15 jul 2015

Centroamérica: Thomas Shannon y la trampa panamericana de la “prosperidad”

Con la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, Washington pretende reforzar su dominio en el istmo y resguardar la frontera sur del imperio, y para ello ofrece una generosa ayuda financiera –si el Congreso aprueba los 1000 millones de dólares solicitados por el presidente Barack Obama- a las élites políticas centroamericanas.

Por Andrés Mora Ramírez

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Thomas Shannon, consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, completó una gira por varios países de Centroamérica (6 al 10 de julio) cuyo propósito público fue avanzar en la concreción de la llamada Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte: el nuevo proyecto de cooperación internacional que Washington ha ofrecido a Guatemala, El Salvador y Honduras para promover lo que, desde su perspectiva, entiende como ayuda para el desarrollo, el combate del crimen organizado y el narcotráfico, y para frenar las oleadas migratorias ilegales de quienes se lanzan a la búsqueda del sueño americano, víctimas del exilio económico.
Por supuesto, esta nueva iniciativa, cuyo nombre evoca la Alianza para el Progreso impulsada por el presidente Kennedy en la década de 1960 para combatir la influencia de la Revolución Cubana en el continente, tiene una inocultable connotación geopolítica: en el contexto latinoamericano actual, y en el centroamericano en particular, “prosperidad” es un eufemismo diplomático funcional para encubrir los verdaderos alcances de la Alianza, definidos por la política de seguridad nacional de los Estados Unidos. No en vano la delegación estadounidense que visitó el Triángulo Norte estuvo conformada también por William Brownfield, secretario adjunto de Estado; Alan Bersin, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional; Beth Hogan, administrador interino de la USAID, y Kenneth Blanco, subprocurador general auxiliar del Departamento de Justicia. Demasiados pesos pesados como para creer que ahora la Casa Blanca practica el altruismo en estas latitudes.
Con la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, Washington pretende reforzar su dominio en el istmo y resguardar la frontera sur del imperio, y para ello ofrece una generosa ayuda financiera –si el Congreso aprueba los 1000 millones de dólares solicitados por el presidente Barack Obama- a las élites políticas centroamericanas: agobiadas por el agotamiento de su capacidad de gestión del orden neoliberal y por una crisis social, económica y política que cada año expulsa a miles de personas de sus países.
No es casual que el funcionario elegido para concretar este proyecto estratégico, cuyo sustento político e ideológico gira en torno a la idea –y la promesa- de “prosperidad”, sea Shannon, un veterano con amplio recorrido diplomático y comercial en Centroamérica. Él, junto a otro avezadohalcón republicano, Robert Zoellick, desempeñaron diversos cargos, al más alto nivel, durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, por sus siglas en inglés), entre los años 2003 y 2006, y se convirtieron en ideólogos y propagandistas del discurso neoliberal/panamericanista del llamado nuevo siglo americano, que encontró tierra fértil entre los tecnócratas criollos, las viejas oligarquías y los nuevos grupos de poder económico.
“Libre comercio” y “prosperidad”, como pilares de ese discurso, constituyen una trampa semántica que sirve a la preservación y tutela de los intereses imperiales. CAFTA y Alianza para la Prosperidad son dos momentos de un mismo proyecto de dominación. Una disertación de Ziellick en The Heritage Foundation, en el año 2005 en Washington, revela las verdaderas razones de seguridad nacional que se esconden detrás de las buenas intenciones imperiales respecto del desarrollo de suvecindario:
“Mientras haya pobreza en América Latina, habrá quienes se sentirán fuertemente motivados para abandonar sus hogares, sus familias y sus amistades para venir a Estados Unidos. Habrá quienes quebrantarán nuestras leyes para hacerlo y, trágicamente, habrá otros que morirán al intentarlo.
(…) No vivimos aislados de lo que ocurre en América Central. Nuestra seguridad está ligada al desarrollo que existe en nuestro vecindario. Las pandillas de delincuentes, los narcotraficantes, incluso la trata de personas, crean peligrosas redes trasnacionales. El CAFTA ofrece una manera de tratar las causas, en lugar de tratar sólo el síntoma, de los problemas que existen en nuestro vecindario. El CAFTA fortalecerá también nuestros lazos de asociación con los gobiernos democráticos más vigorosos que tienen un interés común en contrarrestar estas amenazas (…).
(…) Sin el CAFTA, decenas de miles de centroamericanos y dominicanos serán lanzados al desempleo y nuevamente a la pobreza y la desesperación. Muchos de ellos terminarán en nuestras fronteras” .
Sustitúyase en este texto que transcribimos la palabra CAFTA por Alianza para la Prosperidad, y encontrará el lector una réplica de los argumentos que el gobierno Obama viene exponiendo para convencer a la opinión pública sobre las bondades de este nuevo convite; tesis que Shannon repitió una y otra vez en su periplo centroamericano. Precisamente, ese fue el mensaje que vino a entregar: el proyecto neoliberal/panamericanista está en vivo en Centroamérica.
Si en 1984, la novela de Orwell, uno de los lemas del Ministerio de la Verdad rezaba: La libertad es la esclavitud; en 2015, la geopolítica de los Estados Unidos para Centroamérica se puede definir así: La prosperidad es la dominación.

La Corte Constitucional de Guatemala rechaza amparo para frenar antejuicio al presidente y proceso sigue en el Congreso

La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó en definitiva ayer el amparo interpuesto por la abogada Karen Fischer, con el que buscaba frenar el proceso de antejuicio en contra del mandatario Otto Pérez Molina.

La Corte Constitucional de Guatemala rechaza amparo para frenar antejuicio al presidente y proceso sigue en el Congreso




Dicho fallo fue dado a conocer en conferencia de prensa convocada por la presidenta de la CC Gloria Porras, quien resaltó que la decisión de denegar el amparo fue unánime, aunque ella y el magistrado Mauro Chacón hayan tenido criterios distintos a los de sus colegas.
“Concurro en que el amparo debe denegarse, no solamente porque efectivamente no se logró demostrar la existencia de ningún agravio, sino incluso sin entrar a considerar el fondo del asunto, porque es evidente la ausencia de legitimación activa de la amparista en este caso, a la luz de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia de esta Corte”, expuso Porras en la conclusión de su voto razonado concurrente.
Porras informó que mañana vence el periodo de prueba para la solicitud de amparo presentada por el mismo Presidente, y que en los próximos días esa Corte se pronunciará para emitir resolución.
De eso dependen, si el proceso para retirarle o no la inmunidad a Pérez Molina continúa su curso en el Congreso de la República.
La CC amparó de forma provisional a Fischer, lo que retrasó por unas semanas que la Comisión Pesquisidora del Legislativo conociera la denuncia contra Pérez Molina, interpuesta por el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq.
En total, la CC ocupó 33 días para resolver en definitiva la solicitud de amparo promovida por Fischer. Ahora solo queda resolver la que presentó Pérez Molina.
Los señalamientos
En la denuncia, Pop acusa al mandatario por los delitos de encubrimiento propio, asociación ilícita e incumplimiento de deberes.
Encubrimiento propio, porque Pérez Molina habría ocultado las actuaciones de su excompañera de fórmula, Roxana Baldetti, quien infructuosamente quiso desvincularse del paradero de su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, quien la acompañó en un viaje a Corea.
Pop señala a Pérez Molina por el nombramiento de Juan de Dios Rodríguez como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quien a su juicio no debió haber llegado al cargo por sus antecedentes delictivos.
Pop relaciona directamente al mandatario en los casos de corrupción que han salpicado a su gobierno. El caso conocido como La Línea y el caso IGSS–Pisa, donde funcionarios considerados de confianza del Presidente resultaron involucrados y guardan prisión mientras se dilucida su situación legal en los tribunales.
No se puede apropiar un derecho ajeno
La acción interpuesta por Karen Fischer a favor del presidente Pérez Molina fue analizada por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad desde el 10 de junio. Desde el principio, los magistrados Héctor Trujillo y Mauro Roderico Chacón argumentaron que la profesional del Derecho carecía de legitimación para promover dicho amparo.
“Nadie puede hacer valer como propio un derecho ajeno, ya que al único que puede afectarle la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar curso a las diligencias de antejuicio es al Presidente de la República”.

Mandatario tendrá seis meses difíciles

El presidente Otto Pérez Molina está a seis meses de dejar el cargo como lo establece la Constitución Política, a pesar de los escándalos de corrupción que señalan a sus más cercanos colaboradores y que llevaron a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Sin embargo el mandatario asegura que no renunciará.
En el Congreso, la Comisión Pesquisidora conformada por cinco legisladores (cuatro de ellos) recomendó al pleno del Legislativo que se le retire la inmunidad al mandatario, esto por las investigaciones que se han realizado donde demuestran los hechos de corrupción en las que él pudo tener conocimiento, aunque el mandatario lo niega, en casos relacionados con La Línea y el del IGSS-Pisa.
El 30 de junio apareció el presidente en un acto público para conmemorar un aniversario más de las fuerzas armadas,. Vuelve aparecer el 9 de julio en Izabal por la visita del consejero del Departamento de Estado Thomas Shanonn, y de nuevo tiene una actividad pública este 14 de julio junto a la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) actividad que se realizó en Quetzaltenango.
Ante tal situación politólogos y sociólogos consultados por Prensa Libre consideran que serán seis meses muy difíciles para el presidente, si llega a culminar su mandato, debido al desgaste que ha llevado por los actos de corrupción en su gobierno.
Seis meses dificiles
Jahir Dabroy politólogo de la Universidad de San Carlos indicó que serán seis meses bastante tensos, sobre todo por el papel que ha tomado el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que han sido bastante agresivo en casos de corrupción.
“Recientemente se ha tocado el círculo más cercano del presidente lo que le puede dar indicios que después de dejar el cargo puede darse el escenario de persecución penal en contra de él, la lógica indica que en estos tres meses el presidente va a tener un perfil bajo, sobre todo que su partido no tiene la más mínima posibilidad de lograr la presidencia, incluso van a ser muy pocos los diputados electos”, dijo Dabroy.
La politóloga Andrea Morales del Instituto de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar se ve que hay algunos sectores que están intentando llevar en procesión al presidente hasta el 14 de enero para que se mantenga la institucionalidad.
“Su imagen esta muy desgastada su credibilidad ya ha bajado demasiado y los actos de corrupción que atañen a su personal más cercano denota que él tuvo que tener conocimiento sobre estos casos, es muy difícil creer que no estaba enterado y sobre todo en este último caso donde Martínez pactaba la agenda”, señaló Morales.
El sociólogo Édgar Pereira del instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, (Demos), considera que si el mandatario se mantiene en el poder va a pasar prácticamente sin gobernar, porque su accionar es limitado, no tiene legitimidad, va ser difícil mantenerse y gobernar.
“Si salen más actos de corrupción vinculando a otros funcionarios va a tener que quitarse lo único que si tiene que es la cara dura. Yo pienso que ha intentado estar poco visible pero el cargo lo obliga a dar la cara en distintos momentos, por asuntos protocolarios y eso lo obliga a hacerse visible”, expone Pereira.
Jose Carlos Sanabria politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) considera que serán seis meses bastantes difíciles principalmente por las acciones legales que están en su contra.
“Va a tener la pérdida no solo de confianza sino también su imagen política seguirá deteriorándose. Después de la primera vuelta la agenda va estar enfocada en un proceso de transición en medio de las acciones legales y las investigaciones que se están desarrollando no solo con él sino con varios funcionarios del ejecutivo”, puntualizó Sanabria.

Organizaciones sociales aumentan presión por reformas a Ley Electoral

Miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en favor de la aprobación inmediata de la iniciativa de ley 49-74, Ley Electoral y de Partidos Políticos, (LEPP), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), puesto que indican debe darse una respuesta a las peticiones de los ciudadanos ante la crisis política actual.
Los expositores demandaron que el Congreso apruebe la ley en mención de urgencia nacional y que la iniciativa no pase por procesos dilatorios; así como que la Corte de Constitucionalidad (CC) la autorice de manera inmediata. Asimismo, que sean escuchadas las peticiones, demandas y exigencias de la población en el proceso que se ha iniciado de reformas políticas en el país, en cumplimiento a su mandato democrático de representación de las voces de los ciudadanos.
Alicia López, directora ejecutiva de Asociación Moloj, indicó que en base a lo solicitado se está ejerciendo el derecho de exigir que se cumpla con lo que establece la ley y que los congresistas asuman su responsabilidad.
En tanto Edgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, (Demos), explicó que las reformas, una vez aprobadas, entrarán en vigencia a la ley, sin importar si es ahora o después. Añadió que los cambios que se requieren son los que tratan de la democratización de los partidos políticos, del financiamiento y regulación de las campañas electorales, del fortalecimiento del TSE, a la participación ciudadana y a las condiciones equitativas entre hombres y mujeres.
Pereira destacó que invitan a la ciudadanía para exigirle al Congreso que se realice la reforma, ya que hay 96 diputados que buscan la reelección, por lo que si los legisladores se consideran democráticos, deben manifestarlo aprobando la iniciativa de ley. Agregó que no todas las reformas podrían ser aplicadas en este proceso electoral, específicamente aquellas que tienen que ver con la inscripción de candidatos.
“Ya no se puede democratizar estas elecciones, puesto que los órganos de dirección ya están electos al igual que los candidatos”, expresó y añadió que en este caso lo que si pudiera ser implementado es la utilización del voto nulo, el nepotismo, el transfuguismo y la no reelección.
Exhortaron a otras organizaciones y población en general a unirse a las manifestaciones pacíficas realizadas en las plazas de todo el país y apoyar la petición a través de los hashtag #ReformaElectoralYa, #SiAlTSE4974 y #UrgenciaNacional.
MÁS APOYOS
Desde inicios del mes de julio distintas organizaciones sociales han hecho eco de la petición de la aprobación inmediata de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre las que destacan, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Plataforma Nacional para la reforma del Estado, Universidad Rafael Landívar, Foro Guatemala, el Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (G4) y el Mirador Electoral.

14 jul 2015

Estados Unidos e Irán alcanzan un histórico pacto nuclear

ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN 

El acuerdo frena el acceso de los iraníes a la bomba atómica a cambio de levantar sanciones
Obama: "Hemos frenado la expansión de las armas nucleares en Oriente Próximo"


MARC BASSETS Viena 14 JUL 2015




Federica Mogherini y Javad Zarif. / AP / REUTERS-LIVE!

Una era empieza en Oriente Próximo. Irán y seis potencias internacionales lograron este martes en Viena un acuerdo que limita el programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de las sanciones. Además de poner fin a 35 años de enfrentamiento entre Washington y Teherán, el acuerdo puede reconfigurar los equilibrios geopolíticos en una región sacudida por la violencia extremista.

El régimen de los ayatolás preserva la capacidad de producir energía nuclear y se legitima en el concierto de las naciones. El presidente de EE UU, Barack Obama, frena el acceso de los iraníes a la bomba atómica y gana su apuesta internacional más arriesgada desde que en 2009 llegó a la Casa Blanca. El primer resultado puede ser una mayor cooperación frente a los yihadistas del Estado Islámico.

El presidente de EE UU, Barack Obama, se ha felicitado por el acuerdo: "Hemos frenado la expansión de las armas nucleares en Oriente Próximo", ha asegurado desde Washington. "Gracias a este acuerdo, Irán modificará los reactores para no poder producir uranio enriquecido en los próximos 15 años. Por primera vez podremos verificar cada uno de estos compromisos. Es un acuerdo que no se basa en la confianza sino en la verificación", ha añadido.

"Es un momento histórico", dijo el ministro iraní de Exteriores, Javad Zarif, dijo en la sesión plenaria en la que los negociadores aprobaron el acuerdo. El documento final, añadió, "no es perfecto", pero todos los implicados ganan; no hay perdedores.

"La decisión que vamos a adoptar es mucho más que un acuerdo nuclear", dijo la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. "Puede abrir un nuevo capítulo".

El acuerdo, por su alcance regional, es equiparable al de Camp David en 1978, que selló la paz entre Egipto e Israel. También puede compararse con la reconciliación entre Estados Unidos y otro enemigo histórico, China, en 1972. Como hace con Cuba, el demócrata Obama ha buscado en la diplomacia y el multilateralismo la llave para conflictos enquistados desde la Guerra Fría.

Washington, que protegió al sha de Persia hasta la revolución de 1979, rompió relaciones diplomáticas con Irán después de que un grupo de estudiantes ocupase la embajada estadounidense en Teherán. Hasta hace pocos años, Irán era para el Gobierno de EE UU un miembro del “eje del mal”. El programa nuclear, desvelado a principios de la década pasada, agravó las tensiones. Para Irán, EE UU era el Gran Satán.

En Viena ha ocurrido lo que hasta hace poco era inimaginable: ver a dos enemigos no solo hablando en la misma mesa, sino llegando a una posición común. Han hecho falta casi dos años de negociaciones, decenas de reuniones cara a cara entre el secretario de Estado, John Kerry, y el iraní Zarif, repetidos plazos incumplidos y un esfuerzo final de más de dos semanas en un palacete austrohúngaro de Viena, con tensiones y nervios, gritos y amenazas de portazos.

Tras incumplir en tres ocasiones el plazo autoimpuesto —inicialmente las conversaciones debían concluir el 30 de junio— los negociadores se pusieron de acuerdo en un texto de unas 100 páginas: 20 del documento básico más 80 de anexos. La Unión Europea, primero representada por Javier Solana, después por Catherine Ashton, y en Viena por la alta representante Mogherini, ha tenido un papel clave en el proceso.

El resultado más inmediato de Viena es impedir, durante un mínimo de diez años, el acceso de Irán a la bomba nuclear. No es poco. Lo que EE UU y la llamada comunidad internacional no consiguieron con Pakistán ni Corea del Norte —evitar por la vía diplomática que se uniesen al club de nueve países con la bomba nuclear— lo han conseguido con Irán.
El acuerdo frena, aunque sea temporalmente, la proliferación nuclear en una de las regiones más inestables del planeta. La ONU se asegurará de que los iraníes reducen su capacidad para enriquecer uranio y plutonio —combustible necesario para fabricar la bomba— mediante un régimen de inspecciones intensivo. Irán logra desprenderse de las mayores sanciones que ningún país soporte hoy, sanciones que lo aislaron internacionalmente y ahogaron su economía.

Al verse librado de las sanciones y establecer un canal de diálogo al rango más alto con Estados Unidos, Irán da un paso para abandonar su situación de Estado paria. Tanto el secretario de Estado, John Kerry, como su homólogo iraní, Javad Zarif, han expresado la esperanza en que el acuerdo de Viena ayude a ambos países a concentrarse en la amenaza común del Estado Islámico, los yihadistas suníes que en el último año han conquistado amplios territorios en Siria e Irak.

“La amenaza que afrontamos, y hablo en plural porque nadie está a salvo, se encarna en los encapuchados que están devastando la cuna de la civilización”, ha dicho Zarif en Viena. “Creo”, dijo Kerryal diario Boston Globe, “que aquí hay una oportunidad para galvanizar a la gente hacia un enfoque de sentido común”.

La prueba decisiva sobre el éxito o fracaso del acuerdo será si ambas partes cumplen sus compromisos sobre la reducción del programa nuclear y el levantamiento de las sanciones. Los primeros obstáculos son políticos.

El Congreso de EE UU, de mayoría republicana, tiene 60 días para revisar el documento final y después aprobarlo o rechazarlo. Previsiblemente lo rechazará, pero Obama pretende vetarlo haciendo uso de sus prerrogativas presidenciales. El veto es irrevocable a menos que los oponentes del acuerdo recojan dos tercios de votos.

Obama también deberá persuadir a los socios de EE UU en Oriente Próximo. Israel, Arabia Saudí y las monarquías suníes ven en Irán una amenaza existencial y temen que se refuerce gracias a su legitimación ante EE UU.

Los detractores del acuerdo acusan a Kerry de haber aceptado concesiones excesivas: constatan de que Irán mantendrá su capacidad para enriquecer uranio, aunque sea reducida, y alertan de que, al desprenderse de las sanciones, experimentará un boom que ampliará su influencia económica y potencia militar.

El respeto de los derechos humanos y el apoyo iraní a grupos que EE UU e Israel consideran terroristas apenas han aparecido en las conversaciones del Palais Coburg.

El acuerdo no significa la plena normalización de las relaciones. Los recelos persisten. Por ahora ni se plantea, como ocurre en el caso de Cuba, un restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Irán seguirá, como Cuba hasta hace unas semanas, en la lista del Departamento de Estado de países que patrocinan el terrorismo. Valorar el alcance del acuerdo requerirá meses y seguramente años. El acuerdo de Viena se ciñe a la cuestión nuclear pero es posible “catalice”, para usar la palabra de Zarif, un reajuste de las alianzas y los equilibrios geopolíticos en Oriente Próximo.

Todos se juegan mucho. Irán, su economía y bienestar y su estatus internacional. También su identidad. ¿Un país revolucionario? ¿O una potencia regional convencional?

Para el presidente Obama, el acuerdo de Viena es una de aquellas decisiones que definen una presidencia; una ruptura con la política exterior de su país. La alternativa, dijo siempre Obama durante los meses de negociaciones, habría sido tolerar el Irán nuclear, o la guerra.

Nuevo mapa petrolero mundial

El ‘fracking’ ha situado a Estados Unidos como primer productor global



La demanda de materias primas suele ser cíclica, como las fluctuaciones de sus precios. En el mercado petrolero se repite la historia. En 1985 Arabia Saudí, buque insignia del cartel de los productores de crudo, la OPEPdisparó su producción para elevar la oferta, inducir un desplome de los precios y perjudicar a sus competidores. Y lo logró. En 2015, el nudo del relato se asemeja al de entonces, pero un nuevo actor ha revolucionado el desarrollo del desenlace: el fracking. Gracias a las técnicas de extracción no convencionales, Estados Unidos se ha convertido en el primer productor mundial y ha cambiado el mapa petrolero.
Según los datos de BP, hace 30 años Arabia Saudí extraía unos 3.601 millones de barriles diarios, un cuarto de su producción de solo un lustro antes. Esta caída no fue casual: en 1973 la OPEP declaró un embargo de su exportación hacia EE UU, Canadá, Países Bajos y Japón, como represalia por el apoyo que Washington a Israel en la guerra del Yom Kipur. La decisión abrió el camino a la entrada de nuevos países en el mercado: México, Reino Unido, Noruega, Unión Soviética y también EE UU –a través de Alaska– se hicieron con esas cuotas de mercado e elevaron la oferta global.
La bonanza del petróleo occidental no duró mucho. Al año siguiente Riad inundó el mercado con 5.208 millones de barriles: la sobreoferta llevó los precios al colapso, bajando a la mitad. La estrategia de la OPEP funcionó: el desplome obligó a muchos productores occidentales a abandonar el negocio por sus elevados costes.
30 años más tarde, las dinámicas que regulan el mercado son parecidas. En la segunda mitad de 2014 el precio del crudo Brent cayó un 50%, hasta los 60 dólares. La OPEP no alteró su producción para inducir una sobreoferta y una baja de precios que penalizara a sus nuevos competidores.
El mercado del crudo ha dado un vuelco tras la irrupción de esta técnica, con la que los productores tradicionales se resienten
Pero esta vez un nuevo factor está complicando el plan del cartel. La utilización intensiva por parte de las empresas estadounidenses de la fracturación hidráulica o fracking, –la introducción en el terreno de una mezcla de químicos y agua que rompe la roca y permite extraer crudo– ha empujado la producción norteamericana hasta los 11.644 millones de barriles diarios y lo ha convertido en el primer productor mundial.

Costes a la baja

“A no ser que haya un cambio en la política de EE UU, el fracking seguirá vivo en el futuro. Los costes productivos de las empresas que lo usan están disminuyendo paulatinamente”, explica Simon Henderson, director de energía del think tank Washington Institute. A finales de junio había 859 pozos petrolíferos activos en EE UU, 1.104 menos que un año antes. Y eso que el país se ha consolidado como referencia mundial.
El hecho de que EE UU no necesite importar más petróleo ha transformado los flujos comerciales internacionales. “Nigeria, un importante miembro de la OPEP [produjo 2.361 millones de barriles] tenía en EE UU el principal destino de sus exportaciones. Ahora el mercado que emerge con más fuerza es Asia. Por lo que la posición geográfica de Nigeria ha pasado de ventaja a desventaja”, afirma Ariel Bergmann, economista de la Universidad de Dundee(Escocia). La demanda de China, India y de las boyantes economías del sureste asiático ascendía a 29.858 millones de barriles al día en 2014, un 21% más que 10 años antes.
Esta evolución parece lejos de parar. La consultora IHS cifra en 140.000 millones los barriles que podrían extraerse fuera de EE UU gracias al fracking. Y los miembros más débiles de la OPEP parecen los más dañados por la expansión de una tecnología que, según Jamie Webster, su portavoz, “será extensa y perdurable”.
La ratio entre los ahorros y el PIB de Arabia Saudí era del 17% en 1985. En 2013 (los últimas cifras disponibles) se elevaba al 44%. Esto, junto con una deuda pública entre las más reducidas del mundo, permitirá aguantar los precios bajos. Sin embargo, los demás productores tradicionales, “ya recortaron costes y, muchos, como Venezuela, luchan para sostener sus economías y no perder mercado. Para Arabia Saudí este escenario queda muy lejos”, dice Webster. Seguirá calibrando su producción para inducir cambios en los precios, dado que en el país las estrategias petroleras se deciden a nivel estatal y son rápidas. Por contra, en EE UU dependen de una multitud de empresas y no son tan homogéneas, detalla Bergman, que añade: “El fracking ha cambiado el mapa del petróleo mundial”.

¿Extracción en España?

El fracking en España significa sobre todo gas. En las entrañas del país hay poco más de 2.435 millones de metros cúbicos. Se concentran sobre todo en la cuenca vasco-cantábrica, al norte de Burgos, según un informe en el que la consultora Deloitte fotografía el mercado energético nacional. “España consume 28,7 millones de metros cúbicos al día. Extraer este gas implicaría garantizar el abastecimiento energético del país durante casi 90 años”, asegura Constantino Hidalgo, vicepresidente de ACIEP –la asociación española de productores de hidrocarburos– y también director de financiero BNK, la compañía petrolera más involucrada en las prospecciones en la citada cuenca. “Nuestra empresa acaba de presentar un estudio de impacto medioambiental. Ahora empieza la fase de alegaciones. Si no hay obstáculos, podríamos iniciar las primeras prospecciones a finales de 2016. Se generarían cientos de miles de puestos de trabajo”, explica.
Sin embargo, no todos comparten su optimismo. “Hay que tener cuidado con las estimaciones geológicas y con la magnitud del beneficio que el gas aportaría al mercado energético nacional. El porcentaje de reservas que se puede explotar es muy reducido”, sostiene Samuel Martín-Sosa, responsable del departamento internacional de la ONG Ecologistas en Acción. “En España es impensable la aplicación del fracking como en EE UU. Los amplios espacios de un país tan grande no existen aquí, donde la densidad poblacional es mucho más elevada. La gente no quiere pagar el coste social que conllevaría la extracción del gas de esquisto”, remacha.
http://economia.elpais.com/






























Conozca cómo Venezuela fue despojada del territorio Esequibo

El politólogo e internacionalista, Manuel Montañez, en declaraciones para el programa La Patria Nueva, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV), describió cronológicamente cómo Venezuela fue despojada arbitrariamente de su territorio como consecuencia de conspiraciones internacionales y la complicidad de los gobernantes de turno.

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RNV –
Antecedentes históricos:
 En 1.840 el gobierno de Gran Bretaña comisionó a Robert Schomburgk para trazar los límites entre la colonia de Guyana y nuestro país. Este comisionado demarcó líneas arbitrarias en mapas que dieron como resultado despojos sucesivos a nuestro territorio. Las líneas trazadas por Schomburgk fueron las siguientes: La primera en 1.840 despojándonos de 4.920 Km2, la segunda en 1.886 despojándonos de 141.930 Km2, la tercera en 1.887 despojándonos de 167.830 Km2 y la cuarta en 1.897 despojándonos de 203.310 Km2.
 En el año 1844 el ministro venezolano, Alejo Fortique, solicitó que se reconociera el Río Esequibo como la línea divisoria entre los dos países, de acuerdo con lo sustentado en la constitución del año 1.830 sobre el principio del Jutis Possidetis Juris (El Derecho a poseer lo poseído). El gobierno inglés propuso que la frontera se marcara al oeste del Esequibo. Las conversaciones fueron suspendidas y los ingleses siguieron ocupando la zona como lo venían haciendo desde la época colonial.
Desde la ocupación de nuestro territorio por parte de Gran Bretaña, Venezuela protestó y llegó hasta romper relaciones diplomáticas con aquel país. En aquel entonces apeló al gobierno de Estados Unidos y este propuso un arbitraje; se formó un tribunal en el año de 1.899, cuya decisión formó el Laudo Arbitral de París, ya que fue firmado en la ciudad capital francesa que confirmó el despojo de 159.000 Km2 a Venezuela al fijar este laudo la frontera al oeste del Río Esequibo.
Esta decisión fue un abuso porque Venezuela no estuvo representada directamente, ya que el cuerpo de jueces que finalmente decidieron sobre los intereses de la República estaba constituido por: 2 norteamericanos; 2 británicos y 1 ruso. La sentencia tuvo vicios de nulidad: primero, por carecer de motivación en tanto que fijaba 50 años como tiempo de titularidad y de posesión, cuando la verdad es que nuestro país poseía la mismos derechos desde los tiempos de la Capitanía General en 1777; segundo, por la aplicación de ultrapetita en la sentencia, respecto de cuestiones no solicitadas en el Acuerdo Prearbitral, particularmente en lo que refiere a la navegación de ríos.
De lo anterior se desprende, la intención de favorecer a Gran Bretaña contra Venezuela. Dicho Laudo ha sido considerado no válido y no obligante por parte de nuestra nación y entre las argumentaciones más importantes se encuentra que el mismo fue firmado a espaldas de nuestro país.
 En 1949 sale a la luz de la opinión pública un acuerdo secreto entre los jueces a través del denominado memorando de Mallet Prevost (que ordenó fuera publicado para después de su muerte si era necesario), que llevó a Venezuela a actuar bajo una conducción jurídica denominada Stoppel; es decir: acabar, poner fin, negarse a cumplir un Fallo en virtud de conocerse de sus vicios de origen.
 Venezuela comienza una carrera política, jurídica y diplomática para rescatar su territorio y en el año 1962, reclama sus derechos sobre los territorios al oeste del Río Esequibo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y como consecuencia representantes de ambos países firman el Acuerdo de Ginebra el 16 de febrero de 1966, en el cual se disponía: A.) nombrar una Comisión Mixta para solucionar el problema de los límites dado que el Laudo de París había resultado nulo. B.) La Comisión Mixta la conformarían representantes de Venezuela y la Guyana Británica que en aquel entonces aún era colonia; debiendo presentar informes cada seis meses. C.) Si pasados cuatro años la Comisión Mixta no encontraba solución al problema, se debería buscar un arreglo por medios pacíficos.
En 1970, Venezuela y Guyana (esta última ya como República independiente), firman el Protocolo de Puerto España, acordando prorrogar las conversaciones por 12 años; siendo que pasado ese período no se consiguió solución, se acordó referir el conflicto al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según dispositivos del Acuerdo de Ginebra, siendo que dicho territorio venezolano se mantiene bajo la figura de Territorio en Reclamación.
En esa época el caso de Guayana Esequiba fue visto con miopía por parte del gobierno al olvidar los derechos humanos de los casi 90 mil venezolanos que vivían en ese territorio y que reclamaban su anexión a Venezuela, peticiones que fueron bloqueadas por las posturas políticas de Acción Democrática (AD) al desestimar la Operación Rupununi cuyo objetivo era rescatar el territorio del que había sido despojado nuestro país.
Estas acciones nunca se concretaron por presiones de Acción Democrática contra el recién nombrado presidente Rafael Caldera, pues creían (con base a la Tesis de Gonzalo Barrios) en la inconveniencia de permitir que consecuencia del éxito de la operación pudiera surgir un militar victorioso que luego aspirara llegar después a Miraflores.
 En el año 2008 Guyana presentó a la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la solicitud extender su dominio marítimo, ignorando la centenaria reclamación venezolana del territorio Esequibo. La aseveración guyanesa de que no hay disputas en la región desecha el contenido del Acuerdo de Ginebra de 1966 en que reconoce la controversia por el Esequibo y se compromete con un arreglo satisfactorio para ambas partes.
Las peticiones de extensión de plataforma continental de Guyana, aunadas con las de Trinidad y Tobago y Barbados, se solapan en varios puntos y afectan el dominio marítimo venezolano al no tomar en cuenta la proyección marítima correspondiente al estado Delta Amacuro y los derechos venezolanos en el territorio Esequibo reclamado por Venezuela.
Montañéz refirió que en el marco del proceso revolucionario que vive nuestro pueblo, los venezolanos debemos recordar siempre que cuando el imperialismo no logra concretar sus objetivos por una vía, recurre a otras que alimenten situaciones que debiliten a Latinoamérica y destruyan su unidad para que vuelva a convertirse en el patio trasero de Estados Unidos.
“Ante la incapacidad de la oposición venezolana de hacer tambalear al Gobierno Bolivariano con sus estrategias desestabilizadoras, el imperialismo tomó control de estas acciones con una agenda que está desempolvando viejas situaciones de disputas fronterizas de Venezuela con países hermanos como Guyana para quebrar la unidad regional que impulsó el Comandante Hugo Chávez con los bloques de integración como la Unasur, Alba y la Celac”, afirmó.