Por J. Jaime Hernández
Que la muy diligente Secretaria de Seguridad Interna de EU, Kirstjen Nielsen, haya sido incapaz de ofrecer ni el número, ni el plazo que la administración Trump ha contemplado para desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México, demuestra hasta qué punto el intempestivo anuncio del presidente tomó por sorpresa a los altos mandos del Pentágono y a la propia Nielsen.
Como pollos sin cabeza, los máximos responsables del Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional dilucidaban la mejor forma de ajustar la realidad a las ocurrencias del presidente Trump que, a primera hora de ayer martes, amenazaba con enviar a tropas del ejército a la frontera con México.
En este sentido, habría que decir que, desde la promulgación de la Ley Posse Comitatus (1878) está prohibido el despliegue de tropas del ejército dentro del territorio estadounidense, a menos que se trate de la amenaza real de una invasión, o de una guerra declarada.
La protección de las fronteras en EU es potestad de la patrulla fronteriza y sus más de 20 mil efectivos. Salvo casos excepcionales, sólo la Guardia Nacional puede ser desplegada en la frontera y a instancias de los gobiernos estatales. Y, aún así, su trabajo tiene un carácter limitado por imperativo legal.
A manera de ejemplo, cuando en 2006 y en 2010 George Bush y Barack Obama ordenaron el despliegue de la Guardia Nacional, su labor se limito a apoyar labores de reparación de infraestructura, misiones de vigilancia o apoyar en el engorroso papeleo de algunos arrestos.
La confusión generada por el anuncio de Trump a primera hora de ayer, hablando de tropas del ejército, obligó a la Casa Blanca a rectificar o matizar el anuncio, asegurando que se trataba de la Guardia Nacional y no de tropas de las fuerzas armadas en activo.
Con el discurrir de las horas, la ocurrencia del presidente ha dejado en evidencia la complejidad de la misión. Una misión en la que, según ha reconocido la propia Nielsen, el gobierno federal se tendrá que coordinar con los gobiernos estatales en la frontera con México para coordinar su labor con los 22 mil efectivos de la Patrulla Fronteriza.
Una buena pregunta, en este sentido, es hasta qué punto el gobierno de Trump encontrará el apoyo de los gobiernos fronterizos. Pienso, por ejemplo, en California, que ha declarado la guerra a las políticas antimigrantes de Donald Trump.
Pero, esa es otra historia.
Un elemento decisivo en el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, es su elevado costo. Por ejemplo, en 2010, el diario The Washington Post calculó que el despliegue de 1,200 elementos de la Guardia Nacional le costaron al erario poco más de 160 millones de dólares.
Siguiendo con los cálculos del mismo diario, si la captura de inmigrantes indocumentados ascendió en ese entonces a 25,514, el precio de la captura por cabeza fue de 6,271 dólares por persona.
¿Esta dispuesto el gobierno federal a asumir este costo o pedirá a los gobiernos fronterizos que asuman una parte de la onerosa carga presupuestaria?
Pero, además, existe otro problema. El de la percepción entre un considerable sector de la opinión pública que considera que el despliegue de la Guardia Nacional, para hacer frente a la “amenaza” de un grupo de migrantes de Centroamérica (entre ellos michas mujeres y niños), constituye un vergonzoso agravio hacia refugiados que huyen de la violencia.
En julio de 2014, el entonces gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para contener la marea de niños indocumentados que se abarrotaron en los puestos fronterizos de ese estado.
En aquel entonces, su decisión fue duramente criticada por organizaciones humanitarias y por una coalición de alcaldes de las ciudades fronterizas de McAllen, Edinburg y Brownsville por considerar que los menores de edad que huían de la violencia en Centroamérica no necesitaban de soldados de la Guardia Nacional que les cerraran el paso, sino de un tratamiento humanitario en su calidad de refugiados.
El despliegue de las Fuerzas Armadas que desea llevar adelante Donald Trump, quien al parecer vuelve a sucumbir presa de su ignorancia supina y de sus recurrentes desvaríos dictatoriales, sólo podría justificarse ante una declaración de guerra desde un país extranjero.
Algo que no tiene nada que ver con la caravana de migrantes de Centroamérica que huyen de la violencia y que se han dispersado luego de la intensa labor de convencimiento de las autoridades mexicanas decididas a hacer el trabajo sucio que pide Trump, ofreciéndoles visas humanitarias para permanecer en México, o documentos de salida con vigencia de hasta 20 días para que sólo una minoría pueda alcanzar la frontera con EU y solicitar asilo.
La idea de militarizar la frontera, con el despliegue no del ejército, sino de la Guardia Nacional, es un viejo proyecto de los antimigrantes que anidan en el seno de la administración Trump.
En el mes de febrero de 2017, la agencia noticiosa AP dio a conocer un memorándum de 11 páginas en el que la administración Trump consideraba el despliegue de hasta 100 mil efectivos de la Guardia Nacional para frenar o dar caza a inmigrantes indocumentados.
Tras darse a conocer esta información, que supondría un despliegue sin precedentes de efectivos militares en la frontera sur, la Casa Blanca se vio obligada a desmentirla.
Sin embargo, la existencia del borrador de 11 páginas que obtuvo la agencia AP dio pistas sobre los planes que, desde siempre, han abrigado los sectores más radicales y extremistas en el seno de la administración Trump.
Según ese borrador obtenido por AP, el despliegue de la Guardia Nacional supondría una militarización sin precedentes de la frontera con México y se extendería hacia el norte hacia los límites de estados o ciudades como Portland, en Oregon y Nueva Orleans, en Luisiana.
Los estados incluidos en esta propuesta para el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional serían California, Arizona, Nuevo México y Texas. A estos cuatro estados se sumarían otros siete (Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Louisiana) que podrían participar con la aportación de efectivos en reserva.
El hecho de que Trump haya decidido enviar a un contingente aún por definir de la Guardia Nacional, para enfrentar a una “caravana” de migrantes hambrientos y desharrapados, ha levantado las suspicacias y la indignación de quienes ven en esta acción una estrategia rastrera para agitar a sus bases extremistas y distraer a la opinión pública de asuntos más urgentes
“Aquellos que, como los migrantes de Centroamérica, buscan asilo en Estados Unidos no son el enemigo combatiente. Y nuestro país no debería ponerse en guardia contra países como México que es nuestro aliado”, aseguró el demócrata de mayor rango en el comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson.
Quizá la única explicación, para entender esta cortina de humo y racionalizar esta súbita amenaza de Trump de lanzarse a la guerra en la frontera con México, sea la necesidad de agitar a su base de racistas y extremistas que le siguen reclamando la ausencia de los fondos necesarios en el presupuesto de 2018 para financiar la totalidad del Muro fronterizo.
Pero, además, su necesidad de insistir en su aventura militarista en la frontera con México quizá también tenga mucho que ver con el cerco, cada vez más estrecho, de la investigación que conduce el fiscal especial Robert Mueller para esclarecer la posible colusión de la campaña de Trump con los rusos.
Algo que, al parecer, le ha comenzado a ahorcar desde el frente legal, amenazando de paso su tupida red de intereses en el frente financiero.
*Corresponsal de distintos medios internacionales en España, Francia, Bélgica y EEUU durante tres décadas. Editor de La Jornada Sin Fronteras
10 abril, 2018
Que la muy diligente Secretaria de Seguridad Interna de EU, Kirstjen Nielsen, haya sido incapaz de ofrecer ni el número, ni el plazo que la administración Trump ha contemplado para desplegar a la Guardia Nacional en la frontera con México, demuestra hasta qué punto el intempestivo anuncio del presidente tomó por sorpresa a los altos mandos del Pentágono y a la propia Nielsen.
Como pollos sin cabeza, los máximos responsables del Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional dilucidaban la mejor forma de ajustar la realidad a las ocurrencias del presidente Trump que, a primera hora de ayer martes, amenazaba con enviar a tropas del ejército a la frontera con México.
En este sentido, habría que decir que, desde la promulgación de la Ley Posse Comitatus (1878) está prohibido el despliegue de tropas del ejército dentro del territorio estadounidense, a menos que se trate de la amenaza real de una invasión, o de una guerra declarada.
La protección de las fronteras en EU es potestad de la patrulla fronteriza y sus más de 20 mil efectivos. Salvo casos excepcionales, sólo la Guardia Nacional puede ser desplegada en la frontera y a instancias de los gobiernos estatales. Y, aún así, su trabajo tiene un carácter limitado por imperativo legal.
A manera de ejemplo, cuando en 2006 y en 2010 George Bush y Barack Obama ordenaron el despliegue de la Guardia Nacional, su labor se limito a apoyar labores de reparación de infraestructura, misiones de vigilancia o apoyar en el engorroso papeleo de algunos arrestos.
La confusión generada por el anuncio de Trump a primera hora de ayer, hablando de tropas del ejército, obligó a la Casa Blanca a rectificar o matizar el anuncio, asegurando que se trataba de la Guardia Nacional y no de tropas de las fuerzas armadas en activo.
Con el discurrir de las horas, la ocurrencia del presidente ha dejado en evidencia la complejidad de la misión. Una misión en la que, según ha reconocido la propia Nielsen, el gobierno federal se tendrá que coordinar con los gobiernos estatales en la frontera con México para coordinar su labor con los 22 mil efectivos de la Patrulla Fronteriza.
Una buena pregunta, en este sentido, es hasta qué punto el gobierno de Trump encontrará el apoyo de los gobiernos fronterizos. Pienso, por ejemplo, en California, que ha declarado la guerra a las políticas antimigrantes de Donald Trump.
Pero, esa es otra historia.
Un elemento decisivo en el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera, es su elevado costo. Por ejemplo, en 2010, el diario The Washington Post calculó que el despliegue de 1,200 elementos de la Guardia Nacional le costaron al erario poco más de 160 millones de dólares.
Siguiendo con los cálculos del mismo diario, si la captura de inmigrantes indocumentados ascendió en ese entonces a 25,514, el precio de la captura por cabeza fue de 6,271 dólares por persona.
¿Esta dispuesto el gobierno federal a asumir este costo o pedirá a los gobiernos fronterizos que asuman una parte de la onerosa carga presupuestaria?
Pero, además, existe otro problema. El de la percepción entre un considerable sector de la opinión pública que considera que el despliegue de la Guardia Nacional, para hacer frente a la “amenaza” de un grupo de migrantes de Centroamérica (entre ellos michas mujeres y niños), constituye un vergonzoso agravio hacia refugiados que huyen de la violencia.
En julio de 2014, el entonces gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para contener la marea de niños indocumentados que se abarrotaron en los puestos fronterizos de ese estado.
En aquel entonces, su decisión fue duramente criticada por organizaciones humanitarias y por una coalición de alcaldes de las ciudades fronterizas de McAllen, Edinburg y Brownsville por considerar que los menores de edad que huían de la violencia en Centroamérica no necesitaban de soldados de la Guardia Nacional que les cerraran el paso, sino de un tratamiento humanitario en su calidad de refugiados.
El despliegue de las Fuerzas Armadas que desea llevar adelante Donald Trump, quien al parecer vuelve a sucumbir presa de su ignorancia supina y de sus recurrentes desvaríos dictatoriales, sólo podría justificarse ante una declaración de guerra desde un país extranjero.
Algo que no tiene nada que ver con la caravana de migrantes de Centroamérica que huyen de la violencia y que se han dispersado luego de la intensa labor de convencimiento de las autoridades mexicanas decididas a hacer el trabajo sucio que pide Trump, ofreciéndoles visas humanitarias para permanecer en México, o documentos de salida con vigencia de hasta 20 días para que sólo una minoría pueda alcanzar la frontera con EU y solicitar asilo.
La idea de militarizar la frontera, con el despliegue no del ejército, sino de la Guardia Nacional, es un viejo proyecto de los antimigrantes que anidan en el seno de la administración Trump.
En el mes de febrero de 2017, la agencia noticiosa AP dio a conocer un memorándum de 11 páginas en el que la administración Trump consideraba el despliegue de hasta 100 mil efectivos de la Guardia Nacional para frenar o dar caza a inmigrantes indocumentados.
Tras darse a conocer esta información, que supondría un despliegue sin precedentes de efectivos militares en la frontera sur, la Casa Blanca se vio obligada a desmentirla.
Sin embargo, la existencia del borrador de 11 páginas que obtuvo la agencia AP dio pistas sobre los planes que, desde siempre, han abrigado los sectores más radicales y extremistas en el seno de la administración Trump.
Según ese borrador obtenido por AP, el despliegue de la Guardia Nacional supondría una militarización sin precedentes de la frontera con México y se extendería hacia el norte hacia los límites de estados o ciudades como Portland, en Oregon y Nueva Orleans, en Luisiana.
Los estados incluidos en esta propuesta para el despliegue de los efectivos de la Guardia Nacional serían California, Arizona, Nuevo México y Texas. A estos cuatro estados se sumarían otros siete (Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas y Louisiana) que podrían participar con la aportación de efectivos en reserva.
El hecho de que Trump haya decidido enviar a un contingente aún por definir de la Guardia Nacional, para enfrentar a una “caravana” de migrantes hambrientos y desharrapados, ha levantado las suspicacias y la indignación de quienes ven en esta acción una estrategia rastrera para agitar a sus bases extremistas y distraer a la opinión pública de asuntos más urgentes
“Aquellos que, como los migrantes de Centroamérica, buscan asilo en Estados Unidos no son el enemigo combatiente. Y nuestro país no debería ponerse en guardia contra países como México que es nuestro aliado”, aseguró el demócrata de mayor rango en el comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson.
Quizá la única explicación, para entender esta cortina de humo y racionalizar esta súbita amenaza de Trump de lanzarse a la guerra en la frontera con México, sea la necesidad de agitar a su base de racistas y extremistas que le siguen reclamando la ausencia de los fondos necesarios en el presupuesto de 2018 para financiar la totalidad del Muro fronterizo.
Pero, además, su necesidad de insistir en su aventura militarista en la frontera con México quizá también tenga mucho que ver con el cerco, cada vez más estrecho, de la investigación que conduce el fiscal especial Robert Mueller para esclarecer la posible colusión de la campaña de Trump con los rusos.
Algo que, al parecer, le ha comenzado a ahorcar desde el frente legal, amenazando de paso su tupida red de intereses en el frente financiero.
*Corresponsal de distintos medios internacionales en España, Francia, Bélgica y EEUU durante tres décadas. Editor de La Jornada Sin Fronteras
