En el marco del foro Agua: ¿Derecho o privilegio? diversos especialistas señalaron que el agua favorece el fracking y a acciones discriminatorias contra grupos indígenas.
Especialista y académicos en la materia, advirtieron que la Ley de Aguas favorece al llamado fracking (“fracturación hidráulica”) y abre la puerta a acciones discriminatorias contra grupos indígenas, la ley se concentra an administrar y no en sustentabillizar.
En el marco del Foro Agua: ¿Derecho o privilegio? que se realizó en la Universidad Iberoamericana (UIA), diversos especialistas señalaron que dicha iniciativa favorece el fracking, por el mero hecho de que la lesgislación no la limita.
Consideraron que es muy grave que las concesiones para la explotación comercial del agua pudieran ser hasta de 35 años, con posibilidad de renovación, por ello exigieron se forme un comité con representantes de diversos sectores de la sociedad, para discutir los pros y contras de la ley, pues los ciudadanos “tienen el derecho a conocer la información que fundamentó las decisiones” en el asunto.
Así también enfatizaron que la iniciativa aprobada en comisiones no cubre los estándares mínimos, en vez de apuntalar el consumo mínimo vital de agua hasta en cien litros por persona, establecido por la Constitución, lo sitúa en solamente 50 litros por persona, limitación que no tiene sustento, dijo la especialista.
La Ley de Aguas, reconoce el derecho humano del agua para los asentamientos humanos, y no el de cada individuo, lo que abre la puerta a acciones discriminatorias contra grupos indígenas, quienes además no fueron consultados sobre la propuesta de ley.
Denunciaron que es preocupante que no se hayan incluído a representates de la sociedad civil, ni universidades u organizaciones especializadas en el tema, a la propuesta le hizo falta incluir las sanciones a los actores, estados, municipios y concesionarios que incumplan con la protección del recurso.
Además de que el asunto debería ser solamente competencia del gobierno federal y no de los concesionarios, que deben ser excluidos de éste, además de que el trasvase debe ser plenamente justificado y las comunidades afectadas deben ser informadas de sus beneficios reales.
Uno de los especialistas lamentó amentó que esta iniciativa se presentara con un retraso de dos años con respecto al mandato que el propio Congreso de la Unión se fijó para legislar en la materia, y que no contenga medida alguna que permita avanzar en el terreno del derecho humano al agua, pues solamente repite lo contenido en otros documentos.
