No será graciosa
Mujica pidió a ministros que aclaren que concesión a Aratirí se hará “con todas las garantías” ambientales y económicas.
El presidente José Mujica planteó ayer en el Consejo de Ministros la necesidad de que el gobierno “salga a aclarar” aspectos vinculados a la inversión de Aratirí que “no se están transmitiendo bien”, informaron a la diaria asistentes al encuentro. El presidente consideró que la oposición y “analistas” en los medios de comunicación quieren sembrar “confusión” con respecto a este tema.
En declaraciones a La República publicadas ayer, Mujica dijo que van cuatro años “de idas y venidas” con el proyecto Aratirí y que “se acabó el tiempo”. “Ahora hay que decidir y el país tendrá que entender y participar en esta discusión”, manifestó. Agregó que defiende la producción tradicional, pero cuestionó a quienes tienen “un alma derrotista” y plantean “siempre que esto no se puede, que lo otro tampoco se puede y que lo de más adelante menos”.
Al término del Consejo de Ministros de ayer, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, defendieron el carácter “estratégico” del proyecto de la minera. Ortuño dijo que el contrato de concesión de explotación con Aratirí se firmará “en las primeras semanas de febrero” y remarcó que la empresa no comenzará a operar hasta tanto no obtenga la autorización ambiental correspondiente. Afirmó que el contrato incluirá una cláusula específica que condicionará el inicio de la explotación a los permisos ambientales.
“El gobierno entiende que [el emprendimiento] debe llevarse adelante con las más rigurosas garantías de cuidado del medio ambiente y con garantías de que la sociedad uruguaya tendrá los beneficios que debe tener en proyectos de este tipo”, manifestó Ortuño. Enfatizó que el gobierno se ciñe “rigurosamente” al marco normativo actual y aclaró que no se impondrá plazos a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para expedir los permisos ambientales.
Consultado con respecto a por qué no se aguarda la autorización ambiental para suscribir el contrato, Ortuño argumentó que éste es “un paso previo que habilita el avance de los estudios” y “la presentación de información que se está requiriendo a la empresa”. Indicó que el contrato permitirá “brindar el conjunto de elementos para que la Dinama realice los estudios”. Sostuvo que “el contrato previo” es “una condición para el desarrollo de los estudios finales” que “le den a la Dinama todos los elementos que necesita para la aprobación final”.
En la Ley de Minería de Gran Porte no se explicita claramente que la autorización ambiental deba ser previa a la suscripción del contrato. No obstante, cuando se habla de los contenidos del contrato se señala que “las disposiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes”, con lo que se da a entender que estas autorizaciones serían previas.
Por otra parte, la ley también prevé que se pueda declarar reservada o confidencial determinada información contenida en el contrato. Ortuño dijo ayer que la voluntad del gobierno es que el texto del contrato esté disponible, “salvo los aspectos técnicos”. El subsecretario señaló que el gobierno quiere suscribir el contrato “en tiempo razonable”, en atención a “los recursos que generará para el país”, pero aseguró que esto no implica dejar a un lado las garantías económicas y ambientales.
No hagan campaña
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería emitió ayer un comunicado de prensa en el que cuestiona la “campaña oficial del gobierno en defensa de Aratirí”. Sostiene que la minera no ha cumplido con los requisitos legales e institucionales “fundamentales para asumir ese compromiso”. Recuerdan que Aratirí “no ha completado los requisitos de documentación ante la Dinama y la Dinamige [Dirección Nacional de Minería y Geología]” y que “esto hace inconveniente y posiblemente ilegal la firma de un contrato en tales condiciones”.
Califican de “completamente falsa” la afirmación del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, en cuanto a que el Estado recaudará 50% de las ganancias del emprendimiento, ya que la ley habilita deducciones que no están comprendidas en los cálculos del secretario de Estado. Afirman que Aratirí está exenta de pagar el Impuesto al Patrimonio, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Específico Interno y los aranceles de importación y exportación.
Finalmente, recuerdan que el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería está recolectando firmas para convocar un plebiscito que establezca en la Constitución la prohibición de la actividad de minería a cielo abierto. Deben juntar 260.000 firmas antes de fines de abril
