25 enero, 2018
Luego de la lectura del relator que mantenía la condena de Lula, el abogado de la defensa, Cristiano Zanin hizo uso de la palabra para hacer cuestionamientos en relación al voto. Como respuesta, el juez señaló que si el abogado quisiera, podría solicitar un recurso de declaración en relación a la sentencia, o sea, un pedido de aclaraciones de la decisión al propio Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4).
Ese es el único recurso posible ahora. Como la votación final terminó tres a cero, o sea, con unanimidad, no existe posibilidad de pedir otro recurso para reconsiderar la sentencia, emitida este miércoles (24). En el caso de dos a uno, este recurso sería viable.
Después de finalizados todos los trámites en el TRF-4, todavía hay posibilidades de un recurso especial al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y un recurso extraordinario en el Supremo Tribunal Federal (STF). En ambos casos, la defensa podrá solicitar que el presidente Lula responda en libertad, y también pedir que no se aplique la Ley de Ficha Limpia —que prohíbe que los condenados por organismos colegiados (formados por grupos) en segunda instancia sean candidatos—, en términos del artículo 26.
En caso de que Lula sea condenado, se abren dos caminos. Desde que el STF contrarió la Constitución y fue favorable al cumplimiento de la pena de la prisión en segunda instancia, hay posibilidades de que el petista sea preso. Además del costo político de esta decisión, existen movimientos entre los propios ministros del STF para que esta decisión se revea.
La segunda
La segunda posibilidad es que sea declarado inelegible. La condena por el TRF, mientras tanto, no impide a Lula de registrar su candidatura y recurrir a instancias superiores, como el Tribunal Superior Electoral y el propio STF.
Gisele Cittadino, profesora da Pontifícia Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro, e integrante del Frente Brasil de Juristas por la Democracia, resumió la situación política y legal de Lula. “Ese golpe, para consolidarse como golpe, va a tener que asumirse como golpe y suspender el proceso electoral de 2018. Porque aunque el presidente Lula sea condenado aquí, sigue como candidato (por lo menos) hasta el día 15 de agosto”, dijo.
Por tanto, sólo a partir de este día, 15 de agosto, que corresponde a la fecha para registrar las candidaturas, puede abrirse un proceso de impugnación, que transita de forma autónoma en la Justicia Electoral.
Según el Frente Brasil de Juristas por la Democracia, en un artículo para Brasil de Fato de preguntas y respuestas sobre el caso, transcurridos cinco días del registro de la candidatura podrá ser solicitada la impugnación de la candidatura de Lula con base en la Ley de Ficha Limpia.
“El TSE [Tribunal Superior Electoral] deberá realizar un proceso propio, que incluye intimación, respeto a la defensa amplia, realización de audiencias y análisis de las pruebas, para, ahí sí, decidir si hay razones para impugnar la candidatura. Especialistas en cálculo electoral entienden que, mismo habiendo cohesión en los órganos para apurar el proceso y definir el escenario electoral de 2018, los plazos son muy estrechos entre la decisión (que lo tornaría inelegible) y los recursos pasibles de ser utilizados, por lo que difícilmente el caso será juzgado antes de octubre. Durante todo ese tiempo, Lula deberá permanecer en campaña electoral. Por otro lado, existe la hipótesis de que el partido substituya su candidato hasta 20 días antes de la contienda, o sea, dependiendo del escenario, hasta el 16 de setiembre el PT podrá cambiar de candidato, independientemente de Lula seguir en campaña al lado del nuevo candidato elegido”, afirmaron los juristas.
Brasil de Fato
Los tres jueces del tribunal de Porto Alegre ampliaron a 12 años y un mes de prisión la pena impuesta al ex mandatario
En una sesión que empezó a las ocho y media de la mañana y terminó poco antes de las seis de la tarde –casi diez horas seguidas, con una tregua de 50 minutos a la hora de un almuerzo tardío– el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre confirmó, en segunda instancia y por unanimidad, la sentencia que condenó el ex presidente Lula da Silva a prisión. Y más: aumentó la pena, que era de nueve años y medio, para doce años y un mes de cárcel. De los tres magistrados de la corte, el que votó de manera más sucinta llevó casi una hora. Los abogados de Lula tuvieron, en ese maratón, solamente quince minutos para presentar sus argumentos.
El relator del caso, João Pedro Gerban Neto, leyó parte de las 430 páginas de su voto a lo largo de tres horas y media. Se daba de antemano por seguro que confirmaría la sentencia emitida por el juez Sergio Moro el pasado julio. Tampoco sorprendió que aumentara la condena, agregándole casi tres años más de cárcel a Lula da Silva.
Pero cuando el segundo de ellos, Leandro Paulsen, respaldó tanto la condena como la elevación de la pena, un fuerte desánimo cayó tanto sobre los seguidores de Lula como de muchos de los integrantes de su círculo más cercano. Los más optimistas esperaban que Paulsen votase a favor de anular la condena o, en último caso, contra el aumento de la pena impuesta al ex presidente.
Al contrario, el voto de Paulsen ha sido el más contundente, recomendando inclusive la detención de Lula tan pronto sea examinado el recurso que podrá presentar a la corte. Los recursos a instancias superiores serían analizados, si se cumple la sugerencia de Paulsen, con el ex presidente en alguna cárcel.
El tercer integrante de la corte, Victor Laus, se extendió en una larga y aburrida clase de derecho, de hora y media de duración, llena de explicaciones y metáforas para justificar su respaldo al voto de los colegas.
De hecho, la unanimidad no se limitó a la condena y elevación de pena: también los argumentos del trío fueron absolutamente unánimes. Frente a la ausencia de pruebas, prevaleció “la convicción nacida del conjunto de indicios” presentados, o sea, las “confesiones” de dos altos ejecutivos de la constructora OAS que denunciaron al ex presidente sin otra prueba que su palabra, y que se dieron en el ámbito de un acuerdo de colaboración con las investigaciones, a cambio de una significativa reducción de sus penas. A propósito, el trío de magistrados las redujo aún más, mientras elevaba la de Lula.
Los votos de los tres magistrados estuvieron cargados de menciones políticas, reiterando las críticas que indican la politización de la justicia cuando se trata de juzgar al expresidente. Laus, por ejemplo, dijo que la Constitución determina que le toca al presidente nombrar a sus ministros, y que cada ministro es responsable por su respectiva área.
Mencionando directamente a la Petrobras, el juez dijo que los directores son indicados por el ministro y confirmados por el presidente. Conclusión: si Lula aceptó la indicación de un corrupto, es porque obtendría beneficios. Por tal razón, se sumó al pedido de su colega Paulsen para que Lula sea detenido de inmediato.
Tan pronto se supo del resultado, hubo manifestaciones callejeras en varias ciudades brasileñas. La más importante ocurrió en San Pablo, reunió más de treinta mil personas y contó con la presencia y un inflamado discurso de Lula da Silva. A pocos kilómetros de distancia, en la avenida Paulista, escenario de manifestaciones contrarias al ex presidente, poco más de 300 personas, con el grupo de extrema-derecha MBL (Movimiento Brasil Libre) a la cabeza, externaba su euforia. Algunos manifestantes exhibían pancartas pidiendo “Intervención ya”, un llamado a los militares.
La presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann, confirmó que hoy mismo una reunión del partido reiterará que se mantiene la candidatura de Lula para las elecciones de octubre.
Acorde a la ley, al ser condenado en segunda instancia él estaría inhabilitado para postularse. Quedan, en todo caso, varios recursos que serán impetrados junto a la Justicia Electoral y a las instancias máximas.
Analistas consideran remota la posibilidad de prisión del ex presidente, aunque la Corte Suprema haya autorizado que los condenados en segunda instancia puedan ser, si así requiere el juez de primera instancia, llevados a la cárcel. De momento, lo que existe es una recomendación de magistrados de segunda instancia, pero la palabra final le toca a Sergio Moro.
En al menos un sector la condena de Lula da Silva provocó resultados positivos: la Bolsa de Valores tuvo un incremento de casi 3%, y el dólar se desplomó 2,7%.
Juristas admiten que la condena unánime dificulta la candidatura de Lula en octubre. En el campo jurídico, los próximos pasos del expresidente se dirigirán al Tribunal Superior Electoral (TSE), instancia máxima en el tema, al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, en último caso, si se considera que alguno de sus derechos constitucionales fuera violado, a la corte máxima, el Supremo Tribunal Federal.
Al mismo tiempo, más de un centenar de abogados criminalistas apuntan, de manera contundente, contra la fragilidad de la sentencia del juez Moro. Ayer se multiplicaron voces de algunos de los más renombrados juristas brasileños criticando, con vehemencia, que los tres magistrados impregnaron sus votos de discursos políticos, mencionando aspectos del presidencialismo practicado en Brasil, el concepto de democracia representativa y hasta cómo presidentes eligen ministros e indican los rumbos de negociaciones con partidos para formar alianzas.
Con relación al PT, de momento lo que se espera en que insista en la candidatura de Lula da Silva, entre otras razones porque no dispone, al menos hasta ahora, de un candidato suficientemente competitivo para reemplazarlo. Lula encabeza todos los sondeos, y si le dejan disputar, podrá vencer ya en la primera vuelta.
La idea es que siga en sus “caravanas” por Brasil, creciendo aún más en las encuestas y si más adelante efectivamente lo inhabiliten, que haya reunido capital suficiente para bancar otro nombre con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.
Por lo que demostró ayer en el acto realizado en San Pablo, Lula da Silva sigue dispuesto a dar batalla hasta lograr vencer la guerra.
“Este acto”, dijo él al empezar a dirigirse a la multitud, “no es un acto electoral. Es en defensa de la soberanía nacional. En defensa de Brasil”.
Enseguida desfiló una vez más el rol de realizaciones de sus dos mandatos y del primero de su frustrada sucesora, la depuesta Dilma Rousseff, asegurando que la condena de ayer no ha sido de él, sino de un proyecto de país.
Si en el frente de batalla jurídico actuarán sus abogados, en el campo político de batalla Lula esgrimirá un arsenal que ninguno de sus adversarios ni de lejos siquiera sueña tener.
Página 12
En una sesión que empezó a las ocho y media de la mañana y terminó poco antes de las seis de la tarde –casi diez horas seguidas, con una tregua de 50 minutos a la hora de un almuerzo tardío– el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre confirmó, en segunda instancia y por unanimidad, la sentencia que condenó el ex presidente Lula da Silva a prisión. Y más: aumentó la pena, que era de nueve años y medio, para doce años y un mes de cárcel. De los tres magistrados de la corte, el que votó de manera más sucinta llevó casi una hora. Los abogados de Lula tuvieron, en ese maratón, solamente quince minutos para presentar sus argumentos.
El relator del caso, João Pedro Gerban Neto, leyó parte de las 430 páginas de su voto a lo largo de tres horas y media. Se daba de antemano por seguro que confirmaría la sentencia emitida por el juez Sergio Moro el pasado julio. Tampoco sorprendió que aumentara la condena, agregándole casi tres años más de cárcel a Lula da Silva.
Pero cuando el segundo de ellos, Leandro Paulsen, respaldó tanto la condena como la elevación de la pena, un fuerte desánimo cayó tanto sobre los seguidores de Lula como de muchos de los integrantes de su círculo más cercano. Los más optimistas esperaban que Paulsen votase a favor de anular la condena o, en último caso, contra el aumento de la pena impuesta al ex presidente.
Al contrario, el voto de Paulsen ha sido el más contundente, recomendando inclusive la detención de Lula tan pronto sea examinado el recurso que podrá presentar a la corte. Los recursos a instancias superiores serían analizados, si se cumple la sugerencia de Paulsen, con el ex presidente en alguna cárcel.
El tercer integrante de la corte, Victor Laus, se extendió en una larga y aburrida clase de derecho, de hora y media de duración, llena de explicaciones y metáforas para justificar su respaldo al voto de los colegas.
De hecho, la unanimidad no se limitó a la condena y elevación de pena: también los argumentos del trío fueron absolutamente unánimes. Frente a la ausencia de pruebas, prevaleció “la convicción nacida del conjunto de indicios” presentados, o sea, las “confesiones” de dos altos ejecutivos de la constructora OAS que denunciaron al ex presidente sin otra prueba que su palabra, y que se dieron en el ámbito de un acuerdo de colaboración con las investigaciones, a cambio de una significativa reducción de sus penas. A propósito, el trío de magistrados las redujo aún más, mientras elevaba la de Lula.
Los votos de los tres magistrados estuvieron cargados de menciones políticas, reiterando las críticas que indican la politización de la justicia cuando se trata de juzgar al expresidente. Laus, por ejemplo, dijo que la Constitución determina que le toca al presidente nombrar a sus ministros, y que cada ministro es responsable por su respectiva área.
Mencionando directamente a la Petrobras, el juez dijo que los directores son indicados por el ministro y confirmados por el presidente. Conclusión: si Lula aceptó la indicación de un corrupto, es porque obtendría beneficios. Por tal razón, se sumó al pedido de su colega Paulsen para que Lula sea detenido de inmediato.
Tan pronto se supo del resultado, hubo manifestaciones callejeras en varias ciudades brasileñas. La más importante ocurrió en San Pablo, reunió más de treinta mil personas y contó con la presencia y un inflamado discurso de Lula da Silva. A pocos kilómetros de distancia, en la avenida Paulista, escenario de manifestaciones contrarias al ex presidente, poco más de 300 personas, con el grupo de extrema-derecha MBL (Movimiento Brasil Libre) a la cabeza, externaba su euforia. Algunos manifestantes exhibían pancartas pidiendo “Intervención ya”, un llamado a los militares.
La presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann, confirmó que hoy mismo una reunión del partido reiterará que se mantiene la candidatura de Lula para las elecciones de octubre.
Acorde a la ley, al ser condenado en segunda instancia él estaría inhabilitado para postularse. Quedan, en todo caso, varios recursos que serán impetrados junto a la Justicia Electoral y a las instancias máximas.
Analistas consideran remota la posibilidad de prisión del ex presidente, aunque la Corte Suprema haya autorizado que los condenados en segunda instancia puedan ser, si así requiere el juez de primera instancia, llevados a la cárcel. De momento, lo que existe es una recomendación de magistrados de segunda instancia, pero la palabra final le toca a Sergio Moro.
En al menos un sector la condena de Lula da Silva provocó resultados positivos: la Bolsa de Valores tuvo un incremento de casi 3%, y el dólar se desplomó 2,7%.
Juristas admiten que la condena unánime dificulta la candidatura de Lula en octubre. En el campo jurídico, los próximos pasos del expresidente se dirigirán al Tribunal Superior Electoral (TSE), instancia máxima en el tema, al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, en último caso, si se considera que alguno de sus derechos constitucionales fuera violado, a la corte máxima, el Supremo Tribunal Federal.
Al mismo tiempo, más de un centenar de abogados criminalistas apuntan, de manera contundente, contra la fragilidad de la sentencia del juez Moro. Ayer se multiplicaron voces de algunos de los más renombrados juristas brasileños criticando, con vehemencia, que los tres magistrados impregnaron sus votos de discursos políticos, mencionando aspectos del presidencialismo practicado en Brasil, el concepto de democracia representativa y hasta cómo presidentes eligen ministros e indican los rumbos de negociaciones con partidos para formar alianzas.
Con relación al PT, de momento lo que se espera en que insista en la candidatura de Lula da Silva, entre otras razones porque no dispone, al menos hasta ahora, de un candidato suficientemente competitivo para reemplazarlo. Lula encabeza todos los sondeos, y si le dejan disputar, podrá vencer ya en la primera vuelta.
La idea es que siga en sus “caravanas” por Brasil, creciendo aún más en las encuestas y si más adelante efectivamente lo inhabiliten, que haya reunido capital suficiente para bancar otro nombre con posibilidades de pasar a la segunda vuelta.
Por lo que demostró ayer en el acto realizado en San Pablo, Lula da Silva sigue dispuesto a dar batalla hasta lograr vencer la guerra.
“Este acto”, dijo él al empezar a dirigirse a la multitud, “no es un acto electoral. Es en defensa de la soberanía nacional. En defensa de Brasil”.
Enseguida desfiló una vez más el rol de realizaciones de sus dos mandatos y del primero de su frustrada sucesora, la depuesta Dilma Rousseff, asegurando que la condena de ayer no ha sido de él, sino de un proyecto de país.
Si en el frente de batalla jurídico actuarán sus abogados, en el campo político de batalla Lula esgrimirá un arsenal que ninguno de sus adversarios ni de lejos siquiera sueña tener.
Página 12
