24 ene 2018

SIN PIEDAD

ACUSAN "MALICIA E INDIFERENCIA DELIBERADA"
Deuda: Buitres presentaron nuevo reclamo en Nueva York contra la Argentina
24 de Enero de 2018



Relevo. La jueza de la Corte de Nueva York, Loretta Preska, se ocupa del caso argentino desde que reemplazó al fallecido Thomas Griesa.
Es una demanda colectiva impulsada por el fondo Draw Capital, que exige u$s650 millones por intereses no cobrados entre 2014 y 2016, por una medida dictada entonces por el juez Griesa.

La Argentina enfrenta un nuevo reclamo judicial relacionado con el default de 2001. En este caso lo impulsa el fondo Draw Capital Partners y engloba a otros 200 bonistas que participaron en los canjes de 2005 y 2010, que se presentaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Reclaman unos u$s650 millones por no haber podido cobrar intereses de la deuda entre 2014 y 2016 a raíz de una medida cautelar dispuesta en su momento por el juez Thomas Griesa, fallecido recientemente.

Se trata de acreedores con bonos de los canjes 2005 y 2010 que piden cobrar "intereses de los intereses" por lo que no pudieron cobrar en casi dos años, a partir del default forzoso al que impulsó la decisión de Griesa, reemplazado ahora por la jueza Loretta Preska.

El pedido de los holdouts remite a una decisión tomada por Griesa en 2014 que impidió el pago de la deuda regularizada hasta tanto el país solucionara su conflicto con los tenedores de deuda en litigio, entre los que se encontraban los fondos buitre NML Capital y EM, entre otros.

Ese conflicto con los holdouts se saldó casi totalmente en mayo de 2016, cuando el Gobierno de Mauricio Macri presentó una oferta global que fue aceptada por 98% de los acreedores, y emitió 16.500 millones de dólares en deuda para cerrar el conflicto.

Con el paso del tiempo se supo que restaban normalizar más de 1.100 millones de dólares en tenencias de bonos nominales de deuda en default de 2001, que podrían continuar litigando contra el país. Esta situación fue reconocida recientemente por el Ministerio de Finanzas que conduce Luis Caputo en un documento enviado a la SEC, el órgano de control bursátil de EE.UU, en ocasión de la última colocación de deuda en el exterior. El nuevo caso comprenden a un puñado de acreedores que habían ingresado a los canjes de 2005 y 2010 y que cobraban regularmente la deuda argentina.

En su presentación dijeron que resultaron "damnificados" por la medida de Griesa que se extendió por casi dos años y por eso ahora reclaman un resarcimiento, que tiene que ver con los daños por los intereses que no habrían podido cobrar mientras duró la medida cautelar del juez fallecido.

Frente a esa situación, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había creado un fideicomiso local a través del Banco Nación para que los acreedores pudiesen cobrar en territorio nacional sin temor a ser alcanzados por la medida cautelar de Griesa.

"Los inversores tenían una vía para cobrar. De hecho, muchos de los inversores de los canjes 2005 y 2010, tanto nacionales como internacionales cobraron a través de esta vía", explicaron fuentes relacionadas con el caso citadas por la agencia Télam en respuesta a la nueva presentación hecha por los bonistas. En la presentación ante la Justicia neoyorquina el fondo de inversión Draw Capital Partners reclama u$s650 millones a la Argentina en concepto de intereses punitorios.

Draw Capital argumenta que, como el país no pudo saldar regularmente los intereses de los bonos entre mediados de 2014 y mayo de 2016, debió haber abonado "intereses de los intereses" como multa, por lo que actuó con "malicia, ofensa, imprudencia e indiferencia deliberada", según consta en el escrito presentado a la corte. Draw Capital estimó que la Argentina le debe u$s300 millones por los intereses punitorios impagos, otros u$s300 millones de multa por los "daños" ocasionados y u$s50 millones más como recompensa por haber "prejuzgado" el país que no debía realizar esas erogaciones.

La acción de clase que inició Draw Capital supone que otros acreedores podrían sumarse a la demanda, según argumenta en su cuenta de Twitter el especialista Sebastián Maril, quien afirma además que entre los litigantes hay un fondo perteneciente al magnate George Soros.