La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó en definitiva ayer el amparo interpuesto por la abogada Karen Fischer, con el que buscaba frenar el proceso de antejuicio en contra del mandatario Otto Pérez Molina.
Dicho fallo fue dado a conocer en conferencia de prensa convocada por la presidenta de la CC Gloria Porras, quien resaltó que la decisión de denegar el amparo fue unánime, aunque ella y el magistrado Mauro Chacón hayan tenido criterios distintos a los de sus colegas.
“Concurro en que el amparo debe denegarse, no solamente porque efectivamente no se logró demostrar la existencia de ningún agravio, sino incluso sin entrar a considerar el fondo del asunto, porque es evidente la ausencia de legitimación activa de la amparista en este caso, a la luz de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia de esta Corte”, expuso Porras en la conclusión de su voto razonado concurrente.
Porras informó que mañana vence el periodo de prueba para la solicitud de amparo presentada por el mismo Presidente, y que en los próximos días esa Corte se pronunciará para emitir resolución.
De eso dependen, si el proceso para retirarle o no la inmunidad a Pérez Molina continúa su curso en el Congreso de la República.
La CC amparó de forma provisional a Fischer, lo que retrasó por unas semanas que la Comisión Pesquisidora del Legislativo conociera la denuncia contra Pérez Molina, interpuesta por el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq.
En total, la CC ocupó 33 días para resolver en definitiva la solicitud de amparo promovida por Fischer. Ahora solo queda resolver la que presentó Pérez Molina.
Los señalamientos
En la denuncia, Pop acusa al mandatario por los delitos de encubrimiento propio, asociación ilícita e incumplimiento de deberes.
Encubrimiento propio, porque Pérez Molina habría ocultado las actuaciones de su excompañera de fórmula, Roxana Baldetti, quien infructuosamente quiso desvincularse del paradero de su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, quien la acompañó en un viaje a Corea.
Pop señala a Pérez Molina por el nombramiento de Juan de Dios Rodríguez como presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quien a su juicio no debió haber llegado al cargo por sus antecedentes delictivos.
Pop relaciona directamente al mandatario en los casos de corrupción que han salpicado a su gobierno. El caso conocido como La Línea y el caso IGSS–Pisa, donde funcionarios considerados de confianza del Presidente resultaron involucrados y guardan prisión mientras se dilucida su situación legal en los tribunales.
No se puede apropiar un derecho ajeno
La acción interpuesta por Karen Fischer a favor del presidente Pérez Molina fue analizada por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad desde el 10 de junio. Desde el principio, los magistrados Héctor Trujillo y Mauro Roderico Chacón argumentaron que la profesional del Derecho carecía de legitimación para promover dicho amparo.
“Nadie puede hacer valer como propio un derecho ajeno, ya que al único que puede afectarle la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar curso a las diligencias de antejuicio es al Presidente de la República”.
Mandatario tendrá seis meses difíciles
El presidente Otto Pérez Molina está a seis meses de dejar el cargo como lo establece la Constitución Política, a pesar de los escándalos de corrupción que señalan a sus más cercanos colaboradores y que llevaron a la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Sin embargo el mandatario asegura que no renunciará.
En el Congreso, la Comisión Pesquisidora conformada por cinco legisladores (cuatro de ellos) recomendó al pleno del Legislativo que se le retire la inmunidad al mandatario, esto por las investigaciones que se han realizado donde demuestran los hechos de corrupción en las que él pudo tener conocimiento, aunque el mandatario lo niega, en casos relacionados con La Línea y el del IGSS-Pisa.
El 30 de junio apareció el presidente en un acto público para conmemorar un aniversario más de las fuerzas armadas,. Vuelve aparecer el 9 de julio en Izabal por la visita del consejero del Departamento de Estado Thomas Shanonn, y de nuevo tiene una actividad pública este 14 de julio junto a la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) actividad que se realizó en Quetzaltenango.
Ante tal situación politólogos y sociólogos consultados por Prensa Libre consideran que serán seis meses muy difíciles para el presidente, si llega a culminar su mandato, debido al desgaste que ha llevado por los actos de corrupción en su gobierno.
Seis meses dificiles
Jahir Dabroy politólogo de la Universidad de San Carlos indicó que serán seis meses bastante tensos, sobre todo por el papel que ha tomado el Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que han sido bastante agresivo en casos de corrupción.
“Recientemente se ha tocado el círculo más cercano del presidente lo que le puede dar indicios que después de dejar el cargo puede darse el escenario de persecución penal en contra de él, la lógica indica que en estos tres meses el presidente va a tener un perfil bajo, sobre todo que su partido no tiene la más mínima posibilidad de lograr la presidencia, incluso van a ser muy pocos los diputados electos”, dijo Dabroy.
La politóloga Andrea Morales del Instituto de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar se ve que hay algunos sectores que están intentando llevar en procesión al presidente hasta el 14 de enero para que se mantenga la institucionalidad.
“Su imagen esta muy desgastada su credibilidad ya ha bajado demasiado y los actos de corrupción que atañen a su personal más cercano denota que él tuvo que tener conocimiento sobre estos casos, es muy difícil creer que no estaba enterado y sobre todo en este último caso donde Martínez pactaba la agenda”, señaló Morales.
El sociólogo Édgar Pereira del instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, (Demos), considera que si el mandatario se mantiene en el poder va a pasar prácticamente sin gobernar, porque su accionar es limitado, no tiene legitimidad, va ser difícil mantenerse y gobernar.
“Si salen más actos de corrupción vinculando a otros funcionarios va a tener que quitarse lo único que si tiene que es la cara dura. Yo pienso que ha intentado estar poco visible pero el cargo lo obliga a dar la cara en distintos momentos, por asuntos protocolarios y eso lo obliga a hacerse visible”, expone Pereira.
Jose Carlos Sanabria politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) considera que serán seis meses bastantes difíciles principalmente por las acciones legales que están en su contra.
“Va a tener la pérdida no solo de confianza sino también su imagen política seguirá deteriorándose. Después de la primera vuelta la agenda va estar enfocada en un proceso de transición en medio de las acciones legales y las investigaciones que se están desarrollando no solo con él sino con varios funcionarios del ejecutivo”, puntualizó Sanabria.
Organizaciones sociales aumentan presión por reformas a Ley Electoral
Miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en favor de la aprobación inmediata de la iniciativa de ley 49-74, Ley Electoral y de Partidos Políticos, (LEPP), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), puesto que indican debe darse una respuesta a las peticiones de los ciudadanos ante la crisis política actual.
Los expositores demandaron que el Congreso apruebe la ley en mención de urgencia nacional y que la iniciativa no pase por procesos dilatorios; así como que la Corte de Constitucionalidad (CC) la autorice de manera inmediata. Asimismo, que sean escuchadas las peticiones, demandas y exigencias de la población en el proceso que se ha iniciado de reformas políticas en el país, en cumplimiento a su mandato democrático de representación de las voces de los ciudadanos.
Alicia López, directora ejecutiva de Asociación Moloj, indicó que en base a lo solicitado se está ejerciendo el derecho de exigir que se cumpla con lo que establece la ley y que los congresistas asuman su responsabilidad.
En tanto Edgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, (Demos), explicó que las reformas, una vez aprobadas, entrarán en vigencia a la ley, sin importar si es ahora o después. Añadió que los cambios que se requieren son los que tratan de la democratización de los partidos políticos, del financiamiento y regulación de las campañas electorales, del fortalecimiento del TSE, a la participación ciudadana y a las condiciones equitativas entre hombres y mujeres.
Pereira destacó que invitan a la ciudadanía para exigirle al Congreso que se realice la reforma, ya que hay 96 diputados que buscan la reelección, por lo que si los legisladores se consideran democráticos, deben manifestarlo aprobando la iniciativa de ley. Agregó que no todas las reformas podrían ser aplicadas en este proceso electoral, específicamente aquellas que tienen que ver con la inscripción de candidatos.
“Ya no se puede democratizar estas elecciones, puesto que los órganos de dirección ya están electos al igual que los candidatos”, expresó y añadió que en este caso lo que si pudiera ser implementado es la utilización del voto nulo, el nepotismo, el transfuguismo y la no reelección.
Exhortaron a otras organizaciones y población en general a unirse a las manifestaciones pacíficas realizadas en las plazas de todo el país y apoyar la petición a través de los hashtag #ReformaElectoralYa, #SiAlTSE4974 y #UrgenciaNacional.
MÁS APOYOS
Desde inicios del mes de julio distintas organizaciones sociales han hecho eco de la petición de la aprobación inmediata de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre las que destacan, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Plataforma Nacional para la reforma del Estado, Universidad Rafael Landívar, Foro Guatemala, el Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (G4) y el Mirador Electoral.
