29 enero, 2018
Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato. Se lo acusa de recibir un departamento en carácter de soborno por parte de la constructora OAS. Ante la falta de pruebas, diversos sectores denuncian que se trató de una maniobra para impedir que Lula pueda presentarse a las elecciones presidenciales de este año.
Apuran en Brasil el recurso que puede salvar a Lula de la cárcel
La posibilidad de que su candidatura presidencial encalle definitivamente en la Justicia electoral es motivo de desvelo para Luiz Inácio Lula da Silva después del fallo del Tribunal Regional Federal de la 4a Región, que la semana pasada confirmó su culpabilidad por corrupción pasiva y lavado de dinero y elevó la pena de prisión a 12 años y un mes de cárcel. Ese trámite, apelaciones mediante, puede resultar relativamente extenso. En cambio, otro, más apremiante porque podría llevarlo a prisión, no lo será. De acuerdo con la jurisprudencia en vigor, es posible hacer efectivas las penas de privación de la libertad tras fallo de segunda instancia, sin que , llamativamente, exista cosa juzgada.
Dado que el fallo del TRF4 de Porto Alegre fue unánime, el único recurso que le cabe dentro de esa instancia de apelación es solamente el de un “embargo de declaración”, de alcances meramente aclaratorios y que no llevará a una revisión de la sentencia en sí.
Dados los plazos previstos para la publicación de ese fallo de cámara, las 48 horas posteriores que tiene la defensa para presentar dicho embargo, la feria judicial y los tiempos para agotar las aclaraciones, Lula podría ser detenido dentro de 40 días a dos meses.
Así las cosas, la Policía Federal ya proyecta cómo realizar ese operativo, de modo que sea discreto, eficaz y no naufrague en medio de una ola nacional de protestas o, incluso, de hechos de violencia. “Un acto así podría incendiar el país”, se alarmó la semana pasada el juez supremo Marco Aurélio Mello. Brasil se asoma a otro momento de conmoción nacional, tal vez el más grave de los numerosos que vimos en los últimos años.
Sin embargo, una presentación ante el Supremo Tribunal Federal, pautada con anterioridad y ajena al caso de Lula, podría, curiosamente, modificar el curso de los acontecimientos (se la puede encontrar en: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADC44.pdf).
“Soy uno de los impulsores de la Acción Directa de Constitucionalidad, la ADC 44, contra la decisión del STF que decidió a favor de la posibilidad de que se hagan efectivas las penas de prisión antes de lo que en la jerga jurídica se conoce como ‘transición en juzgado’, que no es otra cosa que el final de un proceso criminal. Aquel resultado fue, ante la presentación de una cautelar, de 6 a 5 a favor del mantenimiento de la decisión de anticipar la prisión. Pero en febrero o en marzo podría conocerse la sentencia definitiva. Yo mismo haré la sustentación oral ante el STF”, le dijo a Ámbito Financiero el jurista brasileño Lenio Luiz Streck, de viaje en Grecia. El “timing” es perfecto para Lula.
Streck no es un abogado, sino que se trata de un jurista de prestigio en Brasil. Fue procurador del estado Rio Grande do Sul entre 1986 y 2014 y, en el plano académico, se ha especializado en Filosofía del Derecho e interpretación jurídica. “Soy un constitucionalista de línea ortodoxa. Un conservador de la Constitución”, se define.
El jurista es, además, un columnista activo y profesor universitario que se declara alarmado por las contorsiones argumentales una nueva camada de jueces y fiscales que, considera, tuercen la Constitución y las garantías individuales consagradas en ella como atajo para, supuestamente, probar delitos de corrupción y encarcelar a sus responsables.
“Me pregunto qué es lo que va a ocurrir con el Derecho brasileño después de todo esto. Si la moral y las subjetividades valen más que el Derecho, ¿qué van a terminar enseñando los profesores a sus alumnos?”, se preguntó en uno de sus textos recientes.
Ante la pregunta de si el recurso que defenderá ante el Supremo puede beneficiar a Lula y evitarle el ingreso en prisión, Streck responde que sí, aunque aclara: “No soy abogado de Lula”. “Si es juzgada de modo favorable, esta acción puede cambiar el destino no solo de Lula sino de miles de personas. Hoy hay más de trescientas mil personas encarceladas preventivamente en Brasil, que no están condenadas. Una decisión favorable a la ADC 44 podría beneficiar a mucha gente, principalmente a los más pobres”, explicó.
En rigor, continúa, “cuando presentamos la ADC 44, el caso de Lula no estaba ni siquiera en consideración. Luchamos por la libertad y por el respeto a la Constitución”.
No se trata de una quijotada individual sino una iniciativa de un grupo de juristas encargados por la prestigiosa Orden de Abogados de Brasil (OAB). “Yo fui designado junto a otros tres abogados para hacer la ADC 44”, explicó Streck.
Los mencionados tienen la expectativa de que, en base a sus antecedentes, dos ministros del alto tribunal, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, cambien su posición. Con uno solo de esos votos, aquel 6 a 5 quedaría revertido y el destino de Lula da Silva (y de otros trescientos mil brasileños, como recuerda Streck) cambiaría radicalmente.
Lo que está en juego es, nada menos, el principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 5°, inciso LVII de la Constitución, según el cual “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria”. El tránsito en juzgado de sentencia penal no es otra cosa que un fallo firme y definitivo. Cuesta entender cómo ese principio pudo haber derivado en una “jurisprudencia creativa”, destinada a satisfacer los deseos punitivos de una sociedad justamente indignada con una corrupción endémica, estructural y descontrolada, pero que no debería presionar por salidas facilistas.
Hay que tener cuidado para no caer en una suerte de “populismo judicial”, algo muy discutido en el Brasil de la operación “Lava Jato”, que tiene el mérito de pretender sanear un sistema podrido pero que se ha permitido (con la anuencia de los tribunales de alzada) caer en excesos como las prisiones preventivas prolongadas con el único fin de quebrar a los sospechosos de modo de convertirlos en delatores, tal como surge de una artículo publicado por Sérgio Moro, el emblema de esa ofensiva, en 2004, en el que estudió el “Mani Pulite” italiano y mostró su entusiasmo por aplicarlo a Brasil (https://www.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf).
Se sabe bien, a esta altura, cómo comienzan las excepciones constitucionales, los argumentos creativos y las jurisprudencias de emergencia. También se sabe cómo terminan.
Ámbito
Ante la pregunta de si el recurso que defenderá ante el Supremo puede beneficiar a Lula y evitarle el ingreso en prisión, Streck responde que sí, aunque aclara: “No soy abogado de Lula”. “Si es juzgada de modo favorable, esta acción puede cambiar el destino no solo de Lula sino de miles de personas. Hoy hay más de trescientas mil personas encarceladas preventivamente en Brasil, que no están condenadas. Una decisión favorable a la ADC 44 podría beneficiar a mucha gente, principalmente a los más pobres”, explicó.
En rigor, continúa, “cuando presentamos la ADC 44, el caso de Lula no estaba ni siquiera en consideración. Luchamos por la libertad y por el respeto a la Constitución”.
No se trata de una quijotada individual sino una iniciativa de un grupo de juristas encargados por la prestigiosa Orden de Abogados de Brasil (OAB). “Yo fui designado junto a otros tres abogados para hacer la ADC 44”, explicó Streck.
Los mencionados tienen la expectativa de que, en base a sus antecedentes, dos ministros del alto tribunal, Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, cambien su posición. Con uno solo de esos votos, aquel 6 a 5 quedaría revertido y el destino de Lula da Silva (y de otros trescientos mil brasileños, como recuerda Streck) cambiaría radicalmente.
Lo que está en juego es, nada menos, el principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 5°, inciso LVII de la Constitución, según el cual “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria”. El tránsito en juzgado de sentencia penal no es otra cosa que un fallo firme y definitivo. Cuesta entender cómo ese principio pudo haber derivado en una “jurisprudencia creativa”, destinada a satisfacer los deseos punitivos de una sociedad justamente indignada con una corrupción endémica, estructural y descontrolada, pero que no debería presionar por salidas facilistas.
Hay que tener cuidado para no caer en una suerte de “populismo judicial”, algo muy discutido en el Brasil de la operación “Lava Jato”, que tiene el mérito de pretender sanear un sistema podrido pero que se ha permitido (con la anuencia de los tribunales de alzada) caer en excesos como las prisiones preventivas prolongadas con el único fin de quebrar a los sospechosos de modo de convertirlos en delatores, tal como surge de una artículo publicado por Sérgio Moro, el emblema de esa ofensiva, en 2004, en el que estudió el “Mani Pulite” italiano y mostró su entusiasmo por aplicarlo a Brasil (https://www.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf).
Se sabe bien, a esta altura, cómo comienzan las excepciones constitucionales, los argumentos creativos y las jurisprudencias de emergencia. También se sabe cómo terminan.
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