Destitución de Lugo: Ejecutivo y Legislativo evaden responsabilidad ante pedido de informe de la CIDH
El Poder Ejecutivo y el Legislativo intentar evadir la esponsabilidad de responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa que se cometieron durante el juicio político exprés que destituyó a Fernando Lugo de la presidencia en 2012 bajo la figura de mal desempeño de funciones una semana después de la masacre de Curuguaty.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió el pedido de informes del tribunal internacional –que admitió la demanda presentada por el expresidente–, pero derivó la solicitud al Legislativo. El canciller Eladio Loizaga señaló que es el Congreso el que debe responder el requerimiento, pues fue el encargado de la destitución. Expresó que en todo caso el Ejecutivo recibirá la respuesta del Congreso para remitirlo al tribunal.
En tanto, el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez, dijo que según la Constitución es el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República, el que debe defender al Estado ante las demandas. Añadió que Lugo no tiene nada que reclamar, pues se sometió al proceso y luego tomó parte de las elecciones realizadas por el gobierno que lo sustituyó, siendo electo y ejerciendo actualmente la labor de senador de la República.
Por su parte, Emilio Camacho, asesor jurídico del actual senador del Frente Guasu, dijo que lo que se pretende con la demanda es que se reconozca local e internacionalmente que se violaron los derechos fundamentales en el juicio contra el entonces presidente.
Lugo espera reparación ética, política y jurídica en la CIDH
El ex presidente de la República y actual senador del Frente Guasu, Fernando Lugo, hizo referencia ayer a su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en torno al juicio político en el Congreso, que derivó en su destitución.
Sostiene que no se cumplió con el debido proceso ni el derecho a la defensa, y que la herramienta constitucional se utilizó de manera forzada.
Refirió que el Senado se limitará a remitir los antecedentes a la CIDH, y que es la Procuraduría la que debe llevar la defensa del Estado.
Manifestó que de hecho, la reposición en el cargo es imposible, y lo que busca es una reparación ética, política y jurídica, y que justamente lo económico no es el objetivo.
Señaló que el próximo 26 de agosto fenece el plazo para remitir los datos que fueron solicitados por la CIDH.
Recordó que existen antecedentes sobre la defensa de la Procuraduría, y trajo a colación la demanda de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea, destituidos de la Corte, vía juicio político.
“Después de estudiar con el equipo jurídico, tenía la certeza de que aquí hubo una violación de mis derechos fundamentales. Cuando se habla de resarcimiento, muchos hablan de cuestiones pecuniarias. No es precisamente. Es una cuestión ética, jurídica y política”, aseguró Lugo, a periodistas de Última Hora, Cardinal y Popular, en su oficina.
“Muchos hablan de la reposición (en el cargo). Eso es imposible en todos los términos. Es simplemente un reconocimiento. Esto puede marcar jurisprudencia a nivel internacional”, consideró.
Trajo a colación que el caso de Paraguay no es el único caso, citando el de Manuel Zelaya, en Honduras.
“No aspiro a ninguna cuestión pecuniaria, pero sí por fortalecer la institución democrática, política y jurídica del país. Creo que sería saludable llevar adelante este proceso”, alegó el senador.
Insistido en el tema, refirió que seguramente evaluará con su asesoría jurídica.
Indicó que no se trata de crear una nueva discusión, y utilizó la frase de Poncio Pilato: “Lo escrito, escrito está”.
“No vamos a inventar nuevos informes, no se van a crear nuevos informes, ni nuevas argumentaciones. Simplemente se trata de recolectar todo eso, y hacer llegar a la CIDH”, manifestó.
antecedentes. Lugo recordó que en junio del 2012, la Nunciatura y la Conferencia Episcopal Paraguaya le pidieron su renuncia para evitar derramamiento de sangre.
“Si yo aceptaba esa propuesta, perdía todos mis derechos; entonces acepté someterme a un juicio político”, argumentó. Dijo que después de eso, acudió a la CIDH para reclamar sus derechos. “Algunos opinan que no tengo derecho a reclamar. Tengo todos los derechos”, sentenció.
