Lava-Jato: no habrá inmunidad para delatar conexión argentina
GABRIEL MORINI
Sin inmunidad. El capítulo argentino de la causa del Lava-Jato tendrá dificultades para avanzar ante la negativa argentina de otorgar inmunidad a los dos arrepentidos brasileros que querían aportar datos a la Justicia federal.El Procurador interino Eduardo Casal admitió que “es imposible” firmar acuerdos que eviten una acusación formal para los dos arrepentidos brasileños que se habían ofrecido a declarar por los sobornos.La Argentina confirmó que no dará inmunidad a dos "arrepentidos" brasileños que habían ofrecido su testimonio para colaborar con la justicia en el marco del capítulo local de la investigación por el "Lava-Jato".
El Procurador General interino Eduardo Casal reconoció que el marco regulatorio de rige aquí la persecución penal, a diferencia de Brasil, no admite la posibilidad de firmar acuerdos que eviten una acusación formal en el caso de un delito de acción pública como el de sobornos. La respuesta llegó tras la elevación que hizo el fiscal Federico Delgado, luego de un ofrecimiento formal realizado por el Ministerio Público Fiscal brasileño para destrabar el flujo de pruebas sobre las delaciones premiadas, algo que Ámbito Financiero adelantó el 19 de diciembre pasado.
Se trata de dos exdirectivos de la constructora Odebrecht, Marcio Faria Da Silva y Luiz Antonio Mameri, que informaron a la justicia brasileña que estarían dispuestos a declarar ante los tribunales locales si se les ofrece "inmunidad" y se les garantiza que no serán acusados en el país. El ofrecimiento de la justicia carioca llegó, a su vez, en respuesta a un exhorto enviado por el juez Sebastián Casanello, que instruye el tramo del expediente referido al posible pago de sobornos por la construcción de dos plantas potabilizadoras licitadas por AySa. Luiz Roberto Ungaretti De Godoy, del área de cooperación internacional del Ministerio Público de Brasil respondió que Faria Da Silva y Mameri estaban dispuestos a declarar si obtenían una réplica del convenio de delación firmado allí. En la misma situación está la documentación y el contenido de las declaraciones de los 77 exejecutivos de Odebrecht desde un comienzo. Todo continuará empantanado.
"La fiscalía carece de base legal para emitir una opinión de la naturaleza requerida", informó Delgado a partir de requerir que los exejecutivos sean llamados a declarar en Argentina y en respuesta a la exigencia de la justicia del vecino país. En términos similares se expresó Casal, quien fundamentó que no existe marco legal que permita cumplir con esa exigencia. Esta cuestión va incluso más allá de si el Gobierno accede a un acuerdo administrativo con la empresa, tal como se especuló cuando comenzó a discutirse la posibilidad de que se libere la información, hace más de un año.
Casal también remitió su pronunciamiento a la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano aclarando cuál es la posición de acuerdo a las leyes actuales en el país. Además, tampoco está entre las facultades del Procurador autorizar acuerdos de colaboración con los imputados más allá de los alcances de la denominada Ley del Arrepentido, que no evita el proceso penal, sino que asegura una reducción de pena luego de que se sustancie un juicio oral. Cualquier cambio que la Argentina pretenda acelerar para destrabar los avances de la investigación requerirán un cambio normativo ya sea en el Código Penal o en el Procesal Penal. Garavano está al tanto de esta imposibilidad pese al impulso social de intentar replicar un proceso similar al que ocurrió en Brasil que puso en jaque a la dirigencia política y empresarial de ese país. Al menos no será a través de inmunidad a los ejecutivos de la firma Odebrecht.
Se trata de dos exdirectivos de la constructora Odebrecht, Marcio Faria Da Silva y Luiz Antonio Mameri, que informaron a la justicia brasileña que estarían dispuestos a declarar ante los tribunales locales si se les ofrece "inmunidad" y se les garantiza que no serán acusados en el país. El ofrecimiento de la justicia carioca llegó, a su vez, en respuesta a un exhorto enviado por el juez Sebastián Casanello, que instruye el tramo del expediente referido al posible pago de sobornos por la construcción de dos plantas potabilizadoras licitadas por AySa. Luiz Roberto Ungaretti De Godoy, del área de cooperación internacional del Ministerio Público de Brasil respondió que Faria Da Silva y Mameri estaban dispuestos a declarar si obtenían una réplica del convenio de delación firmado allí. En la misma situación está la documentación y el contenido de las declaraciones de los 77 exejecutivos de Odebrecht desde un comienzo. Todo continuará empantanado.
"La fiscalía carece de base legal para emitir una opinión de la naturaleza requerida", informó Delgado a partir de requerir que los exejecutivos sean llamados a declarar en Argentina y en respuesta a la exigencia de la justicia del vecino país. En términos similares se expresó Casal, quien fundamentó que no existe marco legal que permita cumplir con esa exigencia. Esta cuestión va incluso más allá de si el Gobierno accede a un acuerdo administrativo con la empresa, tal como se especuló cuando comenzó a discutirse la posibilidad de que se libere la información, hace más de un año.
Casal también remitió su pronunciamiento a la Secretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia que conduce Germán Garavano aclarando cuál es la posición de acuerdo a las leyes actuales en el país. Además, tampoco está entre las facultades del Procurador autorizar acuerdos de colaboración con los imputados más allá de los alcances de la denominada Ley del Arrepentido, que no evita el proceso penal, sino que asegura una reducción de pena luego de que se sustancie un juicio oral. Cualquier cambio que la Argentina pretenda acelerar para destrabar los avances de la investigación requerirán un cambio normativo ya sea en el Código Penal o en el Procesal Penal. Garavano está al tanto de esta imposibilidad pese al impulso social de intentar replicar un proceso similar al que ocurrió en Brasil que puso en jaque a la dirigencia política y empresarial de ese país. Al menos no será a través de inmunidad a los ejecutivos de la firma Odebrecht.
Faria Da Silva y Mameri integran la nómina de personas que Delgado quería escuchar vía teleconferencia junto a Angela Palmeira, Olivio Rodríguez alias "Gigo", Ricardo Vieira, Hilberto Mascarenhas Da Silva y Luis Eduardo Soares. Mameri era, a su vez, uno de los máximos ejecutivos de Odebrecht para América Latina y Angola. Faria Da Silva según trascendió- habría reconocido que hubo pagos dirigidos a "agentes públicos" de la Argentina para la ampliación de sistemas troncales de gas, algo que se investiga en otro de los expedientes que finalmente no se unificaron bajo el mando de un mismo juez a nivel local.
