ARGENTINA
Macri diseñó la estafa del Correo
Por LAURA MANFREDI
15 de abril de 2018
Fotos: Joaquín Salguero
El diputado Rodolfo Tailhade amplió la denuncia contra Mauricio Macri por el #CorreoGate. Lo hizo a partir de una investigación periodística publicada por este portal, donde se reveló la existencia de documentos oficiales que prueban que el Gobierno de Macri tenía de antemano las propuestas de la familia Macri. “El Gobierno no sólo sabía los detalles de la propuesta de los Macri antes de que la presentaran, sino que incluso anticipó la mejora de esa misma oferta”, asegura en el escrito.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FpV) amplió la denuncia judicial contra el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios en la causa por el #CorreoGate. Lo hizo a partir de la investigación realizada por el periodista Ari Lijalad para este portal, donde se comprobó, con documentación oficial, que el gobierno conocía la propuesta del Correo antes de que fuera presentada formalmente.
La denuncia de Tailhade cita también el trabajo periodístico de Emilia Delfino para Diario Perfil que corrobora que 12 de los 14 abogados de los acreedores de Correo Argentino tuvieron vínculos con la empresa: “La mayoría de los abogados que deben velar por los intereses de los acreedores tienen nexos con la deudora, es decir, con Correo”, asegura el abogado.
El escándalo por la condonación de una deuda de más de 70 mil millones de pesos se destapó en este portal catorce meses atrás: se trata de uno de los casos de corrupción más grandes a los que se enfrenta el macrismo, con el propio presidente imputado en la causa. “En ampliaciones anteriores pusimos en conocimiento del juzgado diferentes elementos que confiman que el presidente de la Nación resulta ser el autor principal del diseño del plan criminal”, aclara Tailhade en la presentación.
Días atrás, el fiscal Juan Pedro Zoni fue desplazado de la causa del Correo Argentino. Había presentado un informe donde analizó diez reuniones de Mauricio Macri con funcionarios del entonces Ministerio de Comunicación. Buscaba determinar si el Presidente pudo haber influido a la hora de tomar la decisión para sellar un acuerdo con el Correo por su deuda con el Estado. Lo reemplazó Gerardo Pollicita, un fiscal cercano a Macri y a su operador judicial, Daniel Angelici.
La complicidad Macri – Macri: cronología
Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia tenía muy en claro que su familia debía decenas de miles de millones de pesos de aquel canon de la privatización de Correo Argentino que dejaron de pagar a finales de los 90. Gracias a todo tipo de tretas y a la complicidad judicial y de algunos funcionarios públicos, los Macri lograron que esta causa hibernara durante 15 años. Con la asunción de uno de los miembros del clan a la presidencia se abrió una ventana para darle un cierre al tema. Con el apellido Macri de ambos lados del mostrador, la solución sólo beneficiaría a la famiglia presidencial.
Según consta en el expediente al que tuvo acceso Nuestras Voces, el Gobierno de Macri solicitó una audiencia para intentar “solucionar” el tema y “adelantó que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. El dato no es menor, ya que no muestra dotes de negociador quien pide una reunión y adelanta que va a aceptar. En realidad, como muestran los papeles revelados el pasado 4 de marzo, estaba todo acordado.
El periodista Ari Lijalad logró comprobar que en la maniobra la familia Macri había dejado un cabo suelto. Al cruzar los datos del expediente que tramita el fuero comercial con la información que surge de la auditoría realizada por la Procuración General del Tesoro, el periodista verificó que la clave se encontraba en la cronología.
El 19 de mayo de 2016 la jueza Matilde Ballerini (una de las dos camaristas que interviene en el caso) convocó a una audiencia para el 28 de junio. Ese día, el Gobierno de Macri intentó condonarle a la familia presidencial más de 70.000 millones de pesos por la deuda de Correo Argentino.
Entre la convocatoria y la audiencia hay una serie de documentos que muestran la complicidad entre el Gobierno de Macri y la familia Macri.
La convocatoria a la audiencia fue el 19 de mayo. Cuatro días después, el 23 de mayo, el gobierno fue notificado sobre la audiencia y Juan Manuel Mocoroa, en ese entonces Director de Asuntos Jurídicos de lo que fue el Ministerio de Comunicación, envió una nota al ministro a cargo Oscar Aguad. En aquel escrito, Mocoroa explicaba la propuesta de la empresa y le solicitaba instrucciones al ministro: “los alcances de la nueva mejora ofrecida son los siguientes: (I) se reduce a cinco años el plazo de pago del crédito en cuestión; (II) se incrementa la tasa de interés no acumulativo sobre los saldos al 6% seis por ciento. Por tanto en la mejora que la concursada hace llegar al Estado Nacional en su calidad de acreedor categoría ‘A’ se pagará el 100% del crédito verificado en 19 cuotas anuales de capital. En virtud de ello, se acompaña copia de la presentación aludida a los fines de que se sirva a informar el temperamento a adoptar en relación a la propuesta allí contenida”.
Sin embargo, la propuesta de Correo Argentino había sido presentada el 6 de junio: ¿Cómo podía Mocoroa enviar una copia de una propuesta que aún no había recibido siquiera el juzgado? Cuando Mocoroa pidió instrucciones sólo sabía, legalmente, la fecha de la audiencia. Nada más, ya que los Macri no habían hecho ninguna propuesta en sede legal. ¿Cómo es posible entonces que Mocoroa le diera a Aguad detalles de la propuesta que aún no se había presentado? La única opción es que los funcionarios macristas recibieron la propuesta por otra vía. Lo dejaron por escrito y ese fue su cabo suelto.
En su escrito Tailhade afirmó: “La información que presenta esta nueva investigación periodística resulta trascendente para la presente instrucción y viene a ratificar todo lo expresado en anteriores presentaciones realizadas por el suscripto”. En ampliaciones presentadas con anterioridad, el diputado hacía referencia a declaraciones del diputado Amadeo que ya daban cuenta de lo que luego se confirmaría con la investigación aquí publicada: “el presidente dijo ‘quiero resolver este tema para cobrarle al Correo Argentino y le dio instrucciones al ministro Aguad para que lo resolviera’”. Es decir, estaba en conocimiento de las negociaciones.
Los abogados, también de los dos lados del mostrador
Otro de los ejes de la ampliación de la denuncia judicial radica en la investigación periodística realizada por Emilia Delfino que permite inferir que la maniobra fue realizada con la colaboración de distintos abogados que, a pesar de encontrarse vinculados con Correo Argentino, actuaron como defensores de los acreedores.
En su artículo, Delfino explicó que de los 14 abogados que actúan como apoderados de los acreedores particulares, solo dos no se encuentran vinculados a quienes administran la empresa: “Por ejemplo, Ignacio A. Buceta, del estudio Tonelli, aparece representando los intereses de 15 acreedores que deben cobrar sus deudas de Correo. Pero al mismo tiempo figura como director suplente de Correo en 2007 y 2010. Claudio G. Lehmann figura en el expediente como abogado de 33 acreedores y fue director titular y suplente de Correo entre 2007 y 2011. Germán G. Carnevale representa a 19 acreedores y cobró honorarios de Correo entre noviembre de 2010 y 2012. Susana Piantelli es abogada del estudio Kleidermacher, que a su vez es apoderado de Correo, pero la letrada representa a 44 acreedores. En total, siete abogados de acreedores están relacionados con Lehmann (fijaron el mismo domicilio, en Tucumán 1650 2º F). Otros dos están vinculados al estudio Kleidermacher y otros tres, al estudio Tonelli”.
El estudio Tonelli pertenece al hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli y representa al Correo desde hace años. Según informa Delfino, el diputado “manifestó tener el 50% de las acciones de una sociedad civil que lleva el nombre del estudio jurídico y su dirección”.
En base a esto, en la denuncia Rodolfo Tailhade asegura que “estas maniobras irregulares de los letrados intervinientes en el concurso posibilitaron obtener las mayorías necesarias para la aprobación del ruin acuerdo celebrado entre Correo y el estado nacional”.
El diputado Rodolfo Tailhade amplió la denuncia contra Mauricio Macri por el #CorreoGate. Lo hizo a partir de una investigación periodística publicada por este portal, donde se reveló la existencia de documentos oficiales que prueban que el Gobierno de Macri tenía de antemano las propuestas de la familia Macri. “El Gobierno no sólo sabía los detalles de la propuesta de los Macri antes de que la presentaran, sino que incluso anticipó la mejora de esa misma oferta”, asegura en el escrito.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FpV) amplió la denuncia judicial contra el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios en la causa por el #CorreoGate. Lo hizo a partir de la investigación realizada por el periodista Ari Lijalad para este portal, donde se comprobó, con documentación oficial, que el gobierno conocía la propuesta del Correo antes de que fuera presentada formalmente.
La denuncia de Tailhade cita también el trabajo periodístico de Emilia Delfino para Diario Perfil que corrobora que 12 de los 14 abogados de los acreedores de Correo Argentino tuvieron vínculos con la empresa: “La mayoría de los abogados que deben velar por los intereses de los acreedores tienen nexos con la deudora, es decir, con Correo”, asegura el abogado.
El escándalo por la condonación de una deuda de más de 70 mil millones de pesos se destapó en este portal catorce meses atrás: se trata de uno de los casos de corrupción más grandes a los que se enfrenta el macrismo, con el propio presidente imputado en la causa. “En ampliaciones anteriores pusimos en conocimiento del juzgado diferentes elementos que confiman que el presidente de la Nación resulta ser el autor principal del diseño del plan criminal”, aclara Tailhade en la presentación.
Días atrás, el fiscal Juan Pedro Zoni fue desplazado de la causa del Correo Argentino. Había presentado un informe donde analizó diez reuniones de Mauricio Macri con funcionarios del entonces Ministerio de Comunicación. Buscaba determinar si el Presidente pudo haber influido a la hora de tomar la decisión para sellar un acuerdo con el Correo por su deuda con el Estado. Lo reemplazó Gerardo Pollicita, un fiscal cercano a Macri y a su operador judicial, Daniel Angelici.
La complicidad Macri – Macri: cronología
Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia tenía muy en claro que su familia debía decenas de miles de millones de pesos de aquel canon de la privatización de Correo Argentino que dejaron de pagar a finales de los 90. Gracias a todo tipo de tretas y a la complicidad judicial y de algunos funcionarios públicos, los Macri lograron que esta causa hibernara durante 15 años. Con la asunción de uno de los miembros del clan a la presidencia se abrió una ventana para darle un cierre al tema. Con el apellido Macri de ambos lados del mostrador, la solución sólo beneficiaría a la famiglia presidencial.
Según consta en el expediente al que tuvo acceso Nuestras Voces, el Gobierno de Macri solicitó una audiencia para intentar “solucionar” el tema y “adelantó que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. El dato no es menor, ya que no muestra dotes de negociador quien pide una reunión y adelanta que va a aceptar. En realidad, como muestran los papeles revelados el pasado 4 de marzo, estaba todo acordado.
El periodista Ari Lijalad logró comprobar que en la maniobra la familia Macri había dejado un cabo suelto. Al cruzar los datos del expediente que tramita el fuero comercial con la información que surge de la auditoría realizada por la Procuración General del Tesoro, el periodista verificó que la clave se encontraba en la cronología.
El 19 de mayo de 2016 la jueza Matilde Ballerini (una de las dos camaristas que interviene en el caso) convocó a una audiencia para el 28 de junio. Ese día, el Gobierno de Macri intentó condonarle a la familia presidencial más de 70.000 millones de pesos por la deuda de Correo Argentino.
Entre la convocatoria y la audiencia hay una serie de documentos que muestran la complicidad entre el Gobierno de Macri y la familia Macri.
La convocatoria a la audiencia fue el 19 de mayo. Cuatro días después, el 23 de mayo, el gobierno fue notificado sobre la audiencia y Juan Manuel Mocoroa, en ese entonces Director de Asuntos Jurídicos de lo que fue el Ministerio de Comunicación, envió una nota al ministro a cargo Oscar Aguad. En aquel escrito, Mocoroa explicaba la propuesta de la empresa y le solicitaba instrucciones al ministro: “los alcances de la nueva mejora ofrecida son los siguientes: (I) se reduce a cinco años el plazo de pago del crédito en cuestión; (II) se incrementa la tasa de interés no acumulativo sobre los saldos al 6% seis por ciento. Por tanto en la mejora que la concursada hace llegar al Estado Nacional en su calidad de acreedor categoría ‘A’ se pagará el 100% del crédito verificado en 19 cuotas anuales de capital. En virtud de ello, se acompaña copia de la presentación aludida a los fines de que se sirva a informar el temperamento a adoptar en relación a la propuesta allí contenida”.
Sin embargo, la propuesta de Correo Argentino había sido presentada el 6 de junio: ¿Cómo podía Mocoroa enviar una copia de una propuesta que aún no había recibido siquiera el juzgado? Cuando Mocoroa pidió instrucciones sólo sabía, legalmente, la fecha de la audiencia. Nada más, ya que los Macri no habían hecho ninguna propuesta en sede legal. ¿Cómo es posible entonces que Mocoroa le diera a Aguad detalles de la propuesta que aún no se había presentado? La única opción es que los funcionarios macristas recibieron la propuesta por otra vía. Lo dejaron por escrito y ese fue su cabo suelto.
En su escrito Tailhade afirmó: “La información que presenta esta nueva investigación periodística resulta trascendente para la presente instrucción y viene a ratificar todo lo expresado en anteriores presentaciones realizadas por el suscripto”. En ampliaciones presentadas con anterioridad, el diputado hacía referencia a declaraciones del diputado Amadeo que ya daban cuenta de lo que luego se confirmaría con la investigación aquí publicada: “el presidente dijo ‘quiero resolver este tema para cobrarle al Correo Argentino y le dio instrucciones al ministro Aguad para que lo resolviera’”. Es decir, estaba en conocimiento de las negociaciones.
Los abogados, también de los dos lados del mostrador
Otro de los ejes de la ampliación de la denuncia judicial radica en la investigación periodística realizada por Emilia Delfino que permite inferir que la maniobra fue realizada con la colaboración de distintos abogados que, a pesar de encontrarse vinculados con Correo Argentino, actuaron como defensores de los acreedores.
En su artículo, Delfino explicó que de los 14 abogados que actúan como apoderados de los acreedores particulares, solo dos no se encuentran vinculados a quienes administran la empresa: “Por ejemplo, Ignacio A. Buceta, del estudio Tonelli, aparece representando los intereses de 15 acreedores que deben cobrar sus deudas de Correo. Pero al mismo tiempo figura como director suplente de Correo en 2007 y 2010. Claudio G. Lehmann figura en el expediente como abogado de 33 acreedores y fue director titular y suplente de Correo entre 2007 y 2011. Germán G. Carnevale representa a 19 acreedores y cobró honorarios de Correo entre noviembre de 2010 y 2012. Susana Piantelli es abogada del estudio Kleidermacher, que a su vez es apoderado de Correo, pero la letrada representa a 44 acreedores. En total, siete abogados de acreedores están relacionados con Lehmann (fijaron el mismo domicilio, en Tucumán 1650 2º F). Otros dos están vinculados al estudio Kleidermacher y otros tres, al estudio Tonelli”.
El estudio Tonelli pertenece al hermano del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli y representa al Correo desde hace años. Según informa Delfino, el diputado “manifestó tener el 50% de las acciones de una sociedad civil que lleva el nombre del estudio jurídico y su dirección”.
En base a esto, en la denuncia Rodolfo Tailhade asegura que “estas maniobras irregulares de los letrados intervinientes en el concurso posibilitaron obtener las mayorías necesarias para la aprobación del ruin acuerdo celebrado entre Correo y el estado nacional”.
