La filial Nueva York del Banco Nación consulta a un juez de primera instancia, del fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, si tiene que cumplir con el contrato que lo obliga a girar unos pocos dólares aplicables a unos pagos correspondientes a bonistas estadounidenses ajenos a un juicio entre un sujeto público estadounidense con un fondo de inversión argentino con estrategias extorsivas para cobrar. Y el juez a veces la autoriza y en otras no, pero al final sí.
Por Alfredo Zaiat
Es un absurdo la situación. Imposible de pensar con un mínimo criterio de equidad jurídica y financiera. Es insólito sin justificación por la existencia de la prórroga de jurisdicción, cuestión que no está involucrada en este asunto de la cadena de pago, sino por el comportamiento disparatado de la entidad financiera ajena al conflicto entre partes. Es lo que ha hecho el Citibank Argentina, y sólo porque se trata de una de las filiales de uno de los bancos más grandes del mundo y porque es estadounidense, con la impunidad que eso significa, su comportamiento es naturalizado como si fuera parte de las reglas de juego de las finanzas. No es así. Lo que hizo el Citi es inconcebible si se evalúa la sucesión de los acontecimientos de un juicio con otros componentes extravagantes. Pero deja de serlo si se analizan los vínculos de negocios y relaciones de poder que se construyen en el estadio de mayor sofisticación de las finanzas globales. Con la última movida, el Citi decidió pasar a jugar como aliado de los fondos buitre que están atacando a la Argentina para cobrar una sentencia por un monto inflado de deuda en default. La arrogancia de estar convencido de que sus acciones están por encima de las leyes argentinas recibió una respuesta inesperada: fue sancionado por la Comisión Nacional de Valores con la suspensión para operar en el mercado bursátil. Fue la respuesta del Gobierno para exponer y neutralizar el pacto Citi-Singer.
El juez Thomas Griesa decidió bloquear el cobro de los vencimientos de intereses de los bonos del canje de deuda en default 2005 y 2010 para forzar a la Argentina a pagar el reclamo de los fondos buitre. Los bonistas del canje quedaron como rehenes. Las entidades financieras encargadas de canalizar el dinero depositado por el país han estado teniendo diferentes actitudes ante la decisión del juez municipal (del distrito sur de Nueva York) de primera instancia. Frente al bloqueo de Griesa, el Citi Argentina le pidió permiso para girar los dólares de bonos con legislación argentina a inversores argentinos y del exterior. Ningún otro banco, en las mismas condiciones del Citi, hizo lo mismo, lo que impidió que Griesa pudiera ampliar su jurisdicción por fuera de Nueva York al resto de los bancos. Sólo el Citi le abrió las puertas. Cuáles fueron las razones de esa decisión involucrando la actividad de la filial argentina, desconociendo la legislación argentina para subordinarse a la estadounidense, todavía no fueron informadas por el banco.
Resulta interesante detallar el recorrido, ya no por los componentes de chicanas jurídicas y efectos financieros, sino como expresión de la forma en que se despliega el poder de las finanzas:
- Griesa bloqueó los pagos a los bonistas a mediados del año pasado.
- En un primer momento, el juez aclaró que esa medida no alcanzaba a los bonos ley argentina.
- Luego de una presentación de los fondos buitre, se arrepintió.
- Entonces, el Citi le preguntó qué debía hacer su filial argentina con los bonos argentinos de sus clientes argentinos.
- Para sumar extravagancias, el juez autorizó al banco en tres oportunidades “por única vez” a canalizar los fondos pagados por Argentina a los bonistas.
- En la cuarta, le negó esa posibilidad.
- El Citi pidió un stay (cautelar) para ganar tiempo y cumplir entonces con el compromiso que tiene con la Argentina y con sus clientes, proponiendo que se retiraba de esa actividad en futuros pagos de intereses de bonos argentinos.
- Griesa le rechazó ese pedido, para después aprobarlo.
- ¿Qué pasó en el medio? El Citi acordó con los fondos buitre liderados por Paul Singer.
- Griesa le brindó entonces luz verde al Citi por pedido de Singer.
De ese modo ha quedado expuesto en forma aún más transparente que el juez hace y deshace en el litigio según los dictados de los intereses de Singer & cía.
La alianza Griesa-Singer ya era conocida; la nueva es la del Citi-Singer. La entidad financiera cambió la posición que expuso en diferentes oportunidades en audiencias del juicio. Había postulado que la orden de Griesa la obligaba a violar leyes argentinas, que era contraria a derecho porque se extralimitaba en su jurisdicción, y que le resultaba de imposible cumplimiento porque no se pueden distinguir los pagos correspondientes a los bonos argentinos del canje de aquellos que fueron emitidos posteriormente, por ejemplo los entregados a Repsol por las acciones de YPF. El Citi había reconocido en sus presentaciones a Griesa que su filial argentina puede ser sancionada por no cumplir con la ley argentina.
Pruebas del cambio de camiseta del Citi se encuentran en las presentaciones que había realizado ante el juez, cuando trataba de convencerlo de que lo que estaba ordenando para favorecer a los buitres lo ponía en una situación vulnerable ante las leyes argentinas. El Citi había afirmado:
- “Si Citibank Argentina no remite a sus clientes los fondos que recibe, tal como lo hará el resto de los custodios, incumplirá la ley bancaria de Argentina.”
- “La República podría revocar la licencia del Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados.”
- “La orden del 28 de julio (de 2014) obliga a Citibank Argentina y a sus empleados a violar las leyes de la República Argentina, ya que la única forma de cumplir con la orden del 28 de julio sería exigiendo a individuos en Argentina que actúen en violación de las leyes penales locales.”
La abogada del Citibank, Karen Wagner, le dijo a Griesa: “Aquí, Su Señoría, diré que torna muy claro que el Citibank no debería ser compelido por ninguna medida de esta Corte a violar las leyes bancarias de Argentina. Primero que todo, Argentina tiene un legítimo interés en aplicar sus leyes bancarias. Segundo, no hay razón por la cual Citibank Argentina podría haber esperado que una directiva proveniente de los Estados Unidos le diría que viole las leyes de Argentina”.
Cuando Griesa no autorizó en la cuarta oportunidad y rechazó el stay, el Citibank Argentina informó al Ministerio de Economía que su casa matriz había decidido que su filial disponga de un plan para abandonar el negocio de custodia de títulos en el país. En esa comunicación aseguraba que esa medida iba a realizarse conforme a la ley argentina aplicable a esa actividad “sin perjudicar los intereses de nuestros clientes de custodia bajo sus contratos con esta institución”.
El acuerdo del Citi con los buitres incumplió con esos compromisos, además fue firmado sin conocimiento de las autoridades argentinas. Es aquí donde el equipo económico empieza a sospechar de una vinculación no transparente entre el banco estadounidense y Singer. Un primer indicio fue que, a pesar de que la Comisión Nacional de Valores le había exigido al Citibank Argentina que lo mantuviera informado sobre cualquier novedad en relación con sus actividades como custodio de los bonos ley argentina, la entidad financiera no lo hizo con ese organismo ni con el Banco Central. Firmó el acuerdo con Singer sin comunicarlo previamente a las autoridades. El descargo realizado por el ministro Axel Kicillof cuando se conoció el pacto apunta a que “es contrario a los intereses de los bonistas”.
El pacto Citi-Singer definió que la filial argentina del banco pueda cumplir con la transferencia de los dólares de los intereses correspondientes a los bonos argentinos, a cambio de desistir de la apelación de la orden de Griesa, de abandonar el negocio de custodia y de proveer información a los fondos buitre sobre su accionar en esta situación (plan de salida y comunicaciones con clientes y con la Argentina, para garantizar el cumplimiento de la orden de Griesa). O sea, Singer desplazó a la CNV y al BCRA como autoridad de control de los movimientos del Citi, según se comprometió el propio banco.
Es un pacto extravagante, que Economía lo considera ilegal y propone que sea investigado por “eventual estafa”, porque fue realizado a espaldas de los bonistas y de las autoridades regulatorias competentes de Argentina, pese a las intimaciones recibidas con anterioridad. La CNV dispuso entonces la suspensión preventiva del Citibank para operar en el mercado de capitales local por no actuar de acuerdo con la legislación. Es una medida prevista en el artículo 141 de la Ley de Mercado de Capitales. La CNV consideró que existe una situación de grave peligro e incertidumbre para los tenedores de bonos de deuda reestructurada, que deben recibir el pago de rentas correspondiente a los bonos Par en dólares regidos por legislación argentina, con vencimiento pasado mañana. Como el pacto Citi-Singer, convertido luego en orden de Griesa, aplica sólo al Citibank Argentina significa que deja sin protección al resto de las instituciones que participan en el proceso del pago de los bonos. A la vez, el Citi decidió en forma unilateral, sin consultar a las autoridades argentinas, abandonar el negocio de custodia de los bonos, generando incertidumbre en sus clientes titulares de papeles de deuda. Pero la situación es más compleja porque según el pacto Citi-Singer, la entidad que reemplazaría al banco estadounidense en esa tarea estaría bloqueada por la orden de Griesa, quien sólo autorizó a procesar el pago al Citi. La CNV designó entonces a la Caja de Valores para administrar las cuentas de depósito del Citi para garantizar que el dinero llegue a las cuentas de los bonistas que abandonó el banco. ¿Ahora el Citi le preguntará a Griesa qué tiene que hacer ante la decisión de autoridades que pretenden que se cumplan las leyes de su país? ¿o irá corriendo nuevamente a pedir ayuda al fondo buitre de Singer?
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