por Nancy Flores
28 DE MARZO DE 2015
Del 1 de enero de 2013 al 26 de enero de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– presentó 174 denuncias en contra de instituciones del sector financiero, incluidos bancos, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.
Dichas acusaciones, levantadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), implican un monto total de 91 mil 865 millones de pesos, informa la Secretaría de Hacienda en la respuesta a la solicitud de información 0000600025115, hecha por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.
Aunado a ello, en lo que va de este sexenio y derivado de las denuncias de la UIF, se aseguraron 1 mil 800 millones de pesos, afirma en entrevista Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP.
Los más de 90 mil millones relacionados con las recientes denuncias, para un periodo de 2 años 1 mes, representan el 84 por ciento de lo que denunció la misma UIF en los 6 años del gobierno de Felipe Calderón –109 mil 254 millones 173 mil pesos–, cuando supuestamente se libraba una “guerra” contra el crimen organizado. El peor año fue 2012, cuando sólo presentó 35 denuncias por 3 mil millones de pesos.
Al respecto, Alberto Elías Beltrán comenta que en ese último año del gobierno calderonista sólo se aseguraron alrededor de 355 millones de pesos. “Una cantidad pequeña”, considera el funcionario.
En entrevista, destaca los resultados de la actual administración: en 2013 se presentaron 84 denuncias por lavado de dinero por las cuales, con la actuación del Ministerio Público, se aseguraron poco más de 800 millones de pesos; agrega que el año pasado se presentaron 87 denuncias y se aseguraron alrededor de 1 mil millones de pesos.
Alberto Elías Beltrán indica que esto se ha logrado por el nuevo marco normativo con el que opera la Unidad de Inteligencia Financiera, mismo que le ha permitido a la Secretaría de Hacienda tener una mayor visibilidad en materia de combate al lavado de dinero: porque antes únicamente recababa la información de las entidades financieras.
En efecto, los datos oficiales entregados a Contralínea por la SHCP indican que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 se presentaron 84 denuncias contra instituciones financieras que operan en México, las cuales tuvieron un monto total asociado por 28 mil 5 millones de pesos. Además, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, fueron 87 denuncias por 59 mil 384 millones de pesos; y del 1 al 26 de enero de 2015, tres denuncias por 4 mil 476 millones de pesos.
El director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP explica a Contralínea que las denuncias que presenta la UIF ante la autoridad de procuración de justicia van debidamente soportadas: son denuncias robustas, sólidas, que permiten al Ministerio Público actuar de manera más ágil y con mayores elementos.
En algunos casos, detalla el funcionario, esto le permite a la PGR ahorrar tiempo, porque la Secretaría de Hacienda está facultada para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con ello soportar las denuncias de operaciones que ya son consideradas por la Secretaría de Hacienda como operaciones vinculadas a recursos de procedencia ilícita.
Elías Beltrán agrega que el lavado de dinero es un delito muy sofisticado que requiere la integración con elementos distintos a los de otros ilícitos, porque es muy difícil tener pruebas directas: “Se tiene que acreditar con pruebas circunstanciales, indiciarias, obviamente todo esto en el marco de la ley y respetando los derechos humanos que consagra la Constitución [Política de los Estados Unidos Mexicanos]”.
No obstante, para el investigador Jorge Retana Yarto, especialista en inteligencia para la seguridad nacional y maestro en ingeniería financiera, a pesar de que se construyó y promulgó una Ley de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita mucho más completa que la que existía –puesto que incluyó a “sectores vulnerables” que antes no se contemplaban, como galerías de arte, fundaciones, operaciones comerciales en efectivo, afianzadoras, aseguradoras, más operaciones en efectivo con dólares en la banca comercial–, no existe una acción sistemática, multifacética y con un gran número de especialistas tras el dinero procedente del crimen trasnacional.
Ello, indica, se debe a que la modalidad y los medios predominantes para el combate, tanto en el sexenio pasado como en el actual, es la confrontación armada con los criminales, la captura de los liderazgos, y no un ataque preponderante a la estructura financiera que, conforme a los acuerdos signados por México en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), deben ser atacados por las unidades de Inteligencia Financiera.
Para el autor de los libros El imperio de las mafias transnacionales y Mafia transnacional y economía criminal: México en la órbita de un poder paraestatal, se actúa reactivamente ante denuncias concretas, mientras que los decomisos importantes que pueden haberse hecho son por dinero existente en “casas de seguridad” descubiertas o cuando se captura a los líderes criminales junto al tesorero de la organización. Al respecto, las autoridades estadunidenses indican que, de 2002 a 2014, México logró asegurar sólo 500 millones de dólares.
El maestro Jorge Retana considera que los casos con esas características no logran debilitar ni lejanamente la estructura financiera criminal, que es muy poderosa. Lo mismo sucede con la Ley de Extinción de Dominio, dice el investigador, perfeccionada pero muy poco usada por el predominio de la lucha armada contra las organizaciones.
México, centro de lavado
Cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos denuncia en su International narcotics control strategy report que el sistema financiero mexicano es un centro de lavado para el crimen organizado, al tiempo que estima que en este país se blanquean entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anualmente.
Esa última cifra ha sido reafirmada el pasado 9 de marzo por Kenneth Blanco, subprocurador general estadunidense, cuando aseguró que la delincuencia organizada lava 29 mil millones de dólares al año tanto en México como en Estados Unidos (Víctor Cardoso, La Jornada, 10 de marzo de 2015).
Al respecto, Alberto Elías Beltrán descalifica el monto al indicar que no hay ninguna metodología avalada por el GAFI con la cual se pueda sostener algo así o, siquiera, poder estimar cuánto dinero se lava en México o en cualquier otro país. Por ello, asegura, se puede confiar plenamente en el sistema financiero mexicano, pues los controles establecidos en la ley antilavado han dado resultados positivos tanto en prevención como en combate.
Añade que el blanqueo de capitales es un delito que afecta de manera global a todos los países y que, por ello, es el GAFI el que establece los estándares internacionales en materia de prevención y combate a dos fenómenos delictivos: lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
No obstante, en su reporte de 2014 –el más reciente publicado hasta ahora–, el Departamento de Estado estadunidense advierte que México es considerado un importante productor de drogas ilegales y país de tránsito para las mismas, y que el producto del tráfico ilícito de drogas destinadas a Estados Unidos es la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano.
Agrega también que las otras fuentes importantes de recursos de procedencia ilícita que son lavados en el sistema financiero incluyen la corrupción, el secuestro, la extorsión, la piratería, la trata de personas y el tráfico de armas de fuego. Según las autoridades estadunidenses, tan sólo las organizaciones de narcotraficantes envían entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales a México desde Estados Unidos.
El maestro Retena Yarto indica que el instrumento contra el blanqueo de capital de origen criminal es la inteligencia financiera amplia, altamente especializada, sistemática y acompañada de instituciones de procuración de justicia con capacidad institucional para actuar respecto de la magnitud del problema.
En entrevista, el investigador observa que el fracaso de las instituciones en el combate al lavado de dinero vuelve a las organizaciones criminales extremadamente difíciles de vencer, porque les da capacidad de resistir los embates armados del Estado, de contraatacar y expandirse a otras regiones continentales (Centro y Suramérica).
Además, dice, les da un inmenso poder de soborno, corrupción y de asociación criminal, tanto en la empresa privada como con los altos funcionarios. Por ello, asegura, la estrategia actual es un fracaso de largo plazo, pues está equivocada y es altísimamente costosa en lo social, disimulada por golpes mediáticos.
En el caso de las capturas de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, y Miguel Treviño Morales, el Z-40, pregunta: “¿Cuál ha sido la consecuencia en cuanto al golpe de sus estructuras financieras? Nadie sabe nada, nadie sabe si se ha procedido contra ellas. Porque la otra cara de la moneda de esta estrategia es la exhibición pública de ‘golpes mediáticos’ para cambiar la percepción social sobre el tema. Pero eso no puede ser una estrategia seria, sistemática, multifacética y efectiva para golpear a profundidad el poder financiero del crimen trasnacional”.
En PGR, resultados mediocres
Lejos de los golpes mediáticos, los resultados que arroja la PGR parecen no ser tan contundentes. La Evaluación número 1207. “Política pública de seguridad pública”, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicada en febrero pasado, indica que la UIF presentó 316 denuncias por lavado de dinero en el sector financiero entre 2007 y 2013. De éstas, en la PGR el 51.9 por ciento (es decir, 164) se encontraba pendiente de despacho; el 35.4 por ciento (112) fue consignada ante la autoridad judicial competente, y el 12.7 por ciento (40) restante no se consignó, ya sea por la determinación del no ejercicio de la acción penal, la acumulación de la averiguación previa o la determinación de enviarla a reserva. Las 316 denuncias involucraron a 1 mil 837 instituciones financieras, detalla.
Lo anterior, a pesar de la UIF?entrega expedientes concluyentes sobre la procedencia ilícita del dinero.
Respecto del estado que guardaron las averiguaciones previas resultado de las denuncias presentadas por la UIF ante la PGR, la ASF indica que las que fueron consignadas ante la autoridad judicial competente se incrementaron en 91.7 por ciento, al pasar de 12 en 2007 a 23 en 2013; en contraste, las averiguaciones previas despachadas que no se consignaron decrecieron en 20 por ciento, de cinco averiguaciones previas no consignadas en 2007 a cuatro en 2013.
Agrega que si bien han disminuido las averiguaciones previas que no se consignaron ante un juez con relación a las averiguaciones previas efectivamente consignadas, el número de averiguaciones previas pendientes de despacho se incrementó 6.1 veces durante el periodo, al pasar de ocho en 2007 a 57 en 2013.
En entrevista, Alberto Elías Beltrán explica que el trabajo de la UIF incluye la coordinación con las autoridades encargadas de la procuración de justicia. Una vez que se presentan las denuncias, detalla, es la PGR la encargada de integrar los expedientes. Por ello, señala la importancia de que México cuente con personal capacitado y especializado en el tema no sólo en la Secretaría de Hacienda, sino en la PGR y en el Poder Judicial.
Según el funcionario, con la nueva ley antilavado México tiene un régimen mucho más robusto y una mayor coordinación. “Se están dando los resultados. No ha sido fácil porque es un cambio, un proceso que ha venido dándose con el propósito de quitarle el mayor número de activos a la delincuencia organizada, pero también con el propósito de obtener sentencias condenatorias y la determinación de los decomisos. Estamos en eso, se están empezando a dar, pero es un proceso. También no hay que olvidar que ha habido un número de sentencias a nivel estatal, porque hay varias entidades federativas que ya tienen regulado en su marco normativo el tipo penal de lavado”.
Elías Beltrán se dice seguro de que “en la evaluación [del GAFI], que será en 2017, el resultado de la efectividad va a ser muy bueno y nos vamos a posicionar a nivel internacional mucho mejor de lo que estamos. Hoy estamos muy bien posicionados en un régimen de prevención y combate al lavado de dinero, pero a lo mejor sí lo que falta es esa efectividad: que los ciudadanos vean que sí somos efectivos en todo este combate derivado de este proceso de modificaciones de las leyes y la capacitación de quienes participamos en esto”.
Sin embargo, Retana Yarto observa que el sistema financiero actual es inconcebible sin la inmensidad de los fondos provenientes de la criminalidad trasnacional, los cuales se entremezclan con los fondos de origen lícito hasta que logran “desaparecer” su origen real.
“Si sumas monetariamente el valor de los distintos mercados de productos y servicios criminales llegas a una cifra cercana a los 4.5 billones de dólares anuales, los cuales no están en fosas, sino en el conjunto del sistema financiero internacional. Éste ha sido un subproducto de la globalización, integración y liberalización de los mercados financieros como modelo de finanzas internacionales. Por ello, en la mayoría de los países más desarrollados se castiga el blanqueo de capitales desigualmente: castiga a quien deposita dinero ilícito en el sistema bancario o bursátil pero no a la institución que los recibe y los moviliza con fines de lucro, quien siempre aduce ‘problemas de instrumentación de la normatividad’ internacionalmente aceptada para evitar el problema, o ‘fallos en la responsabilidad de los oficiales de cumplimiento’ bancarios encargados de su instrumentación, y asumen la multa. No hay banqueros o altos funcionarios encarcelados: hay una asimetría absurda, pero es la tónica internacional en la materia. En realidad, las instituciones bancarias están protegidas con este tipo de legislación, blindadas, tienen un certificado de semi-impunidad”.
El investigador refiere que en este problema del blanqueo de capitales son las altas comisiones que pagan los tesoreros de las organizaciones trasnacionales del crimen mafioso: suman entre 10 y 25 por ciento del monto depositado o invertido para su legitimación. Es altísima, casi cualquiera toma el riesgo (aquí sí) de aceptar dinero ilícito, porque internamente saben cómo procesar su blanqueo.
Respecto de las garantías que se pueden tener de que el sector formal (incluido el sistema financiero) no participa en la trama criminal como lavador de activos, señala que no hay ninguna. “En condiciones de una economía con los fallos estructurales como los que tiene la mexicana, en donde las pequeñas y medianas empresas (a pesar de que cada año se incrementen nominalmente los fondos que se les entregan para sus planes productivos) se mantienen en la marginación, los fondos ilícitos son una enorme tentación para los empresarios y una enorme ventana de oportunidades para los tesoreros de tales organizaciones”.
Sobre este punto, pregunta: “¿Qué ha sucedido con las 3 mil 500 empresas que se dijo dominaba el Cártel de Sinaloa?, ¿cómo se hizo de ellas?, ¿cuáles y en qué sectores están? Nada, simplemente nada. No hay que olvidar que el crimen trasnacional organizado como mafia, al ser organizaciones paraestatales, ocupan los lugares que el Estado ataca deficientemente o no ataca como parte de sus responsabilidades sociales”.
Respecto de lo que falta por hacer en México para combatir el ilícito, Retana Yarto enlista lo siguiente: a) modificar la estrategia actual; b) derivarla hacia el quiebre de la capacidad financiera de las organizaciones criminales transnacionales; c) que los planes de “ayuda, capacitación y entrenamiento” que existen con Estados Unidos y otros países (se acaba de firmar uno con Gran Bretaña), incluyan un número sustancial de especialistas en blanqueo de capital y en la ejecución de las UIF estatales o regionales; e) generar la capacidad institucional (instancias judiciales y jueces especializados en blanqueo de capital) para atender sistemáticamente este tema; f) crear –como existe en otros países– no sólo una policía cibernética, sino una policía financiera, apoyada por un ejército de especialistas, varias UIF más y tribunales especializados. Sin ello, el grado de aplicación del marco normativo actual es casi inexistente, o inservible; g) elevar a categoría de tema de seguridad nacional la lucha contra este fenómeno.
Nancy Flores
Nancy Flores
Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicanaContralínea. Periodismo de Investigación. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investiga: lavado de dinero, paraísos fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental, temas energéticos. (Twitter)Fuente
Contralínea (México)
