe de NE muestra que una de las comunas donde se instalaron más textiles sin registrar es en la que ocurrió la muerte de los dos niños. Los legisladores investigan la relación de esos talleres con las marcas Awada y Cheeky, de la familia de la esposa de Macri.
 Por Carlos Rodríguez

Entre 2008 y 2013 “el trabajo no registrado ha tenido una disminución a nivel nacional, mientras que se mantuvo sin variantes en la Ciudad de Buenos Aires, salvo en las comunas del sur, donde en lugar de bajar subió cerca del diez por ciento.” El informe, al que tuvo acceso Página/12, fue realizado por los legisladores del bloque Nuevo Encuentro y señala también que las inspecciones realizadas en la Ciudad sobre normativa laboral, trabajo a domicilio y trabajo infantil, cayeron de 3748 en 2012 a 2700 en 2013, según datos oficiales del gobierno porteño. “Una de las comunas donde más se incrementó la presencia de talleres textiles no registrados es la 7, casualmente la de Flores, donde se produjo la tragedia en la que murieron dos niños”, Orlando y Rodrigo Menchaca, de 5 y 10 años, le dijo a este diario el diputado porteño José Cruz Campagnoli. Los legisladores del bloque ahora investigan una denuncia que involucra –una vez más– con los talleres clandestinos a las firmas Awada y Cheeky, propiedad de la familia de Juliana Awada, esposa del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
“La tragedia de la calle Páez (2796) y el incendio intencional posterior estarían relacionados con alguna documentación que vincula a las marcas Awada y Cheeky –señaló Campagnoli–. Hay que investigar bien a fondo si esos talleres trabajan para estas marcas tan importantes, porque de esa manera, esta tragedia lamentable, que no debe quedar impune, podría producirle un sacudón al gobierno porteño para incrementar las inspecciones y terminar con la explotación de los trabajadores.” Las dos firmas mencionadas fueron denunciadas varias veces ante la Justicia.
–Además de las inspecciones y los allanamientos, los trabajadores de esos talleres están reclamando que se contemple que con cada cierre, ellos quedan en la calle, sin trabajo. ¿Están pensando en la posibilidad de encontrar una solución integral al problema?
–Lo que buscamos es ponerle fin a este sistema actual de indiferencia y desidia del gobierno porteño. Estamos empezando a construir una herramienta para que el Estado se haga cargo de las personas afectadas por la red de explotación laboral. Estamos de acuerdo en que hay que darle una respuesta seria e integral a este tema. Tenemos que evitar muertes como en el caso del taller de la calle Páez, que se podían haber evitado porque hubo allí una inspección en 2009 que no arrojó ningún resultado positivo. Al mismo tiempo, tenemos que instrumentar una respuesta integral.
Campagnoli explicó que se vienen realizando unas 15 inspecciones por semana, pero la mayoría de ellas no arroja ningún resultado porque “los inspectores, la mayoría de las veces, no pueden ingresar a los lugares denunciados, porque les niegan el ingreso o porque directamente no responden al timbre ni cuando golpean las puertas”. Precisó que esta imposibilidad de que ejerzan “su poder de policía es que nunca son acompañados por la fuerza pública de la Ciudad, porque la Policía Metropolitana nunca acompaña a los inspectores”.
El legislador afirmó que lo que se necesita es “un cuerpo de inspectores mucho más numeroso y la intervención de la fuerza pública de la Ciudad, para poder enfrentar a las marcas grandes que siguen explotando los talleres no habilitados donde las personas ganan dos pesos por hora y tienen que trabajar 15 horas por día, confeccionando prendas de vestir que luego se venden a 1500 pesos o más, en los mejores negocios del norte de la ciudad de Buenos Aires”.
El informe de Nuevo Encuentro recordó que la existencia del taller de la calle Páez, al igual que “otros de la misma zona” había sido previamente denunciado por la Fundación La Alameda, en octubre del año pasado. Sin embargo, el gobierno porteño “no realizó ningún tipo de inspección ni intervención” en los seis meses posteriores “para frenar los atropellos a los que eran sometidos los trabajadores que se desempeñaban allí”. Se puntualizó que la “inacción del Ejecutivo porteño” que llevó a la tragedia “no es una excepción” de lo que viene sucediendo “en la Ciudad más rica del país, administrada por uno de los estados subnacionales con mayor presupuesto”.
En la Capital Federal “el trabajo ilegal se ha mantenido prácticamente estable durante los últimos años e incluso ha crecido en las comunas del sur”, a diferencia de “lo que ocurre a nivel nacional, en donde el trabajo no registrado disminuyó entre 2008 y 2013 de 37 por ciento a 33,7 por ciento”. En la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo con valores que “siempre oscilaron en el orden del 27 por ciento”. En ese marco, la diferencia más notoria es la que se observa entre las comunas del norte y del sur.
Los “niveles de desigualdad” se manifiestan de esta forma: “Mientras en las del norte la tasa promedio es de 22,8 por ciento, la del sur fue superior en casi 10 puntos porcentuales porque llegó al 32,2 por ciento” en 2013, superando al 31,6 que se había registrado en 2008, y alcanzando incluso picos del 34 por ciento de trabajo no registrado en 2009 y de 33,3 en el año 2010.
En esa situación, se subrayó que “la comuna en la que la tasa de trabajo no registrado alcanzó el mayor crecimiento entre 2008 y 2013 fue, justamente, la 7, donde está el taller clandestino donde fallecieron los dos chicos”, el 27 de abril pasado. “En efecto, en ella aumentó 4,6 puntos porcentuales (de 28,7 por ciento en 2008 a 33,3 por ciento en 2013”.
En el informe sostiene que frente a esta situación, el Gobierno porteño “contrariamente a lo que debería, ha debilitado notablemente las funciones de inspección laboral” que “son aquellas que podrían haber detectado estas irregularidades (...) evitado la tragedia” del taller de la calle Páez.
De acuerdo con información difundida por el Ejecutivo porteño a través de la Dirección General de Protección del Trabajo “se observa que, mientras el trabajo no registrado en el conjunto de la ciudad de Buenos Aires se mantuvo prácticamente estable entre 2012 y 2013, las tareas de inspección laboral (...) en lugar de intensificarse, se atenuaron.
Un primer indicador es “la cantidad de actas labradas en inspecciones, que disminuyó marcadamente tanto en lo que respecta a normativa laboral y a trabajo a domicilio, como a trabajo infantil”. La reducción más pronunciada fue “justamente la relacionada a trabajo infantil, que cayó un 57”, pasando de 92 inspecciones en 2012 a 40 en 2913.
Por otra parte, se observó una caía entre las metas que se habían fijado y las inspecciones que finalmente se hicieron. En materia de normativa laboral, las metas previstas se cumplieron en un 98 por ciento en 2012 (12.312 realizadas sobre un total de 12.500 proyectadas), mientras que en 2013 sólo se llegó al 84 por ciento de las expectativas (fueron 10.622 sobre un total proyectado de 12600). Las caídas en 2013 fueron también evidentes en materia de trabajo a domicilio (se cumplió sólo el 68 por ciento, 5253 inspecciones sobre 7700 previstas) y en trabajo infantil (se llegó al 51 por ciento, con 557 inspecciones sobre un total de 1100 que se habían puesto como meta).
El informe concluye diciendo que “en definitiva, la muerte de los dos chicos en Flores pone al descubierto no sólo la existencia de una red de talleres clandestinos que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires y someten a sus trabajadores a condiciones rayanas a la esclavitud, sino también la absoluta inacción e incluso complicidad del Gobierno de la Ciudad, que durante estos años debilitó profundamente las funciones de inspección laboral” que son de su competencia.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-272853-2015-05-17.html

EL LABERINTO DE LORENZETTI, LA OPOSICION Y EL GOBIERNO

ARGENTINA

Gas pimienta

La situación de la Corte Suprema de Justicia está llegando a niveles de bochorno con pocos precedentes en períodos democráticos, por responsabilidad compartida de sus autoridades y de las principales fuerzas políticas, en las que reside la posibilidad y la obligación de rescatar de su marasmo a uno de los poderes del Estado.
 Por Horacio Verbitsky

Antes que en las anécdotas sombrías sobre su valetudinario decano, es aconsejable detenerse en los principales elementos de la crisis de la Corte Suprema de Justicia. Con pocos meses de distancia se produjo la baja de sus mejores jueces (Carmen Argibay murió el 10 de mayo, Enrique Petracchi el 12 de octubre y Raúl Zaffaroni renunció el 31 de diciembre), lo que acentuó el mesianismo de su presidente. Halagado por las cámaras patronales empresarias siempre solícitas con la corporación judicial, Ricardo Lorenzetti intenta erigirse en contracara de la presidente CFK, lo cual termina por alinearlo con sus más poderosos adversarios, enardecidos al iniciarse un proceso electoral que no está resultando como esperaban. No era ése su perfil cuando fue designado para el cargo y no es seguro que se sienta cómodo en ese peligroso sendero, del que tampoco puede retroceder.

Opinión innecesaria

En octubre de 2013, con una injustificada demora de cuatro años, la Corte convalidó la constitucionalidad de la ley audiovisual. La presión social y la paupérrima representación del Grupo Clarín en las audiencias públicas tornaron inviable otra solución. Sin embargo, Lorenzetti introdujo en el voto mayoritario un insidioso obiter dictum. Según el Black`s Law Dictionary, que se edita en Estados Unidos desde 1891, esa expresión latina describe “una opinión completamente innecesaria para la decisión del caso”, introducida por un tribunal “de paso y no sobre el asunto puesto a su consideración”. Lorenzetti escribió en su voto que ese superfluo estatuto del deber ser regulatorio sobre publicidad oficial, subsidios, medios públicos, carácter del órgano de aplicación, pluralismo y acceso a la información, podría hacerse valer en la etapa de aplicación de la ley. Así fue: en el último semestre dos jueces volvieron a paralizar la plena vigencia de la ley para el actor más poderoso del panorama mediático, que además está en plena operación para organizar un frente electoral más prometedor que las dispersas opciones de 2011. La confrontación se agudizó el año pasado, cuando el Congreso sancionó un paquete de leyes de “democratización de la Justicia”. La Corte Suprema declaró inconstitucional la que modificaba la composición del Consejo de la Magistratura y suspendió varias otras por liso y llano decreto administrativo, sin un caso en el que alguien las impugnara. Esta tropelía no mereció ni una observación por parte de los más entusiastas paladines republicanos de la calidad institucional, porque el objetivo único es doblarle la mano al gobierno nacional. El 3 de marzo, al inaugurar el año judicial, la acostumbrada homilía de Lorenzetti fue precedida por un video sobre las tragedias argentinas y la impunidad que se cerró con una imagen del fiscal Natalio Alberto Nisman, a dos semanas de la marcha de los paraguas con la que se intentó escorar al gobierno. El nerviosismo creciente obedece al fracaso de esos intentos y la ratificación del liderazgo de Cristina, como volvió a demostrar el baño de humildad al que se prestaron todos los destinatarios de su mensaje.

La tri-tetra elección

Ese es el contexto de la apresurada rrrreelección de Lorenzetti, cuando aún le quedaba un tercio de su actual mandato. La Acordada 11, del 21 de abril, dice que sus miembros la firmaron reunidos en el salón de acuerdos de la Corte. Cuando en esta página se informó que Fayt no estuvo allí y la firmó en su casa, donde sólo reconoció a uno de los secretarios que se la llevaron, la Corte respondió que era un error formal. Sin embargo, la Acordada también dice que Fayt propuso como vicepresidente a Elena Highton, lo cual ya es una cuestión de fondo. La asesora de imagen de Lorenzetti comunicó a sus medios amigos la renuncia del presidente de la Corte a su cuarto mandato, por cansancio moral. Lorenzetti me escribió que la renuncia era inmediata y que sería sucedido hasta fin de año por Highton y Juan Carlos Maqueda. Joaquín Morales Solá narró que “esa debilidad anímica duró pocas horas” hasta que Maqueda le hizo comprender “que no podía rendirse ante algunos voceros oficiales”. Si la elección anticipada, aduciendo la presencia de un juez ausente se apartaba de los usos y costumbres de la Corte, el comunicado sin firma que el martes 5 “ratifica total y absolutamente las autoridades designadas mediante acordada 11 del 21 de abril de 2015” llega al pasmo. Y ni siquiera ese paso de varieté fue suficiente, porque el miércoles 13 una nueva acordada, con la firma de los cuatro ministros, ratificó de oficio el acto administrativo anterior. Incluyó una alambicada explicación sobre la génesis del acta rrrreelecionaria: el acuerdo ordinario se realizó el 14 de abril, con la presencia de Fayt, pero recién se firmó el 21 y es irrelevante que esto suceda dentro o fuera del Salón de Acuerdos. Así se intentó salvar la ostensible falsedad ideológica del primer texto. La enmienda no sólo fue firmada por los cuatro jueces sino también por los dos secretarios que intervinieron (Cristian Abritta, que recogió el autógrafo de Fayt, y Alfredo Kraut, que protocolizó lo decidido la primera vez), de modo que todos quedaran a cubierto.
La tridocumentación de la tetrareelección contiene dos menciones extraordinarias:
1. Al justificar la premura en elegir a un presidente que recién al año siguiente entraría en funciones, la Acordada 15 menciona la seguridad jurídica en la relación institucional con los otros poderes del Estado y “la ingente actuación” de la Corte en defensa de “la necesaria independencia del Poder Judicial que exige el sistema republicano de gobierno”. Es decir, ponerle límites al gobierno nacional, como predicó Lorenzetti en su última incursión por Córdoba para explicar su Código. Lo mismo dijeron el viernes 8 la Asociación Empresaria que orientan el Grupo Clarín y la transnacional italiana Techint, la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independiente que también conduce el Grupo Clarín, la Sociedad Rural, el pequeño pero influyente Colegio Público de la City de Buenos Aires que integran los lawyers de las grandes empresas locales y extranjeras, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas que depende del Episcopado Católico, la usina ideológica del sector IDEA, la Fundación Mediterránea y otras entidades afines: “un Poder Judicial independiente es un pilar fundamental del Régimen Republicano y cumple un rol central como garante de los derechos establecidos por nuestra Constitución”. En ese párrafo se advierte la pluma de Lorenzetti: es casi idéntico a uno del fallo “Aparicio” sobre los conjueces. Desde el púlpito, Lorenzetti destaca siempre el rol del tribunal en defensa de los derechos humanos y de los más vulnerables frente al poder; en la realidad política el poder contramayoritario que encabeza garantiza el derecho de propiedad tal como lo conciben los firmantes de la declaración: sin intromisiones regulatorias por parte de los poderes de elección popular.
2. Entre los fallos que la Corte menciona como antecedentes sobre cómo realizar los Acuerdos está el 233:172 (es decir el fallo publicado en la página 172 del tomo 233). Tanto fue el apuro, que citaron un fallo inexistente. En realidad está en la página 17 de ese tomo y es casi una confesión. Fue dictado el 19 de octubre de 1955 por los delegados en la Corte Suprema del general y el almirante golpistas Eduardo Lonardi e Isaac Rojas, y anula un fallo de la verdadera Corte Suprema, removida por decreto con la excusa de que había elogiado a Eva Perón al morir. Los secretarios de un juzgado civil de Córdoba Carlos Otero Torres y Marcelo Barrera habían sido removidos de sus cargos en marzo por lucir distintivos de la Acción Católica y de la Hermandad del Santo Viático y quebrado así la “solidaridad total” con Perón y la causa del justicialismo. Los justices de la Revolución Fusiladora revocaron la resolución con un argumento de fondo (la ley no veda el uso de esas insignias) y uno de forma (al Acuerdo en el que se confirmó la sanción no fue citado el ministro Tomás Casares, tan católico que sus nueve hijos, tanto varones como mujeres, se llamaban María). No por críptico el mensaje es menos significativo: Lorenzetti y Fayt (quien ya entonces combatía contra el tirano depuesto con los cursos de educación cívica que le enrostró Jauretche) se ofrecen como muralla contra el embate de los bárbaros que sitian la ciudadela democrática.

Memorias del Grupo Ahhhh...

Dicho esto, sería injusto atribuir todo el problema a Lorenzetti. La oposición política tiene su parte, al reiterar la misma política que siguió en 2010 y 2011 cuando tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y constituyó el Grupo Ahhhhhh... para torpedear todos los proyectos oficiales. Pero luego de repartirse los cargos en las comisiones sólo consiguieron imponerle al Poder Ejecutivo la ley del 82 por ciento jubilatorio, para hacerle pagar a Cristina un terrible costo político. Pero el veto presidencial no originó una sola protesta de los jubilados, conscientes de que éste es el único gobierno en más de medio siglo que se preocupó por ellos. Hoy el Grupo Ahhhh... no tiene mayoría, pero pasa del tercio en el Senado, lo cual le permite impedir la designación de cualquier nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Cuando comenzó a analizarse la posibilidad de un aumento en el número de miembros del tribunal, Lorenzetti ofreció la renuncia de Fayt, para que el gobierno pudiera acordar con la oposición. Pero no cumplió. Temeroso de que se realizara la ampliación y se cubrieran las vacantes con miembros de la lista de conjueces, la declaró nula, en el fallo “Aparicio”, que no figurará entre los mejor fundados y coherentes: los jueces de la Corte se habían excusado porque la causa versaba sobre salarios judiciales. Pero el mismo 21 de abril de la rrrreelección se retractaron y la resolvieron. La Corte fundamentó que su conjueces deben tener el mismo acuerdo por dos tercios que la Constitución fija para los ministros del tribunal, pero luego pisoteó sus mismos argumentos al convalidar que esa función la cumplieran los presidentes de cámaras federales de apelación, que sólo reciben acuerdo por mayoría simple. La Corte insinúa que es un asunto constitucional y por eso divaga sobre la forma de gobierno, pero la existencia de conjueces o suplentes no figura en la Constitución, lo cual anula el razonamiento. Y en la Argentina, durante 125 años, entre 1862 y 1987 los conjueces fueron designados por la propia Corte, sin intervención del Senado. ¿Esto afectó principio republicano de la división de poderes?

De frente a la pared

Cualquiera sea el resultado de las elecciones de este año, ninguna fuerza obtendrá los 2/3 del Senado. Ante este bloqueo recíproco no hay otra salida que la negociación política, tal como lo quiso la Constitución de 1994 al crear esa mayoría especial. El oficialismo prefirió otro camino. Desplazó de la Comisión de juicio político de la Cámara de Diputados a la irreprochable Adela Segarra (quien rescató y preservó durante tres décadas la libreta roja donde su compañero detenido-desaparecido Joaquín Areta escribió el poema “Quisiera que me recuerden”, que Néstor Kirchner leyó en forma conmovedora en la Feria del Libro de 2005) y la reemplazó por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, cuyo compañero Lucas Ilardo Suriani es el responsable de La Cámpora en esa provincia. Luego de estudiar el reglamento interno de la Comisión de juicio político, entendió que su artículo 9 autorizaba a la presidencia a analizar si se dan las condiciones subjetivas y objetivas para abrir una investigación, si existen indicios o semiplena prueba, y el 12 regula la apertura del proceso informativo y las medidas probatorias que se pueden llevar a cabo. Recién culminada esa investigación puede decidirse si procede o no el enjuiciamiento. Pero ese análisis omite que el artículo 7 del mismo reglamento niega a la comisión la iniciativa para promover el juicio político y el 8 define los requisitos que debe tener la denuncia para que pueda formalizarse el expediente. En este caso no hay denuncia sino un pedido de evaluación presentado por el ex senador Aníbal Fernández. El reglamento del Senado es modificable y alguien podría presentar una denuncia contra Fayt, dado que su deterioro cognitivo es manifiesto, como cuentan los funcionarios de la Corte que deben tratar con él, a quienes sólo a veces reconoce, y que deben repetirle una y otra vez cada cosa, porque las que entiende se las olvida. Aún así, para investigar una causa es preciso un auto formal de apertura del proceso de juicio político. Además, es discutible que un reglamento pueda anteponerse a la Constitución, cuyo artículo 53 estatuye los dos tercios para “la formación de la causa”. Una discusión acerca de si esto comprende o no el proceso informativo previo carece de sentido. En el actual contexto, lloverían las medidas cautelares inhibiendo el avance de la Comisión. Por eso cuando me preguntaron por la convocatoria de la Comisión respondí que sólo sabía de esa posibilidad por los diarios y que recién si me citaran evaluaría qué hacer, porque me parece un procedimiento irregular que colisiona con la Constitución. Lamento que la oposición obstruccionista e irresponsable coincida en este punto, pero un mínimo de previsión política hubiera podido preverlo. Anabel Fernández Sagasti respondió que podrían llevarme con la fuerza pública, excelente demostración de que la lengua es más veloz que la mente.
¿Esto quiere decir, como afirmaron algunos análisis, que estoy enfrentado con La Cámpora? Para nada. Me parece una de las mejores cosas que han ocurrido en la política argentina y tengo respeto y afecto por los camporitas que conozco, tanto dirigentes como militantes de base. Pero por este camino sólo llegan a una pared y no tengo ninguna obediencia que me impida decirlo.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-272894-2015-05-17.html