Por Sergio Martin Carrillo28 de enero de 2018
La carrera por una presión fiscal cada vez menor gana velocidad en los últimos años. A la cabeza de la misma están los paraísos fiscales. Estos permiten la evasión y elusión fiscal, que a su vez priva a los gobiernos de obtener recursos para llevar a cabo políticas redistributivas, agravando aún más la desigualdad, el principal problema socioeconómico de América latina. Aunque la desigualdad se redujo de manera considerable durante la última década, con la actual ofensiva neoliberal –que tiene a los impuestos como uno de sus blancos a combatir–, se corre el riesgo de que su nivel vuelva a incrementarse.
El problema de la evasión fiscal ha ganado protagonismo entre la opinión pública en los últimos años gracias a la publicación masiva de los nombres de personas y entidades que utilizaban offshore en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos. Los Panamá Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017 pusieron al descubierto el modus operandi de la evasión fiscal y a aquellos que hacían uso de ella. Entre los nombres publicados y que aparentemente se vinculan con negocios en paraísos fiscales, destacan los de presidentes latinoamericanos como Mauricio Macri, el colombiano Juan Manuel Santos y el chileno Sebastián Piñera (próximo a asumir). También destacan ex candidatos presidenciales como Doria Medina en Bolivia o Guillermo Lasso en Ecuador. Todo esto, en caso de ser confirmado, deja claro que la existencia de paraísos fiscales y el recrudecimiento de las guerras fiscales no representan ningún problema para los líderes de la derecha latinoamericana.
Pero más allá de las actitudes poco leales de aquellos que mantienen cuentas o negocios en paraísos fiscales y pretenden dirigir los presupuestos públicos de sus países, es necesario dar algunos datos económicos sobre los perjuicios que ocasiona la existencia de los mismos y la bajada más o menos generalizada de las tasas impositivas en los últimos años.
Los países en desarrollo pierden alrededor de 100.000 millones de dólares anuales por la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales, según Intermón Oxfam.
La carrera por una presión fiscal cada vez menor gana velocidad en los últimos años. A la cabeza de la misma están los paraísos fiscales. Estos permiten la evasión y elusión fiscal, que a su vez priva a los gobiernos de obtener recursos para llevar a cabo políticas redistributivas, agravando aún más la desigualdad, el principal problema socioeconómico de América latina. Aunque la desigualdad se redujo de manera considerable durante la última década, con la actual ofensiva neoliberal –que tiene a los impuestos como uno de sus blancos a combatir–, se corre el riesgo de que su nivel vuelva a incrementarse.
El problema de la evasión fiscal ha ganado protagonismo entre la opinión pública en los últimos años gracias a la publicación masiva de los nombres de personas y entidades que utilizaban offshore en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos. Los Panamá Papers en 2016 y los Paradise Papers en 2017 pusieron al descubierto el modus operandi de la evasión fiscal y a aquellos que hacían uso de ella. Entre los nombres publicados y que aparentemente se vinculan con negocios en paraísos fiscales, destacan los de presidentes latinoamericanos como Mauricio Macri, el colombiano Juan Manuel Santos y el chileno Sebastián Piñera (próximo a asumir). También destacan ex candidatos presidenciales como Doria Medina en Bolivia o Guillermo Lasso en Ecuador. Todo esto, en caso de ser confirmado, deja claro que la existencia de paraísos fiscales y el recrudecimiento de las guerras fiscales no representan ningún problema para los líderes de la derecha latinoamericana.
Pero más allá de las actitudes poco leales de aquellos que mantienen cuentas o negocios en paraísos fiscales y pretenden dirigir los presupuestos públicos de sus países, es necesario dar algunos datos económicos sobre los perjuicios que ocasiona la existencia de los mismos y la bajada más o menos generalizada de las tasas impositivas en los últimos años.
Los países en desarrollo pierden alrededor de 100.000 millones de dólares anuales por la evasión y elusión fiscal de grandes empresas a través de paraísos fiscales, según Intermón Oxfam.
La pérdida estimada de los países en desarrollo por el uso de incentivos fiscales a las grandes empresas es de otros 138.000 millones de dólares anuales.
La inversión mundial hacia paraísos fiscales ha aumentado un 45 por ciento entre 2008 y 2016, drenando recursos nacionales y eludiendo masivamente el pago de impuestos.
Según un informe del Fondo Monetario Internacional, los países en desarrollo son hasta tres veces más vulnerables que los países desarrollados a los efectos negativos que la legislación fiscal de un país tiene sobre otro.
A pesar de que entre 2007 y 2014 los beneficios de las grandes transnacionales se han triplicado, su contribución tributaria ha caído, pasando del 3,6 por ciento del PIB en 2007 al 2,8 por ciento en 2014, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esto ha motivado que durante 2017 algunos países comenzaran a tomar medidas contra la evasión fiscal e igualmente cortar la carrera bajista de la presión tributaria. En América latina destacan los pasos que se dieron desde Bolivia y Ecuador. En el caso de Bolivia, una investigación promovida desde la Asamblea Legislativa cuantificó el perjuicio al Estado boliviano en 1000 millones de dólares y destapó los nombres de los principales evasores de origen boliviano. Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, se espera que la Asamblea pueda legislar de manera eficaz contra la evasión.
Por su parte, el gobierno del ex presidente Rafael Correa promovió en 2017 una Consulta Popular para que las personas que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales no puedan ocupar cargos de elección popular o ser servidores públicos, impidiendo de este modo que aquellos que se lucran de la evasión fiscal y de los bajos impuestos puedan ser los encargados de dirigir la política económica de un país. En este sentido, se estima que en los paraísos fiscales hay unos 30.000 millones de dólares con origen ecuatoriano.
En definitiva, para no volver atrás en los grandes avances que se han producido en los últimos años en América latina en la lucha contra la desigualdad, es necesario perseguir de manera eficaz la evasión fiscal y cortar de raíz las carreras fiscales a la baja en la se han embaucado algunos gobiernos de la región. Es necesario comprender que los impuestos proporcionan al Estado el financiamiento para desarrollar sus políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad a través de su inversión en educación, sanidad o políticas sociales. Poner limitaciones legales claras a la evasión fiscal, aumentar la transparencia de los movimientos y el origen de los grandes capitales y apartar del servicio público aquellos que atentan de manera irresponsable contra el sector público, son algunas medidas necesarias para que la ofensiva en contra del Estado de la derecha regional no siga generando nuevas víctimas, en forma de desigualdad, en el camino.
* Investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
@Sergio_MartinC
