Por Jorge Elbaum
26 abril, 2018
La VIII Asamblea de la Organización de Estados Americanos, realizada en la ciudad de Lima entre el 13 y el 14 de abril, dejó como balance una creciente desconexión de las agendas de América Latina con respecto a la de Estados Unidos y, paralelamente, una puesta en evidencia del deterioro de la capacidad de Washington para imponer y manipular las políticas exteriores del subcontinente.
El título del encuentro de la cumbre –impuesto por el Departamento de Estado en las reuniones previas— fue “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, con la clara intencionalidad de priorizar el vínculo de toda política pública, con manejos y formatos fraudulentos, evitando toda referencia a sus vínculos con el mercado, origen de todas las malversaciones registradas y conocidas.
La cumbre se caracterizó por las ausencias. En la historia de los siete eventos anteriores habían concurrido la totalidad de los mandatarios estadounidenses. Esta fue la primera vez en que un presidente de esa nacionalidad no se hizo presente. La evasiva, enunciada como pretexto de la deserción, fue justificada en el marco del planificado bombardeo tripartido a Siria, actividad que –atestiguaron varios integrantes de delegaciones— era difícil de entrever como especial, dada la costumbre histórica de los anteriores de la Casa Blanca, enfrascados en invasiones, escenarios bélicos, bombardeos y preparativos de golpes palaciegos durante el transcurso de todas sus cumbres previas. [1]
La ausencia de Donald Trump generó un amplio desagrado incluso al interior de sus socios continentales. El “faltazo” enfadó a varios referentes gubernamentales, incluso de delegaciones que concurrieron en sintonía con los mandatos del departamentos de Estado. Los antecedentes históricos de la OEA se remontan a 1889 cuando se realizó la Primera Conferencia Panamericana, con la que EE.UU. buscó instalar la “doctrina Monroe” (que pretende una “América para los [norte] americanos”.
Los restantes abandonos que le dieron un marco opaco a la cita, y que supuso una gran frustración para los dueños de casa, la República de Perú, fueron: el abandono prematuro de Lima de Lenin Moreno, primer mandatario ecuatoriano, quien regresó a su país debido al asesinato de compatriotas periodistas en la frontera con Colombia, a manos –aparentemente— de grupos renegados de la FARC en alianza con narcotraficantes. El hecho criminal, sin embargo, no mereció una condena hacia el gobierno de Bogotá, cuyas autoridades debieran ser las responsables de garantizar la seguridad de sus fronteras. Las murmuraciones repetidas entre los funcionarios asistentes a la cumbre –que disfrutaron comidas típicas en restaurantes de Miraflores y San Isidro— explicaban que una condena de ese tipo aparecía como inimaginable, dada la alianza estratégica que mantiene Santos con el gobierno de EE.UU.
La otra ausencia significativa fue el producto de una exclusión directa: el 13 de febrero de 2018 la canciller peruana, Cayetana Aljovín, anunció que el gobierno del Perú retiraba la invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro Moro, en el marco de una decisión respaldada por los 12 países del denominado Grupo de Lima, junto a su mentor, Estados Unidos, y el presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. La exclusión se llevó a cabo sin la existencia de una normativa previa institucionalizada de la OEA que habilite dicha interdicción. La cancelación del convite al mandatario chavista arrastró, a su vez, la solidaridad del premier cubano, Raúl Castro, quien fue representado por su canciller Bruno Rodríguez Parrilla. El ministro de relaciones exteriores de La Habana fue el encargado de responderle al vicepresidente estadounidense Mike Pence, en relación con las imputaciones orientadas a la realidad de Venezuela.
De fracaso en frustración
El Departamento de Estado evaluó como una frustración la imposibilidad de contar con una mayoría especial de los 35 miembros que conforman la OEA para aplicar la “carta democrática” a través del cual se podía suspender la integración de Venezuela a dicho organismo multilateral. Los aliados de Washington agrupados en el Grupo de Lima requerían 23 votos para lograr una separación del gobierno de Caracas. La afanosa búsqueda de votos por parte del departamento de Estado se inició el año pasado con diversas giras de importantes funcionarios.
El grupo de Lima se conformó el pasado 8 de agosto con la suscripción de 12 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. EE.UU. no forma parte del conglomerado. El grupo es la mascarada del Departamento de Estado, que dado su déficit de ascendencia y legitimidad en la región busca canalizar sus políticas a través de interpósitos actores, específicamente las elites corporativas neoliberales. [2]
Las reiteradas vistas de los últimos meses dispuestas a ahogar a Venezuela se iniciaron con el periplo de Mike Pence en agosto de 2017 (que incluyó Colombia, Chile, Argentina y Panamá). La segunda fue de Rex Tillerson en febrero de este año (México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica), y la última del jefe en jefe del Comando Sur, Kurt Kidd, que únicamente aparcó en sus bases ubicadas en Colombia, enclaves que rodean el Amazonas y la frontera con Venezuela. Uno de los fracasos centrales de Pence en la Cumbre fue la imposibilidad de contar con una mayoría simple para condenar a Maduro. La segunda, un acuerdo para elaborar una declaración final que contase con suficientes votos para desconocer (colectivamente) el resultado de las próximas elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Sin embargo, la totalidad de los integrantes del denominado Grupo de Lima, sumados obviamente a Washington, elaboraron un documento crítico en el que se comprometían a desconocer dicho proceso eleccionario.
Uno de los que tuvo la voz cantante del grupo de Lima fue Mauricio Macri, quien se constituyó en un cruzado entre quienes acompañaron más fielmente la posición de Mike Pence. El eje de la cumbre, relacionado con la temática de la “corrupción”, buscó desde sus preparativos instituir y patrocinar –como sentido común— la asociación entre gobiernos progresistas y fraude público, con el objeto de dirigir las miradas únicamente hacia Caracas, llegando a nominar al chavismo como administrador de un narco-estado.
26 abril, 2018
La VIII Asamblea de la Organización de Estados Americanos, realizada en la ciudad de Lima entre el 13 y el 14 de abril, dejó como balance una creciente desconexión de las agendas de América Latina con respecto a la de Estados Unidos y, paralelamente, una puesta en evidencia del deterioro de la capacidad de Washington para imponer y manipular las políticas exteriores del subcontinente.
En el mismo momento que se deshacen los postulados pretenciosamente cooperativos del libre comercio y se van cayendo una a una las ofensivas contra Caracas, el discurso trumpista empieza a hacerse más desesperado y belicista.
El título del encuentro de la cumbre –impuesto por el Departamento de Estado en las reuniones previas— fue “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, con la clara intencionalidad de priorizar el vínculo de toda política pública, con manejos y formatos fraudulentos, evitando toda referencia a sus vínculos con el mercado, origen de todas las malversaciones registradas y conocidas.
La cumbre se caracterizó por las ausencias. En la historia de los siete eventos anteriores habían concurrido la totalidad de los mandatarios estadounidenses. Esta fue la primera vez en que un presidente de esa nacionalidad no se hizo presente. La evasiva, enunciada como pretexto de la deserción, fue justificada en el marco del planificado bombardeo tripartido a Siria, actividad que –atestiguaron varios integrantes de delegaciones— era difícil de entrever como especial, dada la costumbre histórica de los anteriores de la Casa Blanca, enfrascados en invasiones, escenarios bélicos, bombardeos y preparativos de golpes palaciegos durante el transcurso de todas sus cumbres previas. [1]
La ausencia de Donald Trump generó un amplio desagrado incluso al interior de sus socios continentales. El “faltazo” enfadó a varios referentes gubernamentales, incluso de delegaciones que concurrieron en sintonía con los mandatos del departamentos de Estado. Los antecedentes históricos de la OEA se remontan a 1889 cuando se realizó la Primera Conferencia Panamericana, con la que EE.UU. buscó instalar la “doctrina Monroe” (que pretende una “América para los [norte] americanos”.
Los restantes abandonos que le dieron un marco opaco a la cita, y que supuso una gran frustración para los dueños de casa, la República de Perú, fueron: el abandono prematuro de Lima de Lenin Moreno, primer mandatario ecuatoriano, quien regresó a su país debido al asesinato de compatriotas periodistas en la frontera con Colombia, a manos –aparentemente— de grupos renegados de la FARC en alianza con narcotraficantes. El hecho criminal, sin embargo, no mereció una condena hacia el gobierno de Bogotá, cuyas autoridades debieran ser las responsables de garantizar la seguridad de sus fronteras. Las murmuraciones repetidas entre los funcionarios asistentes a la cumbre –que disfrutaron comidas típicas en restaurantes de Miraflores y San Isidro— explicaban que una condena de ese tipo aparecía como inimaginable, dada la alianza estratégica que mantiene Santos con el gobierno de EE.UU.
La otra ausencia significativa fue el producto de una exclusión directa: el 13 de febrero de 2018 la canciller peruana, Cayetana Aljovín, anunció que el gobierno del Perú retiraba la invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro Moro, en el marco de una decisión respaldada por los 12 países del denominado Grupo de Lima, junto a su mentor, Estados Unidos, y el presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. La exclusión se llevó a cabo sin la existencia de una normativa previa institucionalizada de la OEA que habilite dicha interdicción. La cancelación del convite al mandatario chavista arrastró, a su vez, la solidaridad del premier cubano, Raúl Castro, quien fue representado por su canciller Bruno Rodríguez Parrilla. El ministro de relaciones exteriores de La Habana fue el encargado de responderle al vicepresidente estadounidense Mike Pence, en relación con las imputaciones orientadas a la realidad de Venezuela.
De fracaso en frustración
El Departamento de Estado evaluó como una frustración la imposibilidad de contar con una mayoría especial de los 35 miembros que conforman la OEA para aplicar la “carta democrática” a través del cual se podía suspender la integración de Venezuela a dicho organismo multilateral. Los aliados de Washington agrupados en el Grupo de Lima requerían 23 votos para lograr una separación del gobierno de Caracas. La afanosa búsqueda de votos por parte del departamento de Estado se inició el año pasado con diversas giras de importantes funcionarios.
El grupo de Lima se conformó el pasado 8 de agosto con la suscripción de 12 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. EE.UU. no forma parte del conglomerado. El grupo es la mascarada del Departamento de Estado, que dado su déficit de ascendencia y legitimidad en la región busca canalizar sus políticas a través de interpósitos actores, específicamente las elites corporativas neoliberales. [2]
Las reiteradas vistas de los últimos meses dispuestas a ahogar a Venezuela se iniciaron con el periplo de Mike Pence en agosto de 2017 (que incluyó Colombia, Chile, Argentina y Panamá). La segunda fue de Rex Tillerson en febrero de este año (México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica), y la última del jefe en jefe del Comando Sur, Kurt Kidd, que únicamente aparcó en sus bases ubicadas en Colombia, enclaves que rodean el Amazonas y la frontera con Venezuela. Uno de los fracasos centrales de Pence en la Cumbre fue la imposibilidad de contar con una mayoría simple para condenar a Maduro. La segunda, un acuerdo para elaborar una declaración final que contase con suficientes votos para desconocer (colectivamente) el resultado de las próximas elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Sin embargo, la totalidad de los integrantes del denominado Grupo de Lima, sumados obviamente a Washington, elaboraron un documento crítico en el que se comprometían a desconocer dicho proceso eleccionario.
Uno de los que tuvo la voz cantante del grupo de Lima fue Mauricio Macri, quien se constituyó en un cruzado entre quienes acompañaron más fielmente la posición de Mike Pence. El eje de la cumbre, relacionado con la temática de la “corrupción”, buscó desde sus preparativos instituir y patrocinar –como sentido común— la asociación entre gobiernos progresistas y fraude público, con el objeto de dirigir las miradas únicamente hacia Caracas, llegando a nominar al chavismo como administrador de un narco-estado.
La vinculación entre la corrupción y el narcotráfico aparece como mínimo como obscena cuando algunos de los integrantes del grupo de Lima –Perú, Colombia— son los máximos productores de estupefacientes del mundo, y sus plantaciones y cocinas productoras de cocaína crecen geométricamente desde que EE.UU. decidió colaborar son su supresión. [3]
El otro de los integrantes que condenó a Venezuela, México, se ha constituido en el máximo encargado de la distribución mundial y sus carteles son responsables de tráfico de personas, miles de femicidios en ciudades fronterizas y corromper al sistema político, judicial y de seguridad de ese país.
Para el analista Daniel Erikson de la Foreign Affairs –publicación conservadora que construye agenda del servicio exterior estadounidense—, existe una incompatibilidad manifiesta entre la muletilla trumpista del America First (América primero) y el pretendido liderazgo multilateral. Alguna de las consecuencias de la frustración percibida por los funcionarios estadounidenses fue la convocatoria apresurada del titular del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, el 19 de abril, a una reunión en Washington, a quince integrantes de delegaciones diplomáticas. Del cónclave participaron representantes de los gobiernos de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y Reino Unido. En una indudable muestra de impotencia, Mnuichin reclamó “acciones concretas” de presión sobre Nicolás Maduro. La participación de España en el cónclave generó malestar en el Departamento del Tesoro dado que el día anterior –18 de abril—los gobiernos de Caracas y Madrid habían acordado reiniciar un proceso de normalización diplomática.
Según un informe que circuló en Washington –y que motivó el fastidio—, ambos países acordaron relanzar el vínculo dado “el beneficio de implica para sus ciudadanos, unidos por estrechos vínculos que deben preservarse”. La respuesta presurosa de la cancillería argentina no se hizo esperar. El viernes último Jorge Faurie anunció la fractura de la UNASUR. Al vaciamiento de este organismo de integración regional se le sumaron el resto de lo integrantes del Grupo de Lima. Por su parte, el Departamento de Estado anunció, casi en forma simultánea, modificaciones en su normativa sobre comercialización de armas para facilitar la venta de drones y armas convencionales a sus aliados.
El asesor de la Casa Blanca encargado de comunicar la novedad, Peter Navarro, afirmó el jueves último: “Nuestros socios aliados quieren comprar productos estadounidenses. Saben que nuestra industria produce los sistemas de defensa más tecnológicamente avanzados, complejos, precisos y efectivos”. En la misma conferencia, Navarro agregó: “Suministrando a estos países el armamento que necesitan se reduce la dependencia de potencias como China y Rusia, con creciente influencia en América Latina”.
Contacto en Miami
Además del vicepresidente Mike Pence, fueron parte de la cumbre el sustituto de Mike Pompeo —John Sullivan—, dado que el futuro jefe del Departamento de Estado se encontraba tramitando el encuentro entre Trump y el coreano Kim-Jong-Un. El otro relevante integrante de la comitiva fue Marco Rubio, a quien todos los medios estadounidenses asignan un rol fundamental en el despido de Rex Tillerson y en la insistencia del acoso a Caracas y La Habana.
Rubio forma parte de una red denominada Contra Cuba, en la que participan los diputados Ileana Ros-Lethinen y Joe García, y el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez. Uno de los que le ha dado soporte económico a Marco Rubio –dado que la contribución a los políticos es legal en EE. UU.— ha sido la Asociación Nacional del Rifle, que lleva donados 3.330.000 dólares a las arcas del legislador.
El otro mecenas es la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), que ha hecho aportes más modestos, de apenas 250.000 dólares. El fundador y titular de la FNCA es el difunto Jorge Mas Canosa (padre), cuyo emprendimiento ha sido continuado por su hijo, con quien comparte mismo nombre y apellido. A Jorge (padre) se le adjudica responsabilidad en la fuga de la cárcel de máxima seguridad en Venezuela de Luis Posada Carriles, responsable del atentado contra un aeroplano de Cubana de Aviación donde fallecieron 73 personas. Carriles se refugió en Miami donde hoy vive protegido por las autoridades estadounidenses. Cuando Venezuela solicitó su extradición fue negada por la justicia de La Florida y su paradero fue disimulado gracias a la protección del entonces consejero del departamento de estado de Reagan, Roger Noriega.
En un reciente artículo firmado por el propio Noriega se consigna que “Pompeo [actual titular de la CIA, nombrado jefe del Departamento de Estado con fecha de asunción a fin de este mes] puede revertir las deficiencias de Tillerson al endurecerse en puntos conflictivos de América del Sur (…) como Venezuela. Pompeo reconoce la amenaza que representan la inestabilidad y el crimen organizado transnacional, incluido Hezbollá, en América Latina”. [4] Sullivan, por su parte, trabajó 31 años en la CIA y dedicó gran parte de estas tres décadas a experimentar con detectores de mentiras a posibles cubanos. Sus conclusiones acerca de esa larga actividad profesional han sido públicas: “El Directorio de Inteligencia cubano (DIA) es el peor enemigo de EE.UU. después de antigua STASI de Alemania Oriental”, dada su efectividad e impenetrabilidad. [5]
La nota quizás más risible para los anales de la política exterior de la Argentina la dio su presidente, Mauricio Macri, quien se limitó a trastabillar en su alocución para no apartarse del mandato estipulado. Su mensaje lo llevó a obviar –para no salirse del guion solicitado por Washington— cualquier otro tema que no fuera la corrupción. Se le escuchó decir: “Nuestra gente merece gobernantes honestos y con vocación de servicio. (…) que trabajen para la gente (…) y no para beneficiarse a sí mismos”. Como era de esperar, no hizo ninguna mención –siquiera minúscula— al tema central de la política exterior argentina, la soberanía de las Islas Malvinas. El único que se refirió al tema, con humildad y convicción latinoamericana –frente la ostensible deshonra de los funcionarios argentinos— fue Evo Morales. Un importante diplomático argentino –que pidió no ser nombrado— hipotetizó que debe ser la primera vez en la historia que un presidente no exija por la soberanía de su país, y lo haga un mandatario de un tercer Estado.
Notas[1]. Desde la implantación de la “Doctrina Monroe”, los presidentes estadounidenses han estado ocupados en intervenciones militares que no impidieron sus presencias en las cumbres. Desde la primera de ellas, en 1994, han sido coetáneos de injerencias bélicas en Haití y en Somalia, en el mismo año de la primera cumbre, 1994. Luego, los primeros mandatarios de EE. UU. se vieron involucrados: 1995 en Bosnia y Herzegovina; 1998 en Sudán; 1998 en Afganistán; 1999 en Yugoslavia; 2001-2018 en Afganistán; 2002 en Filipinas; 2003-2011 en Irak; 2007 en Somalia; 2011-2012 en Libia; 2011-2012 en Yemen y Pakistán y 2014 – 2018 en Irak. [2] La tasa de aprobación de EE.UU. en América Latina bajó al 30%, perdiendo casi 20 puntos desde el 48% que obtuvo en el último año del gobierno de Barack Obama. Se ubicó cuatro puntos por debajo del mínimo histórico anterior, que se había recabado al final del mandato de George W. Bush. https://bbc.in/2J95V0z [3] Un informe de la DEA de marzo de 2017 reportó un alza de los cultivos de coca en Colombia y los sitúa en 188.000 hectáreas en este país, el principal productor de cocaína del mundo. https://bit.ly/2HdkTGq [4] https://bit.ly/2J9ZwCB [5] Bachelet, P.: “Cuba es un misterio para los espías de EE. UU.”. The Miami Herald, 9 de abril de 2007.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Para el analista Daniel Erikson de la Foreign Affairs –publicación conservadora que construye agenda del servicio exterior estadounidense—, existe una incompatibilidad manifiesta entre la muletilla trumpista del America First (América primero) y el pretendido liderazgo multilateral. Alguna de las consecuencias de la frustración percibida por los funcionarios estadounidenses fue la convocatoria apresurada del titular del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, el 19 de abril, a una reunión en Washington, a quince integrantes de delegaciones diplomáticas. Del cónclave participaron representantes de los gobiernos de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú y Reino Unido. En una indudable muestra de impotencia, Mnuichin reclamó “acciones concretas” de presión sobre Nicolás Maduro. La participación de España en el cónclave generó malestar en el Departamento del Tesoro dado que el día anterior –18 de abril—los gobiernos de Caracas y Madrid habían acordado reiniciar un proceso de normalización diplomática.
Según un informe que circuló en Washington –y que motivó el fastidio—, ambos países acordaron relanzar el vínculo dado “el beneficio de implica para sus ciudadanos, unidos por estrechos vínculos que deben preservarse”. La respuesta presurosa de la cancillería argentina no se hizo esperar. El viernes último Jorge Faurie anunció la fractura de la UNASUR. Al vaciamiento de este organismo de integración regional se le sumaron el resto de lo integrantes del Grupo de Lima. Por su parte, el Departamento de Estado anunció, casi en forma simultánea, modificaciones en su normativa sobre comercialización de armas para facilitar la venta de drones y armas convencionales a sus aliados.
El asesor de la Casa Blanca encargado de comunicar la novedad, Peter Navarro, afirmó el jueves último: “Nuestros socios aliados quieren comprar productos estadounidenses. Saben que nuestra industria produce los sistemas de defensa más tecnológicamente avanzados, complejos, precisos y efectivos”. En la misma conferencia, Navarro agregó: “Suministrando a estos países el armamento que necesitan se reduce la dependencia de potencias como China y Rusia, con creciente influencia en América Latina”.
Contacto en Miami
Además del vicepresidente Mike Pence, fueron parte de la cumbre el sustituto de Mike Pompeo —John Sullivan—, dado que el futuro jefe del Departamento de Estado se encontraba tramitando el encuentro entre Trump y el coreano Kim-Jong-Un. El otro relevante integrante de la comitiva fue Marco Rubio, a quien todos los medios estadounidenses asignan un rol fundamental en el despido de Rex Tillerson y en la insistencia del acoso a Caracas y La Habana.
Rubio forma parte de una red denominada Contra Cuba, en la que participan los diputados Ileana Ros-Lethinen y Joe García, y el senador demócrata por Nueva Jersey, Robert Menéndez. Uno de los que le ha dado soporte económico a Marco Rubio –dado que la contribución a los políticos es legal en EE. UU.— ha sido la Asociación Nacional del Rifle, que lleva donados 3.330.000 dólares a las arcas del legislador.
El otro mecenas es la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), que ha hecho aportes más modestos, de apenas 250.000 dólares. El fundador y titular de la FNCA es el difunto Jorge Mas Canosa (padre), cuyo emprendimiento ha sido continuado por su hijo, con quien comparte mismo nombre y apellido. A Jorge (padre) se le adjudica responsabilidad en la fuga de la cárcel de máxima seguridad en Venezuela de Luis Posada Carriles, responsable del atentado contra un aeroplano de Cubana de Aviación donde fallecieron 73 personas. Carriles se refugió en Miami donde hoy vive protegido por las autoridades estadounidenses. Cuando Venezuela solicitó su extradición fue negada por la justicia de La Florida y su paradero fue disimulado gracias a la protección del entonces consejero del departamento de estado de Reagan, Roger Noriega.
En un reciente artículo firmado por el propio Noriega se consigna que “Pompeo [actual titular de la CIA, nombrado jefe del Departamento de Estado con fecha de asunción a fin de este mes] puede revertir las deficiencias de Tillerson al endurecerse en puntos conflictivos de América del Sur (…) como Venezuela. Pompeo reconoce la amenaza que representan la inestabilidad y el crimen organizado transnacional, incluido Hezbollá, en América Latina”. [4] Sullivan, por su parte, trabajó 31 años en la CIA y dedicó gran parte de estas tres décadas a experimentar con detectores de mentiras a posibles cubanos. Sus conclusiones acerca de esa larga actividad profesional han sido públicas: “El Directorio de Inteligencia cubano (DIA) es el peor enemigo de EE.UU. después de antigua STASI de Alemania Oriental”, dada su efectividad e impenetrabilidad. [5]
La nota quizás más risible para los anales de la política exterior de la Argentina la dio su presidente, Mauricio Macri, quien se limitó a trastabillar en su alocución para no apartarse del mandato estipulado. Su mensaje lo llevó a obviar –para no salirse del guion solicitado por Washington— cualquier otro tema que no fuera la corrupción. Se le escuchó decir: “Nuestra gente merece gobernantes honestos y con vocación de servicio. (…) que trabajen para la gente (…) y no para beneficiarse a sí mismos”. Como era de esperar, no hizo ninguna mención –siquiera minúscula— al tema central de la política exterior argentina, la soberanía de las Islas Malvinas. El único que se refirió al tema, con humildad y convicción latinoamericana –frente la ostensible deshonra de los funcionarios argentinos— fue Evo Morales. Un importante diplomático argentino –que pidió no ser nombrado— hipotetizó que debe ser la primera vez en la historia que un presidente no exija por la soberanía de su país, y lo haga un mandatario de un tercer Estado.
Notas[1]. Desde la implantación de la “Doctrina Monroe”, los presidentes estadounidenses han estado ocupados en intervenciones militares que no impidieron sus presencias en las cumbres. Desde la primera de ellas, en 1994, han sido coetáneos de injerencias bélicas en Haití y en Somalia, en el mismo año de la primera cumbre, 1994. Luego, los primeros mandatarios de EE. UU. se vieron involucrados: 1995 en Bosnia y Herzegovina; 1998 en Sudán; 1998 en Afganistán; 1999 en Yugoslavia; 2001-2018 en Afganistán; 2002 en Filipinas; 2003-2011 en Irak; 2007 en Somalia; 2011-2012 en Libia; 2011-2012 en Yemen y Pakistán y 2014 – 2018 en Irak. [2] La tasa de aprobación de EE.UU. en América Latina bajó al 30%, perdiendo casi 20 puntos desde el 48% que obtuvo en el último año del gobierno de Barack Obama. Se ubicó cuatro puntos por debajo del mínimo histórico anterior, que se había recabado al final del mandato de George W. Bush. https://bbc.in/2J95V0z [3] Un informe de la DEA de marzo de 2017 reportó un alza de los cultivos de coca en Colombia y los sitúa en 188.000 hectáreas en este país, el principal productor de cocaína del mundo. https://bit.ly/2HdkTGq [4] https://bit.ly/2J9ZwCB [5] Bachelet, P.: “Cuba es un misterio para los espías de EE. UU.”. The Miami Herald, 9 de abril de 2007.
*Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Tomado de NODAL
