Hoy lunes 27 de julio, a las 8:00 horas, en el Palacio de Justicia de Asunción se iniciará el juicio a los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012 y en la que fallecieron once labriegos y seis policías. El desalojo, cuyo resultado derivó en la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, fue llevado a cabo con una orden de allanamiento en unas tierras que habían sido donadas al Estado paraguayo, pero que se encuentran hasta ahora ilegalmente explotadas por la empresa Campos Morombí, propiedad del fallecido político colorado Blas N. Riquelme.
Rubén Villalba, Felipe Benítez, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Olmedo y Dolores López se encuentran acusados por invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa; Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería por invasión de inmueble y asociación criminal, mientras que Felipe Nery Urbina está procesado por “frustración a la persecución penal” al haber pasado por el lugar tras el tiroteo e intentado auxiliar a uno de los heridos. La joven RRVO será sometida a un proceso penal adolescente porque al momento de los hechos era menor de edad, en tanto que el también menor RABC ya fue condenado en un proceso abreviado.
Entretanto, fueron sobreseídos Juan Alberto Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Ángel Correa, quienes fueron detenidos cuando fueron al hospital regional para averiguar si había algún familiar entre las víctimas de la masacre.
Ningún policía investigado
El fiscal Jalil Rachid solo acusó a los campesinos y no hay un solo policía investigado ante las denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales que habrían cometido las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. El agente del Ministerio Público es también cuestionado por los lazos políticos que lo unen con la familia Riquelme y a pesar de haber sido recusado por parcialidad manifiesta fue confirmado en el caso.
Rachid funda su acusación en que las tierras son propiedad de Campos Morombí y que a sabiendas de ello los campesinos conformaron una asociación criminal jerárquicamente organizada para matar policías y apropiarse del inmueble. Esto a pesar de que la titularidad de las tierras se encuentra aún en litigio entre el Estado y la firma privada.
Espada de Damocles
A más de ello, los abogados defensores Vicente Morales y Guillermo Ferreiro están sometidos a un sumario por supuestos incidentes dilatorios que, según los interventores, impidieron la culminación de la audiencia preliminar y la derivación del caso a juicio oral. Sin embargo, la audiencia concluyó en octubre de 2013 y el juicio oral fue suspendido en tres ocasiones, las dos últimas por decisión del propio tribunal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, decidió mantener abierto el sumario y resolver de acuerdo a cómo termine el juicio, ejerciendo de ese modo una presión sobre la defensa bajo la amenaza de sanciones como la suspensión o incluso la cancelación de la matrícula, con lo cual ya no podrán seguir ejerciendo la profesión.
Los abogados denuncian que un sumario abierto por presuntas actuaciones en la audiencia preliminar no se puede extender a una instancia superior y que antes del inicio del juicio se debió haber resuelto, ya sea en forma de una condena o una absolución. En este sentido señalan que mediante la no resolución del sumario dejan pendiendo sobre la defensa una espada de Damocles para disuadirlos de presentar objeciones a la labor del Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia en una causa que ya tiene una condena dictada de antemano.
Las irregularidades verificadas durante el proceso como el ocultamiento de pruebas y la adición irregular de otros elementos (la filmación del helicóptero, la multiplicación de las cajas, la escopeta denunciada como robada una semana después de la masacre, etc.) han obligado al tribunal a posponer la realización del juicio bajo pretextos poco fiables como la supuesta falta de combustible para notificar a los testigos –casi todos ellos policías– o la no disponibilidad de salas en el Palacio de Justicia para la realización de la audiencia oral y pública.
Expertos en derechos humanos seguirán juicio por masacre de Curuguaty
En el juicio, pospuesto en varias ocasiones y que se prevé finalice el próximo 28 de agosto, serán 13 los campesinos juzgados, acusados de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, en tanto que 10 de ellos afrontan cargos de intento de homicidio a 6 policías, sin embargo, no hay nadie imputado por la muerte de 11 campesinos restantes.
Los expertos extranjeros acuden al juicio en calidad de “observadores internacionales” para vigilar “el respeto a los derechos humanos y procesales del proceso judicial”, según informó la Articulación por Curuguaty, que reúne a varias organizaciones sociales en torno a esta causa judicial.
A estos observadores está previsto que se una en las próximas semanas el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, destacado defensor de los derechos humanos en Argentina.
La Articulación por Curuguaty dijo que el proceso por la masacre ha recibido varias denuncias de violaciones a las garantías procesales de la defensa y de los imputados y acusados en el juicio.
Señaló además a la “persecución administrativa con carácter punitivo y coaccionante a la defensa técnica” del caso por parte de la jueza de garantías Janine Ríos y del fiscal de la causa Jalil Rachid, en relación con un sumario abierto a los abogados defensores.
La organización pide además que el juicio sea anulado dado que “no hay prueba alguna que señale a ninguno de los acusados como autores de homicidio”, y acusó a la fiscalía de “ocultar pruebas e infiltrar otras fuera de plazo y de forma”.
La plataforma llamó a la observación ciudadana del proceso y solicitó que el juicio, que se desarrollará en el Palacio de Justicia de Asunción, se traslade a una sala de mayor capacidad dentro de esta sede judicial, dado que el lugar fijado solo tiene capacidad para 60 personas.
El Poder Judicial dispuso la retransmisión del proceso a través de una pantalla gigante ubicada en la Plaza de la Justicia, en el exterior de la sede judicial.
Más de 300 policías acudieron a Curuguaty, departamento de Canindeyú, el 15 de junio de 2012, para desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito.
Durante el desalojo, se produjo un tiroteo cuyo origen aún es desconocido, y en él perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar un saldo de varios heridos.
El sangriento episodio propició una semana más tarde la destitución en un juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012).
El suceso se produjo en los terrenos de Marina Cué, llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.
La empresa Campos Morombí, que dice ser la propietaria de las tierras, mantiene un litigio que dura ya casi una década para defender su supuesta titularidad, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.
La empresa pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un histórico directivo del Partido Colorado durante la época de Stroessner.
La finca escenario de la masacre fue reocupada hace un mes por varias familias campesinas, tras “haber agotado todas las instancias de diálogo” con el Gobierno paraguayo para que resolviera la titularidad de las tierras.
