29 mar 2015

Libia está en las puertas de convertirse en un Estado fallido

 Un país desintegrado, divido en facciones políticas y tribales, dos gobiernos que buscan tomar el control a sangre y fuego, y un grupo de naciones, tanto regionales como distantes, que arman, financian e intentan tomar el control. Sobre ese país que supo ser un ejemplo sobrevive un pueblo devastado, víctima de la represión, olvidado por los grandes medios de comunicación. Como si fuera poco, en esa nación -bañada por el mar Mediterráneo y potencia petrolera-, semanas atrás se instaló públicamente el Estado islámico (EI), desatando una cacería contra la población.

LEANDRO ALBANI – Resumen Latinoamericano - 
Esta síntesis de la actualidad de Libia se desprende del diálogo que Resumen Latinoamericano mantuvo con Txente Rekondo, analista internacional, licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Ciencias Políticas.
Una muestra concreta de lo que sucede en suelo libio la dio ayer Claudio Cordone, jefe de la división de derechos humanos de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en el país norafricano. El funcionario aseguró que ahora “Libia es más opresiva” que en la época en que gobernaba Muammar Al Gaddafi.
Rekondo, que desde hace años sigue la situación en Medio Oriente y África a través de artículos y ensayos, explicó de forma detallada qué sucede en territorio libio, luego de que la Organización del Tratado para el Atlántico Norte (OTAN) derrocara en 2011 a Gaddafi. “La entidad política cohesionada formada en torno al liderazgo de Gaddafi ya no existe”, aseguró el especialista. Y detalló que, entre otros profundos problemas, las mujeres libias son las más golpeadas. Para Rekondo, después de la invasión de la alianza atlántica proliferó “la inseguridad física y las políticas reaccionarias en materia de género”, por los cual se condena “a las mujeres a sufrir todo un abanico de situaciones perjudiciales y vejatorias”.
-¿Cuáles son las características principales de la actual Libia luego de la invasión encabezada por la OTAN?
-Tras cuatro años del comienzo de la intervención y agresión contra Libia, impulsada por Estados Unidos y sus aliados, la realidad es de completo caos. El país está a las puertas, sino las ha cruzado ya, de convertirse en un “Estado fallido”. La entidad política cohesionada formada en torno al liderazgo de Gaddafi ya no existe. Con dos alianzas heterogéneas combatiendo entre sí, reivindicando cada una de ellas la legitimidad de sus respectivos gobiernos, sus parlamentos y sus ejércitos, el panorama se asemeja cada vez más a una guerra civil. A eso se añade la polarización e incremento de divisiones regionales, tribales, sociales e ideológicas que aumentan aún más la citada sensación de caos generalizado.
El EI aprovechó el deterioro de la situación y busca incrementar su presencia y su poder, tal y como lo ha hecho en Siria o Irak, siguiendo allí también las pautas de un guión intervencionista marcado por Estados Unidos y sus aliados. También existe la injerencia de actores extranjeros, con Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos apoyando uno de los bandos, mientras que Turquía y Qatar apuestan por la otra parte.
Antes de la intervención de la OTAN, Libia encabezaba los índices de desarrollo de África. Hoy en día los riesgos físicos para la población, la destrucción de la calidad de vida, una economía en caída libre y las principales infraestructuras destruidas reflejan la dolorosa situación del país. Sirva como ejemplo el importante retroceso que han sufrido las mujeres en Libia. Durante la época de Gaddafi, el acceso al trabajo y la educación (acceso ilimitado y gratuito en todos los niveles) por parte de las mujeres libias era generalizado, siendo común que éstas fueran juezas, pilotos de aviación, abogadas o profesoras universitarias, por citar unos pocos casos. Tras la intervención de 2011, la inseguridad física y las políticas reaccionarias en materia de género han revertido esa tendencia, condenando nuevamente a las mujeres a sufrir todo un abanico de situaciones perjudiciales y vejatorias.
-¿Qué desenlace piensa que tendrán las pujas internas en Libia, teniendo en cuenta las fuerzas enfrentadas?
-A la vista de las diferentes alianzas, y de los diferentes actores locales y extranjeros que se presentan sobre el tablero libio, se hace difícil anticipar un desenlace final. Todo parece indicar que la situación, lejos de mejorar, podría empeorar aún más con consecuencias dolorosas no sólo para la población local o para los países de la región, sino que las consecuencias podrían acabar afectando a los actores que impulsaron en su momento la intervención.
El auge del EI y de otras corrientes del llamado jihadismo transnacional, la pugna entre esas tendencias o la radicalización en clave reaccionaria de importantes sectores sociales de la región, pueden conducir el futuro hacia un panorama mucho más negro y caótico que el actual.
-¿Existe la posibilidad de que en Libia se conforme una fuerza progresista o de resistencia ante la actual dirigencia reaccionaria?
-En estos momentos, la situación puede desembocar en una realidad muy parecida a la que aconteció en Irak. No es sencillo predecir una alianza en clave progresista a corto o medio plazo. La intervención de la OTAN, además de acabar físicamente con la vida de Gaddafi, acabó también con el proyecto de éste, el mismo que logró superar las importantes diferencias sociales o tribales para presentar a Libia como modelo de desarrollo en el continente africano. Las diferentes agendas de intereses de los actores citados anteriormente impulsarán un incremento de las diferencias identitarias, regionales y tribales, haciendo primar los intereses locales y la polarización sobre otros elementos y evitando que Libia vuelva a conformarse como una entidad estatal unida.
-Lo que sucede hoy en Libia, ¿puede afectar a otros países del Magreb y al resto de África?
-La desintegración material del Estado libio está teniendo sus consecuencias en el conjunto de la región. La desestabilización interna está afectando a nivel social, político y militar a los estados vecinos. Países como Argelia, Túnez o Egipto están viendo con preocupación las consecuencias directas de la intervención en Libia, aunque al mismo tiempo parece que apuestan por medidas que, lejos de solucionar la situación, puede acabar empeorándola todavía más. La avalancha de refugiados libios a los países vecinos, la existencia de unas fronteras difíciles de controlar, la presencia de grupos jihadistas que buscan refugio y soporte en zonas de importancia geoestratégica, los diferentes tipos de tráfico ilegal (armas, drogas, personas) son factores que ayudan a comprender la actual situación regional. Egipto es consciente de los problemas internos que tiene, y la presencia de grupos jihadistas en Libia que pueden lanzar ataques contra el gobierno egipcio o apoyar a grupos locales que están combatiendo a los golpistas egipcios preocupa mucho a las élites.
Túnez ha mostrado en estos días la facilidad con la que organizaciones jihadistas pueden atacar a los representantes políticos o a una de las fuentes económicas del país, el turismo. Lo que induce a entender que una desestabilización del pequeño país norteafricano podría ser factible a medio plazo también. Argelia teme la extensión de organizaciones afines al Estado Islámico y, consciente de la dificultad para controlar las fronteras, busca acuerdos regionales para salvaguarda su frágil estabilidad interna. Los dirigentes argelinos saben que cualquier protagonismo de su parte podría traer consecuencias muy peligrosas, y está en la mente de todos el reciente pasado sangriento del país.
Tampoco hay que olvidar la desestabilización que se ha generado en los países del Sahel tras la agresión contra Libia. La rebelión del pueblo tuareg en Malí ha sido seguida de un aumento considerable del protagonismo de los grupos jihadistas, la adhesión del nigeriano Boko Haram al califato del EI, las dificultades de países como Mauritania o Níger para controlar sus propias fronteras son otras piezas del conflictivo y complejo puzle regional.

Informe de la ONU reconoce que en el 2014 hubo récord de palestinos muertos

El informe analiza las causas subyacentes o responsables de la situación humanitaria en los territorios palestinos, “deteriorada por una prolongada ocupación” de Israel. El mayor número de víctimas que dejó la operación contra Gaza.


29 marzo 2015 
Gaza-july-580x329







El 2014 fue un año “devastador” desde el punto de vista humanitario para los palestinos, que vivieron la mayor pérdida de vidas humanas desde la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, dijeron ayer responsables de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Así queda reflejado en el informe titulado “Vidas fragmentadas” presentado por la agencia de la ONU para la coordinación de Asuntos Humanitarios, que destaca cómo el año pasado 1,8 millón de personas sufrieron una escalada de las hostilidades en Gaza, donde 1500 civiles palestinos murieron –incluidos 550 niños– y otros 100.000 perdieron sus hogares durante la operación “Margen protector” lanzada el verano pasado por el ejército israelí en la Franja de Gaza.
Asimismo, en Cisjordania se batió un record del número de palestinos muertos en enfrentamientos con fuerzas armadas israelíes –58– y de gente desplazada por las demoliciones de viviendas no por razón del conflicto bélico, sino por falta de permisos de construcción en la denominada área C (bajo control militar y administrativo israelí) y en Jerusalén Este, que afectó a más de 1200 personas.
El informe trata de mostrar cómo “el territorio palestino está fragmentado en diferentes niveles por diferentes elementos”, explicó el director del Departamento de Investigaciones de la agencia de la ONU en Jerusalén, Ezekiel Lein. Uno de ellos es, dijo, “la división geográfica entre Cisjordania y Gaza mediante una política de separación implementada por el gobierno de Israel” y las restricciones al comercio entre ambas zonas, lo que “dificulta las posibilidades de lograr un empleo o reducir la pobreza”, acuciada por la discontinuidad entre Cisjordania y Jerusalén Este.
Además, apuntó, está “la política interna palestina con las dos zonas gobernadas por facciones diferentes que tienen falta de coordinación entre ellas y están en conflicto, lo que se refleja en los servicios que se da a la gente, la crisis de los salarios, etcétera.”
El informe analiza las causas subyacentes o responsables de la situación humanitaria en los territorios palestinos, “deteriorada por una prolongada ocupación y la implementación de políticas israelíes que socavan las posibilidades de vivir una vida normal, autosuficiente”. Los palestinos “siguen siendo objeto de amenazas a sus vidas, su seguridad física y su libertad”, constata la OCHA. “Si hay que resumir, el problema principal en Gaza y Cisjordania a nivel humanitario es el tema del área C y el uso discriminatorio de la tierra bajo la ocupación israelí”, dijo Lein.
“En Gaza, el tema es más complejo porque existe la necesidad de levantar el bloqueo y de que los donantes cumplan sus promesas, y de que las facciones palestinas implementen lo acordado para iniciar la reconstrucción” tras los 50 días de operación militar en 2014, agregó.
Para lograr cualquier mejora de la situación, la agencia considera que Israel debería cumplir como potencia ocupante con sus obligaciones de proteger y garantizar las necesidades básicas y los derechos humanos de la población civil palestina, así como terminar con los desplazamientos forzosos, la violencia sin responsabilidad y la imposición de restricciones. Y que todas las partes en conflicto deberían actuar de acuerdo con el derecho internacional y evitar el daño a civiles, además de aceptar sus responsabilidades ante la ley, según la OCHA.
(Tomado de Página 12, Argentina)

El Código Penal tilda de “terrorismo” las filtraciones

ESPAÑA
Malos tiempos para el periodismo. La reforma del Código Penal en materia de terrorismo que verá la luz este jueves con los votos a favor del Partido Popular también establece que las filtraciones periodísticas serán consideradas como delitos de terrorismo.
28 Mar 2015 
La Marea 
Así se deriva del artículo 197 bis de la norma: “El que por cualquier medio o procedimiento vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años”.
De este modo será considerado como “terrorismo” cuando de estas acciones se pretenda que se busca “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”, “alterar gravemente la paz pública”, “desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional” o “provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”. Hasta el momento se consideraba terrorismo como aquellas acciones que pretendían subvertir el orden constitucional por métodos violentos.
A esa misma pena de prisión (de seis meses a dos años) deberán hacer frente aquellos que faciliten a terceros “un programa informático, concebido o adaptado o una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información”.
Para la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información,”considerar terrorismo los delitos informáticos, en su nueva definición, también puede llegar a afectar a quien investiga y escribe en este campo”. “El hecho de que periodistas o cualquier persona realizando labores informativas puedan ser considerados terroristas, aunque finalmente resultaran no condenados, es muy grave: la simple posibilidad de ser acusados representa la suspensión de garantías democráticas, como pinchazos telefónicos sin autorización judicial o detención incomunicada durante cinco días”, aseguran.
Según una enmienda introducida en el Senado, tanto la Reforma del Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana entrarán en vigor el 1 de julio de 2015,  salvo la disposición final primera referida a las “devoluciones en caliente” en Ceuta y Melilla,  que estará vigente al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Colombia: con acuerdo sobre responsabilidades, cierra nuevo diálogo entre el Gobierno y las Farc

Los negociadores del Gobierno y las Farc cerrarán hoy el ciclo 34 de los diálogos, con el objetivo de concretar el cuarto tema del proceso de paz ajustan siete meses y, según ambas partes, en las próximas semanas debe agilizarse “la redacción del acuerdo” luego del reconocimiento de responsabilidades en el informe de la Comisión Histórica del Conflicto.


El ciclo anterior se cerró el pasado siete de marzo con un acuerdo para iniciar el largo proceso de retirada de miles de minas antipersona sembradas en el territorio colombiano en las últimas décadas, y en los últimos días se produjeron otros gestos dirigidos a fortalecer la negociación iniciada en noviembre de 2012 en La Habana.
“Ojalá lleguemos pronto a unos acuerdos”, dijo hoy el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien recordó que el proceso está “entrando a la parte más difícil”, pero confió en que “si hay voluntad y tenemos la disposición de tomar las decisiones que hay que tomar, podemos llegar a acuerdos muy rápido”.
Santos habló antes y después de reunir por primera vez a la Comisión Asesora para la Paz cuya creación anunció hace una semana en el mismo discurso en el que ordenó la suspensión por un mes de los bombardeos a los campamentos de las FARC.
El presidente tomó esta decisión tras reconocer que esa guerrilla está cumpliendo el cese el fuego unilateral e indefinido iniciado el pasado 20 de diciembre.
Por su parte, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, expresó la semana pasada su convicción de que con gestos como los recientes el país está “caminando de manera correcta hacia la consecución del fin del conflicto” y dijo esperar que en el próximo ciclo, que comenzará mañana en La Habana, se pueda dar impulso a “otros gestos de desescalamiento”.
Antes de partir de la base militar de Catam, en Bogotá, la delegación liderada por De la Calle participó en la reunión de la Comisión Asesora para la Paz, que aglutina en torno a un proyecto nacional a representantes de distintas fuerzas políticas, económicas y sociales del país.
Esa reunión tuvo como objetivo discutir las funciones y los objetivos de la Comisión que se encargará de asesorar a Santos y a los negociadores en los temas que se están discutiendo en La Habana y cuyos integrantes podrán exponer su visión del proceso de paz, incluso con críticas.
De la Comisión hacen parte miembros de la oposición conservadora, como el expresidente Andrés Pastrana (1998-2002) y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, así como el cardenal Rubén Salazar y el exministro de Defensa y general retirado Rafael Samudio Molina.
La integran además los excandidatos presidenciales Antanas Mockus, que fue alcalde de Bogotá, y Clara López, presidenta del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo; el presidente del grupo Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, y el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, entre otros.
Tras la primera cita, que se prolongó por más de tres horas, Santos anunció algunos cambios en el modus operandi del equipo negociador relacionados directamente con la función de los generales retirados Jorge Enrique Mora, del Ejército, y Óscar Naranjo, de la Policía, que no viajaron esta vez a la capital cubana.
Según el mandatario, la presencia constante de Mora y Naranjo en Cuba “no va a ser necesaria” porque están en La Habana el general Javier Flórez, del Ejército, acompañado de otros cuatro generales de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y un almirante, todos en servicio activo, que hacen parte de la subcomisión de fin del conflicto.
Por esa razón, Mora y Naranjo permanecerán esta vez en el país “haciendo una labor muy importante” pues el primero acompañará al presidente en reuniones con miembros de las Fuerzas Armadas para explicarles con detalle lo que se negocia en Cuba.
En las Fuerzas Armadas hay sectores contrarios al proceso de paz que dan por ciertas especulaciones en el sentido de que en La Habana se están discutiendo con las FARC cambios en la doctrina militar y en el futuro papel del Ejército si se firma la paz.
Santos reconoció que “ha habido algunos mal entendidos” con los militares que considera importante aclarar.
Naranjo, por su parte, tiene además el cargo de ministro consejero para el Posconflicto y como tal, según el presidente, “necesita meterle el acelerador a una serie de decisiones” relacionadas con esa fase del proceso.

MEXICO: Bancos “lavaron” 90 mil millones de pesos en 2 años

En lo que va del actual sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 174 denuncias ante la PGR tras detectar operaciones en el sector financiero con recursos de procedencia ilícita, por más de 91 mil millones de pesos, descubre la respuesta de la Secretaría de Hacienda a una solicitud de información presentada por Contralínea. En ese mismo lapso, se logró el aseguramiento de 1 mil 800 millones de pesos que habían sido lavados en el sistema, revela en entrevista el director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP, Alberto Elías Beltrán

por Nancy Flores

28 DE MARZO DE 2015

Del 1 de enero de 2013 al 26 de enero de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– presentó 174 denuncias en contra de instituciones del sector financiero, incluidos bancos, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.

Dichas acusaciones, levantadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), implican un monto total de 91 mil 865 millones de pesos, informa la Secretaría de Hacienda en la respuesta a la solicitud de información 0000600025115, hecha por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Aunado a ello, en lo que va de este sexenio y derivado de las denuncias de la UIF, se aseguraron 1 mil 800 millones de pesos, afirma en entrevista Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP.

Los más de 90 mil millones relacionados con las recientes denuncias, para un periodo de 2 años 1 mes, representan el 84 por ciento de lo que denunció la misma UIF en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón –109 mil 254 millones 173 mil pesos–, cuando supuestamente se libraba una “guerra” contra el crimen organizado. El peor año fue 2012, cuando sólo presentó 35 denuncias por 3 mil millones de pesos.

Al respecto, Alberto Elías Beltrán comenta que en ese último año del gobierno calderonista sólo se aseguraron alrededor de 355 millones de pesos. “Una cantidad pequeña”, considera el funcionario.

En entrevista, destaca los resultados de la actual administración: en 2013 se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero por las cuales, con la actuación del Ministerio Público, se aseguraron poco más de 800 millones de pesos; agrega que el año pasado se presentaron 87 denuncias y se aseguraron alrededor de 1 mil millones de pesos.

Alberto Elías Beltrán indica que esto se ha logrado por el nuevo marco normativo con el que opera la Unidad de Inteligencia Financiera, mismo que le ha permitido a la Secretaría de Hacienda tener una mayor visibilidad en materia de combate al lavado de dinero: porque antes únicamente recababa la información de las entidades financieras.

En efecto, los datos oficiales entregados a Contralínea por la SHCP indican que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 se presentaron 84 denuncias contra instituciones financieras que operan en México, las cuales tuvieron un monto total asociado por 28 mil 5 millones de pesos. Además, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, fueron 87 denuncias por 59 mil 384 millones de pesos; y del 1 al 26 de enero de 2015, tres denuncias por 4 mil 476 millones de pesos.

El director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP explica a Contralínea que las denuncias que presenta la UIF ante la autoridad de procuración de justicia van debidamente soportadas: son denuncias robustas, sólidas, que permiten al Ministerio Público actuar de manera más ágil y con mayores elementos.

En algunos casos, detalla el funcionario, esto le permite a la PGR ahorrar tiempo, porque la Secretaría de Hacienda está facultada para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con ello soportar las denuncias de operaciones que ya son consideradas por la Secretaría de Hacienda como operaciones vinculadas a recursos de procedencia ilícita.

Elías Beltrán agrega que el lavado de dinero es un delito muy sofisticado que requiere la integración con elementos distintos a los de otros ilícitos, porque es muy difícil tener pruebas directas: “Se tiene que acreditar con pruebas circunstanciales, indiciarias, obviamente todo esto en el marco de la ley y respetando los derechos humanos que consagra la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”.

No obstante, para el investigador Jorge Retana Yarto, especialista en inteligencia para la seguridad nacional y maestro en ingeniería financiera, a pesar de que se construyó y promulgó una Ley de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita mucho más completa que la que existía –puesto que incluyó a “sectores vulnerables” que antes no se contemplaban, como galerías de arte, fundaciones, operaciones comerciales en efectivo, afianzadoras, aseguradoras, más operaciones en efectivo con dólares en la banca comercial–, no existe una acción sistemática, multifacética y con un gran número de especialistas tras el dinero procedente del crimen trasnacional.

Ello, indica, se debe a que la modalidad y los medios predominantes para el combate, tanto en el sexenio pasado como en el actual, es la confrontación armada con los criminales, la captura de los liderazgos, y no un ataque preponderante a la estructura financiera que, conforme a los acuerdos signados por México en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), deben ser atacados por las unidades de Inteligencia Financiera.

Para el autor de los libros El imperio de las mafias transnacionales y Mafia transnacional y economía criminal: México en la órbita de un poder paraestatal, se actúa reactivamente ante denuncias concretas, mientras que los decomisos importantes que pueden haberse hecho son por dinero existente en “casas de seguridad” descubiertas o cuando se captura a los líderes criminales junto al tesorero de la organización. Al respecto, las autoridades estadunidenses indican que, de 2002 a 2014, México logró asegurar sólo 500 millones de dólares.

El maestro Jorge Retana considera que los casos con esas características no logran debilitar ni lejanamente la estructura financiera criminal, que es muy poderosa. Lo mismo sucede con la Ley de Extinción de Dominio, dice el investigador, perfeccionada pero muy poco usada por el predominio de la lucha armada contra las organizaciones.
México, centro de lavado

Cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos denuncia en su International narcotics control strategy report que el sistema financiero mexicano es un centro de lavado para el crimen organizado, al tiempo que estima que en este país se blanquean entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anualmente.

Esa última cifra ha sido reafirmada el pasado 9 de marzo por Kenneth Blanco, subprocurador general estadunidense, cuando aseguró que la delincuencia organizada lava 29 mil millones de dólares al año tanto en México como en Estados Unidos (Víctor Cardoso, La Jornada, 10 de marzo de 2015).

Al respecto, Alberto Elías Beltrán descalifica el monto al indicar que no hay ninguna metodología avalada por el GAFI con la cual se pueda sostener algo así o, siquiera, poder estimar cuánto dinero se lava en México o en cualquier otro país. Por ello, asegura, se puede confiar plenamente en el sistema financiero mexicano, pues los controles establecidos en la ley antilavado han dado resultados positivos tanto en prevención como en combate.

Añade que el blanqueo de capitales es un delito que afecta de manera global a todos los países y que, por ello, es el GAFI el que establece los estándares internacionales en materia de prevención y combate a dos fenómenos delictivos: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

No obstante, en su reporte de 2014 –el más reciente publicado hasta ahora–, el Departamento de Estado estadunidense advierte que México es considerado un importante productor de drogas ilegales y país de tránsito para las mismas, y que el producto del tráfico ilícito de drogas destinadas a Estados Unidos es la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano.

Agrega también que las otras fuentes importantes de recursos de procedencia ilícita que son lavados en el sistema financiero incluyen la corrupción, el secuestro, la extorsión, la piratería, la trata de personas y el tráfico de armas de fuego. Según las autoridades estadunidenses, tan sólo las organizaciones de narcotraficantes envían entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales a México desde Estados Unidos.

El maestro Retena Yarto indica que el instrumento contra el blanqueo de capital de origen criminal es la inteligencia financiera amplia, altamente especializada, sistemática y acompañada de instituciones de procuración de justicia con capacidad institucional para actuar respecto de la magnitud del problema.

En entrevista, el investigador observa que el fracaso de las instituciones en el combate al lavado de dinero vuelve a las organizaciones criminales extremadamente difíciles de vencer, porque les da capacidad de resistir los embates armados del Estado, de contraatacar y expandirse a otras regiones continentales (Centro y Suramérica).

Además, dice, les da un inmenso poder de soborno, corrupción y de asociación criminal, tanto en la empresa privada como con los altos funcionarios. Por ello, asegura, la estrategia actual es un fracaso de largo plazo, pues está equivocada y es altísimamente costosa en lo social, disimulada por golpes mediáticos.

En el caso de las capturas de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y Miguel Treviño Morales, el Z-40, pregunta: “¿Cuál ha sido la consecuencia en cuanto al golpe de sus estructuras financieras? Nadie sabe nada, nadie sabe si se ha procedido contra ellas. Porque la otra cara de la moneda de esta estrategia es la exhibición pública de ‘golpes mediáticos’ para cambiar la percepción social sobre el tema. Pero eso no puede ser una estrategia seria, sistemática, multifacética y efectiva para golpear a profundidad el poder financiero del crimen trasnacional”.
En PGR, resultados mediocres

Lejos de los golpes mediáticos, los resultados que arroja la PGR parecen no ser tan contundentes. La Evaluación número 1207. “Política pública de seguridad pública”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicada en febrero pasado, indica que la UIF presentó 316 denuncias por lavado de dinero en el sector financiero entre 2007 y 2013. De éstas, en la PGR el 51.9 por ciento (es decir, 164) se encontraba pendiente de despacho; el 35.4 por ciento (112) fue consignada ante la autoridad judicial competente, y el 12.7 por ciento (40) restante no se consignó, ya sea por la determinación del no ejercicio de la acción penal, la acumulación de la averiguación previa o la determinación de enviarla a reserva. Las 316 denuncias involucraron a 1 mil 837 instituciones financieras, detalla.

Lo anterior, a pesar de la UIF?entrega expedientes concluyentes sobre la procedencia ilícita del dinero.

Respecto del estado que guardaron las averiguaciones previas resultado de las denuncias presentadas por la UIF ante la PGR, la ASF indica que las que fueron consignadas ante la autoridad judicial competente se incrementaron en 91.7 por ciento, al pasar de 12 en 2007 a 23 en 2013; en contraste, las averiguaciones previas despachadas que no se consignaron decrecieron en 20 por ciento, de cinco averiguaciones previas no consignadas en 2007 a cuatro en 2013.

Agrega que si bien han disminuido las averiguaciones previas que no se consignaron ante un juez con relación a las averiguaciones previas efectivamente consignadas, el número de averiguaciones previas pendientes de despacho se incrementó 6.1 veces durante el periodo, al pasar de ocho en 2007 a 57 en 2013.

En entrevista, Alberto Elías Beltrán explica que el trabajo de la UIF incluye la coordinación con las autoridades encargadas de la procuración de justicia. Una vez que se presentan las denuncias, detalla, es la PGR la encargada de integrar los expedientes. Por ello, señala la importancia de que México cuente con personal capacitado y especializado en el tema no sólo en la Secretaría de Hacienda, sino en la PGR y en el Poder Judicial.

Según el funcionario, con la nueva ley antilavado México tiene un régimen mucho más robusto y una mayor coordinación. “Se están dando los resultados. No ha sido fácil porque es un cambio, un proceso que ha venido dándose con el propósito de quitarle el mayor número de activos a la delincuencia organizada, pero también con el propósito de obtener sentencias condenatorias y la determinación de los decomisos. Estamos en eso, se están empezando a dar, pero es un proceso. También no hay que olvidar que ha habido un número de sentencias a nivel estatal, porque hay varias entidades federativas que ya tienen regulado en su marco normativo el tipo penal de lavado”.

Elías Beltrán se dice seguro de que “en la evaluación [del GAFI], que será en 2017, el resultado de la efectividad va a ser muy bueno y nos vamos a posicionar a nivel internacional mucho mejor de lo que estamos. Hoy estamos muy bien posicionados en un régimen de prevención y combate al lavado de dinero, pero a lo mejor sí lo que falta es esa efectividad: que los ciudadanos vean que sí somos efectivos en todo este combate derivado de este proceso de modificaciones de las leyes y la capacitación de quienes participamos en esto”.

Sin embargo, Retana Yarto observa que el sistema financiero actual es inconcebible sin la inmensidad de los fondos provenientes de la criminalidad trasnacional, los cuales se entremezclan con los fondos de origen lícito hasta que logran “desaparecer” su origen real.

“Si sumas monetariamente el valor de los distintos mercados de productos y servicios criminales llegas a una cifra cercana a los 4.5 billones de dólares anuales, los cuales no están en fosas, sino en el conjunto del sistema financiero internacional. Éste ha sido un subproducto de la globalización, integración y liberalización de los mercados financieros como modelo de finanzas internacionales. Por ello, en la mayoría de los países más desarrollados se castiga el blanqueo de capitales desigualmente: castiga a quien deposita dinero ilícito en el sistema bancario o bursátil pero no a la institución que los recibe y los moviliza con fines de lucro, quien siempre aduce ‘problemas de instrumentación de la normatividad’ internacionalmente aceptada para evitar el problema, o ‘fallos en la responsabilidad de los oficiales de cumplimiento’ bancarios encargados de su instrumentación, y asumen la multa. No hay banqueros o altos funcionarios encarcelados: hay una asimetría absurda, pero es la tónica internacional en la materia. En realidad, las instituciones bancarias están protegidas con este tipo de legislación, blindadas, tienen un certificado de semi-impunidad”.

El investigador refiere que en este problema del blanqueo de capitales son las altas comisiones que pagan los tesoreros de las organizaciones trasnacionales del crimen mafioso: suman entre 10 y 25 por ciento del monto depositado o invertido para su legitimación. Es altísima, casi cualquiera toma el riesgo (aquí sí) de aceptar dinero ilícito, porque internamente saben cómo procesar su blanqueo.

Respecto de las garantías que se pueden tener de que el sector formal (incluido el sistema financiero) no participa en la trama criminal como lavador de activos, señala que no hay ninguna. “En condiciones de una economía con los fallos estructurales como los que tiene la mexicana, en donde las pequeñas y medianas empresas (a pesar de que cada año se incrementen nominalmente los fondos que se les entregan para sus planes productivos) se mantienen en la marginación, los fondos ilícitos son una enorme tentación para los empresarios y una enorme ventana de oportunidades para los tesoreros de tales organizaciones”.

Sobre este punto, pregunta: “¿Qué ha sucedido con las 3 mil 500 empresas que se dijo dominaba el Cártel de Sinaloa?, ¿cómo se hizo de ellas?, ¿cuáles y en qué sectores están? Nada, simplemente nada. No hay que olvidar que el crimen trasnacional organizado como mafia, al ser organizaciones paraestatales, ocupan los lugares que el Estado ataca deficientemente o no ataca como parte de sus responsabilidades sociales”.

Respecto de lo que falta por hacer en México para combatir el ilícito, Retana Yarto enlista lo siguiente: a) modificar la estrategia actual; b) derivarla hacia el quiebre de la capacidad financiera de las organizaciones criminales transnacionales; c) que los planes de “ayuda, capacitación y entrenamiento” que existen con Estados Unidos y otros países (se acaba de firmar uno con Gran Bretaña), incluyan un número sustancial de especialistas en blanqueo de capital y en la ejecución de las UIF estatales o regionales; e) generar la capacidad institucional (instancias judiciales y jueces especializados en blanqueo de capital) para atender sistemáticamente este tema; f) crear –como existe en otros países– no sólo una policía cibernética, sino una policía financiera, apoyada por un ejército de especialistas, varias UIF más y tribunales especializados. Sin ello, el grado de aplicación del marco normativo actual es casi inexistente, o inservible; g) elevar a categoría de tema de seguridad nacional la lucha contra este fenómeno.
Nancy Flores




Nancy Flores

Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicanaContralínea. Periodismo de Investigación. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investiga: lavado de dinero, paraísos fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental, temas energéticos. (Twitter)

Fuente
Contralínea (México)

El pacto Citi-Singer

La filial Nueva York del Banco Nación consulta a un juez de primera instancia, del fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, si tiene que cumplir con el contrato que lo obliga a girar unos pocos dólares aplicables a unos pagos correspondientes a bonistas estadounidenses ajenos a un juicio entre un sujeto público estadounidense con un fondo de inversión argentino con estrategias extorsivas para cobrar. Y el juez a veces la autoriza y en otras no, pero al final sí.


 Por Alfredo Zaiat


Es un absurdo la situación. Imposible de pensar con un mínimo criterio de equidad jurídica y financiera. Es insólito sin justificación por la existencia de la prórroga de jurisdicción, cuestión que no está involucrada en este asunto de la cadena de pago, sino por el comportamiento disparatado de la entidad financiera ajena al conflicto entre partes. Es lo que ha hecho el Citibank Argentina, y sólo porque se trata de una de las filiales de uno de los bancos más grandes del mundo y porque es estadounidense, con la impunidad que eso significa, su comportamiento es naturalizado como si fuera parte de las reglas de juego de las finanzas. No es así. Lo que hizo el Citi es inconcebible si se evalúa la sucesión de los acontecimientos de un juicio con otros componentes extravagantes. Pero deja de serlo si se analizan los vínculos de negocios y relaciones de poder que se construyen en el estadio de mayor sofisticación de las finanzas globales. Con la última movida, el Citi decidió pasar a jugar como aliado de los fondos buitre que están atacando a la Argentina para cobrar una sentencia por un monto inflado de deuda en default. La arrogancia de estar convencido de que sus acciones están por encima de las leyes argentinas recibió una respuesta inesperada: fue sancionado por la Comisión Nacional de Valores con la suspensión para operar en el mercado bursátil. Fue la respuesta del Gobierno para exponer y neutralizar el pacto Citi-Singer.
El juez Thomas Griesa decidió bloquear el cobro de los vencimientos de intereses de los bonos del canje de deuda en default 2005 y 2010 para forzar a la Argentina a pagar el reclamo de los fondos buitre. Los bonistas del canje quedaron como rehenes. Las entidades financieras encargadas de canalizar el dinero depositado por el país han estado teniendo diferentes actitudes ante la decisión del juez municipal (del distrito sur de Nueva York) de primera instancia. Frente al bloqueo de Griesa, el Citi Argentina le pidió permiso para girar los dólares de bonos con legislación argentina a inversores argentinos y del exterior. Ningún otro banco, en las mismas condiciones del Citi, hizo lo mismo, lo que impidió que Griesa pudiera ampliar su jurisdicción por fuera de Nueva York al resto de los bancos. Sólo el Citi le abrió las puertas. Cuáles fueron las razones de esa decisión involucrando la actividad de la filial argentina, desconociendo la legislación argentina para subordinarse a la estadounidense, todavía no fueron informadas por el banco.
Resulta interesante detallar el recorrido, ya no por los componentes de chicanas jurídicas y efectos financieros, sino como expresión de la forma en que se despliega el poder de las finanzas:
- Griesa bloqueó los pagos a los bonistas a mediados del año pasado.
- En un primer momento, el juez aclaró que esa medida no alcanzaba a los bonos ley argentina.
- Luego de una presentación de los fondos buitre, se arrepintió.
- Entonces, el Citi le preguntó qué debía hacer su filial argentina con los bonos argentinos de sus clientes argentinos.
- Para sumar extravagancias, el juez autorizó al banco en tres oportunidades “por única vez” a canalizar los fondos pagados por Argentina a los bonistas.
- En la cuarta, le negó esa posibilidad.
- El Citi pidió un stay (cautelar) para ganar tiempo y cumplir entonces con el compromiso que tiene con la Argentina y con sus clientes, proponiendo que se retiraba de esa actividad en futuros pagos de intereses de bonos argentinos.
- Griesa le rechazó ese pedido, para después aprobarlo.
- ¿Qué pasó en el medio? El Citi acordó con los fondos buitre liderados por Paul Singer.
- Griesa le brindó entonces luz verde al Citi por pedido de Singer.
De ese modo ha quedado expuesto en forma aún más transparente que el juez hace y deshace en el litigio según los dictados de los intereses de Singer & cía.
La alianza Griesa-Singer ya era conocida; la nueva es la del Citi-Singer. La entidad financiera cambió la posición que expuso en diferentes oportunidades en audiencias del juicio. Había postulado que la orden de Griesa la obligaba a violar leyes argentinas, que era contraria a derecho porque se extralimitaba en su jurisdicción, y que le resultaba de imposible cumplimiento porque no se pueden distinguir los pagos correspondientes a los bonos argentinos del canje de aquellos que fueron emitidos posteriormente, por ejemplo los entregados a Repsol por las acciones de YPF. El Citi había reconocido en sus presentaciones a Griesa que su filial argentina puede ser sancionada por no cumplir con la ley argentina.
Pruebas del cambio de camiseta del Citi se encuentran en las presentaciones que había realizado ante el juez, cuando trataba de convencerlo de que lo que estaba ordenando para favorecer a los buitres lo ponía en una situación vulnerable ante las leyes argentinas. El Citi había afirmado:
- “Si Citibank Argentina no remite a sus clientes los fondos que recibe, tal como lo hará el resto de los custodios, incumplirá la ley bancaria de Argentina.”
- “La República podría revocar la licencia del Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados.”
- “La orden del 28 de julio (de 2014) obliga a Citibank Argentina y a sus empleados a violar las leyes de la República Argentina, ya que la única forma de cumplir con la orden del 28 de julio sería exigiendo a individuos en Argentina que actúen en violación de las leyes penales locales.”
La abogada del Citibank, Karen Wagner, le dijo a Griesa: “Aquí, Su Señoría, diré que torna muy claro que el Citibank no debería ser compelido por ninguna medida de esta Corte a violar las leyes bancarias de Argentina. Primero que todo, Argentina tiene un legítimo interés en aplicar sus leyes bancarias. Segundo, no hay razón por la cual Citibank Argentina podría haber esperado que una directiva proveniente de los Estados Unidos le diría que viole las leyes de Argentina”.
Cuando Griesa no autorizó en la cuarta oportunidad y rechazó el stay, el Citibank Argentina informó al Ministerio de Economía que su casa matriz había decidido que su filial disponga de un plan para abandonar el negocio de custodia de títulos en el país. En esa comunicación aseguraba que esa medida iba a realizarse conforme a la ley argentina aplicable a esa actividad “sin perjudicar los intereses de nuestros clientes de custodia bajo sus contratos con esta institución”.
El acuerdo del Citi con los buitres incumplió con esos compromisos, además fue firmado sin conocimiento de las autoridades argentinas. Es aquí donde el equipo económico empieza a sospechar de una vinculación no transparente entre el banco estadounidense y Singer. Un primer indicio fue que, a pesar de que la Comisión Nacional de Valores le había exigido al Citibank Argentina que lo mantuviera informado sobre cualquier novedad en relación con sus actividades como custodio de los bonos ley argentina, la entidad financiera no lo hizo con ese organismo ni con el Banco Central. Firmó el acuerdo con Singer sin comunicarlo previamente a las autoridades. El descargo realizado por el ministro Axel Kicillof cuando se conoció el pacto apunta a que “es contrario a los intereses de los bonistas”.
El pacto Citi-Singer definió que la filial argentina del banco pueda cumplir con la transferencia de los dólares de los intereses correspondientes a los bonos argentinos, a cambio de desistir de la apelación de la orden de Griesa, de abandonar el negocio de custodia y de proveer información a los fondos buitre sobre su accionar en esta situación (plan de salida y comunicaciones con clientes y con la Argentina, para garantizar el cumplimiento de la orden de Griesa). O sea, Singer desplazó a la CNV y al BCRA como autoridad de control de los movimientos del Citi, según se comprometió el propio banco.
Es un pacto extravagante, que Economía lo considera ilegal y propone que sea investigado por “eventual estafa”, porque fue realizado a espaldas de los bonistas y de las autoridades regulatorias competentes de Argentina, pese a las intimaciones recibidas con anterioridad. La CNV dispuso entonces la suspensión preventiva del Citibank para operar en el mercado de capitales local por no actuar de acuerdo con la legislación. Es una medida prevista en el artículo 141 de la Ley de Mercado de Capitales. La CNV consideró que existe una situación de grave peligro e incertidumbre para los tenedores de bonos de deuda reestructurada, que deben recibir el pago de rentas correspondiente a los bonos Par en dólares regidos por legislación argentina, con vencimiento pasado mañana. Como el pacto Citi-Singer, convertido luego en orden de Griesa, aplica sólo al Citibank Argentina significa que deja sin protección al resto de las instituciones que participan en el proceso del pago de los bonos. A la vez, el Citi decidió en forma unilateral, sin consultar a las autoridades argentinas, abandonar el negocio de custodia de los bonos, generando incertidumbre en sus clientes titulares de papeles de deuda. Pero la situación es más compleja porque según el pacto Citi-Singer, la entidad que reemplazaría al banco estadounidense en esa tarea estaría bloqueada por la orden de Griesa, quien sólo autorizó a procesar el pago al Citi. La CNV designó entonces a la Caja de Valores para administrar las cuentas de depósito del Citi para garantizar que el dinero llegue a las cuentas de los bonistas que abandonó el banco. ¿Ahora el Citi le preguntará a Griesa qué tiene que hacer ante la decisión de autoridades que pretenden que se cumplan las leyes de su país? ¿o irá corriendo nuevamente a pedir ayuda al fondo buitre de Singer?
azaiat@pagina12.com.ar
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-269238-2015-03-29.html

La paja y el trigo

 LA DESESTIMACION DE LA DENUNCIA FRUSTRA LA OFENSIVA CONTRA CFK


La desestimación de la grave denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman frustró la enésima ofensiva dirigida a mellar la influencia de la presidente CFK en el proceso electoral que culminará en octubre con la elección de quien la suceda en el Poder Ejecutivo. El Círculo Rojo de Nisman, el establishment financiero y de seguridad nacional e Inteligencia de Estados Unidos y los grandes medios que le responden.
 Por Horacio Verbitsky

Jorge Ballestero.
Eduardo Farah.
Eduardo Freiler.
Imagen: Joaquín Salguero.
El contundente fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones desnuda la inopia fáctica y conceptual del texto que el fiscal Natalio Alberto Nisman presentó a los apurones por motivos que aún permanecen en las sombras, pero que por las experiencias previas con el mismo personaje pueden imaginarse. Entre abril y mayo de 2014, en llamativa coincidencia con la derecha republicana y el establishment de seguridad e Inteligencia estadounidenses y mientras su Supreme Court analizaba en Washington la apelación argentina al fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre, Nisman les anunciaba a personas de confianza que se “llevaría puesta a Cristina” (como le dijo al nerd informático Diego Lagomarsino) o que conseguiría su detención (a la operadora judicial de la DAIA Marta Nercellas). No lo consiguió, tenga o no tenga que ver su muerte con ello. La construcción del nuevo prócer de la derecha porteña se desmoronó por la mala calidad del material. La hipótesis de que el liderazgo de Cristina siga intacto durante todo el proceso electoral y aún después incrementa el encono de la oposición política y mediática que no alcanza a entender las razones de esta adhesión popular. Tal incomprensión los lleva a radicalizar sus posiciones negativas, con lo cual aceleran el recorrido de un círculo vicioso que podría dejarlos una vez más con las manos vacías.
Antes fueron las corridas hacia el dólar, los sacudones inflacionarios, los motines policiales y sus zonas liberadas para el vandalismo, las tentativas de desabastecimiento, los fallos del juez de Wall Street encaminados a simular un nuevo default, la deserción opositora de los debates parlamentarios sobre temas de fondo, los cacerolazos, los lockouts agropecuarios y los paros sindicales (uno de ellos se repetirá pasado mañana, por el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría), las declaraciones flamígeras de las asociaciones patronales y la concertación entre jueces y fiscales para hostigar al gobierno. Varios de esos mandobles fueron instigados a control remoto, como castigo por la política exterior independiente, los avances contra los cómplices económicos, eclesiásticos y judiciales de los crímenes de la dictadura, la perseverancia en un camino económico-social opuesto al descontrol de los mercados. En este contexto se inscribe el rol de la embajada de los Estados Unidos, a la que Nisman sometía sus borradores para que se los corrigieran y donde recibía instrucciones sobre qué pistas seguir y cuáles dejar de lado. La extraordinaria gravedad de esta subordinación no es percibida por la oposición y esto también ayuda a explicar su desfasaje con la opinión predominante. Del mismo modo, la difusión de los vicios privados que Nisman costeaba con dineros públicos sólo puede espantar a quienes se conduzcan con la misma laxitud.
Afeitar en seco a quien termina su mandato es la mejor forma de advertir al entrante que ponga las barbas en remojo si no quiere seguir la misma suerte. El final apocalíptico de la primera presidencia democrática, con hiperinflación, apagones y saqueos no fue destinado a Raúl Alfonsín sino a Carlos Menem, quien entendió el mensaje y se apartó de la tradición política y de los votantes que lo llevaron al gobierno. Hasta ahora la resiliencia de Cristina impidió la concreción del escarmiento. Esto condiciona en el sentido opuesto a todos los precandidatos presidenciales: 2003 es un punto de inflexión del que no será fácil apartarse. Las gigantescas movilizaciones pacíficas del 1º y del 24 de marzo podrían cambiar de carácter ante un intento burdo de regresión.

Loas y alabanzas

La Sala I está integrada por tres jueces cuyos cargos de responsabilidad comenzaron antes de 2003, y que se alinearon en torno a dos posiciones: el impenitente gladiador de la Escudería Stiuso, Eduardo Farah, por abrir la investigación contra la presidente; su colega Jorge Ballestero por confirmar la desestimación dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas. Quien desequilibró fue Eduardo Freiler. Como se anticipó aquí, era muy difícil que esta vez Ballestero pudiera acompañar a Farah. Cuando el mismo tribunal se pronunció por la inconstitucionalidad del Memorandum de Entendimiento con Irán, en mayo del año pasado, Ballestero reconoció “los loables objetivos que inspiraron los términos de ese acuerdo” y los “múltiples esfuerzos” del gobierno “en procura del esclarecimiento de lo ocurrido y del avance de la investigación”. Freiler era la incógnita a develar: excusado en el caso de la inconstitucionalidad, no había indicios sobre su posición.
El eje del pronunciamiento fue el voto de Ballestero, quien practica una irónica autopsia judicial de Nisman. Para Rafecas al no haberse constituido la Comisión de la Verdad el Memorandum de Entendimiento no tuvo principio de ejecución. Ballestero no puede admitir este criterio porque ya opinó lo contrario al analizar su constitucionalidad. Cuando se debatió la constitucionalidad del Memorandum, dijo ahora Ballestero, ni el tribunal, ni la DAIA y la AMIA, ni el propio Nisman vieron ni “un atisbo del supuesto delito de encubrimiento que recién ahora se denunció. Ni una sola sospecha, ni un solo interrogante”. Esas cuestiones, ya estaban “presentes desde enero de 2013 en el texto del Pacto” y Nisman no las denunció.

Las novedades viejas

El fiscal adujo que en aquel momento carecía de los elementos que obtuvo después: una nota de José Eliaschev publicada en marzo de 2011, cuatro años antes de la denuncia, y las escuchas telefónicas. Ballestero subraya la fecha de la nota con un elocuente signo de admiración. “De novedad, sinceramente, es poco lo que se tiene”. Además, coincide con la “impecable” lectura de Rafecas: al declarar como testigo, luego de reiteradas citaciones y bajo amenaza de ser conducido por la fuerza, Eliaschev no ratificó su nota y bajo juramento dijo algo distinto. No se trataba de un documento oficial sino de un paper interno de la cancillería iraní; estaba escrito en inglés y no en farsi, no reproducía las palabras adjudicadas a Timerman, sino un parecer de los interlocutores persas. Lejos de revelar un desinterés argentino por resolver los atentados, aludía a la impresión iraní de que la Argentina querría “dar una vuelta de página” en las relaciones bilaterales.
En cuanto a las escuchas, Ballestero entiende que Nisman hizo “un pase de ilusionista”: en forma alternativa sitúa los antecedentes del Memorandum en 2006, en 2010 o en 2011 y pretende que también hay otro documento que probaría la intención de levantar las alertas rojas. Pero como no tiene “una sola prueba” asevera que ese documento “se mantuvo en secreto. De este modo, sería su misma ausencia la nota más distinguida de su existencia”, tal como ocurre con los agujeros negros, “cuya presencia sólo se demuestra a partir de la nada más absoluta”. Su “zigzag argumentativo” atenta contra la imputación que procura construir. En cambio “existen sobradas muestras de que los sucesos acaecieron de un modo diametralmente opuesto”, como el intercambio epistolar entre la cancillería argentina y la Secretaría General de Interpol y las aclaraciones de su ex Secretario General, Ronald Noble ante el canciller Héctor Timerman. La Argentina siempre pidió que las alertas rojas no fueran levantadas. Se enfrentan así “inferencias versus declaraciones; suspicacias versus documentos; especulaciones versus acontecimientos”. Según Nisman, la Comisión de la Verdad instalaría una nueva hipótesis que liberaría a los imputados, pero no aporta un solo dato acerca de cuál sería. Ballestero describe incluso la deshonestidad argumental de Nisman, cuya denuncia “va extrapolando distintos pasajes de una conversación para, puntos suspensivos mediante, engarzar del modo más conveniente su contenido, sin importar su hora ni su fecha, como si, al igual que en ciertas novelas populares de hace algunos años, uno pudiera ir armando la crónica escogiendo la escucha que se desea poner a continuación. O bien se combinan comunicaciones telefónicas con otros discursos distanciados por meses, pero que son exhibidos como parte de un mismo y único contexto, de forma tal que todo remita a una misma alusión: se está hablando del encubrimiento”.

El orden de los factores

Nisman sostuvo que existía “una correlación entre la realidad y las cuestiones que se mencionan” en los intercambios telefónicos. Pero Ballestero afirma que esto sólo demuestra “la reproducción de una fuente a la que cualquier habitante del mundo podía acceder. Como se ve, el orden de los factores sí altera el producto”. El camarista también ridiculiza la credibilidad de los interlocutores que Nisman ordenó grabar (según el juez Rodolfo Canicoba Corral sin su autorización, por lo cual dijo que si no hubiera muerto lo denunciaría penalmente). Se pregunta cómo puede considerar operador válido del supuesto plan a Luis D’Elía, cuando el mismo Nisman tildó de “inverosímil” su declaración testimonial en la causa AMIA, donde brindó una versión “disparatada”. Agrega que hasta sus compañeros lo denigran y desmienten: “Que no se haga el canchero, si el que menos puede entrar a la Casa Rosada es él”, lo descalifica Fernando Esteche. El agente persa Jorge Khalil revela que D’Elía le preguntó qué pasaba con el Memorandum y él le respondió: “Y yo qué sé, flaco, sé tanto como vos”. Ballestero acota: “A confesión de parte”. Su conclusión es que no existen pruebas de un delito, por lo que el Memorándum pudo ser un fracaso diplomático, un error legislativo y una desilusión para quienes creyeron que apuntalaría la investigación del atentado, “pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo”. En términos más cotidianos, explica que no basta que un herido llegue a un hospital o que choquen dos automóviles para que se cometa un delito de lesiones o una tentativa de homicidio. “Algo más debe adicionarse a la mera causación exterior de un daño o de un peligro. Algo que demuestre una voluntad dirigida al logro de un provecho ilícito.” Pero “ninguno de los elementos aportados en esta causa cumple con esa exigencia”. Así llega al meollo de su razonamiento: esa carencia que el propio fiscal Gerardo Pollicita admitió al requerir la instrucción no puede suplirse “inaugurando una pesquisa para obtener una prueba que no se tiene. Es la presencia de una evidencia la que debe motivar la promoción de una investigación penal, y no a la inversa”, porque “los estrados penales no son las tablas de un teatro ni sus expedientes el celuloide de una película”. Cita en su aval un fallo unánime de la misma sala en 2008. Si se investigara “por las dudas, a fin de localizar algún elemento sospechoso” se produciría una “subversión del orden lógico de toda encuesta”. Las garantías constitucionales no admiten salir en “excursión de pesca” con la esperanza de que “en algún momento brote alguna mácula que permita sospechar la comisión de un ilícito”. Pollicita y el fiscal de Cámara Germán Moldes sólo argumentan que el cierre de la causa es prematuro, pero no se hacen cargo “de la orfandad probatoria que hoy la caracteriza” e “insisten en mantener abierta y en actividad una persecución penal con el anhelo de que, alguna vez, en algún momento, algo demuestre que el Memorándum estuvo inspirado en una voluntad delictiva. En rigor de verdad, una aspiración semejante, frente a los antecedentes repasados, sólo puede traducirse en un único plazo definitorio: la perpetuidad”. Lo confirmó ayer Moldes en una entrevista con La Nación: “No dijimos que hay hechos probados ni atribuimos a nadie responsabilidades penales. Sólo dijimos que hay que investigar” y aunque la denuncia fuera desestimada, si mañana alguien presenta nuevas evidencias “podría reabrirse”. En su única referencia a las personas que claman justicia, Ballestero sostuvo que “separar la paja del trigo es contribuir a que nada obstaculice la adecuada canalización de los legítimos reclamos de las víctimas” y “un paso para alcanzar la verdad de lo acontecido el 18 de julio de 1994”. Lo contrario está haciendo la exposa de Nisman respecto de la investigación por su muerte: luego de frenar el peritaje informático, la jueza Sandra Arroyo Salgado también paralizó la junta médica que debía reunirse mañana.

Sobre verosímil y verdadero

Freiler coincide con Rafecas en que al no haberse introducido nunca la supuesta nueva y falaz hipótesis, no hubo principio de ejecución del alegado delito de encubrimiento y se pregunta que llevó a Nisman a presentar su denuncia en enero de este año, ya que ninguno de los elementos de juicio era novedoso. Tampoco Pollicita o Moldes aportan ningún elemento que le otorgue suficiente verosimilitud. También recuerda que según el Código Procesal la denuncia deberá contener “la relación del hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución” y que la Corte Suprema estableció que “no debe ser general y vaga sino contraída a los hechos denominados y especiales con expresión de las circunstancias que puedan guiar al juez”, cosa que no ocurre aquí. El fiscal une en forma antojadiza elementos de juicio irrelevantes “pero que son encadenados de forma tal que simulen demostrar la hipótesis delictiva sostenida”, de modo de “arribar a una determinada conclusión que constituye, en realidad, el propio punto de partida del denunciante. Se trata de la falacia de la afirmación del consecuente. Así, se construyen afirmaciones dogmáticas sobre la base de premisas que en modo alguno autorizan siquiera a inferir las conclusiones a las que allí se arriba”.
Freiler, que hasta 2004 fue fiscal, señala que los requerimientos y conclusiones del Ministerio Público deben formularse en forma motivada y específica, exigencias que “no se verifican en la acusación de Nisman”. También cita un fallo de 1998, en el que la misma Sala dijo que no pueden admitirse “denuncias que carezcan de razonabilidad y verosimilitud” o “fundadas en hechos puramente imaginarios o simplemente supuestos”. Este es el punto de discrepancia con Farah, quien incurre en largas disquisiciones teóricas y citas de jurisprudencia respecto de la verosimilitud y su relación con la verdad, pero no hace el menor esfuerzo por explicar qué datos de la realidad harían verosímil la denuncia de Nisman. Farah alega que la imputación “puede experimentar modificaciones y precisiones; de allí que durante este procedimiento el objeto resulta construido y es modificable”, lo cual no es mas que un intento por justificar la excursión de pesca que sus colegas descalificaron.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-269239-2015-03-29.html

PARAISO FISCAL EN APUROS


S&P rebaja el rating a Andorra por el “mayor riesgo” de su sector financiero

La intervención de BPA por presunto blanqueo de capitales, clave en la decisión
EL PAÍS Madrid  
27 MAR 2015 - 




Clientes de Banca Privada d'Andorra (BPA) hacen cola a las puertas de algunas sucursales. /EFE

La agencia de calificación estadounidense Standard & Poors (S&P) ha vuelto a rebajar este viernes el rating de Andorra por el "mayor riesgo" de su sector financiero tras la intervención de Banca Privada d'Andorra (BPA). La calificación del Principado pasa, de esta forma, de BBB a BBB- con perspectiva negativa, después de que la agencia estadounidense ya bajase la nota a mediados de marzo, justo después de la crisis de BPA. S&P, una de las tres calificadoras de referencia mundial, justifica su decisión en las posibles "contingencias previamente inesperadas" que el caso BPA —intervenida después de que Estados Unidos acusara a la entidad de canalizar dinero del crimen organizado— podría tener sobre la economía andorrana.

"El fuerte incremento de los activos de no residentes en bancos andorranos desde 2011 y la expansión internacional de gran alcance de su sector financiero ha incrementado significativamente tanto los riesgos reputacionales como otros de carácter financiero", explica S&P en un comunicado hecho público este viernes. Este aumento del riesgo pone a prueba, según la calificadora estadounidense, la "capacidad de respuesta" de las autoridades andorranas.

S&P vaticina que las turbulencias de su sector financiero, desatadas a raíz de la intervención del tercer banco del Principado por valor de los activos, "podría afectar negativamente" al crecimiento económico andorrano por su "peso sobre el conjunto de la economía en términos de PIB y de empleo". En 2013, último año del que hay datos, la banca supone la quinta parte de la economía andorrana y el 5,4% del empleo. Los activos totales de las entidades financieras del Principado son seis veces y media el PIB del Principado.

Pese a que la nueva rebaja del rating es un nuevo golpe para la economía del Principado, muy dependiente de los capitales extranjeros y sustentada sobre la fiabilidad y solvencia de su sector bancario, S&P aplaude la "rápida respuesta" de sus autoridades en su intento de estabilizar BPA. "El Gobierno está trabajando en un plan de reestructuración de la entidad pero, en nuestra opinión, la liquidación ordenada sigue siendo un resultado posible". La agencia de calificación también ve probable que el Ejecutivo andorrano tenga que "aliviar" los problemas de liquidez de las empresas que operaban con BPA. "Esto aumentaría la deuda directa o las garantías emitidas por Andorra", explica al tiempo que subraya el "potencial deterioro" de su situación financiera.

S&P lleva meses alertando de los riesgos aparejados a la expansión del sector financiero del Principado. En octubre del año pasado advertía de la presencia de bancos andorranos en España, Luxemburgo, Suiza, Monaco, EE UU, Uruguay, Panamá, México, Paraguay, Perú, Brasil, las islas Bahamas y Dubái, "por lo general centrados en la gestión de patrimonio". Según sus cifras, el valor total de los activos de las entidades andorranas pasó de 25.000 a 41.300 millones entre 2008 y 2013, un 63% más. "Las operaciones en diversas jurisdicciones incrementan la complejidad de estas entidades y exige una mayor supervisión de las autoridades del país", subraya

¿Por qué Uruguay se integró al Trade in Services Agreement en secreto?

“Una vez que los espacios de la periferia fueron incorporados a las relaciones capitalistas de producción, el imperialismo siguió avanzando más allá de los límites impuestos por la geografía mediante la mercantilización de sectores de la vida económica y social antaño preservados al margen de la dinámica predatoria de los mercados, como los servicios públicos, los fondos de pensión, la salud, la educación, la seguridad, las cárceles y otros por el estilo”. Atilio Boron (1).






Resumen Latinoamericano/Antonio Elías*/ALAI, 27 de marzo de 2015


Uruguay ingresó al Trade in Services Agreement (TISA) sin que exista una discusión nacional sobre la conveniencia o inconveniencia de este acuerdo de libre comercio de servicios. Una medida que demuestra las grandes debilidades del gobierno de José Mujica en lo que refiere a su política de inserción internacional y a la transparencia de sus acciones. Teniendo en cuenta el modelo económico que se aplica en el país y lo señalado en artículos anteriores sobre el TISA (2).


En febrero del 2015, en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá se publicó la siguiente noticia: “Nos complace anunciar que los países miembros del TISA han dado la bienvenida a Uruguay en las negociaciones. En la actualidad hay 24 países que participan en las negociaciones TISA: Australia; Canadá; Chile; Taipei Chino; Colombia; Costa Rica; la Unión Europea; Hong Kong (China); Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Nueva Zelanda; Noruega; México; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Corea del Sur; Suiza; Turquía; los Estados Unidos; y Uruguay.”(3)


Uruguay fue aceptado – luego de que el Congreso de Estados Unidos diera luz verde para que así lo hiciera – y participó de las negociaciones a partir del 9 de febrero. Es decir, Uruguay empezó a participar en las negociaciones aceptando los acuerdos realizados hasta el momento de su incorporación. Acuerdos cuyo contenido se desconoce y que comprometen el futuro de todos los uruguayos.

La primera noticia pública sobre este tema se tuvo el 02/05/2014 cuando la Agencia EFE informó, desde Bruselas, que Uruguay había solicitado ingresar el TISA en setiembre de 2013 y que el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestaba que “La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante”. Afirmó, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país “comparte los objetivos de las negociaciones del TISA” y que “respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une” a ellas.”(4)


Dicha declaración entra en contradicción con lo sostenido por el canciller Almagro en múltiples instancias en las que declaró que sí Uruguay es admitido se tomará conocimiento “del material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas ofertas”, y se estará “en condiciones de evaluar la conveniencia de entrar”.


El canciller en esa misma entrevista afirmó, utilizando un discurso elogioso e impreciso que el TISA tiene como objetivo “establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y predecible… lo suficientemente claro para no impedir que cada gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores… que las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones prudenciales en el caso de los servicios financieros” y que Uruguay podrá incluir sectores que quieran proteger “en listas de excepción”.


El gobierno uruguayo ingreso al TISA inmediatamente después de ser aceptado lo cual implica que adhirió a tapas cerradas, lo que es muy poco probable, o conocía y acepó el contenido de dichos acuerdos que siguen siendo secretos.


Los principales referentes del Frente Amplio en el senado sobre asuntos internacionales consultados en aquel momento – Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Alberto Couriel – desconocían el tema y el asesor de la presidencia del FA en política exterior – José Bayardi – afirmó que no sé había discutido en la coalición.


Si fue sorprendente que el gobierno uruguayo hubiera solicitado participar en esas negociaciones sin informar públicamente, la sorpresa es mucho mayor ahora, cuando ya se ingresó al TISA, y es notorio que todos aquellos que tomaron conocimiento del tema no hicieron lo necesario para generar un proceso de discusión amplio y abierto que convalidara o cuestionara lo que estaba haciendo el gobierno.


Debe destacarse que sí bien no existen voces discrepantes en el ámbito político, el movimiento sindical resolvió: “Rechazar el ingreso de nuestro país a estos tratados, ya que esto pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional, ya que la intención es de liberalizar y desregularizar los mercados” (5). La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) se expresó en el mismo sentido, al igual que lo hizo la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) (6). Por su parte la Internacional de Servicios Públicos (ISP) desarrolla una campaña contra el TISA en varios continentes (7).


Ante un hecho de tan extraordinaria importancia cabe preguntar: ¿Por qué el gobierno de José Mujica no informó de los pasos que se recorrieron para integrarse al TISA? ¿Cuáles son los motivos para integrarse a un acuerdo multilateral que limita fuertemente las potestades de decisión del gobierno y la soberanía nacional? ¿El gobierno de Tabaré Vázquez asumirá y continuará con esta política? Sí así lo hiciera ¿someterá estas decisiones al conjunto de la nación o continuaran con el secreto de estado?


En la siguientes rondas de negociaciones, la próxima es en abril, Uruguay deberá presentar su lista de excepciones con los sectores de servicios que desea proteger y, por defecto, todos los demás sectores que quedarían sometidos a la liberalización con su consiguiente impacto sobre trabajadores, empresarios, cooperativistas y usuarios. ¿Quién o quiénes y con qué derecho van a tomar esa resolución? Nadie de los involucrados en estas negociaciones debería olvidar que la democracia directa ha sido el arma utilizada por el pueblo para evitar el desborde de los gobernantes.


Notas:


(1) “América Latina en la geopolítica del imperialismo”, Ed. Luxemburg, Buenos Aires, 2012, p. 23


(2) “¿Por qué Uruguay solicito integrarse al TISA”, Semanario “Voces”, 10/07/2014 y 24/07/2014.


(3) http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/topics-domaines/services/tisa-acs.aspx?lang=eng.


(4) Natalia Uval, “Abierto a todo”, “La Diaria”, 17/07/2014


(5) PIT-CNT, Mesa Representativa Nacional Ampliada, 17/03/14


(6) “El TISA intenta eliminar o reducir al máximo las fronteras económicas internacionales, los sistemas regulatorios que preservan los derechos de los trabajadores y el papel de las empresas y servicios públicos. Todo lo cual genera pérdidas significativas de soberanía nacional y derechos democráticos. Montevideo, 20/08/2014


(7) http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos


*Antonio Elías es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU. Publicado en el Semanario “Voces”, Montevideo, el 26 de marzo de 2015.