Por Carlos NoriegaPáginaI12 En Perú
30 de enero de 2018
Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, PPK estuvo a punto de ser destituido por el Congreso. Imagen: AFP
Cuando era un poderoso ministro de Toledo, PPK favoreció a la constructora brasileña. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. Se acusa al actual mandatario de haber beneficiado al consorcio Camisea.
Nuevas complicaciones para el agobiado presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Recientes revelaciones comprometen más su situación en la trama de corrupción de Odebrecht. La prensa local ha denunciado que cuando era un poderoso ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) –hoy prófugo acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña– y el gobierno de entonces tomó una serie de decisiones que favorecieron a Odebrecht, Kuczynski se reunió varias veces con un alto ejecutivo de la compañía encargado de negociar y repartir los sobornos en el Perú.
A esto se suma nueva información comprometedora sobre las consultorías de empresas ligadas a Kuczynski dadas a la cuestionada constructora brasileña cuando el actual mandatario era ministro. Pero la denuncias no se limitan a Odebrecht. También se le acusa de haber beneficiado como ministro al consorcio Camisea, que explota y comercializa los principales yacimientos de gas del país. Estas nuevas acusaciones salen a la luz cuando el presidente camina tambaleante por la cornisa.
Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, que PPK, como todos llaman a Kuczynski, había mantenido ocultos, el presidente estuvo a punto de ser destituido del cargo por el Congreso, cuando se le acusó de haber hecho negocios con la constructora brasileña cuando era ministro de Toledo a través de una empresa de consultoría financiera de su propiedad -Westfiled Capital- y de una segunda compañía -First Capital- de un socio suyo. Por esos negocios, ambas empresas ligadas al presidente peruano recibieron cerca de cinco millones de dólares.
Hace un mes, por sus vínculos con Odebrecht, que PPK, como todos llaman a Kuczynski, había mantenido ocultos, el presidente estuvo a punto de ser destituido del cargo por el Congreso, cuando se le acusó de haber hecho negocios con la constructora brasileña cuando era ministro de Toledo a través de una empresa de consultoría financiera de su propiedad -Westfiled Capital- y de una segunda compañía -First Capital- de un socio suyo. Por esos negocios, ambas empresas ligadas al presidente peruano recibieron cerca de cinco millones de dólares.
Kuczynski no pudo dar explicaciones convincentes sobre esas relaciones de negocios y el claro conflicto de intereses que representan, pero se salvó de la destitución luego de negociar el apoyo de un sector disidente de la mayoritaria bancada fujimorista, a cambio de lo cual otorgó el indulto al ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Este canje de impunidad ha gatillado una grave crisis política y social.
La situación del presidente queda más comprometida al revelarse las reuniones que siendo ministro tuvo con Jorge Barata, quien fue director de Odebrecht en el Perú y estuvo encargado de negociar y repartir sobornos en el país. Fueron cinco encuentros de Kuczynski con Barata, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros. La primera reunión fue el 19 de noviembre de ese año. Meses antes, Westfield Capital había firmado su primer contrato de consultoría con Odebrecht. En mayo de 2005, días después de otra reunión de Kuczynski con Barata, el gobierno aprobó avalar un préstamo de la Corporación Andina de Fomento por 77 millones de dólares para el proyecto de irrigación Olmos ejecutado por Odebrecht y para el cual Westfield Capital hacía una consultoría financiera.
En el período que se dieron estas reuniones se armó el proceso para la licitación para la carretera interoceánica que obtuvo Odebrecht, previo pago de un soborno según ha confesado la propia empresa. El Consejo de Ministros que presidía PPK dio una serie de normas para allanarle el camino a la constructora brasileña para hacerse con esa obra, la que finalmente obtuvo en agosto de 2005.
Pero los problemas para Kuczynski, quien en el pasado ha sido denunciado reiteradas veces como lobista y de utilizar sus cargos públicos para favorecer intereses privados, van más allá de Odebrecht. Siendo PPK presidente del Consejo de Ministros, el gobierno le entregó al consorcio Camisea, que explota los principales yacimientos de gas del país, sin licitación y sin costo alguno la explotación de un lote de gas que ya había sido explorado y tenía reservas probadas. Antes de ser nombrado ministro, Kuczynski había sido consultor de la petrolera Hunt Oil, integrante del consorcio Camisea.
Westfield Capital dio asesoría a Transportadora de Gas del Perú (TGP), encargada de transportar y comercializar el gas de Camisea.Y desde el gobierno, PPK tuvo un rol clave para cambiar los contratos entre el Estado y Camisea para favorecer la exportación sin necesidad de asegurar primero el abastecimiento interno, un gran negocio para la empresa comercializadora de gas. Hunt Oil también formaba parte de TGP, al igual que el grupo argentino Techint. PPK fue director de Tenaris, parte del grupo Techint y encargada de proporcionar los tubos para construir el gasoducto de Camisea.
El de Kuczynski es un típico caso de puerta giratoria entre la función pública y los negocios privados, de estar en ambos lados de la mesa para negociar, con resultados siempre favorables a los intereses privados y contrarios al Estado. Ahora, el presidente peruano está en graves problemas por esa práctica. En los próximos días será interrogado por una comisión investigadora del Congreso. Y en los pasillos del Parlamento se vuelve a escuchar la palabra destitución.
La situación del presidente queda más comprometida al revelarse las reuniones que siendo ministro tuvo con Jorge Barata, quien fue director de Odebrecht en el Perú y estuvo encargado de negociar y repartir sobornos en el país. Fueron cinco encuentros de Kuczynski con Barata, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, cuando PPK era presidente del Consejo de Ministros. La primera reunión fue el 19 de noviembre de ese año. Meses antes, Westfield Capital había firmado su primer contrato de consultoría con Odebrecht. En mayo de 2005, días después de otra reunión de Kuczynski con Barata, el gobierno aprobó avalar un préstamo de la Corporación Andina de Fomento por 77 millones de dólares para el proyecto de irrigación Olmos ejecutado por Odebrecht y para el cual Westfield Capital hacía una consultoría financiera.
En el período que se dieron estas reuniones se armó el proceso para la licitación para la carretera interoceánica que obtuvo Odebrecht, previo pago de un soborno según ha confesado la propia empresa. El Consejo de Ministros que presidía PPK dio una serie de normas para allanarle el camino a la constructora brasileña para hacerse con esa obra, la que finalmente obtuvo en agosto de 2005.
Pero los problemas para Kuczynski, quien en el pasado ha sido denunciado reiteradas veces como lobista y de utilizar sus cargos públicos para favorecer intereses privados, van más allá de Odebrecht. Siendo PPK presidente del Consejo de Ministros, el gobierno le entregó al consorcio Camisea, que explota los principales yacimientos de gas del país, sin licitación y sin costo alguno la explotación de un lote de gas que ya había sido explorado y tenía reservas probadas. Antes de ser nombrado ministro, Kuczynski había sido consultor de la petrolera Hunt Oil, integrante del consorcio Camisea.
Westfield Capital dio asesoría a Transportadora de Gas del Perú (TGP), encargada de transportar y comercializar el gas de Camisea.Y desde el gobierno, PPK tuvo un rol clave para cambiar los contratos entre el Estado y Camisea para favorecer la exportación sin necesidad de asegurar primero el abastecimiento interno, un gran negocio para la empresa comercializadora de gas. Hunt Oil también formaba parte de TGP, al igual que el grupo argentino Techint. PPK fue director de Tenaris, parte del grupo Techint y encargada de proporcionar los tubos para construir el gasoducto de Camisea.
El de Kuczynski es un típico caso de puerta giratoria entre la función pública y los negocios privados, de estar en ambos lados de la mesa para negociar, con resultados siempre favorables a los intereses privados y contrarios al Estado. Ahora, el presidente peruano está en graves problemas por esa práctica. En los próximos días será interrogado por una comisión investigadora del Congreso. Y en los pasillos del Parlamento se vuelve a escuchar la palabra destitución.
