Cuando la economía se hunde, el salvavidas es el Estado. La pandemia igualó en el encierro y expuso las desigualdades que existen en las sociedades
12 de abril de 2020
12 de abril de 2020
Con la pandemia se reactualiza aquélla frase de los '70 de “todo el Estado que sea necesario y todo el mercado que sea posible”. Imagen: Sandra Cartasso
El COVID-19 reubicó la centralidad del Estado como garante de la salud, al tiempo que los gobiernos vuelcan una gran masa de dinero para compensar las consecuencias que el coronavirus impone en la actividad económica. En este contexto excepcional se plantea hasta dónde el Estado perfora los límites del mercado y acude a reparar sus inequidades. Se abre una buena oportunidad para consagrar una agenda que asegure pisos distributivos mínimos y discuta privilegios.
La pandemia actuó en un doble nivel: igualó en el encierro y en la reclusión forzada, pero aún en dicha condición también expuso las múltiples desigualdades que coexisten en las sociedades, propias de países desarrollados como de aquellos que procuran serlo.
Se observan los problemas que tiene Estados Unidos para hacer frente al coronavirus por su devastado sistema público de salud, con fuertes inequidades y alto nivel de mercantilización. Sin embargo, los efectos que puedan tener las políticas públicas tendientes a mejorarlo en un país desarrollado son muy diferentes a los que podrían lograrse en Argentina, aun contando aquí con un sistema de salud pública comparativamente más robusto y equipado.
En nuestro país, la cuarentena manifiesta fuertemente los padecimientos que tienen los más desfavorecidos para abastecerse de la alimentación diaria frente al cierre de comedores escolares, al tiempo que también expone con mayor angustia la situación habitacional de quienes deben quedarse en una casa que no existe o es sumamente precaria. Manos que no pueden ser higienizadas por falta de acceso al agua, mal tratos y violencias que recrudecen frente al encierro y escolarización hogareña con suerte dispar, según qué necesidades estén satisfechas para esa familia, son algunas de las expresiones de estas desigualdades multidimensionales, que son de ingreso pero también de género, edad y acceso a la tecnología, entre otras.
Las estrategias e intervenciones de los países en ese sentido son diferentes, así como los puntos de partida de la situación social previa al coronavirus.
Se observan los problemas que tiene Estados Unidos para hacer frente al coronavirus por su devastado sistema público de salud, con fuertes inequidades y alto nivel de mercantilización. Sin embargo, los efectos que puedan tener las políticas públicas tendientes a mejorarlo en un país desarrollado son muy diferentes a los que podrían lograrse en Argentina, aun contando aquí con un sistema de salud pública comparativamente más robusto y equipado.
En nuestro país, la cuarentena manifiesta fuertemente los padecimientos que tienen los más desfavorecidos para abastecerse de la alimentación diaria frente al cierre de comedores escolares, al tiempo que también expone con mayor angustia la situación habitacional de quienes deben quedarse en una casa que no existe o es sumamente precaria. Manos que no pueden ser higienizadas por falta de acceso al agua, mal tratos y violencias que recrudecen frente al encierro y escolarización hogareña con suerte dispar, según qué necesidades estén satisfechas para esa familia, son algunas de las expresiones de estas desigualdades multidimensionales, que son de ingreso pero también de género, edad y acceso a la tecnología, entre otras.
Las estrategias e intervenciones de los países en ese sentido son diferentes, así como los puntos de partida de la situación social previa al coronavirus.
Medidas
Estados Unidos prevé un plan de 2 billones de dólares para inyectar en su economía y se dispone a asistir con seguro de desempleo a 3,3 millones de personas, todo un record histórico. Ese paquete representa una erogación equivalente a varias veces el PIB de Argentina, aunque se desconoce si será suficiente para compensar los déficits en su sistema de salud pública y el drama sanitario que está experimentando.
El Parlamento Europeo debate un plan de 750 mil millones de euros, al tiempo que Irlanda anuncia que estatizará de manera temporal los hospitales privados para atender a los enfermos por coronavirus. De esta manera, se busca que las personas infectadas sean atendidas de manera gratuita. El Primer Ministro de ese país, además, anunció la inversión de 4 mil millones de dólares para garantizar los ingresos de los ciudadanos afectados por la pandemia.
En China, donde empezó todo, el Estado construyó en tiempo record hospitales para alojar a los infectados. El Banco Popular de ese país informó que bajará gradualmente las tasas y recortará el coeficiente de reserva bancaria, a fin de permitir a muchas instituciones financieras otorgar préstamos por 550.000 millones de yuanes adicionales (usd 79 mil millones).
Hong Kong puso en marcha un fondo de casi 4 mil millones de dólares para distribuir subsidios financieros a restaurantes, agencias de viajes, comercios minoristas y otras industrias afectadas al brote. Los adultos mayores, además, recibirán una asignación especial.
Por su parte, Singapur, ya en febrero, había desplegado un paquete de 4600 millones de dólares, principalmente destinado a proteger puestos de trabajo y ayudar a las empresas a enfrentar costos operativos y disponer de flujos de caja, pero con una parte destinada también a las familias en forma directa.
India, en tanto, estableció un paquete de estímulo de 1,7 billones de rupias, equivalentes a 22 mil millones de dólares, que incluye entregas mensuales de grano y lentejas para 800 millones de personas.
Australia, país fetiche para muchos defensores del libre mercado, presentó tres paquetes de estímulo económico consecutivos en las últimas semanas, compuestas por medidas monetarias y fiscales que, en conjunto, representan más de 100 mil millones de dólares.
“El ahorro sigue siendo una meta, pero hoy desplegaremos otro tipo de acciones”, sostuvo el primer mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou anunciando, a contramano quizás de sus prioridades como candidato, la creación de un “Fondo Coronavirus” con canastas alimentarias para los más vulnerables y un aumento importante de las asignaciones familiares.
Sebastián Piñera prometió para Chile un plan de apoyo económico de 11.750 millones de dólares, equivalente al 4,7 por ciento del PIB del país.
Argentina ya tiene en curso refuerzos para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de planes sociales, el más reciente Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para 3,6 millones de personas, el relanzamiento del Plan Procrear para reimpulsar el sector de la construcción y un conjunto de otras medidas pensadas para abastecer a los que menos tienen, como el reparto programado de alimentos, y también para no dejar caer la economía, previendo suspensión de cortes de servicios por falta de pago, créditos a bajas tasas para pymes y suspensión de despidos por decreto, entre otras medidas.
En suma, países de distintos continentes, con gobiernos de diferente orientación ideológica, economías de múltiples escalas y variadas restricciones monetarias y fiscales, están transitando un recorrido parecido para asistir a los más damnificados y auxiliar a los sectores más sensibles de su economía frente a la crisis, “la más difícil desde la Segunda Guerra Mundial” según el Secretario General de la ONU, António Guterres.
Estados Unidos prevé un plan de 2 billones de dólares para inyectar en su economía y se dispone a asistir con seguro de desempleo a 3,3 millones de personas, todo un record histórico. Ese paquete representa una erogación equivalente a varias veces el PIB de Argentina, aunque se desconoce si será suficiente para compensar los déficits en su sistema de salud pública y el drama sanitario que está experimentando.
El Parlamento Europeo debate un plan de 750 mil millones de euros, al tiempo que Irlanda anuncia que estatizará de manera temporal los hospitales privados para atender a los enfermos por coronavirus. De esta manera, se busca que las personas infectadas sean atendidas de manera gratuita. El Primer Ministro de ese país, además, anunció la inversión de 4 mil millones de dólares para garantizar los ingresos de los ciudadanos afectados por la pandemia.
En China, donde empezó todo, el Estado construyó en tiempo record hospitales para alojar a los infectados. El Banco Popular de ese país informó que bajará gradualmente las tasas y recortará el coeficiente de reserva bancaria, a fin de permitir a muchas instituciones financieras otorgar préstamos por 550.000 millones de yuanes adicionales (usd 79 mil millones).
Hong Kong puso en marcha un fondo de casi 4 mil millones de dólares para distribuir subsidios financieros a restaurantes, agencias de viajes, comercios minoristas y otras industrias afectadas al brote. Los adultos mayores, además, recibirán una asignación especial.
Por su parte, Singapur, ya en febrero, había desplegado un paquete de 4600 millones de dólares, principalmente destinado a proteger puestos de trabajo y ayudar a las empresas a enfrentar costos operativos y disponer de flujos de caja, pero con una parte destinada también a las familias en forma directa.
India, en tanto, estableció un paquete de estímulo de 1,7 billones de rupias, equivalentes a 22 mil millones de dólares, que incluye entregas mensuales de grano y lentejas para 800 millones de personas.
Australia, país fetiche para muchos defensores del libre mercado, presentó tres paquetes de estímulo económico consecutivos en las últimas semanas, compuestas por medidas monetarias y fiscales que, en conjunto, representan más de 100 mil millones de dólares.
“El ahorro sigue siendo una meta, pero hoy desplegaremos otro tipo de acciones”, sostuvo el primer mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou anunciando, a contramano quizás de sus prioridades como candidato, la creación de un “Fondo Coronavirus” con canastas alimentarias para los más vulnerables y un aumento importante de las asignaciones familiares.
Sebastián Piñera prometió para Chile un plan de apoyo económico de 11.750 millones de dólares, equivalente al 4,7 por ciento del PIB del país.
Argentina ya tiene en curso refuerzos para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de planes sociales, el más reciente Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para 3,6 millones de personas, el relanzamiento del Plan Procrear para reimpulsar el sector de la construcción y un conjunto de otras medidas pensadas para abastecer a los que menos tienen, como el reparto programado de alimentos, y también para no dejar caer la economía, previendo suspensión de cortes de servicios por falta de pago, créditos a bajas tasas para pymes y suspensión de despidos por decreto, entre otras medidas.
En suma, países de distintos continentes, con gobiernos de diferente orientación ideológica, economías de múltiples escalas y variadas restricciones monetarias y fiscales, están transitando un recorrido parecido para asistir a los más damnificados y auxiliar a los sectores más sensibles de su economía frente a la crisis, “la más difícil desde la Segunda Guerra Mundial” según el Secretario General de la ONU, António Guterres.
Estado y Mercado
Entre las múltiples interpretaciones que pueden hacerse de la pandemia, uno bien plausible sería revisar el histórico debate sobre el Estado, sus niveles de intervención en la economía y los desafíos para adelante en una reconstrucción que se avizora prolongada y compleja.
El debate sobre cuánto Estado o cuánto mercado es inagotable, pero una coyuntura de emergencia tensiona el principio de subsidiaridad estatal, al menos de lo que se esta acostumbrado en Occidente. Dicha discusión se expresa en qué servicios o bienes debe obligatoriamente proveer el Estado y cuáles de ellos quedan bajo la órbita del mercado.
En una situación de excepción, los márgenes se modifican:
- ¿Es posible forzar la obligatoriedad en la provisión de servicios públicos básicos por parte de las empresas concesionarias aun cuando éstas no reciban el pago de la factura a término?
- ¿Debe el Estado acudir en auxilio de empresas para que puedan pagar sueldos?
- ¿Puede dirimir un acuerdo entre privados, decretando el congelamiento en el valor de alquileres y créditos?
- ¿Hasta qué punto resulta razonable que el Estado arbitre un precio sostén para el barril de crudo por fuera de las reglas de oferta y demanda y del precio internacional resultante de estas?
- ¿Qué pasa con el gasto público?
Todas estos interrogantes, sobre los cuales el Estado argentino ya ha dado o está dando respuestas, reactualizan aquélla frase de los '70 de “todo el Estado que sea necesario y todo el mercado que sea posible”.
Aunque el gran debate hoy sea definir qué es necesario y hasta dónde el Estado perfora los límites del mercado y acude a reparar sus inequidades.
En los años '70, el comienzo del desmantelamiento de los Estados de Bienestar habilitó el consenso para el desplazamiento del Estado en muchas de sus funciones. Ello, como se sabe, condujo a la mercantilización creciente de servicios básicos que en muchos países acentuó los niveles de desigualdad y condenó a la precariedad a muchos.
La secuencia en nuestro país es conocida: el plan económico de la última dictadura fue el marco para que la economía se estancara, acentuara su divergencia con los países desarrollados y desmantelara buena parte de las capacidades productivas que había acumulado en décadas pasadas.
El proceso privatizador en democracia terminó por desmembrar la red de instrumentos públicos necesarios para apalancar ciertos sectores sensibles al desarrollo. Todo ese derrotero de desaciertos intentó reconstruirse parcialmente después, aunque la tarea suele ser mucho más ciclópea cuando toca restituir capacidades y resulta imposible sostenerla sin consensos políticos suficientes.
Entre las múltiples interpretaciones que pueden hacerse de la pandemia, uno bien plausible sería revisar el histórico debate sobre el Estado, sus niveles de intervención en la economía y los desafíos para adelante en una reconstrucción que se avizora prolongada y compleja.
El debate sobre cuánto Estado o cuánto mercado es inagotable, pero una coyuntura de emergencia tensiona el principio de subsidiaridad estatal, al menos de lo que se esta acostumbrado en Occidente. Dicha discusión se expresa en qué servicios o bienes debe obligatoriamente proveer el Estado y cuáles de ellos quedan bajo la órbita del mercado.
En una situación de excepción, los márgenes se modifican:
- ¿Es posible forzar la obligatoriedad en la provisión de servicios públicos básicos por parte de las empresas concesionarias aun cuando éstas no reciban el pago de la factura a término?
- ¿Debe el Estado acudir en auxilio de empresas para que puedan pagar sueldos?
- ¿Puede dirimir un acuerdo entre privados, decretando el congelamiento en el valor de alquileres y créditos?
- ¿Hasta qué punto resulta razonable que el Estado arbitre un precio sostén para el barril de crudo por fuera de las reglas de oferta y demanda y del precio internacional resultante de estas?
- ¿Qué pasa con el gasto público?
Todas estos interrogantes, sobre los cuales el Estado argentino ya ha dado o está dando respuestas, reactualizan aquélla frase de los '70 de “todo el Estado que sea necesario y todo el mercado que sea posible”.
Aunque el gran debate hoy sea definir qué es necesario y hasta dónde el Estado perfora los límites del mercado y acude a reparar sus inequidades.
En los años '70, el comienzo del desmantelamiento de los Estados de Bienestar habilitó el consenso para el desplazamiento del Estado en muchas de sus funciones. Ello, como se sabe, condujo a la mercantilización creciente de servicios básicos que en muchos países acentuó los niveles de desigualdad y condenó a la precariedad a muchos.
La secuencia en nuestro país es conocida: el plan económico de la última dictadura fue el marco para que la economía se estancara, acentuara su divergencia con los países desarrollados y desmantelara buena parte de las capacidades productivas que había acumulado en décadas pasadas.
El proceso privatizador en democracia terminó por desmembrar la red de instrumentos públicos necesarios para apalancar ciertos sectores sensibles al desarrollo. Todo ese derrotero de desaciertos intentó reconstruirse parcialmente después, aunque la tarea suele ser mucho más ciclópea cuando toca restituir capacidades y resulta imposible sostenerla sin consensos políticos suficientes.
Agenda
En “El Gran nivelador” (Crítica, 2018), Walter Scheidel sostiene que existen cuatro grandes situaciones que históricamente han permitido una reducción significativa de la desigualdad en el largo plazo:
1. Las revoluciones.
2. Las grandes guerras, que legitiman regulación pública del consumo, control de mercados y esquemas de prestación de servicios más igualitarios.
3. El desmoronamiento de Estados.
4. Las grandes epidemias que, como la Peste Negra, pueden ser vectores de mayor igualdad cuando, a partir de un hecho trágico como son las pérdidas masivas y en muy poco tiempo de vidas humanas, se modifica la relación entre recursos y personas, dando lugar a un encarecimiento del valor del trabajo.
Las desigualdades se despliegan en diferentes niveles, pero donde unas condicionan a las otras y, a la vez, las retroalimentan. Hay desigualdades que son estructurales y que determinan buena parte de las posibilidades de los Estados para avanzar en escenarios de mayor equidad.
En primer término, el lugar en el mundo. América Latina es de las regiones más desiguales, y esas brechas transitan todo el marco de iniciativas que los gobiernos puedan encarar. Dichos condicionantes limitan los efectos de las políticas públicas y las hacen actuar en los márgenes, porque así como no es posible pensar un Brasil en Europa Occidental (un país de los más desiguales en una región de las más igualitarias), tampoco es imaginable una Noruega en América Latina. Los niveles de inequidad distributiva que caracterizan a la región condicionan buena parte de las posibilidades de cada uno de sus integrantes.
El segundo tiene que ver con las posibilidades acotadas que imperan en una región económicamente muy limitada. Con matices, es difícil registrar una nación fuertemente industrial en una región proveedora de materias primas. O pensar una agenda de desarrollo con cambio estructural para un país que integra un bloque con inserción subordinada en la división internacional del trabajo. Mucho menos todavía pensar en terminar con una pandemia donde el vecino más importante aplica una estrategia basada en la no estrategia, es decir, sin parar la actividad y que mueran los que tengan que morir (es decir, aquéllos que más sufren la desigualdad).
Finalmente, el nivel micro que impera al interior de cada país. ¿Cuál es la agenda distributiva predominante en cada caso? Y si la hubiera ¿qué nivel de relativo éxito podría tener al provenir de un país con desigualdades múltiples dentro de una región de las más inequitativas del mundo?
Para saber si una catástrofe como el coronavirus disparará un mundo más igualitario deberemos esperar un tiempo, pero sí sabemos que, como las políticas actúan como sistema, es muy difícil lograr desde “un” país y a partir de “una” política un cambio distributivo que resuelva el nudo gordiano de un modelo de acumulación que funciona y se fortalece a partir de las inequidades que genera.
Sin embargo, aun con esas limitaciones, el consenso político que puede generar una situación de excepción para fijar un piso de condiciones igualitarias básicas, fortalecido a partir de la reactualización del debate sobre “cuánto Estado es deseable” en un contexto donde las intervenciones públicas se relegitiman, quizás sea una buena oportunidad para consagrar una agenda que asegure pisos distributivos mínimos y discuta privilegios.
* Docente e integrante del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flacso Argentina.
desigualdades@flacso.org.ar
En “El Gran nivelador” (Crítica, 2018), Walter Scheidel sostiene que existen cuatro grandes situaciones que históricamente han permitido una reducción significativa de la desigualdad en el largo plazo:
1. Las revoluciones.
2. Las grandes guerras, que legitiman regulación pública del consumo, control de mercados y esquemas de prestación de servicios más igualitarios.
3. El desmoronamiento de Estados.
4. Las grandes epidemias que, como la Peste Negra, pueden ser vectores de mayor igualdad cuando, a partir de un hecho trágico como son las pérdidas masivas y en muy poco tiempo de vidas humanas, se modifica la relación entre recursos y personas, dando lugar a un encarecimiento del valor del trabajo.
Las desigualdades se despliegan en diferentes niveles, pero donde unas condicionan a las otras y, a la vez, las retroalimentan. Hay desigualdades que son estructurales y que determinan buena parte de las posibilidades de los Estados para avanzar en escenarios de mayor equidad.
En primer término, el lugar en el mundo. América Latina es de las regiones más desiguales, y esas brechas transitan todo el marco de iniciativas que los gobiernos puedan encarar. Dichos condicionantes limitan los efectos de las políticas públicas y las hacen actuar en los márgenes, porque así como no es posible pensar un Brasil en Europa Occidental (un país de los más desiguales en una región de las más igualitarias), tampoco es imaginable una Noruega en América Latina. Los niveles de inequidad distributiva que caracterizan a la región condicionan buena parte de las posibilidades de cada uno de sus integrantes.
El segundo tiene que ver con las posibilidades acotadas que imperan en una región económicamente muy limitada. Con matices, es difícil registrar una nación fuertemente industrial en una región proveedora de materias primas. O pensar una agenda de desarrollo con cambio estructural para un país que integra un bloque con inserción subordinada en la división internacional del trabajo. Mucho menos todavía pensar en terminar con una pandemia donde el vecino más importante aplica una estrategia basada en la no estrategia, es decir, sin parar la actividad y que mueran los que tengan que morir (es decir, aquéllos que más sufren la desigualdad).
Finalmente, el nivel micro que impera al interior de cada país. ¿Cuál es la agenda distributiva predominante en cada caso? Y si la hubiera ¿qué nivel de relativo éxito podría tener al provenir de un país con desigualdades múltiples dentro de una región de las más inequitativas del mundo?
Para saber si una catástrofe como el coronavirus disparará un mundo más igualitario deberemos esperar un tiempo, pero sí sabemos que, como las políticas actúan como sistema, es muy difícil lograr desde “un” país y a partir de “una” política un cambio distributivo que resuelva el nudo gordiano de un modelo de acumulación que funciona y se fortalece a partir de las inequidades que genera.
Sin embargo, aun con esas limitaciones, el consenso político que puede generar una situación de excepción para fijar un piso de condiciones igualitarias básicas, fortalecido a partir de la reactualización del debate sobre “cuánto Estado es deseable” en un contexto donde las intervenciones públicas se relegitiman, quizás sea una buena oportunidad para consagrar una agenda que asegure pisos distributivos mínimos y discuta privilegios.
* Docente e integrante del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de Flacso Argentina.
desigualdades@flacso.org.ar
